I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS TITULARES DE LA PRESIDENCIA Y SINDICATURA SEGUNDA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA PUEDEN PRESENTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE ESTE ENTE (ARTÍCULO 34, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE [ARTÍCULOS 60, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, Y 11 Y 24, FRACCIÓN XV, DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO]. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y ATENCIÓN CIUDADANA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA, ASÍ COMO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DE LA PROPIA ENTIDAD (ARTÍCULOS 20, FRACCIÓN XXXIX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, 13 Y 44, FRACCIONES XVII Y XVIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, EN LA QUE ADUCE QUE ÚNICAMENTE SE LIMITÓ A REFRENDAR LA PROMULGACIÓN Y ORDEN DE PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL, EN LA QUE ADUCE QUE SU PARTICIPACIÓN SE LIMITÓ A LA SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y ORDEN DE PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL PRECEPTO IMPUGNADO (ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 359, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN EL 16 DE OCTUBRE DE 2020). VIII. LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE LAS BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. IX. LEYES ESTATALES Y REGLAMENTOS EN MATERIA MUNICIPAL. ESQUEMA DE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES QUE DERIVAN DE LA REFORMA DE 23 DE DICIEMBRE DE 1999 AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. SE DEBEN ORIENTAR A LAS CUESTIONES GENERALES SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS QUE DEN A LOS MUNICIPIOS UN MARCO NORMATIVO HOMOGÉNEO, SIN INTERVENIR EN LAS CUESTIONES ESPECÍFICAS DE CADA MUNICIPIO. XI. LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. PUEDEN CONTENER LAS BASES GENERALES SOBRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y SUS ATRIBUCIONES, O BIEN, DISPOSICIONES DE DETALLE SOBRE ESAS MISMAS MATERIAS, APLICABLES SOLAMENTE A AQUELLOS MUNICIPIOS QUE NO CUENTEN CON LA REGLAMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. XII. MUNICIPIOS. CONTENIDO Y ALCANCE DE SU FACULTAD REGLAMENTARIA. XIII. MUNICIPIOS. TIPOS DE REGLAMENTOS QUE PUEDEN EMITIR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONAL. XIV. REGLAMENTOS MUNICIPALES. SU RELACIÓN CON LAS LEYES QUE ESTABLECEN LAS BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE COMPETENCIA Y NO DE JERARQUÍA. XV. MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA PREVISIÓN LEGAL DE UN ÁREA ENCARGADA A NIVEL MUNICIPAL DEL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES, Y DE SUS FUNCIONES ESENCIALES, DE FORMA GENÉRICA, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (ARTÍCULOS 92, FRACCIÓN VII, Y 110 BIS V, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XVI. MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LA PREVISIÓN LEGAL CONFORME A LA CUAL, EN LOS MUNICIPIOS CON MÁS DE CIEN MIL HABITANTES, EL ÁREA ENCARGADA A NIVEL MUNICIPAL DEL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES TENDRÁ EL NIVEL DE SECRETARÍA O DE DIRECCIÓN GENERAL, INVADE LA FACULTAD REGLAMENTARIA MUNICIPAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 110 BIS V, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XVII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE ÚNICAMENTE SURTE EFECTOS ENTRE LAS PARTES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 110 BIS V, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). XVIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 110 BIS V, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 195/2020. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 24 DE AGOSTO DE 2021. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: DANIELA CARRASCO BERGE.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se emite la siguiente:
SENTENCIA
Por la que se resuelve la controversia constitucional 195/2020, promovida por el Municipio de San Pedro Garza García, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como la Secretaría General de Gobierno, todos del Estado de Nuevo León, demandando la invalidez de diversos preceptos contenidos en el Decreto Número 359, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el dieciséis de octubre de dos mil veinte.
I. TRÁMITE
1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el primero de diciembre de dos mil veinte, Miguel Bernardo Treviño de Hoyos y Valeria Guerra Siller, en su carácter de presidente Municipal y síndica Segunda del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García, respectivamente, promovieron controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como la Secretaría General de Gobierno, todos del Estado de Nuevo León, demandando la invalidez del Decreto Número 359, por el que se reforman las fracciones V y VI del artículo 92 y se adicionan la fracción VII al artículo 92 y el artículo 110 Bis V, todos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, publicado el dieciséis de octubre de dos mil veinte en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.
