I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA CUENTA CON FACULTADES PARA PROMOVERLA AL PARTICIPAR DE LA NATURALEZA DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL O LA COMISIONADA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA PUEDE PRESENTARLA EN REPRESENTACIÓN DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO (ARTÍCULO 20 DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE O PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA (ARTÍCULO 67, NUMERAL 1, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE O PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA [ARTÍCULO 23, NUMERAL 1, INCISO L), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONSEJERO O CONSEJERA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL (ARTÍCULOS 90, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 12 Y 4, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS QUE SE PUEDE HACER VALER EN ESTE MEDIO DE CONTROL DEBE ESTAR VINCULADA CON EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA PARTE ACTORA, A FIN DE ACREDITAR SU INTERÉS LEGÍTIMO. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA PARA PLANTEAR UNA VIOLACIÓN ABSTRACTA A LOS PRINCIPIOS DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA, EN RELACIÓN CON EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE MARZO DE 2021.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 44/2021. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. 18 DE ABRIL DE 2022. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIOS: JIMENA SOFÍA VIVEROS ÁLVAREZ Y VÍCTOR MANUEL MIRANDA LEYVA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado: Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado el nueve de marzo de dos mil veintiuno.
Ver índice temático
Ciudad de México. Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de abril de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 44/2021, promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica, en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda por la Comisión Federal de Competencia Económica. Por escrito recibido mediante buzón judicial el veintiuno de abril de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Federal de Competencia Económica, por conducto de su comisionada presidenta, promovió controversia constitucional en la que demandó del Congreso de la Unión y del presidente de la República lo siguiente:
"IV. Normas generales o actos cuya invalidez se reclama.
"El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en la edición vespertina del D.O.F. el 9 de marzo de 2021."
En su demanda, la Comisión demandante consideró que el decreto impugnado transgrede los artículos 25, 27, 28, 49 y 133 de la Constitución General.
2. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Comisión Federal de Competencia Económica expuso los siguientes conceptos de invalidez:
Primer concepto de invalidez. El decreto impugnado en sus artículos 3, fracciones V, XII, XII Bis y XIV, 4, fracciones I y VI, 12, fracción I, 26, 35, 53, 101, 108, fracciones V y VI, 126, fracción II, y transitorios primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la Ley de la Industria Eléctrica, contraviene los artículos 25, 28 y 49 de la Constitución General al violar los principios constitucionales de competencia económica y libre concurrencia en el mercado de generación de electricidad principalmente, y en el de comercialización o suministro de energía, vulnerando con ello la autonomía y esfera competencial de la Comisión demandante, así como la regularidad del ejercicio de sus atribuciones en quebranto del principio de división de poderes.
Ello es así, pues se alteran las reglas y premisas establecidas en la Ley de la Industria Eléctrica de dos mil catorce, la cual estaba basada en la participación de los particulares en la generación y suministro de energía eléctrica bajo el régimen de libre competencia, así como en la transformación de diversos órganos estatales que participan en el sector como agentes económicos o reguladores.
De igual manera, el referido decreto contraviene las reglas constitucionales vigentes del sector eléctrico y los principios constitucionales de la competencia económica y libre concurrencia en el mercado de generación de electricidad principalmente, y en el de comercialización o suministro de energía, vulnerando con ello la autonomía y esfera competencial de la Comisión demandante y la posibilidad de que dicha autoridad ejerza un mandato conferido por la Constitución en el sector eléctrico nacional, afectando gravemente la regularidad del ejercicio de sus atribuciones en quebranto del principio de división de poderes.
Expone que en el decreto impugnado desarticula y elimina las reglas de operación que permiten un ambiente de competencia y libre concurrencia en el mercado de generación y suministro de energía eléctrica pues, i) quebranta la regla de acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución, lo que reduce la capacidad de competir de ciertos generadores y comercializadores; ii) elimina el concepto de despacho económico de las centrales eléctricas, otorgando ventajas indebidas en favor de la Comisión Federal de Electricidad y anulando la competencia en la generación de energía eléctrica; iii) permitir a los suministradores del servicio básico la adquisición de la energía a través de métodos no competidos, ampliando indefinidamente el régimen legado (originalmente transitorio) y eliminado la necesidad de implementar nuevas subastas a largo plazo; y iv) otorga amplia discrecionalidad a la Comisión Reguladora de Energía, lo que podría traducirse en negativas injustificadas para el otorgamiento de permisos para operar como generador o suministrador, así como barreras a la entrada o condiciones que afecten la entrada o permanencia de competidores.
