I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN TRATÁNDOSE DE ACTOS ES EL DE TREINTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE SE RECLAME CONFORME A LA LEY DEL PROPIO ACTO, AL EN QUE EL ACTOR HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE ELLOS O DE SU EJECUCIÓN O AL EN QUE EL ACTOR SE OSTENTE SABEDOR DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN I, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DE MAYORÍA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA, TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 35, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA CUENTA CON FACULTADES PARA REPRESENTAR EN EL JUICIO AL EJECUTIVO LOCAL Y AL SECRETARIO DE GOBIERNO DE DICHA ENTIDAD (ARTÍCULOS 5, FRACCIONES VII Y XXII, Y 25, FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y 158 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA NORMA IMPUGNADA EN DIVERSA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL [DECRETO 245, POR EL QUE SE REFORMAN LOS INCISOS A), B), C) Y D) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AGUAS PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y EL DECRETO 247, QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL NUMERAL 3 DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO QUINTO, Y SE ADICIONA UN QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO INCISOS AL NUMERAL 3 DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO QUINTO, DEL DIVERSO DECRETO 300, POR EL CUAL SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO INTERMUNICIPAL DENOMINADO "SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA", PUBLICADO EL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, AMBOS PUBLICADOS EL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS].
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 121/2022. MUNICIPIO DE MONCLOVA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 30 DE ENERO DE 2024. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: MAURICIO TAPIA MALTOS.
Actos impugnados:
La aprobación, sanción, promulgación, expedición, publicación y vigencias de: 1) el Decreto 245, por el que se reforman los incisos a), b), c) y d) de la fracción II del artículo 24 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 2) el Decreto 247, que reforma el párrafo primero del numeral 3 de la fracción I del artículo Quinto, y se adiciona un quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo incisos al numeral 3 de la fracción I del artículo Quinto, del diverso Decreto 300, por el cual se crea el organismo público descentralizado intermunicipal denominado "Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila", publicado el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y tres en el Periódico Oficial local. Ambos Decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado el viernes veinticuatro de junio de dos mil veintidós, 3) así como todas y cada una de sus consecuencias.
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Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 121/2022, promovida por el Municipio de Monclova, Estado de Coahuila de Zaragoza, contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos de dicha entidad federativa.
El problema jurídico que se plantea es el siguiente: ¿los Decretos impugnados violan la autonomía que constitucionalmente tiene garantizada el Municipio actor en la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, acorde con la fracción II, párrafo segundo, en relación con la III, inciso a), ambas del artículo 115 de la Constitución Federal?
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el buzón judicial el doce de julio de dos mil veintidós y recibido el mismo día en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) Mario Alberto Dávila Delgado y Rosa Nilda González Noriega, ostentándose Presidente y Síndica de Mayoría, respectivamente, del Municipio de Monclova, Estado de Coahuila de Zaragoza, promovieron controversia constitucional demandando la invalidez de lo siguiente:
"V. NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA: Del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, la aprobación, sanción, promulgación, expedición, publicación y vigencia del Decreto 245 por el que se reforman los incisos a), b), c) y d) de la fracción II del artículo 24 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como del Decreto 247 donde se reforma el primer párrafo del numeral 3 de la fracción I del artículo quinto, y se adiciona un quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo incisos al numeral 3 de la fracción I del artículo quinto, del Decreto 300 del Congreso del Estado por el cual se crea el organismo público descentralizado intermunicipal denominado ‘Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila’, publicado el 31 de agosto de 1993 en el periódico oficial del Estado, publicados ambos decretos en el diario oficial del Estado con fecha viernes 24 de junio del año 2022, así como todas y cada una de las consecuencias del mismo (sic)."
2. Conceptos de invalidez. En su escrito de demanda, el Municipio actor expuso lo siguiente:
• Los Decretos impugnados violan el artículo 115, fracción II, de la Constitución Federal, con énfasis en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, donde se crea la figura de "leyes estatales en materia municipal", las cuales se realizaron con el propósito de delimitar su alcance y contenido para ampliar la facultad reglamentaria del Municipio y limitar la injerencia del Estado.
