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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES OPORTUNA LA IMPUGNACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE AL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS, AL CONSTITUIR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE ESA ENTIDAD. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS, ESTÁ FACULTADA PARA PRESENTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE ESTE ENTE (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS PUEDE SER REPRESENTADO POR EL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD (ARTÍCULO 38 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA (ARTÍCULO 14 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TRABAJO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA (ARTÍCULO 14 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO A LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE UN MUNICIPIO ES UN ACTO QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE ESE ÓRGANO, LO QUE JUSTIFICA SU INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. X. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CUANDO SE ADUCEN CONCEPTOS DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES FORMALES Y DE FONDO RESPECTO DE NORMAS GENERALES DE LOS ESTADOS O DE LOS MUNICIPIOS IMPUGNADAS POR LA FEDERACIÓN, DE MUNICIPIOS RECLAMADAS POR LOS ESTADOS O EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS C), H) Y K) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBE PRIVILEGIARSE EL ESTUDIO DE LOS PRIMEROS. XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL. XII. HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. XIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MORELOS. LOS DECRETOS MEDIANTE LOS CUALES EL TITULAR DE LA GUBERNATURA DE DICHA ENTIDAD DISPONE LA PROMULGACIÓN DE LEYES O DECRETOS EXPEDIDOS POR LA LEGISLATURA ESTÁN COMPRENDIDOS EN EL ARTÍCULO 76 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, POR LO QUE, PARA SU OBLIGATORIEDAD, DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE VALIDEZ RELATIVO A LA FIRMA O REFRENDO DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA, EN SU CASO, Y DEL SECRETARIO O SECRETARIOS A CUYA DEPENDENCIA CORRESPONDIERA EL ASUNTO (LEGISLACIÓN VIGENTE AL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL). XIV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MORELOS. EL DECRETO PROMULGATORIO DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LA ENTIDAD, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, NO CUMPLE CON EL REQUISITO DE VALIDEZ DE CONTAR CON EL REFRENDO DE LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR SER LA ENCARGADA DEL RAMO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL). XV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE MORELOS. LA OMISIÓN DE REFRENDAR UN DECRETO POR LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL RAMO RESPECTIVO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A DICHO PROCEDIMIENTO QUE PROVOCA LA INVALIDEZ DE LA NORMA EMITIDA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL). XVI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL QUE SE HACE EXTENSIVA A SUS ACTOS DE APLICACIÓN (INVALIDEZ POR EXTENSIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 2 DE FEBRERO DE 2018, EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS EN LA QUE ORDENÓ DESTITUIR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE YAUTEPEC, MORELOS, Y DE LOS OFICIOS SDEYT/TECYA/008773/2019 Y SDEYT/TECYA/008774/2019 DE

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 332/2019. · Registro digital (IUS): 31282
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-02-24
Promovente: MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Febrero de 2023, Tomo I, Pág.756.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 332/2019. MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS. 8 DE ABRIL DE 2021. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al ocho de abril de dos mil veintiuno.

VISTOS; y

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda, Poder demandado y acto impugnado. Por escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Guadalupe Herrera Ruiz, en su carácter de síndica municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, promovió controversia constitucional en representación del citado Municipio, en la que solicitó la invalidez de los actos que más adelante se señalan y emitidos por los órganos que a continuación se mencionan:

a) Entidad, poder u órgano demandado:

• Poder Legislativo del Estado de Morelos.

• Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

• Secretario de Gobierno del Estado de Morelos.

• Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos.

• Secretario de Trabajo del Estado de Morelos.

• Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.

b) Norma general o actos cuya invalidez se reclama:

• Artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial del Estado el seis de septiembre de dos mil seis, con motivo de su primer acto de aplicación.

• Oficio SDEYT/TECYYA/008774/2019 de dos de octubre de dos mil diecinueve, por virtud del cual se hizo del conocimiento la determinación del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos de destituir al presidente municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, dentro del juicio laboral 01/557/13; y la aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

• Resolución del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de dos de febrero de dos mil dieciocho, dictada dentro del expediente laboral 01/557/13, en la cual se resolvió declarar procedente la aplicación decretada mediante acuerdo de veintiséis de septiembre del dos mil dieciséis, decretando la destitución del cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos; ello en plena aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como sus efectos y consecuencias.

