I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER LEGISLATIVO LOCAL RELATIVA A LA EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, TODA VEZ QUE AL MARGEN DE QUE LOS ARTÍCULOS IMPUGNADOS HAYAN VINCULADO POR SU SOLA VIGENCIA A LA ALCALDÍA ACTORA, ÉSTA SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE PROMOVERLA CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 79 Y 138 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL EL DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA ACTOS DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS DISTINTAS A LA CIUDAD DE MÉXICO Y RESPECTO DE LOS ÓRGANOS DE ESTA ÚLTIMA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN (ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO LOCALES TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN NOMBRE DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XXV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO (ARTÍCULO 230, FRACCIONES I Y II, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDEN PROMOVERLA FRENTE A ACTOS DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS DISTINTAS A LA CIUDAD DE MÉXICO Y RESPECTO DE LOS ÓRGANOS DE ESTA ÚLTIMA CUANDO ALEGUEN VULNERACIONES A SU COMPETENCIA CONSTITUCIONAL ORIGINARIA. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVARSE DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA PARTE ACTORA REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL O LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS VINCULADOS CON ÉSTA. XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SU TUTELA JURÍDICA ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO. XII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA PARTE ACTORA ALEGUE EXCLUSIVAMENTE VIOLACIONES A CLÁUSULAS SUSTANTIVAS DIVERSAS A LAS COMPETENCIALES O VIOLACIONES DE ESTRICTA LEGALIDAD. XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE LA PROMOVIDA POR UNA ALCALDÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO SIEMPRE QUE ALEGUE VIOLACIONES A SU ESFERA COMPETENCIAL DERIVADA DE LO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 79 Y 138 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y ACUERDO 64/2021 POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL DISEÑO, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL BALIZAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA POLICÍA DE PROXIMIDAD DESTINADOS A REALIZAR FUNCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ENTIDADES Y ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SU ANEXO TÉCNICO, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL EL DOS DE SEPTIEMBRE Y EL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE, AMBOS DE DOS MIL VEINTIUNO, RESPECTIVAMENTE). XIV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO REQUIEREN AGOTAR LOS MEDIOS DE DEFENSA PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN LOCAL ANTES DE PROMOVER EL JUICIO, CUANDO INVOCAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 79 Y 138 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y ACUERDO 64/2021 POR EL QUE SE EXPIDEN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL DISEÑO, ESPECIFICACIONES Y DEMÁS ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL BALIZAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES DE LA
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 230/2021. ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO. 4 DE JULIO DE 2024. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Tema: Constitucionalidad de los artículos 79 y 138 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en su texto derivado del decreto publicado en la Gaceta Oficial de dos de septiembre de dos mil veintiuno, y el "Acuerdo 64/2021 por el que se expiden los lineamientos para regular el diseño, especificaciones y demás elementos relacionados con el balizamiento de los vehículos oficiales de la policía de proximidad destinados a realizar funciones de seguridad ciudadana en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Ciudad de México" y su Anexo Técnico, publicado en el mismo órgano de difusión oficial el dieciocho de noviembre siguiente.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día cuatro de julio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 230/2021, promovida por la Alcaldía Álvaro Obregón, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México.
La litis se ciñe a analizar los artículos 79 y 138 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en su texto derivado del decreto publicado en la Gaceta Oficial de dos de septiembre de dos mil veintiuno, y el "Acuerdo 64/2021 por el que se expiden los lineamientos para regular el diseño, especificaciones y demás elementos relacionados con el balizamiento de los vehículos oficiales de la policía de proximidad destinados a realizar funciones de seguridad ciudadana en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Ciudad de México" y su Anexo Técnico, publicado en el mismo órgano de difusión oficial el dieciocho de noviembre siguiente.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Demanda. Por escrito presentado el treinta de diciembre de dos mil veintiuno a través del Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, por conducto de su alcaldesa, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo Locales, en la que designaron como actos impugnados los que se mencionan a continuación:
• Del Congreso y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el "Decreto por el que se modifican los párrafos primero y segundo del artículo 79 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan tres párrafos a dicho precepto legal. Se adicionan dos párrafos al artículo 138 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana", publicado en la Gaceta Oficial de dos de septiembre de dos mil veintiuno (en virtud de su acto de aplicación);
• Del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que actuó a través del Secretario de Seguridad Ciudadana, el "Acuerdo 64/2021 por el que se expiden los lineamientos para regular el diseño, especificaciones y demás elementos relacionados con el balizamiento de los vehículos oficiales de la policía de proximidad destinados a realizar funciones de seguridad ciudadana en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Ciudad de México" y su Anexo Técnico, publicado en la Gaceta Oficial el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.
