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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA EN NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO [ARTÍCULOS 61, FRACCIÓN II, INCISO M) Y 70, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SE ENCUENTRA LEGITIMADA PARA CONTESTAR LA DEMANDA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 23 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL ESTADO TIENE LEGITIMACIÓN PARA REPRESENTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL (ARTÍCULO 23 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 66, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE SONORA. LAS VIOLACIONES PROCESALES DE ÉSTE DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS. VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE SONORA. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO DEBEN VERIFICARSE EN CADA CASO PARA LA DETERMINACIÓN DE SU INVALIDEZ. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE SONORA. ESTÁNDARES QUE DEBEN EVALUARSE TOMANDO EN CUENTA LAS PARTICULARIDADES DEL CASO, PARA DISCERNIR SI LA EXISTENCIA DE CIERTAS IRREGULARIDADES PROCEDIMENTALES IMPACTAN O NO EN LA CALIDAD DEMOCRÁTICA DE LA DECISIÓN FINAL. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE SONORA. LA DISPENSA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE SIN HABERSE MOTIVADO SUFICIENTEMENTE SU URGENCIA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL POR CULMINAR EN LA IMPOSICIÓN DE UNA MAYORÍA PARA REDUCIR LAS POSIBILIDADES REALES Y EFECTIVAS DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MINORÍAS LEGISLATIVAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE SONORA, REFORMADO MEDIANTE LA LEY NÚMERO 2, PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA. LA DISPENSA DEL TRÁMITE LEGISLATIVO RESPECTO DE LA INICIATIVA DE LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN LOCAL IMPUGNADA, ES INCONSTITUCIONAL, YA QUE EL LEGISLADOR NO OFRECIÓ UNA MOTIVACIÓN SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA, LO QUE GENERÓ UN IMPACTO EN LA POSIBILIDAD REAL DE LAS MINORÍAS DE HACERSE ESCUCHAR DENTRO DE ESE PROCEDIMIENTO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, REFORMADO MEDIANTE LA LEY NÚMERO 2, PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). XII. DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE SONORA. PARA SU PROCEDENCIA DEBEN MOTIVARSE LAS RAZONES QUE LLEVAN A CALIFICAR UN ASUNTO COMO URGENTE. XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE SONORA. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER LAS DISPENSAS DE TRÁMITES LEGISLATIVOS (ARTÍCULOS 53 Y 55 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE SONORA, Y 124 Y 154 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA). XIV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE SONORA. SE DEBEN ANALIZAR LAS CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS DE LAS MINORÍAS PARLAMENTARIAS EN CADA CASO PARA DETERMINAR LA PERMISIBILIDAD DE LA DISPENSA DE UN TRÁMITE LEGISLATIVO Y NO SÓLO EXIGIR EL CUMPLIMIENTO FORMAL DE SUS REQUISITOS. XV. DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE SONORA. SU FALTA DE MOTIVACIÓN NO SE CONVALIDA POR LA VOTACIÓN MAYORITARIA O UNÁNIME DE LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA. XVI. DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE SONORA. CONDICIONES PARA QUE PUEDA ACTUALIZARSE LA URGENCIA EN LA APROBACIÓN DE LEYES Y DECRETOS. XVII. DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE SONORA. SU PETICIÓN NO PUEDE REALIZARSE SIN MOTIVACIÓN ALGUNA. XVIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE SONORA. LA INTRODUCCIÓN DE MODIFICACIONES A LA INICIATIVA EN EL MOMENTO DE PRESENTARSE EN EL PLENO, VULNERA LA REGLA QUE EXIGE SU PUBLICACIÓN PREVIA, YA QUE LOS INTEGRANTES DEL CONGRESO NO TENDRÁN EL CONOCIMIENTO DE LAS QUE SE SOMETERÁN A VOTACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE SONORA). XIX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE SUS EFECTOS ÚNICAMENTE ENTRE LAS PARTES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 201/2021. · Registro digital (IUS): 33202
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2025-05-09
Promovente: MUNICIPIO DE BACOACHI, ESTADO DE SONORA.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Mayo de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.189.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 201/2021. MUNICIPIO DE BACOACHI, ESTADO DE SONORA. 27 DE NOVIEMBRE DE 2023. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIOS: DAVID GARCÍA SARUBBI Y JUAN LUIS HERNÁNDEZ MACÍAS.