2. En su único concepto de invalidez, el actor sostiene que el decreto impugnado transgrede los artículos 49, 115, párrafo primero y fracción III, inciso g), y 133 de la Constitución Federal, pues va más allá del establecimiento de bases generales y se traduce en una invasión a la autonomía municipal para determinar su propia administración pública.
3. Al respecto, argumenta que, si bien el Congreso Local ejerció su facultad conforme al artículo 63, fracciones I y V, de la Constitución Local, lo cierto es que se extralimitó y transgredió la facultad municipal en materia de parques, jardines y su equipamiento, en lo concerniente a su régimen interior.
4. En este sentido, considera que deben tomarse en cuenta las consideraciones de la controversia constitucional 168/2017, que retoma las razones de la diversa 14/2001, donde se determinó que una autorización ex ante del Congreso del Estado para la creación de organismos descentralizados municipales implicaba una violación a la autonomía municipal, por lo que las Legislaturas Locales únicamente podían emitir bases generales bajo ciertos postulados, pero sin intervenir directamente en las cuestiones específicas de la organización de la administración pública municipal, conforme al artículo 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Federal.
5. Por lo tanto, postula que el decreto impugnado, al ordenar la creación de áreas de la administración pública municipal, resulta inconstitucional, porque el Congreso Local interviene de manera directa en la estructura del gobierno municipal, sin que pueda entenderse como una pauta general.
6. Es decir, la creación de dependencias de la administración pública municipal debe partir de las necesidades específicas de cada Ayuntamiento, mientras que las bases generales se dirigen a lo que es común a todos los Municipios, por lo que la orden de crear dependencias municipales implica ir más allá de fijar requisitos generales.
7. Además, argumenta que los artículos 118, 132, fracción I, inciso g) y 153 de la Constitución Local, así como diversos preceptos del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de San Pedro Garza García y del Reglamento para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del mismo Municipio, prevén la facultad para atender directamente lo referente a parques, jardines y su equipamiento, encontrándose inmerso lo relativo a la creación, cuidado, protección, conservación, mantenimiento y restauración de los mismos.
8. Así, el Municipio cuenta con una Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente, que a su vez se integra por diversas direcciones, resultando de especial importancia la de atención y calidad, que tiene como atribución construir, conservar y mantener jardinería, equipamiento, infraestructura e instalaciones de los parques, plazas y jardines municipales.
9. Derivado de lo anterior la fracción VII del artículo 92, así como el artículo 110 Bis V de la Ley de Gobierno Municipal Local, adicionados mediante el decreto impugnado, así como el artículo segundo transitorio del mismo, vulneran los principios de certeza y seguridad jurídica e implican una invasión a las competencias constitucionales de los Municipios en materia de parques, jardines y su equipamiento, en lo concerniente al régimen interior. Esto es así, porque a través de éstos se obliga a crear un área encargada del cuidado y protección de parques y jardines municipales, y tratándose de los Municipios de más de cien mil habitantes, como lo es San Pedro Garza García, se ordena crear un área con el nivel de Secretaría, con lo que fuerza a modificar la hacienda municipal y los reglamentos correspondientes, en contravención de la autonomía municipal y la división de poderes.
10. Adicionalmente, sostiene que la imposición de crear órganos dentro de la administración pública municipal podría contravenir las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
11. Registro y turno. La demanda de controversia fue recibida en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el primero de diciembre de dos mil veinte.
12. El cuatro de diciembre de dos mil veinte, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 195/2020 y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor.
13. Auto admisorio. El catorce de diciembre de dos mil veinte, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, pero no así al responsable del Periódico Oficial, al tratarse de una autoridad subordinada al primer Poder mencionado. A tales autoridades les requirió para que, dentro del plazo de treinta días hábiles, rindieran su contestación a la demanda. Asimismo, ordenó que se diera vista tanto a la Fiscalía General de la República como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
14. Contestación de la Secretaría General de Gobierno. Homero Antonio Cantú Ochoa, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, actuando en representación legal del secretario, dio contestación a la demanda.