2. La alcaldía actora señaló como preceptos violados los artículos 1o., párrafo tercero, 16, párrafo primero, 21, párrafo décimo, inciso d), 115, bases III, inciso h), y VII, 122, apartado A, base VI, incisos c) y d), apartado B, párrafo quinto, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Admisión y trámite. Mediante proveído de tres de enero de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 230/2021 y lo turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán.
4. Posteriormente, por acuerdo de cinco de enero de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México y ordenó emplazar a dichas autoridades para que presentaran su contestación. Por último, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
5. Contestación de las autoridades demandadas. A través del acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, el Ministro instructor tuvo al Congreso de la Ciudad de México, por conducto del Presidente de su Mesa Directiva, dando contestación a la demanda. Por su parte, respecto del Poder Ejecutivo Local, mediante el auto de diez de marzo siguiente, se hizo constar que transcurrió el plazo legal para dar contestación a la demanda, sin que lo hubiere hecho; empero, por proveídos de veinticinco de marzo y diecinueve de abril del mismo año, se tuvo a dicha autoridad demandada, por conducto del Director General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, exhibiendo las documentales atinentes a los antecedentes de emisión del decreto y del acuerdo administrativo impugnados.
6. Cabe precisar que el Poder Legislativo, al dar contestación a la demanda, esgrime sobre el tema materia de la litis los argumentos de defensa siguientes:
• Es competencia de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las instituciones de seguridad pública de la entidad, acorde con el artículo 122, apartado B, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las alcaldías no pueden ser equiparadas con los municipios, ya que su regulación se desprende de la Constitución Política de la Ciudad de México y Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, como se aprecia del artículo 122, apartado A, base VI, de la Carta Magna.
• Se debe analizar la competencia de las alcaldías en materia de seguridad ciudadana a partir de la Ley Orgánica de la Administración Pública del entonces Distrito Federal, en razón del artículo transitorio décimo séptimo del decreto de reforma constitucional del veintinueve de enero de dos mil diecisiete, en relación con la Constitución General.
• Conforme al artículo 53, inciso B), numeral 3), letra c), fracciones IV, V, VI, VII, IX y X de la Constitución Local, así como los diversos 17 y 22 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, es competencia exclusiva de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México la seguridad pública, mientras que las alcaldías, en un plano de subordinación, deben acatar las medidas que aquélla determine con apoyo en la legislación local.
• El objetivo de la homologación de la imagen de las instituciones de seguridad ciudadana es que las autoridades y la ciudadanía identifiquen con mayor facilidad a los cuerpos policiales, inmuebles y vehículos, así como evitar el mal uso de éstos.
• No se configura conculcación al principio de distribución de competencias porque la seguridad ciudadana se trata de un proceso atinente al Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, en el que las demarcaciones territoriales sólo colaboran.
• La homologación de los cuerpos policiales de las alcaldías de la Ciudad de México no implica la pérdida de su identidad, toda vez que pueden portar en los costados de los vehículos el nombre de la demarcación a la cual pertenecen y el logotipo de su gobierno.
7. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento y de expresar manifestación alguna.
