I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR TRATARSE DE ACTOS POSITIVOS NO IMPUGNADOS DURANTE EL PLAZO CORRESPONDIENTE (PAGOS PARCIALES, RETRASOS Y OMISIONES DE PAGO DE RECURSOS POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, ALEGADOS POR EL PODER LEGISLATIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA). II. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. LOS PAGOS CON RETRASO Y PARCIALES DE MANERA TARDÍA, ASÍ COMO LA OMISIÓN DE LOS QUE CORRESPONDEN AL PODER LEGISLATIVO, CONFORME A AQUÉL, POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO DE LA ENTIDAD, TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (RECLAMO DE PAGO RESPECTO DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE Y SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2014).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 108/2014. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA. 11 DE ENERO DE 2017. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN SE RESERVA EL DERECHO DE FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN SE RESERVA EL DERECHO DE FORMULAR VOTO PARTICULAR. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: ROBERTO NIEMBRO ORTEGA.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de enero de dos mil diecisiete.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos impugnados. Por escrito presentado el tres de noviembre de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso del Estado de Sonora, por conducto de su presidente, Luis Alejandro García Rosas, promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, en la cual señaló como actos impugnados, los siguientes:
1) La retención de los recursos aprobados en favor del Congreso del Estado de Sonora, en el Decreto 20 publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día treinta y uno de diciembre de dos mil doce, que contiene el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013 y el incumplimiento del calendario de transferencia de recursos.
2) La retención de los recursos que corresponden al Congreso del Estado de Sonora, conforme al Decreto Número 92, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el diecinueve de diciembre de dos mil trece, que contiene el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014, así como el incumplimiento del calendario de transferencia de recursos.
SEGUNDO.-Antecedentes. La parte actora narró, como antecedentes del acto impugnado descrito en el numeral 1), los siguientes:
1) El trece de diciembre de dos mil doce el Congreso del Estado de Sonora aprobó el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora, que asignó a la parte actora la cantidad de $599'967,798.00 (quinientos noventa y nueve millones novecientos sesenta y siete mil setecientos noventa y ocho pesos), el cual fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el treinta y uno de diciembre siguiente.
2) Mediante oficio de nueve de enero de dos mil trece, el presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente comunicó al titular de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo Local el calendario de gasto que corresponde al ejercicio fiscal del año 2013.
3) No son materia de la presente controversia constitucional los recursos relativos al capítulo 1000 (servicios personales), ni del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, los cuales fueron entregados oportunamente, sino los $457'808,300.00 (cuatrocientos cincuenta y siete millones ochocientos ocho mil trescientos pesos), restantes que fueron calendarizados oportunamente, así como la ampliación líquida que se realizó en el mes de diciembre por ocho millones de pesos, de los cuales se entregaron solamente tres millones de pesos.
4) El treinta y uno de enero de dos mil trece, se recibió oficio signado por el titular de la Secretaría de Hacienda del Estado, mediante el cual comunica que el gasto relativo a inversiones financieras y otras provisiones debe cumplir las reglas en materia de obras públicas para su liberación, situación que cesó con motivo de un proveído de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se narra para el conocimiento de este tribunal.
5) A la fecha de presentación de la demanda, el Poder Ejecutivo ha retenido la cantidad de $28'860,000.00 (veintiocho millones ochocientos sesenta mil pesos), de los cuales $23'800,000.00 (veintitrés millones ochocientos mil pesos), corresponden al fondo de gestión legislativa y $5'000,000.00 (cinco millones de pesos), al gasto de operación del Congreso del Estado de Sonora.
6) El veintidós de marzo del año dos mil trece, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora promovió controversia constitucional en la que combatió la retención de los recursos aprobados en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2013, y el incumplimiento del calendario de transferencias, la cual fue registrada y admitida a trámite en el expediente número 60/2013, y sobreseída con motivo del desistimiento presentado por el presidente de la Diputación Permanente del Congreso que ostentó la representación legal del Congreso, del uno de julio al quince de septiembre del año dos mil trece, y cuya filiación partidista es la misma a la del titular del Poder Ejecutivo.
