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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA EJECUCIÓN DE UN ACTO CONSTITUYE LA APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTE SE FUNDAMENTE EXPRESAMENTE EN AQUÉLLA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE AL PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS, AL CONSTITUIR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, POR NO EXISTIR ACTOS ANTERIORES EN QUE ÉSTE HAYA SIDO APLICADO AL AYUNTAMIENTO ACTOR (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DE REFRENDAR DECRETOS Y REGLAMENTOS, A CARGO DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO, CONSTITUYE UN ACTO AUTÓNOMO QUE LES OTORGA LEGITIMACIÓN PASIVA INDEPENDIENTE DEL PODER EJECUTIVO (ARTÍCULOS 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS Y 24, FRACCIONES XXII Y XXIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE ESA ENTIDAD). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE UN AYUNTAMIENTO CONSTITUYE UN ACTO QUE AFECTA SU INTEGRACIÓN, LO QUE JUSTIFICA SU INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE SER DESESTIMADA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE LA PROMOVIDA POR UN AYUNTAMIENTO CONTRA UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE AFECTA SU INTEGRACIÓN (IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS QUE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA). VII. LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE PROMULGÓ, AL NO ESTAR REFRENDADA POR EL SECRETARIO ENCARGADO DEL RAMO. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL QUE SE HACE EXTENSIVA A SUS ACTOS DE APLICACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL ACUERDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ESA ENTIDAD POR EL QUE ORDENÓ LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA). IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE ÚNICAMENTE TIENE EFECTOS RESPECTO DEL MUNICIPIO ACTOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL ACUERDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ESA ENTIDAD POR EL QUE SE ORDENÓ LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA). X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS Y DEL ACUERDO EMITIDO POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE ESA ENTIDAD POR EL QUE SE ORDENÓ LA DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 121/2017. · Registro digital (IUS): 28301
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-01-25
Promovente: MUNICIPIO DE CUERNAVACA DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, Pág. 278.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 121/2017. MUNICIPIO DE CUERNAVACA DEL ESTADO DE MORELOS. 3 DE JULIO DE 2018. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO Y RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de julio de dos mil dieciocho por el que se emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la presente controversia constitucional 121/2017 promovida por el Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos, por conducto de Cuauhtémoc Blanco Bravo y Denise Arismendi Villegas, quienes se ostentaron como presidente y síndica municipales, respectivamente, en la que demandaron la invalidez de los siguientes actos emitidos por los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad:(1)

a) La aplicación y contenido del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en particular lo relativo a la destitución del presidente municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, derivado de la ejecución de un laudo emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de la entidad.

b) El acuerdo dictado por el presidente ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de cuatro de julio de dos mil dieciséis (sic),(2) emitido con base en el citado artículo 124, fracción II, a través del cual se cita a sesión extraordinaria de Pleno para efecto de destituir al presidente municipal de Cuernavaca, Morelos.

I. Antecedentes

1. En la demanda de controversia constitucional se señalan como antecedentes que mediante acuerdo del presidente ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de cuatro de julio de dos mil dieciséis (sic), con fundamento en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se citó a sesión extraordinaria de Pleno para efecto de destituir al presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, en virtud de que no se ha dado cumplimiento al laudo emitido por dicha autoridad laboral; y que los Poderes Legislativo y Ejecutivo Locales, al emitir la citada ley, dejaron de advertir el contenido del artículo 115 de la Constitución Federal, ya que establece un procedimiento específico para la revocación de mandato o suspensión de alguno de los miembros del Ayuntamiento que contempla los derechos de audiencia y de ofrecimiento de pruebas, y es una facultad de las Legislaturas Locales.

2. Conceptos de invalidez. En su oficio de demanda, el Municipio actor señaló como conceptos de invalidez, en síntesis, los siguientes:

3. Único concepto de invalidez. Se aduce violación al artículo 115 de la Constitución Federal. El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos viola el artículo 115 de la Constitución Federal, porque establece como medida de apremio del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos la destitución del funcionario que no cumpla con sus resoluciones, lo que afecta la integración del Municipio y de sus funciones, puesto que el artículo constitucional prevé la suspensión o revocación de mandato de alguno de los miembros del Ayuntamiento, únicamente por causa grave prevista en la ley local y por la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes Congreso Local.

