I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS (OMISIÓN DE DAR INTERVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MORELOS, EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y, PARTICULARMENTE, EN EL SUSTANCIADO POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE MORELOS EN EL EXPEDIENTE BUROCRÁTICO 01/213/2011). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA CON DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL SÍNDICO MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DEMANDA RELATIVA (ARTÍCULO 45, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA LEGITIMACIÓN PASIVA LA TIENEN TANTO EL PODER LEGISLATIVO COMO EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA CUANDO SE LES ATRIBUYA LA EMISIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DE REFRENDAR DECRETOS Y REGLAMENTOS, A CARGO DE LOS SECRETARIOS DE ESTADO, CONSTITUYE UN ACTO AUTÓNOMO QUE LES OTORGA LEGITIMACIÓN PASIVA INDEPENDIENTE DEL PODER EJECUTIVO. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE RECONOCERSE LEGITIMACIÓN PASIVA A LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE MORELOS PARA INTERVENIR EN ELLA. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL, SI EL ACTOR SOSTIENE QUE ÉSTA IMPLICA UNA INVASIÓN A SU ESFERA COMPETENCIAL. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). XI. DESTITUCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. EL TRIBUNAL RESPECTIVO DEL ESTADO DE MORELOS CARECE DE ATRIBUCIONES PARA ORDENARLA, TODA VEZ QUE ELLO ES FACULTAD DEL CONGRESO LOCAL (VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS). XII. DESTITUCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LA INTERPRETACIÓN CONFORME DE LA NORMATIVA QUE LA REGULA, PERMITE CONSIDERAR QUE EL VOCABLO "INFRACTOR" NO INCLUYE A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO (ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS). XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI LOS ACTOS IMPUGNADOS CONSTITUYEN ACTOS FUTUROS E INCIERTOS, CUYA EXISTENCIA NO SE ACREDITA EN AUTOS, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 20, FRACCIÓN III, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 356/2019. MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, ESTADO DE MORELOS. 13 DE ENERO DE 2021. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. EMITIÓ SU VOTO CON RESERVAS JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al trece de enero de dos mil veintiuno, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 356/2019, promovida por el Municipio de Xochitepec, Estado de Morelos.
El tema jurídico a resolver es determinar si: ¿el tribunal demandado invade la competencia del Municipio actor con la emisión de la resolución impugnada, en la que determina la actualización de la medida de apremio prevista en la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y ordena se remita el expediente relativo al Congreso Local para que éste lleve el procedimiento de destitución, suspensión o revocación del mandato de su presidente municipal?
1. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. 1.1 Presentación de la demanda de controversia. Por escrito recibido el once de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) Janet Trejo Toledo, quien se ostentó como síndica del Municipio de Xochitepec, Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la Secretaría de Gobierno, la Dirección General del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", así como el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, todos de la citada entidad federativa, en la que impugna lo siguiente:
"IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado:
"Primero. Reclamo todo procedimiento iniciado, seguido y concluido por los demandados para suspender definitivamente del cargo de presidente municipal de Xochitepec, en Morelos, al ciudadano Alberto Sánchez Ortega, y las consecuencias que de tal acto deriven.
"Segundo. La omisión de dar intervención al Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, en cualquier procedimiento de suspensión definitiva del cargo de presidente municipal del ciudadano Alberto Sánchez Ortega, y particularmente en aquel sustanciado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, en los autos del expediente burocrático 01/213/2011, en violación a lo ordenado en los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal.
"Tercero. La omisión de las demandadas de emplazar, notificar o llamar a cualquier procedimiento por virtud del cual haya recaído acuerdo o emisión de resolución en la cual se establezca la separación definitiva del cargo del ciudadano presidente municipal Alberto Sánchez Ortega, para esta administración municipal.
"Cuarto. La norma general, consistente en el artículo 124, fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, promulgada el día 01 de septiembre del año 2000, expedida por la XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, y publicada el día 06 de septiembre de 2000 y entro (sic) en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ con número 4074, sección segunda, sexta época, al contrastar con lo dispuesto por los artículos 17 y 115, fracción VIII, de la Constitución Federal.