El decreto contiene distintas modificaciones que contravienen la dinámica de competencia generada por el despacho económico que incentivaba a las centrales eléctricas –incluidas las de la Comisión Federal de Electricidad– a ser más eficientes y productivas con el objetivo de despachar primero su electricidad a un menor costo para generar mayor rentabilidad.
Ello, toda vez que mediante los artículos 3, fracciones V, XII, XII Bis y XIV, 4, fracciones I y VI, 12, fracción I, 26, 35, 53, 101 y 108, fracciones V y VI, de la Ley de la Industria Eléctrica que se contienen en el decreto impugnado, se establece un orden de prioridad para tomar la electricidad de las centrales eléctricas, eliminado con ello el despacho económico y distorsionando la dinámica competitiva.
A mayor abundamiento, al eliminarse el despacho económico se obliga a ofrecer energía eléctrica, potencia y servicios conexos al mercado eléctrico mayorista basado en costos de producción unitarios, garantizado en primera instancia los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de energía física y, en segundo término, el suministro de energías limpias.
Además, también se obliga al Centro Nacional de Control de Energía a considerar los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de energía física para determinar la asignación y el despacho de las centrales eléctricas, por lo que se favorece a la Comisión Federal de Electricidad en detrimento de los demás generadores de energía eléctrica.
Tomar costos unitarios de producción en lugar de costos marginales únicamente tiene sentido en un contexto de mercado monopólico en donde existen altas economías de escala en un rango amplio de la producción que justifican la existencia de una sola empresa. No obstante, el mercado de generación de electricidad –a diferencia de la transmisión y distribución– no presenta características de monopolio natural, por lo que no existe justificación basada en eficiencia para permitir que opere una sola empresa.
Además, el decreto impugnado concede amplia discrecionalidad a la Comisión Reguladora de Energía para negar permisos y revocar los otorgados conforme a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica para el autoabastecimiento y la cogeneración en caso de que hayan sido obtenidos mediante "fraude a la ley", sin que para ello se establezcan mayores criterios o parámetros para que la autoridad reguladora tome esas decisiones, lo cual posibilita actuaciones caprichosas y arbitrarias.
El decreto impugnado resulta contrario a la política instaurada en el decreto de reforma constitucional en materia energética de dos mil trece, cuyo objetivo fundamental fue promover la competencia en los eslabones de generación y suministro de energía.
Adicionalmente, al eliminarse el mercado de compraventa de coberturas eléctricas del principal suministrador del país se impide a la Comisión demandante aplicar sus facultades para garantizar el proceso de competencia y libre concurrencia, toda vez que las transacciones de compraventa ya no se realizarían en el mercado mediante las subastas, sino a través de negociaciones bilaterales entre las empresas de la Comisión Federal de Electricidad.
Los artículos 4, fracción I y 26 de la Ley de la Industria Eléctrica, contenidos en el decreto impugnado, establecen una barrera regulatoria a la competencia, dado que ambas disposiciones inciden en la garantía constitucional de acceso abierto no indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución, derivada de la reforma constitucional de dos mil trece, específicamente en el artículo décimo transitorio, inciso a), de dicha reforma.
Sin embargo, la modificación al artículo 4, fracción I, de la Ley de la Industria Eléctrica en el sentido de que el Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica deberá otorgar el acceso a las redes del sistema eléctrico nacional "cuando sea técnicamente factible" diluye significativamente la regla general de acceso abierto y habilita al órgano descentralizado para negar el acceso en condiciones injustificadas y no habiendo impedimento técnico alguno, incluso, en situaciones en donde sea técnicamente factible otorgarlo o que pueda conseguirse mediante adecuaciones en la infraestructura a costa del interesado.
Con la modificación al artículo 26 de la Ley de la Industria Eléctrica para que los transportistas y distribuidores consideren prioritario "el uso de las redes para el despacho de centrales eléctricas legadas y centrales externas legadas con compromiso de entrega física", se permite al Centro Nacional de Control de Energía –como operador del sistema eléctrico nacional– y a la Comisión Federal de Electricidad –como transportista y distribuidor único– cierta injerencia en el otorgamiento del acceso a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución, pudiendo negarlo a ciertos oferentes sin existir criterios legales para demostrar que dicha negativa se sustenta en aspectos de factibilidad.
