Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN UN JUICIO DE AMPARO (RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO EN EL INCIDENTE NO ESPECIFICADO DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO TJA/5aSERA/044/18-JDN, EN LA CUAL SE DECRETÓ LA DESTITUCIÓN INMEDIATA DEL CARGO DEL ENTONCES PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO Y SU INHABILITACIÓN POR UN AÑO PARA DESEMPEÑAR CUALQUIER OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DENTRO DEL SERVICIO PÚBLICO ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA NORMA IMPUGNADA CON MOTIVO DE SU ACTO DE APLICACIÓN CUANDO SE SOBRESEE EN RELACIÓN CON ÉSTE (ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN V, Y 91 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD EN RAZÓN DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN V, Y 91 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 212/2021. · Registro digital (IUS): 31827
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-10-06
Promovente: MUNICIPIO DE OCUITUCO, ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Octubre de 2023, Tomo III, Pág.2877.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 212/2021. MUNICIPIO DE OCUITUCO, ESTADO DE MORELOS. 8 DE MARZO DE 2023. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LA SEÑORA MINISTRA Y LOS SEÑORES MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LA LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y PRESIDENTE JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO (PONENTE), EN CONTRA DEL EMITIDO POR EL MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de marzo de dos mil veintitrés emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 212/2021, promovida por el Municipio de Ocuituco, Estado de Morelos, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, secretario de Gobierno, secretario de Trabajo y el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, todos de la referida entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Antecedentes. En su demanda, el Municipio actor narró lo siguiente:

• Que José Juan Fonseca Benítez, tercero interesado en el presente asunto, demandó ante el Tribunal de Justicia Administrativa una supuesta baja como policía municipal de Ocuituco, Morelos, de la cual tocó conocer a la Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos bajo el expediente TJA/5aSERA/004/18-J DN.

• El once de septiembre del dos mil dieciocho, se dictó sentencia dentro del expediente TJA/5aSERA/004/18-JDN, precisando que en ese momento no se encontraba en funciones la actual administración municipal. Sino que fue hasta el primero de enero del dos mil diecinueve, cuando entró en funciones la actual administración pública municipal (Cabildo del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos) incluido el cargo de presidente municipal de Ocuituco, Morelos.

• Que el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno se enteró de la destitución del cargo del presidente municipal constitucional (por medio de la resolución que combate), aduciendo que existe invasión de esferas competenciales, ya que su actuar se fundamenta en términos del artículo 11, fracción V y en relación al artículo 91, ambos dispositivos legales de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en plena contravención del Pacto Federal, siendo un artículo inconstitucional ya que, en primer lugar, ésta no reúne las características de una norma general, por no cumplir con el procedimiento legislativo de creación de la ley, de acuerdo a lo previsto por los artículos 42, 44, 47, 70, fracción XVII y 76 de la Constitución Política del Estado de Morelos; además, en segundo término, en plena contravención a lo previsto por el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, pues el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se arrogó la facultad constitucional que le corresponde a la Legislatura Estatal, para destituir al presidente municipal de Ocuituco, Morelos, provocando con ello una inestabilidad constitucional en la integración del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos.

2. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado mediante buzón judicial, recibido el ocho de diciembre de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rosa Lilia Cala Barranco, quien se ostentó como síndica del Municipio de Ocuituco, Morelos, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, secretario de Gobierno, secretario de Trabajo y el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, todos de la referida entidad federativa, en la que impugnó lo siguiente:

"... IV. Norma cuya validez se impugna: a. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 11, FRACCIÓN V Y ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, EN SU PARTE NORMATIVA QUE MENCIONA: (Se transcribe).—NORMA JURÍDICA LA CUAL NO CUMPLE CON LAS FORMALIDADES DEL PROCESO LEGISLATIVO EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS EN SU NUMERAL 72, QUE A LA LETRA DICE: (Se transcribe).—1. DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS: 1.1. LA FALTA DE INICIATIVA DE LEY EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, QUE PREVÉ: (Se transcribe).—Así como la falta del expediente previsto por el artículo 73 del REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS que prevé: (Se transcribe).—1. II. EL TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN O COMISIONES LEGISLATIVAS, ASÍ COMO LA FALTA DE DICTAMEN EMITIDO POR ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, en términos del artículo 53, y 55 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos que a la letra dice: (Se transcribe).—Así como lo previsto por los artículos 103, 104 y 106 del REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS que prevé: (Se transcribe).—1.III. LA FALTA DE TRÁMITE ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LA FALTA DE APROBACIÓN POR EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, POR LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, que menciona: (Se transcribe).—Así como lo previsto por los artículos 113, 115, 130 y 131 del REGLAMENTO PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS que prevé: (Se transcribe).—2. DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS: 2. I. LA SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL ‘TIERRA Y LIBERTAD’ DEL ARTÍCULO 11, FRACCIONES V, VI Y ARTÍCULO 91, AMBOS DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 44, 47 Y 70, FRACCIONES XVI Y XVII, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ACTOS QUE LE CORRESPONDE AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.—2. II. LA FALTA DE REFRENDO Y PUBLICACIÓN EN El PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD DEL ARTÍCULO 11, FRACCIONES V, VI Y ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, POR CONDUCTO DEL SECRETARIO DE GOBIERNO.—Así como lo previsto por el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, que prevé: (Se transcribe).—2. III. LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL ‘TIERRA Y LIBERTAD’ DEL ARTÍCULO 11, FRACCIONES V, VI Y ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, EL DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL ‘TIERRA Y LIBERTAD’ ÓRGANO DE INFORMACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.—2. IV. LA FALTA DE REFRENDO DE LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIONES V, VI Y 91 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, ACTOS QUE LE CORRESPONDEN AL SECRETARIO DE TRABAJO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.—Así como lo previsto por el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, que prevé: (Se transcribe).—V. ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA: LA INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES, DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS DE LAS FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, Y DECRETAR DE FORMA DIRECTA LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO, MORELOS, POR CONDUCTO DE: a. LA INCONSTITUCIONAL RESOLUCION DE FECHA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL (sic) DOS MIL VEINTIUNO EMITIDA EN EL INCIDENTE NO ESPECIFICADO DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO TJA/5ASERA/004/2018-JDN, EN EL CUAL DECRETAN LA DESTITUCIÓN INMEDIATA DEL CARGO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCUITUCO, MORELOS E INHABILITACIÓN POR UN AÑO PARA DESEMPEÑAR CUALQUIER OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DENTRO DEL SERVICIO PÚBLICO ESTATAL O MUNICIPAL, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN V Y VI, CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO SUS EFECTOS Y CONSECUENCIAS.—b. LA ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS MEDIANTE LOS OFICIOS EMITIDOS A LAS SIGUIENTES AUTORIDADES: 1. MAGISTRADO DE LA QUINTA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS.—2. SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.—3. EL DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO, MORELOS.—4. SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS Y COMO DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL ‘TIERRA Y LIBERTAD’ DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.—5. DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DEL ESTADO DE MORELOS.—6. SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS.—7. TITULAR DE COORDINACIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ESTADO DE MORELOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS.—8. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO, MORELOS.—9. ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.—10. INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.—11. GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS.—12. TESORERO MUNICIPAL DE OCUITUCO, MORELOS.—13. COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS.—SIN CONTAR CON FACULTADES CONSTITUCIONALES EL PLENO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. ..."

3. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Municipio actor expuso los siguientes conceptos de invalidez:

En el apartado de normas cuya invalidez se reclama el Municipio actor refiere que del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo de los artículos 11, fracción V y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos no siguieron el procedimiento legislativo de creación de la norma, refiriendo cada una de las etapas del procedimiento legislativo que a su parecer no se dieron.

A. Invalidez de la norma. Señala que lo previsto por los artículos 11, fracción V y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos no cumplen con los requisitos constitucionales de creación de la norma, pues contiene vicios ante la falta de estudio de las facultades de los Poderes Estatales al momento de su creación.

– De esta forma indica que se vulnera el numeral 14 de la Constitución Federal, ya que se transgrede el debido proceso legislativo de creación de dicha ley, pues no consta de lo siguiente:

a) Iniciativa de ley, proposición de ley o decreto por órgano legalmente reconocido, toda vez que ésta no fue presentada ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, ni por ningún órgano facultado para ello, por lo que sin iniciativa no hay proceso legislativo.

b) Dictamen que rinde la Comisión con facultad de dictamen legislativo, dado que no existe el dictamen emitido por la Comisión del Trabajo o Puntos Constitucionales del Congreso Local, o cualquier otra Comisión con atribuciones, máxime que no hay discusión y votación de aprobación por parte de la Comisión respectiva.

c) Proceso parlamentario de discusión del contenido del dictamen, de la norma o decreto, pues no existe la discusión por parte del Pleno del órgano legislativo de Morelos.

d) Procedimiento para la aprobación que sigue la asamblea al votar la proposición formulada, al no existir el número y quiénes de los integrantes, en votación nominal, del Pleno del Congreso de la entidad, estuvieron a favor de la norma tildada de inconstitucional.

e) La observancia de la fórmula de expedición.

f) La sanción, que es el acto formal mediante el cual se le otorga la obligación de cumplimiento jurídico a la norma.

g) El refrendo de la ley o decreto por parte de los secretarios del Poder Ejecutivo del Estado, ya que tal no existe tanto por el secretario de Gobierno como del secretario del Trabajo (sic).

h) La promulgación por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

i) La publicación de la ley a efecto de que sea del conocimiento de todos los gobernados (sic).

j) La fecha de inicio de vigencia para que la ley pueda ser observada.

