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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO UNA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL DENTRO DEL PLAZO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU PUBLICACIÓN (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 79 Y 138 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS DISTINTAS A LA CIUDAD DE MÉXICO Y RESPECTO DE LOS ÓRGANOS DE ESTA ÚLTIMA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN (ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO LOCALES TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN NOMBRE DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XXV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO (ARTÍCULO 230, FRACCIONES I Y II, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDEN PROMOVERLA FRENTE A ACTOS DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS DISTINTAS A LA CIUDAD DE MÉXICO Y RESPECTO DE LOS ÓRGANOS DE ESTA ÚLTIMA CUANDO ALEGUEN VULNERACIONES A SU COMPETENCIA CONSTITUCIONAL ORIGINARIA. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVARSE DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O DE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU TUTELA JURÍDICA ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA PARTE ACTORA ALEGUE EXCLUSIVAMENTE VIOLACIONES A CLÁUSULAS SUSTANTIVAS DIVERSAS A LAS COMPETENCIALES O VIOLACIONES DE ESTRICTA LEGALIDAD. XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE LA PROMOVIDA POR UNA ALCALDÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIEMPRE QUE ALEGUE VIOLACIONES A SU ESFERA COMPETENCIAL DERIVADA DE LO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 79 Y 138 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO REQUIEREN AGOTAR LOS MEDIOS DE DEFENSA PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN LOCAL ANTES DE PROMOVER EL JUICIO CUANDO INVOCAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 79 Y 138 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). XV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. XVI. ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SU EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. XVII. ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA REGULACIÓN DE SU INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FACULTADES. XVIII. ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CONSTITUYEN UN AUTÉNTICO ORDEN JURÍDICO PROPIO Y DIFERENCIADO DEL GOBIERNO CENTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. XIX. ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. RAZONES POR LAS QUE CONSTITUYEN UN ORDEN JURÍDICO PROPIO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 163/2021. · Registro digital (IUS): 32856
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-11-22
Promovente: ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.57.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 163/2021. ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO. PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 8 DE JULIO DE 2024. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Tema: Constitucionalidad de los artículos 79 y 138 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en su texto derivado del decreto publicado en la Gaceta Oficial de dos de septiembre de dos mil veintiuno.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día ocho de julio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 163/2021, promovida por la Alcaldía Benito Juárez, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México.

La litis en este asunto se circunscribe a analizar los artículos 79 y 138 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en su texto derivado del decreto publicado en la Gaceta Oficial de dos de septiembre de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Demanda. Por escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veintiuno a través del Buzón Judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, por conducto de su alcalde, promovió controversia constitucional en contra del Congreso y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en la que designaron como acto impugnado el "Decreto por el que se modifican los párrafos primero y segundo del artículo 79 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan tres párrafos a dicho precepto legal. Se adicionan dos párrafos al artículo 138 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana", publicado en la Gaceta Oficial de dos de septiembre de dos mil veintiuno.

2. La alcaldía actora señaló como preceptos violados los artículos 1, párrafo tercero, 16, párrafo primero, 21, párrafo décimo, inciso d), 115, bases III, inciso h), y VII, 122, apartado A, base VI, incisos c) y d), apartado B, párrafo quinto, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Admisión y trámite. Mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 163/2021 y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.

4. Posteriormente, por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México y ordenó emplazar a dichas autoridades para que presentaran su contestación. Por último, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

5. Contestación de las autoridades demandadas. Mediante los acuerdos de cuatro y doce de enero de dos mil veintidós, el Ministro instructor tuvo al Congreso de la Ciudad de México, por conducto del Presidente de su Mesa Directiva, y al Ejecutivo Local, a través del Director General de Servicios Legales de su Consejería Jurídica y de Servicios Legales, dando contestación a la demanda; mientras que, por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintidós, se tuvo por remitida la totalidad de las documentales atinentes a los antecedentes del decreto impugnado.

6. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento y de expresar manifestación alguna.

7. Recursos de reclamación. A través de las resoluciones de dos de febrero de dos mil veintidós, la Primera Sala de este Alto Tribunal falló los recursos de reclamación 131/2021-CA y 136/2021-CA interpuestos, respectivamente, por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México en contra del auto admisorio; medios de defensa que se declararon procedentes pero infundados porque no se apreciaban elementos que pudieran sostener, de manera manifiesta e indudable, la actualización de los motivos de improcedencia relacionados con: a) La falta de legitimación activa de la alcaldía, b) La extemporaneidad de la demanda de la controversia constitucional, y c) La ausencia de interés legítimo por no haberse planteado una violación directa a la Ley Fundamental.

