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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIAL CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL (LEY NÚMERO 288, POR LAS PRESUNTAS TRANSGRESIONES DURANTE SU PROCESO LEGISLATIVO, ASÍ COMO SU ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO Y DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 188/2018. · Registro digital (IUS): 200789
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 188/2018. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SONORA. 12 DE ENERO DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOSÉ JUAN TORRES TLAHUIZO.

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de enero de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 188/2018, promovida por el Poder Legislativo del Estado de Sonora, contra el Poder Ejecutivo y los municipios integrantes de esa entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda por el Congreso del Estado de Sonora. Por escrito depositado el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho en la oficina de correos de la localidad, y recibido el dieciséis de octubre siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Congreso del Estado de Sonora por conducto de quien se ostentó como la Presidenta de ese órgano, promovió controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo y los setenta y dos Ayuntamientos de esa entidad federativa, en la que impugna:

"NOMBRE DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA: Ley número 288, que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Estado el lunes 13 de agosto de 2018, Tomo CCII, Número 13, sección 2.

Este cuerpo normativo se impugna en su totalidad (invalidez total de la ley) por vicios al procedimiento legislativo y, además, de forma destacada respecto de los artículos señalados específicamente en los conceptos de invalidez, entre ellos, el artículo 2º apartados A y B, 31, 42, 50, 53, 64 en sus fracciones reformadas, 67, 67 Ter, 79, 80 en su porción normativa derogada, 81, 140, 143, 163, 1676 en sus fracciones normativas que se señalarán específicamente y los artículos transitorios de la norma, cuya invalidez se determinaría en vía de consecuencia por la invalidez de los artículos impugnados".

2. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Congreso del Estado de Sonora expuso los siguientes conceptos de invalidez:

a. Invalidez del procedimiento legislativo. Aduce que en el proceso legislativo que dio lugar al decreto impugnado se produjeron las siguientes actuaciones irregulares:

• En la sesión de ocho de agosto de dos mil dieciocho, el diputado presidente de la Mesa Directiva eliminó unilateralmente el punto número nueve del orden del día, sin que lo hubiese hecho de conocimiento al Pleno para su aprobación, la que exigía una votación de dos terceras partes según se dispone en los artículos 121 y 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.

• El dictamen propuesto por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue considerado por el Pleno como de "obvia resolución", dispensando trámites legislativos sin que ello estuviera justificado de forma fundada y motivada, pues no consta la motivación suficiente que evidencie la "urgencia", o en su caso, la "obvia resolución", lo que impidió a las minorías parlamentarias conocer y pronunciarse sobre una reforma a más de veinte artículos de la Constitución de Sonora.

• En la sesión celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho, la diputada presidenta de la Mesa Directiva propuso al Pleno dispensar el trámite de la segunda lectura del dictamen que dio lugar al Decreto impugnado, la cual fue aprobada por mayoría no obstante que, en el artículo 128 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se dispone que las dispensas de lectura se deben aprobar por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, por lo que la dispensa de dicho trámite no fue aprobada por la mayoría requerida para ello.

• No se hicieron públicas la iniciativa y el dictamen del Decreto de reformas a la Constitución Política del Estado de Sonora, afectando la discusión democrática y el control parlamentario de tales normas.

b. El artículo 64, fracciones XXII y XXIII de la Constitución Política del Estado de Sonora vulneran las facultades del Congreso local en materia presupuestaria. Señala que el incremento de la votación para aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; la existencia de un veto "móvil" por parte del Ejecutivo hacia la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; y el establecimiento de una prórroga automática del presupuesto en caso de no aprobarse nuevas normas presupuestarias, vulneran la división de poderes pues tal sistema tiene como única intención que sea el Poder Ejecutivo, sin intervención del Legislativo, el que pueda definir o prorrogar indefinidamente el presupuesto.

Sobre el "veto presupuestario" abunda diciendo que para superarlo se requiere una votación superior a aquella con la que se aprobó originalmente el presupuesto, lo que implica que si eventualmente el presupuesto fuera aprobado por unanimidad de los treinta y tres integrantes de la legislatura, sería imposible superar el veto del Ejecutivo, pues no es posible obtener treinta y cuatro votos en un Congreso que tiene treinta y tres integrantes, por lo que sería posible que mediante dicha figura el gobernador pueda detener la aprobación del presupuesto.

