I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES FEDERALES. II. INDUSTRIA ELÉCTRICA. LA INCLUSIÓN EN LA LEY RELATIVA DE LA FIGURA DE LOS CONTRATOS DE COBERTURA ELÉCTRICA CON COMPROMISO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, NO RESULTA VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA (ARTÍCULO 3, FRACCIONES XII, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EXCLUSIVAMENTE LOS SUMINISTRADORES DE SERVICIOS BÁSICOS PODRÁN CELEBRAR CONTRATOS DE COBERTURA ELÉCTRICA CON COMPROMISO DE ENTREGA FÍSICA", Y XII BIS, DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA). III. INDUSTRIA ELÉCTRICA. EL ORDEN DE PRELACIÓN DEL DESPACHO DE ENERGÍA, CONTENIDO EN LA LEY RELATIVA, GARANTIZANDO EL ACCESO, EN PRIMER LUGAR, A LOS CONTRATOS DE COBERTURA ELÉCTRICA CON COMPROMISO DE ENTREGA FÍSICA Y, EN SEGUNDO TÉRMINO, EL SUMINISTRO DE ENERGÍAS LIMPIAS, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA [DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN V, INCISO B), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SEA CON INDEPENDENCIA DE SU MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO", 4, FRACCIÓN VI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "GARANTIZANDO, EN PRIMERA INSTANCIA, LOS CONTRATOS DE COBERTURA ELÉCTRICA CON COMPROMISO DE ENTREGA FÍSICA Y, EN SEGUNDO TÉRMINO, EL SUMINISTRO DE ENERGÍAS LIMPIAS", 53, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PODRÁN CELEBRAR", 101, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LO ANTERIOR, CONSIDERANDO LOS CONTRATOS DE COBERTURA ELÉCTRICA CON COMPROMISO DE ENTREGA FÍSICA", Y 108, FRACCIÓN VI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y RECIBIR LOS PROGRAMAS DE GENERACIÓN Y CONSUMO ASOCIADOS A LOS CONTRATOS DE COBERTURA CON COMPROMISOS DE ENTREGA FÍSICA", DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA]. IV. INDUSTRIA ELÉCTRICA. EL CAMBIO DE PARÁMETRO EN LA LEY RELATIVA PARA LA CONSIDERACIÓN DE COSTOS, PRIVILEGIANDO AHORA EL "COSTO UNITARIO" EN LUGAR DEL "COSTO MARGINAL", A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN VI, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "UNITARIOS", DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA). V. INDUSTRIA ELÉCTRICA. LA CONDICIÓN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA GARANTIZAR EL ACCESO ABIERTO A LA RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN Y A LAS REDES GENERALES DE DISTRIBUCIÓN, PREVISTA EN LA LEY RELATIVA, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA (ARTÍCULO 4, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CUANDO SEA TÉCNICAMENTE FACTIBLE", DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA). VI. INDUSTRIA ELÉCTRICA. LA DEFINICIÓN EN LA LEY RELATIVA DEL CONTRATO LEGADO PARA EL SUMINISTRO BÁSICO, COMO AQUEL CONTRATO DE COBERTURA ELÉCTRICA QUE LOS SUMINISTRADORES DE SERVICIOS BÁSICOS TENDRÁN LA OPCIÓN DE CELEBRAR, CON PRECIOS BASADOS EN LOS COSTOS Y CONTRATOS RESPECTIVOS, QUE ABARCAN LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y PRODUCTOS ASOCIADOS DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS LEGADAS Y LAS CENTRALES EXTERNAS LEGADAS, CON COMPROMISO DE ENTREGA FÍSICA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA (ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XIV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CON COMPROMISO DE ENTREGA FÍSICA", DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA). VII. INDUSTRIA ELÉCTRICA. LA PRIORIDAD EN EL USO DE LA RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN Y LAS REDES GENERALES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL DESPACHO DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS LEGADAS Y LAS CENTRALES EXTERNAS LEGADAS CON COMPROMISO DE ENTREGA FÍSICA, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 26, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "QUIEN CONSIDERARÁ A PRIORIDAD EN EL USO DE ESTAS REDES PARA EL DESPACHO DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS LEGADAS Y LAS CENTRALES EXTERNAS LEGADAS CON COMPROMISO DE ENTREGA FÍSICA", DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA). VIII. INDUSTRIA ELÉCTRICA. LA POSIBILIDAD DE QUE LOS SOLICITANTES DE INTERCONEXIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS O CENTROS DE CARGA SE AGRUPEN CON EL FIN DE REALIZAR OBRAS, AMPLIACIONES O MODIFICACIONES, CONFORME A LA LEY RELATIVA, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA (ARTÍCULO 35, PÁRRAFO, PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LOS GENERADORES, GENERADORES EXENTOS, USUARIOS FINALES Y/O LOS SOLICITANTES PARA LA INTERCONEXIÓN DE LAS CENTRALES ELÉCTRICAS Y LA CONEXIÓN DE LOS CENTROS DE CARGA PODRÁN OPTAR POR AGRUPARSE" DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA). IX. INDUSTRIA ELÉCTRICA. LA FACULTAD DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA, DE MANTENER LA SEGURIDAD DE DESPACHO, CONFIABILIDAD, CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, PREVISTA EN LA LEY RELATIVA, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA Y CONCURRENCIA (ARTÍCULO 108, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y MANTENER LA SEGURIDAD DE DESPACHO, CONFIABILIDAD, CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL", DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA). X. INDUSTRIA ELÉCTRICA. ELIMINACIÓN DE LA CONDICIÓN TEMPORAL EN LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECÍA QUE SE CONSIDERARÁN CENTRALES ELÉCTRICAS LEGADAS AQUELLAS QUE, A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA EN 2014, NO
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 64/2021. SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 7 DE ABRIL DE 2022. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIOS: JIMENA SOFÍA VIVEROS ÁLVAREZ Y VÍCTOR MANUEL MIRANDA LEYVA.
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Ciudad de México. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de abril de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 64/2021, promovida por senadores del Congreso de la Unión, contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de marzo de dos mil veintiuno.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la acción de inconstitucionalidad. Por escrito recibido el ocho de abril de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuarenta y ocho senadoras y senadores del Congreso de la Unión promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de los siguientes actos y autoridades.
A. Los órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma general impugnada:
A.1. Órgano legislativo: El Congreso de la Unión, por conducto de su Cámara de Diputados como Cámara de Origen y la Cámara de Senadores como Cámara Revisora.
A.2. Órgano ejecutivo: Poder Ejecutivo Federal.
B. La norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se hubiere publicado:
B.1 El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado el nueve de marzo de dos mil veintiuno en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Decreto que en su artículo único indica que se reforman los artículos 3, fracciones V, XII y XIV; 4, fracciones I y VI; 12, fracción I; 26, 35, párrafo primero; 53, 101, 108, fracciones V y VI, y 126, fracción II; y se adiciona una fracción XII Bis al artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica.
En su demanda, las senadoras y los senadores consideran que la legislación impugnada transgrede los artículos 1o., 4o., párrafos cuarto y quinto; 14, 25, párrafo quinto; 27, párrafo sexto; 28, párrafos primero, cuarto y octavo; 133 y décimo transitorio del decreto de reforma constitucional en materia energética de veinte de diciembre de dos mil trece, además del objeto y fin del Acuerdo de París de doce de diciembre de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis.
2. Conceptos de invalidez. Las y los senadores accionantes expusieron los siguientes argumentos en su demanda como conceptos de invalidez.
a. Primer concepto de invalidez
Los artículos 3, fracciones V, XII, XII Bis y XIV; 4, fracciones I y VI; 12, fracción I; 26, 35, 53, 101, 108, fracciones V y VI y 126, fracción II, adicionados o reformados de la Ley de la Industria Eléctrica violan el artículo 28, primer párrafo, constitucional.
La industria eléctrica en México comprende cuatro actividades principales: generación, transmisión, distribución y comercialización. Actualmente, el marco constitucional y legislativo de la industria eléctrica, está diseñado para que el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad tenga el monopolio de la transmisión y distribución de la energía eléctrica (artículos 25, párrafo quinto; 28, párrafo cuarto constitucionales y su régimen transitorio) mientras que la generación y comercialización están sujetas a un régimen de libre competencia (artículo 28 constitucional).