8. Audiencia y cierre de instrucción. Finalizada la substanciación del procedimiento en la controversia constitucional, el veintitrés de junio de dos mil veintidós se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del diverso 34 de la propia ley, se hizo constar la comparecencia de los representantes de la alcaldía actora y del Poder Ejecutivo Local demandado, se relacionaron las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, y se asentó que la indicada autoridad demandada formuló alegatos mediante escrito presentado en la misma fecha de la audiencia en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.

9. Finalmente, mediante acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintidós, el Ministro instructor decretó el cierre de la instrucción.

I. COMPETENCIA

10. Este Tribunal Pleno es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso j), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General 1/2023 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre la Alcaldía Benito Juárez y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México respecto de una norma general.

II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO

11. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) "las sentencias deberán contener [...] la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia [...]".

12. Así, el Tribunal Pleno ha sostenido que, para delimitar los actos o normas impugnadas en una controversia constitucional, deberá acudirse a la lectura íntegra de la demanda y, cuando ello resulte insuficiente, deberán armonizarse los datos contenidos en ella con la totalidad de la información que obre en autos, de manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartar manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Criterio que se encuentra plasmado en la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(2)

13. En ese tenor, de la revisión integral del escrito de demanda se observa que la actora señaló como acto impugnado del Congreso y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el "Decreto por el que se modifican los párrafos primero y segundo del artículo 79 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan tres párrafos a dicho precepto legal. Se adicionan dos párrafos al artículo 138 de la Ley de Sistema de Seguridad Ciudadana", publicado en la Gaceta Oficial de dos de septiembre de dos mil veintiuno.

III. OPORTUNIDAD

14. El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para la presentación de la demanda de la controversia constitucional será, "Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia", mientras que el diverso 3, fracción II, del mismo ordenamiento legal indica que en el cómputo de los plazos "se contarán sólo los días hábiles"; lo que revela que el plazo para promover una controversia constitucional contra una disposición de observancia general es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al en que se produzca su publicación.

15. En el caso concreto, la parte actora impugnó el decreto por el cual se reformaron los artículos 79 y 138, párrafos penúltimo y último, de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial el dos de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que el plazo para promover la controversia constitucional transcurrió del tres de septiembre al veinte de octubre siguientes.

16. Por tanto, si el escrito de demanda de la presente controversia constitucional fue presentado el veinte de octubre de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es claro que la promoción resulta oportuna.

17. No pasa inadvertido que, en su escrito de contestación de demanda, el Poder Legislativo Local sostuvo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria, toda vez que, conforme a los días inhábiles previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sólo deben descontarse para el cómputo del plazo los sábados y domingos, catorce y dieciséis de septiembre, por lo que el lapso en que podía promoverse la controversia constitucional se agotó el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno.

18. Empero, debe destacarse que los artículos 2 y 3, fracción III, de la Ley Reglamentaria disponen que "se considerarán como inhábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación", y que los plazos "no correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación"; lo que revela que, para realizar el cómputo de oportunidad de las controversias constitucionales deben descontarse, por una parte, los días inhábiles a que se refiera la indicada ley y, por otra, aquéllos en que no sean laborables para este Alto Tribunal.

19. En esa virtud, aun cuando el artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación disponga que "se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el primero de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, primero de mayo, catorce y dieciséis de septiembre y veinte de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales", también debe atenderse a que el punto primero, incisos j) y n), del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como de los de descanso para su personal, establece que se considerarán inhábiles el doce de octubre, así como los demás que determine el Tribunal Pleno, según se aprecia de la reproducción siguiente:

PRIMERO. Para efectos del cómputo de los plazos procesales en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considerarán como días inhábiles: [...]

j) El doce de octubre; [...]

n) Los demás que el Tribunal Pleno determine como inhábiles; [...]

20. Siendo que este Alto Tribunal emitió el oficio SGA/MFEN/315/2021, a través de la cual comunicó que "en la sesión privada celebrada el treinta de agosto del presente año el Tribunal Pleno, en términos de lo establecido en el punto primero, inciso n), del Acuerdo General 18/2013, acordó que se suspendan la labores en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el miércoles quince de septiembre del año en curso, que no corran términos y que se dejen las guardias respectivas".