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 201/2021, promovida por el Municipio de Bacoachi, Estado de Sonora en contra del artículo 64, fracción XIII, de la Constitución local, que establece que el Congreso local tiene facultad “[para suprimir aquellos Municipios que carezcan de elementos bastantes para proveer a su existencia política, siempre que la supresión sea aprobada por las dos terceras partes de los miembros del Congreso. Decretada la extinción se designará la jurisdicción dentro de la cual quedarán comprendidos los Municipios desaparecidos. Para que la supresión tenga efecto se oirá al Ayuntamiento o Ayuntamientos interesados y al Ejecutivo del Estado,” introducida mediante el decreto que contiene la Ley número 2, publicada el jueves cuatro de noviembre de dos mil veintiuno en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.

De colmarse los presupuestos procesales correspondientes, la pregunta constitucional que este Pleno tendrá que responder es si el precepto impugnado fue el resultado de un procedimiento legislativo que presenta violaciones procedimentales con el potencial invalidante suficiente para lograr su inconstitucionalidad

I. ANTECEDENTES

1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rosendo López Dávalos y, Marcela Moroyoqui Valenzuela, Presidente y Síndica, respectivamente, del Municipio de Bacoachi, del Estado de Sonora, en representación de éste, promovieron controversia constitucional en la que demandaron la invalidez de la Ley número 2, publicada el jueves cuatro de noviembre del dos mil veintiuno, en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, en específico la modificación realizada al artículo 64, fracción XIII, de la Constitución local.

2. En su escrito de demanda señalaron como autoridades demandadas al Gobernador, al Secretario de Gobierno, Director General de Boletín Oficial y Archivo, así como al Congreso, todos del Estado de Sonora; y como normas impugnadas las contenidas en la referida ley en el párrafo anterior.

3. Preceptos constitucionales violados y tercero interesado. El promovente señaló que la norma cuya invalidez se demanda resulta violatoria de los artículos 1, 2, inciso A, fracciones I, II, IV, V, VI, VII, y VIII, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 20, 27, 35, fracciones III, IV, VII, y VIII, inciso c, 103,105, fracción I, 107, 115, 133 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; 25, 25-A, 25-C, 29, 64, fracciones I a XIII y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Sonora; y 11 BIS, 85, 86, 89 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.

4. Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, el municipio actor formula los siguientes argumentos:

a) La parte actora se duele de que la reforma se llevó a cabo violentando el proceso legislativo y las formalidades de una reforma normativa.

(1) Violación a una debida fundamentación y motivación. La reforma se llevó a cabo violando lo establecido en el artículo 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, al no contar con una referencia expositiva con claridad de los hechos, ni la fundamentación de legalidad y derecho donde se apoyaron para modificar la fracción XIII del artículo 64 de la Constitución Local.

(2) La iniciativa de reformas no se sometió al trámite ordinario, al no haber sido remitida para su estudio ni dictaminación en comisiones correspondientes; y se obvió la primera y segunda lectura, siendo esto desconocido por la gran mayoría de las y los diputados integrantes del Poder Legislativo del Estado de Sonora en la misma sesión donde se aprobó.

(3) Se violó el artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, el cual dispone que los dictámenes deben entregarse con la anticipación suficiente en Comisiones para permitir a sus integrantes un análisis a profundidad, así como que cuando se trate de dictámenes que versen sobre reformas constitucionales, éstas deberán entregarse con diez días hábiles de anticipación a la fecha en que la Comisión lleve a cabo su reunión para la dictaminación, lo cual no aconteció en el presente caso.

(4) La reforma se llevó a cabo sin tomar en consideración la opinión de los municipios. Manifiesta que los ayuntamientos tuvieron que ser tomados en cuenta para la elaboración del decreto, pues de lo contrario se están violentando los principios de seguridad jurídica, transparencia, máxima publicidad y competencia.

