I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES, QUE HUBIEREN SIDO MATERIA DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN UN DIVERSO JUICIO DE LA MISMA NATURALEZA, SIEMPRE QUE EXISTA IDENTIDAD DE PARTES, NORMAS GENERALES O ACTOS Y CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 89, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL AYUNTAMIENTO ACTOR (LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, Y LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 90/2014. MUNICIPIO DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE OAXACA. 15 DE MARZO DE 2016. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de marzo de dos mil dieciséis, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 90/2014, promovida por el Municipio de Juchitán de Zaragoza, Estado de Oaxaca, por conducto de Saúl Vicente Vázquez y Miguel Ángel Bartolo Ruiz, quienes se ostentaron como presidente y síndico municipales, respectivamente, en la que demandaron la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y de la Ley Federal del Derecho de Autor, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el catorce de julio de dos mil catorce.(1)
I. ANTECEDENTES
1. En los antecedentes narrados en la demanda se indica lo siguiente:
• El veinticuatro de marzo de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal presentó ante el Senado de la República del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
• Con esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó de inmediato la referida iniciativa a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Estudios Legislativos y de Radio y Televisión, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente.
• Las comisiones asignadas se instalaron en sesión permanente el treinta y uno de marzo de dos mil catorce, y establecieron un método y ruta crítica para el estudio y dictamen de la iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión presentada por el Ejecutivo Federal, y al efecto organizaron foros que se realizaron en la sede del Senado de la República los días dos, tres, y cuatro de abril del dos mil catorce.
• El veintiuno de abril de dos mil catorce, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Estudios Legislativos y de Radio y Televisión del Senado de la República, recibieron un anteproyecto de dictamen por parte de la Comisión de Comunicaciones el cual se hizo del conocimiento de los senadores.
• El veintidós de abril de dos mil catorce, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, emitió el oficio LXII-II/PMD-ST7053/14 a efecto de que las Comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión se declarasen en reunión permanente con el objeto de recibir y estar en posibilidades de dictaminar la minuta, que en su caso, se recibiera del Senado de la República y que corresponda al proyecto del decreto respectivo.
• En sesión de dos de julio de dos mil catorce, las Comisiones Unidas de Comunicación y Transportes, Estudios Legislativos y de Radio y Televisión del Senado de la República, aprobaron el correspondiente dictamen, el cual se turnó al Pleno de la Cámara de Senadores.
• El cuatro de julio de dos mil catorce, el Pleno de la Cámara de Senadores, discutió y aprobó el dictamen con proyecto de decreto, turnándose para sus efectos constitucionales a la Cámara de Diputados.
• La Mesa Directiva del Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, mediante oficio D.G.P.L62-II-8-3567, de fecha cinco de julio de dos mil catorce, turnó la referida minuta a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente y a las Comisiones Especiales de Agenda Digital y Tecnologías de la Información y de Tecnologías de la Información y Comunicación, para su opinión.
• El siete de julio de dos mil catorce, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen, el cual se turnó al Pleno para su discusión y aprobación.
2. Conceptos de invalidez. Dado el sentido de la presente resolución, se hace innecesario transcribir los conceptos de invalidez:
3. Artículos constitucionales señalados como violados. De los planteamientos anteriores, se advierte que los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman violados son el 1o., párrafos primero, segundo y quinto; 2o., inciso B); 3, fracciones V y VII; 6o., párrafos primero, segundo, tercero fracciones I, III y VI del apartado B; 7o.; 14, segundo párrafo, 16, párrafos primero, segundo, decimosegundo y decimotercero, 28, párrafo sexto, 70, 71, 72, 128 y 133, así como cuarto y octavo transitorios, del decreto por el que se llevó a cabo la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece.
