I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO RECAE EN EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO (ARTÍCULO 33, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA Y DE PROCEDIMIENTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO RECAE EN EL CONSEJERO JURÍDICO (ARTÍCULOS 18 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, ASÍ COMO 1 Y 17, FRACCIÓN IV, DEL DECRETO QUE CREA LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO LOCAL). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO RECAE EN EL CONSEJERO PRESIDENTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO RECAE SOBRE SU PRESIDENTE (ARTÍCULO 65, FRACCIÓN VII, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES (ACUERDO IEM-CEAPI-04/2019 APROBADO POR LA COMISIÓN ELECTORAL DE ATENCIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO EL ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR EL QUE SE REANUDA LA FASE CONSULTIVA DE LA CONSULTA INDÍGENA DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE QUIROGA EN ESA ENTIDAD; ACTA DE LA FASE CONSULTIVA DE DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE; Y, ACUERDO CG-15/2019 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE POR EL QUE SE CALIFICA Y DECLARA LA VALIDEZ DEL PROCESO CONSULTIVO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL (ACUERDO IEM-CEAPI-04/2019 APROBADO POR LA COMISIÓN ELECTORAL DE ATENCIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO EL ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR EL QUE SE REANUDA LA FASE CONSULTIVA DE LA CONSULTA INDÍGENA DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE QUIROGA EN ESA ENTIDAD; ACTA DE LA FASE CONSULTIVA DE DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE; Y, ACUERDO CG-15/2019 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR LO QUE SE CALIFICA Y DECLARA LA VALIDEZ DEL PROCESO CONSULTIVO). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZARA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PARA IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, SI EL ACTOR NO SOSTIENE QUE AQUÉLLA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL O A UNA AFECTACIÓN A SU INTEGRACIÓN DEMOCRÁTICA (ACUERDO IEM-CEAPI-04/2019 APROBADO POR LA COMISIÓN ELECTORAL DE ATENCIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO EL ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR EL QUE SE REANUDA LA FASE CONSULTIVA DE LA CONSULTA INDÍGENA DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE QUIROGA EN ESA ENTIDAD; ACTA DE LA FASE CONSULTIVA DE DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE; Y, ACUERDO CG-15/2019 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR LO QUE SE CALIFICA Y DECLARA LA VALIDEZ DEL PROCESO CONSULTIVO). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA PARA COMBATIR ACTOS EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL DICTADA POR UN TRIBUNAL ELECTORAL LOCAL (ACUERDO IEM-CEAPI-04/2019 APROBADO POR LA COMISIÓN ELECTORAL DE ATENCIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO EL ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR EL QUE SE REANUDA LA FASE CONSULTIVA DE LA CONSULTA INDÍGENA DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE QUIROGA EN ESA ENTIDAD; ACTA DE LA FASE CONSULTIVA DE DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE; Y, ACUERDO CG-15/2019 APROBADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE ESA ENTIDAD EL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR LO QUE SE CALIFICA Y DECLARA LA VALIDEZ DEL PROCESO CONSULTIVO). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. IMPROCEDENCIA RESPECTO DE LA NORMA IMPUGNADA CON MOTIVO DE SU ACTO DE APLICACIÓN CUANDO SE SOBRESEE EN RELACIÓN CON ÉSTE (ARTÍCULOS 73, 74, 75 Y 76 DE LA LEY DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; REGLAMENTO DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA ENTIDAD PARA LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA PARA LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS; Y, REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 142/2019. MUNICIPIO DE QUIROGA, ESTADO DE MICHOACÁN. 19 DE MAYO DE 2021. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE; VOTÓ CON RESERVAS JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 142/2019, promovida por el Municipio de Quiroga, Estado de Michoacán de Ocampo.
El tema jurídico a resolver es determinar si: ¿Procede sobreseer en la controversia constitucional?