15. Al respecto, señala, por un lado, que la participación de la Secretaría General de Gobierno se limitó a refrendar la sanción, promulgación y orden de publicación que el titular del Poder Ejecutivo Local realizó respecto del Decreto impugnado, actuación que no se impugna en el caso. Por otra parte, considera que no es claro el acto impugnado consistente en las "consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas, que de derecho o por derecho derivan o resulten de todas y cada una de las normas y actos cuya invalidez se reclama", pues no se especifica en qué consisten.
16. Asimismo, sostiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria en la materia, en virtud de que el Municipio actor carece de interés legítimo para promover la controversia, en lo correspondiente al secretario general de Gobierno Local, pues la intervención de la Secretaría se limitó a refrendar la promulgación y orden de publicación del decreto impugnado, por lo que no existe legitimación pasiva al no constituir un órgano que hubiera emitido o promulgado la norma general objeto de la controversia, por lo que no se surte la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 10 de la ley reglamentaria de la materia.
17. Finalmente, considera que al no cuestionarse de forma específica el acto de refrendo, resultaba innecesario pronunciarse sobre los conceptos de invalidez del Municipio actor.
18. Contestación del Poder Ejecutivo. Homero Antonio Cantú Ochoa, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León, actuando en representación legal del titular del Poder Ejecutivo Local, dio contestación a la demanda.
19. Al respecto, señala que la parte actora no especificó a qué se refiere al impugnar las "consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas, que de derecho o por derecho derivan o resulten de todas y cada una de las normas y actos cuya invalidez se reclama" del decreto impugnado.
20. Además, argumenta que, ya que la única participación que tuvo el Poder Ejecutivo en relación con el decreto impugnado, consistió en la sanción y promulgación de éste, respecto de lo cual no existe cuestionamiento específico, no resulta necesario hacer pronunciamiento alguno en cuanto a los conceptos de invalidez.
21. Contestación del Poder Legislativo. La diputada María Guadalupe Rodríguez Martínez, en su carácter de presidenta del Congreso Local, dio contestación a la demanda.
22. El Poder Legislativo Local argumenta que el concepto de invalidez planteado por el Municipio actor resulta infundado, pues no se actualiza una violación al artículo 115 de la Constitución Federal.
23. En primer lugar, sostiene la validez del proceso legislativo que dio origen al decreto impugnado. Expone que la controversia resulta improcedente al existir una falta de afectación al ámbito competencial del Municipio actor, pues de los argumentos expuestos no se desprende una invasión de competencias.
24. En este sentido, considera que el Decreto impugnado tiene por objeto la creación de un organismo exclusivo encargado del cuidado y protección de parques y jardines municipales, sin que tal situación invada la autonomía municipal, pues únicamente se busca fortalecer y apoyar a los Municipios.
25. Al respecto, considera aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 44/2011, de rubro: "ORDEN JURÍDICO MUNICIPAL. PRINCIPIO DE COMPETENCIA (MUNICIPIOS COMO ÓRGANOS DE GOBIERNO).".(1) Arguye que resulta necesaria la creación de un organismo especializado y constituido formalmente con la posibilidad de cumplir sus funciones conforme al decreto impugnado dado el deterioro de los parques y jardines municipales, pues éste sería el responsable únicamente del mantenimiento y mejoramiento de las áreas verdes, parques y otros espacios públicos.
26. En atención a lo anterior, considera que la normativa impugnada no invadió la esfera competencial del Municipio actor ni transgredió el artículo 115 de la Constitución Federal.
27. Opinión de la Fiscalía General de la República y del consejero jurídico de la presidencia. El fiscal general de la República y el consejero jurídico de la presidencia no emitieron opinión en el presente asunto.
28. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se hizo constar que no se presentaron las partes, la relación de pruebas documentales y alegatos, y se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas durante la instrucción.
29. Cierre de instrucción. Por acuerdo de treinta de abril de dos mil veintiuno, se decretó el cierre de instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
II. COMPETENCIA
30. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en virtud de que se plantea la inconstitucionalidad de diversas normas generales emitidas por los Poderes demandados, al considerar que se invade la competencia del Municipio actor.
III. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO
31. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(4) se precisa que, partiendo de una lectura integral de la demanda, el Municipio actor cuestiona efectivamente la validez de los artículos 92, fracción VII y 110 Bis V, adicionados a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, así como el artículo segundo transitorio, todos contenidos en el Decreto Número 359, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el dieciséis de octubre de dos mil veinte.
32. Lo anterior, dado que, si bien en ciertas partes de su argumentación parecería plantearse una impugnación genérica al Decreto Número 359, lo cierto es que en su único concepto de invalidez cuestiona la regularidad constitucional de las disposiciones que prevén que cada Municipio contará con un área encargada del cuidado y protección de los parques y jardines municipales, lo cual está contenido únicamente en los artículos mencionados con anterioridad.
33. En consecuencia, no se considera que el Municipio actor cuestione la regularidad de las reformas realizadas en el mismo decreto a las fracciones V y VI del artículo 92.(5)
34. Para mayor claridad se transcriben los preceptos impugnados:
"Artículo 92. Para el estudio, la planeación y el despacho de los diversos asuntos de la Administración Pública Municipal Centralizada, el Ayuntamiento se auxiliará, por lo menos, con las siguientes dependencias:
"...
"VII. Un área encargada del cuidado y protección de parques y jardines municipales."
"Artículo 110 Bis V. El área encargada del cuidado y protección de parques y jardines es la unidad administrativa que tendrá a cargo la creación, cuidado, protección, la conservación, el mantenimiento y la restauración de los parques y jardines de competencia municipal, con base a lo establecido en la Ley Ambiental del Estado, la Ley para la Conservación y Protección del Arbolado Urbano del Estado de Nuevo León y demás leyes y reglamentos municipales.
"En los Municipios con más de cien mil habitantes, el área tendrá el nivel de Secretaría o de Dirección General. En los demás Municipios dicha área tendrá el nivel de acuerdo con sus posibilidades presupuestales."
"Segundo. Los Ayuntamientos de los Municipios tendrán un plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la vigencia del presente decreto para adecuar sus reglamentos a lo establecido en el mismo."
35. Por otra parte, cabe señalar que es fundado el planteamiento del Poder Ejecutivo y del secretario general de Gobierno respecto a que no debe analizarse la impugnación de "todas las consecuencias directas o indirectas, mediatas o inmediatas, que de derecho (sic) o por derecho derivan o resulten de todas y cada una de las normas y actos cuya invalidez se reclama;" lo anterior, dado que tal planteamiento formulado por el actor alude a actos futuros, inciertos e indeterminados respecto de los cuales no es posible realizar un análisis de constitucionalidad, por lo que no cabe pronunciamiento alguno.(6)
IV. OPORTUNIDAD
36. Se analizará la oportunidad de la demanda respecto del decreto impugnado en términos de lo dispuesto por el artículo 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, que establece que, tratándose de normas generales, el plazo para la interposición de la demanda será de treinta días: (a) a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o (b) a partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación.(7)
37. En el caso, el Decreto Número 359 se publicó el viernes dieciséis de octubre de dos mil veinte en el Periódico Oficial de Nuevo León, por lo que el plazo para su impugnación transcurrió del lunes diecinueve de octubre al primero de diciembre de la misma anualidad.(8)
38. En el caso, la demanda del Municipio se recibió el primero de diciembre de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal. Por tanto, cabe concluir que resulta oportuna.
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
39. En términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, el Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, tiene legitimación para promover este medio de control constitucional.
