I. PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES. PORCENTAJE MÍNIMO DE LA VOTACIÓN TOTAL EMITIDA QUE DEBEN OBTENER PARA LA CONSERVACIÓN DE SUS DERECHOS Y PRERROGATIVAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 25, APARTADO B, FRACCIONES II, PÁRRAFO TERCERO, Y XIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA). II. PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES. SU "RECONOCIMIENTO INDÍGENA" NO PERMITE ESTABLECER UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SOBRE EL PORCENTAJE MÍNIMO DE LA VOTACIÓN TOTAL EMITIDA PARA LA CONSERVACIÓN DE SU REGISTRO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 25, APARTADO B, FRACCIONES II, PÁRRAFO TERCERO, Y XIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA). III. SISTEMA MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBLIGA A LOS ESTADOS A INTEGRAR SUS LEGISLATURAS CON DIPUTADOS ELECTOS POR AMBOS PRINCIPIOS, AUNQUE NO A REGLAMENTAR DE UNA FORMA ESPECÍFICA DICHOS PRINCIPIOS, SIEMPRE QUE ATIENDAN RAZONABLEMENTE A LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA INTEGRAL PREVISTO Y A SU FINALIDAD (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA). IV. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LA FALTA DE CONCEPTUALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS "VOTACIÓN ESTATAL EMITIDA" O "VOTACIÓN VÁLIDA" O "VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA" PARA DIPUTADOS POR ESTE PRINCIPIO NO INVALIDA LOS PRECEPTOS QUE LA REGULAN (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 33, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA). V. CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS TIENEN LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA IMPONER REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA SER VOTADO PARA DICHOS CARGOS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS LINEAMIENTOS CONSTITUCIONALES Y SE GUARDE RAZONABILIDAD EN CUANTO A LOS FINES PERSEGUIDOS Y SEAN ACORDES A LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS (VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 68, FRACCIÓN III, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA). VI. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. AL PREVERSE DOS PLAZOS DIVERSOS DE SEPARACIÓN DEL CARGO PARA QUE SE POSTULE PARA UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR SE VIOLA EL PRINCIPIO DE CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 35, PÁRRAFO CUARTO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "LA FISCAL O EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA ASÍ COMO LOS FISCALES ESPECIALES", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA). VII. MAGISTRADOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA. PLAZO QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA QUE PUEDAN ASPIRAR A UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 116, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO PRIMERO E INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 107, PÁRRAFO 2, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 35, PÁRRAFO CUARTO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS Y", Y 68, FRACCIÓN III, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ "LAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE OAXACA", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA). VIII. GOBERNADOR DEL ESTADO DE OAXACA. RESIDENCIA EFECTIVA QUE DEBE ACREDITAR EL CANDIDATO EN EL ESTADO PREVIA AL DÍA DE LOS COMICIOS ELECTORALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE "O VECINO CON RESIDENCIA EFECTIVA NO MENOR DE TRES AÑOS INMEDIATAMENTE ANTERIORES AL DÍA DE LOS COMICIOS", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE OAXACA). IX. INSTITUTO ELECTORAL LOCAL Y TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. CUANDO LA NORMA PREVÉ QUE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS DEL ESTADO DEBERÁN RENDIR UN INFORME ANUAL DE LABORES ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO, NO COMPRENDE A LOS DEL RÉGIMEN ELECTORAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 41 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 59, FRACCIÓN LI, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "TITULARES DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS", Y 114, PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SEÑALA "CONGRESO DEL ESTADO", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, AL TENOR DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME EN VIRTUD DE LA CUAL, DENTRO DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS REFERIDOS EN ESOS NUMERALES, NO SE ENCUENTRAN EL INSTITUTO ELECTORAL Y EL TRIBUNAL ELECTORAL LOCALES). X. ELECCIONES EXTRAORDINARIAS EN EL ESTADO DE OAXACA. EL EJECUTIVO ESTATAL ESTÁ FACULTADO PARA EMITIR UN DECRETO A FIN DE QUE EL INSTITUTO ELECTORAL LOCAL CONVOQUE A SU CELEBRACIÓN ANTE LA DESAPARICIÓN DEL PODER LEGISLATIVO (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN XXI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD). XI. LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA. EL PROCESO LEGISLATIVO QUE PRECEDIÓ A LA EMISIÓN DEL DECRETO 1290 VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, SEGURIDAD Y DEMOCRACIA DELIBERATIVA (INVALIDEZ TOTAL DEL DECRETO 1290 POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDIÓ
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 53/2015 Y SUS ACUMULADAS 57/2015, 59/2015, 61/2015, 62/2015 Y 63/2015. UNIDAD POPULAR, PARTIDO POLÍTICO LOCAL; MORENA Y ACCIÓN NACIONAL, PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA. 5 DE OCTUBRE DE 2015. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
México, Distrito Federal. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de octubre de dos mil quince, emite la siguiente:
SENTENCIA:
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 53/2015 y sus acumuladas 57/2015, 59/2015, 61/2015, 62/2015 y 63/2015, promovidas por el partido político local Unidad Popular, por dos partidos políticos nacionales, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Acción Nacional, y por diversos diputados integrantes del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en contra de varias disposiciones de la Constitución Política y de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, ambas de esa misma entidad federativa.