7) Al terminar el periodo del presidente de la Diputación Permanente del Congreso, se interpuso nuevamente controversia constitucional, la cual fue desechada en virtud de que se requirió la ratificación de la demanda, y en octubre del año dos mil trece el Grupo Parlamentario del PAN retomó la mesa directiva, por lo que no se atendió el requerimiento.
8) Acudimos a la Suprema Corte pues continúa la acción contumaz del Ejecutivo de privar de los recursos que legalmente corresponden al Poder Legislativo para el ejercicio de las funciones de legislar y fiscalizar.
En relación con el acto impugnado precisado en el numeral 2), la parte actora narró como antecedentes los siguientes:
1) El catorce de diciembre de dos mil trece, el Congreso del Estado de Sonora aprobó el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el año 2014, en el que se le asignó la cantidad de $800'000,000.00 (ochocientos millones de pesos), y se publicó en el Boletín Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil trece.
2) La presidenta de la Diputación Permanente comunicó al titular del Poder Ejecutivo Estatal el calendario de gasto que corresponde al ejercicio fiscal del año 2014.
3) No son materia de la presente controversia constitucional los recursos del capítulo 1000 (servicios personales) o los del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, sino los restantes $705'600,000.00 (setecientos cinco millones seiscientos mil pesos), que fueron oportunamente calendarizados.
4) El cinco de febrero de dos mil catorce, se interpuso nuevamente controversia constitucional por la acción del Ejecutivo Estatal, de retener los recursos que corresponden al Poder Legislativo, la cual fue admitida a trámite en el número de expediente 11/2014, y en la cual la parte actora se desistió, manifestando que se celebraron diversos acuerdos con el poder demandado, que fue modificado el calendario de transferencia de recursos y que a la fecha no existe adeudo por parte del Ejecutivo Estatal.
5) Sin embargo, una vez más, el Ejecutivo ha retenido recursos del poder actor que ascienden al monto de $142'578,622.00 (ciento cuarenta y dos millones quinientos setenta y ocho mil seiscientos veintidós pesos), del gasto de operación del Congreso.
TERCERO.-Conceptos de invalidez. El Congreso del Estado de Sonora argumentó, en sus conceptos de invalidez, lo siguiente:
1) La retención de recursos impugnada vulnera los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 26 y 27 de la Constitución Política del Estado de Sonora, ya que el Poder Ejecutivo invade el ámbito de competencia del Poder Legislativo para aprobar su presupuesto de egresos, sin que exista fundamento legal para ello. Se cita la tesis de jurisprudencia, de rubro: "PODERES DE LA FEDERACIÓN. LAS ATRIBUCIONES DE UNO RESPECTO DE LOS OTROS SE ENCUENTRAN LIMITATIVAMENTE PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS LEYES QUE A ELLA SE AJUSTAN."
2) Conforme a los artículos 29, 31, 63, y 64, fracción XXII, de la Constitución Local, es facultad exclusiva del Poder Legislativo aprobar el ejercicio de los recursos en el presupuesto de egresos, por lo que la conducta del Ejecutivo es contraria a los artículos 41 y 116 de la Constitución General, y al principio complementario de autonomía de cada poder.
3) Corresponde al Poder Ejecutivo presentar la iniciativa del presupuesto de egresos y, una vez aprobado este por el Poder Legislativo, ejecutar las disposiciones que en él se contengan, atento a lo dispuesto por el artículo 79, fracciones I y VII, y 84 de la Constitución Local.
4) La asignación de recursos debe realizarse en apego al principio de división de poderes, pues la retención de los recursos por el Poder Ejecutivo afecta al Poder Legislativo, en la medida en que no pueden realizarse los programas previamente establecidos y que culminaron en la presupuestación de tales recursos, para lo cual se estableció una calendarización.
5) La indebida retención actualiza los supuestos de intromisión, dependencia y subordinación, pues interfiere en el proceso que sólo le compete al Congreso del Estado, que es la aplicación de los recursos previstos en el presupuesto de egresos.
