I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE UN MUNICIPIO DEL ESTADO DE SONORA (ARTÍCULO 70, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PROCEDENCIA DE LA PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO CONTRA UNA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO AL QUE PERTENECE NO SE AFECTA POR EL HECHO DE QUE AQUÉL LA HUBIERE APROBADO (LEY NÚMERO 288 QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA NORMA IMPUGNADA EN UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (ARTÍCULOS 2, APARTADO A, FRACCIÓN V, PÁRRAFO OCTAVO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "EN CASO DE QUE CONCLUYAN LOS PLAZOS SEÑALADOS Y NO SE HUBIERE DESIGNADO AL COMISIONADO RESPECTIVO, ÉSTE CONTINUARÁ EN EL CARGO HASTA EN TANTO SE REALICE LA DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE"; 31, PÁRRAFO TERCERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "COALICIÓN O CANDIDATURA COMÚN", Y 166, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LAS QUE DEBERÁN RESOLVERSE CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA). IV. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CUANDO SE ADUCEN CONCEPTOS DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES FORMALES Y DE FONDO RESPECTO DE NORMAS GENERALES DE LOS ESTADOS O DE LOS MUNICIPIOS IMPUGNADAS POR LA FEDERACIÓN, DE MUNICIPIOS RECLAMADAS POR LOS ESTADOS O EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS C), H), Y K) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBE PRIVILEGIARSE EL ESTUDIO DE LOS PRIMEROS. V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PARA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA. FASES QUE LO COMPONEN (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL QUE DERIVÓ LA LEY NÚMERO 288 QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PARA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 163 DE DICHO ORDENAMIENTO, PARA QUE LAS REFORMAS Y ADICIONES QUE SE PROPONGAN SEAN PARTE DE ESA CONSTITUCIÓN, SE REQUIERE SU APROBACIÓN POR LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS DEL CONGRESO LOCAL (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL QUE DERIVÓ LA LEY NÚMERO 288 QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO). VII. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA. MARCO NORMATIVO DE SUS PERIODOS DE SESIONES (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL QUE DERIVÓ LA LEY NÚMERO 288 QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PARA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA. APROBACIÓN DE LA DISPENSA DE LA SEGUNDA LECTURA DEL DICTAMEN DE LA LEY NÚMERO 288 QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE AQUÉLLA POR VEINTIOCHO DE LOS TREINTA DIPUTADOS DEL CONGRESO DE DICHA ENTIDAD (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL QUE DERIVÓ LA LEY NÚMERO 288 QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO). IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO PARA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA. AUSENCIA DE VICIOS DEL QUE DERIVÓ LA LEY NÚMERO 288 QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE AQUÉLLA (PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL QUE DERIVÓ LA LEY NÚMERO 288 QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO). X. HACIENDA MUNICIPAL. PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 3 DE FEBRERO DE 1983, 23 DE DICIEMBRE DE 1999, 24 DE AGOSTO DE 2009 Y 29 DE ENERO DE 2016). XI. HACIENDA MUNICIPAL. LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ES UNA POTESTAD TRIBUTARIA COMPARTIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LOS ESTADOS (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 23 DE DICIEMBRE DE 1999). XII. HACIENDA MUNICIPAL. CONFORME A LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE LA FACULTAD PARA ABSTENERSE DE APROBAR LAS LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES (
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 175/2018. MUNICIPIO DE CABORCA, ESTADO DE SONORA. 15 DE FEBRERO DE 2021. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOSÉ JUAN TORRES TLAHUIZO.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al quince de febrero de dos mil veintiuno.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Municipio Caborca, Estado de Sonora, por conducto de María Concepción Palacios, en su carácter de síndica municipal, promovió controversia constitucional en contra de la norma general y los actos que a continuación se precisan:
"1. Ley Número 288 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, número 13 de fecha 13 de agosto de 2016.
"2. La omisión en que ha incurrido el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo Local de proporcionar al Municipio actor la información necesaria para tener conocimiento pleno y cierto del contenido de la reforma y poder participar en un proceso de deliberación y discusión de los temas reformados."
