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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, AUN CUANDO SE ALEGUE INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES, SI ÚNICAMENTE SE ESGRIMEN ARGUMENTOS DE LEGALIDAD (SENTENCIA DE VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN EN EL EXPEDIENTE TEEM-JDC-011/2017).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 237/2017. · Registro digital (IUS): 200457
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE QUIROGA, MICHOACÁN.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 237/2017. MUNICIPIO DE QUIROGA, MICHOACÁN. 14 DE NOVIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA (PONENTE) Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE ESTA PRIMERA SALA, QUIEN VOTÓ CON EL SENTIDO, PERO EN CONTRA DE LAS CONSIDERACIONES. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de noviembre de dos mil dieciocho, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 237/2017, promovida por el Síndico del Municipio de Quiroga, Michoacán de Ocampo, en contra del Tribunal Electoral de esa entidad federativa.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL ASUNTO

1. Promoción de la demanda. El veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, el citado síndico municipal presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación(1) una controversia constitucional en la que impugnó el procedimiento relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales; en concreto, la sentencia de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente TEEM-JDC-011/2017, en la que se le condenó, de manera indebida, a entregar ciertos recursos económicos a la Comunidad de Santa Fe de la Laguna para su manejo directo, tras un proceso de consulta previa.

2. A decir del municipio, entre otras muchas razones, la sentencia ocasiona una invasión competencial, pues de conformidad con lo previsto en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal (que contempla los principios de autonomía municipal, libre disposición de su hacienda y ejercicio directo de su presupuesto), el Ayuntamiento es el único que tiene atribuciones para ejercer directamente su presupuesto y no se le puede obligar a transferirlo a una comunidad indígena inmersa en su territorio.

3. Antecedentes. El Municipio actor refirió, como antecedentes del acto impugnado, que mediante escrito presentado ante la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Quiroga, Michoacán de Ocampo, diversas autoridades comunales de la Comunidad Indígena de Santa Fe de la Laguna interpusieron un juicio para la protección de los derechos político-electorales en contra del municipio. El acto impugnado en el mencionado juicio consistió en la resolución de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, en la que municipio resolvió en sentido negativo la petición de la comunidad indígena para que éste realizara la transferencia de recursos económicos públicos, junto con las atribuciones y responsabilidades que éstos conllevan, en razón de un criterio poblacional.

4. Tras recibirse la demanda, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán admitió el juicio y lo registró con el número TEEM-JDC-011/2017. Seguido el trámite, el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el sentido de ordenar al Ayuntamiento de Quiroga organizar un proceso de consulta con la comunidad indígena, en donde se definieran los elementos cualitativos y cuantitativos relacionados con la transferencia de los recursos públicos solicitados, de conformidad con el criterio de proporcionalidad poblacional en relación al total de habitantes del municipio y siguiendo el criterio de equidad; para que, una vez hecho lo anterior, en un plazo no mayor de tres días hábiles, se convocara a sesión extraordinaria del Cabildo a fin de realizar la entrega de los recursos convenidos de manera directa a la Comunidad.

5. Trámite e instrucción. Recibida la demanda de controversia constitucional, por auto de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Presidente de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar el presente asunto bajo el expediente 237/2017, así como designar al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento, según el turno correspondiente.(2)

6. Subsecuentemente, por acuerdo de trece de septiembre,(3) el Ministro Instructor dio cuenta del asunto, tuvo por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, la designación de delegados y admitió la demanda. Al respecto, en dicho proveído se precisó que no se pasaba por alto que el Municipio actor promovía la controversia con el objeto de reclamar la resolución dictada por el Tribunal Electoral de Michoacán de Ocampo en un juicio electoral local y que, era criterio retirado de esta Suprema Corte, que las controversias constitucionales no puede ser utilizada para cuestionar una resolución jurisdiccional; sin embargo, se aclaró que, al estarse en la etapa de instrucción y dadas las peculiaridades del asunto, al advertirse que el municipio actor aducía una supuesta transgresión al artículo 115 constitucional, lo que procedía era dar trámite a la demanda al no actualizarse de manera manifiesta e indudable la aludida improcedencia; sin que ello afectara la valoración de tal aspecto en la sentencia de fondo.