"Quinto. Demandamos la declaración de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, por parte del Congreso de Morelos, Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y secretario de Gobierno del Estado de Morelos, al no armonizar o adecuar la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en su artículo 124, fracción II, de conformidad con lo ordenado en el artículos (sic) 17 y 115, fracción VIII, y en relación con el diverso 123 de la Constitución Federal, atento al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987 y sus transitorios primero y segundo que ordenan imperativamente que las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que al efecto expidan las Legislaturas de los Estados a las cuales no se les permitió asignar contenidos propios ni originales, sino adaptar el artículo 123 de la propia Constitución y sus disposiciones reglamentarias, teniendo el plazo de un año, computado a partir de la vigencia de dicho decreto, para que procedieran a reformar y adicionar las Constituciones y leyes locales, para proveer el debido cumplimiento de las disposiciones del decreto.
"Como consecuencia de la omisión legislativa relativa, se solicita la declaración de invalidez por inconstitucionalidad de la de la (sic) Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos en su artículo 124, fracción II promulgada el día 01 de septiembre del año 2000, expedida por la XLVII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos y publicada el día 06 de septiembre de 2000 y que entro (sic) en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ Número 4074, sección segunda, sexta época, al contrastar con lo dispuesto por el artículo (sic) 17 y 115, fracción VIII, y 123, apartado B, de la Constitución Federal y que fuese aplicada a (sic) integrante de este Ayuntamiento.
"Sexto. La aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación en el Periódico Oficial del Estado de Morelos ‘Tierra y Libertad’ de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, en particular los artículos 1, 11,45 fracción I, XIII, XIV, XV, 109, 114, 123 y 124, fracción II, aplicados en la orden de destitución de 02 de enero del 2019. (sic)
"La falta de refrendo de la Ley del Servicio Civil del Estado, promulgada el primero de septiembre del año dos mil y publicada el seis de septiembre del mismo año, en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, por el entonces secretario de Desarrollo Económico del Estado de Morelos, así como su publicación en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ no obstante que no existió el refrendo.
"Séptimo. La invasión de la esfera competencial constitucional del Congreso del Estado de Morelos por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al emitir resolución en la cual se ordena la suspensión definitiva del cargo de presidente municipal de Xochitepec, Morelos, del ciudadano Alberto Sánchez Ortega, en franco desacato a lo ordenado por el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, afectándose la integración y gobernabilidad del Ayuntamiento y el propio Municipio de Xochitepec, Morelos, aun y cuando solo se ordena su materialización por parte del Congreso de Morelos, puesto que la propia orden nace en el propio tribunal burocrático."
2. 1.2 Preceptos constitucionales que se estiman violados. El Municipio actor señaló como transgredidos en su perjuicio los artículos 14, 16, 17, 115, fracciones I y VIII, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
3. 1.3 Conceptos de invalidez. La parte actora formuló, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:
• Se omitió notificar el procedimiento y suspensión definitiva del cargo de presidente municipal y del Ayuntamiento de Xochitepec, a los integrantes del Ayuntamiento, por lo que se afecta gravemente la integración del mismo y se viola el artículo 14 constitucional, ya que previamente a cualquier acto de privación, se debe dar derecho al afectado de conocer el trámite que se le sigue, de ofrecer y desahogar pruebas, y de alegar, para garantizar una defensa adecuada.
• El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, carece de competencia para decretar la destitución de su presidente municipal, por ser ésta una atribución del Congreso del Estado, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que prevé un procedimiento especial que se debe llevar a cabo por las Legislaturas Locales para poder destituir, suspender o revocar el mandato de un presidente municipal.
• La disposición constitucional referida otorga de manera única y exclusiva al Congreso Local la facultad y competencia de suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.
• El artículo 41 de la Constitución del Estado de Morelos, en congruencia con el artículo 115 de la Constitución Federal, establece el procedimiento que debe llevar a cabo la Legislatura de la entidad federativa para suspender o revocar a alguno de los miembros de los Ayuntamientos, no así otro órgano, entidad u organismo; tal precepto señala que el Congreso del Estado, por acuerdo de al menos dos terceras partes de sus integrantes, podrá suspender Ayuntamientos, declarar que han desaparecido, revocar el mandato de alguno de sus miembros, concediendo previamente a los miembros afectados la oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar lo que a su juicio convenga.
