I. CANDIDATURAS COMUNES. LAS LEGISLATURAS LOCALES SON COMPETENTES PARA REGULARLAS (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). II. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBLIGA A LOS ESTADOS A INTEGRAR SUS LEGISLATURAS CON DIPUTADOS ELECTOS POR ESTE PRINCIPIO, AUNQUE NO A REGLAMENTARLO DE UNA FORMA ESPECÍFICA, SIEMPRE QUE ATIENDAN RAZONABLEMENTE A LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA INTEGRAL PREVISTO POR LA LEY FUNDAMENTAL Y A SU FINALIDAD (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y 190, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). III. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. CONGRUENCIA DEL PORCENTAJE EXIGIDO PARA LA ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR ESTE PRINCIPIO (DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 202, FRACCIÓN I, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). IV. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO OBLIGA A LAS LEGISLATURAS LOCALES A INCLUIR EN LA ELECCIÓN POR ESTE PRINCIPIO A TODOS LOS CARGOS DE LOS AYUNTAMIENTOS (VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 197 Y 201 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). V. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. PORCENTAJE MÍNIMO DE LA LISTA NOMINAL PARA OBTENER EL RESPALDO CIUDADANO REQUERIDO (VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 18 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). VI. PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. SON CATEGORÍAS CONSTITUCIONALES DISTINTAS, POR LO QUE NO SE PUEDE EXIGIR UNA COMPARACIÓN ENTRE DESIGUALES (VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 18 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). VII. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. REQUISITO DE ADJUNTAR COPIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR A LA CÉDULA DE RESPALDO CIUDADANO (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN II, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). VIII. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. RESTRICCIONES A SU FINANCIAMIENTO QUE NO PROVENGA DEL ERARIO PÚBLICO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN LA PORCIÓN QUE ESTABLECE "SE CONSTITUYE POR LAS APORTACIONES QUE REALICEN EL CANDIDATO INDEPENDIENTE Y LAS PERSONAS QUE OTORGARON SU APOYO PARA OBTENER SU REGISTRO, EL CUAL"). IX. CANDIDATURAS COMUNES. LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS SE ENCUENTRA SUJETA A LO QUE DISPONGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 89, FRACCIONES II Y IX, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). X. CANDIDATURAS COMUNES. OBLIGACIÓN DE ESTABLECER UN EMBLEMA COMÚN Y LA FORMA DE REPARTIR LOS VOTOS ENTRE LOS PARTIDOS QUE LAS FORMAN [VALIDEZ DEL ARTÍCULO 89, FRACCIONES III, INCISOS B) Y E), Y VIII, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS]. XI. CANDIDATURAS COMUNES. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE SU REGISTRO [VALIDEZ DEL ARTÍCULO 89, FRACCIONES I Y III, INCISO G), DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS]. XII. CANDIDATURAS COMUNES. DETERMINACIÓN DE LAS FECHAS EN LAS QUE DEBE PRESENTARSE LA SOLICITUD DE SU REGISTRO [VALIDEZ DEL ARTÍCULO 89, FRACCIONES I Y III, INCISO G), DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS]. XIII. CANDIDATURAS COMUNES. EL REQUISITO DE ACOMPAÑAR AL CONVENIO DE LA CANDIDATURA LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PLATAFORMA ELECTORAL COMÚN ANTE LA AUTORIDAD ELECTORAL DESNATURALIZA AQUELLA FIGURA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN IV, INCISO A), DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS]. XIV. CÓMPUTO DE VOTOS. LAS LEGISLATURAS LOCALES POSEEN LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA REGULAR LOS RECUENTOS TOTALES O PARCIALES DE VOTACIÓN EN LOS ÁMBITOS ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL, RESPETANDO LOS PRINCIPIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (DESESTIMACIÓN DE LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 290, FRACCIÓN III, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). XV. CÓMPUTO DE VOTOS. EL CRITERIO DE EXCEPCIONALIDAD PARA EL RECUENTO PARCIAL DE VOTOS DEBE SER PROPORCIONAL A LA DIFERENCIA DE VOTOS ENTRE EL PRIMER Y SEGUNDO LUGARES Y EL NÚMERO DE VOTOS NULOS EMITIDOS (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 291 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). XVI. CÓMPUTO DE VOTOS. SUPUESTOS PARA QUE SE ACTUALICE EL RECUENTO TOTAL DE VOTOS (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 292, FRACCIONES I, II Y III, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). XVII. