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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO IMPUGNARSE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO NÚMERO 650, PUBLICADO EL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE EN EL EXTRA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (DECRETO NÚMERO 650, PUBLICADO EL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE EN EL EXTRA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA). III. DERECHO AL VOTO ACTIVO. SU RESTRICCIÓN SE ACTUALIZA PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD SUJETAS A PROCESO PENAL (ARTÍCULO 12, NUMERAL 2, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA, AL TENOR DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME PROPUESTA). IV. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA REGULAR SUS REQUISITOS DE REGISTRO, SIEMPRE Y CUANDO NO TRASCIENDAN AL DERECHO HUMANO DE SER VOTADOS PARA TODOS LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR (ARTÍCULOS 17, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, Y 20, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA). V. ELECCIÓN CONSECUTIVA. LOS DIPUTADOS LOCALES ?HASTA POR CUATRO PERIODOS CONSECUTIVOS? E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS ?POR UN PERIODO ADICIONAL? PUEDEN SER REELECTOS, SIEMPRE Y CUANDO SU POSTULACIÓN, EN CADA UNA DE ESAS OCASIONES, SEA POR EL MISMO PARTIDO O POR CUALQUIERA DE LOS INTEGRANTES DE LA COALICIÓN O CANDIDATURA COMÚN QUE LOS HUBIERE POSTULADO, SALVO QUE HAYA RENUNCIADO O PERDIDO SU MILITANCIA ANTES DE LA MITAD DE SU MANDATO (ARTÍCULOS 17, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, Y 20, NUMERAL 3, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA). VI. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. INVALIDEZ DEL REQUISITO CONSISTENTE EN QUE, QUIENES HAYAN OBTENIDO EL CARGO COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES, SE AFILIEN A UN PARTIDO POLÍTICO PARA SU REELECCIÓN, ANTES DE LA MITAD DE SU MANDATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN SUS ESTATUTOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 17, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SIEMPRE Y CUANDO SE AFILIE A ÉSTE ANTES DE LA MITAD DE SU MANDATO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR SUS ESTATUTOS", Y 20, NUMERAL 3, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SIEMPRE Y CUANDO SE AFILIE A ÉSTE ANTES DE LA MITAD DE SU MANDATO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR SUS ESTATUTOS", DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA). VII. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. QUIENES HAYAN OBTENIDO EL CARGO COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES TIENEN DERECHO A LA REELECCIÓN POR LA MISMA FIGURA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 17, NUMERAL 1, FRACCIÓN I, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SIEMPRE Y CUANDO SE AFILIE A ÉSTE ANTES DE LA MITAD DE SU MANDATO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR SUS ESTATUTOS", Y 20, NUMERAL 3, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SIEMPRE Y CUANDO SE AFILIE A ÉSTE ANTES DE LA MITAD DE SU MANDATO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR SUS ESTATUTOS", DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA). VIII. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES, REGIDORES Y SÍNDICOS. POSIBILIDAD LEGAL DE QUE QUIENES OCUPEN ESOS CARGOS NO SE SEPAREN DE ÉSTOS CUANDO PRETENDAN SU REELECCIÓN (ARTÍCULO 21, NUMERAL 1, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA). IX. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES, REGIDORES Y SÍNDICOS. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE LA EXCEPCIÓN PARA QUE SE SEPAREN DEL CARGO NOVENTA DÍAS ANTES DE LA ELECCIÓN, ES INAPLICABLE CUANDO BUSCAN UN CARGO DISTINTO (ARTÍCULO 21, NUMERAL 1, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA). X. ELECCIÓN CONSECUTIVA. LA OBLIGACIÓN DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE SEPARARSE DE SU CARGO, EN UN DETERMINADO PLAZO ANTES DE LA FECHA DE LA ELECCIÓN, SÓLO ES APLICABLE CUANDO NO BUSQUEN LA REELECCIÓN, SINO UNA CANDIDATURA A UN DIVERSO PUESTO DE ELECCIÓN POPULAR (ARTÍCULO 21, NUMERAL 1, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA, AL TENOR DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME PROPUESTA). XI. ELECCIONES EXTRAORDINARIAS. TRATÁNDOSE DE LAS DE LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS, LOS CONCEJALES ELECTOS TOMARÁN POSESIÓN DE SUS CARGOS UNA VEZ QUE HAYA SIDO CALIFICADA COMO VÁLIDA LA ELECCIÓN POR EL CONSEJO ELECTORAL RESPECTIVO (ARTÍCULO 29, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA, AL TENOR DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME PROPUESTA). XII. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL POR PARTE DE LOS CONGRESOS LOCALES (ARTÍCULO 71, NUMERAL 2, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA). XIII. OBSERVADORES ELECTORALES. PODRÁN PRESENTAR SUS INFORMES, JUICIOS, OPINIONES O CONCLUSIONES ANTE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES, PERO NO TEN