4. Agrega que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos carece de facultades para destituir de su cargo a un servidor público de elección popular, ya que la facultad de suspender o revocar, conforme al artículo 115 constitucional, corresponde en exclusiva al Congreso Local.

5. En consecuencia, el acuerdo impugnado es violatorio del artículo 115 constitucional, porque el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Local carece de facultades para destituir a un funcionario público.

6. Añade que con la medida de apremio prevista en el artículo impugnado, se invaden las facultades municipales. El Poder Ejecutivo Local vulnera la autonomía del Municipio y menoscaba sus facultades municipales, ya que dicho poder es auxiliado por la Secretaría del Trabajo en coordinación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, las cuales forman parte del citado Poder, y éstas dependen de aquél, por lo que no es posible que se faculte a ese tribunal para destituir a algún miembro del Ayuntamiento por incumplimiento a un laudo laboral, ya que dichas facultades van más allá de la competencia de atribuciones concedidas a los órganos desconcentrados como es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado.

7. Finalmente, el artículo 41 de la Constitución Local establece la forma y los requisitos para revocar el mandato de un funcionario municipal electo por votación popular. Se establece que la destitución podrá ser a través de un acuerdo de dos terceras partes de los miembros del Congreso, a petición del gobernador o cuando menos por el cincuenta por ciento más uno de los diputados del Congreso, por lo que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado y su presidente carecen de facultades para destituir al presidente municipal de Cuernavaca, Morelos.

8. Artículo constitucional señalado como violado. El Municipio actor señaló como violado el artículo 115 de la Constitución Federal.

II. Trámite de la controversia constitucional

9. Admisión y trámite. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional y lo turnó al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que fungiera como instructor, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.(3)

10. El Ministro instructor, previo desahogo de requerimiento,(4) admitió la demanda de controversia constitucional en auto de quince de mayo de dos mil diecisiete y tuvo por presentada únicamente a la síndica del Municipio actor, ya que a ella corresponde la representación del Municipio; y como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, emplazándolas para que formularan su contestación; finalmente, dio vista a la Procuraduría General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.(5)

11. Contestación a la demanda. El secretario de Gobierno y el Poder Ejecutivo de la entidad, al rendir sus contestaciones de demanda señalaron, en el ámbito de sus competencias, coincidentemente en síntesis lo siguiente:

a) El Municipio carece de interés legítimo puesto que el secretario de Gobierno no ha afectado su ámbito competencial, por lo que carece del derecho a demandar la invalidez de los actos impugnados del secretario de Gobierno. En relación con lo anterior, se actualiza la falta de legitimación pasiva del secretario de Gobierno, porque no ha realizado acto alguno que constituya una invasión o afectación al Municipio, ya que no tiene el derecho a obtener la pretensión que demanda respecto del Poder Ejecutivo del Estado, porque los actos del cual emanan sus pretensiones no son propios del ejercicio de las facultades y atribuciones ejercidas de manera directa por el secretario de Gobierno.

b) Es improcedente la controversia constitucional contra resoluciones jurisdiccionales como lo es la determinación del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en la que ordena la destitución del presidente municipal por no cumplir el laudo derivado del expediente laboral 01/391/13 y no existen elementos que permitan suponer una invasión de la esfera competencial de un órgano originario del Estado. Máxime cuando el Municipio actor ha promovido juicios de amparo contra la orden de destitución del presidente municipal. Cita en apoyo a sus argumentaciones la tesis «2a. CVII/2009» de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA."

c) Existen tres juicios de amparo promovidos por el Municipio actor en contra de la aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado.

d) El Municipio actor no formuló conceptos de invalidez respecto de la promulgación y publicación de la norma impugnada.

