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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE DIVERSAS NORMAS DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN CRUZADA EN LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS, LA METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE SUS EFECTOS EN LA COMPETENCIA, LA EFICIENCIA EN LOS MERCADOS Y EL ACCESO ABIERTO EFECTIVO E INTERPRETAN LA PARTICIPACIÓN CRUZADA PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS, EN TANTO QUE SE TRATA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DE ALCANCE GENERAL ("ACUERDO NÚM. A/047/2022 DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR EL QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN CRUZADA, LA METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE SUS EFECTOS EN LA COMPETENCIA, LA EFICIENCIA EN LOS MERCADOS Y EL ACCESO ABIERTO EFECTIVO E INTERPRETAN PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS, LA PARTICIPACIÓN CRUZADA PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO L), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA COMISIONADA QUE PRESIDA LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN (ARTÍCULOS 20, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y 12, FRACCIÓN IV, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CARÁCTER DE PARTE DEMANDADA LA TIENE LA ENTIDAD, PODER U ÓRGANO QUE HUBIERE EMITIDO Y PROMULGADO LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL RECAE EN LA PERSONA QUE OCUPE LA CONSEJERÍA JURÍDICA (ARTÍCULOS 11, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 43, FRACCIÓN X, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU TUTELA JURÍDICA ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO FEDERAL EN LA QUE ADUCE LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, AL HABER PLANTEADO ÉSTA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL PREVISTA POR EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (CONSIDERANDO DÉCIMO OCTAVO Y NUMERALES 1.1, 2.3, 3.4, 4, 6.2.1, 6.2.2, 8 Y 9 DEL "ACUERDO NÚM. A/047/2022 DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA POR EL QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN CRUZADA, LA METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE SUS EFECTOS EN LA COMPETENCIA, LA EFICIENCIA EN LOS MERCADOS Y EL ACCESO ABIERTO EFECTIVO E INTERPRETAN PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS, LA PARTICIPACIÓN CRUZADA PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE HIDROCARBUROS", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO). X. PRINCIPIOS DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE LOS CONTIENE. XI. PRINCIPIOS DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA EN LOS MERCADOS. IMPLICA LA PROHIBICIÓN A CARGO DE TODAS LAS AUTORIDADES DEL ESTADO EN SUS TRES NIVELES DE GOBIERNO DE PERMITIR O FOMENTAR PRÁCTICAS MONOPÓLICAS QUE CONSTITUYAN UNA VENTAJA EXCLUSIVA INDEBIDA EN FAVOR DE UNA O VARIAS PERSONAS DETERMINADAS, ASÍ COMO SU OBLIGACIÓN DE EVITAR FENÓMENOS DE CONCENTRACIÓN CONTRARIOS AL INTERÉS PÚBLICO EN LOS MERCADOS SUJETOS AL RÉGIMEN DE CONCESIONES O PERMISOS DEL SERVICIO PÚBLICO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XII. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 145/2024. · Registro digital (IUS): 33072
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-03-14
Promovente: COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Marzo de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.459.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 145/2024. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. 9 DE OCTUBRE DE 2024. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. LAS MINISTRAS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y LENIA BATRES GUADARRAMA EMITEN SU VOTO EN CONTRA. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Tema: Constitucionalidad del "Acuerdo Núm. A/047/2022 de la Comisión Reguladora de Energía por el que se expiden las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen el procedimiento y requisitos para la autorización de participación cruzada, la metodología para el análisis de sus efectos en la competencia, la eficiencia en los mercados y el acceso abierto efectivo e interpretan para efectos administrativos, la participación cruzada prevista en los párrafos segundo y tercero del artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro.

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día nueve de octubre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 145/2024, promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica, en contra del Poder Ejecutivo Federal.

