I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA LOCAL, AL NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE ESE JUICIO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (RESOLUCIÓN DICTADA POR LA TERCERA SALA DE INSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS EN EL INCIDENTE DERIVADO DEL EXPEDIENTE TJA/3/304/2016 EL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE DECRETA IMPROCEDENTE POR FALTA DE LEGITIMACIÓN RESPECTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA, TAMBIÉN RESULTA IMPROCEDENTE RESPECTO DE ESTA DISPOSICIÓN (ARTÍCULOS 11, FRACCIONES V Y VI, ASÍ COMO 127, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 34/2024. MUNICIPIO DE AYALA, ESTADO DE MORELOS. 14 OCTUBRE 2025. PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIOS: NADIA IVETH PARTIDA MEJORADA y HUMBERTO JARDÓN PÉREZ.
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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al catorce de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 34/2024, promovida por el municipio de Ayala, contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como del Tribunal de Justicia Administrativa, todos del estado de Morelos.
ANTECEDENTES
1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia Judicial de esta SCJN, el municipio de Ayala, estado de Morelos, por conducto del Síndico Municipal, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del Secretario de Gobierno, el Secretario de Desarrollo Económico y del Trabajo, el Director del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y el Magistrado Titular de la Tercera Sala de Instrucción de dicho Tribunal, todos del Estado de Morelos, en la que impugnó en términos generales los artículos 11, fracciones V y VI; 91 y 127, último párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, como primer acto de aplicación, el acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés y la resolución de quince de diciembre de dos mil veintitrés, dictadas por la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad, y manifestó sustancialmente lo siguiente:
VII. CONCEPTOS DE INVALIDEZ
PRIMERO.- CAUSA AGRAVIO AL MUNICIPIO ACTOR:
La aplicación de la norma que se impugna, al caso en estudio, corresponden a los artículos 11, fracción V y VI, 91 y 27 último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
Por ende, la citadas (sic) normas con motivo de su primer acto de aplicación consistente en el acuerdo impugnado, por lo que, es conveniente tener presente el criterio del Tribunal Pleno en el sentido de que un acto constituye la aplicación de una norma general, siempre y cuando tenga su fundamento en la misma.
...
Por lo que, el trámite ante la Comisión o Comisiones Legislativas, así como la falta de dictamen emitido; por este, órgano legislativo, en términos de la normativa que rige su actuar.
Por su parte, la norma no cumple con la formación del proceso legislativo; por la falta de trámite ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, así como la falta de aprobación por el pleno del congreso del Estado de Morelos, por las dos terceras partes de los diputados integrantes, en términos de lo previsto por el artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, consecuentemente la norma se constituye en inconstitucional por no haber cumplido el proceso legislativo de la conformación de la norma.
...
SEGUNDO.-
A).- ...
... el Magistrado titular de la Tercera Sala de instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa, debió dar cuenta en primer término al Pleno del Tribunal y por consecuencia a la Legislatura del Estado para que ésta, respetando la garantía de audiencia y con el voto de las dos terceras partes, determinara si bajo el cobijo de la Constitución Federal y la Estatal, así como de las leyes locales, procedería o no la Suspensión de los miembros representantes del Ayuntamiento.
B).- El acuerdo de fecha veintisiete de octubre del 2023 y los preceptos normativos que invocan y que son con los fundamenta (sic) la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, (que mediante la presente controversia constitucional se combate), mediante el cual ordena el inicio del incidente de justificación de incumplimiento de sentencia, mismo que en su contenido presenta una contradicción, pues alude a una excepción a la regla de destitución para el caso de funcionarios por elección popular y sin embargo apercibe con hacer efectiva la destitución, generando estos planteamientos jurisdiccionales los dispositivos legales con las que los funda, una flagrante violación al principio de seguridad jurídica, debido proceso y además contrariando la Ley de Justicia Administrativa los artículos 108, 109, 110 y 115 fracción I la constitución federal.
...
E).- La supuesta falta de cumplimiento a una sentencia no actualiza ninguna de las hipótesis consideradas como graves por la Constitución Local; por ello, la sanción de destitución e Inhabilitación mediante un incidente no especificado, que fundan en las normas Impugnadas es excesiva, ya que implica la afectación al normal funcionamiento de la actividad municipal...
F).- Las causales de destitución e inhabilitación de los miembros de los Ayuntamientos, conforme a los artículos 134, 137 y 141 de la Constitución Local, se encuentran reguladas en el artículo 10 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que una ampliación legislativa de causales, establecida en la ley impugnada, es contrario a la constitución (sic) Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Local del Estado de Morelos.
