I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CARECER DE LEGITIMACIÓN EL PARTIDO POLÍTICO PARA IMPUGNAR NORMAS QUE NO SON DE NATURALEZA ELECTORAL (ARTÍCULO 140, PÁRRAFOS TERCERO, FRACCIÓN VI, Y CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA). II. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 31, PÁRRAFO TERCERO, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "COALICIÓN O", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA). III. CANDIDATURAS COMUNES. IMPOSIBILIDAD CONSTITUCIONAL DE QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LAS POSTULEN PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 31, PÁRRAFO TERCERO, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "CANDIDATURA COMÚN", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA). IV. MEDIOS DE CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD LOCALES. LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE AQUELLOS EN DONDE SE PLANTEAN CONTRADICCIONES DE NORMAS GENERALES FRENTE A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUES ELLO SE RESERVA EXCLUSIVAMENTE AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 166, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LAS QUE DEBERÁN RESOLVERSE CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 31, PÁRRAFO TERCERO, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "COALICIÓN O CANDIDATURA COMÚN", Y 166, PÁRRAFO TERCERO, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LAS QUE DEBERÁN RESOLVERSE CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 71/2018 Y SU ACUMULADA 75/2018. MORENA Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 7 DE OCTUBRE DE 2019. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA MÓNICA JAIMES GAONA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de octubre de dos mil diecinueve.
VISTOS; Y, RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la demanda por el partido político. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, se promovió la siguiente acción de inconstitucionalidad en la fecha, por la persona y en nombre de la organización que a continuación se indican:
Ver persona y nombre de la organización
SEGUNDO.—Actos reclamados por el partido político. De la lectura integral del escrito inicial se advierte que el partido político reclamó del Congreso y de la gobernadora del Estado de Sonora, la aprobación y promulgación de la "Ley Número 288 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Sonora", publicada el 13 de agosto de 2018 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, en específico, en cuanto reformó los artículos 31, párrafo tercero y 140, párrafos tercero, fracción VI, y cuarto; cuyo texto anterior y posterior a su reforma disponía y dispone lo siguiente (se transcriben completos los preceptos):
Ver preceptos 1
TERCERO.—Disposiciones violadas. El partido político señaló las siguientes:
"Lo son los artículos 1o., 6o., 9o., 14; 16; 17; 35; 39; 40; 41; 116; 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014, en relación con las demás normas constitucionales citadas en el presente escrito y los preceptos 1, 2, 13, 23, 24 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos."
CUARTO.—Presentación de la demanda por la Procuraduría General de la República. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, se promovió la siguiente acción de inconstitucionalidad en la fecha, por la persona y en nombre de la institución que a continuación se indican:
Ver persona y nombre de la institución
QUINTO.—Actos reclamados por la Procuraduría General. De la lectura integral del escrito inicial se advierte que la Procuraduría General de la República reclamó del Congreso y de la gobernadora del Estado de Sonora, la aprobación y promulgación de la "Ley Número 288 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Sonora", publicada el 13 de agosto de 2018 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa, en específico, en cuanto reformó los artículos 31, párrafo tercero y 166, párrafo tercero, fracción II, primer párrafo; cuyo texto anterior y posterior a su reforma disponía y dispone lo siguiente (se transcriben completo los preceptos):
Ver preceptos 2
SEXTO.—Disposiciones violadas. La procuraduría señaló las siguientes:
"Artículos 1o., 73, fracción XXIX-U, en relación con el segundo transitorio del Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la CPEUM (sic), en materia política-electoral; 103; 105; 107; 116, fracción II, tercer párrafo, y 133, todos de la CPEUM (sic)."
SÉPTIMO.—Conceptos de invalidez.
1. El partido político argumentó, en síntesis, lo siguiente:
Primer concepto:
• El artículo 31, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Sonora es inconstitucional, porque erróneamente incluye a las figuras de "coalición o candidatura común" como entes políticos, sujetos a los límites de sobre y subrepresentación de ocho puntos porcentuales al de la votación válida emitida, en el número de integrantes "por ambos principios" del Congreso Local.
• Los artículos 54 y 116 de la Constitución Federal, que contienen las bases generales del principio de representación proporcional, sólo le reconocen a los partidos políticos la posibilidad de asignación de diputaciones por este principio y, consecuentemente, algún posible exceso o insuficiencia respecto del porcentaje de representación en el Congreso Local.