6) Los artículos 79, fracción I, 80, fracción V, 84 y 85 de la Constitución Local obligan al Poder Ejecutivo a respetar las disposiciones del presupuesto de egresos y le prohíben interferir directa o indirectamente en la vulneración al Poder Legislativo. Es evidente que la indebida retención de recursos impide, indirectamente, el libre ejercicio de funciones del Congreso del Estado de Sonora.
7) El único facultado para reducir el presupuesto del Congreso es el Poder Legislativo, situación que no ha sucedido. Se citan las tesis de rubro: "DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS." y "PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES."
8) La retención de recursos rompe el principio de división de poderes, conforme a las tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AUTORIZA EL EXAMEN DE TODO TIPO DE VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." y "PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE COMPETENCIAS. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SU TRANSGRESIÓN."
9) La acción del Poder Ejecutivo contraviene el principio de conservación del sistema federal y el equilibrio entre poderes públicos, lo que resulta violatorio de los artículos 17, 40, 41, primer párrafo, 49, primer párrafo, y 116 de la Constitución General.
10) La retención de recursos por parte del Poder Ejecutivo Estatal vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14, 16, 41 y 116 de la Constitución General.
11) La acción del Ejecutivo provoca una disminución en el presupuesto de egresos de la Legislatura del Estado para el ejercicio fiscal de 2013 y 2014, contraviniendo el principio de conservación del sistema federal y el equilibrio entre poderes públicos.
12) La retención carece de sustento jurídico y es arbitraria porque no existe comunicación que la funde y motive, dejando en estado de indefensión al Congreso del Estado de Sonora, en atención a que no se agotó el procedimiento para la reducción del presupuesto, vulnerando la autonomía de la parte actora y atentando los principios de legalidad y seguridad jurídica. Se citan las tesis: "AUTORIDADES, FACULTADES DE LAS.-Dentro del régimen de facultades expresas que prevalece en nuestro país, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite." y "AUTORIDADES.-Es un principio general de derecho constitucional, universalmente admitido, que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite."
13) Conforme al artículo 38 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, el ejercicio del gasto público estatal se efectúa con base en los calendarios financieros anuales y de metas elaboradas por las dependencias y entidades. Dichos calendarios son autorizados en la administración pública directa por la secretaría, previo acuerdo del gobernador del Estado y en la administración pública paraestatal por los órganos de las entidades. Debido a que los calendarios fueron remitidos oportunamente, sin ser objetados, adquirieron firmeza y definitividad. Sin embargo, el Ejecutivo incumplió con las fechas calendarizadas para realizar las transferencias de recursos, violentando con ello los artículos 14, 16, 41 y 116 de la Constitución General. Por tanto, procede la entrega de los recursos retenidos más los respectivos intereses conforme a la tesis de rubro: "RECURSOS FEDERALES A LOS MUNICIPIOS. CONFORME AL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE SUS RECURSOS ECONÓMICOS, LA ENTREGA EXTEMPORÁNEA GENERA INTERESES."
CUARTO.-Artículos constitucionales que el actor aduce violados. En la demanda de controversia constitucional se señalaron como violados los artículos 14, 16, 17, 40, 41, 49 y 116 de la Constitución General.
QUINTO.-Desechamiento. En auto de siete de noviembre de dos mil catorce, el Ministro instructor desechó de plano la demanda por notoria y manifiesta improcedencia, lo que sustentó con los siguientes argumentos:
1) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en atención a que la retención de recursos, así como el incumplimiento a los calendarios de transferencias en modo alguno afecta el ejercicio de una atribución conferida al Poder Legislativo, en términos del artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2) En los conceptos de invalidez no se plantea un conflicto competencial, sino de mera legalidad asociado a un conflicto interno de los integrantes del propio órgano legislativo.
3) Es un hecho notorio que se han promovido tres controversias constitucionales por el Poder Legislativo del Estado de Sonora en contra de la retención de recursos asignados para los ejercicios fiscales 2013 y 2014, mismas que fueron sobreseídas por desistimiento del actor.