• Esa facultad legislativa no es enunciativa, como se encontraba antes de 1999, sino que la intención del Constituyente fue acotar los contenidos de las leyes expedidas por los Congresos locales para favorecer la vida reglamentaria municipal y, con ello, su autonomía. Dicha ley se encuentra establecida desde nuestra Carta Magna, donde se hace la delimitación correspondiente y nos dice que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y que van a manejar su propio patrimonio conforme a la ley.
• El artículo 115, fracción II, constitucional, condiciona al Estado para poder expedir las leyes cuando la materia sea municipal, delimitándolo a que no pueda expedir leyes nada más a su conveniencia, sino que debe contar obligatoriamente con la aprobación del Municipio.
• El contenido de la ley estatal en materia municipal que prevé la fracción II del artículo 115 de la Constitución Federal, no debe rebasar los incisos a) al e), establecidos en dicha fracción, para así propiciar el robustecimiento de la actividad reglamentaria municipal, toda vez que el exceso del legislador local, en relación con el principio anterior genera su inconstitucionalidad, particularmente si invade materias de reglamentación municipal, conforme al nuevo segundo párrafo de la fracción II del artículo 115 referido.
• El Municipio actor es un ente con un nivel de autonomía hacia la gubernatura del Estado, es decir que el Estado no puede realizar estos actos de injerencia, ya que estaría vulnerando la autonomía que se le debe al Municipio como un orden de gobierno que ejerce su propia administración y que la misma Constitución le da la facultad para que pueda generar las bases de su administración, además de las funciones que tiene a su cargo como es el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de residuos, siendo este el objetivo primordial del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento para los Municipios de Monclova y Frontera del Estado de Coahuila de Zaragoza, vulnerando su esfera de competencia, ya que al Estado no le compete realizar los Decretos que se combaten, queriendo tener intervención directa en la organización y administración de ese sistema.
• El legislador, con los Decretos 245 y 247, solamente quiere invadir la competencia del Municipio, al querer intervenir en la organización del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, ya que el Estado quiere designar a los Consejeros que están agregando de cada una de las Secretarías, que pretende incorporar a la organización y funcionamiento de ese sistema.
• Lo anterior, ya que el Decreto 245 es una táctica para poder reformar el diverso Decreto 300, toda vez que la autoridad demandada necesitaba agregar más Consejeros en la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, según ellos modificándolo por los incrementos poblacionales que han sufrido los Municipios, pero haciéndolo también como táctica para tener la facultad y posibilidad de reformar el primer párrafo del numeral 3 de la fracción I del artículo Quinto y se adiciona un quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo incisos del numeral 3 de la fracción I del artículo Quinto del diverso Decreto 300, por el cual se crea el organismo público descentralizado intermunicipal denominado "Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila", publicado el 31 de agosto de 1993 en el Periódico Oficial del Gobierno local.
• El demandado no solo agrega más Consejeros, sino que se da la facultad de designar a las personas que van a ocupar estos cargos, ya que condiciona al Municipio para que dentro del sistema se integren Consejeros de Secretarías del Gobierno local que nada tienen que ver con este sistema intermunicipal, afectando la autonomía municipal en la organización de las funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, toda vez que así lo establece el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal.
• La competencia reglamentaria del Municipio implica de forma exclusiva los aspectos fundamentales para su desarrollo. De ahí que se defina y modifique en la fracción II del referido precepto constitucional, el concepto de bases normativas, por el de "leyes estatales en materia municipal", conforme a las cuales los Ayuntamientos expiden sus reglamentos y otras disposiciones administrativas de orden general. Dichas leyes se deben orientar a las cuestiones sustantivas y adjetivas, que les den un marco normativo homogéneo a los Municipios de un Estado, sin intervenir en las cuestiones específicas de cada Municipio. En consecuencia, queda para el ámbito reglamentario como facultad de los Ayuntamientos, todo lo relativo a su organización y funcionamiento interno y de la administración pública municipal, así como la regulación sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia a través de bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de carácter general, como lo es el sistema de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposiciones de aguas residuales.
• Es de destacar que el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Monclova-Frontera, Coahuila, es un organismo público descentralizado intermunicipal creado para los Municipios de Monclova y Frontera, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tendrá por objeto administrar, operar, conservar, mantener, construir y rehabilitar el sistema de agua potable, agua desalada, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, correspondiente a tales Municipios, así como fijar y cobrar las tarifas que se generen por la prestación de dichos servicios.