21. De ahí que el plazo computado en párrafos precedentes, que corrió del tres de septiembre al veinte de octubre de dos mil veintiuno (fecha esta última en que se presentó la demanda), deriva de que se descuentan los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de septiembre, dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de octubre –sábados y domingos–, catorce y dieciséis de septiembre –festivos–, quince de septiembre y doce de octubre –no laborables en la Suprema Corte de Justicia de la Nación–.

22. Luego, al no existir elementos que revelen un consentimiento del decreto impugnado, debe concluirse que la controversia constitucional fue promovida en tiempo.

IV. LEGITIMACIÓN

23. El artículo 105, fracción I, inciso j), de la Constitución Federal establece que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: [...] j) Una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México", conforme a lo cual, se infiere lo siguiente:

24. A. Legitimación activa. Los artículos 10, fracción I, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria(3) señalan que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, quien deberá comparecer a juicio por conducto del funcionario que, en términos de la normatividad que lo rige, esté facultado para representarlo.

25. En el caso, la demanda fue presentada por la Alcaldía Benito Juárez, lo que revela que se configura la legitimación activa, dado que se trata de una demarcación territorial de la Ciudad de México que, además, acude al medio de defensa a través de su Alcalde (Santiago Taboada Cortina), quien, conforme al artículo 31, fracción XVI, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,(4) tiene la atribución de representación jurídica en los litigios. Funcionario que acredita su personalidad con copia certificada de la respectiva Constancia de Mayoría y Validez de la Elección para la referida alcaldía.

26. B. Legitimación pasiva. Los artículos 10, fracción II,(5) y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria señalan que tendrá el carácter de demandado o demandada, la entidad, poder, u órgano que hubiese emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, quien deberá comparecer a juicio por conducto del funcionario que, en términos de la normatividad que lo rige, esté facultado para representarlo.

27. En el caso, se tuvieron como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México, lo que revela que se configura la legitimación pasiva, ya que se trata de poderes de la Ciudad de México que, además, acuden al medio de defensa a través de quienes tienen facultades para representarlos, habida cuenta de que:

a. El Poder Legislativo compareció por conducto del Presidente de su Mesa Directiva (mediante su contestación de demanda), quien, en términos del artículo 32, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,(6) tiene la representación jurídica de ese órgano. Funcionario que acreditó su personalidad con copia certificada de la "Versión estenográfica de la sesión constitutiva de instalación celebrada el 1 de septiembre de 2021", en la que el Pleno de la II Legislatura lo designó para desempeñar aquel cargo.

b. El Poder Ejecutivo compareció por conducto del Director General de Servicios Legales de su Consejería Jurídica y de Servicios Legales (mediante su contestación de demanda), quien, de acuerdo con el artículo 230, fracciones I y II, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,(7) cuenta con representación legal en las controversias constitucionales. Funcionario que acreditó su personalidad con copia certificada del nombramiento que para ocupar aquel cargo le fue expedido por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México el uno de enero de dos mil veintidós.

28. No son obstáculo a la conclusión alcanzada las manifestaciones expresadas por el Congreso en su contestación de demanda sobre que no se actualiza la legitimación pasiva, porque el inciso j) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal permite que las alcaldías entren en conflicto con entidades federativas distintas de la Ciudad de México, pero no con poderes de la propia ciudad.

29. Ciertamente, como se ha apuntado, la indicada poción normativa expresamente otorga a las alcaldías legitimación activa en controversias constitucionales, siendo que, por lo que hace a la pasiva, en la medida en que permite litigios entre "Una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México", podría ser interpretada en un sentido restrictivo, es decir, que solamente se configura cuando se demande la invalidez de disposiciones y actos de otras entidades federativas, excluyendo los de las autoridades locales. Sin embargo, este Tribunal Pleno, al fallar la controversia constitucional 282/2019,(8) sentó criterio en cuanto a que el supuesto debe interpretarse de manera abierta, es decir, que las alcaldías pueden promover controversias no sólo frente a actos de entidades federativas distintas a la Ciudad de México, sino también frente a los órganos capitalinos cuando aleguen vulneraciones a su competencia constitucional originaria.

30. Esto es, en relación con la reforma constitucional de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se presentó una primera iniciativa de diversos senadores entonces integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del entonces Partido Convergencia, que recogió un consenso a efecto de otorgar legitimación a las alcaldías capitalinas en controversias constitucionales, sin distinción; mientras que otra de las iniciativas que formaron parte del mismo proceso reformador, presentada por las Senadoras Mariana Gómez Del Campo Gurza y Gabriela Cuevas Barrón, de manera más explícita, indicó lo siguiente:

[...] En términos de la presente reforma, las alcaldías de la Ciudad de México que sustituirán a las actuales delegaciones, gozarán de personalidad jurídica. En ese sentido, se les incluye dentro de las entidades que pueden recurrir a la figura de la controversia constitucional en contra de otras alcaldías, los poderes en la Ciudad de México, otros estados, municipios o la Federación. [...]

