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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, AL HABERSE IMPUGNADO EL ACUERDO GENERAL ADMINISTRATIVO DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES AL DE SU PUBLICACIÓN (ACUERDO 64/2021 POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL DISEÑO, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL BALIZAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD DESTINADOS A REALIZAR FUNCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SU ANEXO TÉCNICO, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL LOCAL EL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA FRENTE A ACTOS DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS DISTINTAS A LA CIUDAD DE MÉXICO Y RESPECTO DE LOS ÓRGANOS DE ESTA ÚLTIMA, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN (ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO (ARTÍCULO 230, FRACCIONES I Y II, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDEN PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS DISTINTAS A LA CIUDAD DE MÉXICO, Y RESPECTO DE LOS ÓRGANOS DE ESTA ÚLTIMA CUANDO ALEGUEN VULNERACIONES A SU COMPETENCIA CONSTITUCIONAL ORIGINARIA. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, TODA VEZ QUE LA ALCALDÍA ACTORA SÍ ATACÓ EL ACUERDO IMPUGNADO CON RAZONAMIENTOS LÓGICO JURÍDICOS POR CONSIDERARLO VIOLATORIO DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL (ACUERDO 64/2021 POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL DISEÑO, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL BALIZAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD DESTINADOS A REALIZAR FUNCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SU ANEXO TÉCNICO, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL LOCAL EL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU TUTELA JURÍDICA ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA PARTE ACTORA EXCLUSIVAMENTE ALEGUE VIOLACIONES A CLÁUSULAS SUSTANTIVAS DIVERSAS A LAS COMPETENCIALES O VIOLACIONES DE ESTRICTA LEGALIDAD. XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE LA PROMOVIDA POR UNA ALCALDÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIEMPRE QUE ALEGUE VIOLACIONES A SU ESFERA COMPETENCIAL DERIVADA DE LO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ACUERDO 64/2021 POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL DISEÑO, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL BALIZAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD DESTINADOS A REALIZAR FUNCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SU ANEXO TÉCNICO, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL LOCAL EL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO REQUIEREN AGOTAR LOS MEDIOS DE DEFENSA PREV

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 3/2022. · Registro digital (IUS): 32855
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-11-22
Promovente: ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.297.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 3/2022. ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO. 4 DE JULIO DE 2024. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Tema: Constitucionalidad del "Acuerdo 64/2021 por el que se expiden los lineamientos para regular el diseño, especificaciones y demás elementos relacionados con el balizamiento de los vehículos oficiales de la policía de proximidad destinados a realizar funciones de seguridad ciudadana en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Ciudad de México" y su Anexo Técnico, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 728 Bis, el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día cuatro de julio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 3/2022, promovida por la Alcaldía Benito Juárez, en contra del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México.

La litis en este asunto se circunscribe a analizar el "Acuerdo 64/2021 por el que se expiden los lineamientos para regular el diseño, especificaciones y demás elementos relacionados con el balizamiento de los vehículos oficiales de la policía de proximidad destinados a realizar funciones de seguridad ciudadana en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Ciudad de México" y su Anexo Técnico, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Demanda. Por escrito presentado el catorce de enero de dos mil veintidós a través del Buzón Judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, por conducto de su alcalde, promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo Local, en la que designó como acto impugnado el "Acuerdo 64/2021 por el que se expiden los lineamientos para regular el diseño, especificaciones y demás elementos relacionados con el balizamiento de los vehículos oficiales de la policía de proximidad destinados a realizar funciones de seguridad ciudadana en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Ciudad de México" y su Anexo Técnico, publicado en la Gaceta Oficial el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.

2. La alcaldía actora señaló como preceptos violados los artículos 1, párrafo tercero, 16, párrafo primero, 21, párrafo décimo, inciso d), 49, 122, apartado A, bases III y VI, inciso c), párrafos primero y segundo, 115, bases III, inciso h) y VII, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Admisión y trámite. Mediante proveído de diecinueve de enero de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 3/2022 y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.