• Este organismo fue creado mediante el Decreto 300, publicado en el Periódico Oficial local el 31 de agosto de 1993, designando su funcionamiento, facultades, organización, administración y dirección. Es un organismo intermunicipal, ya que en él intervienen los Municipios de Monclova y Frontera, siendo entonces que la administración y designación de los Consejeros que forman parte de este Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento le corresponde a ambos Municipios en las esferas de su competencia, pues por igualdad entre ellos Frontera designa la mitad y Monclova la otra mitad de Consejeros, turnándose la Presidencia y la Vicepresidencia cada seis meses."
3. Registro del expediente y turno del asunto. Por acuerdo de trece de julio de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional bajo el número 121/2022 y designó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento.
4. Admisión. Mediante proveído de uno de agosto de dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda del presente asunto; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al Secretario de Gobierno, todos del Estado de Coahuila de Zaragoza, éste último en cuanto al refrendo de los Decretos impugnados, a quienes ordenó emplazar para que presentaran su contestación dentro del plazo de treinta días hábiles; tuvo como tercero interesado al Municipio de Frontera, de la propia entidad federativa; requirió al Poder Legislativo del Estado para que remitiera copias certificadas del proceso legislativo de los referidos Decretos; y finalmente, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.
5. Contestación del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. Por escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós y recibido el veintiocho de septiembre siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(2) Francisco Javier Cortez Gómez, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, formuló contestación a la demanda, donde manifestó lo siguiente:
En consideración al concepto de invalidez esgrimido por el accionante, en el que manifiesta que se viola el artículo 115, fracción II, de la Constitución Federal, es infundado por lo siguiente:
Se niega que la expedición de los Decretos impugnados viole las disposiciones contenidas en el artículo 115 constitucional, así como que estos vulneren la competencia exclusiva de los Municipios, ya que la accionante hace una indebida interpretación de los dispositivos constitucionales que invoca.
El artículo 115 constitucional sienta las bases para la organización política y administrativa, es decir, que las reglas conforme a las cuales los Municipios se organizarán están sujetas a cumplir con las disposiciones establecidas en dicho precepto. De ahí que su fracción II dispone que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones.
De ahí que tales Decretos sean constitucionalmente válidos, puesto que es la propia Constitución Federal la que otorga facultades a este Congreso para emitir disposiciones legales que sirven de base para regular la prestación de servicios públicos.
El actor de manera indebida confunde el acto legislativo de expedir dispositivos legales generales con la prestación de servicios públicos, esta última contenida en la fracción III del referido ordenamiento constitucional, en donde esta autoridad legislativa no tiene intervención alguna, es decir, su facultad se agota al expedir los dispositivos legales, en los términos de la fracción II del artículo 115 constitucional.
El contenido de los Decretos impugnados es constitucionalmente válido, porque regulan aspectos de un servicio público municipal que requiera de uniformidad, para efectos de la posible convivencia y orden entre los Municipios de un mismo Estado, tal como lo señaló esa Suprema Corte al emitir las jurisprudencias de rubros: "REGLAMENTOS MUNICIPALES Y LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. SU EXTENSIÓN NORMATIVA LEGÍTIMA." y "LEYES ESTATALES EN MATERIA MUNICIPAL. OBJETO Y ALCANCES DE LAS BASES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL."
Dichas consideraciones fueron establecidas en la exposición de motivos de los Decretos impugnados, así como en las manifestaciones del Diputado Ricardo López Campos en la sesión donde el Pleno aprobó el Decreto 245.
Del contenido de la exposición de motivos de las iniciativas que dan origen a los Decretos impugnados, se desprende que el Congreso local en uso de sus facultades constitucionales reformó dichos instrumentos legales, a fin de que la representación de la ciudadanía cumpla con las nuevas necesidades y contextos, a través de ajustes y modificaciones necesarias a los instrumentos legales existentes, a fin de que estos cumplan con ser portadores de la voz y las exigencias de todos ellos en sus diversas áreas, así como para garantizar la coordinación entre las dependencias y entidades municipales y estatales competentes, que permitan la eficaz prestación de los servicios públicos que demandan los ciudadanos.
