I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO PARA EL QUE FUERON ELECTOS LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA DEL ESTADO DE MORELOS (ACUERDO DE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, EN EL QUE SE ORDENÓ LA DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN HASTA POR SEIS AÑOS DEL CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL; SINDICO MUNICIPAL Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA NORMA IMPUGNADA CON MOTIVO DE SU ACTO DE APLICACIÓN CUANDO SE SOBRESEE EN RELACIÓN CON ÉSTE (ARTÍCULO 11, FRACCIÓN V, Y 91 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 3/2018. AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS. 19 DE FEBRERO DE 2020. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: JAZMÍN BONILLA GARCÍA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecinueve de febrero de dos mil veinte.
VISTOS los autos para resolver la controversia constitucional 3/2018, promovida por el Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos, y
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de enero de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Denisse Arizmendi Villegas, en su carácter de Síndica del Ayuntamiento de Cuernavaca, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional, en la que demandó la invalidez de los siguientes actos:
"IV.- LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:
"1.- Del CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS se demanda la invalidez del Decreto número 2193, aprobado en sesión ordinaria de fecha trece de julio de dos mil diecisiete; y que fue publicado en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad' número 5514 de fecha 19 de Julio de 2017, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en su artículo 91, relativa a la declaración el (sic) magistrado instructor de determinar el desacato de una autoridad frente al cumplimiento de una determinación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, y facultándolo para emitir la destitución e inhabilitación por seis años para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal, el cual resulta incongruente en una interpretación de la propia norma administrativa en su artículo 11 fracción V, aunado a que contraría los preceptos constitucionales de integración y autonomía municipal salvaguardados por nuestro pacto federal en el artículo 115; así como su parte relativa a la iniciativa, aprobación, expedición y promulgación, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en su artículo 11 fracción V, en lo que respecta a la facultad –excesiva e invasiva competencialmente– para determinar la destitución por pleno de un servidor público electo mediante el sufragio efectivo popular; lo que causa agravios directos en perjuicio de este Ayuntamiento actor de Cuernavaca, Morelos.
"2.- Del GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS, se demanda la invalidez del Decreto Promulgatorio del Decreto número 2193, publicado en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad' número 5514, de fecha 19 de Julio de 2017.
"3.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS.- se demanda la invalidez de la publicación del decreto número 2193, mismo que fuera publicado en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad' órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos número 5514 de fecha 19 de Julio de 2017.
"4.- DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS.
"• Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
"• Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
"• Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
"• Cuarta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
"• Quinta Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
"Se demanda la invalidez del ILEGAL ACUERDO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADO DENTRO DEL INCIDENTE NO ESPECIFICADO, TRAMITADO DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO TCA/3AS/212/2016, radicado al índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos EN EL CUAL RESUELVEN TURNAR A RESOLVER LOS AUTOS DEL INCIDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, es decir, una vez que dentro del incidente se requirió al AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA para que dentro del término de CINCO DÍAS justificara el incumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del expediente principal, y que mi representado a través de la suscrita realizará la justificación requerida, se dictó un acuerdo en el que se turna resolver pero fundamentándose en el artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es decir, PRETENDIENDO APLICAR EN EL SUPUESTO DE QUE A CRITERIO DE LA TERCERA SALA NO TUVIERA POR JUSTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, LO DISPUESTO POR EL NUMERAL CITADO, QUE ES LA DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO MUNICIPAL DE CUERNAVACA.
"Asimismo, la ilegal orden de destitución e inhabilitación hasta por seis años de todos y cada uno de los miembros del cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y en consecuencia la desaparición de este Ayuntamiento actor, ordenada mediante LA INCONSTITUCIONAL RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DICTADA DENTRO DEL INCIDENTE NO ESPECIFICADO, TRAMITADO DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO TCA/3AS/212/2016, radicado al índice de la Tercera sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos EN EL CUAL RESUELVEN DECLARAR PROCEDENTE LA INMEDIATA DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN HASTA POR SEIS AÑOS DEL CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL; SÍNDICO MUNICIPAL Y REGIDORES, esto en razón de que existe invasión de competencia por parte del tribunal señalado como autoridad demandada y el órgano Legislativo Estatal pues tal y como dispone la carta magna y la particular del estado de Morelos, solamente un órgano Legislativo estatal, mediante los procedimientos establecidos para tal efecto puede llevar a cabo y ejecutar la destitución de uno o todos los miembros de un Ayuntamiento, en específico de este Ayuntamiento actor de Cuernavaca, Morelos.