7. En el mismo acuerdo se consideró como demandado al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo (emplazándosele con copia simple de la demanda y sus anexos para que, por conducto de la persona que lo representara, manifestara lo que a su interés legal conviniera) y se tuvo como tercero interesado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dándosele vista con copia simple del escrito de demanda y anexos para que, por conducto de la Sala Superior, manifestara lo que a su derecho conviniera. Además, se requirió a la Procuraduría General de la República para que también, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestara lo que a su representación conviniera y, por último, respecto a la solicitud de suspensión realizada por la promovente, se determinó formar el cuaderno incidental respectivo.(4)

8. Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, el síndico municipal sostuvo los siguientes razonamientos en ocho conceptos de invalidez:

a) PRIMERO. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, al emitir la sentencia, vulneró el principio de división de poderes y distribución de competencias previsto en los artículos 49 y 116 constitucionales, pues al imponer una obligación al ayuntamiento –la transferencia de los recursos para manejo directo a la comunidad indígena de Santa Fe de Laguna– se constituyó en legislador al derogar con los respectivos resolutivos la potestad que se establece en favor de los Ayuntamientos de manejar libre y directamente su hacienda municipal.

b) Se explica que el artículo 115, fracción IV, constitucional reglamenta la autonomía municipal, la libre disposición de su hacienda y el ejercicio directo de su presupuesto, principios que fueron vulnerados. A su juicio, la autoridad local electoral, de carácter administrativo o jurisdiccional no puede efectuar modificaciones a la Constitución Federal o interpretaciones que la contradigan.

c) El principio de división de poderes implica una distribución de funciones hacia uno u otro de los Poderes del Estado. En ese sentido, si se provoca un desempeño incorrecto o deficiente de uno de los Poderes de una entidad federativa se vulnera el mencionado principio. Cita como sustento la tesis de rubro: DIVISIÓN DE PODERES A NIVEL LOCAL. DICHO PRINCIPIO SE TRANSGREDE SI CON MOTIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES ESTABLECIDAS POR EL LEGISLADOR, SE PROVOCA UN DEFICIENTE O INCORRECTO DESEMPEÑO DE UNO DE LOS PODERES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA RESPECTIVA

d) SEGUNDO. El acto que se reclama viola en su perjuicio el régimen de distribución de competencias establecido en la Constitución, ya que desconoce el contenido de la fracción IV del artículo 115 constitucional en relación con la autonomía municipal y la libre administración municipal.

e) Enfatiza que la controversia es procedente, toda vez que el acto a invalidar plantea un conflicto en la interpretación de dos artículos de la Constitución; a saber, los artículos 2º y 115 de la Constitución Federal. Lo anterior, pues la interpretación que hace la autoridad demandada del artículo 2º desconoce el contenido del artículo 115 constitucional, al establecer como una obligación transferir los recursos federales que le son asignados a una comunidad indígena para que sean administrados por ella de forma directa. Desde su perspectiva, el artículo 115 prevé una facultad potestativa para los Ayuntamientos en el sentido de que se pueden conceder a otras personas el manejo de recursos públicos; no obstante, esto debe derivar de una decisión tomada libremente por el Ayuntamiento y no como una obligación.

f) Al respecto, se detalla que el artículo 115 constitucional establece diversos principios, derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributario a favor de los municipios para el fortalecimiento de su autonomía a nivel constitucional, los cuales son: i) el principio de libre administración de la hacienda municipal; ii) el principio de ejercicio directo del ayuntamiento de los recursos que integran la hacienda pública municipal; iii) el principio de integridad de los recursos municipales; iv) el derecho de los municipios a percibir las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; v) el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales; vi) la facultad constitucional de los ayuntamientos para que propongan a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y tablas de valores unitarios de suelo construcciones, y vii) la facultad de las legislaturas estatales para aprobar las leyes de ingresos de los municipios.