1. ANTECEDENTES Y TRÁMITE.
1. 1.1 Presentación de la demanda de controversia. Por escrito presentado el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) Rogelio Chávez Herrera, ostentándose como Síndico del Municipio de Quiroga, Estado de Michoacán de Ocampo, promovió controversia constitucional, en la que demandó al Instituto Electoral de Michoacán, la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas de dicho Instituto, al Tribunal Electoral del propio Estado y, ad cautelam, al Instituto Nacional Electoral:
2. 1.2 Normas y acto impugnados. En su demanda, el Municipio actor señaló como normas impugnadas, en concreto, los siguientes:
• Los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo;
• El Reglamento del Instituto Electoral de Michoacán para la Consulta previa, libre e informada para los pueblos y comunidades indígenas; y
• El Reglamento para el funcionamiento de las Comisiones y Comités del Instituto Electoral de Michoacán;
3. Al respecto, el actor precisa que: "(...) las normas indicadas se impugnan por pertenecer al marco normativo de consulta ciudadana a comunidades indígenas, mismo que transgrede el ámbito competencial del Municipio de Quiroga al tenor de las consideraciones apuntadas en el presente escrito. Por lo anterior, se solicita respetuosamente a sus Señorías, incluir en este capítulo aquellas normas que, al no haber sido debidamente llamado al procedimiento de consulta, le han sido aplicadas al Municipio que represento.".
4. Por otra parte, el actor señala como acto impugnado, lo que se transcribe a continuación:
"4.5 El acto a través del cual la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas del Instituto Electoral de Michoacán, ha emitido el ‘Acuerdo [...] por el que se reanuda la Fase Consultiva de la Consulta Indígena previa, libre e informada a la Comunidad de Santa Fe de la Laguna, Municipio de Quiroga, Michoacán, a través de sus autoridades tradicionales; sobre los elementos cuantitativos y cuantitativos (sic) relacionados con la transferencia de recursos públicos’.
En la presente controversia constitucional, se realiza la impugnación del acto señalado por cuanto se realiza en el marco de un procedimiento que se está llevando a cabo el (sic) Instituto Electoral de Michoacán de manera ilegal, esto es, dicho Instituto está obligado a la aplicación de lo dispuesto en los instrumentos internacionales de los derechos humanos de los pueblos indígenas, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; asimismo, dicho Instituto Electoral debe llevar a cabo una consulta de buena fe y en un marco de completo respeto al principio de división funcional de poderes, en específico, lo dispuesto en los artículos 2o., 115, fracción IV y 134 constitucionales.
Acto que se combate respecto a las facultades que ejerce la autoridad con plena libertad de jurisdicción y que invaden las competencias y principios constitucionales enunciados, por tanto, en la presente controversia constitucional no se pretenden combatir actos de carácter judicial al tenor de los antecedentes que se señalan más adelante.
Asimismo, se reclaman todos los efectos y consecuencias que cualquiera de las autoridades demandadas pretende realizar y resulten ajenas a lo resuelto en sede jurisdiccional." (2)
5. 1.3 Ampliación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rogelio Chávez Herrera,(3) Síndico del Municipio actor, amplió su demanda de controversia, en la que impugnó:
A. ACTOS.
4.1. Como acto impugnado destacado, el Acuerdo CG-15/2019 de 26 de marzo de 2019, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, el ‘Acuerdo que presenta la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas al Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, por medio del cual se califica y declara la validez de la consulta indígena previa, libre e informada de la Comunidad de Santa Fe de la Laguna, Municipio de Quiroga, Michoacán, a través de sus autoridades tradicionales, sobre los elementos cualitativos y cuantitativos relacionados con la transferencia de recursos públicos.’ (en lo sucesivo el ‘Acuerdo de validación de la consulta’).
A la luz de dicho acto, como resolución definitiva, se reclaman los siguientes actos dictados dentro del procedimiento que afectan las competencias del municipio:
El ‘Acta de la Fase Consultiva de la consulta previa, libre e informada a la Comunidad de Santa Fe de la Laguna, Municipio de Quiroga, Michoacán, a través de sus autoridades tradicionales; sobre los elementos cualitativos y cuantitativos relacionados con la transferencia de recursos públicos ordenada en las sentencias TEEM-JDC-011/2017, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán; ST-JDC-143/2017, emitida por la Sala Regional de la Quinta Circunscripción y SUP-REC-1272-2017, emitida por la Sala Superior, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.’ de 19 de marzo de 2019 (en lo sucesivo el ‘Acta de la Fase Consultiva’).