• La asunción de competencia por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para el efecto de ordenar la revocación de mandato o destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, con fundamento en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

• La orden dada al presidente municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, de abstenerse de realizar todo tipo de actos en razón de las funciones que corresponden a dicho cargo, apercibido de que, en caso de no acatar la destitución, podría encuadrarse su conducta en lo estipulado por el artículo 295 del Código Penal para el Estado de Morelos.

• Los oficios con números 8974, 8975, 8976, 8977, 8978 y 8979, de nueve de octubre del dos mil diecinueve y notificados el veintiuno siguiente, suscritos por la presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su secretaria general, por virtud de los cuales se hizo del conocimiento a los integrantes del Ayuntamiento de Yautepec, que en cumplimiento al acuerdo de dos de febrero de dos mil dieciocho deducido del expediente 01/557/13, se ordenó girarles oficios para hacer de su conocimiento que en sesión del Pleno efectuada por los integrantes de dicho tribunal de dos de febrero de dos mil dieciocho, se determinó por unanimidad de votos la destitución del cargo de quien actualmente se ostenta con el cargo de presidente municipal del Ayuntamiento demandado, motivo por el cual se le requirió para que en un plazo de tres días hábiles tuvieran a bien realizar las gestiones reales, materiales y jurídicas correspondientes. Lo cual, bajo protesta de decir verdad, se señaló que aún no ha sucedido.

SEGUNDO.—Antecedentes. De su escrito de demanda, se desprende que la síndica municipal del Ayuntamiento de Yautepec manifestó los siguientes hechos:

a) Relata que el uno de febrero de dos mil diecinueve se integró el nuevo Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, con un presidente municipal y síndico municipal; además de acuerdo con el artículo 18, fracción III, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se conformó con siete regidores, siendo entonces un total de nueve integrantes: (i) Agustín Alonso Gutiérrez-presidente municipal; (ii) María Guadalupe Herrera Ruiz-síndica municipal; (iii) Elías Polanco Saldívar-regidor; (iv) Delfino Toledano Alfaro-regidor; (v) Imelda Sandoval Heredia-regidora; (vi) José Omar Sedano García-regidor; (vii) José Manuel Amaro Camacho-regidor; (viii) Berenice Solís Saldaña-regidora; y (ix) Fernando Juárez Ruiz-regidor.

b) Señala que el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, por medio de oficios de la presidenta y secretaria general del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se le hizo del conocimiento la determinación de destituir al presidente municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, por medio de una resolución dictada el dos de febrero de dos mil dieciocho, en aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, cuya inconstitucionalidad reclama. Con relación a dicho precepto, expresa que el mismo es inconstitucional, al no reunir las características de una norma general pues no se cumplió con el procedimiento legislativo de acuerdo con lo que disponen los artículos 42, 44, 47, 70, fracción XVII, y 76 de la Constitución del Estado; aunado a que contraviene lo previsto en el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 70, fracción XXVII, y 41 de la Constitución Local.

c) Narra que el veintiuno de octubre del dos mil diecinueve fue enterada por los regidores e integrantes del Cabildo municipal del Ayuntamiento, del contenido de los oficios con números 8974, 8975, 8976, 8977, 8978 y 8979, de nueve de octubre del dos mil diecinueve y notificados el veintiuno siguiente, suscritos por la presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su secretaria general. A través de dichos oficios se hizo del conocimiento a los integrantes del Ayuntamiento de Yautepec, que en cumplimiento al acuerdo de dos de febrero de dos mil dieciocho, deducido del expediente 01/557/13, se ordenó girarles oficios para hacer de su conocimiento que en sesión del Pleno de dicho tribunal de dos febrero de dos mil dieciocho, se determinó por unanimidad de votos la destitución del cargo de quien actualmente se ostenta con el cargo de presidente municipal del Ayuntamiento demandado; motivo por el cual se les requirió para que en un plazo de tres días hábiles tuvieran a bien realizar las gestiones reales, materiales y jurídicas correspondientes. Ello –señala– en aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, cuya inconstitucionalidad reclama. Al respecto, reitera los motivos de inconstitucionalidad precisados en el inciso anterior.