...
H).- Invade las atribuciones del Congreso del estado y es improcedente la aplicación de los artículos de la Ley Impugnada (artículos 11 fracción V, VI, 91 y 127 último párrafo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos) en razón de que la destitución invade las competencias que el artículo 115 de la Constitución Federal claramente establece a favor de la Legislatura Local, pues tendría que ser través del procedimiento establecido en los artículos 134, 137 y 141 de la Constitución Local, para llevar a cabo la revocación y/o suspender o destituir a algún miembro del Ayuntamiento.
I).- La supuesta falta de cumplimiento a una sentencia no actualiza ninguna de las hipótesis consideradas como faltas graves en la Constitución Local ni de Leyes Secundarias; de ahí la inconstitucionalidad del precepto que se combate.
...
N).- La autoridad aplicó el artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa sin haber requerido previamente de manera personal a cada uno de los integrantes del Cabildo, con lo que se violaron las formalidades esenciales del procedimiento.
O)- La norma impugnada es interpretada de forma incorrecta, pues de ello no se desprende que sean aplicables a los funcionarios que obtuvieron el cargo a través del voto, por el contrario, los artículos 115 de la Constitución Federal, 41 de la Constitución del Estado de Morelos, así como 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal ordenan expresamente que para la revocación de mandato, la suspensión definitiva de los servidores públicos de elección popular de los Ayuntamientos o la desaparición de éstos se debe seguir un procedimiento y la resolución corresponde al Poder Legislativo, poder que es invalidad en sus constitucionales competencias con los actos y aplicación de la norma en esta vía impugnada.
...
Q).- Contrario a lo sostenido por el tribunal demandado, en el caso sí ha dado cumplimiento y se informó que se está en vías de cumplimiento...
TERCERO.
...
Es decir, en nuestro caso concreto, se viola el debido proceso legislativo de creación de la norma, ya que la norma combatida es tildada de inconstitucional, esto es no cumple con los requisitos esenciales para que se considere como norma jurídica y así entrar en existencia en la vida jurídica, esto es, que, no cumple con el procedimiento legislativo estatal, esto en razón de que el poder legislativo del estado omitió cumplir con el proceso legislativo...
...
Por lo tanto, al existir, vicios del procedimiento legislativo, la irregularidad parlamentaria transciende y causa un grave daño irreparable al Ayuntamiento que represento, así mismo no existe el refrendo requerido por los Secretarios de Estado a favor de la norma tildad de inconstitucional.
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CUARTO.
...
Es de señalar que también fue trasgredido en perjuicio de mi representada el derecho de legalidad que le asiste en términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al no aplicar la norma jurídica de manera exacta y tener una notoria falta de motivación y fundamentación, por lo que expongo, tal como lo refiere el artículo 16 de nuestra Constitución...
...
De acuerdo al acto reclamado de las autoridades demandadas su actuación no se encuentra fundado ni motivado, ya que no funda el acuerdo de destitución y mucho menos lo motiva, requisitos constitucionales que debe cumplir la autoridad jurisdiccional para emitir cualquier acuerdo, ya que debo tener noticias de los elementos que llevan al Presidente ejecutor a tomar en cuenta dicha situación, ya que no funda ni motiva cuales fueron las razones bajo las cuales me encuentro obligado a pagar laudos, los cuales no se encuentran dentro del presupuesto anual programados, ya que al hacerlo alteraría el manejo de las finanzas públicas que son de interés público.
...
Por lo tanto, cabe destacar, una vez más, que el único órgano para llevar a cabo el procedimiento de destitución del Presidente, Síndico y Regidores del Municipio, lo es el Congreso Local.
Esto es así, ya que deriva que el Órgano Reformador o Revisor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previó que sólo a través de la existencia de causas graves, que las leyes estatales establezcan; el Congreso local podrá revocar o suspender a alguno de los miembros de los Ayuntamientos, previo el procedimiento y en audiencia.
...
... En consecuencia, cualquier otro mecanismo contenido en una disposición local tendente a separar o suspender de sus funciones a un miembro de un Ayuntamiento, invade las atribuciones que constitucionalmente corresponden a los Congresos Estatales y, por ende, resulta contrario al citado precepto constitucional.
...
