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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTÍCULO 28, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO K), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO RECAE EN LA PERSONA QUE SEA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE AMPAROS DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE ESE PODER (ARTÍCULOS 44, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y 15, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE JALISCO CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO AL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA PARTE ACTORA EXCLUSIVAMENTE ALEGUE VIOLACIONES A CLÁUSULAS SUSTANTIVAS, DIVERSAS A LAS COMPETENCIALES, O VIOLACIONES DE ESTRICTA LEGALIDAD. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EVOLUCIÓN DE LA DOCTRINA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN TORNO AL INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL ("RESOLUTIVO DE LA COMISIÓN TARIFARIA DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINAN LAS CUOTAS Y TARIFAS QUE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEBERÁN PAGAR LOS USUARIOS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES QUE RECIBAN POR PARTE DE ESTE ORGANISMO OPERADOR", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO EL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/2022. · Registro digital (IUS): 200844
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 15/2022. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE JALISCO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. PONENTE: MINISTRA LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco impugna el “Resolutivo de la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, mediante el cual se determinan las cuotas y tarifas que durante el ejercicio fiscal 2022 (dos mil veintidós) deberán pagar los usuarios derivado de la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales que reciban por parte de este organismo operador”, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el treinta de noviembre de dos mil veintiuno.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día treinta de noviembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 15/2022, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, contra el “Resolutivo de la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, mediante el cual se determinan las cuotas y tarifas que durante el ejercicio fiscal 2022 (dos mil veintidós) deberán pagar los usuarios derivado de la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales que reciban por parte de este organismo operador”, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el treinta de noviembre de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Mediante escrito remitido el veintisiete de enero de dos mil veintidós, a través del sistema electrónico en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfonso Hernández Barrón, en su carácter de Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, promovió controversia constitucional, en la que demandó del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, el acto denominado “Resolutivo de la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, mediante el cual se determinan las cuotas y tarifas que durante el ejercicio fiscal 2022 (dos mil veintidós) deberán pagar los usuarios derivado de la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales que reciban por parte de este organismo operador”.

2. Además, la Comisión actora señaló en su escrito de demanda como terceros interesados a los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, Estado de Jalisco, así como el Congreso de dicha entidad.

3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Comisión actora expuso los siguientes argumentos en su concepto de invalidez único:

a. Considera que el acto impugnado, al establecer las cuotas y tarifas que, durante el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, deberán pagar los usuarios de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales, prestados por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, vulnera el ejercicio de las competencias constitucionales de diversos Municipios y el Congreso del Estado de Jalisco, así como el principio de reserva de ley y los derechos humanos al mínimo vital, agua, seguridad jurídica, legalidad y proporcionalidad en las contribuciones, reconocidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16, 31, fracción IV y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

b. Menciona que el municipio goza de autonomía constitucional, para ejercer las atribuciones que tiene conferidas de manera exclusiva por la Constitución; que el municipio tiene autonomía en el manejo de su hacienda pública, la cual se constituye, entre otras, por los ingresos derivados de los servicios que presta; que corresponde al municipio la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, y que el municipio tiene la facultad de presentar al Congreso local una propuesta de cuotas y tarifas para la prestación de sus servicios.

c. También refiere que el Congreso estatal aprueba las leyes de ingresos de los Municipios.

d. Señala que la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y de sus Municipios establece que corresponde a los organismos prestadores del servicio, que son organismos públicos descentralizados del Ejecutivo local, que prestan el servicio que corresponde a los municipios, fijar las cuotas y tarifas por la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de las aguas residuales.

e. Indica que la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y de sus Municipios establece que dichas tarifas y cuotas serán publicadas en el medio oficial de difusión para conocimiento de los usuarios, ello porque la aprobación que lleva a cabo el organismo, de conformidad con las leyes de la materia, tiene ya plena y total vigencia y obligatoriedad.

f. Manifiesta que el Congreso estatal, al momento de expedir las leyes de ingresos de los municipios en la materia, se limita a reproducir lo que los organismos ya han aprobado y es obligatorio, en consecuencia, no está ejerciendo la atribución que constitucionalmente le corresponde, sino solamente lleva a cabo un acto que consiste en reiterar la publicidad de las referidas cuotas y tarifas.