La parte accionante considera que la reforma impugnada tiene como principal objetivo fortalecer a la CFE, como empresa productiva del Estado (EPE) y otorgarle una serie de ventajas sobre otras empresas en las actividades de generación y comercialización, lo cual constituye una práctica monopólica, contraviniendo con ello el modelo energético actual reconocido en diversas disposiciones constitucionales.
A juicio de la parte accionante, las disposiciones impugnadas que generan una práctica monopólica en favor de la Comisión Federal de Electricidad son las siguientes:
• En el artículo 3, fracción XII, se agregó que: "exclusivamente los suministradores de servicios básicos podrán celebrar contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física" que, en este momento, solamente CFE suministrador de servicio básico es participante del mercado.
• En el artículo 3, fracción XII Bis, se incorpora la nueva figura de los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física, mientras que en la fracción XIV, establece que los contratos legados para el suministro básico deberán considerar que cuenten con el compromiso de entrega física.
• En el artículo 4, fracción VI, se adiciona que se garantizará "en primera instancia, los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física y, en segundo término, el suministro de energías limpias", bajo un esquema de oferta por costos "unitarios" en lugar de variables.
• El artículo 26 establece que la CFE transmisión y CFE distribución respecto de la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución deberán seguir las instrucciones del Centro Nacional de Control de Energía, la que "considerará la prioridad en el uso de estas redes para el despacho de las centrales eléctricas legadas y las centrales externas legadas con compromiso de entrega física".
• En el artículo 4, fracción I, se establece una condición a efecto de otorgar acceso abierto a la RNT y a las RGD, en términos no indebidamente discriminatorios, adicionando la condición de que "siempre que ello sea técnicamente posible".
• El artículo 35 que hace posible operativamente las condiciones de interconexión y transporte que derivan de la reforma de los artículos anteriores.
• El artículo 12, fracción I, obliga a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a otorgar los permisos a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica, "considerando los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) establecidos por la secretaría (de Energía)".
• En el artículo 53, se elimina el régimen de subastas organizadas por el Cenace como único medio de adquisición de energía por parte de las suministradoras de servicios básicos.
• En el artículo 108, se establece la facultad del Cenace de mantener la seguridad de despacho, confiabilidad, calidad y continuidad del Sistema Eléctrico Nacional (fracción V) y a recibir los programas de generación y consumo asociados a los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física (fracción VI), conforme a la definición adicionada en la fracción XII Bis del artículo 3. Además, en términos del artículo 101, deberán tomarse en cuenta este tipo de contratos en el despacho.
• En el artículo 3, fracción V, se amplía el concepto de central legada, al suprimir la condición temporal referente a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica, al hecho de que estén o no en operación las centrales legadas y a su forma de financiamiento. Se prevé, además, la modalidad de contrato de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física respecto de este tipo de centrales, manteniendo que exclusivamente podrán ser propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.
En primer lugar, a consideración de la parte accionante, a través de la figura de contrato de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física y su regulación, se modifica el orden y prelación en el despacho de energía en beneficio de las empresas productivas subsidiarias de CFE generación.
En ese sentido, considera que la generación y comercialización de la energía eléctrica son servicios que deben prestarse en libertad de competencia, y que, contrario a ello, la reforma otorga preferencia al despacho de energía derivada de los contratos de cobertura eléctrica con compromisos de entrega física. Esto se traduce en beneficiar a las derivadas de las centrales eléctricas pertenecientes a CFE generación.
El artículo 28 constitucional establece en su primer párrafo que, entre otras, quedan prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas. La parte accionante considera que las prácticas monopólicas son aquellas que impiden de manera injustificada la libre competencia y concurrencia en el mercado o en un sector de éste, como son las barreras legales a la competencia y a la libre concurrencia dado que limitan la capacidad de competir en el mercado.
El cuarto párrafo del artículo 28 constitucional establece que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas, entre las que se encuentran, la planeación y el control del SEN y la generación y comercialización de la energía.
En el mismo sentido, el artículo 25 constitucional establece que el sector público tiene a su cargo, de manera exclusiva, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Por su parte el artículo 27 de la Constitución, además de establecer que corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del SEN, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; determina que en estas actividades no se otorgarán concesiones. Ello sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.