(5) La reforma se llevó a cabo violando el principio de parlamento abierto, el cual se encuentra regulados en los artículos 11 bis, 85, 86, 89 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, pues no hubo foros de discusión sobre el tema y no se abrió el espacio para la participación y deliberación de la ciudadanía. Asimismo, manifiesta que se violentó el principio de máxima publicidad, pues la reforma se llevó a cabo de manera escondida, lejana a la opinión pública, de donde se puede derivar incluso un actuar con dolo e intención de que nadie contara con la información suficiente sobre los efectos de la reforma. Dicha violación se agrava si se toma en consideración la naturaleza de la reforma. A decir del municipio actor “el acto de desaparición de un municipio no puede equipararse exactamente a un acto que se verifica exclusivamente en los ámbitos internos del ente legislativo, pues, aunque no se trata de un acto dirigido a los particulares, es evidente que tiene una trascendencia institucional y jurídica superior a un mero acto de relación intergubernamental”.

b) La ley impugnada vulnera el federalismo, el principio de autonomía municipal y la participación ciudadana.

(1) La modificación al artículo 64 de la citada Ley agravia a los municipios porque se deja únicamente en manos de los legisladores decidir respecto a la desaparición de los municipios.

Antes de la reforma, se establecía la necesidad de promover un referéndum vinculante de los municipios para que el Congreso local pudiese suprimir aquellos municipios que carezcan de elementos bastantes para proveer su existencia política. Esto es, la mayoría de los ciudadanos del municipio que se buscaba extinguir debía estar de acuerdo con dicha decisión. Por lo que el Poder Legislativo Local debía acatar la decisión de la población. Con la reforma, se quita el carácter de vinculante, lo que conlleva negar a los ciudadanos de los pequeños municipios la posibilidad de ser consultados en temas que impactan directamente en la vida social, económica, política y de desarrollo de las distintas regiones de Sonora.

Asimismo, con la reforma se quita la facultad de veto con la contaba el Poder Ejecutivo Estatal en lo referente a la supresión de un municipio.

(2) La reforma al artículo 64, fracción XIII, de la Constitución local desaparece la aplicación de instrumentos de participación ciudadana e inhibe la participación del pueblo en los asuntos políticos.

Al respecto, la parte actora enfatiza la vinculación entre el ámbito local y la participación ciudadana y manifiesta que “es en el ámbito local donde el ejercicio de la ciudadanía tiene mayores posibilidades de ser efectiva”. Por ello, se ha planteado la necesidad de encontrar respuestas institucionales para garantizar y promover los intereses de la ciudadanía y de los diversos grupos sociales- por ejemplo, el ser tomado en consideración para la desaparición de un municipio-. Dicha iniciativa ha sido coartada por el Congreso Local al buscar desaparecer municipios sin una consulta a la ciudadanía que resulte vinculante.

En síntesis, el municipio señala “La transformación que requerimos debe tener la visión de empoderamiento de los ciudadanos sonorenses y el fortalecimiento de los municipios como ente de gobierno más cercano a la gente, haciéndolos partícipes de las acciones o conductas en beneficio de Sonora y sus municipios. Sin embargo, con la modificación al artículo 64 constitucional local, se priva a la sociedad del derecho de participar en las políticas municipales y en la libre determinación de los pueblos.”

(3) También se violenta el derecho de gobernarse y dar legalidad a las instituciones, consagrado en el artículo 39 constitucional. Ello es así en virtud de que todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, por lo que el pueblo tiene el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de su gobierno.

(4) El Congreso se extralimita en las facultades que le son conferidas en el artículo 29 de la Constitución local y pierde de vista la división de poderes, al disponer expresamente como fundamento de la reforma que “es imperativo eliminar de la Constitución local las disposiciones que merman el libre actuar del Poder Legislativo mediante la imposición de mecanismos elevados a rango constitucional en detrimento de la Asamblea”.