g. Aduce que en el rubro correspondiente a los ingresos que el municipio obtendrá por la prestación de este servicio, en algunos casos aparece con la cantidad de MXN$ 0, ello porque es el organismo del Ejecutivo local el que recaba los recursos y dispone en su totalidad de los mismos para el ejercicio de las funciones que desempeña, sin llegar a las haciendas municipales.

h. Sostiene que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado aprobó cuotas y tarifas para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, con base en normas que contravienen los principios de división de poderes y distribución de competencias constitucionales; sin que exista información que permita asegurar que se ajustó a sus procedimientos y refiere que el incremento de las cuotas y tarifas resulta desproporcional y excesivo, lo que se traduce en una transgresión a los derechos humanos de los usuarios.

i. Señala que el incremento autorizado para el servicio de agua a partir de la fijación de las nuevas tarifas no atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos ni al costo del servicio, por lo que no cumplió con el contenido de los principios de justicia tributaria, ni con lo establecido en la propia normatividad local, pues ésta prevé que deben realizarse estudios financieros para la determinación de cuotas y tarifas, observando el impacto en la economía de los usuarios, así como el aumento de los precios de bienes y servicios, lo que no se encuentra expresado en el Resolutivo impugnado.

j. Refiere que la falta de fundamentación y motivación implica que no se aporten las razones técnicas que expliquen el costo que representa para la autoridad la prestación del servicio, lo que se traduce en la imposición de una carga desproporcionada para los usuarios.

k. Alega que, para que las disposiciones normativas impugnadas sean respetuosas del principio de proporcionalidad tributaria, el organismo debió tomar en cuenta el costo que le representa al Estado prestar el servicio de agua, para determinar la base gravable, la cual debe ser en todo momento congruente con el monto erogado por ese concepto, por lo tanto, el incremento en las cuotas debe ser proporcional al costo del servicio prestado, y observando el impacto en la economía de los usuarios.

l. Indica que el cobro excesivo que establece el acto impugnado puede llegar a hacer nugatorio el derecho al agua de la población, en tanto se trata de una medida injustificada, dado que las cuotas en cuestión no tienen sustento constitucional ni persiguen una finalidad constitucionalmente válida, lo que violenta los artículos 1° y 4°, párrafo sexto, de la Constitución Federal.

m. Considera que el aumento de las cuotas por la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de las aguas residuales debe regirse por el principio de proporcionalidad en materia tributaria, y debe ser respetuoso del mínimo vital de las personas, por lo que el Estado debe remover obstáculos de orden económico que impidan el desarrollo de la persona.

n. Menciona que la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado aprobó las nuevas tarifas de agua que aplicará en el ejercicio dos mil veintidós, en los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan mediante la aprobación del Resolutivo impugnado, y refiere que dicho Sistema es un organismo descentralizado del Ejecutivo del Estado de Jalisco, es decir, es un organismo que no pertenece a los municipios, pero que tiene el mandato legal de prestar el servicio de agua potable en los mismos, tal y como lo dispone la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios y la Ley que crea el Organismo Público descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, de conformidad con su artículo 1°.

o. Asevera que tanto la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, como la Ley del Sistema Intermunicipal en cita, facultan a autoridades administrativas para fijar las tarifas de los derechos que deben pagar las personas por el servicio de suministro de agua potable y alcantarillado, lo que transgrede el derecho de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad, de reserva de ley y legalidad tributaria, en virtud de que delega la facultad de determinar los elementos esenciales del derecho correspondiente en una autoridad administrativa.

p. Aduce que en las leyes de ingresos de los municipios involucrados (Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan) correspondientes al ejercicio fiscal dos mil veintidós, en el apartado referente a “Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales” se reproduce el Resolutivo de la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, lo que genera inseguridad jurídica en perjuicio de las personas obligadas al pago de las cuotas y tarifas, pues, por una parte, el marco jurídico aplicable establece que es facultad de éste organismo el establecimiento de las cuotas, por lo cual éstas existen y son obligatorias desde que se aprueba dicho Resolutivo y que el mandato de su publicación tiene por efecto su publicidad para el conocimiento de los usuarios.