II. TRÁMITE DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL
4. Admisión y trámite. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y lo turnó por conexidad a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para que fungiera como instructora, en virtud de que también se le turnaron las diversas controversias constitucionales 92/2014, 96/2014 y 99/2014, en las cuales se impugnaban las mismas normas generales.(2)
5. La Ministra instructora admitió la demanda de controversia constitucional, tuvo por presentado al síndico del Municipio actor, mas no al presidente municipal, toda vez que la representación recae sólo en el síndico; y como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo (Cámaras de Diputados y Senadores) federales, a quienes emplazó para que formularan sus contestaciones; y dio vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.(3)
6. Contestaciones a la demanda.
I. El Poder Ejecutivo Federal en su contestación señaló, en síntesis, lo siguiente:
a) Falta de interés legítimo del Municipio para controvertir las normas impugnadas, toda vez que no se actualiza una afectación en agravio de su esfera competencial. En el caso el Municipio actor pretende alegar: 1) violaciones a derechos fundamentales, a saber: los derechos a la privacidad, intimidad o vida privada; debido proceso, inviolabilidad de las comunicaciones privadas y protección de datos personales, derechos colectivos en materia de radiodifusión y telecomunicaciones y derechos sociales a la difusión y acceso cultural, tecnológico y científico 2) invasión de facultades que corresponden al Instituto Federal de Telecomunicaciones y 3) la vulneración a mandatos constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
b) Se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, toda vez que existe identidad plena respecto de los artículos 89, fracciones III y VII y 90, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que fueron impugnados en la controversia constitucional 89/2014.
En el caso se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, de conformidad con los artículos 19, fracción III, y 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, en virtud de que en las controversias constitucionales 89/2014 y 90/2014, se actualiza la causal de improcedencia por litispendencia, toda vez que existe identidad plena entre las partes, las normas generales impugnadas, las autoridades responsables y los conceptos de invalidez.
Se acepta como cierto el acto referente a que el presidente de la República presentó ante el Senado de la República, el veinticuatro de marzo de dos mil catorce, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Previo a contestar los conceptos de invalidez hechos valer por la actora, el Ejecutivo Federal expone ciertas consideraciones acerca del espectro radioeléctrico como propiedad de la Nación, la rectoría del Estado en la materia de telecomunicaciones y radiodifusión y sobre las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Manifestó diversos argumentos para desestimar los conceptos de invalidez planteados.
II. Contestación de la Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al rendir su contestación a la demanda, manifestó, esencialmente, lo siguiente:
a) Es cierto que el catorce de julio de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Este decreto se expidió en relación con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación del once de junio de dos mil trece, cuyo objeto fue establecer un marco legal que propiciara la transformación de las telecomunicaciones y la radiodifusión a sectores más competitivos.
b) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con la fracción I, inciso b), del artículo 105 de la Constitución Federal, por lo que se debe sobreseer en la controversia constitucional, toda vez que el Municipio actor carece de interés legítimo, ya que es necesario que con la norma general o acto impugnados, exista cuando menos un principio de agravio, por lo que no se da el supuesto de procedencia requerido. Ello, en virtud de que el Municipio actor no expone, de manera concreta, alguna afectación a su esfera de competencia o atribuciones, ni un principio de agravio con relación a los preceptos impugnados.
c) En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley de la materia, en relación con la fracción I, inciso b), del propio precepto constitucional, en virtud de que el Municipio actor ya ha ejercitado su derecho de acción, respecto del decreto impugnado en la controversia constitucional número 89/2014, admitida mediante acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil catorce.
d) Son infundados los conceptos de invalidez planteados.
III. Contestación del Senado de la República. El Senado de la República dio contestación a la demanda, en la cual, esencialmente, manifestó:
a) La parte actora carece de interés legítimo para promover la controversia, en virtud de que las disposiciones impugnadas no guardan relación con la esfera de atribuciones que la Constitución le confiere a los Municipios. La controversia constitucional tutela las atribuciones que confiere la Constitución a las entidades, poderes u órganos señalados en su artículo 105. Del artículo 115 constitucional no se desprende la atribución para los Municipios de defender los derechos de los pueblos o comunidades indígenas.
b) Luego de señalar lo que consideró pertinente, respecto del marco jurídico que regula las telecomunicaciones, la finalidad de las reformas en esta materia y la protección a la libertad de expresión, señaló diversas razones para sostener la validez de los artículos impugnados.
7. Opinión del procurador general de la República: Este funcionario no rindió opinión a pesar de estar debidamente notificado.
8. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(4)
III. COMPETENCIA
9. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de que se plantea la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y de la Ley Federal del Derecho de Autor.
IV. OPORTUNIDAD
10. Del escrito integral de demanda se advierte que el Municipio actor impugnó diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y de la Ley Federal del Derecho de Autor, por lo que se trata de normas generales.
