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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA COMISIONADA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN (ARTÍCULO 12, FRACCIÓN IV, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS AL PODER EJECUTIVO FEDERAL CARECEN DE LEGITIMACIÓN PASIVA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL RECAE EN EL CONSEJERO JURÍDICO (ARTÍCULO 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ AL HABERSE EXPRESADO CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR (RESOLUCIÓN DICTADA POR LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EL DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO EN EL EXPEDIENTE NÚMERO RES/133/2021). VII. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. VIII. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. CUENTAN CON UNA NÓMINA COMPETENCIAL PROPIA OPONIBLE AL RESTO DE LOS PODERES DEL ESTADO. IX. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. ES UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CUYO OBJETO ES GARANTIZAR LA LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA, ASÍ COMO PREVENIR, INVESTIGAR Y COMBATIR LOS MONOPOLIOS, LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS, LAS CONCENTRACIONES Y DEMÁS RESTRICCIONES AL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DE LOS MERCADOS, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECEN LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y LAS LEYES. X. PRINCIPIOS DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA EN LOS MERCADOS. IMPLICA LA PROHIBICIÓN GENERAL A TODAS LAS AUTORIDADES DEL ESTADO EN SUS TRES NIVELES DE GOBIERNO DE PERMITIR O FOMENTAR PRÁCTICAS MONOPÓLICAS QUE CONSTITUYAN UNA VENTAJA EXCLUSIVA INDEBIDA EN FAVOR DE UNA O VARIAS PERSONAS DETERMINADAS, ASÍ COMO SU OBLIGACIÓN DE EVITAR FENÓMENOS DE CONCENTRACIÓN CONTRARIOS AL INTERÉS PÚBLICO EN LOS MERCADOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE CONCESIONES O PERMISOS DEL SERVICIO PÚBLICO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28, PÁRRAFOS SEGUNDO Y DÉCIMO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XI. COMPETENCIA ECONÓMICA. ES FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN REGLAMENTAR EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XII. COMPETENCIA ECONÓMICA. LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES SON LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS DISEÑADOS PARA GARANTIZARLA. XIII. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. ES UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CUYO OBJETO ES EL DESARROLLO EFICIENTE DE LA RADIODIFUSIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES Y TIENE LA ATRIBUCIÓN DE EJERCER EN FORMA EXCLUSIVA LAS FACULTADES QUE LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y LAS LEYES ESTABLECEN PARA LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA EN LO RELATIVO A DICHOS SECTORES. XIV. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. EN PRINCIPIO TIENE RESERVADA A NIVEL CONSTITUCIONAL EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN EN LA MATERIA, AUNQUE CUALQUIER AUTORIDAD PUEDE ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS. XV. HIDROCARBUROS. CORRESPONDE A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA REGULAR Y AUTORIZAR LOS PERMISOS PARA EL ALMACENAMIENTO, EL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN POR DUCTOS DE PETRÓLEO, GAS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS. XVI. COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA. SUS FACULTADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA COMPETENCIA EN EL SECTOR ENERGÉTICO NO INCLUYEN LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y COMBATE DE LOS MONOPOLIOS, LAS CONCENTRACIONES Y DEMÁS RESTRICCIONES AL FUNCIONAMIENTO EFICIENTE DEL MERCADO. XVII. HIDROCARBUROS. LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA NO PUEDE ESTABLECER DISPOSICIONES PARA PROMOVER EL DESARROLLO EFICIENTE DE MERCADOS COMPETITIVOS EN EL SECTOR SIN CONTAR CON LA OPINIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y, A LA VEZ, NO PUEDE AUTORIZAR ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN CRUZADA, INCLUSO LOS QUE ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIONES, SIN CONTAR PREVIAMENTE CON LA OPINIÓN FAVORABLE DE ÉSTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS. XVIII. HIDROCARBUROS. LA INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA EN LA MATERIA NO SE LIMITA A LA EMISIÓN DE LA OPINIÓN CORRESPONDIENTE RESPECTO DE LA POSIBLE AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN CRUZADA POR PARTE DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EN TANTO QUE EL CONOCIMIENTO QUE PUEDE TENER SOBRE LOS EVENTUALES ESCENARIOS DE DICHA PARTICIPACIÓN CRUZADA, LE PERMITE EJERCER PLENAMENTE

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 55/2021. · Registro digital (IUS): 30729
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-06-24
Promovente: COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, Pág.4772.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 55/2021. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: La resolución RES/133/2021, de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, emitida por la Comisión Reguladora de Energía.