• Las coaliciones y candidaturas comunes no participan en la elección por el principio de representación proporcional, sino que únicamente por el de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales; siendo aquella vía de elección reservada en exclusiva a los partidos políticos, en tanto el registro de sus propias listas de fórmulas de candidaturas, quienes pueden contar con diputados electos por ambos principios, como expresan los artículos 54 y 116 de la Constitución Federal.
• Según el Texto Constitucional Federal, los límites a la sobre y subrepresentación no excedente a ocho puntos porcentuales de la votación válida emitida, se predican respecto al número y proporción de diputados que un partido puede contar por ambos principios, excepto en el caso de que la sobre o subrepresentación de uno u otro partido se originen por sus triunfos en sendos distritos uninominales; por tanto, es claro que no pueden concurrir a la asignación de curules plurinominales las llamadas coaliciones electorales ni las candidaturas comunes, pues tienen otra lógica y espacio de participación, que se refiriere a la elección de diputaciones por mayoría relativa.
• Adicionalmente, el artículo 116, fracción IV, inciso e), de la Constitución Federal dispone que, de conformidad con las bases que ella establece, las Constituciones y leyes estatales en materia electoral garantizarán que los partidos políticos tengan reconocido el derecho de registrar candidatos a cargos de elección popular.
• Inclusive, en caso de que los partidos políticos contiendan tanto individualmente, como en coalición o candidatura común, la Constitución establece los parámetros a partir de los cuales deben calcularse los límites a la sobre o subrepresentación en el número de diputaciones locales; precisamente, refiriendo al porcentaje que represente la votación emitida por cada uno de los partidos políticos, dentro del total de los integrantes del órgano legislativo, y nunca por la suma de la votación obtenida en coalición o candidatura común.
• Por otra parte, existen reglas para la suma y distribución que obtiene cada partido coaligado o contendiendo en candidatura común; pues, en un caso, la ley dispone las bases y reglas para tal efecto, en tanto que para el convenio de candidatura común se distribuye la votación que corresponde a cada partido político que la integra.
• Ello es así, ya que el artículo segundo transitorio del decreto de 10 de febrero de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación, por el cual se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Constitución Federal en materia política electoral, mandató al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Partidos Políticos, a efecto de establecer un sistema de participación electoral a través de la figura de coaliciones, uniforme para los procesos electorales federales y locales, que regulara las modalidades de escrutinio y cómputo de los votos.
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los ciudadanos definen en forma directa, libre y secreta, al partido o partidos coaligados a quien otorgan su voto, sin que su voluntad pueda ser manipulada por las dirigencias de los partidos, como acontecía previo a la citada reforma; aunado al hecho de que la regulación de coaliciones es del orden federal y no de competencia de las entidades federativas.
• Una vez conocido el total de sufragios para cada partido político, sólo a éstos es dable asignar diputaciones plurinominales, verificando si exceden o no los límites constitucionales en cuanto al número de legisladores locales, o bien, si alcanzan el tope máximo de diputados por ambos principios.
• Como efecto, los sufragios de la votación válida emitida y la votación efectiva de cada uno de los partidos coaligados, vistos en lo individual y una vez distribuidos en el cómputo distrital en caso de ser combinados, son los considerados para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional como partido político.
• Asimismo, el artículo 87, numeral 14, de la Ley General de Partidos Políticos dispone que, en todo caso, cada uno de los partidos políticos coaligados debe registrar sus propias listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional.
• La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación alude a que las entidades federativas, al diseñar sus sistemas de representación proporcional para la integración de sus Legislaturas, deben atender que son los partidos políticos los entes a los que se asignan diputaciones bajo el principio de representación constitucional; sin que tal diseño incluya a las coaliciones y candidaturas comunes en forma concurrente.
• Finalmente, el precepto impugnado también es inconstitucional por vulnerar los artículos 40 y 41 de la Constitución Federal; ya que es contrario a las estipulaciones del Pacto Federal en cuanto a su régimen representativo, democrático y federal, pues soslaya los principios concernientes al sistema de representación proporcional para la integración de la Legislatura Local.