e) El artículo impugnado no vulnera el artículo 115 de la Constitución Federal. La separación del cargo del presidente municipal de Cuernavaca del Estado de Morelos, ordenada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, no afecta la integración y ejercicio de funciones del Ayuntamiento, ya que debe tomarse en cuenta que para ello son designados los funcionarios suplentes para que cuando sea necesario se sustituya al servidor público electo, como en el caso del presidente municipal su suplente asuma el cargo y garantice la continuidad del ejercicio de las facultades y atribuciones con las que contaba el titular y siga al cargo de la administración pública. Por tanto, no se ve afectado el ejercicio de las funciones que desarrollan los servidores públicos que conforman el Ayuntamiento.

f) De los artículos 123 y 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado, se advierte la facultad del tribunal laboral para hacer efectivos los apercibimientos consistentes en multa de hasta quince salarios mínimos y la destitución de los funcionarios que se nieguen a cumplir las resoluciones emitidas por dicha autoridad, por tanto, su proceder es apegado a la legalidad.

g) El artículo 41, fracción XXXIX, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos establece que el presidente municipal tiene la obligación de cumplir en tiempo los laudos que dicte el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por ello, de no cumplirlos es a quien deben aplicársele las medidas de apremio contenidas en el artículo 124 de la citada ley.

h) El tribunal laboral actúa bajo el artículo 17 de la Constitución Federal que fija la garantía de la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias.

i) Los órganos jurisdiccionales, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lograr el cumplimiento de sus determinaciones cuentan con amplias facultades de aplicar los diversos medios de apremio que la ley prevea, incluso de llegar al extremo de decretar la separación del cargo de las autoridades responsables o vinculadas a acatar sus determinaciones.

j) La Ley del Servicio Civil no distingue la manera en que fueron designadas las autoridades a quienes se les aplicará la sanción, sino que existe la obligación para todas las autoridades de acatar las resoluciones dictadas en los laudos. No es dable considerar que el incumplimiento de una orden de pago derivado de un laudo no pueda ser atendida por el presidente municipal, porque su nombramiento emana de una contienda electoral, siendo que el artículo 17 constitucional garantiza la tutela jurisdiccional y toma como principio fundamental la figura de la ejecutoriedad de las sentencias.

k) El juicio político y el procedimiento para suspender o revocar el mandato, son una cuestión distinta a la aplicación de la medida de apremio por el incumplimiento a la obligación de naturaleza jurisdiccional, por lo que es equivocada la postura del Municipio actor. Además, lo reclamado por el Municipio actor son cuestiones de legalidad dentro de un juicio laboral y no aspectos de inconstitucionalidad.

l) Si bien el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado, dicho poder no puede influir en la función jurisdiccional, porque cuenta con autonomía jurisdiccional plena para ejercer sus funciones y dictar sus resoluciones. Cita en apoyo a sus argumentaciones la tesis «2a./J. 36/2011 (10a.)» de rubro: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO."

m) El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje ejerce funciones equiparables a las del Poder Judicial, por lo que cuenta con amplias facultades para aplicar los diversos medios de apremio que la ley prevea, incluso llegar al extremo de decretar la separación del cargo de las autoridades responsables o vinculadas a acatar sus determinaciones, que incurran en un incumplimiento manifiesto, a fin de logar el cumplimiento de sus determinaciones, tal y como acontece con los órganos del Poder Judicial de la Federación, en los casos del cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Incluso, diversos ordenamientos reglamentarios de la Secretaría del Trabajo y del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, prevén que el tribunal laboral cuenta con plena autonomía jurisdiccional y que la imposición de las medidas de apremio tienen como finalidad asegurar que las resoluciones sean cumplidas.