Dicha distinción de trato para otorgar el acceso a las redes se hace únicamente atendiendo a las desventajas de ciertas energías (intermitencia) sin considerar su aún baja participación en el total generado en el país y sus ventajas en relación con las demás fuentes de generación (contaminación).
Lo anterior, pues además de eliminar la neutralidad de la red de transmisión dado que el operador podría privilegiar su acceso a la Comisión Federal de Electricidad sobre los demás participantes del mercado, también se desmotiva la realización de nuevas inversiones en dicho eslabón, reduciendo la oferta futura de energía eléctrica.
Adicionalmente, los artículos cuarto y quinto transitorios de la Ley de la Industria Eléctrica modifican las condiciones en las que los actuales participantes en el mercado de generación participan, pues distorsionan el diseño del mercado en perjuicio de los principios de libre concurrencia y competencia económica, puesto que prevén, por una parte, la posibilidad de revocar permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía y, por otra, la terminación anticipada de contratos, sin que los supuestos que se prevén en dichos artículos estén claramente delimitados, por lo que se otorga amplia discrecionalidad para excluir la participación de competidores.
El decreto impugnado reforma los artículos 3, fracciones V y XIV, 53 y 126, fracción II, de la Ley de la Industria Eléctrica para eliminar la obligación de que la CFE Suministrador de Servicios Básicos, cumpla con sus requisitos de cobertura eléctrica mediante mecanismos competitivos.
Ello es así, pues se modifica el régimen de los certificados de energías limpias al establecerse en la fracción II del artículo 126 de la Ley de la Industria Eléctrica que el otorgamiento de energías limpias a centrales eléctricas no dependerá de la propiedad ni de la fecha de inicio de operación comercial de aquellas, lo que implica una distorsión al funcionamiento del mecanismo dada la modificación de las centrales legadas (artículo 3, fracción V), aunado a los cambios en el orden del despacho antes mencionados, con lo cual se genera un efecto contrario al que tenía estipulado el decreto de reformas constitucionales de dos mil trece.
Lo anterior implicaría la eliminación de la funcionalidad de los certificados de energías limpias como herramienta para motivar nuevas inversiones en la generación de energía limpia, ya que , de entrar en vigor este cambio, el número de dichos certificados disponibles se multiplicaría considerablemente, lo que si bien permitiría cumplir las obligaciones de adquisición de certificados de una manera fácil, de ninguna manera significaría que el país esté generando más energía limpia y, por tanto, esté más cerca de cumplir sus metas en este rubro, ya que únicamente se estaría contabilizando la capacidad preexistente.
Por otra parte, eliminar como requisito para ser considerada central eléctrica legada el encontrarse en condiciones de operaciones cuando se aprobó la Ley de la Industria Eléctrica en dos mil catorce y/o haber sido incluida en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año referido en la modalidad de inversión directa, permite considerar como central eléctrica legada a cualquier central de la Comisión Federal de Electricidad, ya sean nuevas no construidas o puestas en operación, o las que en su momento salieron de operación por ser costosas monetaria y/o ambientalmente.
Al concluir más plantas como legadas, se le permite al suministrador de servicios básicos ampliar indefinidamente el alcance de los contratos legados para cumplir con sus obligaciones, sin necesidad de recurrir a un mercado competitivo (subastas a largo plazo) para comprar sus coberturas. Es decir, al permitir que se amplíe la base de centrales eléctricas legadas y se elimine la obligatoriedad de compra a partir de subastas a largo plazo, CFE Suministrador de Servicios Básicos podría comprar centrales que hubieran salido de operación por ser ineficaces, electricidad y productos asociados mediante métodos no competitivos, con lo cual se elimina el mercado competitivo de compraventa de electricidad para el principal suministrador de electricidad, CFE Suministrador de Servicios Básicos.
Estas modificaciones de facto eliminan la necesidad de realizar nuevas subastas y, por tanto, la competencia entre generadores por ofrecer electricidad y productos asociados al principal suministrador del país, además de que esta medida podría traducirse en que CFE Suministrador de Servicios Básicos adquiera su electricidad y productos asociados a precios más altos, lo que conllevaría a tarifas más elevadas para los usuarios finales o la necesidad del gobierno de subsidiar aún más la tarifas eléctricas.