En ese sentido, se alega que la reforma impugnada es contraria a la finalidad de la reforma constitucional de 2013, cuyo objeto era obtener mejores precios para la prestación de un servicio al usuario final en condiciones de sustentabilidad, poniendo como eje de la misma al bienestar de las personas. En ese sentido, el costo de las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad suele ser de los más elevados en el mercado eléctrico mayorista, por lo que el cambio del orden de despacho implicaría gastos adicionales en perjuicio de las finanzas de la propia CFE.
Con relación a la eliminación de las subastas como único método de adquisición de energía, señala que se deja en manos de CFE suministrador de servicios básicos, la posibilidad de adjudicar la construcción de nuevas plantas de generación. El modelo anterior de adquisición buscaba optimizar los recursos y obtener el precio más bajo, permitiendo la competencia en términos de igualdad. Con ello se fomentaba la diversificación de la matriz energética y la producción mediante energías limpias. Con la reforma, aduce, se elimina la prelación económica, pues presumiblemente permitiría la compra de energías con un costo mayor, que podrían resultar potencialmente perjudiciales al medio ambiente y a la salud.
A juicio de la parte accionante, no resulta claro que este nuevo modelo genere condiciones de mayor confiabilidad y seguridad, contrario a lo planteado en la exposición de motivos de la reforma. Consideran que lo único que este modelo objetivamente establece es una preferencia hacia la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos y las plantas de las empresas productivas subsidiarias de Comisión Federal de Electricidad Generación, desplazando a los productores privados a un tercer y cuarto lugar frente a la empresa productiva del Estado, terminando así con la competencia en el MEM.
Tomando en cuenta lo anterior, se considera que las ventajas que otorgan las distintas modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica constituyen una práctica monopólica en favor de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual vulnera el primer párrafo del artículo 28 constitucional.
b. Segundo concepto de invalidez
Los artículos 3, fracciones V, XII, XII Bis y XIV; 4, fracciones I y VI; 26, 53, 101, 108, fracciones V y VI, y 126, fracción II, adicionados o reformados de la Ley de la Industria Eléctrica violan los artículos 1o., 4o., párrafos cuarto y quinto, constitucionales; así como el Acuerdo de París.
La parte accionante considera que la reforma viola el derecho a un medio ambiente sano y a la salud a través de: (i) la modificación del orden de despacho; (ii) las modificaciones respecto de las centrales legadas; (iii) la modificación del régimen de subastas; (iv) las condiciones de factibilidad técnica; y (v) la modificación de los certificados de energías limpias (CEL).
Como ya se mencionó, existe una modificación del orden de despacho de la energía eléctrica mediante el cual se privilegiaría en primer lugar a las centrales hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad para posteriormente despachar otro tipo de plantas propiedad de esta empresa, como la nuclear, geotérmica, ciclos combinados y termoeléctricas para dejar en tercer lugar las energías eólicas o solar de particulares y, finalmente, en cuarto lugar, las de ciclos combinados de las empresas privadas.
Con esta modificación, la parte accionante aduce que las energías limpias quedan relegadas a un tercer sitio en el orden de prelación, lo que implica un desplazamiento de los factores económicos, de seguridad y eficiencia, así como de sustentabilidad.
Por otro lado, las modificaciones respecto de las centrales legadas eliminan las restricciones temporales y de fuente de financiamiento establecidas en la Ley de la Industria Eléctrica, emitida para la implementación de la reforma constitucional de 2013 que posibilita su acceso al mercado de los certificados de energías limpias que antes tenían limitado.
En relación con el régimen de subastas, al modificarse como único mecanismo de adquisición de energía, no sólo frena el fomento de energías limpias, sino que lo inhibe.
A consideración de la parte accionante, al establecer una condición poco clara sobre cuáles son las condiciones de factibilidad técnica, se limita el acceso abierto no indebidamente discriminatorio originalmente planteado por la Ley de la Industria Eléctrica, que implementó la reforma de 2013 y que posibilitaba que las centrales de generación de energías limpias pudieran acceder a las redes, RNT y RGD sin obstáculos innecesarios.
Finalmente, a partir de la reforma impugnada a la Ley de la Industria Eléctrica, se modifica el régimen de certificados de energías limpias, al establecer en la fracción II del artículo 126 que el otorgamiento de estos certificados a centrales eléctricas no dependerá ni de la propiedad, ni de la fecha de inicio de operación de las mismas. Ello implica una distorsión al funcionamiento del mecanismo de certificados de energías limpias dada la modificación a las condiciones de las centrales legadas.