q. Estima que el hecho de que con posterioridad el resolutivo sea transcrito en las correspondientes leyes de ingresos municipales genera aún una mayor confusión, porque el objetivo de las referidas leyes es justamente señalar, entre otros, las cuotas y tarifas que los municipios cobran por la prestación de esos servicios, pero en el caso en particular el servicio de agua potable y alcantarillado de estos municipios no lo prestan ellos sino un organismo descentralizado del Ejecutivo local.

r. También señala que genera inseguridad jurídica que en el rubro correspondiente a los ingresos que por el concepto correspondiente el municipio recibirá, aparece que Guadalajara y Tonalá obtendrán un ingreso de cero, el Municipio de Tlaquepaque recibirá un ingreso de $30,343,498.00 (treinta millones trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) y el Municipio de Zapopan, $15,711,759.00 (quince millones setecientos once mil setecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), porque en los dos últimos casos el ingreso es el resultado de la prestación del servicio en zonas donde no lo realiza el Sistema Intermunicipal.

4. Admisión y trámite. Por acuerdo de dos de febrero de dos mil veintidós, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional con el número 15/2022, y lo turnó a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para que fungiera como instructora del proceso.

5. Mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda y tuvo como demandado en la controversia constitucional al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y no así al organismo descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, al cual emplazó a efecto de que presentara su contestación a la demanda; asimismo, lo requirió para que enviara copia certificada de todas las documentales relacionadas con el acto impugnado.

6. Por otra parte, tuvo como terceros interesados en la presente controversia constitucional al Poder Legislativo y a los Municipios de Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan, todos del Estado de Jalisco, a quienes se les dio vista para que manifestaran lo que a su derecho conviniera.

7. De igual forma, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera, y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, de considerar que la materia del presente juicio trasciende a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su esfera competencial conviniera.

8. Contestación de la demanda por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Por escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Director de Amparo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en representación del Gobernador Constitucional de dicha entidad, dio contestación a la demanda en los términos siguientes:

a. Plantea como causal de improcedencia y de sobreseimiento, la falta de interés legítimo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, ya que no acredita ninguna afectación o vulneración a su ámbito de competencias, por lo que no se actualiza la procedencia de la controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 102, Apartado B y 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Federal, y 1 y 10, fracción I, de la Ley Reglamentaria, así como en las tesis P./J. 83/2001, 2a. XVI/2008 y P./J. 50/2004.

b. Al respecto, señala que la Comisión accionante cuenta con competencias, atribuciones y procedimientos para la protección, defensa y salvaguarda de los derechos humanos, sin embargo, en el caso, no justifica ni acredita que el Resolutivo reclamado le afecte o agravie en su esfera competencial.

c. Menciona que la Comisión actora tiene facultades constitucionales y legales para investigar, evaluar y emitir actos en relación con los hechos que pretende sean la litis de la controversia constitucional, las cuales en ningún momento han sido afectadas o se le ha prevenido realizar, sino que simplemente ha decidido no ejercerlas y acudir a una vía no idónea para su resolución.

d. En cuanto al concepto de invalidez que contesta, sostiene que si bien es cierto que el inciso a), fracción III, del artículo 115, de la Constitución Federal prevé que los Municipios tendrán a su cargo el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, no menos cierto es que también dicho precepto constitucional, permite que los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos, y que podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo de forma temporal de algunos de los servicios públicos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.

e. Refiere que el siete de marzo de dos mil dos, se celebró entre los Municipios de Tonalá, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan, el Convenio de Asociación Intermunicipal para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, a través del Organismo Público Descentralizado Intermunicipal denominado “Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado”. Señala que dicho convenio, en su cláusula primera, prevé que su objeto es establecer como esquema para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, el de asociación intermunicipal entre los mismos municipios.

f. Asimismo, manifiesta que la cláusula décima de dicho convenio establece que una de las facultades del Consejo de Administración es proponer a los ayuntamientos que integran el organismo, las tarifas y lineamientos para el cobro de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales, así como la determinación individualizada del costo de los servicios, en los términos de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, a fin de que éstos los sometan para su aprobación definitiva al Congreso del Estado, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, el cual dispone que la Comisión Tarifaria realizará los estudios y la formulación de propuestas de cuotas y tarifas de los servicios que brinda el organismo.

g. Respecto al argumento relativo a que el Resolutivo impugnado viola diversos derechos humanos, alega que la cantidad reflejada en las cuotas y tarifas son para que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, pueda cumplir con su objeto, esto es, satisfacer del líquido vital a los ciudadanos del área metropolitana de Guadalajara.

h. Aduce que el Resolutivo combatido no atenta contra el principio de justicia fiscal, ni los principios de equidad e igualdad tributaria, al prever tarifas diferenciadas por los servicios de agua potable, alcantarillado, infraestructura y saneamiento, toda vez que se trata de tarifas progresivas o escalonadas.