Finalmente, al emitir el decreto impugnado, específicamente los artículos 3, fracciones V y XII Bis, 4, fracciones I y VI, 26, 53, 101 y 108, fracciones V y VI, de la Ley de la Industria Eléctrica, la autoridad demandada atenta contra los principios de libre concurrencia y competencia económica, con lo cual incide en la esfera competencial de la demandante, afectando gravemente la regularidad del ejercicio de sus atribuciones en el sector de la electricidad, así como su autonomía funcional y técnica.
Lo anterior, dado que al dañarse las condiciones de libre concurrencia y competencia de forma grave, inmediata, transversal e irreparable en el sector eléctrico (generación y suministro de energía eléctrica) se anulan las herramientas para que la demandante ejerza de manera eficaz su mandato constitucional de garantizar la competencia económica y la libre concurrencia en todos los sectores de la economía nacional, excepto los de radiodifusión y telecomunicaciones.
Así es, pues el decreto impugnado permite que sea el propio Estado el que, mediante su aparato de gobierno, utilice herramientas legislativas y regulatorias a favor de ciertos participantes en el mercado, específicamente sobre las empresas productivas de las que es propietario.
En efecto, al eliminarse los criterios de despacho económico y restringir el acceso abierto no discriminatorio a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución, entre otras medidas anticompetitivas antes señaladas, se busca de manera manifiesta otorgar ventajas indebidas a la Comisión Federal de Electricidad y, al mismo tiempo, disminuir los incentivos y capacidades de los demás agentes para entrar y competir en los mercados, todo ello en perjuicio de los consumidores
Segundo concepto de invalidez. Los artículos 3, fracciones V y XII Bis, 4o., fracciones I y VI, 26, 53, 101 y 108, fracciones V y VI, así como cuarto y quinto transitorios, del decreto que se impugna contravienen el artículo 133 de la Constitución General, en virtud de que atenta contra los principios de supremacía constitucional y de no contradicción normativa en su vertiente de concordancia práctica, lo que es absolutamente contrario a los principios establecidos en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales.
Si bien el artículo 73, fracción X, de la Constitución General faculta al Congreso de la Unión para legislar en toda la República sobre materia de energía eléctrica, lo cierto es que dicho poder se encuentra limitado a llevar a cabo su facultad conforme a la Constitución y sus principios de libre concurrencia y competencia establecidos en sus artículos 25 y 27, pues de lo contrario se desconocería la voluntad que el Constituyente Permanente y el propio Congreso de la Unión han plasmado en ordenamientos de mayor o igual jerarquía.
Por otra parte, si bien la Ley de la Industria Eléctrica señala como limitante para otorgar el acceso a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución en que ello sea "técnicamente factible", lo que en primer lugar podría parecer congruente con los principios constitucionales, lo cierto es que se aprecia que los preceptos normativos establecidos en el decreto impugnado establecen ventajas para la Comisión Federal de Electricidad y sus subsidiarias, lo cual se confirma con el dictamen de las Comisiones Unidas de Energía.
Por ello, al no existir criterios o parámetros que definan los supuestos de factibilidad, el decreto que se impugna abre espacios indebidos para que la negativa de acceso sea la regla general y no la excepción, generando así las barreras artificiales a la entrada –cuando no existan impedimentos técnicos o éstos puedan solventarse– en perjuicio del interés público, diluyendo la regla constitucional de acceso abierto y no discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, lo que, además, se corrobora con los objetivos y propósitos del decreto impugnado, que no esconde su pretensión de generar beneficios a la Comisión Federal de Electricidad.
Por tanto, la finalidad perseguida con el decreto impugnado resulta contradictoria con las disposiciones constitucionales, dado que incide en los ejes rectores de la reforma constitucional de dos mil trece, consistentes en: i) garantizar la competencia y libre concurrencia de agentes económicos; ii) el desarrollo del país; y, iii) la protección del medio ambiente.
3. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la demanda bajo el expediente controversia constitucional 44/2021 y designó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor del procedimiento.
4. Posteriormente, mediante acuerdo de siete de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite la controversia constitucional, dio vista al Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, por conducto de las Cámaras de Diputados y Senadores, para que rindieran sus informes respectivos y a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento que le corresponde.