4. Posteriormente, por acuerdo de veinte de enero de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, reconoció el carácter de demandado al Poder Ejecutivo de la Ciudad de México y ordenó emplazar a dicha autoridad para que presentara su contestación. Por último, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

5. Contestación de la autoridad demandada. A través de acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, el Ministro instructor tuvo al Poder Ejecutivo de la Ciudad de México dando contestación a la demanda, por conducto del Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; mientras que, por proveído de veintiuno de abril del mismo año, se le tuvo exhibiendo las documentales atinentes a los antecedentes de la emisión del acuerdo administrativo impugnado.

6. Cabe precisar que, en esa contestación, sobre el tema materia de la litis se esgrimen los argumentos de defensa torales siguientes:

• Es competencia de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las instituciones de seguridad pública de la entidad, acorde con el artículo 122, apartado B, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Las alcaldías no pueden ser equiparadas con los municipios, ya que su regulación se desprende de la Constitución Política de la Ciudad de México y Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, como se aprecia del artículo 122, apartado A, base VI, de la Carta Magna.

• Se debe analizar la competencia de las alcaldías en materia de seguridad ciudadana a partir de la Ley Orgánica de la Administración Pública del entonces Distrito Federal, en razón del artículo transitorio décimo séptimo del decreto de reforma constitucional del veintinueve de enero de dos mil diecisiete, en relación con la Constitución General.

• Conforme al artículo 53, inciso B), numeral 3), letra c), fracciones IV, V, VI, VII, IX y X, de la Constitución Local, así como los diversos 17 y 22 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, es competencia exclusiva de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México la seguridad pública, mientras que las alcaldías, en un plano de subordinación, deben acatar las medidas que aquélla determine con apoyo en la legislación local.

• El objetivo de la homologación de la imagen de las instituciones de seguridad ciudadana es que las autoridades y la ciudadanía identifiquen con mayor facilidad a los cuerpos policiales, inmuebles y vehículos, así como evitar el mal uso de éstos.

• No se configura conculcación al principio de distribución de competencias porque la seguridad ciudadana se trata de un proceso atinente al Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, en el que las demarcaciones territoriales sólo colaboran.

• La homologación de los cuerpos policiales de las alcaldías de la Ciudad de México no implica la pérdida de su identidad, toda vez que pueden portar en los costados de los vehículos el nombre de la demarcación a la cual pertenecen y el logotipo de su gobierno.

7. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento y de expresar manifestación alguna.

8. Recurso de reclamación. A través de la resolución de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la Primera Sala de este Alto Tribunal falló el recurso de reclamación 39/2022-CA interpuesto por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México en contra del auto admisorio; medio de defensa que se declaró procedente pero infundado porque no se apreciaban elementos que pudieran sostener, de manera manifiesta e indudable, la actualización de los motivos de improcedencia relacionados con: a) La falta de legitimación activa de la alcaldía, b) La ausencia de interés legítimo, c) La extemporaneidad en la promoción de la controversia constitucional y d) La omisión de agotar el medio de defensa local para la solución del conflicto.

9. Audiencia y cierre de instrucción. Finalizada la substanciación del procedimiento en la controversia constitucional, el catorce de diciembre de dos mil veintidós se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del diverso 34 de la propia ley, se hizo constar la comparecencia de los representantes de la alcaldía actora y del Poder Ejecutivo Local, se relacionaron las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, y se asentó que la autoridad demandada formuló alegatos mediante escrito presentado el doce de diciembre del indicado año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.

10. Finalmente, mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós, el Ministro instructor decretó el cierre de la instrucción.

I. COMPETENCIA

11. Este Tribunal Pleno es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso j), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General 1/2023 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre la Alcaldía Benito Juárez y el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México respecto de una norma general administrativa.

II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO

12. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) "las sentencias deberán contener [...] la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia [...]".