8. Recurso de reclamación. A través de la resolución de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la Primera Sala de este Alto Tribunal falló el recurso de reclamación 31/2022-CA interpuesto por el Poder Ejecutivo de la Ciudad de México en contra del auto admisorio; medio de defensa que se declaró procedente pero infundado porque no se apreciaban elementos que pudieran sostener, de manera manifiesta e indudable, la actualización de los motivos de improcedencia relacionados con: a) La falta de legitimación activa de la alcaldía, y b) La ausencia de violaciones directas a la Ley Fundamental.
9. Audiencia y cierre de instrucción. Finalizada la substanciación del procedimiento en la controversia constitucional, el veinticinco de octubre de dos mil veintidós se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del diverso 34 de la propia ley, se hizo constar la comparecencia de los poderes locales demandados, se relacionaron las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, y se asentó que los indicados demandados formularon alegatos.
10. Finalmente, mediante acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, el Ministro instructor decretó el cierre de la instrucción.
I. COMPETENCIA
11. Este Tribunal Pleno es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso j), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo, fracción I, y tercero del Acuerdo General 1/2023 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre la Alcaldía Álvaro Obregón y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México respecto de una norma general por virtud de su acto de aplicación.
II. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO
12. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) "las sentencias deberán contener [...] la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia [...]".
13. Así, el Tribunal Pleno ha sostenido que, para delimitar los actos o normas impugnadas en una controversia constitucional, deberá acudirse a la lectura íntegra de la demanda y, cuando ello resulte insuficiente, deberán armonizarse los datos contenidos en ella con la totalidad de la información que obre en autos, de manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartar manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Criterio que se encuentra plasmado en la jurisprudencia de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."(2)
14. En ese tenor, de la revisión integral del escrito de demanda se observa que la actora señaló como actos impugnados los siguientes:
a) Del Congreso y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el "Decreto por el que se modifican los párrafos primero y segundo del artículo 79 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adicionan tres párrafos a dicho precepto legal. Se adicionan dos párrafos al artículo 138 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana", publicado en la Gaceta Oficial de dos de septiembre de dos mil veintiuno (en virtud de su acto de aplicación);
b) Del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que actuó a través del Secretario de Seguridad Ciudadana, el "Acuerdo 64/2021 por el que se expiden los lineamientos para regular el diseño, especificaciones y demás elementos relacionados con el balizamiento de los vehículos oficiales de la policía de proximidad destinados a realizar funciones de seguridad ciudadana en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Ciudad de México" y su Anexo Técnico, publicado en la Gaceta Oficial el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno.
III. OPORTUNIDAD
15. El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para la presentación de la demanda de la controversia constitucional será, "Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia", mientras que el artículo 3, fracción II, del mismo ordenamiento legal indica que en el cómputo de los plazos "se contarán sólo los días hábiles"; lo que revela que el plazo para promover una controversia constitucional contra una disposición de observancia general es de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al en que se produzca su primer acto de aplicación.
16. En el caso concreto, la parte actora impugnó los artículos 79 y 138, párrafos penúltimo y último, de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México por virtud del que, a su decir, se constituye como su primer acto de aplicación, a saber, el "Acuerdo 64/2021 por el que se expiden los lineamientos para regular el diseño, especificaciones y demás elementos relacionados con el balizamiento de los vehículos oficiales de la policía de proximidad destinados a realizar funciones de seguridad ciudadana en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Ciudad de México"; acto este último que fue publicado en la Gaceta Oficial el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que el plazo para promover la controversia constitucional transcurrió del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno al diecisiete de enero de dos mil veintidós.(3)
17. Luego, si la demanda se presentó mediante el Buzón Judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, es claro que la promoción de la controversia constitucional es oportuna.
18. No pasa inadvertido que, en su escrito de contestación de demanda, el Poder Legislativo Local sostuvo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria, toda vez que "no se está en presencia de una norma heteroaplicativa, en virtud de que desde su entrada en vigor la misma generaba una obligación a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, por lo que su primer acto de aplicación fue desde el momento en que entró en vigor la norma hoy impugnada, el cual fue el día siguiente de su publicación, el día 3 de septiembre de 2021" y, en consecuencia, el plazo para promover la controversia concluyó el treinta de octubre de dos mil veintiuno.