I. Antecedentes y trámite de la demanda
1. Presentación de la demanda. Mediante escritos exhibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintitrés y treinta de julio, y el siete de agosto (dos de ellos) de dos mil quince, así como mediante otro escrito presentado el ocho de agosto del mismo año en el domicilio del autorizado para recibir promociones fuera del horario de labores de este Tribunal Constitucional, se promovieron, respectivamente, las siguientes acciones de inconstitucionalidad por las personas y asociaciones políticas que a continuación se indican, en contra de la aprobación, promulgación y publicación de las normas que se detallan:(1)
Ver personas, asociaciones políticas y normas reclamadas
2. Los partidos políticos y diputados promoventes, indistintamente, señalaron que las normas que se consideraban transgredidas eran los artículos 1o., 2o., 4o., 6o., 9o., 13, 14, 16, 17, 32, segundo párrafo, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 49, 73, fracción XXIX-U, 115, 116, 117, 124, 133 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal"), y los numerales 1, 2, 16, 23, 24 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 1, 7, 12, párrafo 2, 107, 226 y 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 1 y 85, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos.
3. Conceptos de invalidez. Los partidos políticos e integrantes de la Legislatura Local plantearon los conceptos de invalidez que se sintetizarán en los siguientes subapartados.
4. Demanda del partido político local (acción de inconstitucionalidad 53/2015). Tras detallar los antecedentes que estimó pertinentes, el representante de la asociación política "Unión Popular", expuso los siguientes argumentos en su único concepto de invalidez:
a) Único. Los artículos 35, último párrafo, 38, fracción LXVI, y 43, párrafo 4, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca vulneran los principios de autonomía e independencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de ese Estado, por lo que se contraponen con los artículos 41, fracción V, apartado A, antepenúltimo párrafo, y apartado C, primer y último párrafos, y 116, fracción IV, primero párrafo, inciso b) e inciso c), puntos 1o. y 6o. de la Constitución Federal, así como lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
b) Los preceptos impugnados establecen la facultad del Poder Legislativo para designar y, en su caso, remover al secretario ejecutivo del referido Instituto Electoral Local; sin embargo, a decir del partido político local, tal otorgamiento de facultades al Congreso Local incide en la autonomía e independencia que debe tener el órgano ejecutivo local.
c) Se explica que el secretario ejecutivo integra el Pleno del consejo general del organismo electoral local, el cual funciona como máximo ente de dirección, por lo que intrínsecamente está vinculado con la función electoral. Por ende, si desde el Texto Constitucional se implementó un sistema en el que los organismos públicos locales electorales, como órganos constitucionalmente autónomos, funcionan a partir de los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, para el partido político es claramente contrario a la Constitución Federal, que se permita al Poder Legislativo de esa entidad participar en la designación de uno de sus órganos ejecutivos. Lo que se busca es que dichos organismos electorales no se vean influenciados por factores externos o internos que impliquen la inobservancia de los aludidos principios, lo cual sucedería si se consintiera la participación de otro poder en la designación de ese secretario ejecutivo.