Ver índice temáticoCiudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día seis de abril de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 55/2021, promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), en contra del Poder Ejecutivo Federal, en la que se impugna la resolución RES/133/2021 de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, emitida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

ANTECEDENTES

1. PRIMERO.—Resolución negativa a solicitud de participación cruzada. Con fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, la Comisión Reguladora de Energía, emitió resolución en la que determinó negar la autorización de participación cruzada a cuatro empresas solicitantes, determinación que precedió de los siguientes hechos:

1.1. Permiso para almacenaje de petrolíferos y bioenergéticos. Con el antecedente de diversos permisos otorgados a diversas empresas, en resolución del veintiocho de junio de dos mil dieciocho, la CRE otorgó a una de ellas permiso para llevar a cabo la actividad de almacenamiento de petrolíferos y bioenergéticos.

En dicha resolución se precisó que la empresa debería observar, en su caso, el procedimiento a que se refiere el considerando decimosexto del Acuerdo A/005/2016,(1) publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de marzo de dos mil dieciséis.

Lo anterior, a fin de que la CRE, se encontrara en posibilidad de evaluar y; en su caso, autorizar, la participación cruzada, de ubicarse la empresa en dicho supuesto.

1.2. Solicitud de primera opinión a la Cofece. Con base en lo anterior, el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, la empresa objeto del permiso recibido en el punto anterior y diversa persona moral, solicitaron la opinión de la Cofece en relación con el permiso de comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos del que una de dichas empresas es titular; con el permiso de almacenamiento de petrolíferos y bioenergéticos de la diversa empresa, y con la participación accionaria que tienen en común.

Dicha opinión se solicitó para efectos de la participación cruzada a que hace referencia el artículo 83(2) de la Ley de Hidrocarburos.

1.3. Primera opinión de la Cofece. El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, el Pleno de la Cofece emitió opinión favorable,(3) respecto de la solicitud referida en el numeral anterior; y se ordenó hacer dicha opinión del conocimiento de la CRE.

1.4. Primera solicitud de participación cruzada y desistimiento. Con base en la opinión favorable de la Cofece, se presentó ante la CRE, solicitud de autorización de participación cruzada, sobre la cual, esta última comisión formuló prevención a la empresa. No obstante, dicha empresa mediante escrito presentado el cinco de junio de dos mil diecinueve, decidió desistirse de la solicitud formulada.

1.5. Segunda solicitud de opinión a la Cofece. El veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, cuatro empresas presentaron ante la Cofece un nuevo escrito de solicitud de opinión favorable sobre participación cruzada en términos del artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos.

1.6. Segunda opinión de la Cofece. El veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno de la Cofece, resolvió emitir opinión favorable sobre la participación cruzada objeto de consulta.

1.7. Segunda solicitud de participación cruzada. La nueva opinión favorable de la Cofece se entregó a la CRE, la que después de diversos requerimientos de información, admitió a trámite la nueva solicitud de autorización de participación cruzada con fecha veinte de marzo de dos mil veinte.

1.8. Consideraciones de la negativa. Las razones por las que la CRE determinó negar la participación cruzada a las empresas solicitantes, esencialmente, son las siguientes:

• Lo resuelto por el Pleno de la Cofece en lo relativo a la participación cruzada no es consistente con lo dispuesto en la legislación.

• La CRE complementó el análisis realizado por la Cofece, mediante el estudio de constancias y contratos que no fueron valorados por ésta.

