I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SÍNDICA DEL MUNICIPIO DE LOS REYES, ESTADO DE MICHOACÁN, ESTÁ FACULTADA PARA PRESENTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE ESTE ENTE. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA EN AQUÉLLA, PUES EMITE RESOLUCIONES CON PLENA AUTONOMÍA. IV. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES (SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO TEEM-JDC-028/2019, Y DE LA QUE RESOLVIÓ EL INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE DICHA SENTENCIA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE PROCEDA EXCEPCIONALMENTE CONTRA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, EL ACTOR DEBE OSTENTARSE COMO FACULTADO PARA DIRIMIR EL PROBLEMA JURÍDICO QUE CONOCIÓ SU CONTRAPARTE (SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO TEEM-JDC-028/2019, Y DE LA QUE RESOLVIÓ EL INCIDENTE DE ACLARACIÓN DE DICHA SENTENCIA).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 273/2019. MUNICIPIO DE LOS REYES, ESTADO DE MICHOACÁN. 26 DE ABRIL DE 2021. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al veintiséis de abril de dos mil veintiuno.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de julio de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Leticia Piceno Cendejas, ostentándose como síndico del Municipio de Los Reyes, Estado de Michoacán de Ocampo, promovió controversia constitucional en la que demandó al Tribunal Electoral de dicha entidad federativa.
SEGUNDO.—Acto impugnado. En su demanda, el Municipio actor señaló como acto impugnado lo que a continuación se transcribe:
"IV. Acto cuya invalidez se demanda.
"IV.1 Del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, se demanda la invalidez del procedimiento relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, instado por los habitantes de la población de San Benito Palermo, anexo de la Tenencia de Pamatácuaro, Municipio de Los Reyes, Michoacán, a través de sus representantes y autoridades tradicionales, registrado con el número TEEM-JDC-028/2019.
"IV.2 En consecuencia, se demanda la invalidez de la sentencia de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, pronunciada dentro del expediente TEEM-JDC-028/2019, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, instado por los habitantes de la población de San Benito Palermo, anexo de la Tenencia de Pamatácuaro, Municipio de Los Reyes, Michoacán, misma que ordenó al Ayuntamiento de Los Reyes, Michoacán, la entrega y el traspaso de los recursos económicos que le corresponden a dicha comunidad, integrantes del patrimonio y haciendas municipales, para ser administrados directamente por esa comunidad, para efectos precisados en la resolución de mérito.
"IV.3 Asimismo, se demanda la invalidez de la resolución de fecha cinco de julio de dos mil diecinueve, dictada dentro del cuadernillo de aclaración de sentencia, derivado del expediente TEEM-JDC-028/2019, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, instado por los habitantes de la población de San Benito Palermo, anexo de la Tenencia de Pamatácuaro, Municipio de Los Reyes, Michoacán, misma que desechó la aclaración de sentencia promovida por mi representado: ..."
TERCERO.—Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, el Municipio actor hace valer, en síntesis, lo siguiente:
• Primero. La resolución impugnada es contraria a los artículos 1o., 2o., 14, 16, 115, 126 y 134 de la Constitución Federal; 123 de la Constitución del Estado de Michoacán; y 122 de la ley orgánica municipal de dicha entidad federativa, ya que violenta el principio de división de poderes, así como el derecho a la autonomía y el libre ejercicio de la hacienda pública y patrimonio del Municipio actor, en la medida en que su resultando quinto ordena al Ayuntamiento de Los Reyes, Michoacán, que, una vez realizado el proceso de consulta, realice los actos necesarios para la entrega de los recursos, por lo que deberá celebrar sesión de Cabildo con ese fin.
• El principio de autonomía en la gestión presupuestal del Municipio tiene como fundamento lo dispuesto en el artículo 115 constitucional, puesto que en él se estatuye la garantía del libre ejercicio de la hacienda pública y patrimonio municipal, lo que difícilmente puede cumplirse si no existe autonomía presupuestal y se le deja a salvo la facultad para celebrar convenios con terceros para la prestación de servicios públicos y, en su caso, administrar parte de los recursos que integra su hacienda municipal.
• La resolución impugnada violenta estos principios, ya que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán "ordena" que el cien por ciento de los recursos públicos que le corresponden a la población de San Benito Palermo sean administrados en forma directa por un Concejo Comunal, quienes además fueron elegidos únicamente por el equivalente al 60% de dicha población; lo que constituye una clara intromisión en el ámbito de competencia del Municipio actor, al inmiscuirse en el manejo del presupuesto autorizado, así como en la hacienda municipal.
