I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE AFECTA LA INTEGRACIÓN DE UN AYUNTAMIENTO (ACUERDO POR EL QUE EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ORDENA DESTITUIR AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHITEPEC DE ESA ENTIDAD). III. DESTITUCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LA INTERPRETACIÓN CONFORME DE LA NORMATIVA QUE LA REGULA PERMITE CONSIDERAR QUE EL VOCABLO "INFRACTOR" NO INCLUYE A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). IV. DESTITUCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. EL TRIBUNAL RESPECTIVO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE ATRIBUCIONES PARA ORDENARLA, TODA VEZ QUE ELLO ES FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL (INVALIDEZ DEL ACUERDO POR EL QUE SE DESTITUYE DE SU CARGO AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE XOCHITEPEC DE ESA ENTIDAD).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 80/2018. MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, ESTADO DE MORELOS. 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA ICAZA. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: RON SNIPELISKI NISCHLI.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al 28 de noviembre de 2018, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 80/2018 promovida por el Municipio de Xochitepec, Estado de Morelos.
I. Antecedentes
1. Presentación de la demanda. El 27 de marzo de 2018, el Municipio de Xochitepec, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el secretario de Gobierno, la Dirección General del Periódico Oficial Tierra y Libertad y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, todos del mismo Estado.
2. En su demanda reclamó diversos actos y omisiones por los cuales se destituyó al presidente municipal como sanción por incurrir en desacato de un laudo dictado por el tribunal demandado. Aunado a lo anterior, solicitó la declaración de invalidez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio del Estado de Morelos.
3. Registro, turno y admisión de la demanda. El 2 de abril, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, la cual quedó registrada con el número 80/2018, y lo turnó al Ministro Javier Laynez Potisek para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
4. Al día siguiente, el Ministro instructor admitió la demanda en contra de los Poderes, el secretario y el tribunal demandados, ordenó emplazarlos a juicio para que formulasen su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestase lo que correspondiera a su representación.(1)
5. Audiencia. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el 13 de agosto de 2018 se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante ley reglamentaria), en la que se hizo relación de los autos en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y por no presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
6. Radicación. El 5 de noviembre de 2018 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento de la presente.(2)
II. Competencia
7. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) 1o. de la ley reglamentaria,(4) 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) en relación con los puntos segundo, fracción I, a contrario sensu, y tercero del Acuerdo General del Pleno Número 5/2013,(6) toda vez que se trata de un conflicto entre el Municipio de Xochitepec y el Estado de Morelos, por conducto de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en el cual resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, en atención al sentido del fallo.
III. Certeza y precisión de los actos reclamados
8. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria,(7) se procede a precisar los actos que son objeto de la presente controversia constitucional y apreciar las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados.
9. En primer lugar, el Municipio pretende impugnar "todo procedimiento iniciado, seguido y concluido por los demandados para suspender definitivamente del cargo de presidente municipal y del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, al ciudadano Alberto Sánchez Ortega, y las consecuencias que de tal acto deriven"; sin especificar cuáles son los primeros o en qué consisten las segundas, cuando es un requisito de la demanda que el actor señale cuáles son los actos impugnados de conformidad con el artículo 22, fracción IV, de la ley reglamentaria.(8)
10. Por tanto, dicho requisito no se puede considerar satisfecho en el presente caso, porque el Municipio actor sólo hizo una manifestación genérica e imprecisa de ellos. En consecuencia, respecto de este reclamo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria y, por lo mismo, se debe sobreseer con fundamento en el artículo 20, fracción II, de la propia ley.(9)
11. Resulta aplicable el criterio del Pleno derivado de la controversia constitucional 54/2005, contenido en la tesis P./J. 64/2009 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS."(10)
12. En segundo lugar, reclamó la "omisión de dar intervención al Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, en cualquier procedimiento de suspensión definitiva del cargo de presidente municipal del ciudadano Alberto Sánchez Ortega, y particularmente en aquél sustanciado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, en los autos del expediente burocrático 01/201/14".