9. Manifestaciones de los terceros interesados. Por escrito presentado en el Sistema Electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de abril de dos mil veintidós, la Presidente y las Secretarias de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, en representación del Poder Legislativo de la entidad, en relación con el escrito de demanda, manifestaron lo siguiente:

a. Consideran que se actualiza la causal de improcedencia relativa a la falta de interés legítimo, por considerar que la Comisión actora no acredita fehacientemente cumplir con el requisito de principio de agravio. Ello en virtud de que alega una supuesta invasión de esferas competenciales en perjuicio de diversos municipios del Estado de Jalisco, por lo que no se actualiza un agravio a la esfera competencial del órgano accionante a partir del Resolutivo impugnado.

b. En relación con el concepto de invalidez, señalan que el penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 115 constitucional, establece que los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan, y que cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio. Ello se replica en los artículos 81 de la Constitución local, 47 y 48 de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en el numeral 95 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal. c. Aducen que, para garantizar el derecho humano de acceso al agua, son necesarias distintas operaciones y labores de alto costo, pues implica una multiplicidad de acciones como captación, conducción, tratamiento de aguas residuales, reutilización y recirculación de las aguas servidas, prevención, control de la contaminación de las aguas, conducción, saneamiento y su distribución, entre otras.

d. Por esa razón, refieren que, en ejercicio de sus facultades legislativas, se creó el organismo operador de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, reutilización, disposición de aguas residuales y manejo de aguas pluviales en el área metropolitana de Guadalajara, como organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con carácter de organismo fiscal autónomo, que se denominará Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. Ello, con el objeto de que administre el servicio público del agua, mediante convenios Estado-Municipios, para la eficaz prestación del servicio de suministro de agua potable, drenaje y alcantarillado y tratamiento y disposición de aguas residuales.

e. Respecto al argumento relativo a que el acto impugnado vulnera el derecho de seguridad jurídica, así como los principios de legalidad, de reserva de ley y legalidad tributaria, alegan que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, en materia tributaria, la reserva de ley es relativa, es decir, si bien es cierto que todos los elementos de la contribución deben estar previstos en una ley formal y material, como acto normativo primario, su regulación queda al prudente arbitrio de la autoridad administrativa, conforme lo dispone el artículo 89, fracción I de la Constitución Federal.

f. Por lo tanto, consideran que, como acto primario, la ley formal y materialmente legislativa marca un límite contenido para las normas secundarias (reglamentarias), las cuales no podrán contravenir lo dispuesto en la norma primaria, y por otro lado, en casos excepcionales, y que así lo justifiquen, pueden existir remisiones a normas secundarias, siempre y cuando tales remisiones hagan una regulación subordinada y dependiente a la ley primaria y, además constituyan un complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria, lo que, a su juicio, puede suceder tratándose de los elementos cuantitativos del tributo, esto es, la tasa, tarifa y época de pago.

g. Sostienen que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 Bis de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco, previa autorización del Congreso local, la determinación de las cuotas y tarifas se realiza tomando en consideración la tarifa anual, unidad de medida en pesos por metro cúbico, estimación de costos fijos, variables y financieros, depreciación y amortización de activos, fondo de inversión para ampliación y mejoramiento, volumen demandado y año de análisis, es decir, se establece el procedimiento a seguir para la determinación de dichas cuotas y tarifas.