SEGUNDO.—Antecedentes de la controversia constitucional. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:
"1. El pasado 9 de agosto de 2018, a la oficina de la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento que represento llego (sic) una comunicación del Poder Legislativo del Estado de Sonora, con la cual nos informaron que el día 8 del mismo mes y año aprobaron una reforma a la Constitución Política del Estado de Sonora.
"2. El día 14 de agosto del mismo año 2018, nos enteramos por la prensa que ya se había publicado en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado de Sonora, la Ley Número 288 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política Local.
"3. Por considerar que se violó el debido proceso de reforma a la Constitución en su etapa de debida deliberación, además de otorgar facultades excesivas al titular del Poder Ejecutivo que permite la intromisión en asuntos municipales que vengo (sic) a presentar este medio de defensa constitucional."
TERCERO.—Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, el Municipio actor hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:
"Primer concepto de invalidez.
"La ley 288 que hoy se impugna es violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de la (sic) Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los diputados no justifican el haber omitido la segunda lectura del dictamen, pues en la sesión extraordinaria del día 8 de agosto la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, sólo dieron una sola lectura al dictamen, solicitando la dispensa de la segunda lectura por considerar el dictamen de obvia resolución de acuerdo a los artículos 125, 127 y 128 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.
"‘Artículo 126. Los dictámenes de las comisiones ya sean de ley, de decreto o de acuerdo se sujetarán a dos lecturas: la primera se les dará al darse cuenta de ellos al Pleno del Congreso del Estado y, la segunda, en la sesión siguiente. Después de la segunda lectura, la presidencia señalará la fecha para debates.’
"‘Artículo 127. En los casos de urgencia notoria, o de obvia resolución, o cuando esté próximo a terminar un periodo de sesiones, el pleno del Congreso del Estado podrá dispensar el trámite de segunda lectura a que se refiere el artículo anterior.’
"‘Artículo 128. El trámite de segunda lectura sólo podrá dispensarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión. Al dispensarse este trámite, la discusión se realizará en la misma sesión en que se dispensó el trámite de referencia.’
"Como puede observarse el proceso legislativo determina que los dictámenes de las comisiones incluidas las de ley se sujetarán a dos lecturas y en el procedimiento de aprobación del dictamen que contiene la ley 288, solamente se realizó una lectura, sin que se haya realizado la segunda lectura del dictamen en la siguiente sesión, pues hasta el día de presentación de esta demanda no se ha convocado al Pleno del Congreso para dar la segunda lectura del dictamen.
"Al finalizar la lectura del dictamen, el diputado solicitó a nombre de la comisión dictaminadora que el asunto se considere como de obvia resolución con fundamento en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, lo cual fue aprobado en votación económica aparentemente por la mayoría de los diputados.
"Con lo anterior no debe considerarse como cumplido el proceso legislativo, pues aun cuando la comisión dictaminadora solicitó la dispensa de la segunda lectura del dictamen que contiene la ley que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política Local, no señaló cuáles fueron los motivos o circunstancias que hacen que el dictamen sea de obvia resolución, es segunda lectura de una Ley Fundamental, pues no basta que se obtenga el número de votos de los diputados presentes que requiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
"Sirve para orientar el criterio la siguiente jurisprudencia:
"‘DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. PARA SU PROCEDENCIA DEBEN MOTIVARSE LAS RAZONES QUE LLEVAN A CALIFICAR UN ASUNTO COMO URGENTE. El artículo 48 de la Constitución Política del Estado de Colima prevé la dispensa de trámites legislativos en caso de notoria urgencia, la cual debe calificarse por las votaciones que para cada caso establece el capítulo XIV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad. Sin embargo, no basta la aprobación de la moción de dispensa por la votación requerida para que ésta proceda, pues acorde con el principio democrático que debe informar la labor legislativa, es necesario que se expongan las razones que llevan a calificar un asunto como urgente, las cuales no pueden considerarse como sustento del actuar de los legisladores si no contienen argumentos objetivos encaminados a reforzar la dispensa de trámites, debiendo existir, cuando menos, las siguientes condiciones: a) la existencia de determinados hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto; b) la relación medio-fin, esto es, que tales hechos necesariamente generen la urgencia en la aprobación de la iniciativa de ley o decreto de que se trate, pues de no hacerse así, ello traería consecuencias negativas para la sociedad; y, c) que tal condición de urgencia evidencie la necesidad de que se omitan ciertos trámites parlamentarios, sin que en ningún caso ello se traduzca en afectación a principios o valores democráticos.