d) Expresa que por estos motivos, queda plenamente acreditada una invasión de esferas competenciales, las cuales provocan un grave problema jurídico-político a la integración y estabilidad del Ayuntamiento de Yautepec, y acude a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a solicitar la invalidez del acuerdo combatido, así como la aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por carecer de sustento constitucional y ser contraria al artículo 115 de la Constitución Federal, la Constitución Estatal y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. La parte actora señaló como conceptos de invalidez los siguientes:

En su único concepto de invalidez divide su argumentación en dos principales apartados: A) en el primero se cuestiona la constitucionalidad del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y, B) en el segundo la validez de los actos impugnados.

En el apartado A de ese concepto de invalidez, expresa que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos es inconstitucional puesto que no se cumplieron los requisitos constitucionales para la creación de normas, aunado a que se viola en perjuicio del Municipio de Yautepec el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, que establece que previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privar a alguien de sus derechos, se le debe dar su derecho de audiencia.

Señala que el conjunto de requisitos previstos en el artículo 14 de la Constitución Federal se traducen en las garantías de seguridad jurídica y legalidad, las cuales tienden a dar certidumbre y protección a los particulares en contra de cualquier acto de autoridad. De no otorgarse estas garantías se vulneraría contundentemente el derecho fundamental de audiencia previsto en el artículo 14 constitucional y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Explica que en el caso concreto, se viola el "debido proceso de creación de la norma", ya que dicho artículo no cumple con los requisitos esenciales para que se le considere como una norma jurídica y así poder existir en la vida jurídica; es decir, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no cumplió con el procedimiento legislativo estatal de: a) iniciativa de ley por órgano facultado para ello; b) dictamen por parte de la Comisión del Trabajo o de Puntos Constitucionales; c) proceso parlamentario de discusión del dictamen de comisiones; d) votación nominal en el Pleno del Congreso; e) observancia de la fórmula de expedición; f) sanción de la norma; g) refrendo de la ley o decreto, tanto del secretario de Gobierno como del secretario del Trabajo; h) promulgación; i) publicación y, j) inicio de vigencia.

En otro aspecto, señala que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es contrario al artículo 115 de la Constitución Federal, que establece que "Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan".

Ello, pues refiere que el Poder Legislativo en la creación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, debía observar lo que dispone el Texto Constitucional en términos del procedimiento que marca la fracción I del artículo 115 antes mencionado. No obstante, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se arrogó la atribución para destituir servidores públicos electos democráticamente, lo cual corresponde por mandato constitucional al Congreso en términos del procedimiento constitucional mencionado. Por ello –señala– la creación del artículo 124, fracción II, impugnado contraviene el Texto Constitucional.

En el apartado B de ese concepto, en lo tocante a la invalidez del acto impugnado consistente en el acuerdo de apercibimiento de destitución del presidente municipal de Yautepec, Estado de Morelos, refiere que el mismo es inconstitucional puesto que es contrario a la garantía de audiencia y al principio de legalidad en su vertiente de fundamentación y motivación, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

Señala que el acto reclamado, relativo al acuerdo de destitución no se encuentra fundado ni motivado, ya que no se tiene noticia sobre los elementos que llevaron al presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje a concluir, que el presidente municipal se encuentra obligado a pagar laudos que no se encuentran dentro del presupuesto anual programado; alterando con ello el manejo de las finanzas públicas.

Por otra parte, tampoco existe motivación, pues el acuerdo recurrido aprobado ilegalmente por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se emitió invadiéndose las facultades del Poder Legislativo a quien le compete en exclusiva la remoción o destitución de los funcionarios electos democráticamente de los Ayuntamientos.