4) El presente conflicto no puede asimilarse a la retención de participaciones federales que corresponde a los Municipios por parte de las entidades federativas, pues la Constitución General tutela expresamente los principios de libre administración hacendaria e integridad de la hacienda pública municipal.
5) Resulta notoriamente extemporánea la impugnación relativa a la retención de recursos económicos del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2013, en virtud de que en la controversia constitucional 11/2014, el actor se ostentó sabedor de los mismos, por lo que ha transcurrido en exceso el término para su impugnación.
6) La impugnación de los descuentos del ejercicio fiscal de 2014 resulta extemporánea, teniendo como referencia la fecha en que se realizó cada uno de los pagos correspondientes.
SEXTO.-Inconforme con esta determinación, el Poder Legislativo del Estado de Sonora interpuso recurso de reclamación, el cual se admitió a trámite con el número de expediente 63/2014-CA, y fue resuelto fundado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en sesión de veintisiete de mayo de dos mil quince, por lo que modificó el acuerdo impugnado y admitió a trámite la demanda de controversia constitucional.(1)
La Primera Sala consideró fundados y suficientes los agravios de la parte recurrente, al apreciar lo siguiente:
1) No se advierte de manera notoria y manifiesta la inexistencia del principio de afectación en la esfera de competencias del poder actor o la ausencia de un planteamiento de conflicto competencial de índole constitucional, porque el Poder Legislativo aduce violación al principio de división de poderes, a la esfera competencial asignada constitucionalmente por los artículos 41 y 116 de la Constitución General, así como a su autonomía, pues la retención de recursos le impide operar adecuadamente y lo coloca en una posición de dependencia o subordinación al Poder Ejecutivo. Es decir, determinó que existe una duda legítima respecto a la violación a la esfera de atribuciones del Poder Legislativo de Sonora, en cuanto al daño a la función legislativa o el sometimiento del poder que la detenta por la carencia o indebida entrega de los recursos públicos legalmente asignados.
2) Por otra parte, se advirtió como hecho notorio, que la parte actora ya presentó controversias constitucionales en contra de ciertos actos impugnados en la controversia constitucional de la cual derivó el recurso de reclamación y de las cuales se desistió, aspecto que vuelve inviable el conocimiento y análisis de tales actos nuevamente, por lo que no puede admitirse la demanda respecto de la pretendida retención ilegal de recursos del año dos mil trece, y enero y primera quincena de febrero de dos mil catorce; aunado a que en el escrito de desistimiento de la última de ellas, la parte actora manifestó que hasta ese momento ya había sido pagado el adeudo por parte del Ejecutivo Estatal.
3) En relación con que resultan extemporáneos los actos reclamados que derivan de las previsiones presupuestales para el año dos mil catorce, en atención a la fecha en que se realizó cada pago, consideró que no se cuentan con suficientes medios de convicción para categorizar como actos positivos (transferencias parciales) o meramente omisivos, a fin de estar en aptitud de analizar la temporalidad de su impugnación. Asimismo, se tomó en consideración que el poder actor expresó en sentido negativo los actos reclamados. Por tanto, determinó que se analizará la oportunidad en el momento procesal oportuno, al no advertirse causa notoria y manifiesta de improcedencia en relación con este tema.
4) Se decidió modificar el acuerdo de fecha siete de noviembre de dos mil catorce, dictado por el Ministro instructor en la controversia constitucional 108/2014, mediante el cual se desechó en su totalidad la demanda de controversia constitucional, para el efecto de admitir la demanda únicamente por lo que hace a los aludidos actos reclamados originados por el citado Decreto Número 92, y el alegado incumplimiento del calendario de transferencia conforme a los oficios respectivos; en específico, los derivados de la segunda quincena del mes de febrero de dos mil catorce hasta la presentación de la demanda de controversia constitucional.
SÉPTIMO.-Admisión. Por acuerdo de tres de julio de dos mil quince, se agregó copia certificada de la resolución dictada en el recurso de reclamación 63/2014-CA; en consecuencia, se admitió a trámite la demanda de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, a quien se ordenó emplazar con copia simple de la demanda y sus anexos. Asimismo, se dio vista a la procuradora general de la República.