13. Primero, respecto de la omisión genérica que planteó, tampoco se puede considerar satisfecho el requisito previsto en el artículo 22, fracción IV, de la ley reglamentaria y, por los mismos motivos y fundamentos que fueron señalados anteriormente, también se debe sobreseer en el juicio; segundo, respecto de la omisión que atribuyó al tribunal demandado por no darle intervención en los autos del expediente 01/201/2014, las constancias que obran en autos demuestran lo contrario, esto es, que el Municipio actor sí intervino en el mismo y, consecuentemente, acreditada la inexistencia de la omisión que reclama, lo procedente es decretar el sobreseimiento con fundamento en la fracción III del artículo 20 de la ley reglamentaria.(11)
14. En tercer lugar, reclamó: "la omisión de las demandadas de emplazar, notificar o llamar a cualquier procedimiento por virtud del cual haya recaído acuerdo o emisión de resolución en la cual se establezca la separación definitiva del cargo de presidente municipal al ciudadano Alberto Sánchez Ortega."
15. Al igual que con los reclamos anteriores, también se debe sobreseer, respecto de esta omisión por genérica e imprecisa.
16. En cuarto lugar, reclamó la "invasión de la esfera competencial constitucional del Congreso del Estado de Morelos por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al emitir resolución en la cual se ordena la suspensión definitiva del cargo de presidente municipal de Xochitepec, Morelos, del ciudadano Alberto Sánchez Ortega."
17. En este sentido, el Municipio actor pretende impugnar, específicamente, la resolución del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos que dictó en el expediente 01/201/2014, el 16 de octubre de 2017, que destituyó al presidente municipal de Xochitepec como sanción por incumplir un laudo laboral. La existencia de dicha resolución fue reconocida por el propio tribunal demandando, y se encuentra acreditada en autos con una copia certificada de la misma.
18. En quinto lugar, solicitó la declaración de invalidez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, cuya publicación se hace constar con copia certificada de un ejemplar del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, con número 4074, sección segunda, Sexta Época, del 6 de septiembre de 2000.(12)
19. En sexto lugar, el Municipio actor atribuyó una omisión legislativa relativa a los Poderes y al secretario demandados por "no armonizar o adecuar la Ley del Servicio Civil de Morelos, en su artículo 124, fracción II, de conformidad con lo ordenado en el (sic) artículos 115, fracción VIII, en relación con el diverso 123 de la Constitución Federal, atento al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete y sus transitorios primero y segundo" y, en vía de consecuencia, vuelve a solicitar la declaración de invalidez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
20. Por su parte, los Poderes y el secretario demandados negaron la existencia de la omisión legislativa apuntada, lo cual conllevaría la improcedencia de la controversia constitucional; sin embargo, este motivo de improcedencia se debe desestimar, porque es necesario analizar la norma general en cuestión para poder acreditar su dicho y esto involucra, precisamente, el estudio de fondo del asunto. Resulta aplicable el criterio del Tribunal Pleno derivado de la controversia constitucional 31/97, contenido en la tesis P./J. 92/99 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(13)
21. Lo anterior, en congruencia con el criterio del Pleno derivado de la controversia constitucional 3/97, contenido en la tesis P./J. 82/99 de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PROCEDE IMPUGNAR EN ESTA VÍA LAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS A QUE SE REFIERE LA LEY REGLAMENTARIA RESPECTIVA, SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS Y OMISIONES."(14)
22. Por consiguiente, la materia de la presente controversia constitucional se constriñe a:
I. La resolución del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos que dictó en el expediente 01/201/2014 el 16 de octubre de 2017;
II. El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y
III. La omisión legislativa relativa por no armonizar o adecuar la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en su artículo 124, fracción II.
IV. Oportunidad
23. La oportunidad de la presentación de la demanda se analizará de acuerdo con la precisión realizada en el apartado anterior.
24. En primer lugar, para la impugnación de la resolución emitida por el tribunal demandado, el plazo de treinta días hábiles se debe computar de conformidad con la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria,(15) esto es, a partir del día siguiente de aquel en que surtió efectos su notificación o que se tuvo conocimiento de ella o de su ejecución, o al día siguiente en que el poder actor se ostentó sabedor de la misma.
