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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA MANIFIESTA IMPROCEDENCIA PARA SU DESECHAMIENTO DEBE DESPRENDERSE DE FORMA CLARA Y PATENTE DE LA LECTURA DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS (INCUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SATISFACCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR POR LA QUE SE DESISTIÓ DE UNA DEMANDA CONTRA EL MISMO ACTO IMPUGNADO CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO Y MANIFIESTO PARA SU DESECHAMIENTO (INCUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO DEBE DESECHARSE CUANDO PARA ANALIZAR LA OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA LOS ELEMENTOS PROBATORIOS SON INSUFICIENTES AL PROVEER SOBRE ÉSTA (INCUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA).

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 63/2014-CA DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 108/2014. · Registro digital (IUS): 200102
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

RECURSO DE RECLAMACIÓN 63/2014-CA DERIVADO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 108/2014. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA. 27 DE MAYO DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN SE RESERVÓ SU DERECHO DE FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. AUSENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

México, Distrito Federal. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de mayo de dos mil quince, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de reclamación 63/2014-CA, derivado de la controversia constitucional 108/2014, mismo que fue promovido por el Poder Legislativo del Estado de Sonora en contra de un acuerdo de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de siete de noviembre de dos mil catorce, en el que se desechó de plano la demanda de controversia constitucional.

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en analizar, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, si el Ministro instructor en la referida controversia constitucional estuvo o no en lo correcto al desechar la citada demanda de controversia constitucional presentada por el representante del Congreso del Estado de Sonora por actualizarse de manera notoria y manifiesta las causales de improcedencia de falta de legitimación y extemporaneidad.

I. ANTECEDENTES DEL CASO

1. Demanda de controversia constitucional. El tres de noviembre de dos mil catorce, Luis Alejandro García Rosas, en su carácter de Presidente del Congreso del Estado de Sonora y en representación de la LX Legislatura de tal entidad federativa, promovió una demanda de controversia constitucional, alegando una violación a los artículos 14, 16, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal"), así como los preceptos 2, 60, 63, 64, fracción XXII, XXXI, 66, 79, fracción III, 80, fracciones V y VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, y 1, 2, 6 y 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.

2. En el escrito de demanda se señaló como autoridad demandada al Poder Ejecutivo, al Secretario de Gobierno y Secretario de Hacienda, todos del Estado de Sonora y como actos impugnados: a) la retención de una parte de los recursos que corresponden al Congreso del Estado de Sonora, relativos al ejercicio fiscal del año dos mil trece, con motivo de las previsiones aprobadas en el decreto número 20 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora número 53, sección II, el día treinta y uno de diciembre de dos mil doce; b) la retención de una parte de los recursos que corresponden al Congreso del Estado de Sonora, relativos al ejercicio fiscal del año dos mil catorce, con motivo de las previsiones aprobadas en el Decreto número 92, del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora número 50, sección III, el día diecinueve de diciembre de dos mil trece; y c) el cumplimiento del calendario de transferencias de recursos que corresponde realizar al Secretario de hacienda del Estado, conforme a los oficios remitidos por la presidenta de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora y la aceptación de dicho calendario por parte del funcionario señalado.(1)

3. En tal escrito, se relataron como hechos relevantes los siguientes:

a) El trece de diciembre de dos mil doce, el Congreso del Estado de Sonora aprobó el Decreto número 20 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora, en el cual se estableció que el presupuesto de egresos del Poder Legislativo para el dos mil trece importaba la cantidad de $599,967,798.00 (quinientos noventa y nueve millones novecientos sesenta y siete mil setecientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.).(2) Tal decreto fue sancionado y promulgado(3) y, de acuerdo con el dicho de la parte impetrante, de tal cantidad se omitió entregar la cantidad de $28,860,000.00 (veintiocho millones ochocientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.)(4) hasta la fecha de la presentación de la demanda.