Estas modificaciones generan que, en lugar de fomentar nuevas inversiones en la producción de energías limpias, se inhibirá la inversión dado que se diluye la importancia y valor de los certificados de energías limpias. Al haber más certificados de energías limpias en el mercado, resultaría menos atractivo realizar inversiones nuevas en energías limpias pues sería más difícil amortizarlas y competir con las empresas con capacidad ya instalada y amortizada. Además, al generarse una oferta excesiva de los certificados de energías limpias su precio disminuirá considerablemente, lo que impactaría negativamente en la evaluación de los nuevos proyectos de inversión en energías limpias hacia el futuro.
Una característica del mecanismo de los certificados de energías limpias previo a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 es que vedaba la posibilidad de que la emisión de energías limpias anteriores a 2014 pudieran acceder a su otorgamiento. Por ello, sostiene que al eliminar esta restricción se otorga una ventaja exclusiva a las empresas de la Comisión Federal de Electricidad.
Lo anterior, ya que, sin realizar inversiones adicionales, éstas tendrían muchos más certificados de energías limpias, favoreciendo a la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos en relación con los demás obligados al cumplimiento de requisitos de certificados de energías limpias. Si las empresas de la Comisión Federal de Electricidad participan en el eslabón de generación, le transferirán los certificados adicionales recibidos, lo que cubriría fácilmente su obligación respecto de los certificados de energías limpias sin recurrir a nuevos contratos para adquirirlos. En este sentido, la parte accionante considera que si bien, no se elimina este mecanismo, sí se inutiliza.
Lo anterior tendría como consecuencia la disminución de producción de energías limpias, lo que conllevaría una vulneración al derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas y de la protección a la salud.
El artículo 4o. constitucional reconoce la obligación del Estado de garantizar el derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas y el derecho a la protección de la salud. Aunado a ello, México, como Estado Parte del Acuerdo de París, asumió la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
En relación con lo anterior, la accionante argumenta que al tratarse de derechos humanos rige el principio de progresividad, por lo que el Estado se encuentra vedado a retroceder en términos de efectividad de los derechos, salvo que se demuestre que la medida es imprescindible para cumplir con un fin constitucionalmente válido.
Por su parte, el Acuerdo de París consiste en tres puntos principales: (i) tomar las acciones necesarias para mantener el aumento de las temperaturas a nivel mundial por debajo de los 2°. C, respecto de los niveles preindustriales y de ser posible, limitar ese aumento por debajo de los 1.5°. C; (ii) el compromiso de aumentar las capacidades de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover el desarrollo que conlleve bajas emisiones de los GEI; y (iii) buscar que los flujos de capitales financieros se sitúen en una trayectoria compatible con el desarrollo sustentable.
En ese sentido, México expidió la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Eléctrica. En la primera de ellas, promulgada en 2012, se estableció como meta la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 30 % para 2020 y de 50 % para 2050, todo ello en relación con la línea base de emisiones del año 2000. Para el año 2024 deberíamos estar alcanzando, al menos, el 35 % de la generación eléctrica proveniente de fuentes limpias.
La Ley de Transmisión Eléctrica, por su parte, es resultado del mandato establecido en el decreto de reformas a la Constitución de 2013 en materia energética. Su artículo décimo séptimo transitorio establece la necesidad de procurar la protección y el cuidado del medio ambiente en todos los procesos del sector energético, mediante la incorporación de criterios y mejores prácticas para la disminución de la generación de gases y compuestos de efectos invernadero, y una menor huella de carbono.
En ese sentido, se considera que la reforma atenta contra el principio precautorio, que exige la ponderación sobre la subsistencia del daño o riesgo de daño al ambiente. A raíz de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica la parte accionante considera que no se justifica el cambio del orden de despacho económico, la limitación del acceso abierto a las redes, la modificación del régimen de subastas, así como la modificación al régimen de los certificados de energías limpias, a la luz de la protección al medio ambiente, de modo que pudiese evaluarse la ponderación exigida por los derechos al medio ambiente y a la salud.
Por todo lo anterior la parte accionante considera que la reforma es contraria al derecho a un medio ambiente sano y del desarrollo y bienestar de las personas y de la protección a la salud, previstos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 4o., en relación con el principio de progresividad previsto en el artículo 1o. constitucionales, así como al Acuerdo de París. c. Tercer concepto de invalidez
Los artículos cuarto y quinto transitorios de la reforma violan el artículo 14 constitucional, en particular el principio de no aplicación retroactiva de la ley.