40. Suscriben la demanda Miguel Bernardo Treviño De Hoyos y Valeria Guerra Siller, en su carácter de presidente municipal y síndica segunda del Municipio actor, lo que acreditan con copia certificada de las constancias de mayoría para la renovación del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Garza García para el periodo comprendido entre el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho y el treinta de octubre de dos mil veintiuno, expedida por la Comisión Municipal Electoral. En términos del artículo 34, fracción I, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, dichos funcionarios cuentan con la representación legal del Ayuntamiento.(9)
41. Conforme al artículo 11 de la ley reglamentaria,(10) la representación debe estar establecida en las normas que rigen a los órganos legitimados, lo cual se acredita en este caso y, por consiguiente, se le reconoce la representación al presidente municipal y a la síndica segunda indicados.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
42. En términos de los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, 10, fracción II, y 11 de la ley reglamentaria en la materia, en este asunto tienen el carácter de autoridades demandadas los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como el secretario general de Gobierno, todos del Estado de Nuevo León, al constituir las autoridades responsables de la emisión y promulgación de la norma general impugnada.
43. Por lo que hace al Poder Legislativo Local, la contestación de demanda fue suscrita por la diputada María Guadalupe Rodríguez Martínez, en su carácter de presidenta de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado, acreditando su personalidad con copia certificada del Decreto legislativo 353 aprobado el primero de septiembre de dos mil veinte. Asimismo, conforme a los artículos 60, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León,(11) y 24, fracción XV, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado,(12) la diputada presidenta ostenta la representación legal del mismo.
44. Por otra parte, tratándose de las contestaciones del Poder Ejecutivo Local y de la Secretaría General de Gobierno Local, compareció en ambos casos Homero Antonio Cantú Ochoa, en su carácter de subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nuevo León y representante legal tanto del secretario general de Gobierno como del titular del Poder Ejecutivo Locales, quien acreditó su personalidad con la copia certificada del nombramiento expedido el seis de octubre de dos mil quince. En ambos supuestos, sus facultades de representación encuentran sustento en los artículos 20, fracción XXXIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Local,(13) y 44, fracciones XVII y XVIII, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno Local.(14)
45. Ahora bien, no pasa inadvertido que la Secretaría General de Gobierno argumenta que no cuenta con legitimación pasiva en el caso, porque únicamente se limitó a refrendar la promulgación y orden de publicación del titular del Ejecutivo Local, siendo que únicamente deben fungir como partes demandadas las autoridades que hayan emitido y promulgado la norma general impugnada. 46. No obstante, dicho argumento se considera infundado, pues esta Suprema Corte ha señalado que, tratándose de la legitimación pasiva en controversia constitucional, no se requiere necesariamente ser un órgano originario del Estado, pues si el refrendo de los decretos por parte de un secretario de Estado reviste autonomía, debe concluirse que constituye un medio de control y, por lo tanto, se actualiza el supuesto de legitimación pasiva.(15)
47. En el caso, conforme a los artículos 77 y 88 de la Constitución Local,(16) en relación con los diversos 15, primer párrafo, y 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Local,(17) el secretario general de Gobierno tiene la facultad indelegable de refrendar las leyes y decretos, lo que se encuentra dentro de las formalidades del proceso legislativo.
48. En consecuencia, debe tenerse por demandada a la Secretaría General de Gobierno, dado que tiene injerencia en el proceso legislativo, al encontrarse invariablemente implicado en la emisión de la norma, por lo que debe responder sobre la conformidad constitucional de sus actos.
49. Una situación similar se advierte con el planteamiento del Poder Ejecutivo Local relativo a que su participación se limitó a la sanción, promulgación y orden de publicación del decreto impugnado, respecto de lo cual no existe concepto de invalidez alguno, pues bajo el mismo criterio que se señaló con anterioridad, el gobernador de la entidad federativa, al tener injerencia en el proceso legislativo para otorgar plena validez y eficacia a las normas impugnadas, se encuentra invariablemente implicado en la emisión de las mismas y debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución Federal.
50. En ambos casos, resulta aplicable, por analogía, la tesis P./J. 38/2010, de este Tribunal Pleno, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES."(18)
51. Por ende, cabe concluir que asiste legitimación pasiva para comparecer a juicio a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como la Secretaría de Gobierno Local, ya que participaron en la emisión, publicación y refrendo del decreto impugnado, respectivamente, y los funcionarios que comparecen cuentan con las facultades para representarlos.