Segundo concepto:
• El artículo 140, párrafos tercero, fracción VI y cuarto de la Constitución Política del Estado de Sonora es inconstitucional, al infringir los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica; pues permite la intromisión indebida de los Poderes Legislativo y Ejecutivo Estatal en asuntos de competencia de las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales.
• Aun cuando la fracción I, párrafo tercero, del artículo 115 constitucional, faculta expresamente a las Legislaturas Locales para suspender Ayuntamientos por dos terceras partes de sus integrantes, por alguna de las causas graves que la ley local estipule; no se advierte de ese precepto que el gobernador esté facultado para participar en dicho proceso, y tampoco que tanto los Poderes Legislativo y Ejecutivo Estatales puedan sancionar conductas consistentes en violaciones a las normas jurídicas que rijan los procesos electorales.
• Hay posibilidad de encuadramiento en la materia electoral del supuesto jurídico sancionable por la norma general impugnada, en cuanto que la suspensión de un Ayuntamiento resulta la consecuencia jurídica cuando incurra "en violaciones a las normas jurídicas que rijan los procesos electorales".
• Las normas generales que rigen los procesos electorales del país y de los estados son materia electoral, y competencia de las autoridades electorales jurisdiccionales y administrativas; cuya competencia deriva de los artículos 41, 99, 116 y 134 de la Constitución Federal.
• Por tanto, no debe darse contenido electoral al artículo 115, fracción I, tercer párrafo, de la Constitución Federal, aun cuando autoriza al Congreso Local para suspender Ayuntamientos, por causas graves, con el voto de dos terceras partes de sus integrantes; ya que éste se convertiría en autoridad electoral sancionadora, excediendo su competencia.
• El artículo impugnado no respeta la delimitación constitucional y reglamentaria de la esfera competencial de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral de los órdenes federal y local, ya que le permite al Congreso Local sancionar con la suspensión a un Ayuntamiento que incurra en violación a las normas que rigen el proceso electoral.
• El Congreso Local, al decretar, sin la debida imparcialidad e independencia, la suspensión de un Ayuntamiento que infrinja las normas que rigen el proceso electoral, vulnera la esfera de competencia que los órganos constitucionales autónomos en la materia tienen.
• Adicionalmente, debe analizarse si se actualiza o no la extralimitación de funciones en cualquiera de sus tres grados, a saber: a) no intromisión; b) no dependencia; y, c) no subordinación.
• Al emitirse y promulgarse la norma, se incurrió en una extralimitación implícita por convenir la posibilidad de transgredir la prohibición de no intromisión, requerida para evitar la vulneración del principio de división de poderes; e incluso, en determinadas condiciones, podrían estar en riesgo los principios de no dependencia y de no subordinación.
• Si bien el Poder Legislativo Local tiene la posibilidad de conocer de un asunto por el cual se decrete la suspensión de un Ayuntamiento que haya incurrido en violaciones a las normas que rigen los procesos electorales, podría invadir la esfera de competencia de las autoridades que tienen la atribución de conocer, investigar y declarar el derecho en asuntos de naturaleza electoral, tales como el Instituto Nacional Electoral; los organismos públicos locales electorales; el Tribunal Electoral Local; y las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
• Ese entendimiento de la norma podría implicar el segundo nivel de violación al principio de división de poderes, ya que el Poder Legislativo Local impediría a los organismos constitucionales autónomos electorales la toma de decisiones, incluso, imponiendo soberana o discrecionalmente la suspensión al Ayuntamiento imputado, al incurrir en faltas a las normas que rigen el proceso electoral.
• Eventualmente, puede llegarse al tercer nivel de vulneración al principio de división funcional de competencias, ya que el Poder Legislativo Local podría aducir que el Ayuntamiento sujeto a sanción, al aprobar la adición constitucional impugnada, aceptó esa posibilidad y la competencia del Congreso Local para conocer y resolver el asunto sujeto a su jurisdicción; lo cual implicaría que el Ayuntamiento no tome sus decisiones de forma autónoma.
• Asimismo, no basta con que el Congreso Local, a través del voto de las dos terceras partes de sus integrantes, pueda decretar la suspensión de un Ayuntamiento, si la norma no indica que son graves; y si esto fuera así, en todo caso, debe invalidarse por carecer de certeza y seguridad jurídica, al ser violatorio de lo establecido en los artículos 115, fracción I, primer párrafo y 116, primer párrafo, de la Constitución Federal.