• Si bien es cierto que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán es competente para conocer y resolver del juicio ciudadano del que derivó la sentencia impugnada, donde reconoce el derecho a la libre determinación y autonomía de la comunidad indígena, también lo es que este reconocimiento debió hacerse sin violación a la libre administración hacendaria del Municipio actor, puesto que con su resolución impide al ente municipal actuar autónomamente respecto del presupuesto etiquetado y aprobado para el ejercicio fiscal respectivo, pues al disminuirse ya no será posible la realización eficaz de los proyectos municipales para todas las localidades, dada la indebida orden de transferir recursos que no fueron expresamente aprobados para ello, orillando al Ayuntamiento a violentar la propia Constitución Federal, con la consecuente responsabilidad administrativa y penal en la que pueden incurrir los funcionarios públicos en turno.
• El artículo 134 del Magno Ordenamiento establece que los recursos económicos de que dispongan los Municipios se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, estableciendo, además, que los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del título cuarto de la propia Constitución. Por su parte, el artículo 126 del propio Ordenamiento Fundamental, determina que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior.
• El tribunal declaró fundada la omisión de dar respuesta al escrito de petición de la comunidad de San Benito Palermo, para, con plenitud de jurisdicción, reconocer su derecho a la libre determinación y autonomía y, en consecuencia, ordenó al Municipio ahora actor la entrega de los recursos económicos previa consulta a las autoridades tradicionales, específicamente al encargado del orden, subrepresentante de bienes comunales y Concejo Comunal, respecto a los elementos cualitativos y cuantitativos necesarios para la transferencia de responsabilidades relacionada con la administración de recursos, derivada del derecho de autogobierno.
• No obstante, el Tribunal Electoral Local no observó que el poblado de San Benito Palermo no es propiamente una comunidad indígena, sino una tenencia, que si bien cuenta con población indígena, la realidad es que no todos sus habitantes se autoadscriben como indígenas, lo cual se acreditó con los informes que el propio tribunal recabó para la resolución del asunto, de donde se desprende que la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado determinó que la referida tenencia cuenta con una población de 1,175, misma que corresponde al 1.83% de la población total del Municipio de Los Reyes, Michoacán; no obstante, de ese número de pobladores, sólo el 40% se identifica como indígena.
• En el segundo párrafo de la página 48 de la resolución combatida se omitió establecer con toda precisión que la entrega de recursos se hará, en el último de los casos, únicamente atendiendo al 40% de su población indígena, lo que podría conducir a graves errores al ejecutar la sentencia y hasta desencadenar problemas sociales en la población, con independencia de la violación a la libre administración de la hacienda municipal.
• El reconocimiento del derecho humano de las comunidades indígenas a la libre determinación no debe ser absoluto, puesto que su límite se encuentra establecido en el artículo 2o. de la Constitución Federal, que determina la obligación de la autoridad municipal de determinar equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.
• La resolución impugnada viola esos principios, dado que reconoce, por una parte, el derecho que el 40% de la población de San Benito Palermo tiene para administrar directamente recursos públicos tomando como base el total de habitantes de dicho poblado, con lo que a su vez se desconoce el derecho del 60% restante, que no se autoadscriben, lo que genera una cláusula indirecta de discriminación.
• Segundo. La resolución impugnada, sin fundar ni motivar adecuadamente la razón, ordenó que la consulta previa, libre e informada se realice únicamente a las autoridades tradicionales, específicamente al encargado del orden, subrepresentante de bienes comunales y Concejo Comunal, respecto de los elementos cualitativos y cuantitativos necesarios para la transferencia de responsabilidades relacionadas con la administración de los recursos, toda vez que se invisibiliza el derecho del 60% de los ciudadanos de dicha localidad a informarse adecuadamente sobre las consecuencias de dicha determinación en el entorno social.
• La consulta no debió hacerse sólo a las autoridades tradicionales, ni siquiera a través de su asamblea general en cuanto autoridad tradicional suprema, sino que debió ordenarse a los 1,175 habitantes, quienes deberán estar plenamente informados de que los servicios y funciones públicos que corresponden al Municipio actor, atendiendo a su capacidad administrativa y financiera, ahora serán administrados, desempeñados y prestados por un Concejo Comunal, al cual ese 60% de la población no lo reconoce como autoridad.