b) Inconforme con tal retención de recursos, el Poder Legislativo del Estado de Sonora(5) presentó una controversia constitucional en contra del titular del Poder Ejecutivo y los Secretarios de Gobierno y de Hacienda de la misma entidad,(6) la cual se radicó bajo el número 60/2013 y se turnó a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; sin embargo, el diez de julio de dos mil trece, se desechó el asunto en virtud de que el promovente se desistió de la misma.

c) Aunado a lo anterior, el catorce de diciembre de dos mil trece, el Congreso del Estado de Sonora aprobó el Decreto número 92 del Presupuesto de Egresos de dicha entidad, en el cual señaló la cantidad de $800,000,000.00 (ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.) como presupuesto de egresos del Poder Legislativo para el año dos mil catorce. Ese decreto fue sancionado y promulgado;(7) asimismo, se dictó el calendario de gasto correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil catorce.

d) El cinco de febrero de dos mil catorce, el Poder Legislativo del Estado de Sonora, representado por la Presidenta de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora, presentó una controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo, al Secretario de Gobierno y Secretario de Hacienda, todos del Estado de Sonora a quienes reclamó la retención de los recursos que legalmente correspondían al Poder Legislativo. La controversia fue radicada bajo el número 11/2014 y turnada al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; a pesar de ello, la actora se desistió de la controversia manifestando que realizó un acuerdo con el personal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora en el cual modificaron el calendario de recursos que debe transferir el Ejecutivo Estatal al Congreso del Estado para empatarlas con las fluctuaciones de recursos del Ejecutivo Estatal durante el año dos mil catorce y se aclaró que a esa fecha el Ejecutivo del Estado se puso al corriente en el cumplimiento del nuevo calendario mediante pagos realizados el veinticinco de febrero de dos mil quince.

e) No obstante, de acuerdo con lo narrado por la parte actora, el Poder Ejecutivo del Estado retuvo nuevamente la cantidad de $142,578,622.00 (ciento cuarenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N.) del gasto de operación del Congreso del Estado de Sonora, pues de los $545,255,822.00 (quinientos cuarenta y cinco millones doscientos cincuenta y cinco mil ochocientos veintidós pesos 00/100 M.N.) sólo se entregaron $403,677,200.00 (cuatrocientos tres millones seiscientos setenta y siete mil doscientos pesos), situación que llevó nuevamente a la interposición de la presente controversia constitucional.

4. Radicación, turno y admisión. La demanda de controversia constitucional fue radicada por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil catorce, en el que se ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la controversia constitucional 108/2014, turnándola al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que se encargara de la instrucción de la misma.

5. El siete de noviembre del mismo año, el Ministro instructor tuvo por recibida la demanda y la desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se acreditó la falta de interés legítimo del Poder Legislativo promovente y, además, resultaba notoriamente extemporánea toda impugnación relativa a los recursos económicos del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal dos mil trece y los mencionados del ejercicio dos mil catorce (enero, febrero, junio, julio, agosto y septiembre).

II. TRÁMITE DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN

6. Presentación del recurso. En contra del referido acuerdo de desechameinto de la controversia constitucional, el Presidente del Congreso del Estado de Sonora interpuso el presente recurso de reclamación.

7. Auto impugnado. En ese sentido, se tiene que el acuerdo recurrido por medio del cual se desechó de plano la demanda es del tenor siguiente (se respetan las negritas):

México, Distrito Federal, a siete de noviembre de dos mil catorce.

Visto el escrito y anexos de Luis Alejandro García Rosas, Presidente del Congreso del Estado de Sonora, en representación del Poder Legislativo de la entidad, mediante el cual promueve controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo, así como de los Secretarios de Gobierno y de Hacienda estatales, en la que impugna lo siguiente:

"A.- La acción del titular del Poder Ejecutivo del Estado y del Secretario de Hacienda de retener, indebidamente, una parte de los recursos que corresponden al Congreso del Estado de Sonora, con motivo de las previsiones aprobadas en el Decreto número 20, del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora número 53, sección II, el día 31 de diciembre de 2012. Asimismo, el incumplimiento del calendario de transferencia de recursos que corresponde realizar al Secretario de Hacienda del Estado, conforme a los oficios remitidos por la Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora y la aceptación de dicho calendario por parte del funcionario señalado."