OCTAVO.-Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. El secretario de Hacienda, en representación del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora, contestó la demanda de controversia constitucional en los siguientes términos:
1) La parte demandada a la fecha de contestación de la demanda ha pagado al Congreso los recursos asignados en el Decreto Número 10, en el cual se publicó el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el año 2013. Si bien es cierto que en el ejercicio de 2013 quedó un adeudo al Congreso por la cantidad de $23'492,098.96 (veintitrés millones cuatrocientos noventa y dos mil noventa y ocho pesos 96/100), dicho adeudo de ejercicio fiscal anterior (ADEFA), ya fue cubierto.
2) El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, ha entregado los recursos asignados en el Decreto Número 92, que contiene el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014.
NOVENO.-Opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República no formuló opinión en el presente asunto.
DÉCIMO.-Cierre de la instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, y se puso el expediente en estado de resolución.
DÉCIMO PRIMERO.-Radicación. Previo dictamen del Ministro instructor, la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y los autos le fueron devueltos para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
DÉCIMO SEGUNDO.-Desechamiento del proyecto y returno. En sesión de veintinueve de junio de dos mil dieciséis de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de tres votos,(2) se acordó desechar el proyecto presentado por el Ministro Cossío Díaz, que proponía sobreseer por falta de interés legítimo y devolver los autos a la presidencia de la Sala para su returno a alguno de los Ministros de la mayoría.
Por auto de treinta de junio de dos mil dieciséis, se acordó returnar el presente asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, integrante de la mayoría, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(4) en relación con lo dispuesto en el punto segundo, fracción I, a contrario sensu, y punto tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece,(5) por tratarse de una controversia constitucional entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Sonora suscitada con motivo de la constitucionalidad de sus actos en la que no se combaten normas de carácter general.
SEGUNDO.-Legitimación de las partes. A continuación procede analizar la legitimación de las partes:
El Poder Legislativo del Estado de Sonora cuenta con legitimación para promover la presente controversia constitucional, con fundamento en el artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución General,(6) pues demanda del Poder Ejecutivo la omisión de pago y retención de los recursos que corresponden al Congreso del Estado de Sonora y el incumplimiento del calendario de pagos correspondientes al ejercicio fiscal de 2013 y 2014, por lo que se trata de una controversia constitucional suscitada entre dos poderes de una misma entidad sobre la constitucionalidad de sus actos.
Además, la demanda fue promovida por Luis Alejandro García Rosas, presidente del Congreso del Estado de Sonora, el cual es el representante legal de la parte actora, en términos del artículo 66, fracción I, de la Ley «Número 77» Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora,(7) carácter que acreditó con copia certificada del Decreto 116, de veintitrés de septiembre de dos mil catorce.(8)
Por otra parte, tiene legitimación pasiva el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, pues corresponde a la Secretaría de Hacienda -que depende del Poder Ejecutivo del Estado-(9) realizar el pago de los recursos contemplados en el presupuesto de egresos,(10) conforme a los calendarios financieros aprobados, cuyo incumplimiento reclama la parte actora.
El secretario de Hacienda acreditó la representación del poder demandado, mediante el acuerdo por el cual se otorgan al secretario de Hacienda del Estado de Sonora facultades para actuar como representante legal del Ejecutivo del Estado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional número 108/2014,(11) publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el veinte de agosto de dos mil quince, y por medio de nombramiento de uno de febrero de dos mil doce.(12)
TERCERO.-Causas de improcedencia. Las partes no hacen valer causas de improcedencia ni se advierte alguna de oficio, salvo por lo resuelto en el apartado de oportunidad.
CUARTO.-Fijación de los actos impugnados. En términos del artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,(13) se procede a la fijación de los actos objeto de la controversia y a la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados.
En la demanda de controversia constitucional el Poder Legislativo del Estado de Sonora impugnó:
A) La acción del titular del Poder Ejecutivo del Estado y del secretario de Hacienda de retener, indebidamente, una parte de los recursos que corresponden al Congreso del Estado de Sonora, con motivo de las previsiones aprobadas en el Decreto Número 20, del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora Número 53, sección II, el día treinta y uno de diciembre de dos mil doce. Asimismo, el incumplimiento del calendario de transferencia de recursos que corresponde realizar al secretario de Hacienda del Estado, conforme a los oficios remitidos por la presidenta de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora y la aceptación de dicho calendario por parte del funcionario señalado.