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 61/2017 Y SUS ACUMULADAS 62/2017 Y 82/2017. · Registro digital (IUS): 27853
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-05-25
Promovente: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MORENA Y ENCUENTRO SOCIAL.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo I, Pág. 685.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 61/2017 Y SUS ACUMULADAS 62/2017 Y 82/2017. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MORENA Y ENCUENTRO SOCIAL. 29 DE AGOSTO DE 2017. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIOS: DAVID GARCÍA SARUBBI Y MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelven las acciones de inconstitucionalidad 61/2017 y sus acumuladas 62/2017 y 82/2017, promovidas por los Partidos Políticos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Encuentro Social, a través de las cuales, se impugnan diversos preceptos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.

I. Antecedentes y trámite de la demanda

1. Demandas iniciales de dos de los tres partidos políticos (acciones de inconstitucionalidad 61/2017 y 62/2017). Por escritos presentados el tres de julio de dos mil diecisiete, respectivamente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia y en el domicilio del autorizado para recibir promociones fuera del horario de labores de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los representantes de los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática y Morena interpusieron acciones de inconstitucionalidad en contra del Decreto 633, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el tres de junio de dos mil diecisiete, mediante el cual, se emitió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de dicha entidad federativa.

2. Conceptos de invalidez. Al respecto, se plantearon los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:

3. En su demanda, Morena formula los siguientes siete conceptos de invalidez:

a) Primero. El artículo 2, numeral 2, fracción IV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, en cuanto señala como impedimento para poder votar en las elecciones populares el hecho de estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de sujeción a proceso, viola los principios de presunción de inocencia, así como el derecho al voto, así como los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales, las garantías de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación, igualdad y discriminación.

b) Al respecto, cita lo resuelto por este Pleno en la contradicción de tesis 6/2008, el 22 de agosto de 2011, de la cual derivó la jurisprudencia P./J. 33/2011, de rubro: "DERECHO AL VOTO. SE SUSPENDE POR EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE VINCULACIÓN A PROCESO, SÓLO CUANDO EL PROCESADO ESTÉ EFECTIVAMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD.", en el cual, se precisó que la suspensión del derecho al voto por el dictado del auto de formal prisión de vinculación a proceso sólo se puede efectuar cuando el procesado esté efectivamente privado de su libertad, pues sólo en ese caso se justifica por la imposibilidad física de ejercer dicho derecho. En otras palabras, la mera emisión del auto de sujeción a proceso no es condición suficiente para limitar el derecho humano al voto, puesto que apenas se marca el inicio del proceso penal.

c) Segundo. Los artículos 17, numeral 1, fracción I y 20, numeral 3, de la ley combatida, que establecen que para la reelección de diputados o de miembros de Ayuntamientos que hayan obtenido el triunfo registrados como candidatos independientes, deben ser postulados a la reelección por un partido político, siempre y cuando se afilien a éste antes de la mitad de sus mandatos, de acuerdo a lo establecido por sus estatutos, son violatorios de las libertades políticas de ser votado, de asociación, de afiliación, así como a los principios de autoorganización y de autodeterminación de los partidos políticos y de los de certeza, legalidad y objetividad electorales, de legalidad, seguridad jurídica y fundamentación y motivación.

d) Las normas impugnadas son inconstitucionales, porque impiden a los candidatos independientes postularse con la misma modalidad o por un partido político sin tener que afiliarse a éste, en términos del artículo 35, fracción III, de la Constitución Federal.