B.- La acción del titular del Poder Ejecutivo del Estado y del Secretario de Hacienda de retener, indebidamente, una parte de los recursos que corresponden al Congreso del Estado de Sonora, con motivo de las previsiones aprobadas en el Decreto número 92, del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora número 50, sección III, el día 19 de diciembre de 2013. Asimismo, el incumplimiento del calendario de transferencia de recursos que corresponde realizar al Secretario de Hacienda del Estado, conforme a los oficios remitidos por la Presidenta de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora y la aceptación de dicho calendario por parte del funcionario señalado."

Como se verá más adelante, en el caso existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a desechar de plano la presente controversia constitucional, de conformidad con el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la revisión integral de la demanda y sus anexos, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: (. . .) VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley", en relación con la fracción I, inciso h), del propio precepto constitucional, por falta de interés legítimo del Poder Legislativo promovente.

En este sentido, la improcedencia de una controversia constitucional puede derivar de alguna disposición de la Ley Reglamentaria de la materia, lo cual permite considerar no sólo los supuestos que de manera específica prevé su artículo 19, sino también los que puedan derivar del conjunto de normas que la integran y de las bases constitucionales que la rigen, de conformidad con la siguiente tesis:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA, NO ES INDISPENSABLE QUE EXISTA Y SE VINCULE CON UNA DISPOSICIÓN EXPRESA Y ESPECÍFICA AL RESPECTO EN ESE ORDENAMIENTO JURÍDICO. [...]

El criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el interés legítimo en controversia constitucional tiene como objeto principal de tutela el ámbito de atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios del Estado para resguardar el sistema federal y, por tanto, para que las entidades, poderes u órganos a que se refiere el artículo 105, fracción I, de la citada Norma Fundamental tengan interés legítimo para acudir a esta vía constitucional, es necesario que con la emisión del acto o norma general impugnados exista cuando menos un principio de agravio.

En ese sentido se pronunció la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia al resolver los recursos de reclamación 28/2011-CA, 30/2011-CA, 31/2012-CA y 51/2012-CA, fallados los dos primeros el quince de junio de dos mil once, y los dos restantes el ocho de junio y el siete de septiembre del mismo año, respectivamente, cuyo criterio reiteró el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal al resolver en sesión de dieciséis de agosto de dos mil once, el recurso de reclamación 36/2011-CA.

De este modo, el hecho de que la Constitución Federal en su artículo 105, fracción I, reconozca legitimación para intervenir en una controversia constitucional a las entidades, poderes u órganos que el propio numeral menciona, es insuficiente para que, a instancia de alguno de ellos, la Suprema Corte de Justicia realice un análisis de constitucionalidad de las normas o actos impugnados desvinculado del ámbito competencial del poder actor. Por tanto, si un ente legitimado promueve controversia en contra de una norma o acto que es ajeno a su esfera de facultades o atribuciones reconocidas en la Norma Fundamental, no se da el supuesto de procedencia relativo al interés legítimo.

Si bien es cierto que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la controversia constitucional puede revisar la legalidad de actos y normas emitidos por autoridades del Estado, ya que el alcance de la controversia es sobre cualquier tipo de violación a la Constitución Federal, esta revisión de legalidad está siempre supeditada a que exista un principio de agravio a la esfera competencial del actor, pues de no ser así se desnaturalizaría la función de la vía de controversia constitucional permitiéndose la revisión de un acto que de ningún modo afecta su esfera de competencia y atribuciones tutelados en la Constitución Federal.

En el caso, promueve controversia constitucional el Poder Legislativo del Estado de Sonora respecto de recursos retenidos por incumplimiento a los calendarios de transferencia aprobados conforme a las previsiones presupuestales autorizadas en los ejercicios dos mil trece y dos mil catorce.