Dice que la Suprema Corte ya ha establecido que dado el riesgo de que mediante el ejercicio de su derecho de veto el Ejecutivo obstaculice las facultades del Legislativo, o bien, lo subordine a sus intereses, surge la necesidad de limitar ese derecho mediante el establecimiento de mecanismos constitucionales que permitan superarlo. Por tanto, el mecanismo de "veto móvil" que permite al Ejecutivo perpetuar indefinidamente el veto, sin importar la mayoría aprobatoria, resulta contrario a la doctrina vinculante establecida en la controversia constitucional 36/2015, en la que se sostuvo que debe limitarse el derecho de veto para que resulte posible superarlo, a fin de que no se subordine al legislativo a los intereses del Ejecutivo. Considerando que el derecho de veto se erige como ilimitado y resulta posible siempre incrementar la fuerza del veto según se incremente la fuerza de la mayoría aprobatoria, ello es una razón ulterior de inconstitucionalidad de dicho mecanismo.

Luego entonces, la Suprema Corte debe interpretar los alcances del artículo 116 constitucional y determinar que el procedimiento presupuestario en Sonora resulta inconstitucional porque 1) eleva a una absurda mayoría calificada el mínimo de aprobación, lo que da una desmedida intervención al Ejecutivo local; 2) establece un veto desmedido e incierto a favor del Ejecutivo local que, sin importar la mayoría aprobatoria del Congreso, siempre es capaz de incrementar su capacidad de veto para superar la mayoría del Congreso local y, eventualmente sería incluso incapaz de vetar en definitiva una decisión tomada por el cien por ciento del Congreso; y 3) al combinarse ambos factores (mayoría calificada mínima y veto arbitrario), el establecimiento de una prórroga presupuestaria automática implica permitirle al Ejecutivo local mantener un presupuesto que le es favorable y eludir todo control parlamentario al prorrogar indeterminadamente el último presupuesto.

c. El artículo 64, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sonora, petrifica los presupuestos de los órganos constitucionales autónomos, lo que vulnera la autonomía del Poder Legislativo en la función presupuestaria. Señala que es inconstitucional que en la fracción XXII del artículo 64 de la Constitución local se establezca que los organismos autónomos no podrán recibir una cantidad menor a la establecida en el último presupuesto de egresos, pues al Poder Legislativo es libre de establecer los ajustes presupuestarios que considere conveniente para tales órganos. De tal suerte que puede incrementar tales presupuestos cuando sea necesario, o disminuirlos cuando considere que la carga de trabajo y, por tanto, las necesidades presupuestarias de dichos organismos han disminuido, o bien, si considera simplemente que el presupuesto establecido para éstos resulta muy elevado.

El artículo 116 de la Constitución Federal señala que corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Esta previsión debe ser entendida en el sentido de que no pueden imponerse a las legislaturas estatales limitantes o presupuestos pétreos, pues la propia Constitución Federal le confirió facultad de libre aprobación sin limitante alguna.

De esta forma, la "congelación" presupuestaria establecida en la Constitución de Sonora, priva al Congreso del Estado de un componente fundamental de su función presupuestaria y, por tanto, altera el balance de la división de poderes establecido en el artículo 116 constitucional. Además, la prohibición de disminución presupuestaria a los órganos autónomos vulnera el artículo 14 y 16 pues resulta de imposible cumplimiento en el eventual caso de que una legislatura irresponsablemente aprobara altísimos presupuestos para los órganos autónomos que no pudieran ser sostenidos a la luz del adecuado balance presupuestario.

Igualmente resulta inconstitucional pues limita la capacidad adaptativa del presupuesto local en los casos en que, por ejemplo, los ingresos del Estado de Sonora disminuyan y, por tanto, resulte irrazonable mantener tales presupuestos.

d. El artículo 64, fracción XIII de la Constitución Política del Estado de Sonora en el que se establece el referéndum vinculante y la posibilidad de veto del Poder Ejecutivo local para la modificación de municipios contraviene los artículos 115 y 116 constitucionales. Señala que la fracción XIII del artículo 64 de la Constitución local es inconstitucional pues, contrario al texto expreso de la Constitución Federal, en su artículo 115 no se limita la posibilidad de suprimir municipios por parte de las legislaturas de las entidades federativas condicionando a un referéndum vinculante. Por otro lado, ningún artículo de la Constitución General establece la posibilidad de que el ejecutivo vete esa determinación.

e. El artículo 64, fracción XVII bis de la Constitución Política del Estado de Sonora excluye la posibilidad de citar al Gobernador y a los presidentes municipales para rendir información concerniente a su ramo. Dice que las comparecencias ante los cuerpos legislativos son mecanismos de responsabilidad política, y no solo de información simple. En ese sentido, cuando un funcionario es citado ante una comisión legislativa o ante el Pleno del Congreso, se materializa la división de poderes en las entidades federativas establecida en el artículo 166 constitucional, porque crea un debate público sobre una materia de interés y se posibilita que ese debate se traduzca en un control recíproco de poderes por la facultad de realizar preguntas o interpelaciones.