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU REGULACIÓN POR PARTE DE LAS LEGISLATURAS LOCALES ES POTESTATIVA RESPECTO DE LOS CIUDADANOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA QUE RESIDAN EN EL EXTRANJERO (INFUNDADA LA OMISIÓN LEGISLATIVA ADUCIDA). XVIII. TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA. LAS LEGISLATURAS LOCALES CUENTAN CON UNA AMPLIA LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA FIJARLOS, RESPETANDO LOS PARÁMETROS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 243, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). XIX. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA REGULARLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 20, BASE II, APARTADO C, PÁRRA
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 45/2015 Y SUS ACUMULADAS 46/2015 Y 47/2015. COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN TAMAULIPAS, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DENOMINADO "MORENA" Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIOS: MARÍA CARLA TRUJILLO UGALDE, NATALIA REYES HEROLES SCHARRER Y RODRIGO DE LA PEZA LÓPEZ FIGUEROA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de septiembre de dos mil quince.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Presentación de escrito inicial, normas impugnadas y autoridades. Por escritos presentados el tres y trece de julio de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(1) respectivamente, el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Tamaulipas, el Partido Acción Nacional, el Partido Movimiento Regeneración Nacional y el Partido de la Revolución Democrática promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra de los Decretos Números LXII-596, mediante el cual, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y LXII-597, mediante el cual, se expide la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, publicados el trece de junio de dos mil quince, en el Periódico Oficial del Estado, específicamente, de los artículos 20, base II, apartado A, párrafo sexto, 27, fracciones V y VI, y 130, párrafo noveno, de la Constitución Local, así como de los artículos 10, 18, 28, párrafos primero y segundo, fracción II, 45, 89, fracciones II y IX, 190, 197, 201, 202, 206, 229, 230, 236, 237, 238, fracción II, 243, párrafo segundo, 290, 291 y 292 de la de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, señalando como autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas, al Congreso y al gobernador, ambos del Estado de Tamaulipas.
SEGUNDO.-Preceptos constitucionales que se estiman vulnerados. Los artículos 1o., 4o., 6o., 9o., 14, 16, 17, 35, 39, 40, 41, 54, 115, 116, 124 y 133 de la Constitución General; así como el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil doce, y segundo y tercero transitorios de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 22 y 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 16, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 2 y 23 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos.
TERCERO.-Admisiones y trámite. Mediante proveído de seis de julio de dos mil quince,(2) el Ministro Luis María Aguilar Morales, en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 38/2015, promovida por el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Tamaulipas; y ordenó turnar el expediente al Ministro Juan N. Silva Meza, como instructor del procedimiento.
Por acuerdo de nueve de julio de dos mil quince,(3) el Ministro instructor desechó por improcedente la acción de inconstitucionalidad 38/2015, promovida por el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Tamaulipas.
Mediante diversos acuerdos dictados el catorce de julio de dos mil quince,(4) el Ministro presidente ordenó formar y registrar los expedientes relativos a las acciones de inconstitucionalidad 45/2015, promovida por el Partido Acción Nacional, 46/2015, promovida por el Partido Movimiento Regeneración Nacional; y, 47/2015, promovida por el Partido de la Revolución Democrática. Asimismo, ordenó la acumulación de dichos expedientes, ello, pues no obstante que la referida acción de inconstitucionalidad 38/2015 fue desechada en proveído de nueve de julio del presente año, hasta esa fecha no había causado estado, por lo que no podía considerarse como un asunto concluido.