Por otra parte, el Ayuntamiento se encuentra en un estado de incertidumbre jurídica en razón de que, al decretarse la destitución del presidente municipal por parte del tribunal, se está violando el artículo 115 constitucional, puesto que ello se hizo sin notificar al nuevo Ayuntamiento el inicio del procedimiento, es decir, sin otorgarle la oportunidad de realizar manifestaciones u ofrecer pruebas.

Señala que en términos del artículo 115, fracción I, párrafo tercero, constitucional, se desprende que para que pueda afectarse al Ayuntamiento las Legislaturas de los Estados deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) que estén en la ley las causas graves para la suspensión de Ayuntamientos o bien para declarar su desaparición o revocar el mandato de alguno de sus miembros; b) que se haya otorgado previamente la oportunidad para rendir pruebas y formular alegatos; y c) que dicho acuerdo de suspensión o desaparición de un Ayuntamiento, o de revocación del mandato de alguno de sus miembros sea tomado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso.

De los requisitos anteriores –señala la parte accionante– se desprende que el Poder Constituyente buscó preservar a los Ayuntamientos como institución municipal, salvaguardándolos tanto en su integración como en la continuidad del ejercicio de sus funciones de gobierno, debido a que tienen lugar con motivo de un proceso de elección popular directa por el que la comunidad le otorgó un mandato político, el cual debe ser respetado. Por tanto, la mutilación de ese plazo en cualquier supuesto es contraria a la voluntad popular y causa una afectación al ente municipal.

Por otra parte, señala que respecto del Ayuntamiento en cuanto a su continuidad en el ejercicio de sus funciones, también tiene como fin la preservación de la independencia de la institución municipal respecto a las injerencias o intervenciones ajenas, lo cual permite hacer efectiva su autonomía política.

Refiere que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, debió seguir el procedimiento establecido en el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal; en el artículo 41 de la Constitución de Morelos; y en el título décimo primero de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. Preceptos de los cuales se desprende que el Poder Reformador de la Constitución, determinó que solamente a través de la existencia de causas graves que las leyes estatales establezcan, el Congreso Local podrá revocar o suspender a alguno de los miembros del Ayuntamiento, previo procedimiento y audiencia.

Por tales razonamientos, se señala que deben declararse como inconstitucionales los actos impugnados.

Finalmente, hizo mención de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se ha pronunciado favorablemente al respecto en las controversias constitucionales 121/2017, promovida por el Municipio de Cuernavaca, Morelos; 173/2016, promovida por el Municipio de Temoac, Morelos; y 67/2016, promovida por el Municipio de Jojutla, Morelos.

CUARTO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los artículos 1o., 14, 16, 17 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

QUINTO.—Trámite de la controversia. Por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional con el número de expediente 332/2019; asimismo, ordenó que se turnara el expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

Luego, mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en su calidad de instructor de la controversia constitucional, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos, así como a las Secretarías de Gobierno y de Trabajo de esa misma entidad, pero únicamente –por lo que hace a estas últimas– respecto al refrendo de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Por otra parte, no se tuvo como demandadas al director del Periódico Oficial ni al Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, ya que son dependientes del Poder Ejecutivo Estatal.

Además, requirió a los referidos órganos demandados para que, al rendir su contestación, enviaran a este Alto Tribunal todas las documentales relacionadas con el acto impugnado; por último, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que expresaran lo que a su representación correspondiera.

SEXTO.—Contestación de la demanda del Poder Legislativo del Estado de Morelos. Mediante escrito recibido el veintiocho de enero de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, el Poder Legislativo del Estado de Morelos, a través del presidente de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda en donde expuso lo siguiente:

En su capítulo sobre la contestación de los hechos, se dijo que por lo que hace al hecho relacionado con la integración del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, se ignora por no ser un hecho propio, no obstante, la certeza o no del mismo se deriva de la constancia de mayoría exhibida por el Municipio actor. Los demás hechos los ignora y no los afirma ni los niega por no ser propios del Congreso del Estado.

En el apartado sobre improcedencia de la controversia constitucional el Poder Legislativo manifiesta que el Municipio de Yautepec, Morelos, no cuenta con interés legítimo para acudir a la controversia constitucional, pues para que se actualice ese presupuesto, es necesario que las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, resientan una afectación en su esfera de atribuciones.

