I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, ESTADO DE NAYARIT, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULOS 49 Y 73, FRACCIÓN I, DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT TIENE LEGITIMACIÓN PARA REPRESENTAR EN EL JUICIO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, CUANDO ÉSTE ASÍ LO ACUERDE (ARTÍCULOS 16 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT Y 8, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA COMPARECER EN EL JUICIO EN NOMBRE DEL PODER LEGISLATIVO LOCAL, CUANDO LE SEA DELEGADA LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL CONGRESO POR ACUERDO DE LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN DE GOBIERNO (ARTÍCULOS 35, FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT, Y 26, FRACCIÓN V, Y 201 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. V. VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL. VII. FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DE SU POTENCIAL INVALIDATORIO. VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPALES PRECEDENTES ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESPECTO DE LOS VICIOS CONTENIDOS EN DICHO PROCEDIMIENTO. IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE NAYARIT. FASES QUE LO COMPONEN. X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE NAYARIT. ASPECTOS RELEVANTES QUE DIERON LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO. XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE NAYARIT. EL HECHO DE QUE EL DICTAMEN DEL DECRETO IMPUGNADO SE HAYA REMITIDO POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA ANTERIOR A LA SESIÓN EN QUE SE IBA A DISCUTIR, Y QUE DICHA SESIÓN HAYA INICIADO VEINTIDÓS HORAS CON CINCO MINUTOS ANTES, NO CONSTITUYE UNA IRREGULARIDAD EN EL PROCEDIMIENTO, YA QUE NO EXISTIÓ MANIFESTACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LOS DIPUTADOS DE QUE LA INFORMACIÓN NO HUBIESE SIDO RECIBIDA OPORTUNAMENTE O DE QUE NO TUVIERON OPORTUNIDAD DE CONOCERLA (DECRETOS POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS Y ACCIONES DE URBANIZACIÓN Y POR LOS QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, DE LA LEY DE PLANEACIÓN, DE LA LEY DE MOVILIDAD Y DEL CÓDIGO PENAL, TODOS DEL ESTADO DE NAYARIT, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS). XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE NAYARIT. EL QUE DERIVÓ EN EL DECRETO IMPUGNADO RESPETÓ EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS CON REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA EN CONDICIONES DE LIBERTAD E IGUALDAD, PUES DE LAS SESIONES SE ADVIERTE QUE EN TODO MOMENTO TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE PARTICIPAR EN LA DISCUSIÓN Y SE SIGUIERON LAS REGLAS DE VOTACIÓN ESTABLECIDAS, ADEMÁS, PORQUE TANTO LA DELIBERACIÓN PARLAMENTARIA COMO LAS VOTACIONES FUERON PÚBLICAS (DECRETOS POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS Y ACCIONES DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT Y POR LOS QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE, DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO, DE LA LEY DE PLANEACIÓN, DE LA LEY DE MOVILIDAD Y DEL CÓDIGO PENAL, TODOS DEL ESTADO DE NAYARIT, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS). XIII. ASENTAMIENTOS HUMANOS. LOS MUNICIPIOS GOZAN DE UNA INTERVENCIÓN REAL Y EFECTIVA DENTRO DEL CONTEXTO DE LA NATURALEZA CONSTITUCIONAL CONCURRENTE DE LA MATERIA. XIV. ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL ESTADO DE NAYARIT. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE CUÁLES SON LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA APLICAR LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS Y ACCIONES DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO, NO ES CONTRARIA AL MARCO DE DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, ASÍ COMO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULOS 5, FRACCIONES II, III Y IV, 9, 11, FRACCIONES I, II Y DE LA IV A LA VIII, 16, 17, 29, 99, 137 Y TRANSITORIOS TERCERO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO DE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS Y ACCIONES DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT). XV. ASENTAMIENTOS HUMANOS. ES UNA MATERIA CONCURRENTE PO
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 336/2023. MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, ESTADO DE NAYARIT. 11 DE MARZO DE 2024. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Actos impugnados: Por violaciones al procedimiento legislativo, los Decretos publicados el cuatro de abril de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial local, mediante los cuales:
1) Expide la Ley de Fraccionamientos y Acciones de Urbanización del Estado de Nayarit;
2) Reforma diversos artículos de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit;
3) Reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit;
4) Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit;
5) Reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal para el Estado de Nayarit; y
6) Adiciona una fracción al artículo 31 de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit.
