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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONSEJERO JURÍDICO DEL ESTADO DE COLIMA PUEDE PRESENTARLA EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA (ARTÍCULO 38, FRACCIÓN XII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE O PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA (ARTÍCULO 67, NUMERAL 1, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE O PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA [ARTÍCULO 23, NUMERAL 1, INCISO L), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONSEJERO O CONSEJERA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL (ARTÍCULOS 90, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 12 Y 4, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. VI. INTERÉS LEGÍTIMO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PUEDE DERIVAR NO SÓLO DE LA INVASIÓN COMPETENCIAL A LOS ÓRGANOS LEGITIMADOS, SINO DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE SU ESFERA REGULADA DIRECTAMENTE EN LA NORMA FUNDAMENTAL. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA PARTE ACTORA EXCLUSIVAMENTE ALEGUE VIOLACIONES A CLÁUSULAS SUSTANTIVAS, DIVERSAS A LAS COMPETENCIALES, O VIOLACIONES DE ESTRICTA LEGALIDAD. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EVOLUCIÓN DE LA DOCTRINA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN TORNO AL INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS QUE SE PUEDE HACER VALER EN ESTE MEDIO DE CONTROL DEBE ESTAR VINCULADA CON EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA PARTE ACTORA, A FIN DE ACREDITAR SU INTERÉS LEGÍTIMO. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL PODER EJECUTIVO LOCAL DEL ESTADO DE COLIMA PARA PLANTEAR AFECTACIONES A LAS FACULTADES CONCURRENTES EN MATERIA MEDIO AMBIENTAL Y RESIDUALES DE RECTORÍA ECONÓMICA DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, EN RELACIÓN CON EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA NACIONAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE MARZO DE 2021.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 45/2021. · Registro digital (IUS): 30824
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-08-12
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Agosto de 2022, Tomo II, Pág.2179.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 45/2021. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA. 19 DE ABRIL DE 2022. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIOS: JIMENA SOFÍA VIVEROS ÁLVAREZ Y VÍCTOR MANUEL MIRANDA LEYVA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado el nueve de marzo de dos mil veintiuno.

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de abril de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 45/2021, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en contra del Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo Federal.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la controversia constitucional. Por escrito recibido mediante sistema electrónico el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Colima presentó controversia constitucional, en la que reclamó del Congreso de la Unión (por conducto de la Cámara de Senadores y de Diputados) y del presidente de la República, lo siguiente.

"III. Norma general o acto cuya invalidez se demanda

"1. Del Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se demanda la invalidez de la discusión, aprobación y emisión del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021, específicamente por lo que hace a las siguientes porciones normativas:

"‘Artículo 3. ...

"‘I. a IV. ...

"‘V. Central eléctrica legada: Central eléctrica que no se incluye en un permiso para generar energía eléctrica bajo la modalidad de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, producción independiente o usos propios continuos, y:

"‘a) Es propiedad de los organismos, entidades o empresas del Estado; y,

"‘b) Cuya construcción y entrega sea con independencia de su modalidad de financiamiento;

"‘VI. a XI. ...

"‘XII. Contrato de cobertura eléctrica: Acuerdo entre participantes del mercado mediante el cual se obligan a la compraventa de energía eléctrica o productos asociados en una hora o fecha futura y determinada, o a la realización de pagos basados en los precios de los mismos. Exclusivamente los suministradores de servicios básicos podrán celebrar contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física;

"‘XII Bis. Contrato de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física: Acuerdo entre un suministrador de servicios básicos y un generador mediante el cual se obligan a la compraventa de energía eléctrica o productos asociados en una hora o fecha futura y determinada, con el compromiso de realizar la entrega física de la energía, servicios conexos o potencia establecidos, y para lo cual el generador presentará al Cenace los programas de generación de las centrales eléctricas que formen parte del contrato mediante ofertas de programa fijo en el mercado eléctrico mayorista, conforme a las reglas del mercado;

"‘XIII. ...

"‘XIV. Contrato legado para el suministro básico: Contrato de cobertura eléctrica que los suministradores de servicios básicos tendrán la opción de celebrar, con precios basados en los costos y contratos respectivos, que abarcan la energía eléctrica y productos asociados de las centrales eléctricas legadas y las centrales externas legadas, con compromiso de entrega física;

"‘XV. a LVII. ...’