El Congreso local, al expedir los dispositivos legales en cuestión, cumplió las disposiciones legales de su Ley Orgánica y demás aplicables.
Esto es así, ya que de las pruebas que se adjuntan al presente informe se deberá advertir que el 15 de junio de 2022, la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, celebró una reunión de la que se elaboró lista de asistencia y minuta correspondiente, a fin de que dicha Comisión discutiera sobre la aprobación de un Dictamen referente a la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Ricardo López Campos, el referido Dictamen fue aprobado por mayoría de los integrantes de la Comisión, tal como consta en la minuta referida y en el propio Dictamen que se ofrece como prueba.
No obstante, en sesión del Pleno del Congreso local de 21 de junio de 2022, el Diputado Presidente Francisco Javier Cortez Gómez solicitó, con fundamento en el artículo 63 de la Constitución del Estado y en los diversos 166, 171 y 172 de la Ley Orgánica del Congreso local, la dispensa a trámite consignado en el numeral 163 del ordenamiento legal antes invocado, del asunto consignado en el Punto 8 A y que corresponde a lo relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto que forman la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, lo cual consta en el Diario de los Debates Décimo Séptima Sesión del Primer Periodo Ordinario de Sesiones Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura.
Por lo que se niega que existan vicios del referido Decreto, en virtud de que puede advertirse en el contenido del Diario de los Debates que se ofrece como prueba, que la mayoría del Pleno del Congreso aprobaron dispensar el trámite consignado en el artículo 163 de la Ley Orgánica respectiva, esto es, dejar de sujetarse a los trámites establecidos.
Ahora bien, por lo que hace al Decreto 245 se informa que en fecha 17 de junio de 2022, la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia celebró una reunión de la que se elaboró lista de asistencia y minuta correspondiente, a fin de que dicha Comisión discutiera sobre la aprobación de un Dictamen referente a la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Decreto 300, por el que se crea el organismo descentralizado "Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila", derivado de la iniciativa presentada por la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, conjuntamente con los diputados del Partido Revolucionario Institucional, el referido dictamen fue aprobado por mayoría de los integrantes de la Comisión, tal y como consta en el propio Dictamen que se ofrece como prueba, así como la minuta referida elaborada para tales efectos.
El Dictamen fue sometido al Pleno del Congreso el 21 de junio de 2022, lo cual consta en el Diario de los Debates Séptima Sesión del Primero Periodo Ordinario de Sesiones Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso local.
Por otra parte, se informa que los actos que dieron origen a los Decretos impugnados cumplen con la fundamentación y motivación que constitucionalmente se exige, ya que, como quedó señalado, mi presentado en uso de las facultades otorgadas por el artículo 115 constitucional expidió las normas reclamadas.
Cabe señalar que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la fundamentación y motivación de los actos de la autoridad legislativa, debe entenderse como la facultad del Congreso para expedir la ley, y estos se satisfacen cuando actúan dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución otorga, en ese sentido son infundadas las manifestaciones del Municipio actor.
Por lo expuesto, ese Alto Tribunal deberá advertir que mi representado en todo momento estuvo facultado para realizar las reformas contenidas en los Decretos impugnados, esto en cumplimiento al mandato contenido en el artículo 115, fracción II, constitucional.
Se niega que este Congreso haya trastocado la autonomía municipal, en virtud de que como el propio actor lo señala, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, es un organismo público descentralizado, cuyas características permiten determinar que es una persona jurídica distinta al Municipio, y que la ley que lo crea para su existencia en la vía jurídica justo es un Decreto 300 que, en uso de sus facultades constitucionales este Congreso emitió, publicado el 31 de agosto de 1993 en el periódico oficial local. Ahora bien, las reformas contenidas en los Decretos de los que se duele la actora, tal y como se señaló en la exposición de motivos, se hizo con el objeto de garantizar la cooperación entre los niveles de gobierno estatal y municipal, a fin de prestar servicios públicos que atiendan las necesidades de los habitantes de ambos Municipios, por lo que se insiste son infundados e inoperantes los conceptos de invalidez que hace valer.