(5) La reforma no respeta los acuerdos que se tienen ante el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) que tiene como objetivo el fortalecimiento institucional de los municipios.

c) El municipio actor se duele de que la desaparición del municipio violenta los artículos 14, 17 y 115 constitucionales.

(1) Violación al principio de irretroactividad. El municipio actor manifiesta que, al haber sido decretado como municipio por la legislación anterior, sus condiciones de existencia no pueden ser revocados como tal por la nueva normativa o de lo contrario se estaría violentando el artículo 14 de la Constitución Federal.

(2) La desaparición del municipio es violatoria del artículo 115 constitucional, al introducirse un requisito inexistente en la norma constitucional referido al número mínimo de habitantes para la conformación de un municipio, sino que únicamente requiere que existan los medios políticos y una determinación territorial, requisitos que cumplen los 72 municipios que actualmente conforman el Estado de Sonora. Por ello, alega que los municipios de baja densidad poblacional no debe ser objeto de afectación legal.

(3) Violación a los derechos de audiencia y legalidad. El municipio actor manifiesta que se trata de desaparecerlo sin ser parte de un proceso judicial promovido en su contra, ni juicio natural.

No se le notificó de ningún proceso para dictar los acuerdos que hoy se impugnan. Por tanto, no hay lugar para que el municipio tenga una defensa oportuna.

(4) Bajo la misma línea argumentativa, se viola el principio de publicidad “que implica el leal conocimiento de los interesados conozcamos de todo lo relativo a los actos de gobierno, de la tramitación de cualquier procedimiento en contra de cualquier activo, desde su inicio hasta sus etapas conclusivas y de aplicación. Mismo que en la especie no aconteció y de donde derivan los agravios.”

5. Trámite del asunto. Por acuerdo de tres de diciembre de dos mil veintiuno, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el presente asunto con el expediente número 201/2021 y designó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor de procedimiento.

6. Prevención. El Ministro Instructor, en proveído de seis de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo por presentada la demanda respectiva y reconoció la personalidad de la Síndica del Municipio actor, no así al Presidente Municipal; en segundo, lugar previno al Municipio actor para que precisará las normas y actos impugnados.

7. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Sonora. Por escrito presentado el diez de enero de dos mil veintidós, el Poder Legislativo del Estado de Sonora atendió la prevención y manifestó la inexistencia de algún procedimiento de desaparición o de supresión del municipio de Bacoachi, Estado de Sonora, ni de ningún otro municipio.

8. Contestación de la prevención. Por escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veintidós, la Síndica del Municipio actor atendió la prevención y señaló que su pretensión se limitaba a impugnar la modificación al artículo 64, fracción XIII, de la Constitución del Estado de Sonora, así como su procedimiento legislativo.

9. Admisión de la demanda. Por acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintidós, el Ministro instructor tuvo por admitida la demanda, únicamente por lo que hace a la impugnación del artículo 64, fracción XIII, de la Constitución del Estado de Sonora (incluyendo su procedimiento legislativo).

10. En el acuerdo se tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al Secretario General de Gobierno, todos del Estado de Sonora; asimismo, se ordenó su emplazamiento; finalmente, se requirió al Poder Legislativo del Estado de Sonora para que al rendir el informe solicitado, enviara copia certificada de los documentos que integran el proceso legislativo del Decreto impugnado y al Poder Ejecutivo de la propia entidad para que exhiba un ejemplar del Boletín Oficial del Estado, en el que se haya publicado el decreto cuya invalidez se reclama.

11. Por otra parte, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaren lo que a su representación y a su esfera competencial corresponda.

12. Poder Legislativo del Estado de Sonora. Por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintidós, Natalia Rivera Grijalva, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora presentó escrito de contestación a la demanda, en la cual manifestó lo siguiente:

A) Indebida representación del municipio en el juicio. En primer lugar, establece que la Presidenta y Síndica municipal del Municipio de Bacoachi no acreditaron el carácter con el que se ostentaron, toda vez que no adjuntaron la constancia del acta de instalación del Ayuntamiento donde se les tomó protesta.