g) Estos principios fueron desconocidos por el tribunal responsable al emitir la sentencia que constituye el acto reclamado, ya que sin sustento alguno se determinó imponer al Ayuntamiento la obligación de transferir los recursos económicos pertenecientes a la hacienda municipal a la Comunidad Indígena de Santa Fe de la Laguna, bajo el argumento de que le corresponden conforme al artículo 2° constitucional, pero desconociendo así la autonomía municipal en el manejo libre y directo de su hacienda y patrimonio.

h) TERCERO. El acto cuestionado violenta el artículo 115, fracción II, inciso b), en relación con el 121, ambos de la Constitución Federal. Ello, dado que la obligación impuesta a partir de la decisión del Tribunal Electoral tendría repercusión no solo en el periodo actual del Ayuntamiento, sino también a las administraciones venideras municipales (lo que requiere de un mandato legal expreso, el cual no existe). Además, la transferencia de los recursos económicos representaría un deterioro de su capacidad operativa y de funcionalidad dado que la reducción del presupuesto redundaría en el ajuste al gasto público, en perjuicio de las obras sociales programadas.

i) CUARTO. El acto de autoridad transgrede los artículos 111, 112 y 115 de la Constitución Federal, porque implicaría desconocer el régimen constitucional que se compone de varios órdenes jurídicos (el federal, estatal y municipal) y tendría los efectos de una escisión de la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, dado que la independencia económica y financiera que representa la entrega de los recursos públicos así decretada conlleva a que dicha comunidad ejerza las demás funciones y servicios propios del Ayuntamiento. Tal cuestión supondría la creación de nuevos ayuntamientos, facultad que no corresponde al Tribunal Electoral, sino al Poder Legislativo Local; aspecto que no se tomó en consideración en la sentencia reclamada.

j) Si bien el mandato constitucional previsto en el artículo 2º implica integrar a la vida política, económica, y cultural de los pueblos indígenas, ello no significa la separación o segregación de los mismos en aras de una autodeterminación y autogobierno que los margine aún mas y los aísle dentro de su territorio, que es lo que sucedería con la aplicación de la sentencia. La independencia económica, en relación con el municipio al que pertenecen conllevaría la asunción de funciones y actividades inherentes a la administración municipal, mismos que ya no podrían exigirse al municipio. De pretenderlo así, se estaría generando un doble cargo a la administración municipal, en perjuicio de su hacienda, de su operatividad y del resto de la población del municipio.

k) QUINTO. La sentencia vulnera los principios de fundamentación y motivación establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues al mandatar la transferencia de los recursos se efectúe solamente considerando el índice poblacional, atenta contra las reglas de operación y cálculo de las aportaciones federales, máxime que la comunidad que se pretende beneficiar con el manejo directo de los recursos no contribuye a la capacidad recaudatoria del Municipio. Lo anterior es así, dado que no genera ingreso alguno al Municipio y resulta inequitativo suponer que en razón del acto reclamado se deba distribuir el presupuesto del Municipio a la comunidad indígena que no contribuyó.

l) Así, la determinación reclamada invade la esfera competencial de la Federación al imponer al ayuntamiento la transferencia de recursos Federales a un tercero, pues determinar cualquier circunstancia inherente a los aspectos que regula la Ley de Coordinación Fiscal es facultad exclusiva de la Federación.

m) SEXTO. La sentencia no se fundamentó ni motivó la razón subyacente a señalar como parámetro de distribución de los recursos a transferir el índice poblacional. Consecuentemente, el fallo no precisa los rubros, conceptos o recursos que integran la hacienda municipal de los que habría hacerse la deducción del porcentaje respectivo y, con ello, proceder a la transferencia de los mismos a la comunidad indígena.

n) En ese sentido, aunque la autoridad determinó una obligación respecto de recursos de diversa procedencia; a saber, aportaciones, participaciones federales y estatales, recursos propios municipales; sin embargo, no tomó en cuenta la manera de cómo se integra la hacienda municipal, lo que implica un exceso en las atribuciones de resolución de la responsable. Sin que pueda pasarse por alto que varios recursos son de carácter federal y no el tribunal no tiene competencias para afectarlos.

o) SÉPTIMO. La sentencia resulta inconstitucional pues la autoridad llevó a cabo un procedimiento sin tener competencia para conocerlo, vulnerando así los principios de legalidad, seguridad jurídica y de acceso e impartición de justicia pronta, cabal y expedita en agravio del Ayuntamiento. Además, de que el asunto del conocimiento del Tribunal Electoral no es de naturaleza electoral.

