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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES OPORTUNA LA IMPUGNACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CONSTITUIR SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN EL DICTAMEN PRELIMINAR SOBRE LA PROPUESTA REGULATORIA EMITIDO POR LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DE LA UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA DE ESA CIUDAD Y NO EL MOMENTO EN QUE LA ALCALDÍA INGRESÓ SU PROPUESTA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA RESPECTIVA (ARTÍCULOS 65, 66, 67, 68, 69 Y 72 DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, ASI COMO EL "DICTAMEN PRELIMINAR SOBRE LA PROPUESTA REGULATORIA DENOMINADA: AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL BANDO REGLAMENTARIO QUE REGULA LA UTILIZACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BICICLETAS Y MONOPATINES ELÉCTRICOS SIN ANCLAJE EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ"). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TANTO ES APLICABLE POR ANALOGÍA EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTICULO 105, FRACCIÓN I, INCISO I), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA CUANDO EXISTE UN CONFLICTO ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTA (ARTICULO 31, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO LOCALES TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTICULO 32, FRACCIÓN XXV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ACUERDO AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/017/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA A LOS INTEGRANTES DE AQUELLA MESA DIRECTIVA). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL PODER EJECUTIVO LOCAL (ARTICULO 230, FRACCIONES I Y II, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTICULOS 65, 66, 67, 68, 69 Y 72 DE LA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU TUTELA JURÍDICA ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS QUE SE PUEDE HACER VALER EN ESTE MEDIO DE CONTROL DEBE ESTAR VINCULADA CON EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA PARTE ACTORA, A FIN DE ACREDITAR SU INTERÉS LEGÍTIMO. XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA PARTE ACTORA EXCLUSIVAMENTE ALEGUE VIOLACIONES A CLÁUSULAS SUSTANTIVAS DIVERSAS A LAS COMPETENCIALES O VIOLACIONES DE ESTRICTA LEGALIDAD. XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DE LA ALCALDÍA ACTORA, ANTE LA INEXISTENCIA DE UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE SU ESFERA COMPETENCIAL (DICTAMEN PRELIMINAR SOBRE LA PROPUESTA REGULATORIA DENOMINADA: AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL BANDO REGLAMENTARIO QUE REGULA LA UTILIZACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BICICLETAS Y MONOPATINES ELÉCTRICOS SIN ANCLAJE EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 212/2022. · Registro digital (IUS): 200936
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 212/2022. ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO. 6 DE MARZO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Tema: Determinar si es procedente el medio de defensa tomando en cuenta que se señalaron como actos impugnados los artículos 65 a 69 y 72 de la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México, en virtud de su aplicación atribuida al "Dictamen preliminar sobre la propuesta regulatoria denominada: AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL BANDO REGLAMENTARIO QUE REGULA LA UTILIZACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BICICLETAS Y MONOPATINES ELÉCTRICOS SIN ANCLAJE EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ."

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día seis de marzo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 212/2022, promovida por la Alcaldía Benito Juárez en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México.

El problema para resolver por esta Segunda Sala se circunscribe a determinar si es procedente el medio de defensa tomando en cuenta que se señalaron como actos impugnados los artículos 65 a 69 y 72 de la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México, en virtud de su aplicación atribuida al "Dictamen preliminar sobre la propuesta regulatoria denominada: AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL BANDO REGLAMENTARIO QUE REGULA LA UTILIZACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BICICLETAS Y MONOPATINES ELÉCTRICOS SIN ANCLAJE EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ."

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Demanda. Por escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, por conducto de su alcalde, promovió controversia constitucional en contra de los actos impugnados que se mencionan a continuación:

• Del Congreso y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, los artículos 65 a 69 y 72 de la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México (en virtud de su acto de aplicación);

• Del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que actuó a través de la Directora General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Agencia Digital de Innovación Pública, el "Dictamen preliminar sobre la propuesta regulatoria denominada: AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL BANDO REGLAMENTARIO QUE REGULA LA UTILIZACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BICICLETAS Y MONOPATINES ELÉCTRICOS SIN ANCLAJE EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ", emitido el veintidós de agosto de dos mil veintidós.

2. La alcaldía actora señaló como preceptos violados los artículos 1, tercer párrafo, 16, primer párrafo, 25, último párrafo, 49, 122, apartado A, bases I y VI, incisos a) y c), párrafos primero y segundo, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo decimoséptimo transitorio del "Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis; y expuso los conceptos de invalidez que estimó convenientes.