Por otro lado, conforme al artículo 61, fracción II, inciso M, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, la facultad de interponer controversias constitucionales le corresponde al Ayuntamiento, por lo que debió acreditarse que la promoción del presente asunto se aprobó por el órgano colegiado y no sólo por sus representantes.

B) Falta de requisitos de la demanda y ausencia de conceptos de validez. En la demanda se contienen conceptos de invalidez que no pueden ser objeto de estudio por este Alto Tribunal, ni pueden ser suplidos en su deficiencia, toda vez que ni siquiera se advierte cuál es la causa de pedir. Por tanto, debe sobreseerse en el presente juicio.

C) Legalidad del proceso parlamentario. Contra lo alegado en la demanda, dentro del procedimiento legislativo sí se indicaron los motivos de las dispensas de la primera y segunda lectura del dictamen, las cuales se ajustan a lo previsto en los artículos 126, 127 y 128 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.

Así, afirma que el referido artículo 126 establece que los dictámenes podrán ser objeto de dispensa de primera lectura cuando se cumplan los siguientes dos requisitos: (1) que se hayan publicado en la Gaceta Parlamentaria, cuando menos, dos días naturales previos la sesión de que se trate, lo cual se cumplió pues la reforma fue publicada en la Gaceta el siete de septiembre de dos mil veintiuno; (2) y haber sido aprobado por las dos terceras partes de los integrantes de la lectura, requisito que también fue cumplido.

Por otra parte, los señalados artículos 127 y 128 disponen que los dictámenes podrán ser objeto de dispensa de segunda lectura: (1) en los casos de urgencia notoria, o de obvia resolución, o cuando esté próximo a terminar el periodo de sesiones; (2) y haber sido aprobado por el voto de las dos terceras partes de los diputados y diputadas presentes en la sesión. En el caso se actualizaron los dos supuestos antes mencionados, pues en el desarrollo de la sesión se señaló que el mismo era de urgente y obvia resolución, a través de una solicitud debidamente fundada y motivada, misma que fue aprobada por las dos terceras partes que conforman la legislatura y la reforma fue aprobada por 29 de los 33 diputados y diputadas presentes en la sesión.

D) Sobreseimiento por inexistencia del acto impugnado. Toda vez que no existe procedimiento alguno de desaparición o supresión del citado municipio ni de ningún otro, el presente asunto debe desestimarse.

Asimismo, niega que se violen los principios de seguridad jurídica, audiencia, legalidad y principio de legalidad, al no haber sido considerado el Municipio actor en el proceso de reforma constitucional. A decir del Congreso, la reforma se sometió a aprobación del Ayuntamiento promovente, ya que para efectuarse la reforma es necesario que la mayoría de los ayuntamientos del Estado la hayan aprobado.

13. Contestación de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora. Por escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós, el Secretario de Gobierno, a través de su representante, presentó escrito de contestación a la demanda, en la cual manifestó lo siguiente:

A) Quienes se ostentan como Presidente y Síndico Municipal de Bacoachi, Sonora carecen de facultades para interponer el presente recurso en representación del municipio actor.

B) El municipio actor se limita a argumentar una supuesta afectación a cláusulas sustantivas, diversas a las competenciales; y/o de estricta legalidad, y aduce un acto inexistente como lo es la desaparición del municipio.

C) No existe invasión a la esfera competencial del municipio. Contrario a lo señala el municipio demandante, la Ley número 2 que se impugna no se contrapone con lo establecido en los artículos 14 y 115 de la Constitución Federal, ya que, a pesar de haber sido modificado, su contenido se ajusta a los principios de seguridad jurídica, transparencia y máxima publicidad. Además, que en la Constitución local se preserva el derecho de audiencia al preverse que previo a la supresión de algún municipio, se oirá al Ayuntamiento y al Ejecutivo Estatal.

D) La demanda no cumple con los requisitos que debe contener un escrito de demanda, al no formularse conceptos de invalidez que justifiquen una causa de pedir.

E) Resulta inoperante el agravio que alega incumplimiento del proceso legislativo, toda vez que se cumplió con todos los pasos prescritos en los artículos 55 de la Constitución local y 126, 127, 128 y 154 de la ley secundaria.