• Tercero. La resolución impugnada incurre en una falta de motivación, fundamentación y exhaustividad respecto a los aspectos cualitativos de la consulta previa, libre e informada, en virtud de que el apartado relativo conduce a ambigüedades al dejar abiertas las cuestiones sobre rendición de cuentas y transparencia, pues únicamente establece fiscalización y auditoría, dejando de lado todas las obligaciones inherentes al manejo de recursos públicos propios del orden de gobierno municipal. Además, no se comparte la idea de que sean "cuestiones mínimas", dado que se deberá informar sobre la totalidad de responsabilidades en las que incurrirían por falta de observancia a los principios de la administración pública. Misma suerte corre el segundo aspecto cualitativo referente a la definición de la periodicidad de la obligación de informar a las autoridades competentes sobre el destino y aplicación de los recursos públicos municipales transferidos a la comunidad.
• De igual forma, resulta violatorio el sentido del cuarto aspecto cualitativo referente a los servicios públicos municipales en la comunidad, ya que se deja a la interpretación el hecho de que el Municipio actor debe realizar la transferencia de porcentaje presupuestario que le corresponde a la comunidad de San Benito Palermo, pero, además deberá continuar con la prestación de servicios públicos municipales; es decir, en dicha consideración se hace una doble condena al Ayuntamiento al desprenderlo de recursos públicos y sujetarlo a continuar prestando los servicios públicos que actualmente reciben en dicha población a cuenta del Municipio, lo cual es excesivo y falto de congruencia del derecho que se reconoce a la comunidad.
• Cuarto. Violenta la competencia del Municipio los efectos de la resolución en el apartado de aspectos cualitativos de la consulta respectiva. El demandado determina que se deberá definir el porcentaje que correspondiera a la comunidad de los recursos que ingresen a la hacienda municipal, en su caso, de lo dispuesto por el artículo 2o. constitucional, para lo cual se tendrá presente el criterio de proporcionalidad poblacional en relación con el total de habitantes del Municipio y el criterio de equidad frente a la desigualdad estructural que ha afectado a los pueblos indígenas, con vista a la igualdad real o sustancial, así como la administración de los programas respectivos, mediante sus propias instituciones políticas, económicas y sociales.
• Se considera que el tribunal debió fijar con toda claridad que ese porcentaje, en su caso, corresponderá respecto del 40% del total de la población de San Benito Palermo, quienes cuentan con una identidad indígena y son representados por su Concejo Comunal.
• Es excesivo que el tribunal establezca que el porcentaje deba hacerse tomando en cuenta los recursos que ingresen a la hacienda municipal, la cual se conforma por los ingresos que por concepto de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos, participaciones en ingresos federales y estatales, aportaciones federales, transferencias federales y estatales por convenio, apoyos extraordinarios y financiamientos que anualmente se establezcan en las leyes de ingresos de los Municipios, sin que de la resolución combatida se advierta con claridad que la asignación de dichos recursos se determinará por las autoridades municipales equitativamente.
• Denota falta de exhaustividad el tribunal al no establecer criterios y lineamientos, partiendo de que únicamente el 40% de la población de San Benito Palermo tiene autoadscripción indígena y quienes además no hacen contribuciones al Ayuntamiento de ningún servicio público que se les brinda, así como tampoco el pago de los impuestos de los que actualmente no contribuye, como es el caso del predial. No se establecieron, inclusive, criterios de recaudación de sus impuestos y el manejo de su propia hacienda sin afectar los derechos del resto de los contribuyentes del Municipio.
• Quinto. La resolución impugnada no observó el presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que además la comunidad de San Benito Palermo se ha beneficiado de obras públicas ejecutadas y/o que se encuentran en proceso y que por tanto, acorde al 126 constitucional, los integrantes del Cabildo, en su momento, únicamente podrían ordenar la entrega directa de los recursos remanentes a la ejecución de las obras, programas sociales y/o de cualquier otra índole que se haya realizado en la comunidad.