"‘Acción de inconstitucionalidad 107/2008 y sus acumuladas 108/2008 y 109/2008. Diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Colima, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional. 20 de noviembre de 2008. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: José María Soberanes Diez.’
"Como puede observarse el legislador local en ningún momento hace referencia de cuáles fueron los motivos, razones o circunstancias que lo llevaron a considerar el asunto puesto a su consideración como de obvia resolución, ya que el dictamen sólo contiene las consideraciones para justificar el contenido de las normas del dictamen pero, no expresó la motivación propia para justificar la dispensa de segunda lectura y fuera considerado el dictamen como de obvia resolución.
"‘PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CONDICIONES PARA QUE PUEDA ACTUALIZARSE LA URGENCIA EN LA APROBACIÓN DE LEYES Y DECRETOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). El artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Baja California prevé que en los casos de urgencia notoria, calificada por mayoría de votos de los diputados presentes, el Congreso puede dispensar los trámites reglamentarios para la aprobación de las leyes y decretos, de lo que se colige que tal disposición es de naturaleza extraordinaria, por lo que no debe utilizarse de forma que permita a las mayorías parlamentarias aprobar una norma general sin la debida intervención de las minorías, pretextando o apoyándose en esa supuesta urgencia pues, eventualmente, dicha circunstancia puede provocar la anulación del debate de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Estatal que todo procedimiento legislativo debe respetar en condiciones de libertad e igualdad. Por lo que deben existir, cuando menos, las siguientes condiciones para considerar que, en un determinado caso, se actualiza dicha urgencia: 1. La existencia de determinados hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto. 2. La relación medio-fin, esto es, que tales hechos necesariamente generen la urgencia en la aprobación de la iniciativa de ley o decreto de que se trate, pues, de no hacerse de esta forma, ello traería consecuencias negativas para la sociedad y, 3. Que la condición de urgencia evidencie la necesidad de que se omitan ciertos trámites parlamentarios, sin que esto se traduzca en afectación a principios o valores democráticos.
"‘Acción de inconstitucionalidad 52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/2006. Diputados de la Décima Octava Legislatura del Estado de Baja California y Partidos Políticos Revolucionario Institucional y del Trabajo. 4 de enero de 2007. Mayoría de ocho votos. Disidentes: José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.’
"Así pues, se trastoca uno de los valores democráticos pues la Legislatura Local aprueba una reforma constitucional que trastoca la división de competencias y los valores democráticos considerando como que no tiene dificultad o es muy claro en su propuesta, pues ésa es la acepción que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española le proporciona a la palabra obvio, via.
"‘Obvio, via
"‘Del lat ovvius
"‘adj. Que se encuentra o pone delante de los ojos.
"‘adj. Muy claro o que no tiene dificultad.’
"Finalmente, no existe certeza que se haya cumplido con la votación de las dos terceras partes de los votos de los diputados presentes, pues la diputada presidenta en ningún momento señala cuántos diputados votaron a favor de la dispensa ni cuántos estaban presentes en la sesión para verificar de manera fehaciente el requisito de las dos terceras partes del voto de los diputados, como lo establecen los artículos 128 y 154 de la ley orgánica ya citada.
"‘Artículo 154. Para calificar los casos en que los asuntos deban considerarse como de urgente u obvia resolución, se requerirá por lo menos, de las dos terceras partes de los votos de los diputados que se hallen presentes en la sesión.’