12. Contestación del Poder Legislativo del Estado. Este Poder al rendir su contestación de demanda señaló, en síntesis, lo siguiente:

a) Es cierto que aprobó la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que contiene el artículo 124.

b) Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, porque el Municipio no cuenta con interés legítimo, ya que no resiente una afectación en su esfera de atribuciones, pues de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Constitución Local es facultad del Poder Legislativo Local expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el gobierno y administración interior del Estado, por lo que no se invade el ámbito competencial del Municipio, ni su autonomía, y debe sobreseerse en la controversia constitucional.

c) No se viola el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal, porque la facultad coactiva de la autoridad administrativa para hacer cumplir sus determinaciones puede emitirse sin necesidad de sujetarse a la garantía de audiencia previa, ya que debe prevalecer el orden público por encima de los particulares a ser escuchados, máxime cuando éstos pueden promover los recursos que estimen pertinentes en los que ofrezcan los elementos de convicción que desvirtúen lo que se les impute. Cita en apoyo a sus argumentaciones la tesis de rubro: "AUDIENCIA. GARANTÍA DE, EN MATERIA IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA."

d) No se afecta al Municipio como tal, sino sólo al integrante destituido como consecuencia de una sanción y no como una consideración del tribunal laboral de que sea indigno de ejercer el cargo de presidente municipal. La sanción permanece en él y no afecta al Municipio.

e) La Legislatura Local al emitir el artículo impugnado se ha limitado a cumplir con un mandato constitucional y cuenta con facultades para emitir leyes que rijan las relaciones laborales entre los Poderes del Estado y los Municipios con sus trabajadores.

13. Opinión del procurador general de la República. Este funcionario no rindió opinión.

14. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.(6)

III. Competencia

15. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como el secretario de Gobierno de la entidad.

IV. Precisión de los actos y las normas impugnadas

16. Este Tribunal Pleno considera necesario precisar el acto impugnado, porque conviene recordar que en el escrito de demanda, el Municipio actor señaló como impugnado el auto de "cuatro de julio de dos mil dieciséis" y el Ministro instructor por auto de siete de abril de dos mil diecisiete requirió al Municipio actor –antes de admitir la demanda de controversia constitucional–, para que, entre otras cosas, precisara la fecha del acuerdo impugnado.

17. Al respecto, el Municipio actor desahogó dicho requerimiento en el sentido de que el acuerdo impugnado es de fecha veintidós de marzo de dos mil diecisiete(7) y que éste le fue notificado el tres de abril del mismo año.(8)

18. En este sentido, de la lectura integral del oficio de demanda y sus anexos, se advierte que el Municipio actor impugna el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete por el que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos ordena destituir al presidente municipal de Cuernavaca del Estado de Morelos, por no haber dado cumplimiento al laudo laboral de ocho de septiembre de dos mil catorce, dictado en el expediente 01/391/13 del índice del citado tribunal laboral.

19. Asimismo, impugna el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos justamente con motivo de su aplicación en el acuerdo impugnado.

20. En el siguiente apartado se analizará la oportunidad de los actos impugnados.

V. Oportunidad

21. El artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia establece en sus fracciones I y II el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen actos o normas generales, el que se computará de la siguiente forma:(9)

22. Tratándose de actos:

a. A partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;

b. A partir del día siguiente al en que el actor haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución;

c. A partir del día siguiente al en que el actor se ostente sabedor de los mismos.

23. En el caso de normas generales:(10)

d. A partir del día siguiente a la fecha de su publicación;

e. A partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

24. En primer lugar, deberá analizarse la oportunidad de la demanda respecto del acuerdo dictado por el presidente ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, ya que éste fue señalado como el primer acto de aplicación de la norma impugnada. En este sentido, el cómputo debe realizarse tomando en cuenta el día en que el Municipio actor se ostentó sabedor del mismo, esto es, el tres de abril de dos mil diecisiete, fecha que le fue notificado este acuerdo.(11)

25. Tomando esa fecha como referente, se concluye que la demanda se interpuso de manera oportuna respecto del citado acuerdo, ya que el plazo de treinta días previsto en la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia culminó el veintidós de mayo del mismo año,(12) siendo que la demanda fue presentada en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el seis de abril de dos mil diecisiete, tal como se advierte del reverso de la hoja once del expediente, por lo que se encuentra dentro del plazo legal referido.