13. Así, el Tribunal Pleno ha sostenido que, para delimitar los actos o normas impugnadas en una controversia constitucional, deberá acudirse a la lectura íntegra de la demanda y, cuando ello resulte insuficiente, deberán armonizarse los datos contenidos en ella con la totalidad de la información que obre en autos, de manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartar manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Criterio que se encuentra plasmado en la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(2)

14. En ese tenor, de la revisión integral del escrito de demanda se observa que la actora señaló como acto impugnado del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que actuó a través del Secretario de Seguridad Ciudadana, el "Acuerdo 64/2021 por el que se expiden los lineamientos para regular el diseño, especificaciones y demás elementos relacionados con el balizamiento de los vehículos oficiales de la policía de proximidad destinados a realizar funciones de seguridad ciudadana en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Ciudad de México" y su Anexo Técnico, publicado en la Gaceta Oficial el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.

III. OPORTUNIDAD

15. El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para la presentación de la demanda de la controversia constitucional será, "Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia", mientras que el diverso 3, fracción II, del mismo ordenamiento legal indica que en el cómputo de los plazos "se contarán sólo los días hábiles"; lo que revela que el plazo para promover una controversia constitucional contra una disposición de observancia general es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al en que se produzca su primer acto de aplicación.

16. En el caso concreto, la parte actora impugnó el "Acuerdo 64/2021 por el que se expiden los lineamientos para regular el diseño, especificaciones y demás elementos relacionados con el balizamiento de los vehículos oficiales de la policía de proximidad destinados a realizar funciones de seguridad ciudadana en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Ciudad de México" y su Anexo Técnico; acto que fue publicado en la Gaceta Oficial el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que el plazo para promover la controversia constitucional transcurrió del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno al diecisiete de enero de dos mil veintidós.(3)

17. Luego, si la demanda se presentó mediante el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce de enero de dos mil veintidós, es claro que la promoción de la controversia constitucional es oportuna.

18. No pasa inadvertido que la autoridad demandada, en su contestación, adujo que se configura el consentimiento del acuerdo impugnado en la medida en que éste fue expedido en cumplimiento del "Decreto por el que se modifican los párrafos primero y segundo del artículo 79 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan tres párrafos a dicho precepto legal. Se adicionan dos párrafos al artículo 138 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana", publicado en la Gaceta Oficial de dos de septiembre de dos mil veintiuno, sin que este último haya sido impugnado en la presente controversia.

19. Sin embargo, debe precisarse que las causales de improcedencia deben tener relación directa e inmediata con la litis constitucional, por lo que, al invocarlas, deben referirse al acto específicamente designado como impugnado; de ahí que, para que pueda estimarse la actualización del motivo de improcedencia expuesto, es necesario que la demanda hubiere sido presentada fuera del plazo legal contado a partir del día siguiente a aquél en que hubieran sido publicado la disposición o disposiciones impugnadas, y no alguna otra, pues la extemporaneidad debe recaer precisamente sobre la disposición o disposiciones que se estimen conculcatorias del texto constitucional.

20. Por tanto, no se actualiza tema alguno de improcedencia al respecto, ya que, contrariamente a lo sostenido por la autoridad demandada, el acto impugnado es el Acuerdo 64/2021, de ahí que lo que determina el inicio del cómputo para promover la presente controversia constitucional es la publicación de éste.

21. Sobre todo porque determinar si ese acuerdo administrativo tiene un fundamento constitucional y legal o, más aún, si se emitió en cumplimiento y/o en congruencia con disposiciones secundarias, constituye un aspecto de fondo que, de ninguna manera, puede revelar el consentimiento del acto combatido a través del presente medio de defensa, al tenor de la jurisprudencia de este Tribunal Pleno de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(4)

IV. LEGITIMACIÓN

22. El artículo 105, fracción I, inciso j), de la Constitución Federal establece que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: [...] j) Una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México", conforme a lo cual, se infiere lo siguiente:

23. A. Legitimación activa. Los artículos 10, fracción I, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria(5) señalan que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, quien deberá comparecer a juicio por conducto del funcionario que, en términos de la normatividad que lo rige, esté facultado para representarlo.