19. Sin embargo, debe reiterarse que el legislador fue expreso al establecer que, cuando se combatan normas generales, los actores tienen la opción de acudir a la controversia constitucional en dos momentos destacados, a saber: 1) A partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o 2) A partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la disposición; siendo que éste debe entenderse como la actuación de la potestad pública mediante la cual se materialice o concrete la hipótesis normativa generando consecuencias para el accionante.
20. Esto es, independientemente de que la norma que pretenda impugnarse genere una afectación por su sola vigencia, lo cierto es que la Ley Reglamentaria permite su impugnación en dos tiempos diferenciados cuya elección queda a discreción de la parte actora, es decir, válidamente puede acudir en cuanto la norma sea publicada, pero también está en posibilidad de esperar al primer acto de aplicación para promover la controversia, el que, por cierto, puede hacerse consistir en un acto concreto y específico para el accionante o en una diversa disposición general que pormenorice, desarrolle o se emita con base en aquélla, concretando su contenido.
21. Así, al margen de que las disposiciones legales impugnadas en la especie hayan vinculado a la alcaldía actora por su sola vigencia, lo cierto es que ésta estaba en aptitud de acudir al presente medio de defensa hasta que se configurara la primera actualización de los supuestos normativos que, en el caso, se hizo consistir en el "Acuerdo 64/2021 por el que se expiden los lineamientos para regular el diseño, especificaciones y demás elementos relacionados con el balizamiento de los vehículos oficiales de la policía de proximidad destinados a realizar funciones de seguridad ciudadana en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Ciudad de México".
22. En efecto, los preceptos legales combatidos(4) forman parte del sistema normativo que regula los colores, combinaciones y características que distingue a los cuerpos policiales en la Ciudad de México, en especial, el balizamiento de los vehículos oficiales destinados a la prestación del servicio de seguridad ciudadana, lo que revela que es viable considerar que sus hipótesis se concretizaron a través del acuerdo impugnado designado como primer acto de aplicación, en el que se establece el diseño, especificaciones y demás elementos de ese balizamiento al que las dependencias, órganos desconcentrados y alcaldías de la entidad federativa deberán sujetarse.
23. Por tanto, no es posible considerar que el hecho de que, desde la entrada en vigor de los preceptos legales impugnados, la alcaldía actora haya quedado vinculada a ajustar el diseño de sus vehículos a lo que al efecto dispusiera la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, extinguiera su prerrogativa a aguardar al primer acto de aplicación, sobre todo porque es justamente a través del acuerdo general administrativo en virtud de cuya expedición se promueve la presente controversia constitucional, que dicha dependencia especificó el diseño, cromática y materiales que rigen el balizamiento de los vehículos oficiales e, incluso, otorgó el plazo para cumplirlo,(5) por lo que debe considerarse que ese acuerdo general constituye la actuación que concreta las hipótesis normativas de manera efectiva.
24. Luego, al no existir elementos que revelen un acto de aplicación previo, debe tenerse como el primero el acuerdo impugnado que revela que, conforme al cómputo efectuado en párrafos precedentes, la controversia constitucional fue promovida en tiempo.
IV. LEGITIMACIÓN
25. El artículo 105, fracción I, inciso j), de la Constitución Federal establece que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: [...] j) Una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México", conforme a lo cual, se infiere lo siguiente:
26. A. Legitimación activa. Los artículos 10, fracción I, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria(6) señalan que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder, u órgano que la promueva, quien deberá comparecer a juicio por conducto del funcionario que, en términos de la normatividad que lo rige, esté facultado para representarlo.