31. Así, aun cuando el texto de la porción normativa en análisis pueda parecer más escueto, lo cierto es que su efectivo alcance, derivado de la intención plasmada por el Constituyente Permanente en el proceso de creación respectivo, nos lleva a concluir que el objetivo no es apreciar los supuestos en los que las alcaldías pueden acudir en controversia constitucional de manera acotada, sino amplia siempre y cuando pretendan defender su esfera competencial, incluso, de autoridades de la propia Ciudad de México.

32. Por tanto, dado que la hipótesis de procedencia en análisis no se limita a conflictos competenciales entre una demarcación territorial de la Ciudad de México y una entidad federativa distinta, sino también cuando se trate de la misma ciudad, es claro que, en este caso, se configura la legitimación pasiva.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

33. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo Locales demandados señalan que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 19, fracciones VIII y IX, de la Ley Reglamentaria en relación con el diverso 105, fracción I, inciso j), de la Ley Fundamental, toda vez que las competencias de las que la alcaldía actora aduce una violación se encuentran en la Constitución Política de la Ciudad de México y en las leyes orgánicas de la entidad, por lo que, en su caso, el presente conflicto pudo ser resuelto por un órgano jurisdiccional local. 34. Es infundada la causa invocada, debiendo destacarse que el artículo 105 de la Carta Magna(9) en su texto derivado de la reforma de once de marzo de dos mil veintiuno, prescribe que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a normas electorales, se susciten entre los poderes, entidades u organismos que se precisan, añadiéndose que en dichas controversias también podrán hacerse valer violaciones a la Constitución Federal, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

35. Al respecto, este Alto Tribunal ha exigido, para la procedencia de la controversia constitucional, que se configure cuando menos un principio de agravio o afectación que sea susceptible de analizarse a través de ese medio de control, pues sólo así se considerará la existencia de un interés legítimo en favor del promovente que, en caso de no configurarse, llevará a la improcedencia al tenor de la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN."(10)

36. Así, por lo que hace a las violaciones a la Constitución Federal, el objeto principal de tutela es el ámbito de atribuciones que esa Ley Fundamental confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal y, por tanto, para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la citada Norma Fundamental tengan interés legítimo para acudir a esta vía constitucional, no basta que afirmen que el acto o norma impugnados vulnere su esfera competencial, sino que es necesario que indiquen en el escrito de demanda la facultad reconocida en la Constitución Federal que estimen vulnerada. Por su parte, respecto a las violaciones a los derechos humanos reconocidos, incluso, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es menester que la transgresión que se alegue recaiga en prerrogativas fundamentales cuya tutela se encuentre relacionada con el ejercicio de las competencias del ente actor.

37. En ese sentido, la controversia constitucional debe entrañar un conflicto sobre la constitucionalidad de actos y/o disposiciones generales de los sujetos que el artículo 105 de la Constitución Federal reconoce como partes en este tipo de juicios, ya que, desde su concepción por el Poder Constituyente, dicha garantía jurisdiccional fue diseñada para que este Alto Tribunal definiera el ámbito de atribuciones que la Constitución Federal confiere a los órganos originarios del Estado, tal como fue señalado por el Tribunal Pleno en la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JURÍDICA DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO."(11)

38. Por tanto, existirá un principio de afectación que otorgue interés legítimo al promovente cuando alegue violaciones a las reglas competenciales o a derechos humanos propios de su ámbito de facultades previstos desde el Texto Fundamental, no siendo pertinente aducir transgresiones a legislación secundaria, salvo que el análisis de ésta deba darse desde una base constitucional dada su íntima e indisoluble relación, por lo que resulte necesario para definir el ámbito competencial constitucional de las partes en contienda o el alcance de un derecho fundamental previsto, incluso, en instrumentos internacionales, lo cual es propio de una valoración casuística al tenor del criterio sustancial contenido en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO."(12)

39. En el caso, la alcaldía actora impugna el decreto de reforma a los artículos 79 y 138 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México publicado en la Gaceta Oficial el dos de septiembre de dos mil veintiuno, aduciendo que viola los principios de independencia administrativa y de gestión y autonomía presupuestaria previstos en el artículo 122, apartado A, base VI, inciso c), de la Carta Magna –además de otras disposiciones de la constitución y leyes locales–, en lo toral, porque:

• Al imponer como deber el balizamiento homologado de todos los vehículos oficiales destinados al servicio de seguridad pública conforme a lo que disponga la Secretaría de Seguridad Ciudadana, obliga a las alcaldías a destinar su presupuesto a ese fin e, incluso, genera que se resten recursos a estrategias atinentes a los problemas específicos de la demarcación territorial.