La reforma impugnada priva al Congreso de la cita de un catálogo de funcionarios que estaban tácitamente comprendidos con anterioridad al incluir una palabra de limitación taxativa: "únicamente". Ello debe entenderse inconstitucional pues vulnera el equilibrio presupuesto por la división de poderes en las entidades federativas que se rige por un sistema de pesos y contrapesos.

f. El artículo 64, fracción XXXI de la Constitución Política del Estado de Sonora, limita la autonomía interna del Congreso para remover a sus funcionarios libremente. Aduce que la fracción XXXI del artículo 64 de la Constitución local donde se establece que el titular del Órgano de Control Interno y personal administrativo de nivel subdirector y superiores del Congreso del Estado, serán designados por las dos terceras partes del Congreso local y removidos únicamente por las causas graves determinadas por el Tribunal de Justicia Administrativa, es inconstitucional pues se afecta gravemente la autonomía del Poder Legislativo local en cuanto a la toma de decisiones en el área administrativa de su propio gobierno interno.

Agrega que dicha previsión llegaría a establecer funcionarios vitalicios, que solo podrían ser removidos por causas extraordinarias y por mandato de un órgano ajeno al Congreso local, es decir, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Incluso, dicha fracción deviene inconstitucional pues deja al poder legislativo local en un estado de subordinación en relación con la autoridad administrativa, pues esta quien determinará si procede o no su remoción.

Incluso, el contenido de la fracción reformada va más allá de una sola designación de empleados administrativos, pues los vuelve inmunes a determinaciones de otras autoridades que también, dentro del ámbito de sus atribuciones, pueden remover o suspender a servidores públicos, tal es el caso en materia de amparo, en donde se prevé la remoción del servidor público que incumple con una resolución del juzgador de garantías.

En tal sentido, el precepto impugnado no busca proteger un supuesto servicio civil de carrera, sino que pretende validar servidores o empleados públicos inamovibles, afectando desde luego la autonomía que el Congreso local tiene sobre su propia planta administrativas, lo que vulnera los artículos 14 y 16 constitucionales.

Por otra parte, y como segunda pretensión, se dice que en caso de que no se determinara la inconstitucionalidad de la norma, se podría determinar su interpretación conforme, pues a pesar de la reforma al precepto impugnado, en la fracción XXXII del artículo 64 de la Constitución de Sonora sigue sosteniendo que el Congreso tiene competencia para "nombrar y remover" a sus funcionarios.

Luego, esta contradicción entre ambos preceptos de la Constitución local puede resolverse también mediante una interpretación conforme que establezca que, las remociones por causa grave competen al Tribunal de Justicia Administrativa porque traen aparejada ejecución, pero las nuevas designaciones y remociones ordinarias siguen correspondiendo al Congreso. Lo anterior se robustece si se considera que la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora establece en su artículo 5º que son trabajadores de confianza en el Poder Legislativo "el Oficial Mayor, contador Mayor de Hacienda, Directores, Subdirectores; Jefes de Departamento y personal de la Contaduría Mayor de Hacienda", con lo cual su nombramiento es competencia exclusiva del Congreso del Estado de Sonora para el mejor ejercicio de sus funciones.

No pasa inadvertido que es jurisprudencia firme de la Suprema Corte que, aun en la hipótesis de que se establezca que los trabajadores de confianza (como los funcionarios nombrados) solo podrán ser removidos por las causas tasadas por ley, la falta de actualización de éstas únicamente implica la necesidad de indemnizar al trabajador removido injustamente, pero no la necesidad de reinstalarlos pues ello debería estar previsto legalmente, lo que no ocurre en la legislación de Sonora, donde en ningún instrumento normativo establece la obligación de reinstalación y no de simple indemnización.

g. El artículo segundo transitorio de la Ley impugnada vulnera los principios de legalidad, irretroactividad de la ley y certeza, al establecer como inamovibles a funcionarios del Congreso local que no fueron designados con el procedimiento reforzado de designación. El artículo segundo transitorio de la Ley Número 288 que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora establece de forma retroactiva la inamovilidad de ciertos funcionarios cuyo procedimiento de designación, a futuro, será reforzado.