p) Los artículos 73 y 74 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo prevén hipótesis referentes a la salvaguarda del derecho político de votar y por ende, trata de aspectos relacionados con instrumentos para que el ciudadano pueda ejercer el sufragio, así como cuestiones relacionadas con vulneraciones al derecho de asociación política. Derechos que no fueron motivo del procedimiento que siguió y resolvió la responsable en el acto reclamado que hoy se tilda de inconstitucional.

k) Del análisis de los artículos que prevén la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales no se desprende que tenga competencia alguna para resolver sobre una petición de traspaso y entrega de recursos públicos como es el caso. Por el contrario, del contenido de la respuesta a la solicitud realizada por la comunidad indígena se advierte que se trata de un acto o resolución administrativa y, por ello, debió ser un tribunal de esta naturaleza quien debía conocer de la demanda y no el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

r) OCTAVO. Por último, se aduce que el acto reclamado atenta contra el patrimonio del Ayuntamiento toda vez que, al ordenar el traspaso y entrega de presupuesto que le corresponde y que integran su hacienda municipal, dejará de estar en posibilidad de cumplir con los servicios públicos que por mandato constitucional le corresponden prestar.

9. Por su parte, cabe destacar que por medio de escrito recibido el cinco de octubre de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, diversos individuos –que se ostentaron como autoridades Civiles, Comunales y Tradicionales de la Comunidad indígena Purépecha de Santa Fe de la Laguna, Municipio de Quiroga, Michoacán– solicitaron a esta Suprema Corte se les reconociera el carácter de terceros interesados en la controversia. Además, en relación con lo sostenido por el municipio actor, se expuso lo siguiente:(5)

a) La sentencia dictada por el Tribunal Electoral es una decisión tomada con plena competencia pues se trata de un asunto de derechos político electorales, tales como el derecho a la libre determinación, autonomía y autogobierno.

b) El derecho reclamado por la comunidad es un derecho político tendiente a garantizar a las comunidades indígenas el derecho a la participación política en los asuntos del Estado. Así, el derecho a recibir la parte proporcional del presupuesto público municipal que les corresponde está configurado como un derecho político en tanto que se encuentra contemplado dentro de los alcances de los derechos a la libre determinación, autonomía y autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas.

c) El derecho de los pueblos indígenas a determinar y mantener sus instituciones económicas está íntimamente vinculado con el reconocimiento de su libertad para establecer los elementos prioritarios para su desarrollo.

d) El ejercicio del derecho a la libre determinación no supone una independencia o autonomía del Estado sino que es una expresión de su pluriculturalidad pues se reconocen otras formas de organización política, social, cultural y económica. Así, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha reconocido que el derecho a la libre determinación incluye un amplio espectro de condiciones que deben garantizarse a los pueblos indígenas para mantener su particularidad cultural, en aras de que ésta no se vea vulnerada por prácticas homogeinizantes y discriminatorias. Tal criterio se advierte de la tesis: COMUNIDAD INDÍGENAS. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL DERECHO DE AUTOGOBIERNO

e) En ese mismo sentido, la Sala Superior ha señalado que el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas trasciende al mero acto de elegir representantes, sino que implica una serie de dimensiones más amplias, tales como el derecho de las comunidades indígenas a un desarrollo propio, gestionado desde sus propias formas de organización, así como la generación de mecanismos de participación política efectiva de las comunidades en la vida del Estado mexicano.

f) Por otro lado, se argumenta que la controversia es improcedente, toda vez que su contenido tiene la categoría de cosa juzgada en materia electoral al no existir ningún recurso por el que pueda ser atacada. Además, señala que el asunto es de naturaleza político-electoral y por lo tanto, al ser la controversia constitucional un recurso de control de constitucionalidad, debe ser considerada como improcedente.

g) Finalmente, se aclara que no existe conculcación en las atribuciones y competencias del Ayuntamiento de Quiroga, puesto que el Tribunal electoral reconoció que el municipio actor está obligado a promover mecanismos de participación política efectiva para la comunidad de Santa Fe de la Laguna, entre ellos, la posibilidad de que puedan administrar los recursos públicos que le corresponden.