Además, la invalidez de los artículos 4, 5, fracciones II, III, IV y X, 9, 10, 11, 12,13, 15 fracción II,16, 17, 21, 28, 29, 43, 54, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 92, fracción I, 96, 99, 134, 137 y 148, además de los Transitorios Tercero, Décimo y Décimo Primero de la Ley de Fraccionamientos y Acciones de Urbanización del Estado de Nayarit.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de marzo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 336/2023, promovida por el Municipio de Bahía de Banderas, Estado de Nayarit, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de ese Estado, respecto de los actos y normas que se precisarán en el cuerpo de la presente ejecutoria.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés mediante Buzón Judicial, registrado al día siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Julio César Robles Lima, en su carácter de Síndico Municipal del XI Ayuntamiento de Bahía de Banderas del Estado de Nayarit, promovió controversia constitucional para demandar del Gobernador, del Secretario General de Gobierno y del Congreso de esa entidad la invalidez de los Decretos publicados el cuatro de abril de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial local, mediante los cuales:
1) Expide la Ley de Fraccionamientos y Acciones de Urbanización del Estado de Nayarit;
2) Reforma diversos artículos de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit;
3) Reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit;
4) Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit;
5) Reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal para el Estado de Nayarit; y
6) Adiciona una fracción al artículo 31 de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit.
2. Conceptos de invalidez. El síndico Municipal accionante expuso los que a continuación se describen:
a. Primero. Violaciones al proceso legislativo. Se actualizan diversas transgresiones a los artículos 14, 16, 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Federal, a partir de los criterios emitidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto la iniciativa con proyecto de Decreto cuya inconstitucionalidad se pretende, fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Vivienda y Justicia y Derechos Humanos, para su estudio, a efecto de que emitieran el dictamen correspondiente, lo que sucedió el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés.
Al día siguiente, se llevó a cabo la primer lectura del dictamen, y en clara contravención a lo establecido por los artículos 91 y 94 de la Ley Orgánica, sin justificar la dispensa del trámite, se pasó a la discusión de la totalidad de los decretos impugnados, la cual concluyó con una votación electrónica en lo general de veintidós votos a favor y ocho en contra; posteriormente, en la votación en lo particular se presentó una reserva al proyecto de la ley respecto al artículo 64, aprobada por unanimidad.
Todo lo anterior, evidencia la existencia de graves irregularidades cometidas durante el proceso legislativo, porque la iniciativa presentada por el gobernador del estado de Nayarit no se promovió con el carácter preferente establecido en el artículo 49 de la constitución local; de ahí que no se encuentre justificada la inmediatez en su aprobación, así como la nula fundamentación o motivación en la dispensa de la segunda lectura establecida en la ley orgánica.
Esto es, desde la elaboración del dictamen hasta su discusión, votación y aprobación transcurrieron menos de veinticuatro horas, brevísimo lapso en el cual se emitió el dictamen se incorporó al orden del día de la sesión, se discutió, se votó y se aprobó por el Pleno del Congreso del Estado de Nayarit, con lo cual se vulnera el requisito esencial de deliberación informada que el Máximo Tribunal del País ha garantizado en diversos precedentes.
Porque antes de ser un órgano decisorio, el legislativo es un órgano deliberante donde encuentran cauce las opiniones de todos los grupos, tanto mayoritarios, como minoritarios, sin perder de vista que los representantes toman sus decisiones a través de una deliberación pública en condiciones de libertad e igualdad para garantizar que todas las voces sean escuchadas y se obtenga su mejor argumento, pero sobre todo, para que los ciudadanos puedan exigirles cuentas de sus decisiones.
Sin que sea posible sostener que la participación de diputados de distintas fuerzas política que integran el congreso local, dentro de la sesión celebrada al día siguiente de la elaboración del dictamen, tuvieron tiempo suficiente para conocer y estudiar la iniciativa y, por ende, estaban en condiciones de realizar un debate real sobre la misma; incluso la propia votación con la que fue aprobada, trece votos a favor y doce en contra, da la pauta de que se aprobó porque existe una mayoría parlamentaria que logró imponerse, haciendo uso de un mecanismo legal que no fue instituido para esos fines, sino únicamente para casos excepcionales que, razonablemente, justifiquen su urgencia, pero que de cualquier modo, siempre deberá atenderse a los principios democráticos que deben regir todo debate parlamentario.