25. De las constancias que obran en autos, se advierte que la resolución le fue notificada al Municipio actor el 5 de marzo de 2018, y que surtió sus efectos ese mismo día,(16) esto último de acuerdo con el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo,(17) aplicable supletoriamente por disposición del artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos,(18) consecuentemente, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del 6 de marzo al 20 de abril de 2018.(19)
26. Por consiguiente, la controversia constitucional es oportuna respecto de la resolución impugnada porque la demanda se presentó el 27 de marzo de 2018.(20)
27. En segundo lugar, para la impugnación de la norma general, el plazo de treinta días hábiles se debe computar de conformidad con la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria,(21) esto es, a partir del día siguiente de su publicación o del día siguiente al que se produjo su primer acto de aplicación.
28. En este caso, el Municipio actor no especificó si impugna la norma general con motivo de su publicación o de su primer acto de aplicación; sin embargo, sólo podría hacerlo con motivo de su publicación, ya que la resolución impugnada no constituye su primer acto de aplicación, sino uno ulterior, puesto que el tribunal demandado acreditó que ya le había aplicado la misma norma general en otra resolución que dictó el 19 de octubre de 2016, dando lugar a la improcedencia de la controversia constitucional de conformidad con el criterio del Pleno derivado de la controversia constitucional 84/2004, contenido en la tesis P./J. 121/2006, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA."(22)
29. Por tanto, si sólo podía promover la controversia constitucional con motivo de la publicación de la norma general impugnada, entonces el plazo para presentar la demanda transcurrió en exceso, ya que ésta se publicó desde el 6 de septiembre del 2000.
30. En consecuencia, respecto de la norma general impugnada se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria(23) y, por lo mismo, lo procedente es decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, del mismo ordenamiento legal.
31. Finalmente, para determinar la oportunidad de la demanda en relación con la omisión legislativa impugnada, se debe tener en cuenta que ni en la ley reglamentaria ni en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia por virtud del artículo 1o. de la ley reglamentaria,(24) existe disposición específica para computar el plazo cuando se impugnen omisiones.
32. Por este motivo, en este tipo de casos se debe considerar que la oportunidad para presentar la demanda se actualiza de momento a momento mientras la omisión impugnada subsista, de conformidad con el criterio del Tribunal Pleno derivado de la controversia constitucional 10/2001, contenido en la tesis P./J. 43/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN."(25)
33. Por consiguiente, la controversia constitucional es oportuna en relación con la omisión legislativa impugnada.
V. Legitimación
34. Legitimación activa. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria,(26) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.
35. En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por María del Rosario Flores Gaona, síndica del Municipio de Xochitepec, Estado de Morelos, quien acreditó su personalidad con la constancia de mayoría expedida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana el 11 de junio de 2015.
36. De conformidad con lo previsto por el artículo 45, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos,(27) la suscrita se encuentra legitimada para promover la presente controversia constitucional en representación del Municipio actor.
37. Legitimación pasiva. De conformidad con la fracción II del artículo 10 de la ley reglamentaria,(28) se les reconoció el carácter de parte demandada a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como al secretario de Gobierno y al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, todos del Estado de Morelos.
38. a) Poder Ejecutivo. En su representación compareció José Anuar González Cianci Pérez con la calidad de consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, personalidad que acreditó con copia certificada del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 19 de abril de 2017, donde consta su nombramiento de fecha 17 de abril del mismo año,(29) así como con el acuerdo publicado en el mismo medio oficial el 11 de junio de 2015,(30) por medio del cual el gobernador del Estado autoriza al titular de la Consejería Jurídica para ejercer todas las atribuciones y facultades que requieran acuerdo previo.
39. En términos de los artículos 11, párrafo cuarto, 13, fracción VI, 14 y 38, fracciones I, II y III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(31) en relación con los artículos 1, 2, 4, fracciones I y V, 9 y 10, fracciones VIII y XXI, del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica,(32) la consejería está facultada para representar al titular del Poder Ejecutivo en las controversias constitucionales.