"En conclusión un dictamen de ley que contiene reformas a las bases constitucionales de un Estado no debe considerarse como de obvia resolución, sin que se establezcan, en el propio dictamen o en la discusión plenaria, de manera clara e indubitable los motivos, razones o circunstancias que llevaron a la comisión a considerar como de obvia resolución su dictamen, ya que la omisión de la segunda lectura es una causa extraordinaria que debe quedar debidamente justificada por el legislador, máxime que se está obviando trámites legislativos en una reforma constitucional, además de que el trámite es una obligación dispuesta en la misma Constitución que se pretende reformar, la cual mandata en el artículo 55 lo siguiente:
"‘Artículo 55. Las iniciativas presentadas por el Ejecutivo o por el Supremo Tribunal pasarán desde luego a comisión. Todas las demás deberán sujetarse a los trámites que establezca la legislación secundaria, trámites que sólo podrán ser dispensados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.’
"Así pues el hecho de que no se haya dado una segunda lectura al dictamen y que se haya dispensado aduciendo ser dictamen de obvia resolución sin expresar la motivación particular que motivara tal medida, no permitió el debate de todas las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, pues como puede advertirse no acudieron todos los legisladores a la sesión del día 8 de agosto de 2018, violentándose con ello uno de los valores democráticos, como lo es el debate público y participación de la sociedad a través de sus representantes.
"‘DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. SU FALTA DE MOTIVACIÓN NO SE CONVALIDA POR LA VOTACIÓN DE LA MAYORÍA O UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA. La circunstancia de que una propuesta de dispensa de trámites legislativos se apruebe por mayoría o unanimidad de votos, no es suficiente para convalidar su falta de motivación, máxime cuando incide negativamente en los principios democráticos que deben sustentar el actuar del Poder Legislativo. Además, las votaciones ocurridas durante el desarrollo del procedimiento no pueden servir como sustento para desestimar los conceptos de invalidez en los que se aduce la violación a los principios democráticos en un proceso legislativo.
"‘Acción de inconstitucionalidad 107/2008 y sus acumuladas 108/2008 y 109/2008. Diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Colima, Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional. 20 de noviembre de 2008. Mayoría de ocho votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: José María Soberanes Díez.’
"Segundo concepto de invalidez. Violación al principio de libertad de hacienda.
"Este Máximo Tribunal en jurisprudencia firme, ha sustentado el criterio de que el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor y, en todo caso de las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación de los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados. Ese derecho de los Municipios de recibir, entre otros recursos, participaciones federales, y establecer contribuciones municipales para lo cual el propio precepto constitucional impone una condición a las Legislaturas de los Estados para legislar al respecto y una obligación a los Ejecutivos Estatales tienen el deber de dar a conocer a cada Municipio la forma en que se establece tal distribución, a través de un informe detallado que contenga datos contables, demográficos y de ingresos, con una explicación suficiente que transparente el manejo de las referidas cantidades.
"Sin embargo, con la reforma a la Constitución Local, se deja en la incertidumbre al Municipio actor, pues se le proporciona al Poder Legislativo del Estado de Sonora, la facultad de no aprobar la propuesta de ley de ingresos y presupuesto de ingresos del Ayuntamiento que represento.
"Lo anterior es así, ya que ahora el Ayuntamiento no sabemos si recibiremos las participaciones y aportaciones federales en el caso de que el Congreso del Estado de Sonora decida no aprobar la ley de ingresos de nuestro Municipio, creciendo la incertidumbre, pues tampoco precisó qué sucederá en el eventual caso de no aprobar el presupuesto municipal, pues no existe una figura como la reconducción municipal que permita la continuidad y operatividad del Municipio. La facultad de no aprobar las leyes de ingresos y presupuestos de ingresos de los Ayuntamientos se estableció en la fracción XXIV del artículo 64 de la Constitución Local.
"Así, en la parte que interesa el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
"‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
"‘... IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las Legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
"‘a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.
"‘b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.
"‘c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
"‘Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas.’
"Este numeral consagra los principios de libre administración hacendaría y de integridad de los recursos económicos municipales, los cuales se han visto vulnerados al otorgarse al Congreso Local la potestad de negar la aprobación de las leyes de ingresos y presupuestos de ingresos de los Ayuntamientos y no establecer un mecanismo de previsión para el caso de que no sea aprobado un presupuesto de un Municipio limitando así su autonomía financiera.