• Sexto. Al Municipio actor no se le dio el derecho de estar debidamente representado en el juicio que se combate, toda vez que por auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve se desconoció la personería de los apoderados legales del Ayuntamiento, teniendo por parcialmente cumplido el requerimiento y se ordenó requerir de nueva cuenta al presidente municipal el informe circunstanciado; no obstante, mediante promoción del secretario del Ayuntamiento se solicitó prórroga, la cual fue denegada sin fundamento, de tal manera que al Municipio nunca se le concedió el derecho de defensa dentro del procedimiento, lo que trascendió al resultado del fallo.
CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los preceptos que la actora estima violados son 1o., 2o., 14, 16, 115, 126 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
QUINTO.—Radicación, turno y admisión. Por acuerdo de treinta de julio de dos mil diecinueve, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa y el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, integrantes de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al primer periodo de dos mil diecinueve, ordenaron formar y registrar la presente controversia constitucional bajo el expediente 273/2019; requirieron a la actora y al tribunal demandado diversos documentos a fin de contar con elementos para proveer al trámite del asunto y se reservaron lo conducente respecto a su turno.(1)
Mediante proveído de uno de agosto de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de este Alto Tribunal designó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.(2)
Por auto de quince de agosto de dos mil diecinueve,(3) la Ministra instructora tuvo a las partes requeridas desahogando lo ordenado en autos por la Comisión de Receso y, atendiendo a ello, admitió a trámite la demanda de esta controversia, tuvo como demandado al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo, respecto del cual ordenó su emplazamiento para que rindiera su contestación y remitiera copias certificadas de todas las documentales relacionadas con los actos impugnados; reconoció el carácter de tercero interesado a la comunidad de San Benito Palermo, perteneciente a la Tenencia de Pamatácuaro, Los Reyes, Michoacán, al cual ordenó darle vista para que manifestara lo que a su derecho convenga; asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera; finalmente, mandó formar el cuaderno relativo al incidente de suspensión solicitado por la parte actora.(4)
SEXTO.—Desahogo de vista de la comunidad de San Benito Palermo, en su carácter de tercero interesado. Por escritos recibidos los días diecinueve y veinte de septiembre de dos mil diecinueve, José Agustín Ruíz, quien se ostentó como encargado del orden, subrepresentante de bienes comunales, así como diversos integrantes del Concejo Comunal, todos de la comunidad de San Benito Palermo, perteneciente a la Tenencia de Pamatácuaro, Los Reyes, Michoacán, desahogaron la vista otorgada, en su carácter de terceros interesados,(5) en la que manifestaron, esencialmente, lo siguiente:
• Primero. La comunidad de San Benito Palermo es una comunidad originaria indígena, ya que toda la población aún conserva sus tradiciones, costumbres, cultura, territorio y la mayor parte de la población indígena habla purépecha; además, el hecho de que el Municipio actor entregue el recurso directo a la comunidad, por ningún motivo genera un problema social, pues conforme a sus usos y costumbres la mayoría de los asistentes a la asamblea general de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, aprobaron solicitarle al Ayuntamiento la entrega del recurso económico que nos corresponde, para que sea administrado en forma libre y directa por un Concejo Comunal electo en la misma asamblea, y, con ello se garantizará el desarrollo de la comunidad que por muchos años estuvo marginada y discriminada, pues el recurso que le ha correspondido se ha aplicado o ejecutado para otros fines que en nada favorece a nuestra comunidad.
• Segundo. La forma en que se llevó a cabo la consulta fue la correcta, pues en apego a la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, en el capítulo segundo, respecto a la consulta ciudadana a las comunidades indígenas, se respetó su artículo 73, párrafos I y II; además, conforme a nuestros usos y costumbres, una autoridad electa en nuestra comunidad representa a toda la comunidad, no sólo a una fracción, por consiguiente, sus determinaciones y acuerdos son aplicables para todos los habitantes o comuneros, pues es una característica fundamental de las comunidades indígenas que todo lo que se determine en una asamblea general por mayoría de los asistentes es sumamente válido, legal y toda la población se sujeta a dichos acuerdos.