d) Al respecto, se alega que de una interpretación sistemática de las aludidas normas constitucionales, y según precedentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, reflejada en la tesis de rubro: "ÓRGANOS DE AUTORIDAD ELECTORAL. CONDICIONES QUE SE DEBEN DE SATISFACER PARA SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.", para que las autoridades electorales puedan cumplir sus fines y actuar con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, es necesario que se acrediten dos condiciones: la primera, de carácter subjetivo, que se alcanza cuando en las leyes se establecen requisitos a quienes aspiran a ser designados como servidores en esta materia para garantizar la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad; y, la segunda, de carácter objetivo, cuando se les confieren los elementos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones, tales como son dotarles por ley de autonomía, personalidad y patrimonios propios.
e) En ese sentido, el partido político sostiene que la designación del secretario ejecutivo, por parte del Congreso Local, produce que el Estado de Oaxaca no cumpla con dichas condicionantes subjetivas y objetivas para que, en efecto, se garantice que en el ejercicio de la función electoral sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, así como que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus funciones, sin tener que someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de otro poder.
f) Destacando, que el principio de libertad configurativa no se puede establecer como pretexto para instaurar dicha facultad de nombramiento y remoción, pues el mismo está condicionado a que no se trastoque el Texto Constitucional; en específico, los referidos principios que rigen la materia electoral.
g) En esa misma línea, el partido político estima que, conforme al principio pro persona y al nuevo paradigma de los derechos humanos establecidos en el artículo 1o. constitucional, a fin de privilegiar el acceso completo y efectivo a los cargos de elección popular, el desempeño del cargo y los derechos a votar, ser votado y libertad de asociación, entre otros, debe buscarse que los órganos encargados de las elecciones sean formal y materialmente autónomos e independientes de los agentes externos del Estado.
h) En relación con ello, el partido político alude que las normas reclamadas trastocan a su vez lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Dicha legislación crea un nuevo diseño institucional para la organización de las elecciones, en el que aun cuando prevé que los miembros de los órganos de dirección de los organismos públicos locales electorales serán nombrados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ello no implica una subordinación jerárquica entre ellos. Así, la propia ley dota de personalidad jurídica y patrimonio propio al organismo electoral local, el cual, se insiste, debe gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.
i) El partido político retoma el texto del artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, y su conceptualización de los principios de independencia y autonomía desarrollados a lo largo de la demanda y argumenta que, precisamente, los órganos constitucionales autónomos, como los organismos públicos electorales, tienen una cualidad de autonomía operativa, de gestión, de decisión y técnica, la cual busca eliminar factores que condicionen su desempeño o resten objetividad a la función estatal.
j) Consecuentemente, para el partido, si la autonomía es la capacidad de la institución para tomar decisiones sin la intromisión de los Poderes del Estado, cualquiera que sea su jerarquía, aun cuando es cierto que no se puede negar la participación de los representantes de los partidos en las sesiones del órgano de dirección del organismo público electoral local, ello no implica que estén facultados para votar en las decisiones del máximo órgano; por ello, la facultad del Congreso Estatal, como órgano de naturaleza estrictamente política para nombrar al secretario ejecutivo, rebasa la participación que puedan tener los partidos políticos en la integración del Consejo General del Instituto Electoral Estatal.
k) Dicho de otra manera, al carecer de votos los partidos al interior del aludido consejo general, es irrisorio que se faculte a un órgano parlamentario para asumir la decisión de nombrar a un miembro de los órganos centrales del organismo electoral.
l) Por último, el partido político hace alusión a las exposiciones de motivos de las reformas constitucionales de trece de noviembre de dos mil siete, y la política-electoral de febrero de dos mil catorce, así como a la iniciativa de reforma de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para argumentar que el Constituyente y el legislador ordinario en la ley general identificó a la materia electoral como de particular relevancia, en la que se requería intervención y coordinación de los diferentes órdenes de gobierno. Por ello se regularon y establecieron competencias para los diferentes poderes que serían aplicables en todo el territorio nacional.
m) Al respecto, se dice, que a partir de lo dispuesto en el artículo 116 constitucional y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se prevé la homogeneización en cuanto a la composición de los organismos electorales de las entidades federativas. Ello, dado que tales organismos deberán contar con un consejo general que fungirá como órgano superior de dirección (el cual, debe estar en sintonía con su homólogo a nivel nacional), que se compondrán por un consejero presidente y seis consejeros electorales con voz y voto; y, además, un secretario ejecutivo, que si bien no se establece por quien será designado, el Congreso del Estado de Oaxaca debió ordenar que fuera nombrado y removido por las dos terceras partes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a propuesta del consejero presidente, atendiendo con ello a lo dispuesto por la ley general y evidenciando entonces la inconstitucionalidad de los preceptos reclamados.