• La principal razón o existencia del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es la de sancionar a servidores públicos de libre designación, es decir, aquellos que ostentan el carácter de funcionarios, que por su naturaleza son elegidos para operar una administración pública, mas no para aquellos que son electos por el mandato del pueblo, ya que existe un procedimiento especial para sancionarlos y separarlos del cargo.
• Por otra parte, el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, transgrede el numeral 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no estar armonizado con el mismo, y establecer la destitución de funcionarios como consecuencia de la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y desconociendo que esa atribución corresponde a las Legislaturas de los Estados, que son las únicas facultadas para determinar la suspensión de Ayuntamientos, declarar que han desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros.
• Existen vicios en el procedimiento de creación de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, ya que fue promulgada y refrendada deficientemente, debido a que no la refrendó el entonces secretario del ramo correspondiente, esto es, el secretario de Desarrollo Económico, sino únicamente el secretario General de Gobierno, por lo que no cumple con el requisito de validez de refrendo y genera la inconstitucional aplicación de los artículos 1, 11, 45, fracción I, XIII, XIV, XV, 109, 114, 123 y 124, fracción II, por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos.
4. 1.4 Radicación y turno. Mediante proveído de presidencia de doce de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó formar y registrar esta controversia bajo el número 356/2019 y se designó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora en el procedimiento.(2)
5. 1.5 Admisión. Por auto de doce de diciembre de dos mil diecinueve, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados únicamente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, al secretario de Gobierno y al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, todos del Estado de Morelos, no así a la Dirección General del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", por tratarse de un órgano interno subordinado al Ejecutivo Estatal; asimismo, ordenó que se les emplazara para que formularan su contestación; requirió copia certificada de las documentales relacionadas con la norma impugnada; no tuvo como terceros interesadas a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión; y finalmente, mandó dar vista a la Fiscalía General de la República y Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que manifestaran lo que a su respectiva representación correspondiera.(3)
6. 1.6 Contestación del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Mediante escrito recibido en este Alto Tribunal el diez de febrero de dos mil veinte,(4) María Reyna Valencia Reyes, en su carácter de presidenta y tercer árbitro del citado tribunal, dio contestación a la demanda, la cual la Ministra instructora tuvo por recibida mediante acuerdo de diez de febrero siguiente.(5) Dicho tribunal aduce, en esencia, lo siguiente:
• Los actos reclamados constituyen acuerdos de carácter jurisdiccional dictados por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para hacer cumplir sus determinaciones; por tanto, fueron dictadas en ejercicio de su autonomía jurisdiccional, actualizándose lo dispuesto en la tesis 2a. CVII/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA QUE DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA RELATIVA."
• La aplicación de la sanción que contempla el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, se hizo válida a partir de la entrada en vigor de la reforma realizada a la ley orgánica municipal, en específico la fracción XXXIX de su artículo 41, publicada en el Periódico Oficial de la entidad de veintitrés de enero de dos mil catorce, que establece la obligación del presidente municipal de cumplir y hacer cumplir los laudos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, razón suficiente para considerar que se actualiza el supuesto explicado en la tesis P. XV/2009, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA PROMOVERLA CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS GENERALES A PARTIR DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN REALIZADO EN UNA DIVERSA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA ÚLTIMA."
• No se invade la esfera competencial del Congreso del Estado, en razón de que el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con base en lo dispuesto en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, determinó procedente remitir al Congreso del Estado de Morelos copia certificada del expediente laboral 01/213/11, a partir del laudo de dos de diciembre de dos mil catorce hasta la resolución de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, para que los integrantes del mismo, iniciaran el procedimiento de suspensión definitiva y/o destitución y/o revocación del mandato del presidente municipal del Ayuntamiento de Xochitepec.