Es inexacto que no se hayan desarrollado motivos que justificaran las dispensas de la primera y segunda lectura del dictamen, ya que el dictamen correspondiente se publicó en la Gaceta Parlamentaria dos días naturales previos a la sesión en la que se aprobó, además de tratarse de una dispensa aprobada por las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura.

Además, en el desarrollo de la sesión se señaló que el asunto era de urgente y obvia resolución, debidamente fundada y motivada dicha solicitud, misma que fue aprobada por las dos terceras partes que conforman la citada legislatura, y la reforma fue aprobada por 29 de los 33 de las y los diputados presentes en la sesión.

F) Es falso que se pretende desaparecer el Municipio de Bacoachi, Estado de Sonora.

G) Es infundado que se vulneren los principios de seguridad jurídica, audiencia, legalidad y principio de publicidad, pues el Municipio actor sí fue escuchado en el proceso de reforma, de conformidad con el artículo 163 de la Constitución Local. 14. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Por escrito presentado el cinco de abril de dos mil veintidós, el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora a través de su Consejero Jurídico, presentó escrito de contestación a la demanda, en la cual manifestó lo siguiente:

A) El municipio actor carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional en tanto no demuestra un principio de afectación competencial, pues dicho interés únicamente se actualizaría en caso de que la norma se aplique en su perjuicio.

B) El Presidente y Síndico municipales carecen de facultades para promover la controversia en representación del municipio de Bacoachi, pues no existe certeza de que se haya llevado a cabo el acta de instalación del ayuntamiento, misma que es necesaria para acreditar que los integrantes de éste hayan tomado protesta legal.

C) La demanda no cumple con los requisitos legales previstos en el artículo 22 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no señala conceptos de invalidez en contra de los preceptos impugnados.

D) Contrario a lo que sostiene el municipio actor, la reforma sí estuvo debidamente fundada y motivada, pues el Congreso local tiene facultad para participar en el proceso de reformas constitucionales y dicha reforma se dio en torno a una relación social que requiere ser regulada.

E) El procedimiento legislativo que dio origen a la reforma no fue irregular, pues se cumplieron con los requisitos necesarios para la aprobación del decreto impugnado. Además, la dispensa de los trámites legislativos fue legalmente aprobada por las mayorías necesarias.

F) No existe ningún acto tendiente a desaparecer el municipio de Bacoachi, por lo que debe sobreseerse la controversia.

15. Cierre de instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo, el treinta de junio de dos mil veintidós se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y se puso el expediente en estado de resolución. En dicha audiencia, el Ministro instructor tuvo a las partes ofreciendo las pruebas respectivas, por lo que acto continúo declaró cerrada la instrucción y ordenó remitir el asunto para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

II. COMPETENCIA

16. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se combate la constitucionalidad de una norma general emitida por los Poderes demandados, al considerar que se invade la competencia del Municipio actor.

III. PRECISIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA

17. De la lectura integral de la demanda y de lo manifestado por la parte actora en desahogo de la prevención realizada por el Ministro Instructor sobre la precisión de la materia de la impugnación, este Tribunal Pleno advierte que la norma impugnada es el artículo 64, fracción XIII, de la Constitución Política del Estado de Sonora contenido en la Ley Número 2, publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, cuya existencia debe tenerse por cierta con motivo de su mera publicación.

IV. OPORTUNIDAD

18. El decreto legislativo que contiene la norma impugnada fue publicado el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno en el Boletín oficial del Estado de Sonora. Por tanto, el plazo de treinta días para promover la controversia transcurrió del cinco de noviembre de dos mil veintiuno –al ser el primer día hábil siguiente al de su publicación- al cinco de enero de dos mil veintidós, debiéndose descontar los días seis, siete, trece, catorce, quince, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de noviembre; y cuatro, cinco, once, doce, y del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, así como el uno y dos de enero de dos mil veintidós de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley Reglamentaria de la materia,(1) y 74 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el numeral 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(2) y los Acuerdos Generales Plenarios 4/2020(3) al 14/2020.(4)

19. En consecuencia, al constatarse que la demanda de la presente controversia constitucional se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se estima que la demanda se presentó de manera oportuna.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

20. De conformidad con el artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la materia,(5) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

21. En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Marcela Moroyoqui Valenzuela, Síndica del Ayuntamiento de Bacoachi, carácter que justificó con la copia certificada de la Constancia de Mayoría y validez de la elección del ayuntamiento expedida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora.