"Al efecto es de destacar que la Constitución en el numeral citado, reconoce la autonomía del Municipio y lo configura como un tercer nivel de gobierno con un régimen competencial propio y exclusivo. Así el Constituyente Permanente reconoció, además, que los Municipios no podrían tener cabal libertad política y administrativa mientras no contasen con autonomía financiera, razón por la cual el artículo 115 constitucional consagró en su favor los principios de hacienda municipal, libre administración hacendaría e integridad de los recursos económicos municipales. Si bien es cierto que la Constitución no atribuye a los Municipios potestad legislativa en materia impositiva como vía para proveerlos de los recursos necesarios para hacer frente a sus responsabilidades y competencias, lo cierto es que, la fracción IV del artículo mencionado prevé el concepto de hacienda municipal y hace una enumeración no exhaustiva de los recursos que habrán de integrarla; también establece garantías para que la Federación y los Estados no limiten, el flujo de recursos que habrán de integrarla, y subraya que los recursos municipales se ejercerán de forma directa por los Ayuntamientos.
"De esta manera, la Constitución Federal garantiza expresamente a los Municipios que gozarán de los recursos económicos necesarios para cumplir con sus responsabilidades constitucionales, lo cual implica que debe existir una recepción puntual y efectiva de dichos recursos, sin que puedan ser negados o no aprobados por las Legislaturas Locales, toda vez que los mismos representan la base material y económica para cumplir con sus obligaciones constitucionales, es decir garantizar el desarrollo municipal y el bienestar general de sus habitantes.
"Con la reforma que hoy se señala de inconstitucional las autoridades demandadas, violentan el principio de libertad hacendaria ya que no existe ni puede existir norma alguna de orden federal o local que faculte a los Poderes del Estado de Sonora para no aprobar su ley de ingresos pues es una medida arbitraria, y atentan contra una de las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, como lo es el sistema federal regulado en los artículos 40, 41, 49, 115, 116, 122 y 124 de la Constitución Federal.
"Tercer concepto de invalidez. El artículo 79, fracciones VII, párrafo segundo, IX y XII, es violatorio de los artículos 14, 16, 115 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"El artículo 14 constitucional dispone que nadie puede ser privado de la vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho.
"Así, la facultad que se otorgó la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y el Congreso del Estado de Sonora para ‘Autorizar, por sí o por conducto del secretario de Hacienda, la transferencia, reasignación de recursos y otorgar ampliaciones respecto de los montos originales asignados a los programas que integren el presupuesto de egresos’ sin duda vulnera el derecho del Municipio actor, de proponer al Congreso del Estado, su ley de ingresos y presupuesto de ingresos, así como las cantidades que pretende obtener de las contribuciones federales, estatales y municipales, si con la facultad otorgada limita su libertad e integridad hacendaria, pues no debe perderse de vista que en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, se establecen las cantidades que le serán aportadas a los Municipios por conceptos de aportaciones y participaciones federales; sin embargo, al otorgarse la gobernadora Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, la facultad discrecional de autorizar transferencias, reasignaciones de recursos y otorgar ampliaciones respecto de los montos originales asignados a los programas que integran el presupuesto de egresos.
"La facultad anterior, es contraria al artículo 133 de la Constitución Federal, pues el único facultado para decidir la manera en la que se va a disponer de los recursos que reciba el Estado es el Poder Legislativo y en el caso, del Estado de Sonora, se hace nugatoria dicha potestad constitucional, pues si bien el Congreso del Estado aprueba el presupuesto de egresos para el Gobierno del Estado para el ejercicio 2019, es sólo por formalidad, ya que la gobernadora a discreción y de manera arbitraria, puede realizar reasignaciones y transferencias de recursos de los conceptos establecidos en el presupuesto de egresos y como la facultad no realiza distinción, incluye también, las aportaciones y participaciones federales a los Municipios.
