I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO, AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTOS DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN, O AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DE MAYORÍA DEL MUNICIPIO DE MÚZQUIZ DE COAHUILA DE ZARAGOZA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 35, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y APODERADA ESPECIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA CUENTA CON FACULTADES PARA REPRESENTAR AL EJECUTIVO LOCAL Y AL SECRETARIO DE GOBIERNO DE DICHA ENTIDAD (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VII, 25, FRACCIÓN VIII, 59, FRACCIÓN II Y 61, FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA, QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS. VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL. VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. CUANDO SE TRATE DE UNA INICIATIVA DE LEY O DECRETO EN MATERIA MUNICIPAL, EL PRESIDENTE DEL CONGRESO LOCAL INMEDIATAMENTE LA ENVIARÁ AL AYUNTAMIENTO O AYUNTAMIENTOS RESPECTIVOS PARA OÍR SU OPINIÓN, QUE DEBERÁN EMITIR Y ENTREGAR AL CONGRESO DEL ESTADO DENTRO DE LOS SIETE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, VENCIDO EL PLAZO, CON O SIN LA OPINIÓN, SE CONTINUARÁ CON EL TRÁMITE LEGISLATIVO (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN DE COAHUILA DE ZARAGOZA). IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, SE ENTENDERÁ POR LEY O DECRETO EN MATERIA MUNICIPAL, AQUELLA NORMA SECUNDARIA REFERIDA EN LOS INCISOS A) AL E) DE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 67 DE DICHA CONSTITUCIÓN. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, LOS MUNICIPIOS TIENEN DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE CUALQUIER INICIATIVA DE LEY O DECRETO MUNICIPAL, DENTRO DE LAS QUE SE INCLUYEN LAS QUE TENGAN POR OBJETO ESTABLECER BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. EL CONGRESO LOCAL TENÍA LA OBLIGACIÓN DE OTORGAR EL DERECHO DE AUDIENCIA A LOS MUNICIPIOS PARA MANIFESTAR LO QUE A SU DERECHO CONVINIERA EN EL PROCESO DE EMISIÓN DEL DECRETO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, YA QUE EN ÉL SE ESTABLECIERON LAS BASES Y REGLAS DE LA ORGANIZACIÓN, ATRIBUCIONES, ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO, REÚSO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES [INVALIDEZ DEL DECRETO 245, POR EL QUE SE REFORMAN LOS INCISOS A), B), C) Y D) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AGUAS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA]. XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. DE LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO QUE CULMINÓ CON EL DECRETO IMPUGNADO, NO SE ADVIERTE QUE EL CONGRESO LOCAL HAYA OTORGADO PARTICIPACIÓN A LOS ENTES MUNICIPALES, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 60, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN ESTATAL [INVALIDEZ DEL DECRETO 245, POR EL QUE SE REFORMAN LOS INCISOS A), B), C) Y D) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AGUAS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA] XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. LA ATRIBUCIÓN PARA PRESENTAR UNA INICIATIVA DE DECRETO QUE MODIFICA LA LEY DE AGUAS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA PARA LA CREACIÓN DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE AGUAS Y SANEAMIENTO (SIMAS) CORRESPONDE A LOS MUNICIPIOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE AGUAS PARA LOS MUNI
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 152/2022. MUNICIPIO DE MÚZQUIZ, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 1 DE FEBRERO DE 2024. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.
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Acto impugnado:
La aprobación, promulgación y publicación de: 1) el Decreto 245, por el que se reforman los incisos a), b), c) y d) de la fracción II del artículo 24 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 2) el Decreto 246, que reforma el primer párrafo del numeral 3 de la fracción I del Artículo Quinto, y se adiciona un quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo incisos al numeral 3 del primer párrafo de la fracción I del Artículo Quinto, del diverso Decreto 299, por el cual se crea el organismo público descentralizado intermunicipal denominado “Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso, Coahuila”, publicado el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y tres en el Periódico Oficial local. Ambos Decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado el viernes veinticuatro de junio de dos mil veintidós.
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Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al uno de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 152/2022, promovida por el Municipio de Múzquiz, Estado de Coahuila de Zaragoza, contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos de dicha entidad federativa.
El problema jurídico que se plantea es el siguiente: ¿existe violación al proceso legislativo que dio lugar a los Decretos impugnados por no haberse dado la intervención debida al Municipio actor de conformidad con el artículo 60, párrafo tercero, de la Constitución local?