24. En el caso, la demanda fue presentada por la Alcaldía Benito Juárez, lo que revela que se configura la legitimación activa, dado que se trata de una demarcación territorial de la Ciudad de México que, además, acude al medio de defensa a través de su Alcalde (Santiago Taboada Cortina), quien, conforme al artículo 31, fracción XVI, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,(6) tiene la atribución de representación jurídica en los litigios. Funcionario que acredita su personalidad con copia certificada de la respectiva Constancia de Mayoría y Validez de la Elección para la referida alcaldía.

25. B. Legitimación pasiva. Los artículos 10, fracción II,(7) y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria señalan que tendrá el carácter de demandado o demandada, la entidad, poder, u órgano que hubiese emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, quien deberá comparecer a juicio por conducto del funcionario que, en términos de la normatividad que lo rige, esté facultado para representarlo.

26. En el caso, se tuvo como autoridad demandada al Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, lo que revela que se configura la legitimación pasiva, ya que se trata de un poder de la Ciudad de México que, además, acude al medio de defensa a través de quien tiene facultades para representarlo, ya que compareció por conducto del Director General de Servicios legales de su Consejería Jurídica y de Servicios Legales (mediante su contestación de demanda), quien, de acuerdo con el artículo 230, fracciones I y II, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,(8) cuenta con representación legal en las controversias constitucionales. Funcionario que acreditó su personalidad con copia certificada del nombramiento que para ocupar aquel cargo le fue expedido por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México el uno de enero de dos mil veintidós.

27. Cabe precisar que el reconocimiento de la calidad de demandado del Poder Ejecutivo Local deriva de la circunstancia de que, de acuerdo con los artículos 11, fracción I, y 16, fracción XVI y párrafo último,(9) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, de él depende la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que constituye la dependencia que emitió el Acuerdo 64/2021 impugnado.

28. No es obstáculo a la conclusión alcanzada las manifestaciones expresadas por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México en su contestación de demanda sobre que no se actualiza la legitimación pasiva, porque el inciso j) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal permite que las alcaldías entren en conflicto con entidades federativas distintas de la Ciudad de México, pero no con poderes de la propia ciudad.

29. Ciertamente, como se ha apuntado, la indicada poción normativa expresamente otorga a las alcaldías legitimación activa en controversias constitucionales, siendo que, por lo que hace a la pasiva, en la medida en que permite litigios entre "Una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México", podría ser interpretada en un sentido restrictivo, es decir, que solamente se configura cuando se demande la invalidez de disposiciones y actos de otras entidades federativas, excluyendo los de las autoridades locales. Sin embargo, este Tribunal Pleno, al fallar la controversia constitucional 282/2019,(10) sentó criterio en cuanto a que el supuesto debe interpretarse de manera abierta, es decir, que las alcaldías pueden promover controversias no sólo frente a actos de entidades federativas distintas a la Ciudad de México, sino también frente a los órganos capitalinos cuando aleguen vulneraciones a su competencia constitucional originaria.

30. Esto es, en relación con la reforma constitucional de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se presentó una primera iniciativa de diversos senadores entonces integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del entonces Partido Convergencia, que recogió un consenso a efecto de otorgar legitimación a las alcaldías capitalinas en controversias constitucionales, sin distinción;