Considera el municipio actor que por las razones anteriores el Congreso del Estado de Nayarit invadió su esfera competencial, al transferir facultades al ejecutivo que se encuentran legisladas de manera exclusiva al ámbito municipal, en contravención los artículos 14, 16, 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Federal, en relación con los principios legislativos de economía procesal, equidad en la deliberación parlamentaria y participación democrática.
b. Segundo. Invasión a la esfera competencial del Municipio en materia de fraccionamientos y urbanización. Sostiene el accionante la necesidad de garantizar su autonomía y facultades en materia de asentamientos humanos, reconociendo para ello la invalidez de los artículos 4, 5, fracciones II, III, IV y X, 11, fracción III y V, 13, fracción II y III, 15, fracción II, 17, 21, 28, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 92, fracción I, 134, así como los Transitorios Tercero, Décimo y Décimo Primero de la Ley de Fraccionamientos y Acciones de Urbanización del Estado de Nayarit; los cuales establecen la facultad del Ejecutivo Estatal para imposibilitar la creación de algún fraccionamiento sin su previa autorización expedida por el Instituto de Planeación del Estado de Nayarit (IPLANAY), transgrediendo la competencia exclusiva que tiene reconocida el Municipio para autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo, así como para otorgar licencias y permisos para construcciones, previstas en la fracción V del artículo 115 constitucional.
Se afirma lo anterior porque a partir de la reforma constitucional de mil novecientos setenta y seis, la materia de asentamientos humanos en México, se encuentra reglada de manera concurrente por los tres niveles de gobierno, de manera que el Congreso de la Unión materializó esa concurrencia en diversas normativas que concluyeron con la vigente Ley General de Asentamientos Humanos, que en la fracción XXV del artículo 10 establece que las entidades federativas tienen la facultad de establecer los lineamientos a los que habrán de sujetarse las autorizaciones, licencias o permisos de las acciones urbanísticas, sin establecer que el ejecutivo pueda conocer o dar trámite a través de sus dependencias a esas autorizaciones, licencias o permisos.
De la misma manera, la fracción XI del artículo 11 de la misma ley general, confiere a los municipios la competencia de expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo Urbano, refiriéndose esta última parte justamente a la normatividad que tienen que emitir las entidades federativas.
Lo que constituye un sistema de coordinación entre entidades federativas y municipio, pues aquellas se encargan de legislar acerca de los procedimientos relacionados con las acciones urbanísticas y los municipios tienen encomendado llevar a cabo la expedición de las autorizaciones, licencias o permisos legislados previamente por el estado.
Sin embargo, la Ley de Fraccionamientos y Acciones de Urbanización del Estado de Nayarit, contraviene ese sistema pues confiere expresamente facultades al Poder Ejecutivo, que se encuentran limitadas exclusivamente a los municipios, a quienes compete tanto la administración y ejecución, como la contribución que se originen con motivo de las acciones urbanísticas y la propiedad inmobiliaria.
A partir de lo anterior, se actualiza una violación a la división de poderes, autonomía municipal y supremacía constitucional, contenidos en los artículos 49, 115, fracción V, y 133 de la Norma Fundamental, en relación con lo previsto en las Directrices Internacionales sobre Descentralización y Fortalecimiento de las Autoridades Locales expedidas por el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, así como la Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenible, porque los artículos 4, 5, fracción X, 11, fracción III, 13, fracción II, 15, fracción II, 21, 28, 82, 86, 87, 88, 89, 90 y 92, fracción I, de la Ley de Fraccionamientos y Acciones de Urbanización del Estado de Nayarit, dan al Ejecutivo Local el imperio de llevar a cabo el procedimiento para la emisión del dictamen de procedencia de fraccionamiento, a fin de que otorgue o no la autorización para efectuar actos relacionados con fraccionamientos, división, subdivisión, lotificación de terrenos o realizar alguna modificación, obra, desarrollo en condominio o conjuntos urbanos; imposibilitando la creación de algún fraccionamiento sin su previa autorización expedida a través del Instituto de Planeación del Estado de Nayarit (IPLANAY); lo que se traduce en una invasión a la esfera competencial del municipio.