e) Así, los preceptos combatidos promocionan que los candidatos se afilien a los partidos políticos para que puedan acceder a la reelección, obligándolo a suscribir un ideario político, con el cual, tal vez no comulguen. Dichos preceptos contienen un apercibimiento, a contrario sensu, porque de no afiliarse a un partido político con la temporalidad mencionada (18 meses antes de los comicios), los candidatos no podrán acceder a la reelección. Por otra parte, las normas son también irregulares, porque interfieren con la libertad de los partidos de postular como candidatos externos para su reelección a candidatos que hayan obtenido sus cargos como independientes.

f) Tercero. El artículo 21, fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, en cuanto dispone que los diputados, síndicos y regidores no requieren separarse de sus cargos para ser candidatos a gobernador, diputados y concejales, es inconstitucional, por ser contrario a los principios de igualdad y no discriminación, equidad y autenticidad electorales, certeza, legalidad y objetividad electorales, y a las garantías de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación.

g) Según el partido accionante, la norma aplica, inclusive, en el caso de reelección, por lo que los diputados, síndicos y regidores no tendrían que separarse y es inconstitucional, porque introduce un trato inequitativo, ya que el resto de los servidores públicos sí deben separarse de sus cargos con antelación (90 días antes). En su opinión, existe una incompatibilidad de tiempo y contenido normativo, entre las actividades oficiales que dichos servidores públicos realizan como representantes populares y las que pretenden realizar para contender en las elecciones.

h) La concesión de este privilegio para unos cuantos candidatos no se justifica frente a su negación a los otros, al no existir justificación objetiva. La inequidad se demuestra, además, porque los candidatos que no deben separarse de sus cargos, en oposición al resto, pueden seguir gozando de recursos públicos y proyección pública para obtener una ventaja en la competencia electoral.

i) De los artículos 41 y 134 constitucionales, el accionante desprende el principio de equidad en las elecciones, según el cual, éstas deben ser limpias, justas y exentas de ventajas indebidas para unos contendientes y de desventajas para otros; también establecen la prohibición para los servidores públicos de utilizar recursos públicos en su beneficio. Incluso, señala que, por estas razones, una regulación de este tipo es competencia del Congreso de la Unión. En su opinión, "no hay forma de garantizar los principios de imparcialidad en el manejo de los recursos que están bajo el control de los servidores públicos, sin afectar la equidad de la competencia entre los partidos políticos, precisamente porque los mismos servidores públicos –responsables de garantizar tales principios– son quienes pueden tener interés directo en violentar la normativa electoral."

j) Cuarto. El artículo 29, numeral 1, de la ley impugnada, en cuanto establece que en el caso de elecciones extraordinarias de Ayuntamientos, los concejales electos tomarán posesión de sus cargos, una vez que hayan sido calificadas como válidas por el Consejo Electoral respectivo, viola los artículos 17, segundo párrafo 41, fracción VI y 115, fracción I, de la Constitución Federal, así como los artículos 1, 2, 8.1, 23.1, inciso b), 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

k) Lo anterior, toda vez que las normas no obligan a los vencedores de las elecciones extraordinarias a esperar que se agote la cadena impugnativa que las normas constitucionales y legales prevén para estos supuestos. De conformidad con los artículos 41, fracción VI y 116, fracción IV, incisos b) y l), de la Constitución, todo acto y resolución electoral dentro o fuera de una elección ordinaria o extraordinaria es impugnable y sólo es definitivo cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya resuelto en definitiva los medios de impugnación previstos en el artículo 99 constitucional, o bien, cuando no se hayan promovido dichos medios en los plazos preestablecidos, lo cual se robustece por el hecho de que una elección extraordinaria puede ser declarada nula.

l) Quinto. Es inconstitucional el artículo 71, numeral 2, de la ley combatida, en cuanto faculta al Congreso a designar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros al titular de la Contraloría General u órgano de control interno del Instituto Estatal, porque desconoce al órgano superior de dirección del organismo público local, la facultad de nombrar y remover al citado servidor público, vulnerando los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales, las garantías de legalidad, seguridad jurídica, competencia, fundamentación y motivación, en detrimento del funcionamiento e independencia de las decisiones del referido instituto.