6. Contestaciones del Poder Ejecutivo y Secretario de Gobierno, ambos del Estado de Coahuila de Zaragoza. Por escritos depositados en la oficina de correos de la localidad el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós y recibidos el cuatro de octubre siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) José Guadalupe Pérez Torres, en su carácter de Director de Asuntos Constitucionales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, dio contestación a la demanda en representación del titular del Poder Ejecutivo y del Secretario de Gobierno de dicha entidad federativa, en la que, en esencia, manifestó:
Es infundada la presente controversia, ya que, siendo una facultad del Poder Ejecutivo como autoridad promulgadora, es necesario establecer que en el presente asunto no se atribuye de forma directa acto violatorio o concepto de invalidez alguno en cuanto a la promulgación y publicación de las normas impugnadas; por tanto, se sostiene su validez por lo que hace al Ejecutivo local y al Secretario de Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Por otra parte, también es importante precisar que, si bien es cierto que mediante Decreto 245, de reformas a la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila, y el Decreto 247, sobre reformas al Decreto que crea el organismo público descentralizado intermunicipal denominado "Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila", también lo es que ello fue así, por ser un deber del Ejecutivo local, previsto en la propia Constitución del Estado, conforme a los artículos 62, fracción IV, 64, 66 y 84, fracción III, que dispone que el Gobernador deberá sancionar, promulgar, publicar y ejecutar las leyes o decretos que expida el Congreso estatal y de lo cual puede deducirse que el Poder Ejecutivo no intervino en el dictamen, discusión, votación y aprobación.
Asimismo, se considera necesario admitir que la orden de impresión, publicación, circulación y el debido cumplimiento a lo remitido por el Congreso local, no son actos aislados, sino que forman parte del proceso legislativo que culmina con el acto mediante el cual el Ejecutivo estatal da a conocer la ley o decreto a los habitantes a través del Periódico Oficial del Estado; lo anterior son requisitos indispensables de fundamentación y motivación de dichos actos y solo se requiere que provengan de una autoridad competente para ordenarlos y que se cumplan con las formalidades exigidas por la ley para ello, a fin de que la nueva ley, o sus reformas, puedan ser conocidas; requisitos que en el presente caso se cumplieron, pero solo como una formalidad que la propia ley suprema determina.
La entrada en vigor se encuentra sujeta a la vacatio legis y a las condiciones previstas en los artículos transitorios que el propio Constituyente estableció para su vigencia. Por lo anterior existe vigencia respecto de nuestra legislación procesal en la materia, por lo que es constitucionalmente válido que se realicen las modificaciones necesarias para ajustarlos a los altos valores que se desean proteger, conforme a la exposición de motivos de la citada reforma.
Atender la solicitud del actor nos llevaría a que se fuera una parálisis legislativa absoluta, lo que vulneraría el principio de progresividad, pues la ley en cita tutela y protege diversos derechos humanos, consagrados todos como derechos sustantivos en la Constitución Federal.
7. Desahogo del Municipio de Frontera, Estado de Coahuila de Zaragoza, en su carácter de tercero interesado. Por escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós y recibido el veintiocho de septiembre siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(4) Yadira Cárdenas Quirino, en su carácter de Síndica de Mayoría del Municipio de Frontera, Estado de Coahuila de Zaragoza, desahogó la vista otorgada en autos para que formulara lo que su derecho conviniera en su carácter de tercero interesado, donde señaló:
• Son ciertos y fundados los conceptos de invalidez hechos valer por el Municipio de Monclova, Estado de Coahuila de Zaragoza, en el sentido de que los decretos 245 y 247 violan el artículo 115 de la Constitución Federal, en la parte en que las legislaturas locales al expedir leyes en materia municipal deben contar obligatoriamente con la aprobación del Municipio que tenga relación directa con las leyes que expiden, que la legislación estatal en materia municipal es una ley de objeto limitado, que el legislador ha incurrido en exceso pues invade la autonomía del Municipio; además, es cierto que en materia de servicios públicos el Estado no puede tener injerencia en el Municipio, siendo que con los Decretos combatidos por el actor el Estado pretende tener una intervención directa en la organización y administración del Sistema Intermunicipal, a través de la designación de las Secretarías de Estado como Consejeros.