Por auto de quince de julio de dos mil quince,(5) el Ministro instructor adoptó las siguientes determinaciones: (i) admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad acumuladas; (ii) ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, para que rindieran sus respectivos informes; (iii) requirió al Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas, el envío de la copia certificada de los antecedentes legislativos de los decretos impugnados, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que consten las votaciones de los integrantes de ese órgano legislativo, así como los respectivos diarios de debates; (iv) requirió al Poder Ejecutivo de la misma entidad, el envío de un ejemplar del Periódico Oficial del Estado, correspondiente al trece de junio de dos mil quince, que contiene los decretos mediante los cuales se expidieron las normas impugnadas; (v) dio vista a la procuradora general de la República para que formulara su pedimento; (vi) requirió al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral que enviara copias certificadas de los Estatutos de los Partidos Políticos Acción Nacional, Morena y de la Revolución Democrática, así como de las certificaciones de sus registros vigentes, precisando quiénes son los presidentes de sus comités ejecutivos nacionales; (vii) solicitó al consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, que informara sobre la fecha de inicio del próximo proceso electoral en la entidad; y, (viii) solicitó su opinión a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
CUARTO.-Informes. En acatamiento al acuerdo del Ministro instructor, las siguientes autoridades rindieron los informes, que a continuación se describen, que se agregaron a los autos en las circunstancias que se mencionan:
Por oficio TEPJF-P-CCD/00048/15, de veintitrés de julio de dos mil quince,(6) se remitió a este Alto Tribunal la opinión que en torno al presente asunto emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; en la que, en primer lugar, consideró que los conceptos de invalidez planteados por los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, en los que se adujo la violación al procedimiento legislativo, por el cual se aprobó el decreto tildado de inconstitucional, no son de competencia de dicha Sala Superior, debido a que no son temas exclusivos del derecho electoral, por ser planteamientos vinculados con violaciones de carácter formal al procedimiento legislativo del Estado de Tamaulipas.
Por otro lado, estimó que los artículos 27, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y 190, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, resultan inconstitucionales, toda vez que la asignación directa a un partido político en la elección de diputados al Congreso del Estado, por el principio de representación proporcional, a partir de obtener el 1.5% de la votación estatal emitida, carece de sustento constitucional, en tanto que la Constitución Federal establece como requisito para conservar el registro como partido político, obtener el 3% de la votación válida emitida.
En otro orden de ideas, manifestó que es constitucional el artículo 190 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, pues no existe un sistema de representación proporcional pura en México, por lo que, al tratarse de un sistema mixto, la consecuencia de tales sistemas es una sobrerrepresentación y una subrepresentación. Además, precisó que no se trata de que exista un doble cómputo de los mismos votos, sino que a través de la misma boleta electoral, al emitirse el correspondiente sufragio por parte de la ciudadanía, implica la emisión de un voto que se computa para efectos de la elección por el principio de mayoría relativa, y otro voto que se contabiliza con la finalidad de obtener el cómputo de la elección por el principio de representación proporcional.
En diverso aspecto, señaló que no resulta inconstitucional que en el artículo 130 de la Constitución Local, no se detallen los aspectos instrumentales de cómo se va a desarrollar el principio de representación proporcional, pues éstos están contenidos en la normativa secundaria, y cumple con lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 115 constitucional, al establecerlo como un mandato que se debe acatar en la conformación de todos los Ayuntamientos.
Aunado a lo anterior, determinó que el artículo 202, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, es constitucional, pues el legislador local estableció una fórmula de asignación de regidores por el principio de representación proporcional, que garantiza que los partidos políticos que hayan alcanzado por lo menos el 1.5% de la votación municipal efectiva obtenga una regiduría a través de ese principio, logrando así, que se les reconozca determinado grado de representatividad y acceder de esa forma al órgano de gobierno.
Por otra parte, sostuvo que los artículos 197 y 201 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, son constitucionales, toda vez que, tomando como base para introducir la representación proporcional al ámbito de los Ayuntamientos, deben atenderse a los mismos lineamientos que se establecen para los órganos legislativos, esto es, que el porcentaje de 33% también puede aplicarse para evaluar la proporcionalidad entre los cargos de mayoría relativa y representación proporcional en los Ayuntamientos. Por tanto, si la proporción contemplada por los artículos impugnados es en la mayoría de los casos 66.6%, contra 33.3%, y, en un caso, de 62.5%, contra 37.5%, concluye que ésta guarda una cercanía razonable con la establecida por el artículo 52 constitucional.