mientras que otra de las iniciativas que formaron parte del mismo proceso reformador, presentada por las Senadoras Mariana Gómez Del Campo Gurza y Gabriela Cuevas Barrón, de manera más explícita, indicó lo siguiente: [...] En términos de la presente reforma, las alcaldías de la Ciudad de México que sustituirán a las actuales delegaciones, gozarán de personalidad jurídica. En ese sentido, se les incluye dentro de las entidades que pueden recurrir a la figura de la controversia constitucional en contra de otras alcaldías, los poderes en la Ciudad de México, otros estados, municipios o la Federación. [...] 31. Así, aun cuando el texto de la porción normativa en análisis pueda parecer más escueto, lo cierto es que su efectivo alcance, derivado de la intención plasmada por el Constituyente Permanente en el proceso de creación respectivo, nos lleva a concluir que el objetivo no es apreciar los supuestos en los que las alcaldías pueden acudir en controversia constitucional de manera acotada, sino amplia siempre y cuando pretendan defender su esfera competencial, incluso, de autoridades de la propia Ciudad de México.

32. Por tanto, dado que la hipótesis de procedencia en análisis no se limita a conflictos competenciales entre una demarcación territorial de la Ciudad de México y una entidad federativa distinta, sino también cuando se trate de la misma ciudad, es claro que, en este caso, se configura la legitimación pasiva, aunque, en el caso que nos ocupa, la alcaldía actora demandó al Poder Ejecutivo de la Ciudad de México.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

33. El Gobierno Local demandado aduce que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 19, fracción IX, en relación con el diverso 22, fracción VII, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los conceptos de invalidez de la alcaldía actora, en realidad, no están dirigidos a combatir el Acuerdo 64/2021 impugnado, sino que pretenden atacar el contenido de los artículos 79 y 138 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en cumplimiento a los cuales, por cierto, se emitió aquel acuerdo general que, se insiste, constituye la observancia al marco jurídico vigente en la entidad federativa.

34. No se surte la causal invocada, debiendo destacarse que, conforme al artículo 22, fracciones IV y VII, de la propia Ley Reglamentaria, que prevé que la demanda debe expresar "la norma general, acto u omisión cuya invalidez se demande" y "los conceptos de invalidez", se infiere que los actores están obligados a esgrimir argumentos jurídicos en contra de los actos que combatan por considerarlos violatorios de la Constitución Federal; de lo contrario, deberá aplicarse esa norma en relación con el diverso 19, fracción IX, del mismo ordenamiento, que indica que la controversia constitucional es improcedente "en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley". Es ilustrativa la tesis del Tribunal Pleno de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO."(11)

35. En el caso, la alcaldía actora impugna el "Acuerdo 64/2021 por el que se expiden los lineamientos para regular el diseño, especificaciones y demás elementos relacionados con el balizamiento de los vehículos oficiales de la policía de proximidad destinados a realizar funciones de seguridad ciudadana en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Ciudad de México" y su Anexo técnico, aduciendo que violan los principios de independencia de gestión administrativa y autonomía presupuestaria previstos en el artículo 122, apartado A, base VI, inciso c), de la Carta Magna –además de otras disposiciones de la constitución y leyes locales–, en lo toral, porque:

• Al imponer como deber el balizamiento homologado de todos los vehículos oficiales destinados al servicio de seguridad pública conforme a lo que disponga la Secretaría de Seguridad Ciudadana, obliga a las alcaldías a destinar su presupuesto a ese fin e, incluso, genera que se resten recursos a estrategias atinentes a los problemas específicos de la demarcación territorial.

• Ese balizamiento homologado afecta el autogobierno y la autonomía de gestión de la alcaldía, toda vez que no se trata de una medida relacionada directamente con la seguridad ciudadana, sino, en todo caso, con la apariencia de los vehículos.

• El balizamiento homologado obligatorio desconoce las atribuciones que, conforme a los principios de la Ley Fundamental, otorgan la constitución y leyes locales para operar acciones de proximidad vecinal y de vigilancia.

36. Como se ve, los argumentos de defensa están dirigidos a combatir el acuerdo materia de la litis, en cuanto fija los lineamientos para regular el diseño, especificaciones y demás elementos relacionados con el balizamiento de los vehículos oficiales de la policía de proximidad destinados a realizar funciones de seguridad ciudadana en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Ciudad de México, lo que basta para sostener que la parte accionante cumplió con la carga de oponer conceptos de invalidez en contra del acto impugnado.