La emisión de la autorización de fraccionamiento implica un acto unilateral del Poder Ejecutivo del Estado que si bien tiene por finalidad verificar la congruencia y compatibilidad de las obras o acciones urbanísticas, termina por condicionar las autorizaciones de licencias o permisos que puede emitir el Municipio, con base en el escrutinio que efectúe el Instituto de Planeación Estatal, colocando al municipio en una instancia de subordinación del Ejecutivo local, cuando es el que cuenta con la competencia constitucional para emitirlas.
Sin que la emisión de esa autorización pueda confundirse con la facultad que tiene el Gobierno Estatal para emitir los dictámenes de verificación de congruencia respecto de los planes y programas municipales que prevé la ley combatida, pues ello se genera bajo criterios de congruencia, coordinación y ajuste en la planeación del desarrollo urbano, de forma general, no respecto de obras y autorizaciones concretas, como ocurre en el caso particular.
En conclusión, la autorización de fraccionamiento emitida por el Ejecutivo local no permite una participación real y efectiva del Municipio, pues llega al extremo de constituir un mecanismo de desconocimiento de las competencias en la materia, en la medida que el Gobierno estatal puede no conceder tal autorización arbitrariamente y, como consecuencia, limitar las facultades constitucionales del Municipio actor, en materia de obras y acciones urbanísticas concretas, como son la creación de fraccionamientos o conjuntos urbanos, en cualquiera de sus modalidades, o relotificación de terrenos.
Al efecto invoca como precedente lo resuelto en la controversia constitucional 177/2018.
c. Tercero. Violación a la libre disposición de los inmuebles del municipio en relación con las donaciones de los fraccionadores. En este apartado, el municipio actor aduce la inconstitucionalidad del artículo 54, en la porción normativa "inalienables, inembargables e imprescriptibles", de la Ley de Fraccionamientos y Acciones de Urbanización del Estado de Nayarit, en relación con lo previsto por el artículo 5, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, por considerar que restringen las facultades de los municipios al impedirles enajenar o transferir las áreas que deben donar los fraccionadores a título gratuito y su compatibilidad con las facultades exclusivas relacionadas con su disposición, actualizando con ello una violación a su autonomía e independencia reconocida en las fracciones II y V del artículo 115 constitucional.
Con independencia de lo anterior, bajo la falsa premisa de imprimir efectividad a los principios contenidos en los artículos 27, 73 y 115 de la Norma Fundamental, el congreso local violó la esfera competencial del municipio al establecer limitaciones o modalidades a la disposición de sus bienes inmuebles, específicamente aquellos adquiridos por transferencia o donación de fraccionadores.
Prohibición que lejos de coincidir con la esfera competencial estatal en el establecimiento de modalidades para la disposición de este tipo de bienes, con miras a garantizar un fin de utilidad pública, involucra un exceso en el ejercicio de ésta, en tanto que, en automático se excluye cualquier posibilidad para la realización de los actos relacionados con su enajenación, permuta, donación, cesión o comodato, lo que resulta incompatible con el esquema de competencias concurrentes que en ese ámbito también se conceden al municipio, así como con el principio de autonomía municipal.
Aunado a lo anterior, resalta que en el ámbito del desarrollo urbano se reconoce a los municipios el ejercicio de las facultades relacionadas con: administración de planes de desarrollo; autorización, control y vigilancia en la utilización del suelo; promoción y realización de acciones e inversiones para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; administración de reservas territoriales; gestión de recursos económicos para la formulación o actualización de los programas de desarrollo urbano; promoción y ejecución de obras para que los habitantes del municipio cuenten con vivienda digna equipamiento, infraestructura y servicios adecuados, y, sobre todo, con la prestación de servicios públicos, entre otras tantas.
