Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA SU PROMOCIÓN RECAE TANTO EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL COMO EN EL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO FEDERAL TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO (PROCESO DE CREACIÓN DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DE CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, ASÍ COMO SUS CONSECUENCIAS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, DERIVADO DE SU REFORMA (ARTÍCULO 7, FRACCIÓN LXXI, DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 130/2018. · Registro digital (IUS): 200591
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 130/2018. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 10 DE JUNIO DE 2020. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de junio de dos mil veinte.

VISTOS; para resolver la controversia constitucional identificada al rubro; y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el dos de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente y la Síndica Segunda del Ayuntamiento de San Pedro Garza García, del Estado de Nuevo León, promovieron controversia constitucional en contra de las autoridades y actos que a continuación se transcriben:

“(...).

Entidades, poderes u órganos demandados (...).

(...).

(...) Cámara de Diputados. (...).

(...) Cámara de Senadores. (...).

(...) Poder Ejecutivo Federal. (...).

(...).

Normas, actos u omisiones cuya invalidez se reclama. (...).

1. La iniciativa, discusión, aprobación, refrendo, sanción, promulgación y publicación de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, expedida por el Congreso de la Unión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 (cinco) de junio del año 2018 (dos mil dieciocho).

2. Se reclaman, además, las consecuencias directas e indirectas, mediatas o inmediatas, que de hecho o por derecho deriven o resulten de las normas y actos cuya validez se reclama, descritos con anterioridad.

(...)”.

SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda, el Municipio actor señaló como antecedentes, entre otros, los siguientes:

“(...).

Hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos, normas y omisiones cuya invalidez se reclama.

1. El Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, es una entidad pública de gobierno y administración dotada de personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de autonomía constitucional para el ejercicio de sus funciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 25, fracción I del Código Civil Federal; 22, 22 Bis, fracción II, 22 Bis II, 22 Bis III, fracción I y 22 Bis V del Código Civil del Estado de Nuevo León; y 2 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León.

2. El 20 (veinte) de enero de 2017 (dos mil diecisiete), el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, promovió controversia constitucional en contra de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, expedida por el Congreso de la Unión, y publicada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación el 28 (veintiocho) de noviembre de 2016 (dos mil dieciséis).

Dicha controversia constitucional, radicada por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el expediente **********, fue ampliada el 22 (veintidós) de enero del presente año 2018 (dos mil dieciocho), con motivo de la expedición de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano expedida por el Congreso del Estado de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el 27 (veintisiete) de noviembre de 2017 (dos mil diecisiete).

3. El 5 (cinco) de junio del año 2018 (dos mil dieciocho), el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de promulgación de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que abrogó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada el 25 (veinticinco) de febrero del año 2003 (dos mil tres).

Es el caso que mediante la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el Congreso de la Unión modificó arbitrariamente diversos términos legales y disposiciones que, en su conjunto, inciden en el ámbito de competencias que la Constitución General de la República otorga a los Municipios, respecto a la zonificación, autorización y administración del uso de suelo de su territorio, así como los términos y condiciones bajo las cuales el Municipio puede intervenir conforme al marco legal de distribución de competencias, en la definición de la política de conservación ambiental en el ámbito del propio territorio municipal y de ecosistemas localizados en la región o cuenca donde se ubican los Municipios; lo que, en comparación con el espectro de tutela de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable abrogada, genera un estado de vulnerabilidad política y jurídica frente a los intereses económicos del grupo del sector inmobiliario, que resultan en ese sentido privilegiados por dicha normativa, en perjuicio del ámbito competencial del Municipio como institución democrática de gobierno, de la efectiva coordinación y articulación de las competencias municipales con las competencias estatales y federales, así como del interés público que le corresponde tutelar a los gobiernos de los Municipios (como a los gobiernos de los estados y de la federación) en el ámbito de sus atribuciones constitucionales.

Es en el contexto fáctico apuntado, que los órganos demandados en la presente controversia constitucional actuaron en forma positiva en la configuración de los actos y normas generales cuya invalidez se reclama; violando en perjuicio del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, los principios fundamentales que estructuran el orden constitucional establecido en nuestro pacto federal; por las razones que se exponen en el capítulo de conceptos de invalidez de esta demanda. (...)”.