Sin embargo, el faltante de recursos en los pagos quincenales que menciona, en modo alguno afecta el ejercicio de una atribución conferida al Poder Legislativo actor en términos del artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En relación con lo anterior, de la lectura de la demanda se advierte que el promovente no plantea en realidad un conflicto competencial por violación directa al citado precepto constitucional, sino que formula conceptos de invalidez de mera legalidad, por la omisión atribuía al Poder Ejecutivo estatal respecto de la entrega incompleta de recursos económicos asignados en los Presupuestos de Egresos del Estado, de los ejercicios fiscales dos mil trece y dos mil catorce; por lo que no se trata de un verdadero conflicto competencial, sino de un problema de legalidad asociado a un conflicto interno de los integrantes del propio órgano legislativo que han promovido diversas controversias y a la vez se ha desistido por conducto de diversos representantes legales. Lo anterior es así, en virtud de que constituyen hechos notorios para este Alto Tribunal, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 1º de la citada Ley, la existencia de diversas controversias constitucionales 60/2013, 101/2013 y 11/2014, promovidas por el mismo Poder Legislativo del Estado de Sonora, en las que impugnó la misma retención de recursos económicos asignados en los Presupuestos de Egresos para los ejercicios fiscales dos mil trece y dos mil catorce, cuyos asuntos se sobreseyeron por desistimiento del actor.

En el caso no se plantea un conflicto competencial similar al que han promovido Municipios de diversas entidades federativas, respecto de la retención de participaciones federales, puesto que en estos casos el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, tutela expresamente los principios de libre administración hacendaria e integridad de la hacienda pública municipal; sin embargo, el problema de legalidad que enfrentan los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sonora, conforme a las normas constitucionales y legales del propio Estado, no puede ser motivo de estudio en la controversia constitucional que tiene como objeto de tutela el ámbito de competencia y atribuciones que la Constitución Federal reconoce a los entes legitimados.

Por tanto, el Poder Legislativo actor no plantea la defensa de atribuciones tuteladas directamente por el artículo 116, fracción II, de la Constitución Federal, y los actos impugnados, respecto de los cuales previamente se ha desistido en tres ocasiones (controversias constitucionales 60/2013, 101/2013 y 11/2014), no afectan su interés legítimo, para efectos de la procedencia de la controversia constitucional.

Aunado a lo anterior, resulta notoriamente extemporánea toda impugnación relativa a la retención de recursos económicos del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal dos mil trece, en virtud de que el propio actor mediante escrito de veinticinco de febrero de dos mil catorce, se desistió de la controversia constitucional 11/2014, en la cual planteó el mismo problema de legalidad; por lo que desde esa fecha, en la que se ostentó sabedor de los mismos descuentos o retenciones, ha transcurrido en exceso el plazo legal de treinta días que prevé en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, respecto de los descuentos que menciona del ejercicio fiscal dos mil catorce (en los meses de enero, febrero, junio, julio, agosto y septiembre), la impugnación resulta extemporánea, teniendo como referencia la fecha se realizaron cada uno de los pagos correspondientes.

En consecuencia, al ser evidente la inviabilidad de la acción, dada la falta de interés legítimo del Poder Legislativo actor, procede desechar la demanda al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción I, inciso h), del propio precepto constitucional.

Por las razones expuestas:

I. Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Presidente del Congreso del Estado de Sonora.

II. Una vez que cause estado este auto, archívese el expediente como asunto concluido.

Notifíquese [...].

8. Agravios. En su escrito de reclamación, el recurrente expuso los siguientes argumentos:

a) Contrario a lo que concluyó el Ministro instructor, en el escrito de demanda sí se justificó la violación a las facultades que la ley sólo le reconoce al Poder Legislativo y que el Ejecutivo vulneró al negarse a entregar el presupuesto aprobado al Congreso del Estado. Al respecto, expone que en el caso se actualiza una violación al principio de división de poderes, pues impide la autonomía plena con la que debe contar el Congreso Local al ser éste quien tiene la facultad de administrar y ejercer los recursos aprobados, misma que ha sido impedida por el Ejecutivo mediante retenciones ilegales.