La litis en este asunto se circunscribe a analizar el "Acuerdo Núm. A/047/2022 de la Comisión Reguladora de Energía por el que se expiden las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen el procedimiento y requisitos para la autorización de participación cruzada, la metodología para el análisis de sus efectos en la competencia, la eficiencia en los mercados y el acceso abierto efectivo e interpretan para efectos administrativos, la participación cruzada prevista en los párrafos segundo y tercero del artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Demanda. Por escrito presentado el quince de abril de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Federal de Competencia Económica, por conducto de su Comisionada Presidenta, promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Reguladora de Energía, en la que designó como acto impugnado el "Acuerdo Núm. A/047/2022 de la Comisión Reguladora de Energía por el que se expiden las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen el procedimiento y requisitos para la autorización de participación cruzada, la metodología para el análisis de sus efectos en la competencia, la eficiencia en los mercados y el acceso abierto efectivo e interpretan para efectos administrativos, la participación cruzada prevista en los párrafos segundo y tercero del artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos", en particular, los numerales 1.1, 2.3, 3.2, 3.4, 4, 6.2.1, 6.2.2, 8 y 9, así como el considerando decimoctavo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro.

2. La Comisión Federal de Competencia Económica señaló como preceptos violados los artículos 28, 49 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Admisión y trámite. Mediante proveído de dieciséis de abril de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 145/2024 y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.

4. Posteriormente, por acuerdo de veintidós de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, reconoció el carácter de demandado al Poder Ejecutivo Federal (dado que a él está subordinada la Comisión Reguladora de Energía), y ordenó emplazar a dicha autoridad para que presentara su contestación. Por último, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

5. Contestación de la autoridad demandada. A través del acuerdo de catorce de junio de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo al Poder Ejecutivo Federal dando contestación a la demanda, por conducto de su Consejera Jurídica.

6. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento y de expresar manifestación alguna.

7. Audiencia y cierre de instrucción. Finalizada la substanciación del procedimiento en la controversia constitucional, el siete de agosto de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del diverso 34 de la propia ley, se hizo constar la comparecencia de los delegados de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Poder Ejecutivo Federal, se relacionaron las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, y se asentó que las indicadas partes formularon alegatos.

8. Finalmente, mediante acuerdo de ocho de agosto de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor decretó el cierre de la instrucción.

9. Radicación en Sala. Previo dictamen del Ministro instructor, por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro, se ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para que se avocara al conocimiento del asunto, lo que se realizó mediante proveído de veintisiete de septiembre de este año.

I. COMPETENCIA

10. Esta Segunda Sala es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General 1/2023 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre la Comisión Federal de Competencia Económica y el Poder Ejecutivo Federal respecto de un acuerdo emitido por éste (por conducto de la Comisión Reguladora de Energía), es decir, un acto administrativo de alcance general.

11. Bajo el mismo criterio fueron falladas las controversias constitucionales 72/2020, 96/2020(1) y 89/2020,(2) en las que también se impugnaron acuerdos emitidos por el Poder Ejecutivo (o su administración pública), procediendo esta Segunda Sala a entrar al estudio de fondo bajo la consideración de que se trata de actos administrativos de alcance general que, incluso, regulan actos internos de gobierno y, por ello, no pueden considerarse normas generales.

II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO

12. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) "las sentencias deberán contener [...] la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia [...]".

13. Así, el Tribunal Pleno ha sostenido que, para delimitar los actos o normas impugnadas en una controversia constitucional, deberá acudirse a la lectura íntegra de la demanda y, cuando ello resulte insuficiente, deberán armonizarse los datos contenidos en ella con la totalidad de la información que obre en autos, de manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartar manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Criterio que se encuentra plasmado en la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA".(4)

14. En ese tenor, de la revisión integral del escrito de demanda se observa que la actora tiene como pretensión esencial combatir del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Reguladora de Energía, el "Acuerdo Núm. A/047/2022 de la Comisión Reguladora de Energía por el que se expiden las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen el procedimiento y requisitos para la autorización de participación cruzada, la metodología para el análisis de sus efectos en la competencia, la eficiencia en los mercados y el acceso abierto efectivo e interpretan para efectos administrativos, la participación cruzada prevista en los párrafos segundo y tercero del artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos", en particular, los numerales 1.1, 2.3, 3.2, 3.4, 4, 6.2.1, 6.2.2, 8 y 9, así como el considerando décimo octavo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro.