XII. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 12, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Reglamentaria, se solicita se conceda de manera urgente la suspensión en la presente controversia constitucional en favor del Municipio Ayala, Morelos con base en el principio de apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, conforme al cual es factible hacer una apreciación anticipada de carácter provisional respecto de la inconstitucionalidad de los actos impugnados, para que se abstenga de pretender llevar a cabo la ejecución del acto que se reclama.
Así como para que cualquier otra autoridad del ámbito de competencia Local o Federal, se obtengan de ordenar la ejecución del ya citado acto y se mantenga las cosas en el estado en que se encuentran, hasta en tanto no se decida sobre la validez del acto, por lo que se reitera se solicita la SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN:
LA INCONSTITUCIONAL RESOLUCIÓN DE 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 EMITIDA EN EL INCIDENTE DE JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DEL EXPEDIENTE TIA/3/304/2016, EN EL CUAL DECRETAN LA DESTITUCIÓN INMEDIATA DEL CARGO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE AVALA, ASI COMO LA INHABILITACIÓN POR TRES AÑOS PARA DESEMPEÑAR CUALQUIER OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DENTRO DEL SERVICIO PÚBLICO ESTATAL O MUNICIPAL.
...
2. Radicación y turno. Mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta SCJN tuvo por recibido el escrito de demanda, ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la controversia constitucional 34/2024 y turnó el expediente a la ponencia de la Ministra Lenia Batres Guadarrama para instruir el procedimiento correspondiente.
3. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintidós de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora desechó parcialmente la demanda respecto de los actos relativos al proceso de creación de la norma, al advertirse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII, del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Ley Reglamentaria), admitiendo respecto del contenido substancial de los artículos 11, fracciones V y VI, 91, 127, último párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, atribuible a los poderes Legislativo y Ejecutivo y de la emisión de los acuerdos de veintisiete de octubre y quince de diciembre de dos mil veintitrés en el expediente TJA/3/3014/2016, atribuibles al Tribunal de Justicia de Administrativa, todos del estado de Morelos. Ordenó emplazar a las autoridades demandadas y dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. Finalmente, ordenó abrir el incidente de suspensión respectivo.
4. Incidente de suspensión. Mediante acuerdo de esta misma fecha, la Ministra instructora ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico correspondiente al incidente de suspensión, en el que determinó conceder la suspensión solicitada para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardaban, esto es, que, de ser el caso, no se ejecutara la orden de destitución e inhabilitación de los miembros integrantes del municipio de Ayala, estado de Morelos.
5. Contestación Tribunal de Justicia Administrativa. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN el veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos, por conducto del Magistrado Presidente contestó la demanda y expuso lo siguiente:
...
No debe perderse de vista para ese Alto Tribunal, que los artículos de la norma general impugnada, fueron del conocimiento de la parte actora desde el 18 de octubre de 2023, por lo que al no impugnarlas en tiempo y forma, implica un consentimiento de las mismas, y hace inviable el presente medio de control constitucional.
Asimismo, debe tomarse en consideración que si bien la actora sostiene que la destitución e inhabilitación de funcionarios públicos de elección popular, solo pueden ser sujetos de esos actos de forma exclusiva por parte del Congreso del Estado de Morelos; empero, pierden de vista que el Poder que emite la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es precisamente el Legislativo; por tanto, si el propio Congreso del Estado de Morelos es quien otorga esa facultad en favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es obvio que estamos en presencia de una norma constitucional.
...
No debe perderse de vista, tal como se mencionó en el apartado de contestación a los antecedentes que la actora tuvo y se le brindaron los derechos de audiencia previa y debido proceso, los cuales agotó por conducto de su delegado, por lo que no puede válidamente mencionar que se le privaron de los mismos, pues basta analizar los autos, para advertir la veracidad de lo mencionado por esta parte.
Se reitera, que no existe violación o vulneración de esferas competenciales, puesto que este Tribunal tiene facultad conforme a los artículos 116 de la Constitución Federal, 109 bis de la Constitución Local y Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para iniciar y resolver el incidente del que se duele la contraparte.
...
6. Contestación del Poder Ejecutivo del estado de Morelos. El veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, el Poder Ejecutivo de la entidad por conducto del Consejero Jurídico contestó la demanda de este medio de control de constitucionalidad, y expresó los siguientes argumentos:
CONCEPTOS DE INVALIDEZ
...