3. Admisión y trámite. Mediante proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 212/2022 y lo turnó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

4. Posteriormente, por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda, reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México y ordenó emplazar a dichas autoridades para que presentaran su contestación. Por último, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

5. Primer returno. Por auto de dos de enero de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó returnar el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

6. Contestación de las autoridades demandadas. Mediante acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintitrés, el Ministro instructor tuvo a los Poderes Legislativo, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva de su Congreso, y Ejecutivo, por conducto de su Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ambos de la Ciudad de México, dando contestación a la demanda.

7. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento y de expresar manifestación alguna.

8. Recurso de reclamación. A través de la resolución de quince de marzo de dos mil veintitrés, la Primera Sala de este Alto Tribunal falló el recurso de reclamación 199/2022-CA interpuesto por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México en contra del auto admisorio; medio de defensa que se declaró procedente pero infundado porque no se apreciaban elementos que pudieran sostener, de manera manifiesta e indudable, la actualización de los motivos de improcedencia relacionados con: a) La extemporaneidad de la demanda, b) El principio de definitividad, y c) La ausencia de violaciones directas a la Ley Fundamental.

9. Audiencia y cierre de instrucción. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el cuatro de octubre de dos mil veintitrés se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del diverso 34 de la propia ley, se hizo constar la comparecencia de los poderes locales demandados, se relacionaron las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, y se asentó que dichos demandados formularon alegatos.

10. Luego, mediante acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, el Ministro instructor decretó el cierre de instrucción.

11. Segundo returno. Finalmente, por auto de uno de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó returnar el expediente al Ministro Alberto Pérez Dayán.

12. Previo dictamen del Ministro instructor, por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil veinticuatro, se ordenó enviar el asunto a la Segunda Sala para que se avocara al conocimiento de asunto, lo que se realizó mediante proveído de uno de marzo del citado año.

I. COMPETENCIA

13. Esta Segunda Sala es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso j), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General 1/2023 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre la Alcaldía Benito Juárez y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México respecto de una norma general por virtud de su acto de aplicación, en el que se considera innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

14. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO

15. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria,(1) "las sentencias deberán contener ... la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia ..."

16. Así, el Tribunal Pleno ha sostenido que, para delimitar los actos o normas impugnadas en una controversia constitucional, deberá acudirse a la lectura íntegra de la demanda y, cuando ello resulte insuficiente, deberán armonizarse los datos contenidos en ella con la totalidad de la información que obre en autos, de manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartar manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Criterio que se encuentra plasmado en la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(2)

17. En ese tenor, de la revisión integral del escrito de demanda se observa que la actora señaló como actos impugnados los siguientes:

a) Los artículos 65 a 69 y 72 de la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México (en virtud de su acto de aplicación);

b) El "Dictamen preliminar sobre la propuesta regulatoria denominada: AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL BANDO REGLAMENTARIO QUE REGULA LA UTILIZACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BICICLETAS Y MONOPATINES ELÉCTRICOS SIN ANCLAJE EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ", emitido por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, específicamente por la Directora General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Agencia Digital de Innovación Pública, el veintidós de agosto de dos mil veintidós.

18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

III. OPORTUNIDAD

19. El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para la presentación de la demanda de la controversia constitucional será, "Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia", mientras que el artículo 3, fracción II, del mismo ordenamiento legal indica que en el cómputo de los plazos "se contarán sólo los días hábiles"; lo que revela que el plazo para promover una controversia constitucional contra una disposición de observancia general es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al en que se produzca su primer acto de aplicación.

20. En el caso concreto, la parte actora impugnó los artículos 65 a 69 y 72 de la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México por virtud del que, a su decir, se constituye como su primer acto de aplicación, a saber, el "Dictamen Preliminar sobre la propuesta regulatoria denominada: AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL BANDO REGLAMENTARIO QUE REGULA LA UTILIZACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BICICLETAS Y MONOPATINES ELÉCTRICOS SIN ANCLAJE EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ"; acto que, a decir, de la propia alcaldía actora, le fue comunicado en la misma fecha de su expedición, es decir, el veintidós de agosto de dos mil veintidós, por lo que el plazo para promover la controversia constitucional transcurrió del veintitrés de agosto al seis de octubre siguientes.(3)

21. Luego, si la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de octubre de dos mil veintidós, es claro que la promoción de la controversia constitucional es oportuna.