III. OPORTUNIDAD

15. El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para la presentación de la demanda de la controversia constitucional será, "Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia", mientras que el artículo 3, fracción II, del mismo ordenamiento legal indica que en el cómputo de los plazos "se contarán sólo los días hábiles"; lo que revela que el plazo para promover una controversia constitucional contra un acuerdo general administrativo que es publicado en un medio de difusión oficial, es de treinta días hábiles contados, precisamente, a partir del día siguiente a aquél en que acontezca esa publicación.

16. En el caso concreto, la parte actora impugnó ciertos numerales del "Acuerdo Núm. A/047/2022 de la Comisión Reguladora de Energía por el que se expiden las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen el procedimiento y requisitos para la autorización de participación cruzada, la metodología para el análisis de sus efectos en la competencia, la eficiencia en los mercados y el acceso abierto efectivo e interpretan para efectos administrativos, la participación cruzada prevista en los párrafos segundo y tercero del artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos"; acto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, por lo que el plazo para promover la controversia constitucional transcurrió del veintiocho de febrero al dieciséis de abril siguientes.(5)

17. Luego, si la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de abril de dos mil veinticuatro, es claro que la promoción de la controversia constitucional es oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

18. El artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Federal establece que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: [...] l) Dos órganos constitucionales autónomos federales, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión", conforme a lo cual, se infiere lo siguiente:

19. A. Legitimación activa. Los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria(6) señalan que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, quien deberá comparecer a juicio por conducto del funcionario que, en términos de la normatividad que lo rige, esté facultado para representarlo.

20. En el caso, la demanda fue presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica, lo que revela que se configura la legitimación activa, dado que se trata de un órgano constitucional autónomo que, además, acude al medio de defensa a través de su Comisionada Presidenta (Andrea Marván Saltiel), quien, conforme a los artículos 20, fracción II, de la Ley Federal de Competencia Económica,(7) y 12, fracción IV, del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica,(8) tiene la atribución de representación jurídica de esa comisión y está facultada para promover controversias constitucionales. Funcionaria que acredita su personalidad con copia certificada del oficio DGPL-2P2A.-2297 suscrito por el Presidente y la Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el que se informa que, en sesión de quince de marzo de dos mil veintitrés, fue designada como Presidenta de ese órgano constitucional autónomo por un periodo de cuatro años.

21. B. Legitimación pasiva. Los artículos 10, fracción II, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria(9) señalan que tendrá el carácter de demandado o demandada, la entidad, poder, u órgano que hubiese emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, quien deberá comparecer a juicio por conducto del funcionario que, en términos de la normatividad que lo rige, esté facultado para representarlo.

22. En el caso, se tuvo como autoridad demandada al Poder Ejecutivo Federal, lo que revela que se configura la legitimación pasiva, toda vez que se trata de un poder de la Unión que, además, acude al medio de defensa a través de quien tiene facultades para representarlo, ya que compareció por conducto de su Consejera Jurídica (María Estela Ríos González), quien, de acuerdo con los artículos 11, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria(10) y 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,(11) en relación con el Punto Único del Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil uno,(12) cuenta con la representación legal en las controversias constitucionales. Funcionaria que acreditó su personalidad con copia certificada del nombramiento que para ocupar aquel cargo le fue expedido por la persona Titular del Poder Ejecutivo Federal el dos de septiembre de dos mil veintiuno.