5. Demanda de Morena (acción de inconstitucionalidad 57/2015). Una vez que se explicaron los antecedentes de la ley reclamada, el referido partido político nacional argumentó lo que sigue:
a) Primero. Se impugnó la constitucionalidad del artículo 33, en su fracción V, primer y segundo párrafos, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, en las porciones normativas destacadas en la demanda en las que se dice "válida", pues a decir del partido político, el Congreso Local incorrectamente sustituyó el término "votación estatal emitida", por el de "votación válida emitida", afectando con ello los principios de certeza y objetividad electoral, y violando los artículos 1o., 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 35, fracción II, 41, segundo párrafo, 116, fracciones II, párrafo tercero, y IV, inciso b), y 133 de la Constitución Federal, y los numerales 23, párrafo 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
b) Para el partido promovente, en los párrafos de la fracción impugnada se establecen las reglas para calcular la sobre y la subrepresentación de los miembros de la Legislatura, por lo cual, al prever las nuevas normas que el porcentaje del ocho por ciento se aplicará a la base de la "votación válida emitida" (en la que se reducen los votos nulos y anulados a la emitida), y no a la "votación estatal emitida", se trastoca lo expresamente previsto en el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal, que habla de "votación emitida".
c) Dicho de otra manera, el partido hace alusión a las diferencias entre los conceptos de votaciones (emitida o válida emitida) en términos de la ley electoral local (artículo 2, fracciones XXXI y XXXII), y argumenta que tal diferenciación provoca una afectación a las prerrogativas de los partidos y a los derechos a votar y ser votado (al ser la base menor si se toma la votación válida y no la total), por lo cual, solicita la invalidación de la porciones normativas correspondientes.
d) Segundo. El artículo 68, fracción I, primer párrafo, de la Constitución Local contraría lo dispuesto por los artículos 32, segundo párrafo, 40, 41, primer y segundo párrafos, base V, apartado A, primer párrafo, 116, fracciones I, párrafo quinto, y IV, inciso b), 124 y 133 de la Constitución Federal.
e) Para el partido político, el razonamiento de inconstitucionalidad radica en que la norma impugnada prevé que para ser gobernador o gobernadora se requiere ser mexicana o mexicano por nacimiento y nativa o nativo del Estado o vecino con residencia efectiva de tres años inmediatamente anteriores al día de los comicios; mientras que los referidos apartados del artículo 116 de la Constitución Federal requieren una residencia efectiva de cinco años. En ese tenor, se dice que a diferencia de otros requisitos para ser titular del Ejecutivo Estatal, el Texto Constitucional mandata que la residencia no sea menor de cinco años (bajo el supuesto de que no haya nacido en el Estado y sea mexicano o mexicana por nacimiento), y ello no puede ser modificado a partir del argumento de libre configuración legislativa.
f) Por otra parte, el partido político alega que el precepto reclamado incurre en una deficiencia legislativa, pues, además, no contempla otro requisito constitucional derivado del artículo 32 de la Carta Magna; es decir, resulta inconstitucional, toda vez que omite precisar el requisito de elegibilidad, consistente en que, además de su nacionalidad mexicana por nacimiento, el ciudadano o ciudadana elegible al cargo debe abstenerse de adquirir otra nacionalidad (sin menoscabo de lo previsto en los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad) o, en su caso, acompañar certificado de nacionalidad mexicana en detrimento de los principios de certeza y objetividad electoral.
g) Sobre estos razonamientos, a pesar de la petición de inconstitucionalidad, el partido político destaca que los requisitos exigidos por la Constitución Federal, respetan lo previsto en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual prevé como condiciones viables para regular el derecho a votar y ser votado la nacionalidad y residencia.