Este artículo es una ley "a modo" porque retroactivamente aplica las condiciones de firmeza a funcionarios que no han pasado por el tamiz de la designación parlamentaria prevista en el artículo 64 de la Constitución local, o que no han sido designados con posterioridad al establecimiento de tal mecanismo.

Ello vulnera los artículos 14 y 16 constitucionales, al otorgar retroactividad a una norma y evita que el Congreso realice la designación de funcionarios administrativos que considere conveniente. Aunado a que vulnera el artículo 116 constitucional pues, al igual que el artículo 64, invade la autonomía interna del Congreso local de designar a sus propios funcionarios.

h. Inconstitucionalidad del mecanismo de nombramiento del órgano garante de acceso a la información local. Señala que el artículo 2, apartado A, fracciones I, II y III de la Constitución Política del Estado de Sonora en la parte que disponen que el organismo garante de acceso a la información será nombrado a propuesta del Poder Ejecutivo rompe el esquema constitucional del artículo 116 de la Constitución Federal.

De igual forma, el apartado B del artículo 2 de la Constitución local es inconstitucional en todo lo que haga referencia a la propuesta vinculante del Poder Ejecutivo para la conformación de la propuesta a comisionados del Instituto Sonorense de Transparencia.

Tales artículos vulneran los artículos 116 primer párrafo y la fracción VII, así como el 6º de la Constitución Federal.

El artículo 116 constitucional establece que las constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos en el artículo 6º de la Constitución Federal.

Lo anterior implica que las entidades federativas no tienen margen absoluto de libre designación legislativa, pues deben respetar los principios generales del artículo 6º constitucional. De tal suerte, el artículo 6º de la Constitución Federal establece un procedimiento de nombramiento en el que la Cámara de Senadores, previa participación y consulta a la sociedad, designa a los comisionados respectivos.

Este procedimiento de designación primordialmente legislativo resulta aplicable a los nombramientos respectivos de las entidades federativas, pues sus bases le dan una participación mayoritaria al Poder Legislativo, y que, el Poder Ejecutivo únicamente funcione como órgano de control en materia de objeción del nombramiento.

Dado que el artículo 116, fracción VII de la Constitución Federal establece que los organismos garantes deben establecerse conforme a los principios y bases establecidos en el artículo 6 del Texto Fundamental, ello implica respetar la intervención primigenia del Poder Legislativo en su conformación.

Por ello el desconocimiento de las bases del artículo 6º de la Constitución Federal vulneran las competencias del Congreso de Sonora al privarle de una facultad de designación que se desprende del principio de división de poderes.

i. El artículo 79, fracción IX de la Constitución Política del Estado de Sonora es inconstitucional, al establecer la obligación de incluir un dictamen de impacto presupuestario en las leyes. Señala que el artículo 79, fracción IX de la Constitución local vulnera el artículo 116 de la Constitución Federal al otorgar al ejecutivo primacía en la función legislativa.

El dictamen de impacto presupuestario expedido por la Secretaría de Hacienda permite al Poder Ejecutivo frenar la labor del poder legislativo al simplemente rehusarse a su otorgamiento.

En un esquema de división de poderes el Poder Ejecutivo no puede tener competencia única de estimar el costo de las iniciativas, y menos obtener esta estimación puede ser una parte de un proceso legislativo, en la que el Poder Ejecutivo no tiene una intervención destacada al no ser esta su función principal.

Aduce que con esta medida se le permite al Ejecutivo tener un "veto de bolsillo", pues ya no requiere dejar de publicar una ley. Basta que ordene a su Secretario de Finanzas que no dé trámite a un dictamen presupuestario o que lo haga con mucha dilación para detener dicho procedimiento o, inclusive, que falsee costos presupuestarios para detener el procedimiento legislativo.