• Al momento de la solicitud de autorización de participación cruzada, ninguno de los sistemas de almacenamiento había iniciado operaciones.

• En el contrato para la prestación de servicio de almacenamiento de petrolíferos, existía una cláusula discriminatoria, contraria a lo establecido en la normatividad aplicable.

• Con base en lo establecido en la Ley de Hidrocarburos, el Reglamento y las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG), se afectaría el acceso abierto efectivo, toda vez que:

I. Se otorga el derecho de primera oferta a una empresa sobre la capacidad disponible actual o futura del sistema de almacenamiento propiedad de diversa empresa, incluyendo aquella que sea solicitada por un tercero ajeno.

II. Se establece el intercambio de información entre las partes sobre los requerimientos de demanda del servicio de almacenamiento de petrolíferos de competidores.

III. Se determina que los términos serán menos favorables para terceros ajenos, que los ofrecidos a la empresa.

• La resolución de autorización de la Cofece fue de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, mientras que el contrato celebrado entre las empresas, se llevó a cabo el doce de marzo de dos mil veinte, por lo que dicho contrato no constituyó un hecho notorio para la Cofece, y por lo tanto no fue analizado como parte de su resolución. De ahí, que la CRE observa que dicho contrato podría actualizar un trato discriminatorio para usuarios en igualdad de condiciones.

• Además, una de las empresas manifestó que la terminal de almacenamiento de Atlacomulco estima abastecer estaciones de servicio de un radio de 60 kms.; sin embargo, dentro del área se encuentra un permisionario adicional, que ofrece servicios de almacenamiento petrolífero, por lo que se constituiría un duopolio.

• De ahí que dicha empresa es un agente económico con participación significativa de mercado para todos los productos, por lo cual no se descarta que pudiera ejercer algún tipo de poder de mercado ante la poca o nula competencia en su área de influencia.

• Resulta razonable asumir que la participación cruzada está afectando la eficiencia en los mercados, pues se impone una barrera ficticia para que todos los interesados en realizar transacciones, las realicen por lo que pudiera subutilizarse la cantidad de capacidad disponible, ya que artificialmente se estaría generando un impedimento a la entrada de potenciales competidores.

• Máxime que una de las empresas no presentó evidencia para comprobar que realiza sus operaciones en sistemas independientes y en cuanto a los mecanismos jurídicos tampoco muestra evidencia de que tenga algún tipo de mecanismo para evitar que haya inferencia entre permisionarios.

2. SEGUNDO.—Presentación y recepción de la demanda. El diez de mayo de dos mil veintiuno,(4) Alejandra Palacios Prieto, comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, promovió controversia constitucional en los términos siguientes:

2.1. Autoridad demandada: El Poder Ejecutivo de la Unión, por conducto de la Comisión Reguladora de Energía.

2.2. Acto cuya invalidez se demanda: La resolución RES/133/2021, de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, emitida por la Comisión Reguladora de Energía.

3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. La Comisión Federal de Competencia Económica, expuso como argumentos de invalidez, esencialmente, los siguientes:

- Hechos. La Cofece manifiesta que la CRE no informó respecto de la información adicional recabada mediante los requerimientos realizados a los solicitantes e incorporó elementos no analizados por la Cofece al momento de emitir su opinión favorable; lo que no sólo implica el incumplimiento a lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos, sino que se apropió de las atribuciones que corresponden a la parte actora, al disponer y resolver sobre elementos que la normatividad de competencia económica deposita en la Cofece.

- Procedencia. El organismo actor considera que es procedente la presente controversia constitucional, porque la resolución de la CRE:

1) Hace nugatorias las atribuciones específicas conferidas en favor de la Cofece; y,

2) Analiza y determina cuestiones cuya competencia es exclusiva de la Cofece, lo que transgrede e invade su esfera competencial, otorgada por la Constitución, consistente en garantizar la libre concurrencia y competencia de mercados.

- Único concepto de invalidez. La accionante considera que la resolución contraviene los artículos 28 y 49 de la Constitución, ya que invade las facultades de la Cofece y violenta el principio de división de poderes.