TERCERO. Preceptos constitucionales que se indican como violados y conceptos de invalidez. La parte actora señaló como preceptos infringidos los artículos 1, párrafos segundo y tercero, 4, párrafo quinto, 14, párrafos segundo y cuarto, 16, párrafo primero, 27, párrafo tercero, 39, 40, 41, párrafo primero, 49, 73, fracciones XXIX-C y XXIX-G, 89, 115, 116, 124, 128, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expuso como conceptos de invalidez, los siguientes:

a) Invasión de competencia que en materia de zonificación del territorio municipal y centros de población establecen los preceptos 27, párrafo tercero y 115, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, dijo el peticionario, en relación con el artículo 3, fracciones X y XXXVIII, 7, fracciones VI, XX y XXII, 10, fracción XXX, 11, fracciones III, XI y XXIII, 14, fracción XI, 32, fracción IV, 40, 42, fracción III, 46, fracción IV, 48, 50, fracción III, 53, fracciones I y V, 55, 59, fracciones I, II y IV, 65, fracción II, 68, fracción I, 69, fracción I, 93, 94, 96, 98 y 155, fracción VI de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como 8, fracciones I, V, VIII y X, 20 BIS, 20 BIS 1, párrafo segundo, 20 BIS 4, fracciones I, II y III y 46, fracción X y penúltimo párrafo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ya que el apartado legal en pugna no se sustenta en los principios del sistema federalista.

Concretamente, que la fracción LXXI del artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,(1) pugna con los objetivos de la materia forestal, pues desatiende los fines del beneficio social previstos en el artículo 27 de la Constitución General de la República, en tanto el aprovechamiento de elementos naturales debe servir como instrumento para la distribución de la riqueza pública, relacionado con el interés público en la conservación y protección del medio ambiente, así como el ordenamiento y aprovechamiento de la propiedad privada; así como que, el apartado normativo impugnado es contrario a los objetivos específicos contemplados en el artículo 3, fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XXV, XXVII y XXXV de la propia Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

b) El Congreso de la Unión excedió las facultades que le confiere el artículo 73, fracciones XXIX-C y XXIX-G de la Constitución Federal, de manera que impide al Municipio ejercer la competencia que le otorga la fracción V del precepto 115 de la Constitución Federal, para determinar un área de terreno con cubierta vegetal o terreno forestal, como área no urbanizable cuando así lo dicte el interés público, como lo podía determinar con la anterior definición de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en los centros de población de su jurisdicción.

c) Vulneración al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, tutelado por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el sentido del vocablo “terreno forestal” acota el alcance y genera una restricción semántica que viola el deber de progresar en relación con el “cambio de uso de suelo en terreno forestal”. Máxime que se excluyó para el Municipio la determinación de áreas no urbanizables por mantenimiento de áreas productivas dentro de los centros de población.

Ello, por la modificación del término “centro de población”, en la actual Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que a diferencia del significado de “centros de población” en la Ley General de Asentamientos Humanos de mil novecientos noventa y tres, excluye a las áreas no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos centros, así como las que por resolución de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos.

Con lo cual, a su parecer se vulnera el ámbito de competencia constitucional del Municipio para determinar un área de terreno con cubierta vegetal o terreno forestal, en sentido objetivo y razonable, como área no urbanizable cuando así lo dicte el interés público, ya sea por causas de conservación y protección del medio ambiente, aunque no sea catalogada como área natural protegida, por prevención de riesgos o por la necesidad o conveniencia de mantener ciertas actividades productivas (agropecuarias o forestales) dentro de los límites de dichos centros de población.

d) Contraviene el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por no permitir que el Municipio satisfaga, a los habitantes del territorio municipal, el derecho a gozar de un medio ambiente sano.

CUARTO. Trámite. Por acuerdo de fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 130/2018, asimismo, designó como instructor al Ministro Alberto Pérez Dayán.