23. Cabe precisar que el reconocimiento de la calidad de demandado del Poder Ejecutivo Federal deriva de la circunstancia de que, de acuerdo con el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(13) de él depende la Comisión Reguladora de Energía (que constituye el órgano que emitió el Acuerdo A/047/2022 impugnado), específicamente como dependencia de la administración pública federal centralizada, según se desprende de los artículos 2, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,(14) 2 y 4 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.(15)

V. CONCEPTOS DE INVALIDEZ

24. La Comisión Federal de Competencia Económica expuso los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:

A. El acuerdo impugnado vulnera el principio de división de poderes reconocido en el artículo 49 de la Constitución Federal, en relación con las atribuciones contenidas en el artículo 28 de la propia Ley Fundamental, toda vez que:

• Ese principio conlleva tres ejes: a) La no intromisión, b) La no dependencia, y c) La no subordinación, al tenor de la jurisprudencia P./J. 80/2004 de rubro: "DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS". Principio que también es aplicable a la Comisión Federal de Competencia Económica, ya que se trata de un órgano constitucional autónomo, cuyas funciones exclusivas están protegidas por mandato del Constituyente Permanente expresado en el artículo 28 de la Carta Magna.

• El acuerdo impugnado tiene como finalidad definir conceptos y establecer la metodología para analizar los efectos de la participación cruzada en el acceso abierto y la competencia de los mercados, sustentándose en la "facultad de promoción" que la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en su artículo 42, le otorga.

• En la controversia constitucional 55/2021, el Máximo Tribunal del país estableció que esa facultad de "promoción" no tiene siquiera alcances preventivos, por lo que el acuerdo impugnado indebidamente prevé un procedimiento, conceptos y metodología que invade el ámbito de la Comisión Federal de Competencia Económica, pues se vincula con el análisis de la participación cruzada en aspectos de competencia y eficiencia en los mercados, lo que se aprecia claramente del numeral 9, que permite a la Comisión Reguladora de Energía emitir una resolución sobre esos temas.

• El considerando decimoctavo y los numerales 6.2, 6.2.1 y 6.2.2 del acuerdo impugnado refieren que los dictámenes de la Comisión Federal de Competencia Económica no prejuzgan sobre lo que pueda resolver la Comisión Reguladora de Energía, quien podría negar la participación cruzada aun cuando la comisión haya emitido una opinión favorable.

• La decisión de la Comisión Reguladora de Energía, que podría confirmar o superar la opinión que hubiere emitido la Comisión Federal de Competencia Económica, implica una sustitución en sus facultades eliminando toda su efectividad, específicamente las que le otorgan los artículos 28 de la Constitución Federal y 83 de la Ley de Hidrocarburos.

• La Comisión Reguladora de Energía se atribuye una potestad para negar la participación cruzada cuando considere que afecta la competencia, la eficiencia de los mercados o el acceso abierto efectivo, toda vez que, al indicar que la opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia Económica no prejuzga el sentido de su resolución, le da preeminencia a su decisión.

• Negar el acceso a la participación cruzada sin causa justificada puede limitar la competencia y la libre concurrencia en el mercado, por lo que, de no darse fuerza vinculante a la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, ésta queda imposibilitada para evitar aquella circunstancia.

• Incluso, los numerales 2.3, 3.2 y 3.4 del acuerdo impugnado definen qué debe entender la Comisión Reguladora de Energía por "competencia", "afectación en el mercado" y "eficiencia en los mercados", sin que el alcance de estas figuras sea coincidente con la Ley Federal de Competencia Económica, cuyo artículo 59 establece mayores elementos de análisis. Esto es, en términos de dicho ordenamiento legal, además de la reducción de la producción o suministro de bienes y servicios y la disminución de la calidad o innovación injustificada, debe apreciarse la participación de los agentes económicos, la existencia de barreras, el poder de los competidores, el acceso a las fuentes de insumo y otros que establezcan las disposiciones regulatorias y criterios técnicos de la Comisión Federal de Competencia Económica.