"‘Artículo 4. ...

"‘...

"‘I. Otorgar acceso abierto a la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución en términos no indebidamente discriminatorios, cuando sea técnicamente factible;

"II. a V. ...

"VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y servicios conexos al mercado eléctrico mayorista basado en los costos de producción unitarios conforme a las reglas del mercado, garantizando, en primera instancia, los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física y, en segundo término, el suministro de energías limpias, entregando dichos productos al Sistema Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible, sujeto a las instrucciones del Cenace.’

"‘Artículo 12. ...

"‘I. Otorgar los permisos a que se refiere esta Ley, considerando los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional establecidos por la Secretaría, y resolver sobre su modificación, revocación, cesión, prórroga o terminación;

"‘II. a LIII. ...’

"‘Artículo 26. Los transportistas y los distribuidores son responsables de la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución y operarán sus redes conforme a las instrucciones del Cenace, quien considerará la prioridad en el uso de estas redes para el despacho de las centrales eléctricas legadas y las centrales externas legadas con compromiso de entrega física. Para el mantenimiento de la red nacional de transmisión y de los elementos de las redes generales de distribución que correspondan al mercado eléctrico mayorista, los transportistas y los distribuidores se sujetarán a la coordinación y a las instrucciones del Cenace.’

"‘Artículo 53. Los suministradores de servicios básicos podrán celebrar contratos de cobertura eléctrica a través de subastas que llevará a cabo el Cenace. Los términos para llevar a cabo dichas subastas y asignar los contratos de cobertura eléctrica respectivos se dispondrán en las reglas del mercado.’

"‘Artículo 101. Con base en criterios de seguridad de despacho y eficiencia económica, el Cenace determinará la asignación y despacho de las centrales eléctricas, de la demanda controlable y de los programas de importación y exportación.

"‘Dicha asignación y despacho se ejecutará independientemente de la propiedad o representación de las centrales eléctricas, la demanda controlable u ofertas de importación y exportación. Lo anterior, considerando los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física.’

"‘Artículo 108. ...

"‘I. a IV. ...

"‘V. Determinar la asignación y el despacho de las centrales eléctricas, de la demanda controlable y de los programas de importación y exportación, a fin de satisfacer la demanda de energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional, y mantener la seguridad de despacho, confiabilidad, calidad y continuidad del Sistema Eléctrico Nacional;

"‘VI. Recibir las ofertas y calcular los precios de energía eléctrica y productos asociados que derivan del mercado eléctrico mayorista, y recibir los programas de generación y consumo asociados a los contratos de cobertura con compromisos de entrega física, de conformidad con las reglas del mercado;

"‘VII. a XXXIV. ...’

"‘Artículo 126. ...

"‘I. ...

"‘II. La Secretaría establecerá los criterios para su otorgamiento en favor de los generadores y generadores exentos que produzcan energía eléctrica a partir de energías limpias. El otorgamiento de los certificados de energías limpias a centrales eléctricas, no dependerá ni de la propiedad, ni de la fecha de inicio de operación comercial de las mismas;

"‘III. a V. ...

"‘2. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la promulgación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2021, que contiene las porciones normativas impugnadas.’."

2. Conceptos de invalidez. En su demanda, la parte promovente expuso los siguientes conceptos de invalidez.

"Primero. El decreto impugnado viola las facultades concurrentes en materia medioambiental que el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Federal asegura al Estado de Colima al impedir que éste desarrolle, implemente y ejecute la política pública vinculada con el sector de la energía eléctrica tendiente a promover la sustitución del uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, incluyendo los necesarios para la generación de electricidad.

"Además, el decreto referido viola por vía de consecuencia los derechos a un medio ambiente sano y a la salud de los habitantes del Estado, reconocidos en el artículo 4o. constitucional, en la medida en la que impide que aquéllos se beneficien de una industria de generación de electricidad local que abone a mejorar las condiciones medioambientales del Estado.

"El artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Federal faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.

"Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece de manera general las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. Al efecto, establece en su artículo 4o. que la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente de conformidad con la distribución de competencias prevista en esa ley, así como en otros ordenamientos legales.