Ahora bien, se precisa que el Poder Ejecutivo Estatal representado cuenta con las facultades para publicar y hacer cumplir las Leyes o Decretos del Congreso del Estado, proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia; ello a través del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, con fundamento en los artículos 47, 70, fracción XVII, incisos a) y c), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; así como 9, fracción II y 22, fracciones XXVI y XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos; por lo que se sostiene la constitucionalidad de dichos actos, que son exclusivamente de la competencia de la autoridad que se representa, en ejercicio de sus atribuciones y por las circunstancias aludidas.
...
De lo expuesto se advierte que el Poder Ejecutivo Estatal que se representa, en el Proceso Legislativo para la emisión del Decreto que se impugna, llevó a cabo su publicación, sin que tal acto haya sido motivo de impugnación por vicios propios, por lo que resulta claro que el Poder Público que se representa, se encuentra llamado a la presente controversia constitucional, cumpliendo el actor con el requisito formal de tener como demandados a los órganos que hubiesen expedido, promulgado o publicado el Decreto impugnado...
...
Finalmente, por cuanto hace al tercer concepto de invalidez que hace valer la parte actora en la demanda de la controversia constitucional por cuanto a la inconstitucionalidad del proceso legislativo de los artículos 11 fracciones V y VI, 91 y 127 último párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se precisa lo siguiente:
La Creación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se realizó conforme al artículo 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es decir, se respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad...
...
Bajo esa óptica, es de señalarse que la promulgación de leyes es un acto administrativo necesario que confiere validez y eficacia a la ley, garantizando su publicidad y cumplimiento, además de que es un acto formal que no implica la creación ni modificación de normas, sino la constatación de que el proceso legislativo se ha completado correctamente.
...
7. Contestación del Poder Legislativo del estado de Morelos. Por escrito ingresado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal el cuatro de julio de dos mil veinticuatro, el Poder Legislativo del estado de Morelos, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura de dicho Congreso estatal, realizó su contestación de demanda, en la que manifestó sustancialmente lo siguiente:
III. IMPROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN CUANTO A LOS ARTÍCULOS 11 FRACCIÓN V Y 91 FRACCIÓN (SIC) DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
...
Al caso particular debe tomarse en cuenta que, en la presente controversia constitucional se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la Materia al haber cesado los efectos de las normas en el acto impugnado, como a continuación se explica:
...
Es de referir que el presente medio de control fue promovió por la Síndico del Municipio Ayuntamiento de Ayala, Morelos, en contra de los artículos 11, fracción V y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, aplicados en la resolución de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en el expediente TJA/5aSERA/JRAEM-012/2020; en el cual resuelve la inmediata destitución e inhabilitación por un año del Presidente del Ayuntamiento de Ayala, Morelos.
...
A la fecha en que se promovió la controversia, la integración del Ayuntamiento del Municipio actos (sic), deriva del proceso electoral de dos mil dieciocho, duraría del uno de enero de dos mil diecinueve, al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo tercero transitorio del Decreto número 250, por el que se reforman los artículos 32 y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis.
Luego entonces, al haber concluido el periodo del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, cuya integración se alegó vulnerada, la resolución impugnada, en la que fueron aplicados la norma que se combate, no tiene efecto alguno, al haberse emitido en un caso particular y concreto que de manera exclusiva podía causar perjuicio a la integración que de manera reciente (treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno) cesó de sus funciones, habida cuenta que fue esta la que, a juicio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, incurrió en desacato de la ejecutoria cuyo cumplimiento se reclamó y a la que, como consecuencia, destituyó e inhabilitó.
...
Luego entonces al haber cesado los efectos tanto la resolución controvertida como las normas cuya invalidez se demanda, lo procedente es sobreseer en la presente controversia constitucional, ello con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, fracción II de la Ley Reglamentaria, en relación con el artículo 19, fracción V del mismo ordenamiento.
IV. INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS.
...
En ese contexto, es evidente que el artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos cuya invalidez se demanda, persigue una finalidad constitucionalmente válida, que se desprende del artículo 17 constitucional, porque protege el derecho de acceso a la impartición de justicia, en específico, el principio de plenitud, pues la finalidad de tal precepto es que las resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa, en específico, las sentencias, se cumplan o ejecuten en los términos ordenados, lo cual es acorde con el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia previsto en el artículo 17 de la Ley Fundamental.
...
8. Acuerdo de trámite. Por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil veinticuatro la Ministra instructora tuvo por contestada la demanda por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como el Tribunal de Justicia Administrativa, todos del estado de Morelos, y con dio vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal y a la Fiscalía General de la República. Asimismo, señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas.