- Previa transcripción del párrafo octavo del artículo 28 constitucional, los artículos 4o., 41 y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, artículos 2 y 81 de la Ley de Hidrocarburos y 5o. del Reglamento de las Actividades a que se refiere el título tercero de la Ley de Hidrocarburos publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de dos mil catorce; la accionante hace patente que los referidos fundamentos legales citados por la demandada al emitir la resolución, no pueden servir como fundamento para otorgar facultades que de origen le corresponden a la accionante, ni determinar, motu proprio, si la participación cruzada que se somete a su autorización afecta o no la competencia y la eficiencia en los mercados, acorde al marco jurídico reservado a la Cofece.

- No soslaya que, dentro de las competencias que tiene la CRE, se encuentra la de "promover la competencia del sector energético", lo que desde una interpretación gramática implica, únicamente, impulsar la competencia, lo que, en ningún caso, implica la sustitución de las funciones encomendadas a la accionante.

- Lo anterior, porque desde la reforma constitucional de once de junio de dos mil trece, se estableció que todas las autoridades se encuentran obligadas a evitar toda práctica que inhiba el proceso de competencia y libre concurrencia en el ámbito de sus competencias.

- Mismas consideraciones fueron abordadas por la Segunda Sala, al resolver al amparo en revisión 1122/2019.

- Tampoco considera aceptables ni aplicables los precedentes con los que la CRE pretendió justificar su proceder,(5) porque no dotan de competencia ni de interpretación favorable para dejar de cumplir con el mandato contenido en el artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos.

- En otra línea argumentativa, cita las consideraciones de la controversia constitucional 41/2006, en donde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, "el hecho de que la división de poderes opere de manera flexible sólo significa que entre ellos existe una colaboración u coordinación en los términos establecidos, pero no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro Poder, sino solamente aquellos que la propia Constitución les asigna."

- Previa cita del artículo 49 constitucional y de la jurisprudencia del Pleno de rubro: "DIVISIÓN DE PODERES. EL EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL QUE EXIGE DICHO PRINCIPIO NO AFECTA LA RIGIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", se obtienen tres mandatos prohibitivos, respecto de este principio:

1) La no intromisión;

2) La no dependencia; y,

3) La no subordinación.

- El Estado Mexicano, a manera de preservar el principio de división de poderes estableció en el artículo 28 constitucional, la facultad de la Cofece de vigilar el cumplimiento de las normas en materia de competencia económica y de libre concurrencia. De ahí que, para evitar una invasión de atribuciones y funciones, el artículo 83 antes referido, establece que la Cofece será quien determine si la participación cruzada afecta o no la competencia y la eficiencia de los mercados, dejando a la CRE la facultad de determinar sobre el acceso abierto no indebidamente discriminatorio a las instalaciones y servicios de los permisionarios que presenten a terceros los servicios de transporte, distribución por medio de ductos, así como de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

- Al respecto, en términos de la Ley de Hidrocarburos es requisito sine qua non, la previa autorización por parte de la Cofece, para que la CRE pueda emitir resolución sobre la participación cruzada.

- De esa manera, el proceso sobre participación cruzada en el sector de hidrocarburos debe ser el resultado de un análisis previo de competencia a cargo de la Cofece, y de otro órgano regulatorio [CRE], cada uno actuando en el ámbito de su esfera competencial.

- Al respecto, la accionante abunda en que la invasión de competencias por parte de la CRE se produce en dos vertientes de afectación:

a) La CRE omitió informar a la Cofece sobre las adiciones y modificaciones en los documentos base de la solicitud de autorización.