• Por tanto, los poderes no deben extralimitarse en sus funciones para afectar a otros, como sucede en la especie.
2. La Procuraduría argumentó, en síntesis, lo siguiente:
Primer concepto:
• El artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Sonora, al incluir la figura de coaliciones en el mecanismo o límites para asignar a los diputados curules en el Congreso Local, es inconstitucional, pues ese régimen debe ser regulado por el Congreso de la Unión, en términos del artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Federal.
• Las entidades federativas no se encuentran facultadas, ni por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni por la Ley General de Partidos Políticos, para regular cuestiones relacionadas con las coaliciones, ni siquiera incorporando en su legislación disposiciones establecidas en tales ordenamientos sobre esta figura, ya que el deber de adecuar el marco jurídico electoral no requiere la reproducción de dichas disposiciones a nivel local.
• Si bien las entidades federativas se encuentran facultadas para regular en sus realidades políticas, sociales y electorales, la conformación de la instancia legislativa bajo los principios de mayoría relativa y representación proporcional, ellas deben atender a las previsiones que para tal efecto establece el marco constitucional federal.
• Así, la Constitución de Sonora, al incluir en su artículo 31, tercer párrafo, a la coalición y a las candidaturas comunes en el mecanismo y/o límites para asignar a los diputados curules en el Congreso Local, regula aspectos del sistema concurrente en materia electoral; alterando con ello la normativa constitucional la cual prevé que solamente los partidos políticos podrán contar con diputados de representación proporcional.
• También, el artículo impugnado, al incluir a la coalición y a las candidaturas comunes en el mecanismo y/o límite para asignar a los diputados bajo el principio de mayoría relativa y representación proporcional, distorsiona lo dispuesto por el artículo 116, fracción II, tercer párrafo, de la Constitución Federal, el cual establece que sólo a los partidos políticos se les aplicará la asignación de diputados por representación proporcional.
Segundo concepto:
• Si bien en el parámetro de regularidad constitucional todas las autoridades tienen el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; los tribunales federales tienen competencia para resolver toda controversia que se suscite por normas generales que violen derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, o restrinjan la soberanía de los Estados o invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.
• Por su parte, la jurisprudencia ha establecido que los Estados tienen libertad de configuración para establecer tanto el diseño de su órgano de control constitucional local, como los respectivos medios de control e impugnación que garanticen la superioridad constitucional estatal, sin que ello implique una afectación a la esfera de los Poderes Legislativos o Ejecutivos Locales.
• El artículo 166 de la Constitución Política del Estado de Sonora, otorga competencia al Tribunal Constitucional Estatal para conocer y resolver acciones de inconstitucionalidad que le sean presentadas y sean consideradas total o parcialmente a la Constitución Local, las cuales deberán resolverse con base en el parámetro referido por el artículo 133 de la Constitución Federal.
• Con base en lo anterior, el Tribunal Constitucional Local abordaría el estudio de la norma que se llegara a impugnar conforme lo establecido por la Constitución Federal, junto con los tratados internacionales y las leyes generales; sin embargo, ese parámetro de regularidad corresponde exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales federales.
• Es decir, tratándose de medios de control constitucional local, deben respetar la distribución de competencias que marca la Constitución Federal, establecidas en sus artículos 103, 105 y 107 y, por tanto, los Jueces locales no pueden disponer de un parámetro constitucional distinto al de su competencia.
• De ahí que el artículo impugnado deba invalidarse, pues la Constitución Local, al establecer que las acciones de inconstitucionalidad se resolverán conforme a lo señalado en el artículo 133 de la Constitución Federal, mezcla el control concentrado, conformado, entre otros, por las acciones de inconstitucionalidad, con el control difuso, cuyo análisis conlleva a la inaplicación de una norma al caso concreto.
• Consecuentemente, la porción normativa reclamada, por un lado, invade competencias que corresponden a autoridades jurisdiccionales federales y, por el otro, mezcla medios de control constitucional, lo cual no resulta adecuado, ni teórica ni prácticamente.