• La facultad de "promoción de la competencia" prevista en el artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en nada implica la potestad para evitar que los permisionarios causen "afectaciones negativas en el mercado", dado que esto se vincula, más bien, con los conceptos de prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas o restricciones al mercado, que son áreas en las que la autoridad competente para actuar es la Comisión Federal de Competencia Económica.

• La atribución para promover la competencia no implica emitir actos preventivos enel campo de la competencia económica; de ahí que la forma en que el acuerdo impugnado da intervención a la Comisión Reguladora de Energía en el procedimiento de autorización de participación cruzada, desdibuja la coordinación que debe existir entre la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica, en los términos en que fue entendida por la Primera Sala de este Alto Tribunal al resolver la controversia constitucional 55/2021. • La facultad de la Comisión Reguladora de Energía para promover la competencia económica debe ejercerse dentro de sus atribuciones, las cuales no alcanzan para que emita actos de "prevención" al funcionamiento eficiente del mercado, ni siquiera para negar la participación cruzada.

• Aun cuando la Comisión Federal de Competencia Económica pueda seguir emitiendo sus opiniones, lo cierto es que ello implicará sólo un ejercicio formal de la atribución respectiva, pero materialmente esa opinión quedará superada con la decisión de la Comisión Reguladora de Energía.

• Asumir que la Comisión Reguladora de Energía, como órgano regulador del sector, puede evaluar los posibles efectos competitivos de la participación cruzada, y no limitarse a la parte operativa que sí le corresponde al tenor del Título Tercero, Capítulo IV, de la Ley de Hidrocarburos, conlleva una invasión a las facultades que el artículo 28 constitucional otorga a la Comisión Federal de Competencia Económica.

• Más aún, el numeral 8 del acuerdo impugnado permite que la Comisión Reguladora de Energía, cuando resuelve favorablemente el procedimiento de autorización de participación cruzada, establezca las medidas regulatorias a que se refiere el artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos con el fin de fomentar el desarrollo eficiente del mercado, pero no establece que debe atenderse al efecto a la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, lo que implica una desatención al modelo de coordinación a que se refiere aquel precepto legal.

• Esa omisión vacía de contenido las atribuciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, ya que ésta debe emitir su opinión en los aspectos propios de la competencia económica que se materialicen en la participación cruzada, por mandato del artículo 28, párrafos decimocuarto y vigésimo, de la Carta Magna, que establece que a ella corresponde garantizar la competencia y la libre concurrencia, prevenir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y las demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, salvo por lo que hace al ámbito de las telecomunicaciones (que corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones).

B. El acuerdo impugnado contraviene el principio de jerarquía normativa previsto en el artículo 133 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 28 de la propia Ley Fundamental, habida cuenta de que:

• La Comisión Reguladora de Energía está obligada a respetar las competencias distribuidas por la Carta Magna y desarrolladas por la normatividad secundaria.

• El artículo 28 del Texto Fundamental encomienda a la Comisión Federal de Competencia Económica el control de la competencia y la libre concurrencia en todos los mercados (salvo el de telecomunicaciones), lo que implica que también abarca el energético; mientras que a la Comisión Reguladora de Energía le encomienda el aspecto operativo del campo de la electricidad. Situación que está reiterada en los artículos 83 y 131 de la Ley de Hidrocarburos, y 3 de su Reglamento.

• El acuerdo impugnado desatiende la Ley Suprema y esa normatividad secundaria, toda vez que, a través del acuerdo impugnado, amplía su competencia, con el propósito de analizar cuestiones propias de la competencia en el mercado.

• El acuerdo impugnado va más allá de los mandatos constitucionales y legislativos, no sólo porque interpreta conceptos que no son propios de la materia que regula la Comisión Reguladora de Energía, sino porque permite a ésta, dentro del procedimiento de autorización de la participación cruzada, hacer un análisis sobre la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico.