"Además, el artículo 7 de la referida ley general indica que corresponde a las entidades federativas la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal (fracción I), la aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación (fracción II), la formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático (fracción XX) y la atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al medio ambiente les conceda la propia ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación (fracción XXII).

"De lo anterior, se sigue que el Estado de Colima tiene amplias facultades para delinear su política estatal en materia de protección y preservación del medio ambiente, así como en materia de mitigación y adaptación al cambio climático.

"La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes si bien no prevé alguna facultad concurrente explícitamente diseñada para garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable de niñas, niños y adolescentes, lo cierto es que instituye bases sólidas en sus artículos 2, 3 y 14 que permiten confirmar que las facultades concurrentes en materia medioambiental deben considerar invariablemente el interés superior de la niñez, para lo cual toda política pública y programa de gobierno deben garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en su favor, así como debe considerar su opinión y evaluar el impacto que tendrá en las niñas, niños y adolescentes.

"La Ley General para el Cambio Climático reglamenta las disposiciones de la Constitución en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico, siendo que dentro de sus objetivos se encuentra establecer la concurrencia de las facultades de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

"Este ordenamiento es un referente normativo primordial del íntimo vínculo que existe entre el cambio climático y el sector eléctrico, pues es preciso en cuanto a la relevancia que tiene el uso de fuentes renovables de energía como parte de las labores de mitigación de los efectos de ese fenómeno. En efecto, en los artículos 33 y 34 define explícitamente como uno de los ejes torales de la política pública para reducir las emisiones (mitigación) la sustitución del uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, incluida la generación de electricidad.

"Además, en el régimen transitorio del decreto de su expedición, la transición se asume como una meta concreta en la que intervendrán los tres órdenes de gobierno, y la cual será promovida por la Sener –en coordinación con la CFE y la CRE– de manera que la generación eléctrica proveniente de fuentes de energías limpias alcance por lo menos 35 % para el 2024.

"De lo anterior, se sigue que el desarrollo normativo del sector eléctrico debe, en todo momento, ser armonioso con las políticas públicas en materia medioambiental tendientes a la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, lo cual invariablemente requiere respetar las facultades de los tres órdenes de gobierno en dicha materia.

"La concurrencia establecida por el ordenamiento en análisis subraya que la manera en la que intervienen las entidades federativas en esta importante labor para contrarrestar y aminorar los efectos del cambio climático se define en el artículo 8, destacadamente en sus fracciones I, II y III, que las facultan para formular, conducir y evaluar la política local en materia de cambio climático en concordancia con la política nacional, específicamente incluyendo acciones y criterios de mitigación al cambio climático. Por tanto, si un eje toral de las políticas de mitigación incluye promover la sustitución del uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, incluyendo para la generación de electricidad, entonces es claro que dentro de las acciones y criterios al alcance de las entidades federativas se encuentran las orientadas a conseguir ese fin, siempre y cuando se mantengan dentro del ámbito de sus atribuciones.

"Con base en lo anterior, el decreto impugnado se constituye como un obstáculo para que el Estado de Colima, en ejercicio de sus facultades concurrentes, formule, conduzca y evalúe políticas públicas viables que tengan como finalidad un mayor empleo de fuentes renovables de energía o la adopción de procesos más eficientes para la generación de electricidad en aras de lograr la adaptación regional al cambio climático, mitigar las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero derivado del uso y consumo de combustibles fósiles, y con ello generar mejores condiciones para el ejercicio del derecho de todo colimense –en especial las niñas, niños y adolescentes– a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.

"En efecto, a pesar de que el Estado de Colima carece de facultades para definir la política pública del sector eléctrico, sí cuenta con amplias atribuciones para asistir activamente –desde su ámbito de competencia– en la descarbonización del sistema eléctrico, por la vía de la adopción de actividades económicas, como puede ser la gestión y administración de fondos locales y la aplicación de incentivos fiscales; inversión estatal; la suscripción de convenios de colaboración con el sector privado o, incluso, con la misma CFE; convenios de coordinación con la Federación, otras entidades federativas y Municipios; mediante el fomento de actividades, por la vía de la investigación científica y tecnológica y el desarrollo, transferencia y despliegue de tecnologías; o a través de temas concretos como el impulso al transporte eficiente y sustentable, público y privado.