• Contrario a lo que refiere el Municipio actor, este tribunal no pasa por alto que acorde con el artículo 115 de la Constitución Federal, es facultad de las Legislaturas Locales determinar si es procedente la suspensión o revocación del mandato de alguno de los miembros de los Ayuntamientos, por lo que en atención a tal precepto se ordenó remitir copia certificada del expediente laboral al Congreso del Estado de Morelos para que iniciaran el procedimiento de suspensión definitiva y/o destitución y/o revocación del presidente municipal.
7. 1.7 Contestación del Poder Ejecutivo de Morelos. Mediante escrito recibido ante este Alto Tribunal el trece de febrero de dos mil veinte,(6) Samuel Sotelo Salgado, en su carácter de consejero jurídico del Poder Ejecutivo de Morelos, dio contestación a la demanda en representación de dicho poder, la cual se tuvo por recibida mediante auto de diecisiete de febrero siguiente.(7) En su contestación, dicho funcionario alegó, esencialmente:
• El Poder Ejecutivo cuenta con facultades para promulgar y publicar leyes, así como para hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso del Estado, además el decreto no se combate por vicios propios respecto de la promulgación y publicación atribuidos a dicho poder.
• El Poder Ejecutivo en el proceso legislativo del decreto impugnado, llevó a cabo su publicación, de tal forma que en ningún momento incurrió en violación a los dispositivos constitucionales que señala el actor, al realizar los únicos actos que le resultan atribuibles, esto es, el de promulgar y publicar el ordenamiento legal impugnado.
8. 1.8 Contestación del secretario de Gobierno de Morelos. Mediante escrito recibido ante esta Suprema Corte de Justicia el trece de febrero de dos mil veinte,(8) Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, en su carácter de secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda, la cual se tuvo por recibida mediante acuerdo de diecisiete de febrero siguiente,(9) y al contestar refirió lo siguiente.
• El Poder Ejecutivo, a través de su titular, cuenta con facultades para promulgar y publicar leyes, así como para hacer cumplir las leyes o decretos del Congreso del Estado, las cuales deben ser refrendadas por el secretario de Gobierno; además el Municipio actor no combate el decreto impugnado por vicios propios respecto del acto de publicación atribuidos al secretario de Gobierno.
• El secretario de Gobierno del Estado refrendó la ley impugnada, como se advierte de su publicación, de modo que no incurrió en violación a los dispositivos constitucionales que señaló el actor, al realizar los únicos actos que le son atribuibles, es decir, el refrendo y publicación del ordenamiento legal impugnado.
9. 1.9 Contestación del Poder Legislativo de Morelos. Mediante escrito recibido ante esta Suprema Corte de Justicia el dos de marzo de dos mil veinte,(10) Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio contestación a la demanda, la cual se tuvo por recibida por la Ministra instructora mediante proveído de tres de marzo siguiente,(11) en la cual, dicho legislador refirió lo siguiente:
• El Municipio actor no cuenta con un interés legítimo, ya que no resiente una afectación en su esfera jurídica, además la Legislatura Estatal no invade la esfera competencial del Municipio, ni vulnera la autonomía municipal consagrada en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues el Poder Legislativo de la entidad federativa, es el que tiene facultades para expedir, aclarar, reformar, derogar o abrogar leyes, decretos o acuerdos para el gobierno y la administración interior del Estado, de manera que la controversia es improcedente.
• El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, no es una norma que por su contenido pueda afectar la competencia del Municipio actor, en términos del artículo 115 constitucional; además dicha ley persigue una finalidad constitucionalmente válida que se desprende del artículo 17 constitucional, pues protege el derecho de acceso a la impartición de justicia, en específico, que se cumplan y ejecuten los laudos en los términos ordenados.
• No existen violaciones al procedimiento legislativo que dio origen a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues fue presentada por el diputado Noé Suárez López a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Legislación y de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, dichas comisiones aprobaron la iniciativa y elaboraron el dictamen relativo, hecho ello las comisiones lo sometieron a consideración del Pleno de Congreso del Estado de Morelos, posteriormente, en sesión ordinaria se aprobó la ley y se remitió al Ejecutivo del Estado quién la promulgó el uno de septiembre de dos mil; advirtiéndose que el dictamen sí fue elaborado por la comisión adecuada.