b) Sostiene que el Ministro instructor incurrió en una confusión, ya que en efecto la omisión del Poder Ejecutivo de dar los fondos aprobados al Congreso transgrede normas legales, pero no por ello convierte la litis en un problema de legalidad, pues tal vulneración a la ley se traduce en una violación a los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal al implicar una invasión de facultades y atribuciones del Legislativo.

c) Enfatiza que la retención presupuestal del Poder Ejecutivo genera una parálisis que provoca que no se pueda materializar la calendarización de los recursos, impidiendo la debida conducción y operatividad del Legislativo, lo que evidentemente se traduce en la invasión del Ejecutivo y en el rompimiento a la autonomía que debe prevalecer en el Legislativo, sobre todo cuando en la demanda se justificó que es criterio de esta Suprema Corte que el artículo 116 de la Constitución establece tres mandatos prohibitivos dirigidos a poderes públicos de las entidades federativas para que respeten el principio de división de poderes: a) la no intromisión, b) la no dependencia, y c) la no subordinación de cualquiera de los poderes con respecto a los otros. En ese sentido, expone y concluye que la retención de recursos actualiza los supuestos de intromisión, dependencia y subordinación, pues interfiere en el proceso que sólo le compete al Congreso del Estado que es la aplicación de recursos previstos en el presupuesto de egresos del Estado.

d) Por otro lado, argumenta la falta de fundamentación y motivación en que incurre el Ministro Instructor, toda vez que aunque es innegable que la controversia constitucional deriva de un conflicto interno entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo y que constantemente se han presentado controversias constitucionales de las cuales se ha desistido la parte actora, ello no constituye razón ni argumento suficiente para no resolver el problema planteado en la presente controversia ni es vinculante el desistimiento de las anteriores demandas para desechar ésta última.

e) Finalmente, combate la determinación relativa a que el ejercicio fiscal de dos mil trece ni los relativos a los meses de enero, junio, julio, agosto y septiembre, los cuales no pueden ser materia de la controversia constitucional por ser extemporáneos, ya que al tratarse de una omisión, el término para interponer el medio de control constitucional no puede fenecer mientras subsista la violación, por tratarse de una transgresión de tracto sucesivo.

9. Trámite y radicación en la Sala. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, tuvo por presentado el recurso de reclamación que hizo valer Luis Alejandro García Rosas, en su carácter de Presidente del Congreso del Estado de Sonora y le asignó el número de expediente 63/2014-CA; de igual manera, corrió traslado a las partes y al Procurador General de la República -quien no formuló manifestaciones- y, finalmente, turnó el asunto al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, enviando los autos a la Sala de su adscripción.

10. Consecuentemente, previa petición del Ministro Presidente de esta Suprema Corte y por acuerdo de once de diciembre del mismo año, el Ministro Presidente de la Primera Sala señaló que la misma se avocaba al conocimiento del asunto y envío los autos a la ponencia designada para la elaboración del proyecto de resolución.

III. COMPETENCIA

11. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de reclamación 63/2014-CA, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Ley Reglamentaria de la materia"); 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 5/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, al tratarse de un recurso de reclamación en controversia constitucional en el que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

IV. PROCEDENCIA

12. El medio de impugnación es procedente conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 51 de la Ley Reglamentaria de la materia, debido a que se interpuso en contra del auto de siete de noviembre de dos mil catorce por el que se desechó la demanda de controversia constitucional promovida por el Poder Legislativo actor.(8)

V. OPORTUNIDAD

13. El recurso de reclamación se presentó de manera oportuna, ya que el poder recurrente quedó notificado del acuerdo objetado el miércoles doce de noviembre de dos mil catorce;(9) por consiguiente, el término de cinco días previsto en el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de la materia(10) para presentar el aludido medio de impugnación transcurrió del viernes catorce al lunes veinticuatro de noviembre de noviembre de dos mil catorce, al ser inhábiles los días quince y dieciséis de noviembre por ser fin de semana, y el diecisiete y veinte del mismo mes de acuerdo con el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