h) Se cita como tesis directamente aplicable, la de rubro: "CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR EN LOS ESTADOS. CORRESPONDE A LOS CONGRESOS LOCALES LEGISLAR SOBRE LOS REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER QUIENES PRETENDAN ACCEDER A AQUÉLLOS.", en la que se habla de los requisitos esenciales que no pueden ser modificados por el legislador estatal.
i) Tercero. Se objeta la constitucionalidad de ciertas porciones normativas de los artículos 35, segundo y cuarto párrafos, y 68, fracción III, primer y segundo párrafos, de la Constitución Local, al violar los principios de certeza, legalidad, objetividad electorales, supremacía constitucional e igualdad ante la ley previstos en los artículos 1o., 35, fracción VI, 40, 41, segundo párrafo, base V, apartado A, primer párrafo, 116, fracción IV, incisos b) y c), 124 y 133 de la Constitución Federal, y en los numerales 23, párrafo 1, inciso c) y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
j) Ello, pues mientras que, por un lado, tales normas establecen que una gran variedad de servidores públicos, incluyendo los Magistrados y Magistradas, secretarios o secretarias generales, secretarios de Estudio y Cuenta, y diverso personal del Tribunal Estatal Electoral detentan una prohibición para poder ser electas o electos en cualquier cargo de elección popular hasta después de transcurridos dos años de haberse separado de su cargo; no obstante, en otras porciones normativas de esos preceptos reclamados sólo se exige separarse de su cargo noventa días antes de la elección a los Magistrados o Magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, cuando aspiren a ocupar cualquier cargo de elección popular y seis meses antes de la elección cuando aspiren a convertirse en titular del Ejecutivo Estatal.
k) El partido político expone un cuadro comparativo entre los distintos cargos públicos y sus limitaciones, tanto formales, como de tiempo de separación para poder participar en un puesto de elección popular y, a partir de ello, argumenta que el Constituyente oaxaqueño dispuso, en forma irregular, plazos distintos de separación de funcionarios públicos previo a su postulación para cualquier cargo público o para gobernador o gobernadora.
l) En ese sentido, se señala que si bien, prima facie, las diferenciaciones de requisitos en cuanto al tiempo de separación del cargo previstos en varias porciones normativas de la fracción III del artículo 68 de la Constitución Local, podrían considerarse como reglas especiales que prevalecen sobre las reglas generales de los párrafos segundo y cuarto del artículo 35 de ese mismo ordenamiento, el partido político sostiene que en realidad son diferenciaciones injustificadas que trastocan los principios de certeza, legalidad e igualdad ante la ley.
m) Para el partido político, el parámetro para determinar la razonabilidad, idoneidad o sujeción al principio de supremacía e igualdad de los plazos de separación anticipada, debe ser acorde a lo previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, y al artículo 107 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
n) En esas normas se dice que los consejeros electorales estatales y demás servidores que prevea la ley, no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulado para un cargo de elección popular durante los dos años posteriores al término de su encargo; en tanto que los Magistrados electorales de los órganos jurisdiccionales electorales tienen dicha prohibición por un plazo equivalente a una cuarta parte del tiempo que hayan ejercido su función.
o) Bajo tal óptica, el partido político aduce que esas limitantes de tiempo para poder aspirar a ser elegido en un cargo público son las que deben servir de base a las Constituciones y leyes electorales de los Estados para conformar y regular a sus autoridades electorales.
p) Por lo que respecta a los cargos equivalentes a los Magistrados electorales, como lo son las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de los tribunales especializados, al existir la misma razón en cuanto al apartidismo o imparcialidad e independencia, para el partido político lo congruente es que también apliquen los mismos supuestos de temporalidad de la prohibición para aspirar a cargos públicos detallados en el citado artículo 107 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
q) Asimismo, se manifiesta que el plazo requerido de separación del cargo anterior al día de los comicios y aplicable a quienes pretendan acceder al Ejecutivo Estatal, debería ser mayor para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas y para el fiscal general y los fiscales especiales, que el requerido a los servidores públicos de menor rango estatal o municipal para acceder a cualquier otro cargo de elección popular. Es decir, se considera irrazonable que a los Magistrados y fiscales se les exija sólo seis meses; mientras que a los secretarios de Estudio y Cuenta, instructores, directores y contralor del Tribunal Estatal Electoral, se pida dos años.