"No debe ignorarse la existencia de facultades residuales que autorizan al Estado de Colima la posibilidad de proveer lo necesario para el desarrollo de áreas estratégicas a cargo del Gobierno Federal, como es el caso de la planeación y control del SEN y de la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Particularmente y atento a la cláusula residual incluida en el artículo 124 del Pacto Federal, debe considerarse que la Constitución del Estado de Colima prevé en la sección IV ‘Del desarrollo económico social’ que corresponde al Estado, en el ámbito de sus atribuciones, garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas y grupos sociales. En términos de lo anterior, el Congreso del Estado de Colima expidió la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima, que tiene por objeto establecer las bases para incentivar y promover la inversión a fin de impulsar el crecimiento económico de los sectores, de manera integral, sostenido y sustentable de la entidad, e incrementar el bienestar social de los colimenses, dentro de un marco jurídico que otorgue seguridad a la inversión, al trabajo y que promueva el desarrollo del Estado.

"Concretamente, el artículo 5, fracciones III, X, XIII, XVI y XX, de esa ley autoriza al Estado de Colima a (i) promover el aprovechamiento integral de los recursos existentes, (ii) promover proyectos productivos para atraer inversión, (iii) promover la creación de infraestructura para el crecimiento económico, (iv) promover la creación de parques y zonas industriales y (v) promover una cultura de respeto al medio ambiente que privilegie la actividad de empresas no contaminantes. Todas estas facultades sientan las bases para el desarrollo de actividad programática por parte del Estado de Colima, que encuentra puntos de conexión con el desarrollo de industrias como la eléctrica.

"No obstante, el andamiaje legal que ahora regula el sector eléctrico desincentiva el establecimiento de nuevos proyectos de energía eléctrica en la entidad, desplaza a las centrales eléctricas que emplean fuentes renovables de energía y genera desincentivos para invertir en nuevas tecnologías. En su lugar, promueve el empleo de combustibles fósiles y/o de centrales eléctricas que no cumplen con los estándares de eficiencia necesarios para reducir la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero. Por tanto, la norma se constituye de facto como una barrera para que el Estado de Colima desarrolle, implemente y ejecute políticas públicas explícitamente diseñadas en ejercicio de sus facultades concurrentes y residuales para promover la sustitución del uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía.

"a. El nuevo orden de despacho: abandono del criterio de eficiencia.

"El nuevo texto legal incluye nuevas categorías que, en términos simples, colocan a la CFE en el primer lugar del orden de despacho en detrimento de quienes concurren al mercado de generación de energía eléctrica. En efecto, la nueva redacción de la fracción VI del artículo 4 en conjunto con los artículos 101 y 108, fracción VI, de la Ley de la Industria Eléctrica instituyen un cambio relevante en torno a esa temática, pues lejos de preservar la libre competencia en la generación y comercialización, establecen que la oferta de energía eléctrica, potencia y servicios conexos al MEM debe garantizar, en primera instancia, los CCE con entrega física y, en segundo término, el suministro de energías limpias.

"La reforma implica que los CCE con entrega física se constituyan como una categoría normativa a la que, de facto, únicamente tiene acceso la empresa estatal CFE SSB y, por tanto, la garantía que instituye el artículo 4, fracción VI, en favor de esos contratos beneficie en exclusiva a esa empresa estatal. "La lógica impuesta en el decreto impugnado refleja que el Congreso de la Unión ejerció sus facultades para legislar en materia de la industria eléctrica de manera que limita las facultades del Estado de Colima para ejecutar acciones que promuevan la eficiencia energética, el uso de fuentes renovables de energía y el impulso tecnológico e industrial para la generación de energías limpias.

"Las acciones de Colima se ven limitadas, pues con motivo del decreto impugnado se ‘desconecta’ el mercado de generación de la lógica de eficiencia y, consecuentemente, poco impacto tendrán las acciones que esta entidad logre emprender. Se evidencia, además, que el decreto impugnado se aparta completamente de la lógica de coordinación que subyace al Pacto Federal pues, aunque el Congreso de la Unión cuenta con libertad de configuración para modificar el orden de despacho de centrales eléctricas, esa libertad no puede implicar la desactivación de facultades propias de las entidades federativas.