OCTAVO.—Trámite de las acciones de inconstitucionalidad. Mediante proveído de once de septiembre de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la acción de inconstitucionalidad promovida por Morena con el número 71/2018 y, por razón de turno, se determinó que le correspondía a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos fungir como instructora en el procedimiento.
Posteriormente, por acuerdo de doce de septiembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite dicha acción de inconstitucionalidad y se ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas impugnadas y al titular del Poder Ejecutivo que las promulgó para que rindieran sus respectivos informes, requiriendo, a su vez, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que expresara su opinión en relación con la acción intentada. Asimismo, se ordenó dar vista al procurador general de la República para que rindiera el pedimento que le corresponde.
Por otra parte, en auto de trece de septiembre de dos mil dieciocho, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República con el número 75/2018 y, por razón de identidad con la diversa 71/2018, se determinó que le correspondía a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos fungir como instructora en el procedimiento.
Finalmente, el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad hecha valer por la Procuraduría General de la República; y nuevamente, se ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas impugnadas y al titular del Poder Ejecutivo que las promulgó para que rindieran sus respectivos informes, requiriendo, a su vez, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que expresara su opinión al respecto.
NOVENO.—Informes. La autoridad que emitió y la que promulgó las normas electorales impugnadas rindieron sus respectivos informes, documentos que se tienen a la vista, y que se reproducen en los siguientes anexos de esta ejecutoria, los cuales fueron tomados de sus originales que obran agregados a los autos en las fojas que a continuación se mencionan:
Ver fojas
DÉCIMO.—Opinión especializada en la acción de inconstitucionalidad 71/2018. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación formuló la siguiente opinión el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho:
"(iii) Consideraciones de la opinión
"Por cuestión de método, primero se abordarán los conceptos de invalidez relacionados con la suspensión de los Ayuntamientos, ya que esta Sala Superior considera que no se trata de temas exclusivos del derecho electoral, pues se refieren a planteamientos vinculados con la organización de las autoridades en la mencionada entidad federativa para efecto de ejercer el poder público, así como al ámbito competencia de distintas autoridades y, por tanto, no ameritan una opinión técnica especializada de este órgano jurisdiccional.
"Lo anterior es así, porque la posible vulneración del artículo 115, base 1, párrafo tercero, de la Constitución Federal, por la supuesta invasión de competencias y violación a la reserva de ley, en cuanto a los supuestos que deben ser considerados como ‘causas graves’ que faculte a las Legislaturas Locales para suspender a un Ayuntamiento, son cuestiones que no forman parte de la materia electoral, sino que pertenece al ámbito general del derecho y del derecho constitucional, en particular, tópicos vinculados a la teoría política y constitucional.
"No pasa desapercibido que si bien el artículo 140 de la Constitución Local impugnado se refiere ‘violaciones a las normas jurídicas que rijan procesos electorales’ eso no hace que la norma tenga eminentemente un contenido político electoral, ya que, en todo caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no sería una autoridad aplicadora de la norma y tampoco se apega a los criterios del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el contenido de la materia, pues ese Alto Tribunal ha establecido que, para que una norma general en materia electoral pueda considerarse como tal, ésta debe regular aspectos relativos a los procesos electorales previstos en el propio Texto Constitucional.
"Por ende, el hecho de que considere como una ‘causa grave’ para la suspensión de Ayuntamientos las violaciones a las normas jurídicas que rijan los procesos electorales no implican que ello incide en el ámbito electoral, directa ni indirectamente, pues, en todo caso, la determinación relativa a la suspensión de un Ayuntamiento podrá ser combatida mediante otros medios de control constitucional, competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Ahora bien, en cuanto al concepto de invalidez de los artículos antes citados, en los que se regulan los límites de sobre y subrepresentación respecto de las coaliciones electorales y las candidaturas comunes, en opinión de este tribunal especializado, dicha disposición se aparta de la regularidad constitucional, como se explica a continuación:
"En primer lugar, se considera que no le asiste la razón al promovente cuando refiere que toda regulación sobre coaliciones contenida en leyes estatales es inválida desde un punto de vista formal, pues la Legislatura del Estado de Sonora se encuentra impedida para legislar aspectos relativos a las coaliciones, al tratarse de una materia reservada para el legislador federal, toda vez que, en el caso, la materia sustancial de la reforma se refiere a la verificación de sobre y subrepresentación para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, en donde la coalición o la candidatura común sólo se trata de una forma de participación, por lo que se trata de un aspecto legislativo indirecto.