"Lo anterior lo estimo así, puesto que de la interpretación sistemática de los artículos conducentes de la Constitución Federal, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la normatividad legal aplicable en el Estado de Sonora, se puede afirmar que los recursos provenientes de los ramos 28 y 33 del decreto de presupuesto de egresos de la Federación no son propiedad del Estado de Sonora, sino de la hacienda municipal; los cuales están tutelados por los principios constitucionales de libre administración e integridad, y no pueden ser retenidos, disminuidos, eliminados, realizar transferencias, reasignaciones por la gobernadora del Estado de Sonora.
"Efectivamente, esa excepcionalidad 13 se encuentra prevista en el artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual dispone que las participaciones federales son inembargables, y que no pueden estar afectas a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por entidades y Municipios, con autorización de las Legislaturas Locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a favor de la Federación, de instituciones de crédito que operen en territorio nacional, o de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.
"En el caso, tanto para el caso de participaciones, como de aportaciones federales, la Ley de Coordinación Fiscal dispone que las mismas se entenderán (sic) mensualmente a través de los Estados de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines establecidos en el artículo 33 de la misma ley. El artículo 46 del mismo cuerpo legal establece que las aportaciones y sus accesorios no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán gravarlas, de modo que el actuar de los demandados vulnera los principios constitucionales de libre administración de la hacienda municipal e integridad de los recursos municipales, establecidos en el artículo 115 constitucional."
CUARTO.—Preceptos constitucionales que se estiman violados. El Municipio actor señala que han sido violados en su perjuicio los artículos 14, 16, 115 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO.—Registro y turno. Por acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la controversia constitucional 175/2018 y designó a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos para instruir el procedimiento correspondiente.(1)
SEXTO.—Admisión de la demanda y delimitación de partes demandadas. En proveído de veinticinco de septiembre siguiente, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, teniendo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como a los demás Municipios que forman parte del Estado de Sonora, por lo que ordenó su emplazamiento.(2)
SÉPTIMO.—Emplazamiento y contestación de la demanda de los Municipios del Estado de Sonora. En términos de lo ordenado en el acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, fueron emplazados los setenta y dos Municipios del Estado de Sonora, los cuales dieron contestación a la demanda en las fechas que se precisan en el siguiente cuadro:
Ver cuadro
OCTAVO.—Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. El Poder Ejecutivo del Estado de Sonora presentó, por conducto del subsecretario de lo Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa, su contestación a la demanda mediante escrito recibido el treinta de noviembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.(3)
NOVENO.—Contestación de la demanda del Congreso del Estado de Sonora. Mediante escrito recibido el dos de noviembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso del Estado de Sonora presentó, por conducto de la presidenta de su mesa directiva, la contestación a la demanda de la presente controversia constitucional.(4)
DÉCIMO.—Returno del asunto. Dado el término del periodo constitucional en el ejercicio del cargo de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, la Ministra Yasmín Esquivel Mossa asumió la ponencia que correspondía a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, por lo que mediante acuerdo dictado el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve por el Ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, el expediente de la presente controversia le fue turnado a la citada Ministra como instructora del procedimiento.(5)
DÉCIMO PRIMERO.—Cierre de instrucción. Agotado el trámite respectivo, el veinte de febrero de dos mil veinte se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del propio ordenamiento se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(6)
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(8) y punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(9) porque en el caso la parte actora es un Municipio que impugna la Ley Número 288 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Sonora, aprobadas por el Congreso y la mayoría de los Municipios de dicha entidad federativa.
SEGUNDO.—Oportunidad. En la presente controversia constitucional el Municipio actor impugna la Ley Número 288 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Sonora, por lo que al tratarse de una norma general se debe determinar la oportunidad del plazo para su impugnación en términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la lectura integral de la demanda se advierte que la norma general citada se impugna con motivo de su publicación, por lo que es a partir del día siguiente en que se realizó ésta en que debe realizarse el cómputo respectivo.
En este sentido, se observa que la Ley Número 288 fue publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el lunes trece de agosto de dos mil dieciocho, por lo que el plazo para la presentación de la demanda inició el martes catorce de agosto de dos mil dieciocho y concluyó el martes veinticinco de septiembre de esa misma anualidad.
Considerando que la demanda de la presente controve
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30379-7c5c2675/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-sindico-municipal-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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