• Ese balizamiento homologado afecta el autogobierno y la independencia de gestión de la alcaldía en materia de seguridad ciudadana.

• El balizamiento homologado obligatorio desconoce las atribuciones que, conforme a los principios de la Ley Fundamental, otorgan la constitución y leyes locales para operar acciones de proximidad vecinal y de vigilancia.

40. Estos planteamientos necesariamente requieren establecer el sentido y alcance del artículo 122, apartado A, base VI, inciso c), de la Constitución Federal, en específico, aquellos enunciados que hacen referencia a las funciones de administración y de control presupuestal por parte de las alcaldías, lo que basta para sostener que la parte actora cuenta con el interés legítimo suficiente para promover el presente medio de defensa.

41. Sobre todo porque el hecho de que se requiera desentrañar el efectivo contenido del texto constitucional referido en el párrafo precedente basta para concluir que, contrariamente a lo que plantean las autoridades demandadas, las instancias jurisdiccionales locales no son la vía idónea para la solución del presente conflicto, ya que, se insiste, la litis involucra temas propios de la Carta Magna, de las cuales toca conocer a este Alto Tribunal, al tenor del criterio sustancial a que hace referencia la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI EN LA DEMANDA SE PLANTEAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES NECESARIO AGOTAR LA VÍA PREVISTA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE)."(13)

42. Finalmente, el Ejecutivo Local demandado señala que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 19, fracción IX, de la Ley Reglamentaria, en relación con el diverso 105, fracción I, inciso j), de la Carta Magna, toda vez que, a través de sus conceptos de invalidez, la alcaldía accionante no demuestra una invasión a sus competencias, habida cuenta de que:

• Conforme al artículo 122 de la Constitución Federal, las alcaldías no tienen una facultad para regular el balizamiento de los vehículos destinados a las funciones de seguridad pública, sino que está reservada al Gobierno de la Ciudad de México.

• Es falso que el balizamiento homologado no repercuta en la eficiencia de los elementos que integran las fuerzas policiales.

• El decreto impugnado fue expedido considerando que las atribuciones de seguridad pública en la entidad federativa corresponden al Jefe de Gobierno y al Secretario de Seguridad Ciudadana; sin que las alcaldías cuenten con atribuciones en esa materia, sino que únicamente tienen funciones de auxilio y de manera subordinada.

43. Estas afirmaciones de la autoridad demandada en cuanto a la inexistencia de una violación a la esfera competencial constitucional de la alcaldía actora se vinculan con cuestiones de fondo, por lo que no constituyen aspectos que miren a la procedencia y, en ese tenor, deben desestimarse al tenor de la jurisprudencia de este Tribunal Pleno referida en párrafos precedentes bajo el rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."

44. Al no existir alguna otra causa de improcedencia ni motivo de sobreseimiento, sea que las partes lo hubieren hecho valer o que de oficio se adviertan, se procede a analizar el fondo del asunto.

VI. ESTUDIO DE FONDO

45. En sus conceptos de invalidez (identificados del primero al cuarto), la parte actora fusiona violaciones a diversos principios constitucionales que, a su decir, le ocasiona el decreto impugnado, las cuales, incluso, va reiterando y retomando indistintamente a lo largo de sus planteamientos.

46. Así, para imponer una adecuada estructura que permita analizar las verdaderas pretensiones en cumplimiento al artículo 39 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena examinar "en conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada", este Alto Tribunal, a partir de un análisis integral y exhaustivo de la demanda, precisa que, de manera destacada, se oponen transgresiones vinculadas con tres tópicos destacados, a saber:

I. Violación a la independencia administrativa y de gestión de las alcaldías de la Ciudad de México.

II. Violación a la autonomía presupuestaria de las alcaldías de la Ciudad de México.

III. Violación al principio de jerarquía normativa por contravenir el régimen que para las alcaldías prevé la Constitución Federal y la Constitución Política de la Ciudad de México.

47. Cuestiones que se estu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32856-1c59033a/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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