40. b) Secretario de Gobierno del Estado de Morelos. En su representación comparece Ángel Colín López, quien acreditó su cargo con un ejemplar del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5566, de 3 de enero de 2018, en donde consta su nombramiento.(33)
41. Dicho secretario cuenta con legitimación pasiva al haber refrendado el decreto impugnado, facultad que le confiere el artículo 11, fracción XXV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos.(34) Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 109/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, de rubro: "SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO."(35)
42. c) Poder Legislativo. En su representación compareció Hortencia Figueroa Peralta con el carácter de diputada vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso Estatal, acreditando esa personalidad con copia certificada del acta de sesión de 29 de junio de 2016,(36) de la cual se desprende que fue electa para ocupar ese cargo hasta el 31 de agosto de 2017. Sin que sea obstáculo que haya producido la contestación a la demanda con posterioridad a esta última fecha, ya que continúa ejerciendo dicha representación en términos de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(37)
43. Por consiguiente, como vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local es su representante de conformidad con los artículos 36, fracción XVI, y 38 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos(38) y, por ende, se encuentra legitimada para contestar la demanda en representación del Poder Legislativo del Estado.
44. d) Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. En su representación compareció Juan Manuel Díaz Popoca, presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, acreditando su personalidad con copia certificada de su nombramiento expedido por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos el 1 de septiembre de 2015.(39)
45. Así, como presidente de dicho tribunal es su representante de conformidad con el artículos 109 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos(40) y 12, fracción XIII, del Reglamento Interior del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.(41)
VI. Causas de improcedencia
46. El tribunal estatal demandado planteó la improcedencia de la controversia constitucional porque la resolución impugnada se dictó en ejercicio de su actividad jurisdiccional, esto en términos de los artículos 41 a 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(42) apoyando lo anterior con el criterio de la Segunda Sala contenido en la tesis 2a. CVII/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA."(43)
47. La causa de improcedencia referida es infundada porque en este caso se impugnó la presunta invasión en la esfera competencial de un órgano originario del Estado y, por lo mismo, la cuestión a examinar no se refiere a la legalidad de las consideraciones de la resolución del tribunal demandado, sino a cuestiones que atañen al ámbito competencial de los poderes locales y a la posible afectación a la integración del Ayuntamiento, por lo que el criterio aplicable, en todo caso, es el contenido en la tesis P./J. 16/2008, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO."(44)
48. Por su parte, el Poder Legislativo demandado adujo que sus facultades constitucionales (de expedir, aclarar, reformar, derogar, aprobar las leyes, decretos y acuerdos para el Gobierno y Administración del Estado) no invaden la esfera competencial del Municipio actor ni vulneran su autonomía; por lo mismo, considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria, por la falta de interés legítimo para promover la controversia constitucional.
49. Dicha causa de improcedencia también se desestima, porque no se puede determinar la afectación que el acto reclamado genera al Municipio actor sin analizar el fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno P./J. 92/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(45)
50. Finalmente, resulta innecesario pronunciarse sobre el motivo de improcedencia planteado por el tribunal demandado en relación con el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, toda vez que el juicio se sobreseyó, respecto de dicha norma general.
VII. Estudio de fondo
51. En primer lugar, se analizará la constitucionalidad de la resolución del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos que emitió dentro del expediente 01/201/2014 el 16 de octubre de 2017, en la que se declaró procedente la imposición de la medida de apremio al presidente del Municipio Xochitepec, Estado de Morelos, consistente en la destitución del cargo.
52. En sus conceptos de invalidez planteó la incompetencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para decretar la destitución de su presidente municipal, por ser ésta una atribución de la Legislatura local, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
53. El concepto de invalidez planteado resulta fundado, en atención a las siguientes consideraciones.
54. En suplencia de la deficiencia de la demanda, con fundamento en el artículo 40 de la ley reglamentaria,(46) esta Segunda Sala considera que el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos interpretó en forma incorrecta lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, lo que motiva declarar la invalidez del acuerdo impugnado.
55. Para demostrar tal aserto, en primer lugar es conveniente citar el contenido expreso del artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal:
"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
"I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.
"Las Constituciones de los Estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los Ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.
"Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan.
"Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.
"En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos; estos concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores ..."
56. De la norma suprema transcrita se destaca lo siguiente:
1. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, el que se integra por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine.