Luego, estimó que los artículos 27, fracciones V y VI, de la Constitución Local y 190, fracciones I y II, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, resultan inconstitucionales, porque el término empleado por el legislador local desatiende la previsión de la Constitución Federal, pues al establecer como parámetro para determinar los límites a la sobre y subrepresentación, a partir de emplear como referente una votación "depurada", trae como consecuencia que en la práctica se amplíen los márgenes de sobre y subrepresentación de un partido político.
Por otro lado, consideró que el sexto párrafo, apartado A, de la base II, del segundo párrafo del artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, es inconstitucional, puesto que en cuanto al mantenimiento del registro de los partidos políticos locales, la Constitución Federal establece una base cierta para medir el porcentaje de votación que debían alcanzar siendo ésta la votación válida emitida, por lo que ésta no puede ser modificada por el legislador estatal para establecer una más gravosa, pues se afectaría el principio pro persona, por cuanto hace al derecho de asociación que subyace a la conformación de los partidos políticos.
Ahora bien, determinó que el artículo 89, párrafo tercero, fracciones II y IX, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, es constitucional, cuando regula la forma de participar en candidatura común a no más de 33% de los Municipios o distritos, así como a no convenir otras formas de participación con otros partidos en el mismo proceso electoral, puesto que la Constitución Federal deja a la ley ordinaria las formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos, y otorga libertad de configuración legislativa en formas de participación de los partidos políticos distintos a la coalición.
Por su parte, señaló que el artículo 89, párrafo tercero, fracción IV, inciso a), de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, es inconstitucional, al exigir a las candidaturas comunes una plataforma electoral.
Asimismo, precisó que el artículo 89, párrafo tercero, fracciones III, incisos b) y e), así como VIII, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, es inconstitucional, al permitir la transferencia de votos, debido a que aun cuando se concedió libertad configurativa al legislador local para regular otras formas de participación conjunta de los partidos políticos, tal libertad no puede ir más allá de las materias reservadas a la Federación, como lo es la forma de computar la votación en materia de participación conjunta de los institutos políticos.
De igual manera, sostuvo que el mencionado precepto contraviene a la Constitución Federal, al establecer un emblema común para los institutos políticos que participaron en candidatura común, dado que se trata de una materia reservada a la ley general, la cual establece que los emblemas de los partidos políticos aparecerán en la boleta electoral en lo individual y por separado, aun cuando exista coalición; aunado a que la colocación de un emblema común para los partidos políticos que participan en una candidatura común, impediría votar a los ciudadanos con exactitud por cada instituto político.
Aunado a lo anterior, precisó que el artículo 89, párrafo tercero, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, es constitucional, en tanto que la aprobación por parte de los órganos de dirección de los partidos políticos para la candidatura común de gobernador consiste en una medida razonable de participación política dentro de los institutos, de conformidad con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por el contrario, estimó inconstitucional el artículo 89, párrafo tercero, fracción III, inciso g), de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, al exigir a los institutos políticos que participen en candidatura común requisitos que recaen en la vida interna de los partidos políticos, como es la ratificación del convenio de candidatura común por los comités directivos municipales de todos los Ayuntamientos del Estado para el caso de la candidatura a gobernador, dado que establece una doble aprobación, que implica una carga excesiva y desproporcionada.
En diverso aspecto, manifestó que los artículos 10 y 18 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas son inconstitucionales, pues el porcentaje del 3%, de respaldo ciudadano exigido para que un aspirante alcance su registro como candidato independiente, es contrario a las bases y principios constitucionales, al ser desproporcional en sentido estricto, dado que es significativamente más gravoso que el exigido para la constitución de un partido político local, pues para ese efecto se requiere el .26% del padrón electoral de la entidad.