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado a través del buzón judicial el cinco de agosto de dos mil veintidós y recibido el mismo día en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) Mario Alberto Ávalos Cárdenas, en su carácter de Síndico de Mayoría del Municipio de Múzquiz, Estado de Coahuila de Zaragoza, promovió controversia constitucional contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa, demandando la invalidez de lo siguiente:
“IV. Actos cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó.
1. La aprobación, por el H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, la promulgación y publicación por el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 24 de junio de 2022, del DECRETO NÚMERO 245 dado en el Palacio Legislativo de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza el 21 de junio de 2022, que entró en vigor el siguiente día de su publicación en el citado órgano de difusión, esto es, el 25 de junio de 2022, por virtud del cual se reforman los incisos a), b), c) y d) de la fracción II del artículo 24 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.
2. La aprobación, por el H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, la promulgación y publicación por el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 24 de junio de 2022, del DECRETO NÚMERO 246 dado en el Palacio Legislativo de la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza el 21 de junio de 2022, que entró en vigor el siguiente día de su publicación en el citado órgano de difusión, esto es, el 25 de junio de 2022, por virtud del cual se reforma el primer párrafo del numeral 3 de la fracción I del Artículo Quinto, y se adiciona un quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo incisos al numeral 3 de la fracción I del Artículo Quinto, del diverso Decreto 299 del Congreso del Estado por el cual se crea el Organismo Público Descentralizado Intermunicipal denominado ‘Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso, Coahuila’, publicado el 31 de agosto de 1993 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.”
2. Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, el Municipio actor expuso lo siguiente:
• PRIMERO. El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza al aprobar los Decretos 245 y 246, amplió el número de Consejeros que integran el Consejo Directivo del “Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso, Coahuila”, permitiendo la intervención de representantes del Gobierno local, lo que implica una transgresión a la competencia constitucional del Municipio en materia de prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales conforme al artículo 115 constitucional.
Con ello se concede de forma inconstitucional facultades al Poder Ejecutivo del Estado para intervenir en el manejo, gobierno, control y administración del organismo operador intermunicipal, mediante la designación de integrantes en el Consejo Directivo; por ello, son inconstitucionales los artículos únicos de los Decretos de reformas, así como sus Transitorios Únicos.
Así, se conceden al Ejecutivo local facultades en todo lo relativo al patrimonio, funciones y atribuciones del citado organismo intermunicipal, privando al Municipio de Múzquiz, Estado de Coahuila, de la facultad de decidir independientemente sobre la prestación del servicio público mencionado, así como su función reglamentaria en la materia, lo que vulnera su autonomía, su esfera de competencia y el principio de división de poderes.
Al respecto, es imprescindible apuntar que la reforma de 23 de diciembre de 1999 al artículo 115 de la Constitución Federal tuvo como punto de referencia la renovación y el fortalecimiento del Municipio, dotándolo de libertad, autonomía y responsabilidades públicas, mediante el reconocimiento y protección de un ámbito de competencia municipal exclusivo, no concurrente con el Estado, entre ellos, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como la facultad reglamentaria en la materia.
De lo establecido en dicho precepto constitucional se desprende que la autonomía administrativa, financiera y política de los Municipios, así como sus facultades exclusivas en la prestación de los servicios públicos a su cargo, lo cual deriva de la exposición de motivos que se formuló el 8 de diciembre de 1982 ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión al presentarse la iniciativa de reforma al artículo 115 constitucional.
De ello se obtiene que conforme al artículo 115, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Federal, los Ayuntamientos están facultados para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones.
Por su parte, la fracción III de ese precepto establece que los Municipios tendrán a su cargo el servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, lo que constituye una facultad que es exclusiva y que le corresponde regular, sin perjuicio de observar lo que dispongan las leyes federales y estatales.
En ese orden, siendo competencia exclusiva del Municipio prestar el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, por sí o a través del ente creado para ello, corresponde al propio ente municipal establecer en norma de carácter general la administración y forma específica de la prestación de ese servicio; esto implica normar la integración, operación y funcionamiento del Consejo Directivo del organismo descentralizado encargado de prestarlo; además de la operación del sistema y mantenimiento de tuberías, pozos, bombas, desazolve de drenaje, entre otros.
Lo anterior si se considera que quien conoce directamente la problemática derivada de la operación del servicio es conocida únicamente por el Municipio, al que compete su regulación y no al Estado que únicamente debe establecer bases generales en relación con las facultades y atribuciones municipales.