5. Contestación a la controversia constitucional. En sus informes, las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal expusieron lo siguiente:
1. Cámara de Senadores
La Cámara de Senadores sostiene la validez formal del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, en atención a que el Congreso de la Unión se ajustó al procedimiento previsto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y observó en todo momento los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por otra parte, defiende la validez material del referido decreto en tanto que el cambio normativo cuya invalidez se solicita está estrechamente relacionado con el ejercicio de las atribuciones inherentes al desarrollo del área estratégica contempladas en el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, referente a la planeación y control del sistema eléctrico nacional y al servicio público de transmisión y distribución.
Destaca que los cambios normativos impugnados partieron de la base de instaurar un nuevo orden en el sistema de despacho, toda vez que el sistema que prevalecía en el mercado eléctrico mayorista en México estaba basado en un modelo de costos que no reflejaban los costos totales de generación, donde el criterio de decisión del despacho sólo consideraba los costos variables, aun cuando la Ley de la Industria Eléctrica se refiere al concepto de costos de producción, de modo que dicha situación condujo a una competencia desleal, ya que en el antiguo esquema de despacho, la Comisión Federal de Electricidad no recuperaba sus costos totales y, además, se propició un daño acelerado de sus unidades de generación.
La Cámara afirma que lo anterior evidenciaba la existencia de un mercado carente de equidad e igualdad en el acceso e interacción en el mercado eléctrico mayorista, siendo ello violatorio del principio de libre concurrencia y libre competencia consignando en el artículo 28 constitucional y en los tratados y acuerdos comerciales suscritos por México, por lo que el decreto reclamado tiene un claro objetivo antimonopólico y pretende crear un mercado de piso parejo para la competencia leal y efectiva entre la Comisión Federal de Electricidad y los generadores privados.
Indica que con los cambios normativos impugnados se buscó limitar los efectos perniciosos de la reforma en materia energética de dos mil trece, toda vez que tiene como objetivo impedir que se beneficiaran ciertos sectores en detrimentos de los usuarios finales, así como fortalecer (mas no privilegiar) a una empresa productiva del Estado en beneficio de las personas.
Afirma que contrariamente a lo manifestado por la Comisión demandante, el nuevo modelo establecido en el decreto impugnado no otorga a una empresa productiva del Estado una ventaja artificial en perjuicio del resto de los competidores y del público consumidor, pues la reforma cuestionada está basada en el principio angular consagrado en el artículo 25 constitucional, conforme al cual al Estado le corresponde la rectoría nacional y, por ello, tiene a su cargo la planeación, conducción y coordinación de la actividad económica nacional.
En otro aspecto, refiere que es infundada la aseveración de la demandante por la que pretende demostrar que la posibilidad discrecional de negar el acceso a las redes del sistema eléctrico nacional bajo la condición de que sea "técnicamente factible" establecida en la fracción (sic) del artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica.
Lo anterior, pues la parte actora hace depender la inconstitucionalidad del artículo referido en virtud de la falta de definición del vocablo utilizado por el legislador federal en el artículo combatido, lo cual es insuficiente para demostrar su invalidez.
Añade que no se actualiza la inconstitucionalidad alegada, en tanto que debe de tomarse en cuenta que los parámetros objetivos que tendrá el Centro Nacional de Control de Energía para determinar cuándo se cumple con dicha factibilidad técnica están establecidos en los artículos 108, fracción V y 109 de la Ley de la Industria Eléctrica.
Por otro lado, la Cámara de Senadores señala que es infundado que el artículo 26 establezca una barrera regulatoria a la competencia, dado que dicha disposición no incide en la garantía constitucional de acceso abierto no indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución, pues el hecho de que el precepto referido establezca que los transportistas y los distribuidores consideren prioritario "el uso de redes para el despacho de centrales eléctricas legadas y centrales externas con compromiso de entrega física" no significa que el Centro Nacional de Control de Energía tendrá cierta injerencia en el otorgamiento del acceso a las redes, toda vez que, para que el referido ente pueda negar a ciertos oferentes dicho acceso, dicha negativa debe sustentarse en los parámetros objetivos que se contienen en los artículos 4, fracción I, 108, fracción V y 109 de la Ley de la Industria Eléctrica.
Sostiene que no existe una distinción de trato en el artículo 26 de la Ley de la Industria Eléctrica Nacional, pues toda negativa de acceso a las redes del sistema eléctrico nacional que emita el Centro Nacional de Control Eléctrico se sustentará en aspectos de factibilidad, además de que la reforma cuestionada no tiene como intención privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad sobre los demás participantes del mercado eléctrico.