10. 1.10 Opinión del fiscal general de la República y consejero jurídico del Gobierno Federal. Estos funcionarios no formularon opinión en el presente asunto.
11. 1.11 Audiencia. Sustanciado el procedimiento, el veintidós de octubre de dos mil veinte se llevó a cabo la audiencia prevista en los artículos 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y mediante diverso proveído de la misma fecha, se puso el expediente en estado de resolución, con fundamento en los artículos 34 y 36 del mismo ordenamiento.(12) 12. 1.12 Avocamiento. Mediante proveído de doce de enero de dos mil veintiuno, dictado por la Ministra presidenta de la Segunda Sala, dicho órgano colegiado se avocó al conocimiento del asunto y, además, determinó enviar los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto de resolución.
2. PRESUPUESTOS PROCESALES
13. 2.1 Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia constitucional,(13) pues se trata de un conflicto entre el Ayuntamiento del Municipio de Xochitepec y el Estado de Morelos, por conducto de sus Poderes Legislativo y Ejecutivo y el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en el cual resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno debido al sentido del fallo.
14. 2.2 Precisión de los actos impugnados. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria de la materia,(14) se procede a precisar los actos que son objeto de este medio de control constitucional.
15. En primer lugar, el Municipio actor pretende impugnar "todo procedimiento iniciado, seguido y concluido por los demandados para suspender definitivamente del cargo de presidente municipal y de presidente del Ayuntamiento de Xochitepec, en Morelos, al ciudadano Alberto Sánchez Ortega, y las consecuencias que de tal acto deriven"; sin especificar cuál de sus etapas le causaban algún perjuicio, siendo un requisito de la demanda, que el actor señale cuáles son los actos impugnados, de conformidad con el artículo 22, fracción IV, de la ley reglamentaria.(15)
16. Por tanto, dicho requisito no se puede considerar satisfecho en el presente caso porque el Municipio sólo hizo una manifestación genérica e imprecisa de los actos del procedimiento que le afectaban, el requisito previsto en el artículo antes mencionado, no se puede considerar satisfecho en el presente caso, de manera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria, por lo que se debe sobreseer con fundamento en el artículo 20, fracción II, de la propia ley.(16)
17. Resulta aplicable el criterio del Pleno derivado de la jurisprudencia P./J. 64/2009,(17) de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR DEBE SEÑALAR EN SU DEMANDA DE MANERA ESPECÍFICA LOS ACTOS Y NORMAS QUE IMPUGNE Y NO REALIZAR UNA MANIFESTACIÓN GENÉRICA O IMPRECISA DE ELLOS." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 1461, registro digital: 166990).
18. En segundo lugar, el Municipio actor reclamó: "la omisión de dar intervención al Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, en cualquier procedimiento de suspensión definitiva del cargo de presidente municipal del ciudadano Alberto Sánchez Ortega, y particularmente en aquel sustanciado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, en los autos del expediente burocrático 01/213/2011, en violación a lo ordenado en los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución Federal."
19. Primero, respecto de la omisión genérica que planteó el actor, tampoco se puede considerar satisfecho el requisito previsto en el artículo 22, fracción IV, de la ley reglamentaria, y, por los mismos motivos y fundamentos que fueron señalados anteriormente, también se debe sobreseer en el juicio; segundo, respecto de la omisión que atribuyó al tribunal demandado por no darle intervención en los autos del expediente 01/213/2011, las constancias que obran en autos demuestran lo contrario, esto es, que el Municipio actor sí intervino en el mismo y, consecuentemente, queda acreditada la inexistencia de la omisión que reclama, lo procedente es decretar el sobreseimiento con fundamento en la fracción III del artículo 20 de la ley reglamentaria.(18)
20. En tercer lugar, el Municipio actor, reclamó: "la omisión de las demandadas de emplazar, notificar o llamar a cualquier procedimiento por virtud del cual haya recaído acuerdo o emisión de resolución en la cual se establezca la separación definitiva del cargo del ciudadano presidente municipal Alberto Sánchez Ortega para la administración municipal". Tal reclamo como los anteriores, también se debe sobreseer respecto de la omisión que indica, por ser genérica e imprecisa.