m) En efecto, la norma legal viola los artículos 116, párrafos primero y segundo, fracción IV, inciso c), primer párrafo, de la Constitución Federal, pues impone una invasión de facultades en detrimento del Instituto Electoral Local, violando el principio de división de poderes, cuando entre ambos órganos debiera existir una relación de coordinación. En apoyo, cita la jurisprudencia P./J. 20/2007 del Pleno, de rubro: "ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS."

n) Igualmente, cita en apoyo lo resuelto por este Pleno en la acción de inconstitucionalidad 94/2016 y su acumulada 96/2016, el 3 de enero de 2017, en la cual se analizó la Ley de Justicia Electoral para el Estado de Nayarit y se declaró la inconstitucionalidad de la facultad de nombramiento del Congreso respecto del órgano interno de control del Tribunal Electoral de esa entidad.

o) Sexto. Son inconstitucionales los artículos 150, numeral 1 y 151, numerales 1, 3 y 5, fracción III, de la ley combatida, en la medida en que: 1) privan de efectos jurídicos a los informes, juicios, opiniones o conclusiones de los observadores electorales sobre el proceso electoral y sus resultados, no obstante que esa calificación compete únicamente a las autoridades electorales administrativa y jurisdiccionales, 2) limitan las actividades de observación electoral de los visitantes extranjeros a solamente conocer el desarrollo de los procesos electorales por el régimen de partidos políticos, pero no les autoriza hacer observación de elección de concejales a los Ayuntamientos por el régimen de sistemas normativos internos y 3) limitan en ciertos aspectos la libertad de expresión de dichos visitantes; todo ello en contravención de los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales, de las garantías de legalidad, seguridad jurídica, competencia, fundamentación y motivación, y de los derechos de libertad de expresión e información.

p) Así, por ejemplo, el artículo 151 de la ley es inconstitucional, porque limita la observación electoral de los visitantes extranjeros debidamente acreditados a conocer sólo del desarrollo de los procesos electorales por el régimen de partidos políticos, excluyendo toda posibilidad de hacer dicha observación en el caso de los sistemas normativos internos de los Municipios y comunidades indígenas, impidiendo, incluso, a éstos la posibilidad de aceptar observadores para contar con una garantía adicional.

q) Por otra parte, el mismo precepto es inconstitucional, porque niega todo valor jurídico a los informes u observaciones de los observadores electorales mexicanos, no obstante que en ellos se puedan contener elementos que acrediten irregularidades; afirma que, en su caso, debería ser la autoridad electoral la que caso por caso debería determinar su valor jurídico, lo que impide que los ciudadanos oaxaqueños puedan acceder a la verdad y tener elecciones auténticas y libres. En su opinión, tanto a los observadores electorales como a los extranjeros debe dárseles idéntico tratamiento y no imponer obstáculos para cumplir con su función de observación.

r) Séptimo. El artículo 24, fracciones III, IV, V y VI, de la ley combatida es inconstitucional por violar el principio de representación proporcional en la integración de los Ayuntamientos de los Municipios de Oaxaca, alterando la máxima constitucional "un ciudadano, un voto".

s) Ello, en la medida que dichas normas dejan de garantizar la inclusión de un número igual de regidores electos por representación proporcional frente a los electos por el principio de mayoría relativa, a fin de alcanzar en la totalidad de ediles o concejales del Cabildo una correlación cercana al 60/40 entre los electos por el principio de mayoría relativa y los electos por el principio de representación proporcional, en términos de la fracción I y el primer párrafo de la fracción VIII del artículo 115 constitucional, y se cita en apoyo la jurisprudencia P./J. 19/2013 del Pleno, de rubro: "REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. AL INTRODUCIR ESTE PRINCIPIO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL, SE DEBE ATENDER A LOS MISMOS LINEAMIENTOS QUE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL SEÑALA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS.", así como la número P./J. 74/2003, de rubro: "MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL PORCENTAJE QUE DEBE CORRESPONDER A CADA UNO DE ESOS PRINCIPIOS, NO DEBE ALEJARSE SIGNIFICATIVAMENTE DE LAS BASES GENERALES ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

t) El artículo 24 de la ley local no respeta el principio de proporcionalidad en la integración de los Ayuntamientos, al establecer la predominancia del sistema de elección por mayoría relativa sobre el de representación proporcional, con prescindencia del número o porcentaje real de votos que cada partido alcance en la elección municipal respectiva. Cita en apoyo la resolución de este Pleno en la acción de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas, e inmediatamente analiza las distintas fracciones del precepto impugnado. Afirma que la fracción III arroja una proporción de 68.75/31.25 y de 68.15/31.81, la fracción IV de 69.23/30.76, la fracción V de 70/30 y la fracción VI de 71.14/28.57, correspondiendo el primer porcentaje al principio de mayoría relativa y, el segundo, al de representación proporcional.