"Al respecto, si bien es cierto que en la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 22/2014, se advierte que, por cuanto hace al régimen de coaliciones aplicable a procesos electorales federales y locales, éste debe ser regulado por el Congreso de la Unión en la ley general que expida en materia de partidos políticos, también precisó que ello no impedía a las entidades federativas, así como al entonces Distrito Federal, legislar sobre aspectos electorales relacionados de forma indirecta con el tema de coaliciones, como la forma de operación del principio de representación proporcional al interior de los Congresos Locales; de ahí que, en concepto de esta Sala Superior, la disposición, por sí misma, no resulte contraria a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio, inciso f), numeral 3, del decreto de reforma constitucional, publicado en el Diario Oficial del diez de febrero de dos mil catorce, por cuanto hace a la competencia formal del legislador local.
"Ahora bien, por cuanto hace a la constitucionalidad de la norma, en relación con las bases normativas establecidas por la Constitución para la asignación de diputados de representación proporcional, se considera lo siguiente:
"En México, el sistema de representación es mixto –es decir, con legisladores electos por el principio de mayoría relativa y otros, a través del diverso de representación proporcional– el cual tiene su antecedente en la reforma de mil novecientos setenta y siete, mediante la cual se introdujo, en forma, la representación proporcional al sistema electoral, mismo que con ajustes prevalece hasta nuestros días.
"En el sistema mixto no es exigible una correspondencia exacta entre votos y escaños o curules, ya que no se trata de un sistema de representación proporcional pura y ello, aunado a la existencia de barreras legales o elementos que pueden producir sobrerrepresentación o subrepresentación de una o varias fuerzas políticas, genera un margen de distorsión, precisamente ante la imprevisibilidad de los resultados electorales que se obtienen por la vía de mayoría relativa.
"En este sentido, se considera que si bien es un sistema mixto, generalmente, es predominantemente mayoritario y permite distorsiones en la proporcionalidad, debido a que se impide que los triunfos obtenidos por mayoría relativa sean reducidos, aun cuando con ello se genere una sobrerrepresentación mayor a los límites constitucionales, por lo que se da prevalencia al sistema representativo en su conjunto antes que al cumplimiento de las reglas de éste.
"Además, aun cuando los triunfos de mayoría no generen una sobrerrepresentación o subrepresentación fuera de la tolerancia constitucional, la aplicación de las fórmulas de asignación por el principio de representación proporcional impide que se alcance una proporcionalidad exacta entre sufragios y curules a que tiene derecho cada fuerza política, en virtud de que la votación empleada para los triunfos de mayoría es considerada en la asignación de curules, lo que eventualmente puede generar una sobrerrepresentación, al utilizarse la misma votación para obtener más de una curul. De ahí que la función de los límites señalados por el Constituyente consistan en evitar que las fuerzas políticas que alcancen el mayor número de diputaciones por el principio de mayoría relativa obtengan un porcentaje de curules que duplique la votación obtenida en las urnas.
"Así, el principio de representación en materia electoral se integra con un sistema compuesto con bases generales tendentes a garantizar de manera efectiva la pluralidad en la conformación de los órganos legislativos permitiendo la inclusión de partidos minoritarios e impidiendo que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobrerrepresentación.
"De manera particular, ese Máximo Tribunal ha señalado como objetivos del sistema electoral de nuestro país: (i) dar participación a los partidos políticos con cierta representatividad en la integración de órganos legislativos; (ii) que cada partido tenga una representación proporcional al porcentaje de la votación total; y, (iii) evitar la sobrerrepresentación de partidos dominantes.
"Ahora bien, la doctrina judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el tema de la representación proporcional, ha evolucionado desde una posición en que los parámetros eran los previstos en los artículos 52 y 54 de la Constitución General, como se refleja en la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, de rubro: ‘MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.’, hasta una posición relativamente reciente, en que esas disposiciones constitucionales dejaron de constituir las únicas pautas obligatorias de control para analizar la constitucion
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29356-78b616a0/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-carecer-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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