El Acuerdo No. IEM-CEAPI-04/2019, ‘Acuerdo de la Comisión Electoral para la Atención de los Pueblos Indígenas del Instituto Electoral de Michoacán, por el que se reanuda la Fase Consultiva de la consulta indígena libre e informada a la Comunidad de Santa Fe de la Laguna, Municipio de Quiroga, Michoacán, a través de sus autoridades tradicionales; sobre los elementos cualitativos y cuantitativos relacionados con la transferencia de recursos públicos.’ de 11 de marzo de 2019 (en lo sucesivo el ‘Acuerdo de reanudación de la consulta’), mismo que fue señalado como acto impugnado en el escrito inicial de la demanda.
En la presente controversia constitucional, se realiza la impugnación de los actos señalados por cuanto se emiten en el marco de un procedimiento que llevó a cabo el Instituto Electoral de Michoacán de manera ilegal, esto es, dicho Instituto está obligado a la aplicación de lo dispuesto en los instrumentos internacionales de los derechos humanos de los pueblos indígenas, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; asimismo, dicho Instituto Electoral debió llevar a cabo una consulta de buena fe y en un marco de completo respeto al principio de división funcional de poderes, en específico, lo dispuesto en los artículos 2o., 115, fracción IV y 134 constitucionales.
Actos que se combaten respecto a las facultades que ejerce la autoridad con plena libertad de jurisdicción y que invaden las competencias y principios constitucionales enunciados, por tanto, en la presente controversia constitucional no se pretenden combatir actos de carácter judicial al tenor de los antecedentes que se señalan más adelante.
Asimismo, se reclaman todos los efectos y consecuencias que cualquiera de las autoridades demandadas pretendan realizar y resulten ajenas a lo resuelto en sede jurisdiccional, actos de inminente afectación a la esfera competencial del Municipio de Quiroga."
6. 1.4 Conceptos de invalidez. En el escrito de demanda inicial, así como en su ampliación, el Municipio actor hace valer, en síntesis, lo siguiente:
• PRIMERO. Los términos del procedimiento de consulta a la comunidad de Santa Fe de la Laguna conculcan las facultades del Municipio actor contenidas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, en relación con el diverso 134 de dicha norma fundamental. El acuerdo de reanudación de la consulta referida vulnera el principio de división de poderes y la autonomía municipal, en la medida en que pretende que se entreguen recursos a una comunidad indígena, sin que se establezca un marco de transferencia de responsabilidades que asegure el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Municipio.
De las preguntas aprobadas en el acuerdo de reanudación de consulta, se desprenden:
"a. ¿Qué autoridad será la responsable de administrar a partir del último trimestre del año en curso del porcentaje proporcional del total de los recursos públicos de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio de Quiroga, Michoacán, para el ejercicio fiscal del año 2017 y años subsecuentes?
b. ¿Desea la comunidad indígena hacerse cargo de las funciones y servicios públicos?
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
f) Rastro;
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad pública, política preventiva, municipal y tránsito;
i) Las que preste el Ayuntamiento en el territorio de la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna; y
j) Las demás que la Legislatura federal y local determinen, según las condiciones territoriales y socioeconómicas del Municipio, así como su capacidad administrativa y financiera.
i. Respuestas: SI ( ) NO ( )
c. ¿Están de acuerdo que la fiscalización y comprobación de los recursos sea a través de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán?"
Si bien es cierto que el procedimiento de consulta a la comunidad de Santa Fe de la Laguna tiene por objeto fijar los elementos cualitativos y cuantitativos relacionados con la transferencia de recursos públicos, las preguntas aprobadas y que serán objeto de la consulta a realizarse no cumplen ni aseguran el objetivo, es decir, en forma alguna con dichos cuestionamientos se fijan parámetros mínimos que permitan dar seguimiento a los recursos públicos que serán ejercidos por las autoridades de dicha comunidad, lo anterior, en el marco de facultades otorgadas al Municipio.