Luego, consideró que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del requisito establecido en el artículo 28, párrafos primero y segundo, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, consistente en exigir la presentación de las copias de la credencial para votar vigente para acreditar el apoyo ciudadano a la postulación de candidatos independientes, constituye una carga excesiva que puede ser sustituida por mecanismos alternos menos gravosos para el aspirante al cargo de una candidatura común.
Por su parte, indicó que el artículo 45 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, en el que se prevé que el financiamiento privado de los candidatos independientes se constituye por las aportaciones que el mismo realice, así como las de las personas que otorgaron su apoyo para obtener su registro, en relación con la prohibición de recibir aportaciones y donaciones en efectivo por cualquier persona distinta, es contrario a los principios de equidad y condiciones de igualdad en que deben participar los candidatos independientes en las elecciones, aunado a que impone una restricción adicional a las establecidas en la ley general.
Por otro lado, estimó que el artículo 290 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, se considera constitucional, pues no existe obligación de regular un supuesto de recuento total de la elección de gobernador, puesto que el Constituyente Local en el ámbito de su libertad de configuración legal, optó por un diseño de recuento total de los votos de la elección citada, que opera a partir de los cómputos distritales.
Ahora bien, sostuvo que los numerales 291 y 292 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, son inconstitucionales, dado que las exigencias tanto para el recuento parcial como total, son desproporcionales. Por un lado, se estima que resulta excesivo el que para ordenar un recuento parcial, en donde exige que los votos nulos en una casilla sean superiores en una proporción de cuatro veces, respecto a la diferencia entre el primero y el segundo lugares, cuando la sola evidencia de que en una casilla existan mayor cantidad de votos nulos, entre el primer y segundo lugares, justificaría que se ordenara el recuento de la votación recibida en una casilla. Por lo que hace al supuesto de recuento total, resulta contrario a la Constitución, pues condiciona su procedencia a que previamente se hubiese realizado un recuento parcial en por lo menos el 20% de las casillas o, en su defecto, se hubiese realizado un nuevo escrutinio y cómputo en al menos el 15% de las casillas, pues no encuentra justificación el que para hacer un recuento total, previamente se hayan actualizado supuestos de recuento parcial, al tratarse de aspectos distintos.
Por lo que hace a la fracción III del citado numeral 292 de la Ley Electoral local, que prevé que procede el recuento total cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar fuera menor del 0.50%, se consideró inconstitucional, pues con tal porcentaje no se cumple con la finalidad de la norma, que es, precisamente, dotar de certeza a la elección y proceder al recuento total de los votos, cuando exista un margen estrecho en la votación de los partidos políticos que ocuparon el primero y el segundo lugares de la elección.
Por lo que respecta al recuento total, la hipótesis contenida en la fracción I del artículo 292, se estimó ajustada a la Constitución, al considerarse una medida idónea para dotar de certeza a los resultados de la elección.
Ahora bien, estableció que el artículo 130, párrafo noveno, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, resulta inconstitucional, toda vez que la participación del Ejecutivo Estatal en el proceso de integración de los Consejos Municipales, al proponer a los ciudadanos que los integren al Congreso del Estado de Tamaulipas, resulta contrario al principio democrático que debe regir en todo momento en la integración de los órganos de gobierno municipales; ello, pues la Constitución Federal establece que serán las Legislaturas de los Estados las que deberán integrar esos órganos, con ciudadanos avecindados en el Municipio respectivo, quienes deberán cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos para los legisladores.
En diverso aspecto, consideró que el segundo párrafo del artículo 243 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, es inconstitucional, pues no se adoptan los parámetros de reducción de gastos de precampañas y campañas electorales contemplados en los artículos 116, fracción IV, inciso h), de la Constitución y sexto transitorio del decreto de reforma del trece de noviembre de dos mil siete.
Luego, sostuvo que el tercer párrafo del apartado C) de la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, es constitucional, pues que no se señale expresamente la suspensión de la propaganda gubernamental durante las campañas electorales, ni se incluya a los Poderes Federal y del Distrito Federal, no impide cumplir con la prohibición del artículo 41, base III, apartado C, párrafo segundo, constitucional.