26. Ahora, el Municipio actor impugna el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos que señala en su escrito de demanda con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en el acuerdo impugnado, por lo que, es conveniente tener presente el criterio del Tribunal Pleno en el sentido de que un acto constituye la aplicación de una norma general, siempre y cuando tenga su fundamento en la misma, es decir, cuando en él se haga mención expresa de ésta como su fundamento o se haga una referencia expresa a ella en algún sentido y, además, que en dicha norma se encuentre previsto el caso concreto que se identifica o se contiene en el acto señalado como el de su aplicación, de tal forma que a través de este último se materialice el presupuesto normativo que contiene la disposición general (aplicación expresa o directa); o bien, cuando aunque en dicho acto no se haya citado expresamente la norma general, en ésta se encuentre previsto el caso concreto que se identifica o se contiene en el acto señalado como el de su aplicación, en la forma señalada (aplicación implícita o indirecta).(13)

27. En este sentido, debe analizarse si en el caso, el acto impugnado, efectivamente se trata del primer acto de aplicación, pues de lo contrario, el cómputo de la oportunidad debe hacerse a partir de la publicación de las normas generales impugnadas.

28. Este Tribunal Pleno advierte que en el acuerdo impugnado se aplicó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, tal como se advierte de su propio contenido, y no se advierte que existan actos de aplicación anteriores. El acuerdo impugnado en las partes que interesa señala lo siguiente:

"Vistos para resolver, este H. Tribunal procede a pronunciarse respecto de la aplicación de la sanción prevista en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, misma con la que se apercibió al presidente del Ayuntamiento demandado, mediante acuerdo de fechas dieciocho de enero y cinco de julio, ambos del año dos mil dieciséis, por lo que a continuación se ordena realizar la certificación correspondiente:

"...

"RESUELVE:

"ÚNICO.—En atención a los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto, por unanimidad de votos, se declara procedente la aplicación de la sanción decretada mediante acuerdo de fecha quince de noviembre del año dos mil dieciséis, dictado en los autos del expediente al rubro citado, ante la contumacia en que ha incurrido la parte demandada, esto es:

"Se decreta la destitución del cargo de presidente del Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos, en virtud de no haber dado cumplimiento al requerimiento realizado por esta autoridad, por lo que se ordena girar oficios al presidente e integrantes del Cabildo, para que de manera inmediata hagan efectiva la separación del cargo declarada y lo informen a este tribunal. ..."

29. En estas condiciones, debe tenerse como oportuna la impugnación que se hace del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, al tratarse del primer acto de aplicación y al haberse impugnado el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete dentro del plazo de treinta días para la promoción de la presente controversia constitucional.

VI. Legitimación activa

30. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,(14) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

31. En el presente asunto, el actor es el Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos, y en su representación, suscribieron la demanda Cuauhtémoc Blanco Bravo(15) y Denise Arismendi Villegas, ostentándose como presidente municipal y síndica, respectivamente, cargos que acreditaron con la copia certificada de la constancia de mayoría de la elección de Ayuntamiento del Municipio actor, expedida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana el veintiuno de junio de dos mil dieciséis.(16) Documentales de las que se constata que los promoventes cuentan con los cargos que ostentan.

32. Cabe recordar que en auto de quince de mayo de dos mil diecisiete, el Ministro instructor sólo reconoció representación a la síndica del Municipio actor y no así al presidente municipal, por considerar que conforme a la normativa legal aplicable, la representación del Municipio recae únicamente en los síndicos. Este auto no fue impugnado por lo que causó estado.

33. En este sentido, en esta sentencia únicamente se analiza la representación de la síndica. El artículo 45, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos establece que los síndicos serán representantes jurídicos de los Municipios de la entidad y responsables de vigilar la debida administración del erario público y patrimonio municipal, y tendrán entre sus atribuciones, procurar, defender y promover los intereses municipales, presentar denuncias y querellas, representar jurídicamente al Municipio en los litigios en que éstos fueren parte, y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal.(17)

34. Consecuentemente, si en el Estado de Morelos los síndicos son quienes cuentan con la facultad para representar a los Municipios en las controversias constitucionales, se reconoce personalidad a la síndica municipal Denise Arizmendi Villegas quien suscribió la demanda y se concluye que cuenta con las facultades necesarias para representar al Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos.