10. Recibido este escrito, por medio de acuerdo de once de octubre de dos mil diecisiete, el Ministro Instructor determinó negar el reconocimiento de carácter de terceros interesados a los diversos integrantes de la Comunidad de Santa Fe de la Laguna en razón de que consideró que carecían de legitimación para ser parte del asunto.

11. Contestación de la demanda. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, a través de su Magistrado Presidente, mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte,(6) señaló lo que sigue en relación a la procedencia de la controversia y a los conceptos de invalidez planteados en la demanda:

Aspectos procesales

a) La controversia constitucional debe declararse improcedente en razón de que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, en relación con el 20, fracción II, y 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia. Lo anterior, pues la controversia constitucional fue presentada de forma extemporánea. El acto controvertido, la sentencia emitida por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado en sesión de veintiséis de junio del dos mil diecisiete, fue notificada al Ayuntamiento de Quiroga Michoacán y al Secretario del mismo el veintiocho de junio siguiente; así, el plazo de treinta días para promover la controversia transcurrió del veintinueve de junio al veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. No obstante, la demanda fue presentada el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, quedando claro que feneció el plazo y por ende, debe declararse que su presentación fue extemporánea.

b) En segundo lugar, señala que la controversia es improcedente, debido a que hace valer la invalidez de una resolución jurisdiccional en estricto sentido y lo que se reclama son las consideraciones de fondo que se sostienen en ella. Enfatiza que si bien la parte actora realiza planteamientos sobre el tema competenciales, lo que en esencia controvierte las razones y fundamentos que sustentan el fondo de la decisión plasmada en la sentencia, así como sus efectos y alcances.

c) Por otro lado, agrega que se actualiza una tercera causal de improcedencia consistente en que la resolución jurisdiccional reclamada fue revisada en su constitucionalidad y legalidad a través de los recursos previstos en el artículo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral hasta su última instancia constitucional, en la que se instituye a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral.

d) Establece que el Tribunal Electoral del Estado resolvió el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que instaron autoridades civiles y tradicionales, así como miembros de la comunidad indígena, y una vez agotada la cadena impugnativa que inició en el Tribunal, se concluyó con la ejecutoria pronunciada por la Sala. Enfatiza que la ejecutoria de la Sala Superior es definitiva e inatacable al provenir de la máxima autoridad jurisdiccional en la materia.

e) Por ende, señala que no puede alegarse la invalidez de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral Local cuando el fallo impugnado fue revisado e incluso modificado mediante el dictado de diversas sentencias por las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

f) Al respecto, relata que la sentencia impugnada en la presente controversia, que derivó de un juicio para la protección de derechos político-electoral local TEEM-JDC-011/2017, fue dictada el veintiséis de junio de dos mil diecisiete por el Tribunal Electoral Estatal. En su contra, ciertas personas pertenecientes a la aludida comunidad indígena presentaron una demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y los representantes del Ayuntamiento (demandado en el juicio electoral local) interpusieron un juicio innominado.

g) La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conoció de dichas impugnaciones y los registró con los números de expediente ST-JDC-143/2017 y ST-JE-12/2017. Tras su acumulación, el veinte de julio de dos mil diecisiete, la Sala Regional determinó sobreseer el juicio promovido por el síndico municipal y entrar al estudio del otro recurso, modificando la sentencia impugnada para que el Instituto Electoral del Estado de Michoacán organizara una consulta previa e informada con la referida comunidad indígena, a fin de que se definieran los elementos cuantitativos y cualitativos respecto a la transferencia de los recursos públicos solicitados por dicha comunidad de conformidad con el criterio de proporcionalidad poblacional y de equidad.

h) En desacuerdo con dicha resolución, los promoventes del juicio de protección de derechos plantaron un recurso de reconsideración. La Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación admitió el medio de defensa, lo registró con la clave SUP-REC-1272/2017 y, por sentencia de seis de septiembre, se decidió modificar el fallo para que la consulta ordenada por la Sala Regional se realizara pero a través de las autoridades tradicionales de la citada comunidad y no a través de la Asamblea General de esa Comunidad de Santa Fe de la Laguna.

i) Por ende, el Tribunal Electoral Local argumenta que no es posible pretender la invalidez de la sentencia reclamada, dado que ese fallo ya fue revisado e, incluso, modificado en última instancia por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que lleva a su vez a tomar en cuenta que es criterio de esta Suprema Corte (derivado de la controversia constitucional 32/2016) que las resoluciones emitidas por la Sala Superior, al ser la máxima autoridad en la materia, son definitivas e inatacables.