Por otra parte, controvierte el artículo 79, fracción IX de la Constitución local, pues dice que al establecer que los presupuestos de ingresos y egresos del Estado, así como el principio de Balance Presupuestario Sostenible, tendrán prioridad sobre cualquier afectación del presupuesto que hagan las leyes o reglamentos", produce fuertes candados favorables al Ejecutivo en el procedimiento presupuestario. Por ello, la primacía establecida garantiza nuevamente que solo un procedimiento extraordinariamente complejo y con mayorías calificadas puedan disponer el gasto de recursos y no una ley ordinaria, lo que vulnera la interpretación directa del artículo 116 constitucional que establece una separación de poderes a nivel local.

j. El artículo 64, fracción XXXI de la Constitución Política del Estado de Sonora limita la autonomía del Congreso al no permitirle nombrar a sus propios funcionarios y limitar su organización interna al no permitirle crear o modificar sustancialmente las áreas administrativas. Señala que le artículo 64, fracción XXXI de la Constitución local vulnera el primer párrafo del artículo 116 constitucional el cual establece el esquema de división de poderes locales, es decir, concibe poderes autónomos en su funcionamiento a nivel de las entidades federativas.

En este caso, la reforma impugnada limita el ejercicio de la autonomía más mediata de un cuerpo legislativo: la autonomía organizacional y su capacidad de regularse.

Aduce que el decreto impugnado tiene como objetivo petrificar las áreas y mantener indefinidamente en ellas a los titulares nombrados por mayorías parlamentarias diversas, pues el servicio civil de carrera empleado en la reforma constitucional no existe, pues en ésta no se dispuso un sistema de exámenes o de conocimientos para ocupar el cargo, sino que solo petrifica de forma indefinida a los titulares actuales.

Aunado a lo anterior, para evitar que una mayoría parlamentaria de signo diverso nombre nuevas unidades administrativas que le permitan legítimamente desplegar su visión política avalada por la ciudadanía en las urnas, también dispone el nombre y funciones de las unidades administrativas del Congreso local y prohíbe crear otras que tengan funciones similares, lo cual se estima inconstitucional pues los congresos locales en su autonomía interna garantizada por el artículo 116 de la Constitución Federal, pueden crear las áreas administrativas que estimen convenientes para el pleno desarrollo de su trabajo parlamentario o distribuir entre ellas las funciones que estimen convenientes.

En vista de lo anterior, concluye que el artículo impugnado vulnera la autonomía del Poder Legislativo en su faceta de autogobierno, el cual incluye la potestad del Congreso de elegir por sí solos a los titulares de sus cuerpos de gobierno –Mesa directiva y Junta de Coordinación Política–, a sus órganos de funcionamiento, y a los órganos de apoyo de las tareas parlamentarias, incluido el órgano superior de fiscalización.

Por lo que, si el decreto impugnado limita la facultad del poder legislativo de elegir a sus órganos de apoyo para las tareas parlamentarias, o de crear nuevos órganos, petrificando en el cargo a funcionarios elegidos por una mayoría diversa, se vulnera su facultad de autogobierno y, por tanto, un elemento esencial de la autonomía orgánica propuesta en el artículo 116 constitucional.

k. La derogación de la porción normativa "y hacer observaciones" del artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Sonora es inconstitucional, pues crea la facultad en favor del Ejecutivo de vetar los acuerdos del Congreso local en los que se pidan informes sobre asuntos públicos, y porque vulnera el derecho de acceso a la información prevista en el artículo 116 de la Constitución Federal. Señala que, en el esquema de división de poderes, el legislativo tiene dos funciones importantes y diferenciadas. En primer término, la función legislativa; y en segundo, una función de control.

El poder legislativo controla al poder ejecutivo mediante las comparecencias e interpelaciones a sus funcionarios (los que también limita el decreto impugnado), las preguntas, los puntos de acuerdo (también limitados por la norma impugnada al poder, ser objeto de control por el poder judicial), las solicitudes de información, etcétera.

En ese sentido, considera inconstitucional establecer una facultad para que el Ejecutivo vete las preguntas formuladas por el Congreso en su facultad de control sobre asuntos públicos.

En la anterior redacción del artículo cuestionado se consagraba una prohibición (a hacer observaciones). La derogación de esta porción normativa implica el establecimiento de un veto a las preguntas sobre asuntos públicos.

El artículo 116 constitucional respecto a la división de poderes de los Estados necesariamente contiene en su núcleo normativo primario, la facultad de los congresos locales de requerir libremente cualquier tipo de información pública para realizar su función de control. A pesar de que la Constitución Federal no ha establecido elementos puntuales respecto a la forma de regulación de las preguntas a nivel local, resulta claro que éstas no pueden estar sujetas al veto del ejecutivo.