En el marco de las facultades hacendarias municipales, en términos del artículo 134 de la Constitución Federal, se establece la obligación de administrar sus recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a fin de satisfacer los objetivos a los que están destinados. Asimismo, el sexto párrafo de dicha disposición constitucional señala que los servidores públicos serán responsable del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de ese Magno Ordenamiento.
El artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los diversos 123 y 129 de la Constitución de Michoacán, reconocen al Municipio la libre administración de su hacienda, circunstancia que implica la obligación de dar seguimiento transparente a los recursos que ejerce.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado los alcances de los principios, derechos y facultades de contenido económico, financiero y tributaria a favor de los Municipios para el fortalecimiento de su autonomía constitucional, acorde con la tesis 1a. CXI/2010, de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.".
En ese sentido, el régimen que estableció el Poder Reformador de la Constitución a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades, ha sido denominado como "libre administración hacendaria" y, por otro lado, implica que el Municipio debe velar por la correcta y legal canalización de los recursos económicos que le son destinados.
Así, la determinación de la transferencia de responsabilidades en materia de recursos públicos que se realice y la posibilidad de su seguimiento por parte del Ayuntamiento debe ceñirse al marco jurídico establecido a cargo del orden municipal en materia hacendaria. Lo anterior, sin desconocer la autonomía con que cuenta la comunidad indígena, así como su libertad de autodeterminación; sin embargo, es imperioso que los recursos que sean entregados por el Municipio a la comunidad le permitan a aquel cumplir con sus obligaciones en materia de responsabilidad hacendaria.
El principio de ejercicio directo de los recursos municipales implica que aun cuando el Ayuntamiento no ejerza en forma "personal" sus recursos públicos, sino a través de otro ente en virtud de una ley que lo autorice, sigue siendo un ejercicio directo por parte del Municipio. Así, que el texto constitucional disponga que los recursos que integran la hacienda municipal deban ejercerse en forma directa por el Ayuntamiento o por quienes autorice conforme a la ley, tiene por objeto que el ejercicio de los recursos municipales se realice en un marco de certidumbre, transparencia, eficiencia y conforme a los principios constitucional que lo rigen.
De ahí que el ejercicio directo de recursos que integran la hacienda municipal se traduce en la facultad del Municipio de vigilar su efectiva aplicación, sean ejercidos en forma "personal" por el Ayuntamiento o a través de otro ente, autorizado por la ley.
Por tanto, al no cumplirse los extremos constitucionales señalados como facultades del Municipio actor en materia hacendaria, se acredita que los términos del procedimiento de consulta llevado a cabo por el Instituto Electoral de Michoacán transgreden la competencia del Municipio.
• SEGUNDO. La pretendida entrega de recursos municipales a la comunidad indígena es inconstitucional, por no cumplir con los artículos 2o., apartado B, fracción I in fine y 115, fracción IV, de la Constitución Federal. La entrega de recursos municipales a la comunidad indígena carece de sustento legal y administrativo que la autorice, ya que no se satisfacen los requisitos que la Constitución señala para que puedan darse en administración recursos municipales a una comunidad indígena.
Si bien del artículo 2o., apartado B, fracción I in fine, en relación con el diverso 115, fracción IV, de la Constitución Federal, se desprende la posibilidad de que las autoridades municipales den en administración asignaciones presupuestales que formen parte de su hacienda municipal a las comunidades indígenas, cierto es también que la propia Ley Fundamental establece ciertos requisitos para que se pueda actualizar dicho supuesto, que son:
1.- Por regla general, el ejercicio de los recursos municipales corresponde de manera directa al Ayuntamiento;
2.- De manera excepcional, es el propio Ayuntamiento quien puede emitir una autorización para que dichos recursos puedan ser ejercidos por las comunidades indígenas;
3.- La autorización que emita el Ayuntamiento debe darse de conformidad con una ley en sentido formal y material.
Bajo tales premisas, dentro de la legislación vigente del Estado de Michoacán, no se encuentra fundamento alguno que permita la actualización de dicha hipótesis normativa, esto es, no hay procedimiento establecido en ley que autorice a las autoridades municipales dar en administración a las comunidades indígenas, asignaciones presupuestales que formen parte de su hacienda municipal; en concreto, no existe ley en virtud de la cual el Municipio actor haya asignado recursos para ser ejercidos por la comunidad de Santa Fe de la Laguna.