De tal forma, atento a lo asentado, puede concluirse que la autonomía de los Municipios se traduce en una independencia jurídica, política, financiera y de gestión a través de la descentralización y la correcta distribución de competencia en materia fiscal y administrativa, sin intervención del Estado, ni dependencia jurídica hacia él.
En el caso, el Congreso demandado desconoce el contenido y alcance de la modificación que sufrió la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Federal en el año de 1999, ya que su intención fue fortalecer la autonomía municipal, ampliar los márgenes de la competencia exclusiva de los Municipios en materia de prestación de servicios públicos y la facultad reglamentaria en esa materia, puesto que en sentido contrario al espíritu de esta reforma, expidió los Decretos impugnados cuyos efectos y consecuencias están dirigidos a restringir este marco competencial establecido con total precisión en la Norma Suprema.
En efecto, los Decretos combatidos vulneran la competencia del Municipio actor y los derechos institucionales que a su favor consagra la Constitución, pues permiten un intervencionismo injustificado por parte del Gobierno local en su ámbito de competencia exclusiva.
Lo anterior, pues el Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado Intermunicipal denominado “Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso, Coahuila”, a partir de la aplicación de los Decretos impugnados quedaría integrado, entre otros, por 6 diferentes representantes del Gobierno del Estado, quienes podrán intervenir directamente en la dirección y administración del organismo operador de agua y saneamiento intermunicipal, pues siendo el Consejo Directivo el máximo órgano de gobierno de este ente, las decisiones sobre la forma y términos en que habrá de prestarse el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales quedaría supeditado al interés de los representantes de Gobierno del Estado dado el voto con el que cuentan en cada asunto que se someta en el seno del Consejo Directivo.
La intervención del Gobierno del Estado de Coahuila en el Consejo Directivo del organismo público descentralizado intermunicipal denominado “Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso, Coahuila”, es injustificada en virtud de que en la exposición de motivos no razona la pertinencia de las cuestionadas reformas, ya que se alude muy superficialmente al crecimiento poblacional como sustento del incremento de Consejeros, pero no explica de qué manera el incremento de estos Consejos incide directamente en una mejor administración y dirección del citado organismo y cómo esta intervención repercute en la mejora de la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
Tampoco se justifica sobre la base del crecimiento poblacional la participación de los representantes del Gobierno local en un ente público de naturaleza intermunicipal, mucho menos existe racionalidad en el número de representantes del Poder Ejecutivo en el Consejo Directivo del organismo operador intermunicipal, pues no existe estudio o análisis técnico o jurídico que respalde el incremento en el número de Consejeros, así como el número de representantes que le correspondería al Gobierno del Estado, el cual en el caso concreto del organismo público descentralizado intermunicipal que nos ocupa, superaría en su número a los representantes de cada Municipio y al pasar de 15 a 18 Consejeros dentro de los cuales 6 ya vienen determinados para el Gobierno del Estado, decrecería el número de representantes de la sociedad civil, de suerte que el Gobierno local tendría el mismo número de votos en el Consejo Directivo que los propios Municipios juntos.
Lo anterior revela la sobrerrepresentación del Poder Ejecutivo del Estado que pretende detentar en este órgano de administración y dirección y, con ello, su velado interés por controlarlo; de ahí que se insista en que las reformas impugnadas encubren una intervención injustificada que torna inoperante la facultad exclusiva de los Municipios de prestar el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales conforme lo mandata el artículo 115 constitucional.
Para motivar la configuración legal en materia municipal, el legislador local debe exponer las razones por las que estima necesaria la producción jurídica en los precisos términos que se llevó a cabo, todavía más tratándose de una materia que se encuentra reservada por completo a los Municipios por el artículo 115 constitucional, como lo es el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, la cual, en el caso, resulta seriamente menguada con la intervención directa del Gobierno del Estado en el órgano de dirección y administración del organismo público descentralizado intermunicipal dispuesto o encargo por los Municipios para ese fin.
Las legislaturas locales deben expedir las leyes en materia municipal que entre otras cuestiones establezcan las bases generales de la administración pública municipal y las disposiciones aplicables en los municipios que no cuenten con los bandos y reglamentos municipales. Con relación a ello, ese Alto Tribunal ha determinado en la jurisprudencia P.J. 129/2005 de rubro: “LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETIVO Y ALCANCES DE LAS BASES GENERALES DE LAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.”, que la reforma sufrida por la norma constitucional aludida a las “bases normativas” en lugar de las “leyes en materia municipal”, tuvo como “propósito del Órgano Reformador ampliar el ámbito competencial de los Municipios y delimitar el objeto de las leyes estatales en materia municipal, a fin de potenciar la capacidad reglamentaria de los Ayuntamientos.”.