– Así, expone que el principio constitucional ordena para que una ley sea perfecta, desde el punto de vista de producción legislativa, se requiere de la participación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, por lo que al faltar algún requisito de los puntos del procedimiento legislativo estatal correspondiente, se está ante normas que no cumplen con los requisitos de formación de ley, como es el caso de los artículos 11, fracción V y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

– Luego, agrega que dichos numerales son contrarios a lo previsto por el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución General, el cual especifica que las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.

– De esta forma, indica que el poder legislativo local rebasa sus facultades constitucionales, ya que la norma combatida no hace diferencia entre funcionarios públicos electos popularmente y los que son puestos directamente por éstos, siendo que no establece el mecanismo para que los integrantes de los Ayuntamientos puedan ser separados o destituidos de su encargo, facultad que corresponde a la Legislatura local, conforme al mencionado artículo 115 constitucional.

– Por tanto, refiere que resulta inconstitucional e inválidos los actos cometidos por la autoridad demandada al destituir al presidente municipal, pues el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se arroga la atribución para destituir servidores públicos electos por elección democrática, facultad que le corresponde al Congreso de la entidad.

– B. Invalidez del acto. Señala que el acuerdo que decreta la destitución del presidente del Municipio de Ocuituco, Morelos, emitido por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, es contrario a lo previsto por el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, pues para que una persona pueda ser privada, válidamente y mediante un acto de autoridad, de sus bienes o derechos, es indispensable que éste cumpla con todos aquellos requisitos, condiciones y exigencias que la propia Norma Constitucional establece, en el caso, de un juicio seguido en el que se cumplan determinadas formalidades.

– Asimismo, expresa que el acto reclamado vulnera el artículo 16 constitucional, toda vez que el actuar del tribunal demandado no se encuentra fundado ni motivado, rebasando sus facultades, pues la remoción o destitución es única y exclusivamente por parte del Poder Legislativo de Morelos.

– Así, advierte que es improcedente la destitución del presidente del Municipio de Ocuituco, Morelos, ordenada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, ya que invade la competencia de la Legislatura Estatal conforme al artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución del país, afectando la debida continuación del Ayuntamiento.

– Además, señala que el acto controvertido fue decretado sin notificar al Ayuntamiento el inicio de procedimiento alguno y sin otorgar oportunidad para realizar manifestaciones, coartando el derecho de defensa que la ley federal otorga.

– Luego, expone que del artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, se desprende, puntualmente, que las Legislaturas Locales tienen facultad para suspender a Ayuntamientos, declarar su desaparición y revocar el mandato de alguno de sus miembros, debiéndose cumplir los requisitos referentes a que: a) la ley prevea las causas graves para suspender o declarar que han desaparecido, así como para revocar el mandato de alguno de sus miembros; b) se haya otorgado, previamente, oportunidad para rendir pruebas y formular alegatos; y, c) el acuerdo de suspensión o desaparición del Ayuntamiento o revocación de mandato de alguno de sus miembros, sea tomado por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura.

– En este orden de ideas, menciona que en la reforma a dicho precepto constitucional de mil novecientos noventa y ocho, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, hizo patente que el órgano reformador pretendió fortalecer el ámbito competencial del Municipio, consignándole facultades propias, así como la elección libre, popular y directa de sus gobernantes, estableciendo, de manera específica, que sólo a través de la existencia de causas graves, las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender o declarar la desaparición de un Ayuntamiento, y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, respetando el derecho de audiencia, esto es, del presidente municipal, regidores y síndicos.

– Que el respeto al Ayuntamiento en cuanto a la continuidad en el ejercicio de sus funciones y a su integración, tiene como fin preservar las instituciones municipales de injerencias o intervenciones ajenas, en aras del principio de seguridad jurídica que permita hacer efectiva su autonomía política.