27. En el caso, la demanda fue presentada por la Alcaldía Álvaro Obregón, lo que revela que se configura la legitimación activa, dado que se trata de una demarcación territorial de la Ciudad de México que, además, acude al medio de defensa a través de su Alcaldesa (Lía Limón García), quien, conforme al artículo 31, fracción XVI, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,(7) tiene la atribución de representación jurídica en los litigios. Funcionaria que acredita su personalidad con copia certificada de la respectiva Constancia de Mayoría y Validez de la Elección para la referida alcaldía. 28. B. Legitimación pasiva. Los artículos 10, fracción II, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria(8) señalan que tendrá el carácter de demandado o demandada, la entidad, poder, u órgano que hubiese emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto impugnado, quien deberá comparecer a juicio por conducto del funcionario que, en términos de la normatividad que lo rige, esté facultado para representarlo.
29. En el caso, se tuvieron como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México, lo que revela que se configura la legitimación pasiva, ya que se trata de poderes de la Ciudad de México que, además, acuden al medio de defensa a través de quienes tienen facultades para representarlos, habida cuenta de que:
a. El Poder Legislativo, mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, compareció por conducto del Presidente de su Mesa Directiva (mediante su contestación de demanda), quien, en términos del artículo 32, fracción XXV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,(9) tiene la representación jurídica de ese órgano. Funcionario que acreditó su personalidad con copia certificada de la "Versión estenográfica de la sesión constitutiva de instalación celebrada el 1 de septiembre de 2021", en la que el Pleno de la II Legislatura lo designó para desempeñar aquel cargo.
b. El Poder Ejecutivo compareció por conducto del Director General de Servicios Legales de su Consejería Jurídica y de Servicios Legales (mediante el escrito de desahogo de requerimientos), quien, de acuerdo con el artículo 230, fracciones I y II, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,(10) cuenta con representación legal en las controversias constitucionales. Funcionario que acreditó su personalidad con copia certificada del nombramiento que para ocupar aquel cargo le fue expedido por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México el uno de enero de dos mil veintidós.
Cabe precisar que el reconocimiento de la calidad de demandado del Poder Ejecutivo Local deriva no sólo del hecho de que es la autoridad que promulgó las normas impugnadas de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sino también de la circunstancia de que, de acuerdo con los artículos 11, fracción I, y 16, fracción XVI y párrafo último,(11) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, de él depende la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que constituye la dependencia que emitió el Acuerdo 64/2021 impugnado.
30. No son obstáculo a la conclusión alcanzada las manifestaciones expresadas por el Congreso en su contestación de demanda sobre que no se actualiza la legitimación pasiva, porque el inciso j) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal permite que las alcaldías entren en conflicto con entidades federativas distintas de la Ciudad de México, pero no con poderes de la propia ciudad.
31. Ciertamente, como se ha apuntado, la indicada poción normativa expresamente otorga a las alcaldías legitimación activa en controversias constitucionales, siendo que, por lo que hace a la pasiva, en la medida en que permite litigios entre "Una entidad federativa y un municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de México", podría ser interpretada en un sentido restrictivo, es decir, que solamente se configura cuando se demande la invalidez de disposiciones y actos de otras entidades federativas, excluyendo los de las autoridades locales. Sin embargo, este Tribunal Pleno, al fallar la controversia constitucional 282/2019,(12) sentó criterio en cuanto a que el supuesto debe interpretarse de manera abierta, es decir, que las alcaldías pueden promover controversias no sólo frente a actos de entidades federativas distintas a la Ciudad de México, sino también frente a los órganos capitalinos cuando aleguen vulneraciones a su competencia constitucional originaria.
32. Esto es, en relación con la reforma constitucional de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se presentó una primera iniciativa de diversos senadores entonces integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del entonces Partido Convergencia, que recogió un consenso a efecto de otorgar legitimación a las alcaldías capitalinas en controversias constitucionales, sin distinción; mientras que otra de las iniciativas que formaron parte del mismo proceso reformador, presentada por las Senadoras Mariana Gómez Del Campo Gurza y Gabriela Cuevas Barrón, de manera más explícita, indicó lo siguiente:
[...] En términos de la presente reforma, las alcaldías de la Ciudad de México que sustituirán a las actuales delegaciones, gozarán de personalidad jurídica. En ese sentido, se les incluye dentro de las entidades que pueden recurrir a la figura de la controversia constitucional en contra de otras alcaldías, los poderes en la Ciudad de México, otros estados, municipios o la Federación. [...]