"La aplicación y/o ejecución, en sus respectivas esferas de competencia, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en su artículo 91, relativa a la declaración del magistrado instructor para determinar que un servidor público incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 6 años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal, el cual en primer término es incongruente con la propia de (sic) Ley de la materia en su artículo 11 fracción V, y principalmente viola el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Todos los actos de aplicación y/o ejecución que pretendan darle en adelante al artículo 91, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, relativa a la declaración del magistrado instructor para determinar que un servidor público incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 6 años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal. En primer orden de acuerdo a la propia ley, es incongruente ya que en su artículo 11 fracción V, menciona que para determinar la destitución de los funcionarios elegidos por el principio de elección popular se necesita el pleno, sin embargo, los dos son contradictorios y violatorios con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, como se expondrá posteriormente.
"5.- DE LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS. Con domicilio en Calle Gutenberg número 3, tercer piso, Centro 'las Plazas' cuerpo B, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos.
"Se demanda la invalidez del ILEGAL ACUERDO DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADO DENTRO DEL INCIDENTE NO ESPECIFICADO, TRAMITADO DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO TCA/3AS/212/2016, radicado al índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos EN EL CUAL RESUELVEN TURNAR A RESOLVER LOS AUTOS DEL INCIDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS, es decir, una vez que dentro del incidente se requirió al AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA para que dentro del término de CINCO DÍAS justificara el incumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del expediente principal, y que mi representado a través de la suscrita realizara la justificación requerida, se dictó un acuerdo en el que se turna resolver pero fundamentándose en el artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es decir, PRETENDIENDO APLICAR EN EL SUPUESTO DE QUE A CRITERIO DE LA TERCERA SALA NO TUVIERA POR JUSTIFICADO EL INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA, LO DISPUESTO POR EL NUMERAL CITADO, QUE ES LA DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO MUNICIPAL DE CUERNAVACA.
"Asimismo, la ilegal orden de destitución e inhabilitación hasta por seis años de todos y cada uno de los miembros del cabildo del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y en consecuencia la desaparición de este Ayuntamiento actor, ordenada mediante LA INCONSTITUCIONAL RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DICTADA DENTRO DEL INCIDENTE NO ESPECIFICADO, TRAMITADO DENTRO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO TCA/3AS/212/2016, radicado al índice de la Tercera sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos EN EL CUAL RESUELVEN DECLARAR PROCEDENTE LA INMEDIATA DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN HASTA POR SEIS AÑOS DEL CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL; SÍNDICO MUNICIPAL Y REGIDORES, esto en razón de que existe invasión de competencia por parte del tribunal señalado como autoridad demandada y el órgano Legislativo Estatal pues tal y como dispone la carta magna y la particular del estado de Morelos, solamente un órgano Legislativo estatal, mediante los procedimientos establecidos para tal efecto puede llevar a cabo y ejecutar la destitución de uno o todos los miembros de un Ayuntamiento, en específico de este Ayuntamiento actor de Cuernavaca, Morelos.
"La aplicación y/o ejecución, en sus respectivas esferas de competencia, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en su artículo 91, relativa a la declaración del magistrado instructor para determinar que un servidor público incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 6 años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal, el cual en primer término es incongruente con la propia Ley de la materia en su artículo 11 fracción V, y principalmente viola el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Todos los actos de aplicación y/o ejecución que pretendan darle en adelante al artículo 91, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, relativa a la declaración del magistrado instructor para determinar que un servidor público incurrió en desacato, procediendo a su destitución e inhabilitación hasta por 6 años para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión dentro del servicio público estatal o municipal. En primer orden de acuerdo a la propia ley, es incongruente ya que en su artículo 11 fracción V, menciona que para determinar la destitución de los funcionarios elegidos por el principio de elección popular se necesita el pleno, sin embargo, los dos son contradictorios y violatorios con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, como se expondrá posteriormente.".
2. SEGUNDO. Antecedentes. En el escrito de demanda se señalaron los siguientes:
3. – En las elecciones ordinarias para la elección de integrantes de ayuntamientos del Estado de Morelos, celebradas en el año dos mil quince, la promovente fue elegida Síndica del Ayuntamiento de Cuernavaca, para el trienio 2016-2018.
4. – Debido a diversos requerimientos al Ayuntamiento de Cuernavaca realizados por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en relación con el cumplimiento de la sentencia dictada en el expediente TCA/3aS/212/2016, por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, se ordenó abrir el incidente no especificado para que dicho ayuntamiento justificara el incumplimiento de la sentencia, apercibiendo de que, en caso de no hacerlo, se entendería que el incumplimiento es injustificado y se decretaría como sanción la destitución e inhabilitación de sus integrantes.