Mediante auto del día seis siguiente, el Ministro Instructor admitió la demanda, reconoció carácter de demandadas a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como al Poder Ejecutivo Federal, a quienes mandó emplazar a juicio; finalmente, determinó dar vista al Procurador General de la República (ahora Fiscalía General de la República) para que manifestara lo que a su representación corresponde.

QUINTO. Contestación a la demanda. Cámara de Diputados. Por escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio contestación a la demanda. En síntesis, manifestó lo siguiente:

I. A los hechos. Los señalados en los incisos 1) y 2) de la demanda, no resultan propios de la Cámara de Diputados. Sobre el 3), el cinco de junio de dos mil dieciocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de veinticinco de febrero de dos mil trece, se expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, reforma el primer párrafo al artículo 105 y se adiciona un segundo párrafo al mismo artículo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente”.

II. Causales de improcedencia. Falta de definitividad prevista en la fracción VI, del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de la materia, respecto de la iniciativa, discusión, aprobación, refrendo, sanción, promulgación y publicación de la Ley General de Desarrollo Forestal, ya que estos actos forman parte del proceso de creación normativa.

Además, ausencia de conceptos de invalidez a que se contrae la fracción VIII del mencionado artículo 19, en relación con los diversos numerales 20, fracción III y 22, fracción VII, ambos de la Ley de la materia, por falta de argumento que pueda configurar causa de pedir sobre la totalidad de los actos señalados como impugnados, fuera del artículo 7, fracción LXXI de la misma, que de no considerarlo así sería suplir la deficiencia; este Alto Tribunal excedería el alcance del artículo 40 de la Ley Reglamentaria de la materia.

Falta de interés legítimo del actor, a que se contrae el artículo 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 1, fracción I, inciso b) del artículo 105 constitucional, al no existir motivo o principio de afectación a su esfera de competencias originarias.

III. Respecto a los motivos de invalidez. Niega la afectación al principio de división de poderes que se le demanda, porque la fracción XXIX-G del precepto 73, en relación con el párrafo tercero del artículo 27, ambos de la Constitución Federal, faculta al Congreso de la Unión para emitir leyes generales, a fin de regular y coordinar la concurrencia competencial de los distintos niveles gubernamentales en materia forestal.

Por otro lado, apela a la interpretación jurisprudencial que ha realizado esta Suprema Corte del precepto 115, fracción V de la Constitución General.

SEXTO. Contestación a la demanda. Cámara de Senadores. Mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores contestó la demanda conforme a lo que se indica enseguida.

I. A los hechos. El inciso 1), se trata de una interpretación a disposiciones normativas. Los contenidos en incisos 2) y 3), son ciertos.

II. Causal de improcedencia. Falta de interés legítimo prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 10, fracción I, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que el derecho fundamental a un medio ambiente adecuado no incide en la esfera de atribuciones del Municipio, por ser un derecho humano reconocido a las personas en el territorio nacional, característica que no resulta propia del accionante como ente gubernamental; por lo cual carece de interés legítimo para la impugnación que pretende en esta vía.

III. A los motivos de invalidez responde, que los terrenos forestales se rigen por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable(2) que tiene por objeto regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, conservar, proteger, restaurar, ordenar, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos; así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable.

Que la fracción V del precepto 115 constitucional, prevé a los Municipios la facultad de formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para construcciones; así como participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia. Sujetas a las disposiciones de la Ley, entre otras la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Considera pertinente se tome en cuenta el artículo 10, fracción XXX, 13, fracción II y 14, fracción XI de dicha Ley General, en cuanto se dispone la expedición excepcional de autorizaciones de cambios de uso de suelo de terrenos forestales, controlar y vigilar el uso del suelo; así como atender la obligación municipal de aplicar criterios y políticas forestales establecidas en la Ley General y en las estatales relacionadas con bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias no reservadas expresamente a la Federación o a los Estados.