r) Además, se destaca una incongruencia en los requisitos aplicables para el fiscal general y los fiscales especiales, pues se prevén supuestos distintos de aplicabilidad irrazonables en cuanto al tiempo de antelación con que deben separarse de su cargo, si quieren postularse a cualquier cargo de elección popular o al Ejecutivo Estatal. El artículo 35, párrafo segundo, de la Constitución Local prevé que el fiscal general se separe 90 días antes si pretende participar como candidato a un cargo de elección popular; en tanto que el párrafo cuarto de ese mismo artículo 35 señala que el fiscal o la fiscal general y los especiales no podrán ser electos o electas para ningún cargo de elección popular, sino hasta después de transcurridos dos años y, finalmente, el primer párrafo de la fracción I del artículo 68 de la Constitución Local requiere que para ser gobernador o gobernadora no se debía ser fiscal general o especial del Estado a menos de que las personas se separen del cargo en forma definitiva seis meses antes de la elección.
s) En ese sentido, el partido político considera que existe una incongruencia, ya que respecto al mismo funcionario se le exige separarse o haber transcurrido tiempos distintos para poder contender por cualquier cargo de elección popular o para ser gobernador o gobernadora, conflicto que puede resolverse por analogía exigiendo los mismos supuestos de temporalidad para separarse del cargo que a los Magistrados y Magistradas. Lo anterior, a juicio del partido político, no se ve trastocado con el hecho de que en las normas constitucionales locales se prevean diferenciaciones en cuanto a que las separaciones del cargo pueden ser temporales, de espera o definitivas, pues la inconstitucionalidad de las porciones normativas indicadas resulta de la falta de proporcionalidad e idoneidad de los plazos de separación de cada cargo, teniendo como base los parámetros constitucionales y de la ley general, ello sin perjuicio a una posible interpretación conforme.
t) Cuarto. Los artículos 59, fracción LI, y 114, primer párrafo, de la Constitución Local, en dos porciones normativas que indican "titulares de los órganos constitucionales autónomos" y "Congreso del Estado", resultan violatorios de los artículos 40, 41, segundo párrafo, base V, apartado A, primer párrafo, y apartado C, 116, fracción IV, inciso c), 124 y 133 de la Constitución Federal, y 23, párrafo 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
u) A decir del partido político, las normas objetadas establecen, por un lado, la facultad del Congreso Local de requerir la comparecencia de los titulares de los organismos públicos autónomos para que informen cuando se discuta o estudie un asunto relativo a su ramo o actividades, y para que respondan las preguntas que se les formulen y, por otro lado, se prevé el deber de rendir anualmente al Congreso del Estado un informe de labores que deberá ser público a través de los medios electrónicos disponibles; no obstante, no se excepciona de dichas obligaciones a los organismos públicos locales electorales, ni a los organismos electorales jurisdiccionales, y mucho menos a sus titulares, violando con ello la autonomía en su funcionamiento, la independencia de sus decisiones, así como los principios de legalidad y certeza electoral.
v) Los titulares de los organismos públicos electorales locales son designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral son nombrados por el Senado de la República, en términos de la Constitución Federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; por ende, por lo que hace sólo al tribunal, ya no es uno de los órganos que pueda ser sujeto típicamente a decisiones del Congreso, aunque siga siendo un órgano local que, en cuanto a la fiscalización de los recursos públicos, está sujeto a la Auditoría Superior del Estado.
w) Así, se explica que la intención de la reforma constitucional federal consistió en establecer un nuevo modelo de elección de integrantes de las autoridades electorales locales, administrativas y jurisdiccionales, cuya premisa está inmersa en el inciso c) de la fracción IV, y en la fracción V del artículo 116 constitucional, la cual radica en garantizar que las autoridades a cargo de las elecciones gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y tengan un procedimiento específico de designación; luego entonces, no es posible requerirles los mismos informes y comparecencias como a otros organismos estatales. Es decir, para obtener el grado de autonomía e independencia, dichos organismos no deberían estar sujetos a las obligaciones de informe o interpelaciones como el resto de los órganos que forman parte del orden jurídico local.