11. En esas circunstancias, la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia,(5) indica que, tratándose de normas generales, la demanda deberá promoverse a partir del día siguiente de la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
12. En el caso, el decreto de reformas que contiene los artículos impugnados, se publicó el catorce de julio de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, por lo que debe estimarse que el plazo legal de treinta días hábiles para promover la demanda de controversia constitucional transcurrió del martes quince de julio al diez de septiembre de dos mil catorce.(6)
13. Por lo anterior, al haberse presentado la demanda de controversia constitucional el nueve de septiembre de dos mil catorce, debe concluirse que fue promovida oportunamente.(7)
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
14. El actor es el Municipio de Juchitán de Zaragoza del Estado de Oaxaca, y en su representación promueve la demanda Miguel Ángel Bartolo Ruiz,(8) quien se ostenta como síndico municipal y acredita dicho carácter con la copia simple de su acreditación, expedida por la Subsecretaría General de Gobierno y Desarrollo Político, del Gobierno del Estado, de la que se advierte que Miguel Ángel Bartolo Ruiz es síndico procurador para el periodo de enero de dos mil catorce a diciembre de dos mil dieciséis.(9) Así como la copia simple de la credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral.(10)
15. Ahora, de conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.
16. En este sentido, el artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, dispone que los síndicos son los representantes jurídicos del Municipio y en su fracción I indica, entre otras cosas, que deben representar jurídicamente al Municipio en los litigios en que éstos sean parte.(11) Por tanto, Miguel Ángel Bartolo Ruiz, en su carácter de síndico municipal, tiene la representación necesaria para promover la presente controversia constitucional en representación del Municipio actor.(12)
17. Asimismo, el Municipio actor es un órgano legitimado para promover la presente controversia constitucional, de conformidad con el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
18. En el auto admisorio de seis de octubre de dos mil catorce, la Ministra instructora tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación, y los requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles, rindieran su contestación a la demanda.(13)
19. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Por el Poder Ejecutivo Federal compareció Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, quien se ostentó como consejero jurídico de dicho Poder, carácter que acredita con la copia certificada de su nombramiento de cuatro de diciembre de dos mil doce, expedido por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos,(14) por tanto, debe reconocerse legitimación pasiva al Ejecutivo Federal, toda vez que el consejero jurídico cuenta con facultades para comparecer en representación del Ejecutivo aludido.
20. Esta conclusión tiene sustento en el acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de enero de dos mil uno, por el que se da a conocer el "Acuerdo por el que se establece que el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los asuntos que se mencionan."(15)
21. De lo anterior se obtiene que el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, podrá representar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que hace referencia el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los supuestos en los que el titular del Ejecutivo Federal sea parte. Razón por la que se actualiza la representación por parte del referido consejero.
22. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por la Cámara de Diputados compareció Silvano Aureoles Conejo, ostentándose como presidente de la mesa directiva de dicho órgano legislativo federal, carácter que acreditó con la copia certificada del diario de debates del veintiocho de agosto de dos mil catorce de la que se advierte que se eligió la mesa directiva de la Sexagésima Segunda Legislatura que funcionará durante el tercer año de ejercicio, en la cual se designó a Silvano Aureoles Conejo como presidente.(16)
23. Ahora, de conformidad con el artículo 23, numeral 1, inciso l), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,(17) el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tiene la representación de dicho órgano legislativo, por tanto, Silvano Aureoles Conejo cuenta con la legitimación procesal para comparecer en el presente juicio en representación de la Cámara de Diputados.
24. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Por el Senado de la República compareció José Rosas Aispuro Torres, con el carácter de vicepresidente de la mesa directiva del Senado, lo que acreditó con la copia certificada del acta de la Junta previa de la Cámara de Senadores de treinta y uno de agosto de dos mil catorce, en la cual se advierte la elección de la mesa directiva aludida para el tercer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura, de la que se desprende que se nombró a José Rosas Aispuro Torres como vicepresidente.(18)
25. Así, los artículos 67, numeral 1 y 69, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,(19) establecen que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores es el representante jurídico de ésta, y que los vicepresidentes asisten al citado presidente en el ejercicio de sus funciones y lo sustituyen en sus ausencias temporales, por tanto, José Rosas Aispuro Torres cuenta con la legitimación procesal para comparecer en el presente juicio en representación de la Cámara de Senadores.