Este hecho implicó que la CRE se sustituyera materialmente en las atribuciones de la Cofece al realizar el análisis y determinaciones que le corresponden a la accionante en los procedimientos de concentración y participación cruzada. Toda vez que, al advertir nueva documentación se debió notificar a la promovente para que emitiera de nueva cuenta la autorización.

b) En la resolución, la CRE realizó consideraciones y determinaciones que manifiesta y directamente invaden la competencia de la promovente. La demandada analizó la documentación que no fue presentada ante la Cofece para establecer la existencia de posibles prácticas anticompetitivas en el "mercado de almacenamiento de petrolíferos"; determinó que los elementos relacionados con las concentraciones implicaban:

1) Un impedimento a la entrada de potenciales competidores;

2) Poder monopólico; una dimensión geográfica en el mercado relevante de almacenamientos de petrolíferos;

3) Posible existencia de poder de mercado;

4) Un duopolio en el área de influencia de una de las empresas; y,

5) Una posible afectación a la competencia, debido a que los solicitantes podrían compartir información.

- Por lo anterior, la CRE no puede sustituirse y ejercer atribuciones otorgadas por la Constitución a la Cofece, para resolver sobre cuestiones de competencia económica y libre concurrencia, so pretexto de dar contenido a los conceptos técnicos establecidos en la Ley de Hidrocarburos, y tampoco faculta al órgano regulador a resolver sobre supuestos específicos, tales como prácticas anticompetitivas, barreras a la competencia, poder sustancial y mercado, previstos en el artículo 28 constitucional.

- Si el legislador determinó sujetar la autorización de la participación a la opinión de la Cofece como garante de la competencia económica, es innegable que la CRE, en atención a los resolutivos de la Opinión 2019, debía informar del cambio en el uso de la infraestructura del grupo de interés económico.

- De ahí que la CRE invade la esfera competencial de la Cofece, puesto que sustituyó las funciones del órgano garante de la competencia económica.

4. CUARTO.—Artículos constitucionales que se estiman violados. El organismo constitucional autónomo actor estimó que la resolución reclamada violenta los artículos 28 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. QUINTO.—Registro, turno y admisión. En auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el asunto como controversia constitucional 55/2021, y designó como instructor al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

6. Mediante acuerdo de diecinueve de mayo siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la controversia constitucional y, entre otras cuestiones, dio vista al Poder Ejecutivo Federal, para que presentara su contestación; así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, en su caso, hicieran las manifestaciones correspondientes a su ámbito competencial.

7. SEXTO.—Contestación de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil veintiuno, el consejo jurídico del Ejecutivo Federal contestó la demanda, en la que, esencialmente, dio respuesta en los siguientes términos:

- Señaló que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso I), de la Constitución General, consistente en la falta de interés legítimo para promover la presente controversia constitucional, toda vez que la Cofece no acredita una afectación a su esfera competencial, en su perjuicio.

- Es así, porque la accionante no hace valer argumentos fundamentados en la Constitución para sostener que se actualiza el principio de agravio en perjuicio de la accionante por la emisión de la resolución. Para sustentar lo anterior, cita las consideraciones de los recursos de reclamación 70/2016-CA y 78/2016-CA.

- En cuanto al fondo, considera que los planteamientos esbozados por el actor son infundados, ya que de un análisis exegético del artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos, relacionado con los artículos 4, 41, fracción I y 42 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y 2, fracción IV y 81, fracción I, de la Ley de Hidrocarburos; la CRE se encuentra facultada para emitir la autorización y, en su caso, las modificaciones de la participación cruzada.

- Lo anterior, porque la opinión favorable de la Cofece no puede entenderse como una pre-autorización de participación cruzada, sino que se trata de una opinión que valorará en su caso la CRE, para contar con todos los elementos necesarios para emitir su resolución.

- Ello, máxime que, la opinión que emite la Cofece no resulta vinculante con la atribución de la autorización de la participación cruzada, lo anterior, de conformidad con las fracciones XII a XIV del artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica.

- En relación con lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos se impone el principio de especialidad de la materia regulada, pues contrario a lo manifestado por la Cofece, las atribuciones de competencia económica no son exclusivas de una sola autoridad.