33. Así, aun cuando el texto de la porción normativa en análisis pueda parecer más escueto, lo cierto es que su efectivo alcance, derivado de la intención plasmada por el Constituyente Permanente en el proceso de creación respectivo, nos lleva a concluir que el objetivo no es apreciar los supuestos en los que las alcaldías pueden acudir en controversia constitucional de manera acotada, sino amplia siempre y cuando pretendan defender su esfera competencial, incluso, de autoridades de la propia Ciudad de México.
34. Por tanto, dado que la hipótesis de procedencia en análisis no se limita a conflictos competenciales entre una demarcación territorial de la Ciudad de México y una entidad federativa distinta, sino también cuando se trate de la misma ciudad, es claro que, en este caso, se configura la legitimación pasiva.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
35. El Poder Legislativo Local demandado aduce que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 19, fracciones VIII y IX, de la Ley Reglamentaria en relación con el diverso 105, fracción I, inciso j), de la Ley Fundamental, toda vez que las competencias de las que la alcaldía actora aduce una violación se encuentran en la Constitución Política de la Ciudad de México y en las leyes orgánicas de la entidad, por lo que, en su caso, el presente conflicto pudo ser resuelto por un órgano jurisdiccional local.
36. Es infundada la causa invocada, debiendo destacarse que el artículo 105 de la Carta Magna(13) en su texto derivado de la reforma de once de marzo de dos mil veintiuno, prescribe que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a normas electorales, se susciten entre los poderes, entidades u organismos que se precisan, añadiéndose que en dichas controversias también podrán hacerse valer violaciones a la Constitución Federal, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
37. Al respecto, este Alto Tribunal ha exigido, para la procedencia de la controversia constitucional, que se configure cuando menos un principio de agravio o afectación que sea susceptible de analizarse a través de ese medio de control, pues sólo así se considerará la existencia de un interés legítimo en favor del promovente que, en caso de no configurarse, llevará a la improcedencia al tenor de la jurisprudencia del Tribunal Pleno de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN."(14)
38. Así, por lo que hace a las violaciones a la Constitución Federal, el objeto principal de tutela es el ámbito de atribuciones que esa Ley Fundamental confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal y, por tanto, para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la citada Norma Fundamental tengan interés legítimo para acudir a esta vía constitucional, no basta que afirmen que el acto o norma impugnados vulnere su esfera competencial, sino que es necesario que indiquen en el escrito de demanda la facultad reconocida en la Constitución Federal que estimen vulnerada. Por su parte, respecto a las violaciones a los derechos humanos reconocidos, incluso, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es menester que la transgresión que se alegue recaiga en prerrogativas fundamentales cuya tutela se encuentre relacionada con el ejercicio de las competencias del ente actor.
39. En ese sentido, la controversia constitucional debe entrañar un conflicto sobre la constitucionalidad de actos y/o disposiciones generales de los sujetos que el artículo 105 de la Constitución Federal reconoce como partes en este tipo de juicios, ya que, desde su concepción por el Poder Constituyente, dicha garantía jurisdiccional fue diseñada para que este Alto Tribunal definiera el ámbito de atribuciones que la Constitución Federal confiere a los órganos originarios del Estado, tal como fue señalado por el Tribunal Pleno en la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA TUTELA JURÍDICA DE ESTA ACCIÓN ES LA PROTECCIÓN DEL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES QUE LA LEY SUPREMA PREVÉ PARA LOS ÓRGANOS ORIGINARIOS DEL ESTADO."(15)
40. Por tanto, existirá un principio de afectación que otorgue interés legítimo al promovente cuando alegue violaciones a las reglas competenciales o a derechos humanos propios de su ámbito de facultades previstos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32857-709201cf/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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