Aspectos de fondo expuesto ad cautelam

a) Respecto al concepto de invalidez en el que se sostuvo que la resolución jurisdiccional vulnera los artículos 49 y 116 constitucionales pues, a decir del actor, el Tribunal electoral se constituyó en legislador, derogando la potestad que se establece a favor de los ayuntamientos de manejar libre y directamente su hacienda municipal, señaló lo siguiente.

b) Enfatizó que el Tribunal Electoral actuó en ejercicio de su función jurisdiccional, ya que conoció de un asunto promovido por miembros de una comunidad que se auto-adscribieron como indígenas pertenecientes al pueblo purépecha de Santa Fe de la Laguna, Municipio de Quiroga Michoacán en el que reclamaron violación a su derecho político-electoral a la libre determinación y autogobierno, vinculado con el acceso efectivo a la participación política, mediante la administración directa de los recursos públicos del municipio que proporcionalmente les corresponden.

c) Añade que el reconocimiento de los derechos de autodeterminación, autonomía y autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas, supone garantizar un mínimo de derecho, entre ellos, los previstos en el numeral 2°, Apartado B, fracción I, constitucional, consistentes en determinar su condición política y perseguir libremente su desarrollo integral, así como administrar directamente las asignaciones presupuestales que autoridades municipales deberán determinar equitativamente, en el contexto de la legislación aplicable.

d) Por tanto, si bien es cierto que, por mandato constitucional corresponde a los Ayuntamientos ejercer la hacienda municipal, también es válido que puedan autorizar para que otra entidad o persona de derecho público pueda hacerlo, lo cual no violenta el principio de autonomía municipal.

e) Señala que la Sala ha establecido que de una interpretación sistemática de los artículos 2° y 115 de la Constitución se consagra implícitamente el principio de integridad de los recursos económicos municipales, en el sentido de que el municipio está dotado de un régimen competencial propio y exclusivo, de manera que los ayuntamientos son quienes pueden autorizar que otro sujeto de derecho, ejerza directamente los recursos que integran la hacienda municipal.

f) En ese sentido, sostiene que el Tribunal electoral consideró que cuando una comunidad indígena solicita la disposición directa de recursos públicos, las autoridades municipales no indígenas deben tomar las medidas necesarias para que, en cooperación y en consulta con las propias comunidades, adopten las medidas necesarias para garantizar y materializar su derecho a la autodeterminación, autonomía y autogobierno dentro del esquema legal respectivo.

g) Sobre ese tema, cita como sustento el recurso de reconsideración SUP-REC-1272/2017 en el que se reconoció que, de conformidad con el artículo 2°, Apartado B, fracción I, de la Constitución Federal, las autoridades municipales tienen la obligación directa de determinar equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades indígenas administrarán directamente para fines específicos. Además, se sostuvo que la noción de municipio libre debe armonizarse con el derecho a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas que lo integran en el contexto de cada régimen municipal diferenciado y del ejercicio de la autonomía, a través de los mecanismos del diálogo, la cooperación y la consulta previa.

h) Por otro lado, se puntualizó que el Estado de Michoacán reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como personas morales, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En esa medida, las autoridades municipales tienen el deber constitucional de determinar equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos. Acorde a ello, la Federación y las entidades federativas así como los municipios deben determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y su desarrollo integral.

i) Respecto del segundo concepto de invalidez, relacionado con que en la sentencia se dio prevalencia al artículo 2° constitucional por sobre al diverso 115 del mism

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200457-fcce55bd/i-controversia-constitucional-no-es-la-via-idonea · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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