Derivado de la reforma impugnada, considera que el artículo cuarto transitorio establece que los permisos de autoabastecimiento otorgados por la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992, que continúen surtiendo sus efectos jurídicos obtenidos en fraude a la ley, deberán ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía.
Por su parte, se considera que el artículo quinto transitorio establece que los contratos de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica y compraventa de energía eléctrica suscritos con productores independientes de energía con base en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica deberán ser revisados a fin de garantizar su legalidad y rentabilidad, conforme lo disponen los artículos 74, fracción IV, de la Constitución, 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 18 de la Ley Federal de Deuda Pública.
La parte accionante considera que estos artículos del decreto impugnado implican que, como resultado de dicha revisión se deberán renegociar los contratos o ser terminados de forma anticipada. Ello, violentaría el artículo 14 constitucional, que reconoce el principio de no retroactividad, en el sentido de que a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Este principio establece que las situaciones jurídicas de los gobernados se rigen por las leyes que se encuentran en vigor al momento de la celebración de los actos jurídicos correspondientes. Una ley será retroactiva cuando modifica, altera o destruya derechos adquiridos o supuestos jurídicos y sus consecuencias producidas al amparo de una ley anterior. En contraparte, no existirá retroactividad cuando la ley modifica, altera o destruya simples expectativas de derecho, es decir, situaciones que aún no se han producido, o consecuencias no derivadas de los supuestos regulados por la norma anterior.
Por lo anterior, la parte accionante considera que los artículos cuarto y quinto transitorios del decreto impugnado, tienen como consecuencia la renegociación anticipada de dichos contratos o revocación de los permisos, ya que al estar sujetos a un régimen transitorio de la ley que se pretende reformar, implica que los contratantes o permisionarios adquirieron derechos sobre las condiciones consignadas en estos contratos o permisos. En ese sentido consideran que no se está frente a una mera expectativa de derecho, sino frente a una incorporación de derechos para las partes contratantes, derivados del contrato o permiso otorgado y cuya vigencia se prorrogó para las partes.
Considera también que, dada la reforma constitucional de 2013, al no haberse dispuesto una condición transitoria específica para modificar la relación contractual, se refuerza la noción de que se habrían adquirido derechos, respecto de estos contratos y, por tanto, no resulta válido el que se trastoque el régimen transitorio referido.
Finalmente, la parte accionante no considera posible que las disposiciones transitorias se fundamenten en la fracción IV del artículo 74 constitucional, ni en los artículos 32 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria y 18 de la Ley General de Deuda Pública, como está establecido en la exposición de motivos. Ello, ya que lo dispuesto en dicha normativa no implica la posibilidad de que el legislador pueda modificar las condiciones relativas a los contratos mencionados, en virtud de que constituyen derechos adquiridos.
d. Cuarto concepto de invalidez
La parte accionante sostiene que el artículo 12, fracción I, de la Ley de la Industria Eléctrica viola el artículo 28, párrafo octavo, constitucional y el décimo transitorio del decreto de reforma constitucional de 2013.
Señala que en el artículo 12, fracción I impugnado, se establece que el otorgamiento de los permisos, cuya competencia recae en la Comisión Reguladora de Energía, deberá tomar en cuenta los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional establecidos por la Secretaría de Energía (Sener).
El párrafo octavo del artículo 28 constitucional establece que el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia de energía. Entre éstos, la Comisión Reguladora de Energía tendrá autonomía técnica, operativa y de gestión para emitir sus actos, resoluciones y regulación, así como el de otorgar los permisos a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica. Se establece que la Comisión Reguladora de Energía contará con personalidad jurídica y podrá disponer de los derechos y aprovechamientos que se establezcan por los servicios que prestan. Igualmente, se prevé que el Ejecutivo Federal ejercerá sus facultades de regulación técnica y en materia de electricidad a través de este órgano técnico a fin de promover el desarrollo eficiente del sector energético.