- No obsta el hecho de que, a nivel constitucional y legal, la Cofece cuente con las atribuciones para tutelar la libre competencia y concurrencia, no así en la figura de la participación cruzada, ya que no puede crear ámbitos de interpretación en la ley, en la que toda materia quede a su arbitrio, máxime cuando hay normas que impiden el acceso a la decisión final sobre una cuestión jurídica que sólo requiere de su opinión, la cual no puede prejuzgar sobre la determinación de otro órgano.

- Así, de la literalidad del artículo 83 se observa que la atribución para autorizar la participación cruzada fue conferida a la CRE, no así a la Cofece, sin que la opinión emitida por este último órgano predetermine un sentido que se imponga a la atribución regulatoria de la Comisión Reguladora de Energía.

- No debe pasar desapercibido que el artículo 42 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, dispone que la CRE fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia del sector, protegerá los intereses de los usuarios, entre otros.

- En ese aspecto, la CRE debe tutelar la competencia de los sectores y proteger los intereses de los usuarios, en el caso de materia energética. - No puede limitarse a emitir regulación tarifaria o de corte técnico, sino que puede actuar en todas las facultades que le confirieron los ordenamientos vigentes; en el caso del artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos, no significa una invasión de competencias del ente regulador de la competencia y concurrencia, por el contrario, sus atribuciones convergen en su objeto.

- A fin de brindar mayor apoyo a sus argumentos, cita las consideraciones contenidas en el amparo en revisión 1122/2019 resuelto por la Segunda Sala, en donde estudió la constitucionalidad del artículo 83 referido, en la vertiente de que la CRE puede establecer disposiciones en materia de participación cruzada y cuenta con facultades para autorizar dicha participación.

- Es importante traer a colación que la facultad otorgada a la Comisión Reguladora de Energía de regulación del almacenamiento, transporte y distribución por ductos de petróleos, gas, petrolíferos y petroquímicos debe entenderse en forma amplia, pues es acorde a lo establecido por el Constituyente Permanente, en el sentido de que se debe fomentar la sana competencia entre los distintos operadores.

- Siendo así, que si bien la Cofece es el órgano que constitucionalmente tiene por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, lo cierto es que también determinó que las facultades relativas a establecer las disposiciones a las que deberían sujetarse los permisionarios y usuarios de las actividades de almacenamiento, transporte y distribución por ductos de petróleo, los petrolíferos y petroquímicos a efecto de promover el desarrollo eficiente de los mercados competitivos, es un ámbito regulatorio en el que discurre también la CRE, toda vez que, este último es el que cuenta con los conocimientos especializados en el sector energético, lo que desde luego, tiene sustento en el modelo de Estado regulador.

- En ese sentido, la facultad regulatoria de la CRE implica el deber de allegarse de todos los elementos que sean necesarios para poder emitir su resolución, sin que deba limitarse a la información que, en su caso, hubiere analizado la Cofece.

8. Posteriormente, en acuerdo de doce de julio siguiente, el Ministro instructor tuvo por contestada la demanda y por ofrecidas las pruebas documentales anexas al escrito de contestación; ordenó dar vista a la actora y señaló fecha y hora para la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

9. SÉPTIMO.—Alegatos. Por oficio recibido el dos de agosto de dos mil veintiuno,(6) el delegado del presidente de la República presentó sus alegatos. De igual manera, el diez de agosto siguiente, la delegada de la Comisión Federal de Competencia Económica formuló sus alegatos.

10. OCTAVO.—Audiencia y cierre de instrucción. El seis de septiembre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia prevista en el artículo 29(7) de la ley reglamentaria de la materia, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34(8) del propio ordenamiento, se relacionaron las pruebas documentales ofrecidas por las partes y se hizo constar que las partes formularon alegatos.

11. En la misma fecha, el Ministro instructor cerró la instrucción a efecto de elaborar la resolución correspondiente, de conformidad con el artículo 36,(9) de la ley reglamentaria de la materia.

12. NOVENO.—Avocamiento. En atención a la solicitud formulada por el Ministro ponente, mediante proveído dictado el dos de marzo de dos mil veintidós por la Ministra presidenta de la Primera Sala, ésta se avocó al conocimiento del asunto.