22. No pasa inadvertido que, en sus escritos de contestación de demanda, ambas demandadas sostuvieron que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 21, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que "se aprecia que la aplicación del acto impugnado se efectuó con antelación a la emisión del dictamen preliminar referido, esto es, al momento en que se ingresó a través de la Plataforma de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México la propuesta regulatoria con número de folio ADIP-PMR-20220718-6" por parte de la ahora alcaldía actora, a la que recayó, justamente, la emisión de aquel dictamen.

23. Sin embargo, debe apreciarse que las normas combatidas(4) parte del sistema normativo que regula el trámite y emisión de los dictámenes de análisis de impacto regulatorio y de las propuestas planteadas por los sujetos obligados, lo que revela que, en su conjunto, sus hipótesis se materializan en todos sus efectos precisamente en el momento en el que la Unidad de Mejora Regulatoria emite ese dictamen, es decir, que expresa formalmente los comentarios derivados de la consulta que le es propuesta, pues es cuando ejerce sus atribuciones al efecto.

24. Por tanto, no es posible considerar que con el simple ingreso de la propuesta regulatoria ante la oficina de la indicada Unidad de Mejora Regulatoria se actualice una efectiva aplicación del sistema normativo combatido, ya que, se insiste, esa actuación no concreta las hipótesis normativas de manera efectiva; de ahí que, al no existir elementos que revelen un acto de aplicación previo, debe tenerse como el primero el dictamen preliminar impugnado que revela que, conforme al cómputo efectuado en párrafos precedentes, la controversia constitucional fue promovida de manera oportuna.

25. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

IV. LEGITIMACIÓN

26. El artículo 105, fracción I, inciso j), de la Constitución Federal establece que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: ... j) Una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México", conforme a lo cual, se infiere lo siguiente:

27. A. Legitimación activa. Los artículos 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria(5) señalan que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, quien deberá comparecer a juicio por conducto del funcionario que, en términos de la normatividad que lo rige, esté facultado para representarlo.

28. En el caso, la demanda fue presentada por la Alcaldía Benito Juárez, lo que revela que se configura la legitimación activa, dado que se trata de una demarcación territorial de la Ciudad de México que, además, acude al medio de defensa a través de la persona que en el momento de la promoción del medio de control constitucional tenía el cargo de Alcalde (Santiago Taboada Cortina), quien, conforme al artículo 31, fracción XVI, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,(6) tiene la atribución de representación jurídica en los litigios. Funcionario que, además, acredita su personalidad con copia certificada de la respectiva Constancia de Mayoría y Validez de la Elección para la referida alcaldía.

29. B. Legitimación pasiva. Los artículos 10, fracción II, y 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria(7) señalan que tendrá el carácter de demandado o demandada, la entidad, poder, u órgano que hubiese emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, quien deberá comparecer a juicio por conducto del funcionario que, en términos de la normatividad que lo rige, esté facultado para representarlo.

30. En el caso, se tuvieron como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México, lo que revela que se configura la legitimación pasiva, ya que se trata de poderes de la Ciudad de México que, además, acuden al medio de defensa a través de quienes tienen facultades para representarlos, habida cuenta de que:

a. El Poder Legislativo, mediante escrito presentado el nueve de enero del año inmediato pasado, compareció por conducto del Presidente de la Mesa Directiva de su Comisión Permanente correspondiente al periodo de receso del quince de diciembre de dos mil veintidós al treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, quien, en términos del artículo 32, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,(8) tiene la representación jurídica de ese órgano. Funcionario que, además, acreditó su personalidad con copias certificadas del acuerdo AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/017/2022 de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se designa a los integrantes de aquella mesa directiva, y de la versión estenográfica de la sesión de catorce de diciembre de dos mil veintidós por la que se aprobó el acuerdo que antecede.

b. El Poder Ejecutivo compareció por conducto del Director General de Servicios Legales de su Consejería Jurídica y de Servicios Legales, quien, de acuerdo con el artículo 230, fracciones I y II, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,(9) cuenta con representación legal en las controversias constitucionales. Funcionario que, además, acreditó su personalidad con copia certificada del nombramiento que para ocupar aquel cargo le fue expedido por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México el uno de enero de dos mil veintidós.

Cabe precisar que el reconocimiento de la calidad de demandado del Poder Ejecutivo Local deriva no sólo del hecho de que es la autoridad que promulgó las normas impugnadas de la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, sino también de la circunstancia de que, de acuerdo con los artículos 3, fracción XXVIII, del indicado ordenamiento legal,(10) 227(11) y 278, numeral 8,(12) del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, de él depende, como órgano desconcentrado, la Agencia Digital de Innovación Pública, que constituye la Unidad de Mejora Regulatoria de esa entidad federativa cuya Directora General de Asuntos Jurídicos y Normatividad emitió el dictamen preliminar impugnado.

31. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).

V. ANTECEDENTES

32. Para una mejor comprensión del asunto, se estima conveniente atender a los hechos siguientes:

1) El dos de mayo de dos mil veintidós, el Concejo de la Alcaldía Benito Juárez celebró sesión extraordinaria en la que aprobó el "Bando reglamentario en materia de bicicletas y motopatines sin anclaje" para esa demarcación territorial.

2) El dieciocho de julio de dos mil veintidós, fue publicado el indicado bando en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad de México.

3) En la misma fecha, la Alcaldía Benito Juárez presentó, a través de la Plataforma de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, el aviso por el que dio a conocer el bando en comento y su respectivo Formulario de Análisis de Impacto Regulatorio Ordinario.

4) El veintidós de agosto de dos mil veintidós, la Agencia Digital de Innovación Pública, en su calidad de Unidad de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, emitió el "Dictamen preliminar sobre la propuesta regulatoria denominada: AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL BANDO REGLAMENTARIO QUE REGULA LA UTILIZACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BICICLETAS Y MONOPATINES ELÉCTRICOS SIN ANCLAJE EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ", mediante el cual hizo recomendaciones a efecto de que el bando se ajustara a la legislación aplicable ya existente. VI. IMPROCEDENCIA

33. El artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: (se enuncian)."

34. De acuerdo con la norma transcrita, este Alto Tribunal debe conocer de las controversias constitucionales "en los términos que señale la ley reglamentaria"; es decir, por mandato del Constituyente Permanente ese medio de control constitucional debe ser regulado por una ley específica, a saber, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la que deberán sujetarse necesariamente las reglas de trámite, procedencia, resolución y recursos de las controversias constitucionales.

35. Ahora, la improcedencia de una controversia constitucional deriva de los motivos enlistados en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria; pero éste, en su última fracción, prevé un supuesto abierto que se vincula con aquellos "casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley", lo que permite considerar no sólo los supuestos que de manera específica establece dicha norma, sino también los que puedan derivar del conjunto de normas que la integran y de las bases constitucionales que la rigen conforme al criterio contenido en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE RESULTAR DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA PROPIA LEY Y, EN TODO CASO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(13)

36. Así, esta Segunda Sala sostiene que, con base en dicha hipótesis normativa, en la especie, se actualizan motivos de improcedencia en relación con los actos impugnados, según se demuestra a continuación:

37. Respecto de los artículos 65 a 69 y 72 de la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México, se advierte oficiosamente la materialización de una razón de improcedencia que será expuesta al tenor del artículo 19, último párrafo, de la Ley Reglamentaria que dispone que "en todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio."

38. En efecto, conforme al artículo 22, fracciones IV y VII, de la propia Ley Reglamentaria, que prevé que la demanda debe expresar "la norma general, acto u omisión cuya invalidez se demande" y "los conceptos de invalidez", se infiere que los actores están obligados a esgrimir argumentos jurídicos en contra de los actos que combatan por considerarlos violatorios de la Constitución Federal; de lo contrario, deberá aplicarse esa norma en relación con el diverso 19, fracción IX, del mismo ordenamiento, que indica que la controversia constitucional es improcedente "en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley". Es ilustrativa la tesis del Tribunal Pleno de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO."(14)

39. En el caso, la alcaldía accionante expuso en sus conceptos de invalidez los razonamientos siguientes:

• Primero. El dictamen preliminar impugnado transgrede el principio de autonomía administrativa y de gestión de las alcaldías previsto en los artículos 1, tercer párrafo, 16, primer párrafo, y 122, apartado A, fracción VI, inciso c), párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, porque desconoce las facultades que los artículos 1, numeral 5, 53, apartado A, numerales 1 y 2, fracción XVI, XVII y XXI, apartado B, numeral 3, inciso a), fracciones II, XXV, XXVII, apartado C, numeral 3, fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de México otorgan a las personas titulares de las alcaldías para emitir normatividad en forma de bandos y para regular la materia de movilidad, espacio público y uso de las vías sin afectar su destino o naturaleza, habida cuenta de que:

• La Constitución Federal reconoce a las alcaldías de la Ciudad de México el carácter de órganos políticos administrativos a cargo del gobierno de cada una de las demarcaciones territoriales que componen la Ciudad de México.