En otro orden, señala que es infundado que los artículos cuarto y quinto transitorios del decreto impugnado modifiquen las condiciones actuales de los participantes del mercado de generación, así como que distorsionen el diseño de mercado en perjuicio de los principios de libre concurrencia y competencia económica.
Ello, pues si bien es cierto que los preceptos mencionados prevén por una parte la posibilidad de revocar permisos y la terminación anticipada de contratos por parte de la Comisión Reguladora de Energía, lo cierto es que los supuestos previstos en las normas cuestionadas están claramente delimitados como se desprende de los trabajos legislativos, dado que el órgano regulador solamente tendrá la posibilidad de revocar un permiso cuando tenga certeza de que el mismo genera un daño por ser desventajoso, un fraude a la ley o no reconoce los costos de la Comisión Federal de Electricidad en la generación de energía.
Cuestión que también acontece con el artículo quinto transitorio, pues de la lectura de dicho precepto se desprende que los contratos de compromiso de capacidad de generación de energía y compraventa eléctricas que no sean legales y no cumplan con el requisito de rentabilidad para el Gobierno Federal serán terminados de forma anticipada.
Por otra parte, menciona que es infundado que el decreto impugnado modifique el régimen de los certificados de energías limpias y que con ello elimine su funcionalidad, toda vez que la implementación de la propuesta impugnada no genera ningún impacto en el mercado de dichos certificados, ya que lo que se busca es fomentar un mercado de competencia pareja en el que reconozca el derecho a su obtención a partir de energías limpias para todos los generadores sin distinción alguna, además de que la reforma tiene como objetivo impedir el desabasto y propiciar mejores precios en beneficio de los usuarios finales, evitando la especulación y aumento de tarifas.
En otro aspecto, indica que es infundado que las modificaciones reclamadas al eliminar supuestamente de facto la necesidad de realizar nuevas subastas a largo plazo signifique que la competencia deje de ser el mecanismo para: i) motivar la eficiencia en la generación, ii) promover la instalación de proyectos basados en fuentes limpias; y, iii) garantizar que la energía consumida sea la más costosa.
Lo anterior, toda vez que contrario a lo sostenido por la accionante, la modificación legislativa permite a la CFE Suministrador de Servicios Básicos obtener mejores condiciones de costas, pues lo que busca es que el suministrador de servicios básicos cuente con coberturas de energía y capacidad suficientes y en grandes volúmenes, debido a que la energía que en mayor proporción puede ser contratada proviene de energías intermitentes.
En relación con lo anterior, refiere que la obligatoriedad que existía de comprar por subastas para dar cobertura de energía y capacidad constituía sólo la rentabilidad de las inversiones de los generadores privados en perjuicio de las empresas productivas del Estado, pues los contratos por subastas tienen una vigencia de veinte años, donde los precios no están sujetos a variaciones del mercado y se relegaba la generación proveniente de las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad.
Es decir, la modificación legislativa reclamada al establecer la condición potestativa de realizar nuevas subastas de largo plazo tuvo como intención principal desaparecer uno de los mecanismos que encarecía la compra de energía, toda vez que los precios de energía de los contratos de cobertura eléctrica desde finales de dos mil diecinueve hasta hoy han sido superiores a los precios marginales locales en diferentes zonas del país, lo que ha encarecido las tarifas eléctricas para los usuarios finales.
Insiste en que el Congreso de la Unión no atenta gravemente con la competencia económica y la libre concurrencia dentro del sector eléctrico, pues la instauración del nuevo sistema de despacho de los generadores eléctricos de ninguna manera implicó la concesión de un trato preferencial a la Comisión Federal de Electricidad en detrimento de los competidores del mercado eléctrico mayorista, pues dicho cambio normativo está basado en el principio angular consagrado en el artículo 25 constitucional, conforme al cual al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional, por lo que tiene a su cargo la planeación, conducción y coordinación de la actividad económica nacional.
Afirma que el orden de prelación para el despacho de energía eléctrica establecido en la normas impugnadas no otorga ventajas exclusivas e injustificadas a las empresas generadoras de energía de la Comisión Federal de Electricidad y mucho menos es contrario a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30825-022c73cd/i-controversia-constitucional-la-comision-federal-de-competencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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