"Establecer un orden predeterminado de prelación en función al tipo de central desincentiva que los generadores realicen inversiones para que puedan disminuir sus costos de generación y, con ello, transitar a tecnologías más eficientes y menos contaminantes.

"Esta modificación limita la efectividad de las acciones que el Estado de Colima pueda emprender al amparo de la Ley del Cambio Climático de Colima, su Ley Ambiental y su Ley de Energías Renovables para impulsar la sustitución de energías fósiles y/o impulsar el desarrollo de energías limpias, lo cual reporta un beneficio patente a su población, destacadamente a la población de niñas, niños y adolescentes. Desde esa perspectiva, el decreto impugnado termina por revertir la efectividad de la promoción de industrias eficientes en términos medioambientales y, con ello, la tutela de derechos a un medio ambiente sano y a la salud, en contradicción con el mandato de progresividad de los derechos humanos.

"b. El nuevo orden de despacho interfiere las facultades de Colima de fomentar el desarrollo de una industria eléctrica sustentable.

"El abandono de criterios de despacho basados en méritos y, en su lugar, la adopción de un orden que no tiene otro propósito que beneficiar a la CFE –en su segmento de generación y suministro básico– tiene como consecuencia que se privilegie el despacho de energía generada por las centrales que aquella empresa desee.

"Contrario a lo que sigue estableciendo el artículo 101 de la LIE en el sentido de que el despacho será ‘independientemente de la propiedad o representación de las centrales eléctricas’, la nueva regla define un orden de despacho que lejos de atender a las características de las centrales eléctricas, responde a la relación que aquéllas tengan con CFE con motivo de los contratos con entrega física o los contratos legados.

"Si bien es posible que CFE generación amplíe su base de centrales que emplean energías limpias y/o mejore los procesos de eficiencia de aquellas que utilizan combustibles fósiles, la estrategia que se desprende de los instrumentos programáticos vigentes e, incluso, afirmaciones públicas por parte del titular del Ejecutivo Federal y del director de CFE, sugieren que la verdadera intención es utilizar los combustibles fósiles y poner en operación centrales antiguas.

"Las normas del decreto impugnado nuevamente interfieren negativamente el ámbito de facultades concurrentes de esta entidad para desplegar acciones eficaces directamente orientadas a la protección del medio ambiente y el desarrollo de una industria de generación eléctrica guiada por una lógica de eficiencia energética, innovación en tecnologías limpias y aprovechamiento eficiente de los recursos naturales con los que cuenta Colima.

"Al colocar en primer lugar del orden a las centrales convencionales de CFE y fomentar su ampliación, se genera un efecto de señal negativa para potenciales participantes de la industria que, ante la preferencia discrecional y arbitraria de las plantas de la empresa estatal, tienen incentivos negativos que las orillan a retroceder en sus decisiones de negocio para el desarrollo de nuevos proyectos.

"Lo anterior impacta al Estado de Colima que como entidad pequeña no tiene vastos recursos naturales para explotar y, por tanto, debe generar condiciones estables para la inversión y desarrollo de nuevos proyectos que favorezcan las energías limpias. Un mercado atractivo para la inversión implica un contexto positivo para que el Estado de Colima genere oportunidades de inversión que sean atractivas y ajustadas a sus particulares condiciones. Si con motivo del decreto impugnado, el Congreso de la Unión modifica de manera desaseada e injustificada el contexto normativo previo, la oferta de Colima para la inversión privada queda neutralizada de facto.

"Finalmente, el nuevo mecanismo de despacho en modo alguno es congruente con los fines del principio de sustentabilidad, pues propone una regresión hacia una industria que privilegia y potencia el uso de centrales convencionales.

"c. El Decreto impugnado relega los procesos competidos para la adquisición de energía y productos asociados.