– Por tanto, dice que el Tribunal Administrativo Estatal debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 41 de la Constitución del Estado de Morelos, rigiéndose por el título decimo primero de la Ley Orgánica Municipal de la entidad, cuyos numerales van del 178 al 184; por lo que el único órgano para llevar a cabo el procedimiento de destitución del presidente municipal, es el Congreso Local.

– Reitera que corresponde a las Legislaturas Locales la facultad de revocar o suspender el mandato de miembros de los Ayuntamientos, pues son los únicos mecanismos para poder separar de su encargo a un miembro de éste que es electo popularmente, por lo que la determinación tomada por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos, respecto a destituir al presidente del Municipio actor, invade las atribuciones que constitucionalmente corresponden al Congreso del Estado, siendo aplicables las jurisprudencias de rubro: "CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTO POR EL CUAL LA LEGISLATURA DE UN ESTADO DECLARA LA SUSPENSIÓN O DESAPARICIÓN DE UN AYUNTAMIENTO, SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN I, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TRANSGREDE LA PRERROGATIVA CONCEDIDA A DICHO ENTE MUNICIPAL, CONSISTENTE EN SALVAGUARDAR SU INTEGRACIÓN Y CONTINUIDAD EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE GOBIERNO."

– Con base en lo anterior, considera que debe declararse inconstitucional la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en el incidente no especificado dentro del expediente administrativo TJA/5aSERA/004/2018-JDN, en la cual se decreta la destitución inmediata del cargo como presidente municipal de Ocuituco, Morelos, e inhabilitación por un año para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal, en términos de los artículos 11, fracción V y 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

4. Admisión y trámite. En proveído de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional con el número de expediente 212/2021; asimismo, ordenó que se turnara el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaria General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

5. Luego por acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo designado como instructor, admitió la controversia constitucional con reserva de los motivos de improcedencia que se puedan advertir al momento de dictar sentencia y tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, a las secretarías de Gobierno y de Trabajo, estas últimas autoridades en cuanto a la falta de refrendo de la Ley de Justicia Administrativa de la entidad que alude la promovente; así como al Tribunal de Justicia Administrativa, todos del Estado de Morelos, ordenando su emplazamiento para que rindieran su contestación. 6. Asimismo, requirió a las siguientes autoridades para que, al presentar su contestación, enviaran a este Alto Tribunal lo indicado: Al Poder Legislativo del Estado de Morelos, copias certificadas de todas las documentales relacionadas con los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo, y los diarios de debates; al Poder Ejecutivo de la entidad para que, enviara un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial del Estado en el que se hayan publicado las normas controvertidas; y al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos para que, remitiera copia certificada de los antecedentes del acto impugnado en este medio de control constitucional.

7. Adicionalmente, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiese.

8. Finalmente, en cuanto a la solicitud de suspensión realizada por la promovente, ordenó se formara el cuaderno incidental respectivo con copia certificada del escrito y anexos de cuenta. Mediante acuerdo de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno dictado en el incidente de suspensión de la controversia constitucional el Ministro instructor determinó conceder la suspensión solicitada para que no se ejecutara la resolución de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos impugnada en la presente controversia constitucional.

9. Recurso de reclamación. Inconforme con la admisión de la demanda, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos interpuso recurso de reclamación, mismo que fue radicado en la Primera Sala bajo el número 22/2022-CA y turnado para su estudio al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. El treinta de marzo de dos mil veintidós la Primera Sala, por unanimidad de votos, resolvió dicho medio de impugnación en el sentido de declararlo infundado y confirmar el acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno por el cual se admitió a trámite la controversia constitucional.

10. Contestación de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado de Morelos. Por escrito presentado mediante el sistema de Estafeta, recibido el nueve de febrero de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, dio contestación a los siguientes puntos:

1. Respecto al apartado IV relativo a "NORMA CUYA VALIDEZ SE IMPUGNA. El primer Acto de Aplicación del artículo 11, fracción V y artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos."

2. Numeral 1 de la fracción IV, "1. DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS. 1.I. LA FALTA DE INICIATIVA DE LEY EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 42 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS." 1.II. EL TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN O COMISIONES LEGISLATIVAS, ASÍ COMO LA FALTA DE DICTAMEN EMITIDO POR ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO. 1.III LA FALTA DE TRÁMITE ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LA FALTA DE APROBACIÓN POR EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, POR LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES."

3. Numeral 2 de la fracción IV, "DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS. 2.I LA SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD DEL ARTÍCULO 11, FRACCIONES V, VI Y ARTÍCULO 91, AMBOS DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS."