B) La acción del titular del Poder Ejecutivo del Estado y del secretario de Hacienda de retener indebidamente una parte de los recursos que corresponden al Congreso del Estado de Sonora con motivo de las previsiones aprobadas en el Decreto Número 92 del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora Número 50, sección III, el día diecinueve de diciembre de dos mil trece. Asimismo, el incumplimiento del calendario de transferencia de recursos que corresponde realizar al secretario de Hacienda del Estado, conforme a los oficios remitidos por la presidenta de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sonora y la aceptación de dicho calendario por parte del funcionario señalado.
A mayor abundamiento, del calendario 2014 transcrito a fojas 24 y 25, y repetido en las fojas 65 y 66 de la demanda de controversia constitucional, se desprende que la parte actora reclama las siguientes cantidades por quincena:(14)
Ver cantidades por quincena 1
Es importante precisar que la demanda de controversia constitucional fue admitida mediante acuerdo de tres de julio de dos mil quince, en cumplimiento a lo resuelto en el recurso de reclamación 63/2014-CA, únicamente respecto de los actos derivados de la segunda quincena del mes de febrero de dos mil catorce hasta la presentación de la demanda el tres de noviembre de dos mil catorce, fecha a la cual debió haberse pagado hasta la segunda quincena de octubre.(16) Dicha resolución constituye cosa juzgada, por lo que sólo se analizarán los actos impugnados a partir de la segunda quincena de febrero y hasta la fecha de la presentación de la demanda, el tres de noviembre de dos mil catorce.
QUINTO.-Oportunidad. Procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual, es determinante definir si los actos impugnados son actos positivos u omisiones, ya que, conforme a la tesis P./J. 43/2003,(17) tratándose de omisiones, la oportunidad se actualiza día con día. A continuación, se hace un breve relato de los precedentes en que esta Suprema Corte ha distinguido entre actos positivos y omisiones.
En la controversia constitucional 5/2004,(18) en la cual, el Municipio de Purépero, Estado de Michoacán, impugnó los descuentos de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, notificadas en oficios 1975/2003 y 2125/2003,(19) la Suprema Corte consideró que se trataba de actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
En la controversia constitucional 20/2005,(20) el Municipio de Acapulco de Juárez, demandó la invalidez del oficio SFA/0442/04, de veintisiete de enero de dos mil cinco, suscrito por el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, mediante el cual le negaron una solicitud de regularización de entrega de participaciones federales, así como la omisión de pago de los intereses que se generaron con motivo del retraso de la entrega de las mismas.(21) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
En la controversia constitucional 98/2011,(22) se analizó la oportunidad de una demanda, en la cual se impugnaron los descuentos del Fondo de Fomento Municipal que corresponden al Municipio de Santiago de Maravatío, Guanajuato, reflejados en los informes mensuales de entrega de participaciones. El cómputo se realizó a partir de las fechas en que se aplicaron dichos descuentos.(23) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
En la controversia constitucional 37/2012,(24) el Municipio de Santiago Amoltepec, Estado de Oaxaca, reclamó la falta de entrega de las participaciones y aportaciones federales que le corresponden. La sentencia considera que este acto fue impugnado como un acto de retención, pues adujo que al acudir a recibirlos le fueron negados. Dicho acto se impugna no como una omisión, sino más bien como un acto de retención, derivado de la negativa a entregar los recursos por conducto de determinadas personas.(25) En la sentencia se les consideró como actos positivos, por lo que el cómputo se hizo conforme al artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria.
En la controversia constitucional 67/2014,(26) el Municipio de San Jacinto Amilpas, Estado de Oaxaca, combatió la no entrega de los recursos financieros que legalmente le corresponde recibir al Municipio actor, por conduc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27347-f6c33d7c/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-tratarse-de-actos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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