De dicha tesis se advierte que las bases generales de la administración pública municipal sustancialmente comprenden las normas que regulan, entre otros aspectos, las funciones esenciales de los órganos municipales previstos en la Ley Fundamental, como las que corresponden al Ayuntamiento, en la medida en que no interfieran en las cuestiones específicas de cada Municipio, así como las indispensables para su funcionamiento regular, del Ayuntamiento como su órgano de gobierno y de su administración pública; las relativas al procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los cinco incisos de la fracción II del artículo 115 constitucional, incluidos en la reforma, entre las que se pueden mencionar, la regulación de los aspectos generales de las funciones y servicios públicos municipales que requieren uniformidad, para efectos de la posible conveniencia y orden entre los Municipios de un mismo Estado.
Finalmente, dicha tesis señala que los Municipios tendrán que respetar el contenido de esas bases generales al dictar sus reglamentos, pues lo establecido en ellas les resulta plenamente obligatorio por prever un marco que da uniformidad a los Municipios en aspectos fundamentales, el cual debe entenderse como el caudal normativo indispensable que asegure el funcionamiento del ente municipal, sin que esa facultad legislativa del Estado le otorgue intervención en cuestiones específicas de cada Municipio, toda vez que ello le está constitucionalmente reservado a éste último.
Con base en lo anterior, el Municipio tiene un ámbito de competencia exclusivo para regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos que le competen. Al ejercer esta atribución, el municipio debe acatar las bases establecidas en las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas estatales, siendo aplicable la jurisprudencia número P./J. 133/2005, donde el Tribunal Pleno precisó que al contemplar en la disposición constitucional la facultad reglamentaria de los Ayuntamientos acatando las bases que se establezcan en las leyes en materia municipal, el Órgano Reformador de la Constitución, buscó establecer un equilibrio competencial en el que prevaleciera la regla de que un nivel de autoridad no tiene facultades mayores o más importantes que el otro, sino un esquema en el que cada uno tenga las atribuciones que constitucionalmente le corresponden.
De tal forma que, los Decretos impugnados al normar la composición final del Consejo Directivo del “Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso, Coahuila”, invaden la facultad reglamentaria del Ayuntamiento, ya que a éste le corresponde dictar las normas específicas en cuanto a los entes que deben estar representados en el citado órgano de gobierno dentro de su jurisdicción, sin contradecir las bases generales dispuestas por el mismo artículo 24 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Para arribar a estas conclusiones, no obsta que la naturaleza del “Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso, Coahuila” sea un organismo público descentralizado intermunicipal, toda vez que, aunque dicho órgano goce de autonomía técnica, financiera y de gestión, no deja de formar parte de la administración pública municipal y, por tanto, dependiente de los Municipios que lo componen.
Al respecto, debe considerarse que, de acuerdo con el artículo 115 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la administración municipal presenta tres formas distintas de existencia: 1) La administración centralizada conformada por las dependencias municipales; 2) La administración descentralizada bajo la figura de organismos; y 3) La administración paramunicipal bajo la figura de entidades.
La descentralización administrativa aparece cuando la competencia se ha atribuido a un nuevo ente que presta ciertos servicios o produce determinados bienes para alcanzar fines que el propio Estado determina, separado de la administración central, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y constituido por órganos propios que expresan voluntad del ente.
En el caso concreto, el “Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso, Coahuila” fue creado por Decreto 299, expedido por el Congreso local el 9 de agosto de 1993 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de agosto de 1993.
De acuerdo con los numerales Primero y Segundo del referido Decreto 299, se desprende que dicho Sistema es un organismo público descentralizado de la administración pública intermunicipal de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso, con personalidad jurídica y patrimonio propios y que, entre su objeto, se encuentra construir, rehabilitar, ampliar, administrar, operar, conservar y mantener el sistema de drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de los Municipios de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso.