x) En consecuencia, el partido político local solicita la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos cuestionados, pues sin dejar de reconocer que los citados organismos administrativos y jurisdiccionales electorales deben rendir informes públicos, no necesariamente deben hacerlo al Congreso del Estado, sino directamente ante el pueblo.
y) Quinto. El artículo 79, fracción XXI, de la Constitución Local contradice lo previsto en los artículos 41, segundo párrafo, base V, apartados A, primer párrafo, y C, último párrafo, de la Constitución Federal, y 23, párrafo 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
z) Para el partido político, la facultad prevista en la norma reclamada que otorga poderes al gobernador para emitir un decreto para que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca convoque a elecciones extraordinarias de diputados, cuando haya desaparecido el Poder Legislativo de conformidad con la propia Constitución Local, resulta abiertamente inconstitucional.
aa) Desde su perspectiva, tal supuesto de desaparición no coincide con el planteado por la fracción V del artículo 76 de la Constitución Federal, por lo que la atribución para convocar a elecciones extraordinarias debería corresponderle al Instituto Electoral Local o, en su defecto, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral si ejerce las facultades de asunción o atracción para asumir directamente las funciones del organismo electoral local o para atraer a su conocimiento cualquier asunto de competencia local que amerite sentar un criterio de interpretación.
bb) El dejar en manos del Poder Ejecutivo Local la emisión de un decreto para que el organismo electoral local convoque a elecciones extraordinarias de diputados, es un supuesto que podría hacer depender de la inicial voluntad del gobernador la celebración oportuna de comicios, lo que podría dar lugar a conflictos de tiempos electorales o políticos.
cc) De ahí, se insiste, que si ya existe un organismo público autónomo local y un sistema nacional de elecciones con facultades para convocar a elecciones extraordinarias, es poco razonable la necesidad de la participación del Ejecutivo Estatal.
dd) Sexto. El artículo 113, fracción I, párrafo décimo sexto, de la Constitución Local violenta los artículos 40, 41, primer párrafo, 115, base I y II, y 133 de la Constitución Federal, al atentar contra los principios de autonomía municipal, gobierno representativo y democrático, Pacto Federal y supremacía constitucional.
ee) El precepto cuestionado señala que la representación política y administrativa de los Municipios fuera del territorio del Estado corresponde al Ejecutivo Local, como representante de toda la entidad. Para el partido político local, tal situación es inválida y contraria a los referidos principios, pues el Gobierno Municipal tiene personalidad jurídica propia, encarnada en el síndico o síndicos, y una representación política y administrativa a cargo del presidente municipal, lo cual no se diluye por el mero hecho de que la autoridad municipal legítimamente constituida por la voluntad popular ejerza sus atribuciones fuera del territorio del Estado.
ff) Los Municipios actúan exclusivamente a través de sus representantes elegidos popularmente de forma directa, por lo que otorgar cualquier tipo de facultades de representación de éstos al Ejecutivo Estatal que, aun cuando fue elegido para toda la entidad federativa, resultaría en una usurpación de funciones que el pueblo únicamente confirió a sus autoridades municipales. Para apoyar este razonamiento, se cita la tesis de rubro: "ORDEN JURÍDICO MUNICIPAL. PRINCIPIO DE COMPETENCIA (MUNICIPIOS COMO ÓRGANOS DE GOBIERNO)."
gg) Se insiste que, si bien existe el principio de que las Legislaturas Estatales deben emitir las normas que establezcan procedimientos para resolver conflictos entre los Municipios y el Estado, también debe tenerse en cuenta que, cuando ello no ocurra (como en el presente caso), los Municipios a través de sus representantes legítimos pueden promover acciones y medios de defensa ante las autoridades y tribunales correspondientes.
hh) Consecuentemente, el que se permita ostentar al gobernador fuera del territorio la representación política y administrativa de los Municipios oaxaqueños, también vulnera el derecho humano de participación en la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26193-663d6efa/i-partidos-politicos-locales-porcentaje-minimo-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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