• Tercero. Una vez que se asuma la responsabilidad del Concejo Comunal de nuestra comunidad, asume también una responsabilidad de administrar los recursos públicos de manera transparente y con rendición de cuentas hacia las instituciones correspondientes, así como hacia la misma comunidad a diferencia de los Municipios que nunca rinden informe ante las comunidades, ni les informe en lo que se invierte el recurso, mucho menos los toman en cuenta para la elaboración de los planes y proyectos, pues esta determinación solamente la toman los integrantes del Ayuntamiento actor y, por consiguiente, al no estar considerada la comunidad en los planes y programas anuales, nose destina ni se aplica el recurso público a la misma. De igual forma, el Concejo Comunal, al administrar un recurso público, se obliga a rendir cuentas ante la Auditoría Superior del Estado y ante las instancias correspondientes, sea federal o estatal, de igual forma está obligado a permitir que fiscalicen cualquier otro recurso aplicado, ya que está plenamente capacitado para la administración pública y se sujeta a la normativa vigente. Cabe aclarar que cuando el Ayuntamiento actor transfiere todos y cada uno de los recursos económicos que corresponden a la comunidad, en cuanto al aspecto administrativo, queda deslindado de responsabilidad hacia la comunidad, pues esto es uno de los objetivos, que la comunidad administre de manera libre y directa los recursos públicos que le corresponden y se haga cargo de los servicios públicos y no como lo interpreta el Ayuntamiento. La asamblea general determinó que la autoridad encargada de administrar los recursos públicos será a través de un Concejo Comunal y lo que menos se quiere es la intromisión del Ayuntamiento actor en las determinaciones que toma la comunidad, a menos que se le solicite.• Cuarto. A nuestra comunidad le corresponden todos los ingresos que por diversos conceptos ingresan a la hacienda municipal, debido a que nuestra comunidad contribuye con dichos impuestos, ya que realiza diversos pagos por concepto de impuestos, derechos, contribuciones; sin embargo, estos ingresos propios pasarán a formar parte de los ingresos que administre el Concejo Comunal, que serán utilizados para el desarrollo de la comunidad, impuestos que nunca fueron destinados ni aplicados para ello y que hoy, con lo que determina la Carta Magna y la sentencia impugnada, estos recursos serán administrados por ese Concejo Comunal. Es falso lo que el Ayuntamiento actor manifiesta que no toda la población de la comunidad de San Benito Palermo sea indígena, pues desde los niños hasta los adultos mayores hablan purépecha y más bien por culpa de las autoridades municipales esa lengua y cultura se ha venido olvidando, desapareciendo y exterminando por la discriminación, al momento en que se acude al Ayuntamiento a solicitar apoyo y lo niega, desde que no son considerados en los programas sociales, y sobre todo en el plan operativo anual para la distribución de recursos económicos que se le asignan al Municipio; mucho menos se les da la oportunidad de ser postulados como presidente municipal o en algún puesto de primer nivel dentro del Ayuntamiento, lo que implica una amplia violación a los derechos colectivos y una violación a los derechos humanos.
• Quinto. Del presupuesto o recurso a ejecutarse en dos mil diecinueve, en la comunidad indígena no existe ninguna obra programada ni tampoco ningún tipo de inversión o apoyo económico, y si lo hubiera, debería tomarse en cuenta en su aplicación; además, no sólo se debe pensar o planear resolver los problemas de obra pública, mientras que muchas de las necesidades permanecen en el olvido, tal es el caso en servicios públicos, y en áreas como salud, deporte, educación, cultura y otras, para lo cual la comunidad ha resuelto estas necesidades con cooperaciones, faenas y trabajos comunitarios, mientras que el recurso que le corresponde a la comunidad y que viene destinado para estos fines, el Municipio actor sólo lo invierte en la cabecera municipal. El Ayuntamiento no puede mencionar que "no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado en ley posterior" (artículo 126 constitucional). El derecho que le corresponde a nuestra comunidad es irrenunciable, irrevocable e imprescriptible, por lo que este recurso debió haber considerado dentro del presupuesto de egresos y del plan de operatividad anual por parte del Ayuntamiento y lo que hoy se solicita, simplemente es que ese recurso programado sea entregado a la comunidad para que ésta lo administre de manera libre y directa para el desarrollo de la misma, y por ningún motivo se refiere a un pago adicional, ni tampoco se viola ninguna ley, teniendo en cuenta que el Municipio actor durante muchos años ha incurrido en constantes violaciones de leyes y sobre todo a los derechos humanos de los habitantes de la comunidad al no resolver sus necesidades conforme a la Constitución.