En relación con esta cuestión, esa Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 16/2003, ha establecido que la circunstancia de que un organismo descentralizado cuente con personalidad jurídica propia no significa que su actuación sea libre y éste exenta de control, toda vez que su funcionamiento, y especialmente las facultades de autoridad que por desdoblamiento estatal estos desempeñan, están garantizadas y controladas a favor de los gobernados y de la administración pública a la que pertenece, dado que la toma de decisiones de esa clase de entidades se identifica con las finalidades de la administración central y del Poder Ejecutivo, al establecer en ley que su control se ejerce por el propio Ejecutivo, en este caso por conducto del Presidente Municipal, y que sus órganos directivos deben integrarse con personas ligadas a la administración municipal central, con la finalidad de lograr una orientación en el rumbo del organismo. Ese Alto Tribunal estableció que, aun cuando los organismos descentralizados son autónomos, continúan subordinados a la administración centralizada de manera indirecta, existiendo reemplazo de la “relación de jerarquía” por un “control administrativo” y, por ende, atento al texto de la ley es evidente que la única diferencia entre los organismos descentralizados y la administración central es la existencia de una relación diversa de la de jerarquía entre ellos. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 97/2004 de rubro: “ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. AUN CUANDO SON AUTÓNOMOS, ESTÁN SUBORDINADOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE MANERA INDIRECTA.”
De tal manera que, el hecho de que el Municipio actor no preste directamente el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, sino que por virtud de una decisión soberana de su propio cabildo o Ayuntamiento estimó oportuno que dicho servicio fuera prestado a través de un Organismo Público Descentralizado Intermunicipal, de ninguna forma implica que el funcionamiento, operación, conducción, manejo, dirección y administración del citado descentralizado intermunicipal le sea ajeno o no afecte la esfera de competencia municipal, pues dicho organismo continua de manera indirecta subordinado a la administración centralizada de cada Municipio que lo conforma, en tanto que es parte de la administración pública municipal; todavía más, su creación no significó que el Municipio fuera desposeído de la atribución de prestar el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición de aguas residuales conforme lo mandata el artículo 115 constitucional.
• SEGUNDO. El Congreso al aprobar los Decretos impugnados cometió violaciones formales al procedimiento, dado que sin fundamento ni racionalidad alguna amplió el número de Consejeros que integran el Consejo Directivo, permitiendo la intervención en ese órgano de gobierno de representantes del Gobierno del Estado de Coahuila, en concreto:
a) Deficiencia de los Dictámenes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia. La Gaceta Parlamentaria de la LXII Legislatura de fecha 21 de junio de 2022, contiene el orden del día y los documentos a tratarse en la Décima Séptima Sesión Ordinaria celebrada en esa misma fecha, destacando los puntos de los proyectos de Decreto de la reforma a la Ley de Aguas y al Decreto del Sistema Intermunicipal.
En el órgano de difusión del Congreso se contiene, entre otros documentos, los supuestos Dictámenes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia a votarse en la sesión del Congreso relacionados con los Decretos 245 y 246. Del Diario de los Debates de la sesión celebrada en la precitada fecha se desprende que la sesión del Congreso tuvo lugar y que se aprobaron ambos Decretos; sin embargo, de ambos documentos se desprende que los Dictámenes no reúnen los requisitos a que se refieren los artículos 142 y 143 del Reglamento del Congreso, pues no se evidencia que las sesiones que dicen tuvo la Comisión de Gobernación realmente hayan tenido verificativo, pues los Dictámenes no contienen las firmas de los integrantes, no se asienta el sentido del voto de los diputados que hayan asistido a la sesión de la Comisión, es decir, qué diputados votaron a favor y quiénes en contra, de tal manera que al no contenerse las firmas de los asistentes y carecer del sentido del voto, hace presumir que no se llevó a cabo la sesión de la Comisión y, por tanto, no era jurídicamente posible que los asuntos de trato fueran votados por el Pleno del Congreso.
La parte final de los Dictámenes relativos, tal como aparecen en la Gaceta Legislativa y en el Diario de los Debates, carecen tanto de la firma como el sentido de voto, de tal manera que no se encuentra expresada la voluntad de los integrantes de la Comisión que supuestamente asistieron a la sesión, concluyéndose que los asuntos no fueron ni tratados y mucho menos aprobados.
De los mismos documentos, Gaceta Legislativa y Diario de los Debates, se desprende que tuvieron lugar y fueron aprobados asuntos diferentes a los Decretos, con la diferencia que los dictámenes de dichos asuntos, en estos sí se contienen los datos de los asistentes a la sesión de comisión y en ellos sí se expresa el sentido del voto, lo que hace presumir que estas sesiones de Comisión sí tuvieron lugar, contrario a los supuestos dictámenes en los que se aprobaron los Decretos impugnados.