9. Audiencia constitucional. Substanciado el procedimiento, el seis de noviembre de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria, en la que se elaboró la relación de las pruebas ofrecidas por las partes, se admitieron y se desahogaron según su propia y especial naturaleza. Por otro lado, las partes no formularon alegatos.
10. Cierre de instrucción. Por acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
11. Este Tribunal Pleno de la SCJN es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)(1) 1o., de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de esa Norma Fundamental,(2) y 16, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en virtud de que se plantea un conflicto entre un municipio y el poder legislativo y ejecutivo de una entidad federativa, respecto de una norma general administrativa.
II. PRECISIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS Y DETERMINACIÓN DE SU EXISTENCIA
12. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria, es necesario fijar de manera precisa los actos cuya invalidez demanda el Municipio actor y verificar su certeza, de conformidad con el criterio que se refleja en la jurisprudencia P./J. 98/2009 de rubro: “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA".(4)
13. De acuerdo con la citada jurisprudencia, para delimitar los actos o normas impugnadas en una controversia constitucional, esta SCJN debe armonizar los datos de la demanda con la totalidad de la información que se desprenda de las constancias de autos, de manera que se advierta la intención del promovente y se resuelva la litis constitucional efectivamente planteada.
14. En ese sentido, de la revisión integral del escrito de demanda, así como de las constancias que obran en el expediente, se observa que los actos impugnados por el Municipio actor se reducen, concretamente, a los siguientes:
A) Los artículos 11, fracciones V y VI, 91 y 127 último párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos;(5) y,
B) La resolución de fecha quince de diciembre de dos mil veintitrés, dictada en el incidente derivado del expediente TJA/3/304/2016, del índice de la Tercera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad.
15. No pasa inadvertido que, en el capítulo correspondiente de la demanda, el municipio actor también señaló como acto reclamado el acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente antes mencionado; sin embargo, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que el municipio accionante combate fundamentalmente la destitución e inhabilitación de los integrantes del Ayuntamiento.
16. Por ello, se estima que el reclamo del municipio actor en realidad se materializa en la citada resolución interlocutoria, mas no en el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, que constituye un auto de trámite en el únicamente dio curso al proceso.
17. Ahora, por lo que hace a la existencia de los actos impugnados, debe decirse que la emisión, promulgación y refrendo de las normas combatidas fueron reconocidas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Morelos y se acreditaron en autos con un ejemplar del Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, donde consta la publicación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
18. Por otro lado, el Tribunal demandado reconoció que se dictó la resolución interlocutoria impugnada, la que se encuentra agregada en copia certificada en el expediente.
III. SOBRESEIMIENTO
19. Resulta innecesario analizar la oportunidad del presente medio de control constitucional, toda vez que este Tribunal Pleno advierte que debe de sobreseerse la presente controversia constitucional al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción IX,(6) de la Ley Reglamentaria, en relación con el diverso 10 fracciones I y Il,(7) del mismo ordenamiento legal y 105 fracción I, de la CPEUM.
20. De acuerdo con la fracción IX del artículo 19 referido, la controversia resulta improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II, del artículo 105 de la CPEUM. En ese sentido, el artículo 10 de la misma Ley Reglamentaria, estipula las personas que tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales, y precisa en sus fracciones I y II, que tendrán el carácter de parte actora, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia, y será parte demandada la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general, pronunciado el acto o incurrido en la omisión que sea objeto de la controversia.
21. En esos términos, el artículo 105, fracción I, de la CPEUM establece quiénes son los sujetos legitimados que podrán ser parte en una controversia constitucional, y reserva dicha legitimación para los entes, poderes u órganos originarios del Estado con ámbitos competenciales otorgados directamente por la CPEUM.
22. Ciertamente, el contenido del artículo constitucional referido dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
a) La Federación y una entidad federativa;
b) La Federación y un municipio;
c) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente;
d) Una entidad federativa y otra;
e) Se deroga.
f) Se deroga.
g) Dos municipios de diversos Estados;
h) Dos Poderes de una misma entidad federativa;
i) Un Estado y uno de sus Municipios;
j) Una Entidad Federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México;
k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y
l) Dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión.
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la Federación; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c), h), k) y l) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos seis votos.
En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.
En las controversias previstas en esta fracción únicamente podrán hacerse valer violac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33927-121fee85/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-falta-de-legitimacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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