Por otra parte, determinó que el precepto impugnado no genera una duplicidad y antinomia, dado que contribuye a regular en el ámbito de esa entidad federativa, lo señalado en la Constitución Federal.
Aunado a lo anterior, señaló que el artículo 20, base II, apartado D, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, es constitucional, debido a que, bajo una interpretación conforme, el hecho de que no se haya contemplado que la duración de las campañas de Ayuntamientos y diputados cuando concurran con otra elección deberá ser mayor, no conlleva a considerar inconstitucional la norma, ya que el periodo previsto se encuentra dentro de los parámetros constitucionales.
Por otro lado, en relación con la inconstitucionalidad e inconvencionalidad planteada de los artículos 66, cuarto párrafo, 206, 229, 230, 236, 237 y 238, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, indicó que la generalidad del sistema implementado en la legislación del Estado de Tamaulipas, interpretado sistemática e integralmente, de conformidad con el enfoque de género y a partir de los preceptos constitucionales y convencionales aplicables, cuenta con los elementos suficientes que garantizan la paridad de género en la postulación de las candidaturas de los Ayuntamientos, en sus dos dimensiones. Por lo anterior, se estimó que, salvo la segunda porción normativa del artículo 237 de la referida Ley Electoral local, que resulta restrictiva, al acotar la cláusula de suplencias del mismo género únicamente a las candidaturas de regidurías, dejando fuera de su ámbito de aplicación otros supuestos (presidencia y sindicaturas) que debieran estar comprendidos por ella, no existe la inconstitucionalidad aducida.
Por último, en relación con lo aducido en los conceptos de invalidez sobre la omisión de legislar sobre el voto de los tamaulipecos en el extranjero, consideró que resulta fundado, pues el derecho a votar debe ser tutelado también para las personas residentes en el extranjero.
Por acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil quince,(7) se acusó recibo de la opinión así emitida.
Mediante oficio No. 144/2015, de seis de agosto de dos mil quince,(8) el consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, informó que el proceso electoral local dará inicio el trece de septiembre de dos mil quince.
Por oficio recibido el doce de agosto de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(9) el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas, por conducto del diputado presidente de la Diputación Permanente, rindió su informe, manifestando que es cierto el acto que se le atribuye, consistente en la aprobación de los decretos impugnados, negó los conceptos de invalidez y solicitó que se declare la validez de los preceptos impugnados. Asimismo, remitió diversos documentos relacionados con el proceso electoral que dio origen a los decretos impugnados.
En su informe sostuvo, en primer lugar, que al expedir el artículo 89 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, no vulnera el principio rector del voto previsto en la Constitución Federal, toda vez que el legislador federal reservó a las Legislaturas de los Estados formas distintas a la coalición para la participación de los partidos políticos en los procesos electorales; agregó que para el caso concreto de la candidatura común, debe establecerse que no existe disposición legal alguna que obligue al legislador local a consignar las reglas previstas para otras formas de asociación entre institutos políticos para la postulación de candidatos.
En relación con los artículos 20, párrafo sexto, de la base II de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, y 190, fracción I, y 202 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, consideró que cuenta con libertad de configuración legislativa para determinar si se disminuye, mantiene o aumenta el porcentaje del total de la votación válida emitida para que los partidos políticos tengan derecho a la asignación de diputados por mayoría relativa; por ello, estimó que resulta constitucional la determinación respecto al porcentaje del 1.5% del total de la votación emitida, ya sea estatal o municipal, según la elección de que se trate, ello en el contexto de dotar de espacios públicos a diversas minorías en los espacios de discusión pública, al tenor del principio de la representación proporcional.
Respecto de los artículos 291 y 292 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, señaló que el recuento de votos se previó en el artículo 290 de la referida Ley Electoral local para las elecciones de Ayuntamientos, de diputados por el principio de mayoría relativa y para gobernador del Estado, tal como lo establece la fracción III de dicho dispositivo legal, estableciéndose un procedimiento general para tales supuestos en el artículo 293 del citado cuerpo normativo, por lo que no es dable atribuir alguna omisión legislativa.