Las y los accionantes afirman que, por su naturaleza, origen y regulación, la Comisión Reguladora de Energía, si bien forma parte del Ejecutivo Federal, no se encuentra subordinada a la Secretaría de Energía, sino que tiene el mismo nivel de dependencia. Su autonomía de gestión y operatividad se desenvuelve como especialista en el sector energético y el órgano técnico del Estado en materia de electricidad cuya finalidad es promover el desarrollo de la generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como promover la competencia en el sector y proteger los intereses de los usuarios.
En ese sentido, las y los senadores accionantes consideran que la norma impugnada resulta inconstitucional dado que sujeta una decisión técnica especializada a una condición política, lo que no puede tener el alcance para desnaturalizar las competencias técnicas del órgano regulador.
Consideran que por todo lo anterior, mediante la introducción del elemento de los criterios de planeación, en la norma impugnada, se actualiza una invasión de facultades que no le corresponde a la Secretaría de Energía, pues mediante un instrumento de política pública se pretenden establecer los parámetros y alcances técnicos sobre materias que competen a la Comisión Reguladora de Energía, como lo son, en el caso, el otorgamiento de permisos. Con ello se desarticularía a dichos órganos imponiendo una visión política a un sector que requiere de parámetros y criterios especializados, claros y constantes.
A partir de lo anterior, se considera que la disposición impugnada resulta violatoria del artículo 28, párrafo octavo, constitucional en relación con lo dispuesto en el artículo décimo transitorio, al invadir la esfera de competencia que corresponde a la Comisión Reguladora de Energía, como órgano técnico especializado competente para otorgar los permisos a que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica.
e. Quinto concepto de invalidez
Los artículos 3, fracción XII Bis; 4, fracción VI; 26, 53, 101, 108, fracción VI, adicionados o reformados de la Ley de la Industria Eléctrica violan el artículo 133 constitucional; así como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (TMEC).
Conforme al artículo 133 constitucional, la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados internacionales serán la Ley Suprema de toda la Unión. En ese sentido, diversas figuras y modificaciones establecidas mediante el decreto de reforma impugnado a la Ley de la Industria Eléctrica, tal como los contratos de cobertura eléctrica con compromisos de entrega física, así como la eliminación de la obligatoriedad de subastas para suscribir contratos de cobertura eléctrica, contravienen el TIPAT y el TMEC y, por tanto, el artículo 133 constitucional.
Los artículos 17.1 del TIPAT y 22 del TMEC, establecen que una empresa productiva del Estado es aquella de la que el Estado es propietaria de más del 50 % del capital social. Tomando en cuenta que México es propietario del 100 % de Comisión Federal de Electricidad, ésta es una empresa productiva del Estado, en los términos establecidos por estos tratados.
Las y los accionantes señalan que los artículos 17.4 del TIPAT y 22.4 del TMEC establecen que los Estados se asegurarán de que cada empresa productiva del Estado con actividades comerciales actúe de conformidad con consideraciones comerciales en la compra o venta de una mercancía o servicio, excepto para cumplir con cualquiera de los términos de su mandato de servicio público, dentro del cual no se encuentran las actividades de generación y comercialización para la Comisión Federal de Electricidad.
Además, los Estados se asegurarán de que cada una de sus empresas productivas del Estado en la compra de una mercancía o servicio (como la generación eléctrica, para el caso de la Comisión Federal de Electricidad) que otorgue a una mercancía o servicio suministrado por una empresa de otra parte, un trato no menos favorable que el que otorgue a una mercancía o servicio similar suministrado por empresas de la parte, de cualquier otra parte o de cualquiera no parte.
La eliminación del despacho de energía por mérito económico garantizaría en primera instancia el acceso a la RNT y las RGD, a las centrales eléctricas legadas (que sólo pueden ser propiedad de la Comisión Federal de Electricidad conforme a la definición del artículo 3, fracción V, de la propia Ley de la Industria Eléctrica) y les permitirá establecer un "programa fijo de generación" que entregará al Cenace, lo que le daría prioridad en el despacho a las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad.
En la opinión de las y los accionantes, lo anterior contraviene los capítulos 9 del TIPAT y 14 del TMEC, denominados "inversión".
Los artículos 9.5 del TIPAT y 14.5 del TMEC, reconocen el principio de trato de nación más favorecida, el cual obliga a otorgar a los inversionistas de otra parte un trato no menos favorable que el que otorgue
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31348-6c6be716/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-equivalente-al-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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