22. Por su parte, del contenido de los artículos 61, fracción II, inciso M) y 70, fracción II, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, se desprende que el Síndico del Ayuntamiento es quien tiene la representación legal del Ayuntamiento en los litigios en que éste fuera parte.

23. Por tanto, al acudir a través de su representante, debe reconocerse legitimación activa al Municipio de Bacoachi, Estado de Sonora, en términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal.

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

24. El Ejecutivo del Estado de Sonora comparece a través de Adolfo Salazar Razo, quien se ostenta como Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, cargo que acredita con copia certificada de su nombramiento.

25. De conformidad con el artículo 23 Bis, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, se advierte que corresponde al Consejero Jurídico representar al Ejecutivo Estatal en las controversias constitucionales, poder demandado que cuenta con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, ya que a éste se le imputa la promulgación y publicación del artículo impugnado.(6)

26. Por su parte, la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora comparece a través de Ramón Alejandro Acosta Cortez, quien se ostenta como Director General de Asuntos Jurídicos, cargo que acredita con copia certificada de su nombramiento.

27. De conformidad con el artículo 23, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, corresponde al Director General de Asuntos Jurídicos dar contestación a las demandas que se formulen en contra de la Secretaría así como representarla en los procedimientos correspondientes. Asimismo, la Secretaría en cuestión cuenta con legitimación pasiva para comparecer a la presente controversia, en tanto se le reclama su participación en la emisión de la norma impugnada.(7)

28. El Legislativo del Estado de Sonora comparece a través de Natalia Rivera Grijalva, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora, cargo que acredita con copia certificada de su nombramiento.

29. De conformidad con el artículo 66, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se advierte que corresponde a la Presidenta de la Cámara de Diputados fungir como representante legal del Congreso del Estado.

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

30. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sonora alegaron coincidentemente como causal de improcedencia la falta de legitimación de la Síndica del Municipio actor, señalando que no basta con que cuente con facultades de representación legal de ese orden de gobierno, por ser necesario que acredite ulteriores requisitos, a saber, que haya tomado protesta del cargo, así como acompañar la constancia de la determinación colegiada del Ayuntamiento para la interposición del presente juicio, causal que debe desestimarse, al ser criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que dichos requisitos adicionales son innecesarios cuando la ley local asigne a la figura del síndico la representación legal del municipio, bastando con acreditar su designación en el cargo.(8)

31. Por otra parte, ambos poderes demandados alegan que debe sobreseerse en el presente juicio, al considerar que en la demanda de la parte actora no se desarrolla ningún concepto de invalidez en contra de la norma impugnada, causal que igualmente debe desestimarse, pues de la lectura del referido escrito se observa que el Municipio actor alega con claridad que la norma impugnada es irregular por derivar de un procedimiento legislativo defectuoso, además de señalar que el contenido normativo del precepto impugnado es contrario a diversos principios constitucionales, siendo tales planteamientos suficientes para tener por satisfecho el requisito de la causa de pedir en una controversia constitucional.(9)

32. Por su parte, el Poder Ejecutivo estatal, por conducto su Consejero Jurídico señala que el Municipio de Bacoachi carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional, en tanto no demuestra un principio de afectación en su esfera competencial. Dicha causal también debe desestimarse. Contrario a lo que sostiene el poder demandado, el Municipio actor sí tiene interés legítimo para cuestionar la constitucionalidad del artículo 64, fracción XIII, de la Constitución local, pues éste prevé el procedimiento para la desaparición de municipios en la entidad. Por lo tanto, si la prese

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33202-0fa89e76/i-controversia-constitucional-legitimacion-de-la-persona-titular · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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