Aunado a lo anterior, indicó que en relación con el concepto de invalidez en el que se aduce que la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas se aparta de las reglas previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para el supuesto de recuento de votos, las disposiciones establecidas en el título segundo de la referida legislación federal, en las que se contempla el recuento de votos, sólo es aplicable a los procesos electorales federales, como se establece en el artículo 224 del citado ordenamiento legal.
Por otro lado, en relación con la omisión de legislar, para que los mexicanos en el extranjero puedan votar, aducida, manifestó que Tamaulipas no es un Estado expulsor de migrantes y que garantizar el voto de tamaulipecos en el extranjero representa un gasto importante, si se considera que en las elecciones federales la experiencia es de poca participación. Asimismo, precisó que los mecanismos de implementación por el Instituto Nacional Electoral y otras entidades federativas se encuentran a penas en implementación; por tanto, al tenor de la facultad potestativa prevista en el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se optó por no regularlo en la reforma controvertida.
En diverso aspecto, estableció que es constitucional el artículo 20, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, pues se optó por establecer un periodo de campaña de 60 días para la elección de gobernador y 45 días para las elecciones de diputados y Ayuntamientos, ambos términos dentro de los parámetros establecidos en el artículo 116 de la Constitución Federal.
Por otra parte, refirió que las modificaciones realizadas al artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, tuvieron como finalidad regular la elección consecutiva de los integrantes del Ayuntamiento, así como el porcentaje para acceder a las regidurías por el principio de representación proporcional, de acuerdo a lo mandado por la reforma constitucional en materia político-electoral, luego entonces, en ningún momento fue objeto de la reforma local modificar el número de integrantes de los Ayuntamientos con base en su población.
Respecto de los artículos 66, cuarto párrafo, 206, 229, 230, 236, 237 y 238, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, señaló que en el artículo 206 de la referida ley, previó el principio de igualdad de género, al proponer el porcentaje igualitario a la paridad de género, ante un mismo órgano de representación política, esto es, el local o municipal, con lo que se garantiza el principio de igualdad entre el hombre y la mujer establecido en el artículo 4o. de la Constitución Federal, lo que permite que hombres y mujeres participen en igualdad de circunstancias en una contienda electoral; además se ve reflejado el derecho a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para obtener cargos de elección popular y siempre que la naturaleza del cargo lo permita, la proporción atenderá a una relación de 50% máximo para cualquiera de los sexos.
Por otro lado, sostuvo que debe declararse la validez de los artículos 197 y 201 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, toda vez que, al emitirlas, se atendió al principio de proporcionalidad, pues la acción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, ya que no se introdujeron tratos desiguales de manera arbitraria, sino que se hizo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales.
Luego, en relación con los artículos 10 y 18 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, determinó que el legislador local tiene libertad para establecer los parámetros legales de las candidaturas independientes en los que debe considerar requisitos, derechos y obligaciones, entre ellos, el respaldo ciudadano.
Finalmente, señaló que se debe declarar la validez del artículo 243 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, pues el Constituyente Permanente estableció los lineamientos elementales para efectos de fijar los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales, por lo que dejó en libertad al legislador local, para que ajustara en la ley respectiva el monto de gastos de campaña, así también, la Ley General de Partidos Políticos permite la creación de la ley respectiva sin restricción para que se legisle al respecto.
Por oficio recibido el doce de agosto de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal,(10) el Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, por conducto del secretario general de Gobierno, rindió su informe manifestando que son ciertos los actos que se le atribuyen, consistentes en la promulgación y orden de publicación de los decretos impugnados, sin pronunciarse respecto de la emisión del decreto impugnado por parte del Legislativo Local.
Dichos informes se tuvieron por presentados en el acuerdo de doce de agosto de dos mil quince, en el que, además, se dio vista a las partes con la documentación relativa al proceso legislativo, para que formularan alegat
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26205-3f9ac2a0/i-candidaturas-comunes-las-legislaturas-locales-son-competentes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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