Así, no le es dable a la autoridad municipal dar en administración recursos que conformen su hacienda si no existe un procedimiento regulado en ley, en sentido formal y material, que establezca los mecanismos y parámetros a seguir para llevar a cabo dicha facultad, y sin que exista tampoco algún reglamento que desarrolle la propia ley a efecto de que se provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de dicha facultad.
Por tanto, en la medida en que el Instituto Electoral de Michoacán pretende que el Municipio actor disponga de su hacienda para asignar recursos a la comunidad de Santa Fe de la Laguna, está exhortando al Municipio para que extralimite sus facultades y lleve a cabo actos de disposición de su hacienda municipal sin un sustento legal que se lo autorice, por lo que dicho acto vendría a ser inconstitucional.
No obstante, no pasa por alto que el Instituto Electoral de Michoacán consideró que el fundamento legal para llevar a cabo la asignación de recursos, se encuentre en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo, en concreto, a través del procedimiento de consulta ciudadana a comunidades indígenas, sin embargo, dicho procedimiento no puede tener por objeto la disposición de la hacienda municipal, pues ello requiere de una regulación concreta y específica que deba actualizarse para que el Ayuntamiento esté en aptitud de conceder la autorización sin incurrir en responsabilidades de carácter hacendario.
Máxime que la administración de los bienes municipales por cuenta de terceros es la excepción en términos del artículo 115 constitucional, por lo que forzosamente requiere de una ley, en sentido formal y material, que detalle los pormenores para que dicha hipótesis de excepción pueda actualizarse sin responsabilidad para las autoridades municipales.
Refuerza lo anterior el hecho de que, en dicho procedimiento no se contemple que el Municipio deba ser llamado a efecto de que éste otorgue su consentimiento para entregar recursos de su hacienda a efecto de ser ejercidos por la comunidad indígena; ello a pesar de que dicha determinación le pararía un perjuicio dentro de su esfera patrimonial. Esto es, aún las leyes consideradas por el Instituto Electoral de Michoacán son deficientes a la luz de las obligaciones en materia hacendaria a cargo del Municipio actor de conformidad con el texto constitucional.
• TERCERO. El procedimiento de consulta llevado a cabo por el Instituto Electoral de Michoacán viola las facultades del Municipio establecidas en el artículo 2o. de la Constitución Federal. El procedimiento de consulta impugnado invade la facultad de la autoridad municipal para la determinación que éste debe llevar a cabo respecto de asignaciones presupuestales que las comunidades indígenas administrarán directamente y para fines específicos.
El artículo 2o., apartado B, fracción I, constitucional, determina que con el objeto de abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades del orden municipal, tienen la obligación de determinar asignaciones presupuestales que las comunidades indígenas tendrán a bien administrar.
Asimismo, el texto constitucional establece como un elemento de esta facultad originaria de los Municipios, el que los recursos que sean administrados por las comunidades indígenas se destinen a fines específicos, lo que se traduce en que, dentro del marco de libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, se ve inserta la necesidad de fijar destinos o metas particulares a cumplirse con los recursos que les son entregados. Dado que es facultad del Municipio la determinación de las asignaciones presupuestales que serán objeto de transferencia y administración por parte de las comunidades indígenas, se sigue que, de la integridad de la hacienda municipal, al Ayuntamiento, como órgano de gobierno y administración del Municipio, le corresponde la determinación de los fines que deban cumplir con dichas asignaciones.
Lo anterior, por un principio de congruencia del propio texto constitucional, puesto que si la finalidad es abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, a ningún efecto práctico llevaría entregar recursos cuyo uso o destino es incierto o azaroso, y aún más porque el Municipio, como autoridad y orden de gobierno más cercano a los pueblos y comunidades indígenas, se le imponen obligaciones particulares no solo en tema de asignación de recursos municipales, sino a través del establecimiento, vigilancia y transparencia que a los mismos deban de darle dichas comunidades.
Así, la simple transferencia de recursos a las comunidades indígenas sin cumplirse con los extremos del texto constitucional, alteraría el marco de derechos establecidos a cargo del Municipio actor.