5. – En virtud de lo anterior, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, el Ayuntamiento de Cuernavaca dio cumplimiento al requerimiento realizado por el Tribunal de Justicia Administrativa local.
6. – Posteriormente, el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, el mencionado Tribunal dictó el auto por el que ordenó turnar el incidente no especificado para resolución.
7. – El quince de diciembre de dos mil diecisiete, a través de diversos medios de comunicación digitales e impresos, el Ayuntamiento de Cuernavaca tuvo conocimiento de la resolución interlocutoria emitida en el incidente no especificado dentro del expediente TCA/3aS/212/2016, en el que se resolvió declarar procedente la destitución e inhabilitación hasta por un año del cargo del Presidente Municipal, Síndico y regidores, sin que dicho auto fuera notificado de forma personal al Ayuntamiento.
8. TERCERO. Conceptos de invalidez. La parte actora expone, fundamentalmente, los siguientes:
9. I. Los artículos 11, fracción V, y 91 de la Ley de Justicia Administrativa, que prevén como medida de apremio del Tribunal de Justicia Administrativa la destitución e inhabilitación de los funcionarios públicos, transgreden el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, porque no contemplan las causas graves para su aplicación o la remisión a otro ordenamiento que las prevea.
10. Incluso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa, que establece que la destitución de estos funcionarios procede por acuerdo del Pleno y "conforme a la normativa aplicable", el Tribunal de Justicia Administrativa debió interpretar esa regla a la luz del artículo 115 constitucional, con el fin de que el órgano jurisdiccional hiciera del conocimiento a la Legislatura local, para que iniciara el trámite correspondiente.
11. Esto, porque en el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, está previsto que las legislaturas locales son la autoridad competente para ordenar la suspensión o desaparición de ayuntamientos, así como la suspensión o revocación de mandato de alguno de sus miembros, bajo la condición de que las causas graves para incoar el procedimiento estén en ley; que la decisión sea tomada por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso, además, que los miembros del ayuntamiento tengan oportunidad de rendir pruebas y ofrecer alegatos.
12. El legislador de Morelos no tiene atribuciones para establecer otro mecanismo de destitución distinto al previsto en el artículo 115 constitucional, al ser una facultad exclusiva del Constituyente Permanente, por lo que el contenido del artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa es inconstitucional.
13. Además, en los artículos 108 y 109 de la Constitución General, que prevén el juicio político como mecanismo sancionador aplicable a los funcionarios de los ayuntamientos, el Constituyente Permanente se reservó para su competencia exclusiva el establecimiento de los procedimientos que sancionen a través de la revocación, destitución o separación de los integrantes de los ayuntamientos.
14. Si bien es cierto que en los procedimientos constitucionales señalados hay una delegación normativa a los estados, ésta se circunscribe a reglamentar y, en algunos casos, ejecutar los procedimientos, pero no se delegó la potestad para que el Congreso local estableciera un nuevo mecanismo. Incluso, en el artículo 116 constitucional no se prevé la asignación a los Estados de la competencia para legislar en mecanismos de revocación de mandato o destitución de los integrantes del Municipio. En consecuencia, otro mecanismo contenido en la legislación local tendente a separar o suspender de sus funciones a un miembro del ayuntamiento, invade las atribuciones constitucionales del Constituyente Permanente.
15. La supuesta falta de cumplimiento a una sentencia no actualiza ninguna de las hipótesis consideradas como graves en la Constitución Federal, por lo que la sanción de destitución es excesiva. En todo caso, al no tratarse de una falta grave, el legislador tuvo que optar por una sanción administrativa adecuada y proporcional.
16. En este sentido, las causas de destitución de los miembros de los ayuntamientos se encuentran previstas en los artículos 134, 137 y 141 de la Constitución local, así como en el artículo 10 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que la ampliación de causales establecida en la Ley de Justicia Administrativa es inconstitucional.
17. De esta manera, los preceptos impugnados, así como la interpretación y aplicación en el caso concreto que le asignó el Tribunal de Justicia Administrativa soslayaron los derechos de audiencia y debido proceso, así como la permanencia e inamovilidad del cargo del Presidente Municipal.
18. II. El acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete y la sentencia interlocutoria dictada en el incidente no especificado son inválidos por aplicar indebidamente el contenido del artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa.
19. En efecto, el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa interpretó de forma equivocada la ley, que establece que sea el Pleno del Tribunal el que tome la decisión de destituir a los servidores públicos electos popularmente, lo que no aconteció, generando un agravio al Ayuntamiento e incurriendo en abuso de autoridad.