37. Siendo que, como ya se ha apuntado, determinar si ese acuerdo administrativo tiene un fundamento constitucional y legal o, más aún, si se emitió en cumplimiento y/o en congruencia con disposiciones secundarias, constituye un aspecto de fondo; máxime que, de una lectura integral de la demanda de la presente controversia constitucional se aprecia que la alcaldía actora no desconoce que dicho acuerdo impugnado fue expedido con base en el "Decreto por el que se modifican los párrafos primero y segundo del artículo 79 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan tres párrafos a dicho precepto legal. Se adicionan dos párrafos al artículo 138 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana", publicado en la Gaceta Oficial de dos de septiembre de dos mil veintiuno, pues, incluso, hace referencia a éste.

38. Así, dada la pretensión fundamental del accionante, en caso de que, efectivamente, el Acuerdo 64/2021 impugnado derive de la legislación secundaria en mención, la litis deberá analizarse necesariamente al tenor de todo el sistema normativo en virtud de la íntima relación o dependencia que exista entre las disposiciones; es decir, en ese supuesto, lo conducente será que el estudio de constitucionalidad abarque todos los preceptos vinculados con el tema (constitucionales, legales o administrativos), sin que sea obstáculo que no hayan sido señalados como actos impugnados de manera destacada en esta controversia, pues, de lo contrario, no podría emitirse un fallo a partir del principio de impartición de justicia completa, por tratarse de elementos normativos complementarios que demandan un examen integral.

39. Luego, no se actualiza el motivo de improcedencia en comento, ya que la alcaldía sí atacó el acto impugnado a través del planteamiento de efectivos razonamientos, al tenor de los cuales es viable realizar un análisis, desde luego, dándole su debida ubicación en el sistema normativo al que pertenece.

40. Por otra parte, la autoridad demandada señala que se surte la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracciones VIII y IX, de la Ley Reglamentaria en relación con el diverso 105, fracción I, inciso j), de la Ley Fundamental, toda vez que las competencias de las que la alcaldía actora aduce una violación se encuentran en la Constitución Política de la Ciudad de México y en las leyes orgánicas de la entidad, por lo que, en su caso, el presente conflicto pudo ser resuelto por un órgano jurisdiccional local.

41. Es infundada la causa invocada, debiendo destacarse que el artículo 105 de la Carta Magna(12) en su texto derivado reforma de once de marzo de dos mil veintiuno, prescribe que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a normas electorales, se susciten entre los poderes, entidades u organismos que se precisan, añadiéndose que en dichas controversias también podrán hacerse valer violaciones a la Constitución Federal, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

42. Al respecto, este Alto Tribunal ha exigido, para la procedencia de la controversia constitucional, que se configure cuando menos un principio de agravio o afectación que sea susceptible de analizarse a través de ese medio de control, pues sólo así se considerará la existencia de un interés legítimo en favor del promovente que, en caso de no configurarse, llevará a la improcedencia al tenor de la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN."(13)

43. Así, por lo que hace a las violaciones a la Constitución Federal, el objeto principal de tutela es el ámbito de atribuciones que esa Ley Fundamental confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal y, por tanto, para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la citada Norma Fundamental tengan interés legítimo para acudir a esta vía constitucional, no basta que afirmen que el acto o norma impugnados vulnere su esfera competencial, sino que es necesario que indiquen en el escrito de demanda la facultad reconocida en la Constitución Federal que estimen vulnerada. Por su parte, respecto a las violaciones a los derechos humanos reconocidos, incluso, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es menester que la transgresión que se alegue recaiga en prerrogativas fundamentales cuya tutela se encuentre relacionada con el ejercicio de las competencias del ente actor

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32855-3aad073b/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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