21. En cuarto lugar, reclamó la "invasión de la esfera competencial constitucional del Congreso del Estado de Morelos por parte del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al emitir resolución en la cual se ordena la suspensión definitiva del cargo de presidente municipal de Xochitepec, Morelos, del ciudadano Alberto Sánchez Ortega".
22. En este sentido, el Municipio actor impugna, específicamente, la resolución del dos de octubre de dos mil diecinueve dictada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos en el expediente 01/213/2011, en la que se declaró procedente la imposición del apercibimiento consistente en la destitución del presidente municipal. La existencia de dicha resolución fue reconocida por el propio tribunal demandando al contestar la demanda, y se encuentra acreditada en autos con una copia certificada de la misma.(19)
23. En quinto lugar, el actor también solicitó la declaración de invalidez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, cuya publicación se hace constar con copia certificada de un ejemplar del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, con número 4074, sección segunda, sexta época, del seis de septiembre de dos mil.(20)
24. En sexto lugar, el actor atribuyó a las autoridades demandadas: "no armonizar o adecuar la Ley del Servicio Civil de Morelos, en su artículo 124, fracción II, de conformidad con lo ordenado en el (sic) artículos 17 y 115, fracción VIII, y en relación con el diverso 123 de la Constitución Federal, atento al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1987 y sus transitorios primero y segundo ..." y, en vía de consecuencia, volvió a solicitar la declaración de invalidez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
25. Así, la materia de la presente controversia constitucional se constriñe a:
• La resolución del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos dictada el dos de octubre de dos mil diecinueve en el expediente 01/213/2011.
• El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, y
• La omisión legislativa consistente en no armonizar o adecuar la Ley del Servicio Civil de Morelos, en su artículo 124, fracción II, con la Constitución Federal.
26. 2.3 Oportunidad. La oportunidad de la presentación de la demanda se analizará de acuerdo con la precisión realizada en el apartado anterior.
27. En primer lugar, para la impugnación de la resolución emitida por el tribunal demandado, el plazo de treinta días hábiles se debe computar de conformidad con la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria,(21) esto es, a partir del día siguiente de aquel en que surtió efectos su notificación o que se tuvo conocimiento de ella o de su ejecución, o al día siguiente en que el poder actor se ostentó sabedor de la misma.
28. De las constancias que obran en autos, se advierte que la resolución impugnada le fue notificada al Municipio actor el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve(22) y que surtió sus efectos ese mismo día, esto último de acuerdo con el artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo,(23) aplicable supletoriamente por disposición del artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos;(24) consecuentemente, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del veintiocho de octubre al once de diciembre de dos mil diecinueve.(25)
29. En ese sentido, si la demanda se presentó el once de diciembre de dos mil diecinueve, es de concluir que la controversia constitucional es oportuna respecto de la resolución combatida.
30. En segundo lugar, para la impugnación de la norma general, el plazo de treinta días hábiles se debe computar de conformidad con la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria,(26) esto es, a partir del día siguiente de su publicación o del día siguiente al que se produjo su primer acto de aplicación.
31. En el particular se advierte que el Municipio actor no especificó si impugna la norma general con motivo de su publicación o de su primer acto de aplicación; sin embargo, sólo podría hacerlo con motivo de su publicación. Lo anterior, porque en la resolución impugnada se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, consistente en destituir al presidente municipal del Ayuntamiento de Xochitepec, por no dar cumplimiento al laudo dictado en el expediente 01/213/2011, de acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.
32. Luego, si en la presente controversia constitucional no se reclama el primer acto de aplicación del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, sino uno ulterior, ello da lugar a la improcedencia de conformidad con la jurisprudencia P./J. 121/2006, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA UN SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, noviembre de 2006, página 878, registro digital: 173937).
33. En consecuencia, respecto a las impugnaciones a la norma general cuestionada se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria,(27) pues el plazo para presentar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30863-1b1ec70d/i-controversia-constitucional-el-actor-debe-senalar-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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