25. Conviene precisar que el Poder Ejecutivo Federal, al contestar su demanda, expuso que el acuerdo impugnado no invade las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica previstas en el artículo 28 de la Constitución Federal, ni viola los principios de división de poderes y supremacía constitucional tutelados en los artículos 49 y 133 de la Norma Fundamental, en razón de que:

• La potestad de regulación del almacenamiento, transporte y distribución por ductos de petróleos, gas, petrolíferos y petroquímicos que el Poder Constituyente otorgó a la Comisión Reguladora de Energía debe entenderse en forma amplia, por lo que ésta cuenta con facultades para emitir el acuerdo impugnado con la finalidad de fomentar una sana competencia entre los distintos operadores, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una cobertura nacional adecuada y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y prestación de los servicios relacionados con hidrocarburos.

• Si bien la Comisión Federal de Competencia Económica es un órgano autónomo que tiene como principales objetivos garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados conforme al artículo 28 de la Constitución Federal, lo cierto es que ni esa Norma Fundamental ni alguna otra disposición normativa lo facultan como la única autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de dicho propósito constitucional, sino que se trata de una responsabilidad de todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

• En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos, consistente en establecer las disposiciones a las que deben sujetarse los permisionarios de transporte, la Comisión Reguladora de Energía emitió el acuerdo impugnado, siendo que únicamente la participación cruzada y sus modificaciones deben ser autorizadas previa opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia Económica.

VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

26. El Ejecutivo Federal demandado aduce que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 19, fracciones VIII y IX, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, debido a que la Comisión Federal de Competencia Económica carece de interés legítimo para promover el presente medio de control constitucional, en la medida en que no aduce violaciones a sus competencias previstas en la Ley Fundamental, sino que se limita a sostener que el acuerdo impugnado vulnera el mecanismo previsto en el artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos.

27. Esto es, la supuesta invasión a su esfera de atribuciones deriva de competencias que le otorga la normatividad secundaria y no la Carta Magna, lo que es insuficiente para justificar la procedencia del medio de defensa, pues no se demuestra al menos un principio de agravio que derive del Texto Supremo, al tenor de la tesis de la Primera Sala de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PUEDE DERIVAR NO SÓLO DE LA INVASIÓN COMPETENCIAL A LOS ÓRGANOS LEGITIMADOS, SINO DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE SU ESFERA REGULADA DIRECTAMENTE EN LA NORMA FUNDAMENTAL".(16)

28. Es infundada la causa invocada, debiendo destacarse que el artículo 105 de la Carta Magna(17) en su texto derivado de la reforma de once de marzo de dos mil veintiuno, prescribe que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a normas electorales, se susciten entre los poderes, entidades u organismos que se precisan, añadiéndose que en dichas controversias también podrán hacerse valer violaciones a la Constitución Federal, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

29. Al respecto, este Alto Tribunal ha exigido, para la procedencia de la controversia constitucional, que se configure cuando menos un principio de agravio o afectación que sea susceptible de analizarse a través de ese medio de control, pues sólo así se considerará la existencia de un interés legítimo en favor del promovente que, en caso de no configurarse, llevará a la improcedencia al tenor de la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN".(18)

30. Así, por lo que hace a las violaciones a la Constitución Federal, el objeto principal de tutela es el ámbito de atribuciones que esa Ley Fundamental confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal y, por tanto, para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la citada Norma Fundamental tengan interés legítimo para acudir a esta vía constitucional, no basta que afirmen que el acto o norma impugnados vulnere su esfera competencial, sino que es necesario que indiquen en el escrito de demanda la facultad reconocida en la Constitución Federal que estimen vulnerada. Por su parte, respecto a las violaciones a los derechos humanos reconocidos, incluso, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es menester que la transgresión que se alegue recaiga en prerrogativas fundamentales cuya tutela se encuentre relacionada con el ejercicio de las competencias del ente actor.

31. En ese sentido, la controversia constitucional debe entrañar un conflicto sobre la constitucionalidad de actos y/o disposiciones generales de los sujetos que el artículo 105 de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33072-8befee66/i-controversia-constitucional-competencia-de-las-salas-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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