10. Por otra parte, mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el diecinueve de abril de dos mil veintidós, el Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque realizó manifestaciones en relación con la presente controversia constitucional, en las cuales expuso lo siguiente:

a. Refiere que, de acuerdo con el decreto número 24805/LX/13 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de dos mil trece, se creó el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, como organismo operador del Ejecutivo del Estado en los Municipios del área metropolitana de Guadalajara que hayan celebrado o que celebren convenio de coordinación para la prestación más eficiente de los servicios públicos del agua potable, no potable, residual, tratada y agua negra, saneamiento de las aguas residuales y drenajes sanitario y pluvial en el ámbito de competencia del Estado de Jalisco y sus municipios, la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, los convenios que para la prestación de los servicios celebren los municipios metropolitanos, y demás disposiciones legales aplicables.

b. Señala que dicho organismo tendrá el carácter de autoridad fiscal municipal y ejercerá las atribuciones de los funcionarios encargados de las haciendas municipales, en los términos que se señalen en los convenios que suscriba con los municipios, y en consecuencia, llevará a cabo la recaudación y cobro de los ingresos que por la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales le corresponda percibir al municipio que se encuentre adherido, conforme a lo previsto en el artículo 157 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así como la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

c. Indica que el citado organismo, por conducto de su Director General o de quien éste designe para tal efecto, tiene facultades para determinar los créditos y las bases para su liquidación, así como para fijarlos en cantidad líquida, cobrarlos y percibirlos, de conformidad con la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. Asimismo, señala que dicho organismo podrá ejercer facultades de comprobación a cargo de los usuarios del servicio y demás sujetos obligados.

11. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinte de abril de dos mil veintidós, el Síndico y representante legal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco realizó manifestaciones en la presente controversia constitucional:

a. Informa que la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, en su primera sesión extraordinaria, celebrada el once de noviembre de dos mil veintiuno, determinó las cuotas y tarifas que los usuarios deberán pagar durante el ejercicio fiscal de dos mil veintidós.

b. Menciona que por oficio DG 371/2021, el Ing. Carlos Enrique Torres Lugo, Director General, Secretario Técnico de la Junta de Gobierno y Presidente de la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, remitió a ese Ayuntamiento, las determinaciones autorizadas por la referida Comisión, en su primera sesión extraordinaria de once de noviembre de dos mil veintiuno.

c. Hace del conocimiento que con fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, el Pleno de ese Ayuntamiento aprobó el Acuerdo No. 61, consistente en autorizar la publicación en la Gaceta municipal Tlahtolli, el Resolutivo de Tarifas del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, así como la notificación de dicho Acuerdo a las autoridades correspondientes.

d. Finalmente, sostiene que dicho Ayuntamiento no participó en la aprobación de la propuesta de la lista de precios del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, ya que, por mandato legal, es una facultad propia y exclusiva de la Comisión Tarifaria del citado Sistema y no de los municipios, y su única intervención se limitó a dar publicidad al Resolutivo impugnado a través de su publicación en la Gaceta Municipal Tlahtolli.

12. Por último, mediante escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintiuno de abril de dos mil veintidós, el Director de lo Jurídico Contencioso del Municipio de Guadalajara, Jalisco, en relación con la presente controversia constitucional, manifestó lo siguiente:

a. Aduce que se actualiza la causal de improcedencia y sobreseimiento relativa a la falta de interés legítimo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por considerar que no acredita de manera fehaciente la afectación que le causa el acto que reclama ni la invasión a su esfera de atribuciones que la ley le confiere. Ello en virtud de que no existe un vínculo entre la facultad legal del ente que demanda el acto y la afectación aducida.

b. Sostiene que dicha causal se actualiza en tanto que la Comisión actora promueve su demanda en representación de la colectividad y no por una afectación que se le haya causado a su esfera de atribuciones, por ende, no acredita la lesión que le causa el acto que demanda.

13. Pedimento. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no emitieron opinión en la presente controversia constitucional, a pesar de estar debidamente notificadas.

14. Audiencia. Substanciado en sus términos el trámite respectivo, el doce de julio de dos mil veintidós, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria y se puso el expediente en estado de resolución. En dicha audiencia, la Ministra instructora relacionó las pruebas documentales presentadas por las partes, tuvo a los municipios de Tlaquepaque y Tonalá ofreciendo la instrumental de actuaciones, también el último de esos municipios ofreciendo la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, e hizo constar que las partes no formularon alegatos, por lo que acto

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200844-bfe9ae4f/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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