CONSIDERANDO:

13. PRIMERO.—Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(10) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción I y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una controversia constitucional promovida por un organismo constitucional autónomo en contra de actos del Poder Ejecutivo Federal, sin que se advierta la impugnación de normas de carácter general, que haga necesaria la intervención del Pleno.

14. SEGUNDO.—Certeza y precisión de los actos impugnados. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria(11) se procede a precisar en forma concreta el acto que es objeto de la presente controversia constitucional y apreciar las pruebas conducentes para tenerlo por demostrado.(12)

15. La Comisión actora promovió controversia constitucional contra la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno,(13) dictada en el expediente número RES/133/2021, por la Comisión Reguladora de Energía, al estimar que la misma vulnera los artículos 28 y 49 de la Constitución Federal, ante una eventual vulneración al ámbito de competencia con que cuenta la Comisión Federal de Competencia Económica para promover y proteger los principios de libre concurrencia y competencia económica, lo que se indica, violenta el principio de división de poderes.

16. Por consiguiente, la materia de impugnación se constriñe a la resolución referida, cuya emisión reconoció la Comisión Reguladora de Energía; y de la cual, obra en autos copia certificada exhibida por dicha Comisión.

17. TERCERO.—Oportunidad. La demanda de controversia constitucional se presentó oportunamente.

18. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;

"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia; y,

"III. Tratándose de los conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine."

19. De conformidad con el precepto antes transcrito, se advierte que el plazo para la presentación de la demanda de controversia constitucional será de treinta días, tratándose de actos y disposiciones generales.

20. Cuando la demanda se promueva con motivo de actos, el plazo para su presentación se computará a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

21. En el caso, se impugna como acto, una resolución de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, de la que la actora tuvo conocimiento hasta el jueves treinta y uno de marzo siguiente. Esto así, porque lo indica dicha actora bajo protesta de decir verdad, en la foja 6 de la demanda, sin que se trate de un hecho controvertido por la Comisión demandada, ni se advierta evidencia alguna o hecho notorio que demuestre lo contrario.

22. En consecuencia, el cómputo del plazo legal de treinta días corrió a partir del lunes cinco de abril y venció el lunes diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.(14) Por lo anterior, al haberse presentado la demanda el lunes diez de mayo de dos mil veintiuno, debe concluirse que la misma fue presentada en tiempo.

23. El escrito de contestación de la demanda también se presentó oportunamente, toda vez que el Ejecutivo fue emplazado el miércoles veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por lo que el plazo corrió del veintiocho de mayo al ocho de julio de dos mil veintiuno.(15)

24. Luego, si dicho escrito se recibió el ocho de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, debe concluirse que el mismo se presentó en tiempo.

25. CUARTO.—Legitimación activa. En términos de lo previsto en el artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los órganos constitucionales autónomos federales están legitimados para promover controversia constitucional respecto de actos del Poder Ejecutivo Federal.

26. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(16) establece que podrán comparecer a juicio los funcionarios que, en los términos de las normas que los rigen, estén facultados para representar a los órganos correspondientes.

27. Bajo tales consideraciones, debe estimarse que la Comisión Federal de Competencia Económica (órgano constitucional autónomo de conformidad con lo previsto en el artículo 28, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Federal), está legitimada para promover la presente controversia constitucional, toda vez que reclama del Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Reguladora de Energía, el acto consistente en la resolución RES/133/2021 de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.

28. Lo anterior, al cuestionar que dicha resolución vulnera los artículos 28 y 49 de la Constitución Federal y, en particular, violenta el principio de división de poderes; esto, a partir de una invasión de la esfera competencial de la actora, quien indica tener el mandato constitucional de promover y proteger los principios de libre concurrencia y competencia económica.

29. Luego, atendiendo a que lo cuestionado a partir de la referida

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30729-927996c4/i-controversia-constitucional-la-comision-federal-de-competencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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