• Por tratarse de un organismo público descentralizado intermunicipal, que depende de los Municipios de Monclova y Frontera, los Consejos Directivos hasta antes de las reformas impugnadas por el actor, lo conformaban exclusivamente funcionarios municipales adscritos a cada ente municipal, mientras que los Consejeros de la sociedad civil eran designados proporcionalmente por cada Ayuntamiento, con lo cual se mantenía plenamente el principio de autonomía que constitucionalmente debe regir a los Municipios y por analogía a los organismos descentralizados, teniéndose que, como consecuencia de dicha autonomía, la facultad plena de controlar y manejar a dichos organismos por lo que hace a la prestación del servicio público de agua potable en apego al artículo 115 constitucional.
• La reforma a la Ley de Aguas y el Decreto de creación del Sistema Intermunicipal fueron objeto de reforma específicamente en la parte que versa sobre la conformación del Consejo Directivo, ocasionando agravio a la autonomía municipal, en esencia el concepto de invalidez hecho valer por el Municipio de Monclova destaca la violación a su autonomía y competencia en materia de servicios públicos, en eso se traduce la injerencia del Legislativo y que el Ejecutivo del Estado pretende tener al establecerse en los Decretos 6 nuevas Consejerías a cargo de sus Secretarios de Estado.
• En su escrito de controversia, el Municipio de Monclova acredita una afectación directa a sus intereses por las consideraciones vertidas en sus conceptos de invalidez, supuesto que se requiere para poder hacer violaciones al proceso legislativo, que, si bien el Municipio de Monclova no las menciona en su demanda, es evidente que tuvieron lugar y es de interés de mi representada que sean tomadas en cuenta, destacándose las siguientes:
a) Deficiencia de los Dictámenes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia. La Gaceta Parlamentaria de la LXII Legislatura de fecha 21 de junio de 2022, contiene el orden del día y los documentos a tratarse en la Décima Séptima Sesión Ordinaria celebrada en esa misma fecha, destacando los puntos de los proyectos de Decreto de la reforma a la Ley de Aguas y al Decreto del Sistema Intermunicipal.
En el órgano de difusión del Congreso se contiene, entre otros documentos, los supuestos Dictámenes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia a votarse en la sesión del Congreso relacionados con los Decretos 245 y 247. Del Diario de los Debates de la sesión celebrada en la precitada fecha se desprende que la sesión del Congreso tuvo lugar y que se aprobaron ambos Decretos; sin embargo, de ambos documentos se desprende que los Dictámenes no reúnen los requisitos a que se refieren los artículos 142 y 143 del Reglamento del Congreso, pues no se evidencia que las sesiones que dicen tuvo la Comisión de Gobernación realmente hayan tenido verificativo, pues los Dictámenes no contiene las firmas de los integrantes, no se asienta el sentido del voto de diputados que hayan asistido a la sesión de la Comisión, es decir, qué diputados votaron a favor y quiénes en contra, de tal manera que al no contenerse las firmas de los asistentes y carecer del sentido del voto, hace presumir que no se llevó a cabo la sesión de la Comisión y, por tanto, no era jurídicamente posible que los asuntos de trato fueron votados por el Pleno del Congreso.
La parte final de los Dictámenes relativos, tal como aparecen en la Gaceta Legislativa y en el Diario de los Debates, carecen tanto de la firma como el sentido de voto, de tal manera que no se encuentra expresada la voluntad de los integrantes de la Comisión que supuestamente asistieron a la sesión, concluyéndose que los asuntos no fueron ni tratados y mucho menos aprobados.
De los mismos documentos, Gaceta Legislativa y Diario de los Debates, se desprende que tuvieron lugar y fueron aprobados asuntos diferentes a los Decretos, con la diferencia que los dictámenes de dichos asuntos, en estos sí se contienen los datos de los asistentes a la sesión de comisión y en ellos sí se expresa el sentido del voto, lo que hace presumir que estas sesiones de Comisión sí tuvieron lugar, contrario a los supuestos dictámenes en los que se aprobaron los Decretos impugnados.
Ese Alto Tribunal ha destacado la importancia que reviste la pulcritud en el proceso le
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32732-2fbdb20d/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-su-promocion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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