2. Las Legislaturas de los Estados están facultadas para suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, siempre y cuando se den los siguientes requisitos:
a) Que la decisión se tome por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes.
b) Que se actualice alguna de las causas graves que la ley local establezca.
c) Que a los miembros de los Ayuntamientos se les conceda oportunidad suficiente para rendir las pruebas y formular los alegatos que a su juicio convengan.
57. En relación con la referida disposición constitucional, el Tribunal Pleno, al resolver la controversia constitucional 27/2000,(47) realizó el análisis siguiente:
"... Ahora bien, una de las finalidades del Municipio es el manejo de los intereses colectivos que corresponden a la población radicada en una circunscripción territorial para posibilitar una gestión más eficaz de los servicios públicos. También implica una descentralización política que organiza una entidad autónoma hasta cierto límite y en atención a ciertas necesidades, bajo un régimen jurídico especial que comprende: un núcleo de población agrupado en familias, una porción determinada del territorio nacional, y también determinadas necesidades colectivas relacionadas con el gobierno de la ciudad y con exclusión de lo que corresponde a otros entes.
"El Municipio, como ente autárquico territorial, se entiende a partir de las propias características de los entes autárquicos, éstas son: personalidad jurídica de derecho público, una creación de la ley, la finalidad a perseguir, y la existencia de un vínculo de dependencia o relación jerárquica con un poder central.
"El Municipio como nivel de gobierno se entiende como el nivel primario de la organización estatal, a la que el ordenamiento atribuye un conjunto de facultades a ejercer.
"De acuerdo con lo anterior, es posible determinar que el precepto fundamental citado, establece los elementos en que se sustenta el principio de libertad municipal introducido mediante reforma de mil novecientos ochenta y tres; contenido del Texto Constitucional vigente y su clasificación y la naturaleza propia de la figura del Municipio.
"Derivado de lo expuesto hasta aquí, se sigue que el órgano revisor de la Constitución pretendió, a través de la enmienda en comento de 1983, fortalecer el ámbito competencial del Municipio, recogiendo un viejo anhelo del constitucionalismo mexicano, consignando facultades propias de los Municipios y la elección libre, popular y directa de sus gobernantes, y sólo a través de la existencia de causas graves, que las leyes estatales hayan determinado, cuando así fuere necesario, se podrá revocar o suspender a alguno de los miembros del Ayuntamiento.
"Como corolario de lo anterior pueden desprenderse las siguientes conclusiones:
"1) La revocación o suspensión del mandato de alguno de los miembros de un Ayuntamiento sólo procede, porque haya incurrido en alguna causa grave legalmente prevista. En este sentido se ha pronunciado este Tribunal Pleno, sustentando al respecto la tesis jurisprudencial identificada con el número P./J. 19/1999, que textualmente señala: ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SI LA LEGISLATURA REVOCA EL MANDATO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL SIN ESTAR ACREDITADO QUE INCURRIÓ EN LAS CAUSAS GRAVES PREVISTAS EN LA LEY LOCAL, INFRINGE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y PROCEDE DECLARAR LA INVALIDEZ DEL DECRETO RELATIVO (ESTADO DE MÉXICO).’
"2) La facultad de revocación o suspensión del mandato por haberse incurrido en alguna causa grave legalmente prevista, por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de las Legislaturas Locales, se refiere a los miembros de los Ayuntamientos, como expresamente se señala en el artículo 115, fracción I, tercer párrafo, de la Carta Magna, miembros que especifica el primer párrafo de la referida fracción del precepto constitucional señalado, al señalar que ‘Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento ... integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine’, es decir que tal facultad de revocación o suspensión se refiere al presidente municipal, y a los regidores y síndicos exclusivamente, y no así a los demás trabajadores, empleados o servidores públicos municipales, cuyas relaciones de trabajo, en términos de la fracción VIII, segundo párrafo, del artículo 115 de la Constitución Federal se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la propia Carta Magna y sus disposiciones reglamentarias ..."
58. La jurisprudencia P./J. 19/1999(48) que se cita en el precedente señala:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SI LA LEGISLATURA REVOCA EL MANDATO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL SIN ESTA
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28950-b06a4012/i-controversia-constitucional-es-improcedente-contra-un-segundo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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