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
26. En el caso se hacen valer dos causas de improcedencia, la promoción de la controversia constitucional contra normas generales que son materia de una diversa controversia pendiente de resolver (litispendencia), y la falta de interés legítimo del Municipio actor.
27. a) El Poder Ejecutivo Federal señala que en el caso se actualiza la causa de improcedencia por "litispendencia", toda vez que el propio Municipio actor promovió la diversa controversia constitucional 89/2014, en la que impugnó las mismas normas que en la presente controversia 90/2014, por lo que existe identidad de partes, normas generales impugnadas, autoridades responsables y conceptos de invalidez, por tanto debe decretarse el sobreseimiento respecto de las normas generales impugnadas en ambas controversias, las cuales se encuentran pendientes de resolución.
28. Al respecto, este Tribunal Pleno considera que debe desestimarse esta causal de improcedencia, toda vez que a la fecha en que resuelve la presente controversia constitucional, ya no se encuentra pendiente de resolución la controversia constitucional 89/2014, promovida por el propio Municipio actor, pues este Tribunal Pleno en sesión catorce de marzo de dos mil dieciséis; resolvió dicho juicio constitucional; y por tanto, se considera que se actualiza otra diversa que a continuación se expone:
29. b) En relación con el artículo 89, fracción VII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, esta Suprema Corte de la Nación, advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(20) que prevé la improcedencia de la controversia constitucional, contra normas generales que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en otra controversia constitucional, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez, en los casos a que se refiere el artículo 105, fracción I, último párrafo, de la Constitución Federal.
30. Lo anterior se aprecia de tal manera, en virtud de que al resolver este Tribunal Pleno, en sesión de catorce de marzo de dos mil dieciséis, por mayoría de votos, la controversia constitucional número 89/2014, promovida por el propio Municipio actor, declaró la validez del artículo 89, fracción VII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
31. En este sentido, lo procedente es sobreseer respecto del artículo 89, fracción VII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de conformidad con los artículos 19, fracción IV y 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
32. c) Falta de interés legítimo del Municipio actor. El Poder Ejecutivo Federal y las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, hacen valer de manera coincidente la falta de interés legítimo del Municipio actor para impugnar los artículos 3o., fracción XLVI, 9, fracciones I, II, III, IV, IX, XII, XIII, XIV, XVI; XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, 15, fracciones XX, XXII, LX y LXII, 89, fracción III, 90, párrafos cuatro, cinco y seis, 100, 119, 120, 131, 144, párrafo tres, 177, fracción VII, 190, fracciones I, II y VII, 194, 206, 208, 217, fracciones I, VI, VII, VIII, IX y X, 219, fracciones III y V, 232, 233, 234, 235, 236, 237, fracción III, 297, 262, último párrafo, 263, 265, 266 fracciones XVI y XXII, 267, párrafos primero y antepenúltimo, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, párrafo tres, 277, 284, 285, 286, 287, 288, 297, párrafo dos, 299, 300, 308 y 311, fracción I, inciso c), de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 39, fracción VII, 68, 70 y 71 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 27 y 144 de la Ley Federal del Derecho de Autor; así como noveno, décimo, párrafo tres, décimo primero inciso a), duodécimo, párrafos dos y tres y fracciones IV, VI, VIII y X, cuadragésimo, cuadragésimo primero y cuadragésimo quinto transitorios del Decreto por el que expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, en virtud de que no resiente una afectación en su ámbito competencial.
33. Este Tribunal Pleno considera fundado este planteamiento, tal como a continuación se expondrá.
34. La controversia constitucional, tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confiere a los órganos originarios del Estado, para resguardar el sistema federal y, por tanto, para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la citada Norma Fundamental cuenten con interés legítimo para acudir a esta vía constitucional, para ello es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados exista cuando menos un principio de agravio.(21)
35. De este modo, el hecho de que la Constitución Federal en su artículo 105, fracción I, reconozca legitimación para intervenir en una controversia constitucional a las entidades, poderes u órganos que el propio numeral menciona, es insuficiente para que, a instancia de alguno de ellos, la Suprema Corte de Justicia realice un análisis abstracto de constitucionalidad de las normas o actos impugnados desvinculado del ámbito competencial de la parte actora.