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
52. En el escrito de contestación, el Poder Legislativo Local sostiene que la controversia resulta improcedente al no existir una afectación al ámbito competencial del Municipio actor, dado que de los conceptos de invalidez no se desprende que el Congreso se haya extralimitado en sus facultades. Tal argumento debe ser desestimado, pues la efectiva transgresión al ámbito competencial del actor es una cuestión que corresponde al fondo del asunto.(19) Por el momento, basta con afirmar que el Municipio actor sí plantea en su escrito de demanda una supuesta afectación a su autonomía, consagrada en el artículo 115 constitucional, derivada de la especificidad del decreto impugnado.
53. No obstante, este Alto Tribunal advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19, en relación con la fracción II del diverso 20, ambos de la ley reglamentaria en la materia,(20) pues han cesado los efectos del artículo segundo transitorio impugnado del Decreto Número 359.
54. Dicho precepto establece que los Ayuntamientos contarían con un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para adecuar sus reglamentos.(21) En este sentido, conforme al artículo primero transitorio del mismo decreto, éste entró en vigor a los treinta días naturales a partir de su publicación, es decir, el quince de noviembre de dos mil veinte.(22) Bajo esta línea, la vigencia del artículo segundo transitorio corrió desde el día de la entrada en vigor hasta el catorce de mayo de dos mil veintiuno. En consecuencia, a la fecha en que se resuelve el presente asunto, la norma ha dejado de producir sus efectos; sin que la eventual declaratoria de invalidez que pudiera alcanzarse, en todo caso, pudiera tener efectos retroactivos, al no tratarse de materia penal.(23)
55. Por tanto, se sobresee respecto del artículo segundo transitorio impugnado. Al no advertirse alguna otra causal de improcedencia, procede estudiar el fondo del asunto.
VIII. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
56. A fin de dar respuesta al concepto de invalidez planteado por el actor, en primer lugar, se sintetizará el parámetro de regularidad relevante y, posteriormente, se analizará su aplicación en el caso concreto.
1. Parámetro de regularidad
57. El artículo 115 de la Constitución Federal establece que los Estados adoptarán como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases ahí previstas. En lo que interesa para el presente asunto, el precepto señala:
"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
" ...
"II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.
"Los Ayuntamientos, tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
"El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:
"a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;
"b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos, para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;
"c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución;
"d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura estatal considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y,
"e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.
"Las Legislaturas Estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;
"III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
"...
"g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
"...
"Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales." (énfasis añadido)
58. Ahora bien, como se observa, el artículo 115, fracción II, tercer párrafo, limita los casos en los que las Legislaturas Locales pueden emitir leyes en materia municipal. En este sentido, este Tribunal Pleno ha señalado que dichas leyes deben atender lo que es consustancial a todos los Municipios, sin que se invadan los espacios en que cada Municipio puede ser distinto conforme a su facultad normativa exclusiva.
59. En específico, en la controversia constitucional 14/2001, quedó precisado el alcance de las facultades de creación normativa de las Legislaturas Locales, de conformidad con los siguientes postulados:(24)
a) Las bases de la administración pública municipal que dicten las Legislaturas Estatales deben orientarse a regular sólo cuestiones generales del Municipio, tanto sustantivas como adjetivas.
b) El establecimiento de dichas cuestiones generales tendrá por objeto únicamente establecer un marco normativo homogéneo a los Municipios de un Estado, que debe entenderse como el caudal normativo indispensable que asegure el funcionamiento del Municipio, pero únicamente en los aspectos que requieran dicha uniformidad.
c) La competencia reglamentaria del Municipio implica la facultad exclusiva para regular los aspectos medulares de su propio desarrollo.
d) No es aceptable que con apoyo en la facultad legislativa con que cuenta el Estado para regular la materia municipal intervenga en las cuestiones específicas de cada Municipio, toda vez que esto le está constitucionalmente reservado a éste.
Esto es, las bases generales de la administración pública municipal no pueden tener una extensión temática tal que anule la facultad del Municipio para reglamentar sus cuestiones específicas.
e) En consecuencia, queda para el ámbito reglamentario, como facultad exclusiva de los Ayuntamientos, lo relativo a policía y gobierno, su organización y funcionamient
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30897-df899629/i-controversia-constitucional-las-personas-titulares-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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