u) Así, la inconstitucionalidad se demuestra porque la asignación máxima que puede otorgarse a los partidos de oposición en conjunto oscila entre el 28.5 al 31.25, en tanto que el partido político triunfador de una elección municipal siempre tendría mayoría calificada con porcentajes que van del 68 al 71%.

v) Por otra parte, es inconstitucional la expresión "hasta" contenida en el artículo 24 de la ley local, por vulnerar la primera fracción del artículo I, primer párrafo, del artículo 115 constitucional, así como el principio de certeza, pues el Constituyente Permanente ordena al legislador determinar en las leyes el número de regidores y síndicos de cada Ayuntamiento, lo cual no se cumple, al generar problemas en su aplicación

4. Por su parte, el PRD formula los siguientes cinco conceptos de invalidez, todos dirigidos contra el artículo 300 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, el cual regula las candidaturas comunes:

a) Primero. El referido artículo 300, numeral 1, de la ley vulnera el derecho de igualdad en materia electoral de los ciudadanos del Estado de Oaxaca, al establecer que "tratándose de candidaturas comunes para diputados o concejales de Ayuntamientos sólo aplicarán como un derecho de los partidos para postular candidaturas comunes hasta en un 25% o menos de los distritos o Ayuntamientos", ya que limita la participación de los ciudadanos en el acceso al ejercicio del poder público en condiciones de igualdad.

b) De conformidad con la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014, se reservó al Congreso de la Unión la regulación de las formas de participación de los partidos políticos nacionales y locales en los procesos electorales, mediante la Ley General de Partidos Políticos, lo cual se realizó en el artículo 85, el cual establece algunas formas de participación y deja a los Estados la facultad de regular otras, siempre y cuando lo haga de manera razonable, según los precedentes de esta Corte. Así, el artículo 25, apartado B, fracción XVI, de la Constitución Local contempla a las candidaturas comunes.

c) El partido accionante señala que las candidaturas comunes, más que un derecho de los partidos, es un derecho de los ciudadanos para acceder al poder público por medio del voto popular, por ello, es irregular que el legislador haya limitado el número de candidaturas comunes para diputados o concejales de Ayuntamientos donde se puedan postular hasta un 25% o menos de los distritos o Ayuntamientos, lo cual viola adicionalmente el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad, al establecer un límite que no está fijado ni por la Constitución ni por la ley general.

d) Segundo. Es irregular el precepto legal, por vulnerar los artículos 9o., 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, porque al limitar el número de candidaturas comunes a un 25%, limita la participación de los ciudadanos en el acceso al ejercicio del poder público, restringiendo el pleno goce del ejercicio del derecho fundamental de asociación y participación política, ya que la norma legal lo que hace es restringir a un porcentaje que no es razonable y que no respeta la voluntad de formación de una candidatura independiente; además de establecer una restricción absoluta que debe declararse inválida.

e) Tercero. Es inconstitucional el artículo 33, numeral 1, de la ley, porque vulnera el derecho de acceso al poder político de los ciudadanos de Oaxaca, ya que pudiera haber distritos electorales o Ayuntamientos donde los ciudadanos quisieran participar bajo la figura de la candidatura común, pero si ya se rebasó el 25% que establece dicha norma, ya no lo podrán hacer, quedando privados de un derecho al que otros ciudadanos de otros Ayuntamientos sí tendrán acceso.

f) Cuarto. El precepto legal combatido es irregular, porque vulnera el derecho de votar y ser votado de los ciudadanos del estado de Oaxaca, ya que los ciudadanos que quisieran votar o ser votados por una candidatura común no lo podrán hacer por el solo hecho de haberse rebasado el porcentaje del 25% ahí establecido.

g) Quinto. El artículo 300, numeral 1, de la ley impugnada viola los principios rectores que rigen la función electoral, como son los de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, previstos en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, ya que no existe una disposición constitucional que prevea un límite de participación en candidaturas comunes, como tampoco lo establece la Ley General de Partidos Políticos, además de que en la iniciativa legislativa que le antecede no se prevé razonamiento alguno para tal medida, resultando así una medida arbitraria, innecesaria, desproporcionada e irracional.