"El nuevo texto del artículo 53 de la LIE, incorporado en el decreto impugnado elimina la obligación de los suministradores de servicios básicos de celebrar CCE a través de subastas, dejándolo como una simple alternativa. A la par, el artículo 3, fracción V, amplía la base de centrales legadas, ocasionando con ello que haya más centrales de CFE que puedan colocar sus productos sin que medien procesos competidos. Es decir, por una parte, se elimina la obligatoriedad de adquirir energía a través de subastas y, por otra, se amplía el catálogo de centrales que podrá incluirse en la hipótesis de los artículos 3, fracción XIV y décimo noveno transitorio del decreto de la LIE.

"En la medida en la que CFE generación y CFE SSB son subsidiarias de la empresa productiva del Estado CFE, es anticipable que actúen en unísono y, por ende, dichos contratos sean asignados a las centrales de la primera. Con esto se genera un escenario en el que la determinación de la base de generación de energía del país –y destacadamente de la entidad federativa– no se regirá por criterios de eficiencia (que a su vez se traducen en un menor impacto ambiental) sino en la necesidad de sanear las finanzas de la CFE. La legalización de la política pública impulsada por el Ejecutivo Federal trasciende a todas las partes del Pacto Federal, pues es evidente que este cambio implicará que el único suministrador de servicios básicos adquirirá la energía que se consume en el país, abriendo un amplio margen para que dicha decisión se tome sin atención a racionalidades eficientes, económica y ambientalmente.

"La regla recién reseñada impacta las facultades concurrentes y residuales del Estado de Colima en tanto que genera un escenario poco favorable para el impulso a la inversión en energía limpia y renovable, el otorgamiento de estímulos fiscales, así como para la promoción del uso y consumo de energías renovables. Esto es, el Congreso de la Unión no reparó en que al eliminar incentivos para que los competidores coloquen su oferta de energía en condiciones de competencia, nuevamente limita la efectividad de las acciones de las entidades federativas para atraer inversiones a su territorio y para que los habitantes de las entidades usen y consuman energía de fuentes renovables.

"d. Los privilegios que el decreto otorga a la CFE impiden que el Estado de Colima implemente políticas que promuevan la participación de centrales que utilicen energías limpias.

"Las normas del decreto impugnado interfieren negativamente en el ámbito de facultades concurrentes del Estado de Colima para desplegar acciones eficaces directamente orientadas a la protección del medio ambiente en torno al desarrollo de una industria de generación eléctrica guiada por una lógica de eficiencia energética, innovación en tecnologías limpias y aprovechamiento eficiente de los recursos naturales con los que cuenta Colima.

"Ello, pues colocar en primer lugar del orden a las centrales convencionales de CFE y fomentar su ampliación tiene efectos de señal negativa en potenciales participantes de la industria que, ante la preferencia discrecional y arbitraria de las plantas de la empresa estatal, tienen incentivos negativos que las orillan a retroceder en sus decisiones de negocio para el desarrollo de nuevos proyectos.

"e. Adopción de criterios de costos de producción marginales.

"Con motivo del decreto impugnado se modificó el artículo 4, fracción VI, el cual ahora estipula que la oferta de energía y productos asociados al MEM debe realizarse con base en costos de producción unitarios. Este cambio tiene como consecuencia necesaria que la CRE modifique las bases del mercado, toda vez que el criterio de costos de producción marginales es incompatible con un criterio de costos de producción unitarios.

"El cambio de criterio hacia costos unitarios implica que se privilegie el despacho de centrales más contaminantes, poniendo en jaque la sustentabilidad del SEN, es decir, las centrales de energía convencionales cuyos costos de instalación ya fueron amortizados –como es el caso de centrales de la CFE– reportan costos unitarios inferiores, de manera que se colocarían en los primeros lugares de despacho, relegando a las centrales de energía limpia o centrales convencionales con altos niveles de eficiencia que suelen presentar costos unitarios superiores, al no haber amortizado las inversiones iniciales.

"Concretamente, el cambio en la determinación de precios bajo un sistema de costos unitarios genera que:

"i. Se impida que el MEM opere bajo criterios de eficiencia económica, pues considerar los costos unitarios –que incluye los costos fijos y variables de producción–, generará altos precios para los usuarios finales, afectando así, el principio de competencia efectiva que rige al sector.

"ii. Implica que los generadores no tengan incentivos para generar eficiencias en sus procesos, actualizar su infraestructura o procesos inte

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30824-0c0ab6ed/i-controversia-constitucional-el-consejero-juridico-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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