En relación con esas facultades queda claro que la prevalencia o sostenimiento de la prohibición absoluta en la venta, permuta, donación, cesión, comodato o cualquier acto de enajenación relacionado con los bienes inmuebles municipales adquiridos por donación de fraccionadores, impediría de suyo la realización de aquéllas, en tanto esos actos, desde uno de sus ángulos, se vinculan o posibilitan el desarrollo de esas atribuciones.
Para ejemplificar lo expuesto, refiere el municipio actor, una situación en la cual la prestación de un servicio público exija indispensablemente la afectación de un bien inmueble de esas características, que requiere ser cedido a un particular, pero bajo la prohibición señalada, el municipio estaría impedido para prestar el servicio, en tanto carecería de un margen de actuación. Por ende, si el modelo de prohibición establecido en el precepto impugnado hace nugatoria, en automático, la participación del municipio en ese esquema de competencia y materia es claro que se configura la violación alegada.
En este aspecto considera importante subrayar que, si bien el actuar por parte del municipio en esta materia no es exclusivo, sino que tiene que adecuarse a los planes y programas del estado, también lo es que ello no puede llevar al extremo de considerar que el municipio debe quedar a merced de las decisiones del Estado, en tanto se le debe respetar un espacio de autonomía efectiva.
Sin embargo, los preceptos impugnados no se limitan a establecer modalidades a la disposición por parte del Municipio de las áreas de cesión, con la intención de lograr fines de utilidad púbica en materia de asentamientos humanos, sino que prevén la inalienabilidad e intransmisibilidad de estas áreas, lo que se traduce en una prohibición de realizar cualquier otro acto de enajenación de las mismas. Prohibición aplicable incluso en el caso en el que estas áreas dejen de ser útiles para los fines en materia de asentamientos humanos a los que fueron destinadas; así, las normas impugnadas impiden al Municipio disponer de las áreas de cesión, lo que a su vez imposibilita el cumplimiento de sus facultades y le niega una intervención real y efectiva en materia de asentamientos humanos.
Al efecto cita la ejecutoria emitida por este Máximo Tribunal en la Controversia Constitucional 141/2019, donde declaró la invalidez de los artículos 4, fracción V, en su porción. normativa "inalienable, intransmisible", y 156, fracción II, de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Tamaulipas.
d. Cuarto. Violación a los principios de hacienda municipal, autonomía financiero-hacendaria municipal, ejercicio directo de los recursos públicos y de su integridad, así como los principios de integridad, suficiencia y eficacia del gasto público municipal. En este apartado, se aduce la inconstitucionalidad del artículo 88 de la Ley de Fraccionamientos y Acciones de Urbanización del Estado de Nayarit, por contravenir los artículos 31, fracción IV, 40, 41, 115, párrafo primero, fracciones I, II, IV, párrafos primero y último, inciso a) y V, inciso d), así como el 133 y 134, primer párrafo, de la Constitución Federal.
Para evidenciar lo anterior señala que el numeral cuestionado establece que el Instituto de Planeación del Estado de Nayarit (IPLANAY), dará inicio al procedimiento para la elaboración del dictamen de procedencia de fraccionamiento previo pago de derechos establecido en la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, violando la hacienda municipal, pues el inciso I (sic) de la fracción IV del artículo 115 constitucional confiere a los municipios la facultad de recaudar las contribuciones que deriven de la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles, siendo que el dictamen de procedencia referido encuadra en los rubros señalados en el presente párrafo. En este sentido, cita la tesis 1a. CXI/2010 de rubro: "HACIENDA MUNICIPAL PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
En ese sentido, el precepto impugnado transgrede las facultades del municipio, en tanto sus habitantes ya no contribuirána los gastos públicos que en subsecuentes ejercicios deba erogar, lo que merma la capacidad, integridad y suficiencia financiera y económica para satisfacer las necesidades colectivas y sociales a su cargo, lo que mengua el principio de libre administración de la hacienda municipal, pues se limita la libre disposición y aplicación de los recursos del municipio para satisfacer su necesidad e impide priorizar la aplicación de recursos sin afectación por intereses ajenos o por cuestiones que los obligaran a ejercer sus recursos en distintos rubros que no sean de su necesidad. De la misma manera, se violenta la autonomía gubernamental municipal, pues se faculta al Poder Ejecutivo para percibir, recaudar y cobrar los respectivos ingresos públicos derivados del procedimiento para la elaboración del dictamen de procedencia de fraccionamiento, lo que debilita la autonomía y autosuficiencia económica del municipio actor dado que provienen de contribuciones impuestas sobre propiedad inmobiliaria, porque derivan de autorizaciones emitidas respecto del uso del suelo.