En ese sentido, señala que el Poder Legislativo del Estado de Morelos, de conformidad con lo que dispone el artículo 40, fracción II, de la Constitución Local, cuenta con las facultades para expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el gobierno y administración interior del Estado; de lo cual se concluye que, de ninguna manera invade la esfera competencial del Municipio de Yautepec, Morelos, ni vulnera su autonomía consagrada en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, siendo evidente que el Municipio carece de interés legítimo y, por tanto, se debe sobreseer en el asunto con fundamento en el artículo 20, fracción II, en relación con los artículos 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia.

En el capítulo sobre la validez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos explica que de acuerdo con lo establecido en los artículos 116, fracción VI, y 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 40, fracciones II y XX, de la Constitución Política del Estado de Morelos, el Congreso de esta entidad federativa, cuenta con atribuciones constitucionales y legales para expedir las leyes relativas a la relación de trabajo ente los Poderes y los Ayuntamientos de los Municipios del Estado y sus trabajadores, así como la seguridad social de estos últimos. Por tanto, en cumplimiento a dichas previsiones, la XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, aprobó la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que contiene el artículo 124, fracción II, demandado. Señala que el artículo impugnado, no es una norma estatal que por su contenido pueda afectar los derechos, facultades, funciones o servicios que corresponden al Municipio de Yautepec, Morelos, en términos del artículo 115 constitucional; de ahí que, carece de interés legítimo. El Congreso del Estado de Morelos, en observancia al artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, que dispone que: "Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan.", estableció en el artículo 41 de la Constitución Local, las causas que se consideran graves y que conllevan la posibilidad de que la Legislatura declare la desaparición o suspensión de un Ayuntamiento, así como los supuestos para la revocación o suspensión de alguno de sus miembros. Añade que ese mismo contenido del artículo 41 se replicó en los diversos preceptos 178 y 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, a los que les es aplicable el procedimiento previsto en los artículos 183 y 184 del mismo ordenamiento.

Explica que las causas graves obedecen a situaciones específicas que, según el legislador local, justifican el desconocimiento de los poderes municipales y, por ende, la intromisión en éstos. Así, el Congreso del Estado podrá declarar la desaparición del Ayuntamiento cuando se desintegre o se encuentre imposibilitado para el ejercicio de sus funciones; podrá declarar la suspensión definitiva del Ayuntamiento cuando haya dejado de funcionar normalmente por cualquier situación distinta a la anterior; cuando haya violado reiteradamente la legislación estatal o la de la Federación y cuando todos sus integrantes se encuentren en el caso en que proceda su suspensión en particular. Para declarar la suspensión de los miembros del Ayuntamiento, se establece un catálogo de situaciones tendentes a demostrar el desinterés del funcionario o que legalmente impida el ejercicio de sus funciones y acordará la revocación del mandato de los miembros del Ayuntamiento, cuando no reúna los requisitos de elegibilidad.

De esta forma, el propio legislador estatal consideró que las causas graves que permiten el desconocimiento de los poderes municipales o de sus miembros, van encaminadas a proteger la autodeterminación de dichos entes y no mermar su libre administración, salvo que se presenten temas de elegibilidad de los miembros o imposibilidades tácticas o jurídicas en el ejercicio de sus funciones; supuestos en los que el Estado, a través del Congreso puede romper con la autonomía del Municipio, desconocerlo y tener injerencia en él. Tan es así que, el propio artículo 41 de la Constitución de Morelos, prevé que en caso de declararse desaparecido algún Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, en los casos en que no procediere que entraren en funciones los suplentes ni que se celebrasen nuevas elecciones, el Congreso del Estado designará entre los vecinos a los Consejos Municipales que concluirán los periodos respectivos.