20. De acuerdo con el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, deben cumplirse las formalidades esenciales del debido proceso de manera previa a cualquier acto privativo de la autoridad, so pena de que el acto esté viciado. En este sentido, el Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa no cuenta con atribuciones para destituir a servidores públicos elegidos democráticamente, ya que la interpretación equivocada que se realiza de los artículos 11, fracción V, y 91 de la Ley de Justicia Administrativa vulnera la autonomía municipal; en todo caso, el Magistrado tenía la obligación de proponer la medida al Pleno del tribunal para que, de ser el caso, tramitara lo correspondiente a la instancia competente conforme al artículo 115, fracción I, constitucional.
21. Los actos impugnados violan el artículo 16 de la Constitución Federal porque carecen de fundamentación y motivación. La destitución e inhabilitación de los integrantes del ayuntamiento debió aplicarse con base en las reglas previstas en la Constitución, correspondiendo al Congreso local decretar esas medidas.
22. Además, el Magistrado decretó de forma unilateral el acuerdo combatido en evidente abuso de autoridad. Incluso se advierte una contradicción en el contenido de los artículos combatidos, pues el artículo 11, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa señala que, en caso de destitución de los servidores públicos elegidos democráticamente, se debe remitir a la normativa aplicable, lo que debe interpretarse en el sentido de que el Tribunal debe analizar de forma integral el derecho positivo, en particular, el artículo 115 constitucional.
23. Como consecuencia de lo anterior, no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento previstas en los artículos 115 constitucional y 41 de la Constitución del Estado de Morelos, lo que incide en la integración del Municipio actor.
24. La falta de cumplimiento de una sentencia no actualiza alguna de las causas graves previstas en la legislación local para la procedencia de la destitución, por lo que los actos impugnados son excesivos. Los supuestos de causas graves consisten en faltas en que el servidor público haya incurrido en contra de la ciudadanía que representa, por los que un incumplimiento parcial de un laudo no puede considerarse como causa grave, más aun cuando sólo incide en derechos individuales que no trascienden a la desestabilización del funcionamiento del Municipio; por ello, los preceptos impugnados son inconstitucionales.
25. Por otra parte, las sanciones previstas en los artículos impugnados guardan estrecha relación con las penas, por ser consecuencias jurídicas frente a una conducta antijurídica. En este sentido, resultan aplicables al derecho administrativo sancionador los principios que rigen el derecho penal, entre ellos, el principio de legalidad, el de personalidad de la responsabilidad y la pena, así como el principio de humanización de la pena; sin embargo, en el caso, las medidas impugnadas son excesivas e invaden el ámbito de atribuciones del Congreso Local.
26. Conforme al principio de legalidad, la sanción debe analizarse con base en la conducta y la sanción, lo cual no fue realizado, pues si bien la Ley de Justicia Administrativa contempla un catálogo de medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de la autoridad jurisdiccional, lo cierto es que las medidas están supeditadas a que se efectúen bajo los procedimientos previstos en la ley y justificando su aplicación, máxime cuando se trata de servidores públicos electos democráticamente.
27. La sanción impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa no está correctamente individualizada, pues no se advierte que el juzgador haya realizado un juicio de proporcionalidad y razonabilidad en el que justifique la aplicación de la medida, por lo que debe anularse. Por esta razón, el artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa es inconstitucional, porque no limita la libre apreciación de la autoridad jurisdiccional para determinar el motivo de la destitución de inhabilitación, contraviniendo las garantías de legalidad y seguridad jurídicas previstas en el artículo 16 de la Constitución Federal.
28. Conforme a los principios de supremacía constitucional y de jerarquía normativa, si las leyes expedidas por las legislaturas locales resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar aquéllos.
29. CUARTO. Artículos constitucionales señalados como violados. El Municipio actor expone que se contravienen los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
30. QUINTO. Trámite de la controversia. Por acuerdo de cinco de enero de dos mil dieciocho, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 3/2018; asimismo, ordenó turnarla al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.
31. Posteriormente, mediante proveído de diez de enero de dos mil dieciocho, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda y, entre otras cuestiones, ordenó emplazar como demandados a los poderes Ejecutivo y Legislativo, al Secretario de Gobierno, así como al Tribunal de Justicia Administrativa, todos del Estado de Morelos; asimismo, dio vista al Procurador General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
32. SEXTO. Contestación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho en la oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Alberto Estrada Cuevas, en su carácter de Presidente del Justicia Administrativa del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda de controversia constitucional, respecto de la cual manifestó que:
33. - Deben desestimarse los argumentos dirigidos a combatir el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, pues en él únicamente se dio razón sobre la presentación de la síndica del Municipio, de sus manifestaciones para justificar el incumplimiento de la sentencia y se turnó el incidente para su resolución, lo que no supone perjuicio al Municipio actor.