Aunado al criterio de la Primera Sala de este Alto Tribunal en la tesis 1a. LXIX/2014 (10a.), de rubro: “DESARROLLO FORESTAL Y SUSTENTABLE. LOS ARTÍCULOS 117, 160, 161, FRACCIÓN II, Y 162, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, QUE AUTORIZA EL CAMBIO DE USO DE SUELO DE TERRENOS FORESTALES Y DE IMPACTO AMBIENTAL, NO VULNERAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA POR INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES ENTRE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO FEDERAL Y MUNICIPAL”.

Criterio que estima aplicable aun cuando con posterioridad a su emisión se reformó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, ya que el precepto 27 constitucional, reserva para la Federación el establecimiento de previsiones para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.

Aduce que la disposición de no considerar como “terreno forestal” el localizado dentro de los “centros de población” en términos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con excepción de las áreas naturales protegidas, no produce incertidumbre ni desatiende los fines del beneficio social previstos en el precepto 27 de la Constitución General, en su opinión, la Ley Reglamentaria correspondiente busca que no se ponga en riesgo la finalidad objetiva y constitucionalmente válida de proteger los terrenos forestales, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

SÉPTIMO. Contestación a la demanda. Poder Ejecutivo Federal. Por escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal manifestó lo que se concretiza a continuación.

I. A los hechos. Que el marcado con el inciso 1), por tratar de una interpretación a disposiciones normativas, no le es propio. Lo contenido en incisos 2) y 3), es cierto.

II. Sobre la norma. Señaló que la protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico constituye una de las denominadas facultades concurrentes entre la Federación, los Estados y los Municipios.

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone el dictado de las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, así como para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. Por lo cual, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, regula las facultades que en materia forestal deben observar los distintos niveles de gobierno.

Concretamente, que el Congreso de la Unión no extralimitó el ejercicio de la facultad concedida por la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y tampoco las facultades constitucionales en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, ya que de manera expresa le faculta para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias; así que, en materia de protección al ambiente, preservación y equilibrio ecológico, los Municipios no tienen una facultad exclusiva.

Refiere que la Primera Sala de este Alto Tribunal ha sostenido que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable no violenta los principios de legalidad y seguridad jurídica, cuando autoriza el cambio de uso de suelo de terrenos forestales porque la competencia municipal se encuentra acotada en el artículo 115, fracción V de la Constitución Federal.(3)

Por cuanto el Municipio demanda que la definición “terreno forestal”, contenida en la fracción LXXI del artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, transgrede el principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, contesta que es un método erróneo para demostrar invasión competencial en vía de controversia constitucional; aunado a que, la definición del vocablo “terreno forestal” por el hecho de ser diferente a la legislación abrogada, no la hace inconstitucional sin que afecte la esfera competencial del Municipio en materia ambiental.

Por otro lado, que la remisión a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano obedece a la lógica de no considerar como “terreno forestal” a aquel en que existen “centros de población”, áreas constituidas por zonas urbanizadas y las que se reserven para su expansión.

OCTAVO. Opinión del Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República). A la falta de definitividad en torno al proceso de creación normativa, arguye que las etapas del procedimiento sí pueden ser objeto de estudio por vicios propios. Que procede sobreseer en el juicio excepto por el artículo 7, fracción LXXI de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, ya que el Municipio actor no esgrime razonamiento que constituya causa de pedir, fuera de ese apartado, de suerte que por el mismo no se actualiza la falta de interés, dado que el Municipio alegó afectación a sus competencias constitucionales.

En cuanto al fondo, refiere que el concepto “terreno forestal” ahí contenido es acorde al sistema jurídico correspondiente, ya que la participación de los Municipios en las materias establecidas en el artículo 115, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe desenvolverse conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y leyes locales, por lo que no se vulneran los artículos 4, 14, 16, 27, párrafo tercero, 73, fracción XXIX-G, 115, fracción V, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

NOVENO. Alegatos. Las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión insistieron en la improcedencia por falta de interés legítimo del accionante para demandar bajo el argumento de que se trata de atribuciones que no le son propias; y, la segunda de las citadas, precisa la falta de definitividad para impugnar el proceso legislativo y la ausencia de conceptos de violación a que se contrae el artículo 19, fracción VIII, en relación con el 10, fracción I, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DÉCIMO. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el tres de diciembre de dos mil dieciocho tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de conformidad con el diverso 34 del mismo ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, las pruebas documentales ofrecidas por las partes; se tuvieron por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

DÉCIMO PRIMERO. Avocamiento en la Segunda Sala. Previo dictamen, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para su avocamiento.