14. Así, dado que el poder recurrente interpuso el recurso de reclamación el dieciocho de noviembre de ese año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la nación, entonces su presentación resulta oportuna.(11)

VI. LEGITIMACIÓN

15. El escrito del medio de impugnación está signado por Luis Alejandro García Rosas, Presidente del Congreso del Estado de Sonora, por lo que esta Suprema Corte considera que cuenta con legitimación para promoverlo al ser el funcionario firmante su debido representante(12) y al habérsele reconocido como poder actor en el acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil catorce en la controversia constitucional 108/2014, de la cual deriva el presente recurso de reclamación.

VII. ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS

16. Esta Primera Sala considera que los agravios del Poder Legislativo recurrente resultan parcialmente fundados y suficientes para modificar en parte el acuerdo recurrido.

17. En suma, se estima que, contrario a lo determinado en la resolución de trámite del Ministro instructor, no se actualiza una causal de improcedencia en cuanto a la inexistencia de un interés legítimo para acudir a la controversia constitucional; por el contrario, se aprecia que el poder actor expuso un su demanda un argumento de violación constitucional derivado del artículo 116 de la Constitución Federal, supeditado al principio de división de poderes, el cual deberá de ser analizado en su momento procesal oportuno al no poderse advertir de una manera notoria y manifiesta la falta de concurrencia de una determinada afectación al ámbito competencial del Congreso del Estado de Sonora.

18. No obstante, se confirma el desechamiento de la demanda por lo que hace a los actos de retenciones presupuestales del ejercicio fiscal de dos mil trece y del mes de enero y primera quincena de febrero de dos mil catorce, pues aun cuando por razones distintas del acuerdo de instrucción (en el mismo se señala que son actos de impugnación extemporánea), se actualiza una diversa causal de improcedencia al ser actos que ya fueron recurridos previamente mediante varias controversias constitucionales, en las cuales la parte promovente presentó sucesivos desistimientos de la acción.

19. En ese sentido, se modifica parcialmente el acuerdo recurrido, para que se admita la demanda de controversia constitucional por lo que hace a los alegados actos de retención presupuestal que corresponden al Congreso del Estado de Sonora del ejercicio dos mil catorce y el incumplimiento del calendario correspondiente conforme a los oficios respectivos a partir de la segunda quincena del mes de febrero de dos mil catorce hasta la presentación de la demanda, a fin de que se siga la instrucción del medio de control de constitucionalidad pues, se insiste, no se actualiza una causal notoria y manifiesta de improcedencia que haga inviable en este momento el estudio inicial de la acción del poder actor. Lo anterior, con base en los argumentos que se exponen a continuación.

20. Como se expuso en el apartado de antecedentes de este recurso de reclamación, el Poder Legislativo del Estado de Sonora presentó la demanda de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo de esa entidad federativa, alegando que el poder demandado retuvo los recursos que corresponden al actor, con base en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora relativo a los años dos mil trece y dos mil catorce, atentando con ello a la autonomía del Congreso del Estado.

21. Las principales líneas de razonamiento que se pueden advertir en la demanda, sin ánimos de fijar la litis al no ser materia del presente recurso, consisten en que el principio de división de poderes se infringe cuando se incurre en conductas que impliquen la intromisión del Poder Ejecutivo en la esfera de competencia del Poder Legislativo o, bien, que el primero realice actos que coloquen a éste en un estado de dependencia o de subordinación con respecto a aquél. En ese contexto, afirma que la conducta de privar al legislativo de los recursos aprobados en el decreto del presupuesto de egresos es contrario al principio complementario de autonomía de cada poder, ya que sin dichos recursos se afectan los programas previamente establecidos y calendarizados.

22. Se sostuvo que la retención de recursos por parte del Ejecutivo contravienen el artículo 41, 49 y 116 de la Constitución Federa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200102-2aed5100/i-controversia-constitucional-la-manifiesta-improcedencia-para-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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