34. – Es cierto que el Magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa dictó la resolución interlocutoria impugnada, en la que se decretó la destitución e inhabilitación de los miembros del Ayuntamiento; sin embargo, ese acto no afecta el funcionamiento del Municipio, pues los sancionados serán sustituidos por sus suplentes.
35. – La resolución interlocutoria impugnada se fundamentó en el artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa, que prevé el procedimiento para la ejecución forzosa de sentencias. El artículo 11 de dicho ordenamiento no resulta aplicable a tal procedimiento, pues regula los medios de apremio y medidas disciplinarias y, en términos del artículo quinto transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, el cumplimiento y ejecución de sentencias se llevará a cabo conforme a la nueva Ley de Justicia Administrativa. En ese sentido, la tramitación del juicio administrativo TJA/3aS/212/2016, se rige bajo las reglas de la anterior ley.
36. – El artículo 91 de la Ley de Justicia Administrativa establece el procedimiento de ejecución de sentencias, otorgando a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa la atribución de decretar la destitución e inhabilitación de los servidores públicos que desacaten un fallo, por ello no hay invasión competencial alguna, ni se afectó el derecho de audiencia del Municipio actor.
37. – No resulta posible una invasión a la esfera competencial del Congreso local, en virtud de que la Ley de Justicia Administrativa es una creación de esa autoridad, mientras que la aplicación por parte de la autoridad jurisdiccional se realizó conforme a lo establecido en la ley, por lo que es imposible que el Congreso invada su propia competencia en torno a los procedimientos de desaparición y suspensión de ayuntamientos.
38. – El acto impugnado no transgrede el artículo 115 constitucional porque la sanción derivada del desacato es un procedimiento distinto a la figura de desaparición de ayuntamientos, que sólo comparten la finalidad se separar a los miembros del ayuntamiento. Esa situación también se presenta en el incidente de inejecución de sentencia en el juicio de amparo, en el juicio político y en la inhabilitación de servidores públicos que incurren en faltas graves en materia de responsabilidad administrativa.
39. – Lo que en todo caso existe es la colisión de dos preceptos constitucionales: el artículo 17 que garantiza la tutela judicial efectiva y el 115 que protege la integración del Ayuntamiento, problema que no ha sido resuelto por el Alto Tribunal.
40. – De las constancias del expediente se advierte que, contrario a lo manifestado por el Municipio actor, los integrantes del Ayuntamiento sí tuvieron conocimiento de la sentencia y de los múltiples requerimientos tendentes a exigir su cumplimiento.
41. – La resolución combatida no puede regirse conforme a los principios del derecho administrativo sancionador, pues la destitución decretada no guarda identidad con algún procedimiento administrativo disciplinario.
42. – Debe sobreseerse en la controversia constitucional, pues: a) no hay agravio al Ayuntamiento de Cuernavaca por falta de invasión de esferas competenciales; b) se combate una resolución jurisdiccional, que deriva del incumplimiento de una sentencia; y, c) la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los tribunales administrativos carecen de legitimación activa para promover controversia constitucional, por lo que tampoco pueden ser autoridades demandadas en ese proceso constitucional.
43. SÉPTIMO. Contestación de la demanda del Poder Legislativo del Estado de Veracruz. A través de escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Beatriz Vicera Alatriste, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, contestó la demanda manifestando lo siguiente:
44. I. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ser extemporánea la presentación de la demanda.
45. II. El Congreso local tiene competencia para expedir la ley combatida, de acuerdo con los artículos 116, fracción V, de la Constitución Federal, así como 40, fracción II, y 109 Bis de la Constitución del Estado de Morelos.
46. No existen violaciones al proceso de creación de la norma, ni se transgredieron los principios de seguridad jurídica y deliberación parlamentaria en el proceso legislativo.
47. Los artículos impugnados prevén un régimen de medidas de apremio destinado a hacer efectivas las determinaciones del Tribunal de Justicia Administrativa, con lo que se pretende satisfacer el derecho de acceso a la tutela judicial de acuerdo con el artículo 17 constitucional, esto es, persigue una finalidad constitucionalmente válida.
48. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la constitucionalidad del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que contempla como medida de apremio la destitución por desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, ha sostenido que esa disposición no resulta aplicable a los integrantes del ayuntamiento por virtud de lo establecido en el artículo 115 constitucional; sin embargo, ello no impide que la norma impugnada se aplique a los servidores públicos que sean parte en los juicios administrativos y quiene
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200671-7904e762/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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