Por tanto, el procedimiento de consulta conculca la competencia del Municipio actor porque: i) aun sin haber sido debidamente llamado a dicho procedimiento, ii) se pretende hacer una asignación de recursos de la hacienda municipal por un órgano que no está facultado para ello; y iii) no se sigue un principio de asignación con fines particulares de los recursos que el Instituto Electoral de Michoacán pretende le sean entregados a la comunidad indígena, esto es, dicho Instituto no solo invade el ámbito de competencias del Municipio actor, sino que además, pretende que se extralimite en sus facultades constitucionales.
Al respecto, se precisa que las violaciones aducidas en relación con el artículo 2o. constitucional se hacen valer en virtud de una invasión a las competencias del Municipio actor y no en razón de violaciones a los derechos de la comunidad indígena.
Además, en términos del artículo 17 de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, se establece, entre otras, como materia exceptuada del objeto de algún mecanismo de participación ciudadana, la materia tributaria o fiscal, de tal forma que el objeto de la consulta realizada a la comunidad indígena versa sobre una supuesta transferencia de responsabilidades en el ejercicio de la hacienda del Municipio actor, por lo que resulta contraria a derecho.
A la luz de dicha salvedad, la asignación de recursos a comunidades indígenas no es un tipo de presupuesto participativo, toda vez que se trata de la asignación de recursos que debe cumplir con fines específicos al ser ejercidos, por lo que en términos de dicho artículo la consulta carece de objeto.
En esos términos, los resultados que el procedimiento de consulta indígena arroje carecen de efectos vinculantes u oponibles al Municipio actor, dado que se estaría violando el principio de libre administración hacendaria, conculcando con ello facultades constitucionales.
Lo anterior, sin que pase desapercibido que en el acuerdo de reanudación de la consulta se citan diversos artículos de la Ley de Participación Ciudadana, esto es, se trata de artículos que sirven de fundamento para la emisión de las determinaciones ahí contenidas, siendo que dicha ley fue abrogada por la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo de ocho de septiembre de dos mil dieciocho, es decir, el acuerdo de reanudación de la consulta se encuentre indebidamente fundado.
• CUARTO. El procedimiento de consulta llevado a cabo por el Instituto Electoral de Michoacán ignora las facultades de la Auditoría Superior del Estado y la responsabilidad municipal en el ejercicio de recursos. La pregunta 3 de la consulta que a la letra dice: ¿Están de acuerdo que la fiscalización y comprobación de los recursos sea a través de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán?, fue contestada afirmativamente por las autoridades municipales. Sin embargo, tal aceptación no implica de ninguna manera que se exima al Municipio de sus obligaciones en materia de rendición de cuentas respecto de aquellos bienes que conformen su hacienda municipal y entregue a la comunidad indígena, toda vez que no existe ley alguna que lo exima de dicha obligaciones, de ahí que se pretenda relevar al Municipio de sus obligaciones mediante un acto administrativo, lo cual violenta el marco constitucional y legal, por lo que la pregunta se debió formular de forma distinta, vinculando a las autoridades involucradas y al no haberlo hecho así, debe considerarse que la validación es ilegal.
De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Municipio se mantiene como responsable por aquellos daños o perjuicios que ocasionen tanto sus servidores públicos, como aquellas personas privadas, físicas o morales, que manejen recursos de la hacienda municipal, como es el caso; sin perjuicio de que las personas que hayan ocasionado dichos daños sean también consideraras como responsables.
Por tanto, aun cuando los recursos municipales sean entregados a la comunidad indígena para su manejo, el Municipio no deja de ser responsable por lo que hace a sus obligaciones en materia de rendición de cuentas sobre dichos recursos.
No pasa inadvertido que, en términos de los artículos 5 y 68 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Michoacán de Ocampo, la comunidad indígena, en tanto "entidad" que manejaría recursos públicos, puede ser responsable por su manejo indebido; sin embargo, tal situación no implica eximir al Municipio de sus obligaciones y responsabilidades en materia de rendición de cuentas.