Además, se priva al Municipio de decidir sobre el ejercicio o destino que deba dar a tales recursos públicos, ordenando a una autoridad ajena al ayuntamiento que decida lo relativo a los ingresos públicos municipales, siendo esto contrario a la voluntad de reservar en exclusiva al municipio libre, las atribuciones y competencia relativas en materia de utilización, autorización, control y vigilancia del uso de suelo, tal como lo ordena el artículo 115, párrafo primero, fracciones I y V, inciso d), de la Constitución Federal.
Aunado a lo anterior, señala el accionante, el artículo impugnado carece de motivación constitucional como acto legislativo, en la medida que se aparta de lo establecido en la Constitución y en la Ley General de Asentamientos Humanos, donde se otorgan en exclusiva al municipio las atribuciones y competencia relativas en materia de utilización, autorización, control y vigilancia del uso de suelo y, en consecuencia, el derecho de recaudar y cobrar los respectivos ingresos públicos derivados de esa materia, de ahí lo evidente de la invasión a la esfera competencial del municipio, al transferir la facultad al Ejecutivo del Estado de recaudar el pago de derechos para la elaboración del dictamen de procedencia de fraccionamiento.
e. Quinto. Violación a los principios de división de poderes, de autonomía municipal en su vertiente de autotutela administrativa y de supremacía constitucional, en relación con la violación de tratados internacionales. El Municipio actor expone argumentos encaminados a evidenciar violaciones constitucionales que deben concluir con la invalidez de los artículos 4, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 21, 28, 29, 43, 81, 82, 86, 87, 88, 99, 96, 134, 137 y 148 de la Ley de Fraccionamientos y Acciones de Urbanización del Estado de Nayarit, a partir de que el Congreso vulneró la forma de Estado Federal y de Gobierno Constitucional, al no justificar la restricción de las competencias municipales en materia de asentamientos humanos y urbanización en lo que concierne a su régimen interior.
Intención que rebasa los límites de la función constitucional delegada al Poder Legislativo local, pues llevó a cabo una centralización de facultades en el Ejecutivo Estatal que vulnera el ámbito de libertad y certeza jurídica que los municipios deben disfrutar en la materia concurrente de asentamientos humanos y urbanización de conformidad con el numeral 115 constitucional; convirtiéndoles en meros aplicadores de la voluntad discrecional del Ejecutivo para aprobar la autorización de fraccionamiento, en contravención al criterio que deriva de la jurisprudencia P./J. 17/2011, de rubro: "ASENTAMIENTOS HUMANOS. LOS MUNICIPIOS GOZAN DE UNA INTERVENCIÓN REAL Y EFECTIVA DENTRO DEL CONTEXTO DE LA NATURALEZA CONSTITUCIONAL CONCURRENTE DE LA MATERIA."
Así, contrario a lo establecido en la exposición de motivos, la Ley de Fraccionamientos y Acciones de Urbanización del Estado de Nayarit no solo busca imponer y detallar las estrategias de un modelo de planeación urbana, sino también eliminar cualquier posibilidad de que los Municipios puedan desarrollar su potestad normativa, eligiendo alternativas que respondan a sus necesidades particulares, de acuerdo con sus características políticas, sociales, económicas, biogeográficas, poblacionales, urbanísticas, etcétera.
Sumado a que la intención de la ley en comento imposibilita a los Municipios vincular su modelo de planeación urbano y el ejercicio de sus facultades con el bienestar social de la población, o procurar la distribución equilibrada y sustentable de los centros de población, así como de las actividades económicas.
Además, los artículos impugnados producen un efecto de concentración o centralización de las decisiones del poder público en el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, contrario al espíritu que llevó a diseñar en la Constitución el régimen municipalista, porque permite que se generen intromisiones o relaciones de dependencia y subordinación de los Municipios al Poder Ejecutivo Estatal, cuestión que resulta contraria al espíritu de descentralización política y autonomía que inspira el régimen municipal.