Señala que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, establece como destinatarios de las medidas de apremio contenidas en la misma, a quienes se ubiquen en el supuesto de que siendo las personas legalmente obligadas a dar cumplimiento a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se niegan a acatar las mismas. Sin embargo, es evidente que la palabra "infractor" a que se refiere el artículo impugnado no comprende a los miembros de los Ayuntamientos, pues resulta claro que para ellos son aplicables los artículos 115, fracción I, de la Constitución Federal y 41 de la Constitución del Estado de Morelos, y 178, 181, 182, 183 y 184 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

En consecuencia, como se impugna el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que es una norma estatal que no es susceptible de afectar específicamente el ámbito de competencia del Municipio actor, por no estar dirigida su aplicación a los miembros de los Ayuntamientos, se debe tener por actualizada la causa de improcedencia detectada.

No obstante –explica el Congreso de Morelos– lo anterior no exime a los integrantes de los Ayuntamientos, de la obligación de acatar los fallos o resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, lo cual tiene su fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal; ello, puesto que la finalidad perseguida es garantizar la plena ejecución de las resoluciones y evitar que se obstaculice la actividad jurisdiccional, dándole al gobernado un efectivo acceso a la justicia, por lo que, con su actuar causa agravios al Congreso del Estado de Morelos.

En ese contexto considera que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, cuya invalidez se demanda, persigue una finalidad constitucionalmente válida, que se desprende del artículo 17 constitucional, porque protege el derecho de acceso a la impartición de justicia, en específico, el principio de completitud, pues la finalidad de tal precepto, es que las resoluciones emitidas por ese órgano jurisdiccional, en específico, los laudos, se cumplan o ejecuten en los términos ordenados, lo cual es acorde con el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia previsto en el artículo 17 de la Ley Fundamental.

Menciona que no se pasa por alto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado en diversas controversias constitucionales que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no incluye a los regidores, síndicos ni presidentes municipales como integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Morelos. Ello en atención a lo dispuesto por los artículos 115, fracción I, de la Constitución Federal, 41 de la Constitución Política del Estado de Morelos y 178, 181 a 184 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos antes referidos.

Sin embargo, como expresó con anterioridad, ello no implica que la porción normativa impugnada no pueda aplicarse para sancionar a servidores públicos de distinta naturaleza, que tengan la calidad de patrón o partes en los juicios laborales, y a quienes aún sin serlo tengan la obligación legal de acatar las resoluciones que dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; esto es, no impide que el órgano de justicia laboral colegiado no pueda aplicar a todos los servidores públicos involucrados, incluidos los integrantes de los Ayuntamientos, las demás sanciones previstas en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, diferentes a la destitución del cargo.

Por otra parte, con relación al planteamiento de que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no cumple con los requisitos de creación normativa, al contener vicios en las etapas del procedimiento legislativo, violándose lo previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sostiene que no existen las violaciones en el procedimiento legislativo alegadas en virtud de lo siguiente:

1. La iniciativa de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos fue presentada por el diputado Noé Suárez López, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, mientras que la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 39 de la Ley del Servicio Civil, fue presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. Con base en el artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Morelos, se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Legislación, y de Trabajo y Previsión Social, del Congreso del Estado de Morelos, la iniciativa de Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, presentada por el diputado Noé Suárez López, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como la iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 39 de la Ley del Servicio Civil, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

3. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Legislación, y de Trabajo y Previsión Social, del Congreso del Estado, aprobaron la iniciativa y elaboraron el dictamen relativo a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

4. Hecho lo anterior, las Comisiones legislativas mencionadas, sometieron a consideración del Pleno del Congreso del Estado de Morelos, el dictamen inherente a la iniciativa de Ley del Servicio Civil.

5. En sesión ordinaria del tercer periodo ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional celebrada el veintidós de agosto del dos mil, la Cuadragésima Séptima Legislatura del Congreso de Morelos aprobó la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

6. Mediante oficio de veintidós de agosto de dos mil, signado por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos y con fundamento en el artículo 70, fracción XVII, de la Constitución Local, se remitió al titular del Ejecutivo Estatal, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, aprobada por el Congreso del Estado en esa misma fecha.

7. El día primero de septiembre del dos mil, el tit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31282-ccf051d4/i-controversia-constitucional-es-oportuna-la-impugnacion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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