• El artículo 53, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción II, de la Constitución Política de la Ciudad de México establece como atribuciones de las personas titulares de las alcaldías, someter a la aprobación del Concejo las propuestas de disposiciones generales con el carácter de bando sobre las materias de su competencia exclusiva; mientras que en las fracciones XXV, XXVI, XVII y XXX les otorgan facultades en materia de movilidad, vía y espacio público, en especial, para diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal, fomentar y proteger el transporte motorizado, garantizar que la vía pública se afecte al mínimo por eventos gubernamentales, y construir, rehabilitar y mantener las vialidades.

• Estas potestades están reiteradas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.

• El dictamen preliminar impugnado invade las facultades descritas en los incisos precedentes porque, a pesar de que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala expresa y claramente la ruta procedimental a seguir para la emisión de disposiciones generales con carácter de bandos, emite una opinión y/o validación sobre el "Bando reglamentario que regula la utilización y prestaciones del servicio de arrendamiento de bicicletas y motopatines eléctricos sin anclaje en la Alcaldía Benito Juárez."

• Segundo. La emisión del dictamen preliminar impugnado contraviene los artículos 16 y 124 de la Constitución Federal, porque soslaya el sistema de distribución de competencias previsto en los artículos 53, apartado B, numeral 3, fracción III, de la Constitución Local y 105 y 106 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, toda vez que:

• No existe disposición en la constitución local ni en la indicada ley orgánica que imponga la obligación de contar con un dictamen para que las alcaldías puedan emitir sus bandos, sino que, en su caso, ese deber sólo deriva de una aplicación forzada de la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, que establece ese dictamen tratándose de normas generales.

• Los artículos 104 y 105 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establecen el procedimiento para la expedición de instrumentos legales (Título V, Capítulo I, denominado "Procedimientos de legalidad"), específicamente para la deliberación u emisión de disposiciones generales con carácter de bandos, previendo que, una vez discutidos y aprobados por el Concejo, deben ser publicados en la Gaceta Oficial de la entidad, por lo que la Agencia Digital de Innovación Pública no tenía justificación para atender a lo que dispone la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México en cuanto a la emisión del dictamen preliminar impugnado.

• El instrumento dictaminador que prevé la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México no es aplicable a los bandos.

• Un bando es la materialización procedimental atinente a su creación emitido en ejercicio de atribuciones exclusivas, de ahí que no es necesaria la participación de la Agencia Digital de Innovación Pública; sobre todo porque el Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía Benito Juárez establece claramente los pasos para la deliberación de un bando, que se ciñen a lo siguiente:

1. La Dirección General Jurídica y de Gobierno integra el proyecto de bando.

2. El proyecto de bando se presenta para dictamen de la Comisión del Concejo.

3. Una vez discutido y aprobado, el bando se remite a la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su publicación.

• En el proceso descrito no existe pauta para la intervención de la Agencia Digital de Innovación Pública, sin que, además, el legislador haya expresado esa voluntad en relación con los bandos al expedir la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, lo que encuentra su justificación en el hecho de que un dictamen de aquella agencia constituiría en veto que la pondría por encima de las alcaldías.

40. Como se ve, la parte accionante, aun cuando señala como normas impugnadas los artículos 65 a 69 y 72 de la Ley de Mejora Regulatoria para la Ciudad de México, no les atribuye vicio de inconstitucionalidad alguno, es decir, no plantea concepto de invalidez en contra de su contenido.

41. Ciertamente, los argumentos de defensa están dirigidos a combatir únicamente el "Dictamen preliminar sobre la propuesta regulatoria denominada: AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL BANDO REGLAMENTARIO QUE REGULA LA UTILIZACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BICICLETAS Y MONOPATINES ELÉCTRICOS SIN ANCLAJE EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ", emitido por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, específicamente por la Directora General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Agencia Digital de Innovación Pública, pero sin atribuir vicio alguno al texto de las disposiciones señaladas como impugnadas; siendo que, más bien, la alcaldía actora se duele de que indebidamente fueron aplicadas al caso concreto a través del indicado dictamen preliminar, pero sin expresar la más mínima petición de inconstitucionalidad en relación con su contenido, lo que resultaba indispensable.

42. Sobre todo porque, si bien, de conformidad con los artículos 39 y 40 de la Ley Reglamentaria,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200936-04707753/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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