Ese Alto Tribunal ha destacado la importancia que reviste la pulcritud en el proceso legislativo ya sea creando o modificando ordenamientos jurídicos, respetando las disposiciones que regulan estos procesos de tal manera que se salvaguarden los principios de democracia representativa y representatividad, no solo son importantes el contenido de las leyes y sus reformas, sino también que se cumplan las formalidades esenciales de manera particular lo relacionado con la emisión del voto, no solo en las sesiones del Congreso sino también es extensivo a las sesiones de Comisión, de tal manera que si en los dictámenes se evidencian irregularidades trascendentales por omisiones en la publicidad o en la participación deliberativa, dichas leyes o reformas no pueden ser válidas pues se violan los principios democráticos establecidos en la Constitución. En el caso concreto es dable considerar que se violó el principio de democracia deliberativa, dado que la sesión de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia evidentemente no tuvo lugar y, por tanto, el Dictamen carece de sustento participativo de sus integrantes por no establecerse al menos el sentido del voto. Tiene aplicación la jurisprudencia P.J. 11/2011, de rubro: “PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. CUANDO EXISTAN INCONSISTENCIAS DURANTE LA VOTACIÓN, EL ÓRGANO PARLAMENTARIO DEBE TOMAR LAS MEDIDAS MÍNIMAS NECESARIAS PARA SOLVENTARLAS, DEJANDO CONSTANCIA Y DOCUMENTANDO LA SECUENCIA DE LOS HECHOS.”
b) Omisión de notificar a la totalidad de los Ayuntamientos los proyectos de modificación de leyes. Para la reforma a la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila contenida en el Decreto 245, no se tomó en cuenta la totalidad de los Ayuntamientos, es decir, no hubo notificación previa de conformidad con la Constitución local. En la reforma al Decreto del sistema intermunicipal no se notificó previamente a los Ayuntamientos de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso.
El artículo 67 de la Constitución del Estado de Coahuila impone la obligación al Congreso local de que en la expedición o reformas de leyes o decretos en materia municipal que involucren intereses de la totalidad de los Municipios del Estado, el órgano legislativo debe notificarlo a los entes municipales por conducto de los Ayuntamientos como órganos de administración política, entendiéndose esa notificación como acto previo a las reformas.
En el caso, la Ley de Aguas para los Municipios de Coahuila, como su objeto lo determina, es de aplicación general para todos los Municipios del Estado. La reforma a dicha ley incide directamente en los intereses del Municipio y del organismo descentralizado, de tal manera que era imperativo por mandato de la Constitución local que, previo a la reforma, debió notificársele a los Municipios incluyendo el propio para que manifestaran lo que el interés del propio Ayuntamiento convenga y se respete la garantía de audiencia, notificación que no tuvo lugar, pues en ningún documento de los que integra el proceso legislativo de la aludida reforma se desprende que se hayan notificado los proyectos de reforma a la Ley de Aguas. Es inaceptable que al amparo del artículo 115, fracción II, inciso a), de la Constitución Federal, los Congresos locales se arroguen facultades que no les corresponden o legislen a espaldas de los destinatarios de la ley o modificación.
La reforma contenida en el Decreto 245 viola la autonomía y competencia de los Municipios de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso, habida cuenta que nunca se recibió notificación previa en la que nos pidieran opinión o punto de vista en el que se observara lo establecido en el artículo 67, fracción LV de la Constitución del Estado.
La consulta previa como parte del procedimiento legislativo forma parte del parámetro de regularidad constitucional, imponiendo por sí misma toda una serie de obligaciones al Poder Legislativo antes de tomar decisiones que pudieran afectar de manera directa a los Municipios, las legislaturas locales deben contemplar en un proceso legislativo una fase adicional en el procedimiento de creación o modificación de leyes, es decir, consultar a los entes municipales en las reformas que les incidan directamente.
c) Falta de fundamentación y motivación. Existe transgresión a los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en el artículo 16 constitucional, por indebida fundamentación y motivación.
De la exposición de motivos de los Decretos impugnados emitidos por el Poder Legislativo demandado, se advierte que señaló su carácter de órgano constitucionalmente encargado de la producción legislativa estatal y los argumentos soporte del que estimó un ordenamiento jurídico dirigido a procurar garantizar las necesidades de agua en los Municipios de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso.
Adujo la necesidad de abordar el tema del agua y de incidir en los organismos operadores municipales mediante el aumento de Consejeros en el órgano de administración.
Que por el crecimiento poblacional en el Estado y por consiguiente en sus Municipios, las demandas de la población han crecido y que la representación de la ci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32731-c98bdb79/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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