Dice que, si lo anterior no fuera suficiente para determinar la inconstitucionalidad, debe considerarse que el acceso a la información como derecho establecido en el artículo 6º de la Constitución Federal tiene dos facetas. Por un lado, la del derecho de acceso a la información adscrita al individuo y, por otro, la que implica la posibilidad de que los poderes discutan y debatan sobre información pública.

A pesar de que los individuos tienen la facultad de solicitar información pública, dadas las condiciones de la democracia, no siempre ejercitan este derecho. Por ello, los Congresos locales en el que las minorías tienen una representación garantizada, deben poder solicitar al ejecutivo todos los informes sobre información pública porque, al llevarlos al debate público, se garantiza el libre flujo de ideas y que los conflictos políticos con repercusiones públicas lleguen a la arena del debate.

Al establecer un veto posible a las solicitudes de información pública, el decreto impugnado establece una limitante ilegítima a los ciudadanos sonorenses de que sus representantes soliciten y debatan públicamente asuntos de relevancia pública.

l. El artículo 163 de la Constitución Política del Estado de Sonora es inconstitucional, porque eleva la mayoría de los municipios requerida para la aprobación de cualquier reforma constitucional. El actor apunta que el artículo 163 de la Constitución local, restringe e invade la facultad del Congreso de aprobar mayorías legislativas al establecer un procedimiento de reforma constitucional que disminuye y limita la participación del Congreso local.

Dice que la Constitución Federal establece un procedimiento de reforma constitucional pero no menciona, al menos no frontalmente, elementos para caracterizar los procedimientos de reforma constitucional de las entidades federativas que parecieran tener libertad de configuración.

Sin embargo, en diversas ocasiones, la Constitución Federal emplea respecto a ciertos requisitos estatales la mayoría calificada de las dos terceras partes cuando se trata de actos de la mayor importancia, como suspensión de ayuntamientos, elección del titular del órgano de fiscalización de los Estados, autorización de montos relativos a obligaciones y empréstitos, etcétera.

El hecho de que la mayoría aludida a las decisiones fundamentales de los Estados sean las dos terceras partes no es una coincidencia. Parte de la premisa de que esta mayoría (coincidente con la de las cámaras federales para la aprobación de reformas constitucionales) es la garantía del proceso de reforma constitucional local.

Si bien pareciera que existe sobre el proceso de reforma constitucional estatal un amplio margen de configuración, en realidad la Constitución Federal sí da lineamientos presupuestos dentro de su texto, como la mayoría de las dos terceras partes de los miembros del Congreso local.

Aunado a lo anterior, el hecho de que con frecuencia la Constitución Federal ordene a las entidades federativas adaptar sus constituciones respecto a la Constitución Federal, presupone un procedimiento de reforma constitucional ejercible, viable y razonable.

La asimilación del régimen federal al local ha llevado a sostener que, al ser equiparables en sus respectivas jurisdicciones los estados a los municipios, la reforma constitucional estatal toma la misma mayoría (mayoría absoluta) que la federal para su aprobación respecto a las entidades territoriales. Ello ha llevado a sostener que, en teoría general del derecho estatal mexicano "En el procedimiento de reforma constitucional del Estado por el Poder revisor, es una exigencia la mayoría calificada para su aprobación en el Congreso del Estado, y adicionalmente la propuesta debe obtener el voto positivo de una mayoría absoluta de los ayuntamientos". Sin embargo, no hay nada en el texto constitucional que autorice a pensar que es factible elevar la mayoría de los ayuntamientos más allá de la mayoría absoluta para aprobar la reforma constitucional.

Aduce que debe recordarse que los ayuntamientos (poblacionalmente) ya se encuentran representados en el proceso de reforma por los diputados locales electos en sus poblaciones, por lo que ésta ya hace escuchar su voz a través de sus legítimos representantes.

El voto de los ayuntamientos (mayoría absoluta) debe considerarse un ulterior candado de control para garantizar que la reforma sea suficientemente discutida bajo los filtros democráticos territoriales locales, pero resulta inconstitucional elevar la mayoría de los ayuntamientos a las dos terceras partes a efectos de que se constituya en una barrera.

Aunado a ello, como un concepto de invalidez diferenciado, el incremento de la mayoría convierte a la constitución estatal en una constitución ultra rígida,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200789-4670c447/i-controversial-constitucional-las-violaciones-susceptibles-de-analizarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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