4. Numeral 2. II, "LA FALTA DE REFRENDO Y PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD.". 2. III "LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD DE LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIONES V, VI Y 91 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS."

Con relación a estos puntos indicó que no se afirma ni se niega por no ser un hecho propio, en virtud de que, no es competencia ni es atribuible al ejercicio de las facultades de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo.

5. Numeral 2 de la fracción IV, "LA FALTA DE REFRENDO DE LOS ARTÍCULOS 11, FRACCIONES V, VI Y 91 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS."

Con relación a este numeral, señala que lo niega, ya que dicha ley fue debidamente refrendada por el entonces gobernador del Estado, así como el entonces secretario de Gobierno, autoridades facultadas para ello.

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, vigente en la fecha de publicación y vigencia de la Ley de Justicia Administrativa de la que hoy el quejoso atribuye la falta de refrendo a la secretaría, se estableció que el decreto promulgatorio que realice el gobernador del Estado respecto de las leyes y decretos legislativos, deberá ser refrendado únicamente por el secretario de Gobierno, contrario a lo que afirma la actora.

Pues si bien, el referido artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Morelos dispone que los decretos debían estar suscritos por el secretario de despacho encargado del ramo a que el asunto corresponda, ello no incluye a los decretos promulgatorios de las leyes y decretos legislativos, porque éstos deberán ser refrendados únicamente por el secretario de Gobierno.

Aunado a lo anterior, resalta que el tema de refrendo no le compete a la Secretaría de acuerdo con las atribuciones que dispone el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, por lo que, la misma no ha incurrido en incumplimiento alguno o limitación de las facultades que se le atribuyen.

Pues de acuerdo con el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, no hay sustento que le atribuya obligación o incumplimiento a la Secretaría de Desarrollo· Económico y del Trabajo, toda vez que no se encuentra encuadrado en ninguna hipótesis del artículo, aun cuando dicho marco normativo fue abrogado mediante decreto de Ley Número Cinco publicado el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, en el Periódico Oficial Tierra y Libertad Número 5641, por lo tanto, la ley invocada por el actor en el presente asunto, no precisa las atribuciones para el refrendo de la ley atacada, misma que constituye una atribución directa del secretario de Gobierno del Estado y no así del secretario del ramo.

Finalmente, con relación a los hechos que le constan al actor y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, precisó que no se afirman ni se niegan por no ser un hecho propio, en virtud de que, no es competencia ni es atribuible al ejercicio de las facultades de esta Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo.

11. Mediante proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, el Ministro instructor, precisó que quien se ostentó como titular de la Unidad de Enlace Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, no acompañó copia certificada del documento por el que se le delega la representación de la referida Secretaría de Estado, previniéndolo para que enviara a este Alto Tribunal copia certificada de la documental por la que se delegue la representación y permita acreditar que cuenta con dicha capacidad, apercibido que, de no cumplir con lo ordenado, se decidiría sobre la presentación del informe respectivo con los elementos con que se cuenta. Previo escrito donde se trató de dar cumplimiento con el referido requerimiento y acuerdo de trámite de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, el Ministro instructor, señaló que de nueva cuenta no exhibió la documentación por la que se le otorga la representación por delegación de la Secretaría de Estado a la que se encuentra adscrito, por lo que, requirió nuevamente al promovente.

12. Por acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, el Ministro instructor, agregó al expediente el oficio y anexos de cuenta de quien se ostentó como Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado de Morelos, sin embargo, precisó que la promovente acudía a este medio de control de constitucionalidad sin acompañar documento idóneo y fehaciente que acredite su personalidad, toda vez que el exhibido consta en copia simple, por lo que requirió a la promovente para que, remita copia certificada del documento por el cual acredite la personalidad que ostenta. Finalmente, en proveído de diez de mayo de dos mil veintidós, el Ministro instructor tuvo por desahogado de forma extemporánea el requerimiento efectuado en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, consistente en exhibir copia certificada de la documental con la cual acredita su personalidad para intervenir en el presente asunto.

13. En consecuencia, procedió a pronunciarse sobre el diverso oficio SDEyT/0080/2022 (folio 005075), mediante el cual la promovente solicitó se tuviera por desahogado el requerimiento formulado mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, al manifestar que el titular de Enlace Jurídico de la citada secretaría representa los intereses de dicha dependencia, en su carácter de delegado, para llevar a cabo todas las acciones legales conducentes dentro de la presente controversia constitucional y se le faculta para comparecer ante este Alto Tribunal y presentar toda cl

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31827-d7e753b0/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.