• Sexto. No hay afectación al Ayuntamiento, porque sólo se le está exigiendo que entregue a la comunidad la parte proporcional de los recursos públicos que le corresponde y no así todo el recurso que se le asigna, pues el resto seguirá siendo administrado por el Municipio, por lo que no hay afectación al Municipio ni a la comunidad, pues una vez que entregue los recursos económicos, se aplicarán para resolver todas las necesidades de servicio público, obras y áreas necesarias como salud, deporte, educación y cultura.
SÉPTIMO.—Contestación del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Mediante escrito recibido el quince de octubre de dos mil diecinueve, Yolanda Camacho Ochoa, en su carácter de presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, formuló contestación a la demanda,(6) donde señala, en esencia, lo siguiente:
I. Causales de improcedencia y motivos de sobreseimiento.
• Primero. Contra normas generales o actos en materia electoral. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción II, en relación con el 20, fracción II, de la ley reglamentaria que rige a las controversias constitucionales, pues lo que en esta vía se controvierte es la sentencia y Acuerdo Plenario, dictados por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, apegada a los preceptos 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal; 105 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 98 A de la Constitución del Estado de Michoacán; y 1 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana de la propia entidad federativa, de manera que es autoridad jurisdiccional en materia electoral local y sus resoluciones se rigen por las leyes correspondientes.
• Segundo. Se controvierte una sentencia jurisdiccional y las consideraciones de fondo. La controversia es improcedente y opera el sobreseimiento, pues se impugna una resolución jurisdiccional en sentido estricto, y lo que efectivamente se reclama son las consideraciones de fondo que sustentan la misma. En efecto, en ejercicio de esa función jurisdiccional en materia electoral, que le confiere al Tribunal Electoral Local las disposiciones constitucionales y legales respectivas, se emitió la sentencia impugnada, con motivo del trámite de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, competencia de ese órgano jurisdiccional.
Como se advierte los conceptos de invalidez de la demanda, si bien se realizan planteamientos sobre el tema competencial, también lo es que controvierte razones y fundamentos que sustentan el fondo de la decisión plasmada en la sentencia que se reclama, así como sus efectos y alcances, que incluso fueron impugnados en instancia jurisdiccional federal, donde quedó registrado como juicio electoral ST-JE-10/2019, y el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, resolvió desechar de plano la demanda.
Además, ese Alto Tribunal ha sustentado la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES DE FONDO DE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR SU PROPIO CONTENIDO, EN RAZÓN DE SUS EFECTOS Y ALCANCES, CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE CONLLEVA AL DESECHAMIENTO DE PLANO...", así como la tesis de la Segunda Sala, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA."
• Tercero. Se controvierte un acto definitivo e inatacable. La controversia debe sobreseerse dado que la sentencia controvertida fue impugnada a través del juicio electoral mencionado, el cual fue desechado por la Sala Regional de la Quinta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y no fue impugnado ante instancia superior, por lo que la sentencia recurrida tiene naturaleza de una ejecutoria. Sirve de criterio orientador el contenido en la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE PROMUEVE EN CONTRA DE LOS ÓRGANOS DEPOSITARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN."
II. Contestación ad cautelam
• La resolución impugnada cumple con la fundamentación y motivación que estatuyen lo artículos 14 y 16 constitucionales, observándose los principios de legalidad y legalidad electoral previstos en los artículos 1o., 41, fracción VI, y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal; 98 A de la Constitución local; y 3 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, así como los instrumentos internacionales aplicables en la materia, puesto que en la misma se expresan las razones jurídicas y fundamentos legales que condujeron al Pleno de este órgano jurisdiccional a tomar la decisión adoptada.
• Si bien no se establecieron las bases y conceptos para la transferencia de recursos y responsabilidades a la comunidad indígena, se ordenó la realización de la consulta previa e informada a la misma para la definición de los elementos mínimos y necesarios a fin de lograr la referida transferencia, en respeto a su prerrogativa fundamental para salvaguardar la libre determinación, así como sus derechos patrimoniales y culturales que la Constitución y los tratados internacionales les reconocen a los pueblos y comunidades indígenas. Al margen de ello, las violaciones que indica el demandante de ninguna forma constituyen una invasión a su competencia prevista en el artículo 115 constitucional.
• Por lo que ve a que se vulneraron los principios de autonomía municipal, libre disposición de su hacienda y el ejercicio directo de su presupuesto, este tribunal actuó en ejercicio de su función jur
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30655-096f9393/i-controversia-constitucional-la-sindica-del-municipio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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