36. Por tanto, el ente legitimado que promueva la controversia en contra de una norma o acto y no logre acreditar que afecta su esfera de facultades o atribuciones, sino que lo hace por el mero interés de preservar la regularidad constitucional en el ejercicio de las atribuciones constitucionales conferidas a otros órganos originarios del Estado, no se dan las condiciones para que se resuelvan los temas propuestos, ya que, al no demostrarse una afectación es evidente su falta de interés legítimo para reclamar los artículos impugnados.
37. Si bien es cierto que esta Suprema Corte de Justicia a través de la controversia constitucional, puede revisar la legalidad de actos y normas emitidos por autoridades del Estado, ya que el alcance de la controversia es sobre cualquier tipo de violación a la Constitución Federal, esta revisión de legalidad está siempre supeditada a que exista una afectación a la esfera competencial del actor, pues de no ser así se desnaturalizaría la función de la vía de controversia constitucional, permitiéndose la revisión en abstracto, de un acto que de ningún modo se relacione con quien la impugna, convirtiendo a este Tribunal en un órgano de revisión de toda la legalidad de las actuaciones de las autoridades independientemente de la finalidad y estructura de la controversia constitucional, esto es, del principio de división de poderes y la salvaguarda del federalismo.
38. Ahora, los argumentos de invalidez que hace valer el Municipio actor, parten principalmente de las siguientes violaciones:
a) El artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es violatorio del derecho humano a la privacidad, intimidad o vida privada, debido proceso; inviolabilidad de las comunicaciones privada, y protección de datos personales.
b) El artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión infringe los derechos colectivos en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de las organizaciones civiles sin fines de lucro, que están constituidas bajo los principios de participación ciudadana directa, convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad; de las comunidades indígenas y de las instituciones de educación superior de carácter privado; y derecho humano a la no discriminación.
c) El artículo cuadragésimo primero transitorio del decreto impugnado viola los derechos sociales a la difusión y acceso cultural, tecnológico y científico.
d) Los artículos 3, 15, 119, 120, 131, 144, 177, 206, 208, 262, 263, 265, 266, 267, 269, 270 al 275, 277, 284 y noveno transitorio son violatorios de la facultad de Instituto Federal de Telecomunicaciones para declarar agentes preponderantes por servicios.
e) Los artículos 9, 15, 100, 194, 217, 219, 232, 233, 234, 235, 236, 237, fracción III, 297 y 308 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como 39, 68, 70 y 71 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, vulneran la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
f) Los artículos 27 y 144 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contravienen los artículos 6o. y 28 de la Constitución Federal, así como el artículo octavo transitorio del Decreto de reformas constitucionales, publicado el 11 de junio de 2013, porque se transgrede el mandato concreto de retransmisión gratuita de señales, en perjuicio del derecho a la información y el acceso a la radiodifusión en condiciones de competencia efectiva.
g) El decreto combatido contraviene los artículos 6o., apartado B, fracción I, constitucional y octavo transitorio, fracción I, del decreto constitucional publicado el 11 de junio de 2013, por transgredir el mandato de políticas de inclusión digital.
h) El artículo noveno transitorio del decreto en cuestión es contrario al diverso 28 de la Ley Fundamental, en cuanto transgrede las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de competencia económica.
i) Los artículos 285, 286, 287 y 288 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, transgrede el artículo 28 de la Carta Magna, referente a la propiedad cruzada.
j) El artículo 297 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es contrario al artículo 28 de la Ley Fundamental, referente a la ejecución de sanciones impuestas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
39. El texto de los artículos impugnados de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es el siguiente: (se transcriben los artículos completos para una mejor comprensión)
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión:
"Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:
"...
"XLVI. Preponderancia: Calidad determinada por el instituto de un agente económico en los términos del artículo 262 de esta ley;
"..."
"Artículo 9. Corresponde a la secretaría:
"I. Emitir opinión técnica no vinculante al instituto, en un plazo no mayor a treinta días naturales sobre el otorgamiento, la prórroga, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión;
"II. Adoptar, en su caso, las acciones y medidas necesarias que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión cuando el instituto le dé aviso de la existencia d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26514-f5737a78/i-controversia-constitucional-es-improcedente-cuando-se-impugnan · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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