Consecuente con ello, el Ministro Presidente de la Segunda Sala determinó el avocamiento para conocer de la controversia constitucional, y que se remitiera al ponente para la elaboración del proyecto correspondiente.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(4) 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(5) y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(6) en relación con los puntos primero, segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece,(7) en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre el Municipio de San Pedro Garza García del Estado de Nuevo León y el Congreso de la Unión y no se estima necesaria la intervención del Pleno de este Tribunal Constitucional dado el sentido de la presente resolución.

SEGUNDO. Precisión de la litis. De conformidad con el artículo 39 de la Ley de la materia, se indica que los actos impugnados en la demanda, consistieron en la iniciativa, discusión, aprobación, refrendo, sanción, promulgación y publicación de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada el cinco de junio de dos mil dieciocho, particularmente el artículo 7, fracción LXXI, así como sus consecuencias.

Sin que deba entenderse impugnada la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, debido a que el accionante manifestó expresamente que se encuentra subjudice, por haberla combatido previamente en la diversa controversia constitucional 16/2017.

TERCERO. Legitimación. Por constituir un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción, se analiza la legitimación de las partes.

Legitimación activa. El Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, está legitimado para promover controversia constitucional de acuerdo con el inciso i), fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal.(8)

En su representación comparecieron Mauricio Fernández Garza y María Diamantina Alcalá Fernández, por su orden se ostentaron Presidente Municipal y Síndica Segunda del Ayuntamiento de San Pedro de Garza García, Estado de Nuevo León, para acreditarlo exhibieron copia certificada del Acta Número 8 de Instalación y Toma de Protesta del Ayuntamiento Electo para el Ejercicio Constitucional 2015-2018, de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, así como el acta circunstanciada relativa a la sesión permanente para la renovación del propio Ayuntamiento, publicada en el periódico estatal de fecha veinticuatro de junio de dos mil quince, de cuya lectura se desprende que los promoventes fueron electos para ocupar tales cargos en el período comprendido del treinta y uno de octubre de dos mil quince al treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho.(9)

Al respecto, se observa que el artículo 34, fracción I de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León,(10) dispone que está a cargo de los citados funcionarios ejercer la representación del Ayuntamiento.

En tal virtud, los suscriptores de la demanda tienen la representación del Municipio, ente al que el artículo 105, fracción I de la Constitución Federal permite comparecer en controversia constitucional; por lo cual, se encuentra acreditada la legitimación necesaria para promoverla.

Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 44/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA PROMOVERLA. LA TIENEN EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).”(11)

Legitimación pasiva. Resulta presupuesto necesario para la procedencia, toda vez que son obligadas a satisfacer las pretensiones del actor que, en su caso, resulten fundadas.

Conforme a los artículos 10, fracción II de la Ley Reglamentaria,(12) serán parte demandada en la controversia constitucional, la entidad, poder u órgano autónomo que hubiese emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, los cuales deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

En el presente caso, son demandados los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federal, a quienes se atribuye la iniciativa, discusión, aprobación, refrendo, sanción, promulgación y publicación de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, particularmente la fracción LXXI del artículo 7.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por la Cámara de Diputados compareció el Presidente de la Mesa Directiva de dicho órgano legislativo federal, carácter que acreditó con la copia certificada del diario de debates del veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en que se contiene la elección de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura a funcionar durante el primer año de ejercicio.(13)

Ahora, de conformidad con el artículo 23, numeral 1, inciso l) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,(14) el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tiene la representación de dicho órgano legislativo, por lo tanto, el compareciente cuenta con legitimación para representar a la Cámara de Diputados en la presente controversia constitucional.

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Por el Sen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200591-6635b444/i-controversia-constitucional-legitimacion-procesal-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.