En el contexto legal que surge con la ley combatida, bajo la supuesta idea de fijar criterios que permitan la existencia de una efectiva congruencia, coordinación y participación entre el Poder Ejecutivo y los municipios del Estado de Nayarit, se modifican esquemas de articulación, instrumentos normativos, mecanismos de gestión e instancias de decisión que permiten al Poder Ejecutivo Estatal interferir en cuestiones propias de los Municipios, que les impide actuar de manera autónoma en cuestiones que, por previsión constitucional expresa, deben quedar reservados al ámbito de sus respectivos órganos de gobierno y que los municipios no solo no puedan desarrollar cabalmente sus funciones constitucionales, además deben someterse a la voluntad del Gobierno Estatal.
Se estima que conferir al Gobierno del Estado las facultades establecidas en los preceptos citados resultan violatorios del sistema constitucional de concurrencia en la materia de desarrollo urbano, en la medida en que la ley no establece un criterio de validez suficiente para otorgar y desarrollar la potestad administrativa por parte del Ejecutivo Estatal.
Por lo tanto, si en la especie los artículos cuya invalidez se pide, otorgan al Poder Ejecutivo la facultad de inmiscuirse en los asuntos internos, competencias y facultades de los Municipios, hasta el punto de subordinarlos a su arbitrio, violenta el principio de igualdad y deber de respeto que siempre debe existir entre los distintos niveles de gobierno y sus respectivos ámbitos normativos, conforme a los principios que integran el sistema federal como forma de organización política, por lo que, de la simple lectura de los artículos transcritos se desprende que el Congreso del Estado de Nayarit transgrede lo establecido por la Constitución.
En tal virtud, el Congreso Estatal habilitó al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Infraestructura y el Instituto de Planeación, todos del Estado de Nayarit, para subordinar a los Municipios al ejercicio de sus facultades inconstitucionalmente conferidas, lo que resulta contrario a los principios del sistema constitucional en la materia concurrente de asentamientos humanos y urbanización, pues se crean relaciones de dependencia e inclusive, de subordinación en perjuicio de los Municipios.
De la misma manera, sostiene el accionante que el Congreso del Estado de Nayarit violó lo establecido en el artículo 23, punto 1, inciso a), de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con lo previsto en las Directrices Internacionales sobre Descentralización y Fortalecimiento de las Autoridades Locales, expedidas por el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, así como con la Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles, aprobada el veinte de octubre de dos mil dieciséis, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (HABITAT III), en el marco del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos.
Al comparar el enfoque y las premisas de la ley cuestionada, es posible advertir que se vulnera el principio de progresividad, en cuanto a descentralización política se refiere, porque además de que la autonomía de los Municipios no se ve fortalecida, del análisis a la ley se puede advertir que pretende desvirtuar o distorsionar el espíritu democrático del sistema federal, de la forma de gobierno y del régimen conforme al cual se reconoce la autonomía municipal, inclusive el propio sistema constitucional de concurrencia; intención que, apartándose del espíritu de colaboración y cooperación en la materia, pretende subordinar a las autoridades municipales a un esquema de mera ejecución de los designios del ejecutivo del Estado de Nayarit y a su subordinación.
Respecto de autoridades intermedias, cita la tesis P./J. 10/2000 que se identifica como: "AUTORIDAD INTERMEDIA INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
De donde entonces resulta que el aspecto necesario para la constitución de una autoridad intermedia tiene que analizarse bajo la perspectiva de una invasión de esferas competenciales y no en clave orgánica; lo que se verifica con independencia de si la autoridad intermedia depende de la naturaleza centralizada, descentralizada, paraestatal o autónoma del órgano, sino que el mismo realice actos o tome decisiones que vulneren la autonomía municipal, suplantando o mediatizando sus facultades constitucionales o invadiendo la esfera competencial del municipio. Esto implica que el punto transversal del asunto es el elemento de la vulneración competencial municipal.
En el caso particular, mediante la reforma correspondiente, se pretende que en el ámbito de gobierno del municipio se ejerzan competencias exclusivas a favor del Ayuntamient
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33034-499cf65e/i-controversia-constitucional-la-persona-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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