35. Asimismo, el Municipio actor cuenta con legitimación para acudir a esta vía al ser uno de los entes enunciados en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(18)

VII. Legitimación pasiva

36. En el auto admisorio de quince de mayo de dos mil diecisiete el Ministro instructor tuvo como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno del Estado de Morelos, este último funcionario por lo que respecta al refrendo del decreto de la norma impugnada, respecto del cual se realizará el presente estudio de constitucionalidad, y se les requirió para que dentro del plazo de treinta días hábiles rindieran su contestación a la demanda.(19)

37. Poder Legislativo Local. El Poder Legislativo del Estado de Morelos es representado por la diputada Beatriz Vicera Alatriste, en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, quien acreditó su personalidad con copia certificada del acta de la sesión ordinaria de doce de octubre de dos mil dieciséis, en la cual consta su designación en tal cargo(20) y sus atribuciones para representar en juicio a dicho órgano legislativo están previstas en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(21)

38. Así, el Poder Legislativo del Estado cuenta con legitimación pasiva para comparecer al juicio al atribuírsele la emisión de la norma general que se impugna.

39. Poder Ejecutivo Local. El Poder Ejecutivo del Estado fue representado por José Anuar González Cianci Pérez, en su carácter de consejero jurídico del Poder Ejecutivo de la entidad, quien acreditó su personalidad con las copias certificadas del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de diecinueve de abril de dos mil diecisiete,(22) en el que consta el nombramiento que le otorgó el gobernador del Estado de Morelos el diecisiete de abril de dos mil diecisiete; cuyas atribuciones para representar al Poder Ejecutivo de la entidad se prevén en la fracción II del artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.(23)

40. Secretario de Gobierno Local. La Secretaría de Gobierno Local fue representada por el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, carácter que acreditó con el ejemplar del Periódico Oficial de la entidad de catorce de octubre de dos mil catorce, en el que consta el nombramiento que le otorgó el gobernador del Estado el trece de octubre de dos mil catorce, y tiene facultades para representar a dicha secretaría de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.(24) Al respecto, los artículos 76 de la Constitución Política del Estado de Morelos(25) y 24, fracciones XXII y XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado,(26) facultan al secretario de Gobierno del Estado de Morelos para refrendar y publicar las leyes o decretos que promulgue el Ejecutivo del Estado.(27)(sic)

41. Conforme a lo anterior, este Tribunal Pleno considera que el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a ellos se les imputa el acto impugnado y ha quedado demostrado que los funcionarios que comparecen cuentan con facultades para representar a dichos Poderes y órganos.

VIII. Causas de improcedencia

42. Falta de interés legítimo. El secretario de Gobierno y el Poder Ejecutivo señalaron en sus contestaciones que el Municipio actor carece de interés legítimo, porque el secretario de Gobierno no ha afectado su ámbito competencial y respecto de este último funcionario se actualiza la falta de legitimación pasiva, porque no ha realizado acto alguno que constituya una invasión o afectación al Municipio. Asimismo, señalan que el Municipio actor no formuló conceptos de invalidez respecto de la promulgación y publicación de la norma impugnada.

43. De igual manera, el Poder Legislativo Local señala que el Municipio actor no cuenta con interés legítimo, porque no resiente una afectación en su esfera de atribuciones, ya que de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Constitución Local es facultad del Congreso Local, expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar las leyes, decretos y acuerdos para el gobierno y administración interior del Estado, por lo que no se invade el ámbito competencial del Municipio ni su autonomía.

44. Deben desestimarse las anteriores causas de improcedencia, porque no les asiste la razón a las autoridades demandadas. En un medio de control constitucional como lo es la controversia constitucional cuando se impugnan normas generales, tienen la calidad de demandados, de conformidad con el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, tanto el órgano que la hubiera expedido como el órgano que la hubiera promulgado, por lo que con independencia de que se hagan valer o no conceptos de invalidez del acto de promulgación, ello no impide te

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28301-7a78407d/i-controversia-constitucional-la-ejecucion-de-un-acto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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