• QUINTO. El procedimiento de consulta llevado a cabo por el Instituto Electoral de Michoacán transgrede el artículo 115, fracción III, constitucional, al suponer que la comunidad puede hacerse cargo de servicios que debe realizar directamente el Municipio. En el procedimiento de consulta se establecieron preguntas por las que se pretende delegar a la comunidad indígena la prestación de servicios públicos municipales, para el caso de que le sea otorgada la administración de los recursos que corresponden al propio Municipio.
El artículo 115, fracción III, de la Constitución Federal establece las funciones y servicios públicos que deberán prestar los Municipios de manera eficiente, bajo los principios de legalidad, honradez, eficiencia, eficacia y transparencia, contemplados en el diverso 134 de ese Magno Ordenamiento.
La administración de recursos públicos del Municipio requiere de una planeación que se ajuste a la hacienda municipal, para que, con base en criterios objetivos, se pueda llevar a cabo su administración eficiente, con la finalidad que los servicios municipales sean prestados con la mayor calidad posible en beneficio de la comunidad.
No existe estudio pericial alguno que acredite la capacidad de una comunidad indígena para prestar de manera eficiente los servicios municipales, pues ello corresponde al Municipio actor como orden de gobierno a fin de responder a la satisfacción de necesidades sociales y al respeto de los derechos fundamentales de que son titulares los diversos pobladores, los cuales cuentan con el interés de que dichos servicios se presenten con la máxima eficiencia posible, lo que implica que el prestador debe contar con capacidad técnica y económica para ello.
• SEXTO. El procedimiento de consulta llevado a cabo por el Instituto Electoral de Michoacán es producto de un procedimiento viciado al no vincular debidamente a las nuevas autoridades municipales electas. La actual conformación del Municipio actor no fue debidamente citada a participar en las reuniones de trabajo que tenían por efecto trastocar sus facultades, ni respecto de las mismas se llegó a acuerdo alguno en el que se delimitaran los alcances a llevar a cabo tanto por la comunidad indígena como por el propio ente municipal.
Contrario a lo señalado en la página 9 del acuerdo de validación, los miembros del actual Ayuntamiento del Municipio de Quiroga, nunca fueron debidamente informados respecto de lo actuado durante la Fase Informativa llevada en dos mil diecisiete, de manera que, el actual Ayuntamiento, no recibió de manera debida la información técnica, ni en forma física o digital del material informativo expuesto durante dicha fase. Así, el presente Ayuntamiento no fue ni oportuna ni claramente informado de las implicaciones, cargas o términos que se derivarían de la realización del proceso de consulta.
• SÉPTIMO. El procedimiento de consulta llevado a cabo por el Instituto Electoral de Michoacán es producto de un procedimiento viciado al no permitir una debida intervención a las autoridades competentes cuyas responsabilidades se ven comprometidas. Durante el desarrollo de la Fase Consultiva no se explicó ni pormenorizaron a los miembros del actual Ayuntamiento de Quiroga los alcances de los resultados de la consulta, ni cómo, cuándo o bajo qué lineamientos este orden de gobierno tendría que adoptar las medidas necesarias para, por un lado, tomar las medidas idóneas frente a la comunidad indígena; y por otro, actuar de conformidad con las obligaciones a cargo del Municipio.
• OCTAVO. El procedimiento de consulta llevado a cabo por el Instituto Electoral de Michoacán se encuentra viciado al no permitir la debida defensa del Municipio. La Auditoría Superior del Estado de Michoacán debió ser llamada y tomada en cuenta durante todas las mesas de trabajo y todas las etapas de la consulta con objeto de que éstas, en tanto autoridad fiscalizadora local, señale los términos en que la comunidad indígena deba rendir informes del manejo de los recursos públicos, y cuáles son los términos en que se ha de eximir al Municipio de las responsabilidades que deriven por el ejercicio que la comunidad indígena dé a los recursos respectivos.
Lo anterior vulnera la garantía de audiencia de la Auditoría Superior, en tanto que la pr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200751-6d6b04f3/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EMITIDA POR UN TRIBUNAL ELECTORAL LOCAL, AUN CUANDO SE ALEGUE INVASIÓN DE ESFERAS COM (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
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