5. Admisión y trámite. Por acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte tuvo por recibida la demanda presentada por el PRD, por lo que ordenó formar y registrar el expediente con el número 61/2017, así como su turno al Ministro Gutiérrez Ortiz Mena para instruir el procedimiento correspondiente.

6. Por acuerdo de la misma fecha, el presidente de este Tribunal tuvo igualmente por recibida la demanda interpuesta por Morena y ordenó su registro con el número 62/2017 y, en virtud de la identidad de decretos impugnados, ordenó su acumulación con la diversa acción de inconstitucionalidad 61/2017 y su turno al mismo Ministro instructor.

7. Consiguientemente, por acuerdo de cinco de julio siguiente, el Ministro instructor dio cuenta de las demandas de inconstitucionalidad, las admitió a trámite y tuvo a los Poderes Legislativos y Ejecutivo del Estado de Oaxaca como las entidades que aprobaron, emitieron y promulgaron el decreto impugnado, por lo que les solicitó su informe en un plazo de seis días naturales, al tratase de asuntos relacionados con la materia electoral. Asimismo, se le dio vista al procurador general de la República para la formulación del pedimento correspondiente; se requirió al Congreso Local la remisión de los antecedentes legislativos de los decretos reclamados; se solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la remisión de su opinión y se pidió al consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Oaxaca para que informara sobre la fecha de inicio del próximo proceso electoral.

8. Trámite e informe sobre el proceso electoral. Hecho lo anterior, se siguió la instrucción y trámite del asunto, en el que, entre otras cuestiones, se tuvieron por desahogados los documentos enviados por las autoridades requeridas (entre los que destacan el de la presidente del Consejo del Instituto Electoral Local, quien informó que el próximo proceso electoral en la entidad iniciaría la primera semana del mes de septiembre de dos mil diecisiete), así como por presentados los informes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo que hace a las opiniones e informes de las autoridades demandadas, se advierte lo siguiente:

9. Informe del Poder Ejecutivo. El consejero jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad, por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y de Correspondencia de esta Suprema Corte el veinte de julio de dos mil diecisiete, presentó los informes requeridos y sostuvo lo que se detalla enseguida:

a) Es cierto el acto reclamado al Poder Ejecutivo, relativo a la promulgación y publicación del Decreto 633 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el dos de junio del presente año, que contiene las partes no vetadas de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, lo cual se realizó de conformidad con los artículos 52, 53, fracción II y 58 de la Constitución Local.

10. Informe del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. A través de escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Oaxaca, con el carácter de representante legal de dicha Legislatura, rindió su informe y expresó los razonamientos que se detallan a continuación:

a) Son ciertos los actos que se reclaman al Poder Legislativo, relativos a la aprobación del decreto legislativo combatido y su respectiva publicación.

b) Los artículos legales impugnados por los dos partidos políticos no vulneran ninguna de las normas constitucionales, ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

c) El artículo 12, fracción IV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca no trastoca el principio de presunción de inocencia, lo que busca es armonizarse con el artículo 38, fracción (sic) de la Constitución Federal, en el entendido que desde la emisión del auto de sujeción a proceso se presume que existen elementos de prueba sobre la participación del indiciado en la comisión del delito, por lo que se justifica la suspensión de sus derechos políticos.

d) No son inconstitucionales los artículos 17, numeral 1, fracción I y 20, numeral 3, de la misma ley, ya que sólo regulan los requisitos que deben observarse para el caso en que el diputado o integrante de un Ayuntamiento que haya obtenido el triunfo de manera independiente pueda reelegirse, lo cual sería procedente mediante la misma figura de candidato independiente, o bien, postulado por un partido político cubriendo el requisito de afiliarse al citado partido político antes de la mitad de su mandato, en estricta armonización con lo previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal.

e) No existe vicio de invalidez en el artículo 21, numeral 1, fracción II, de la ley local, al regular que los diputados, síndicos y regidores no requerirán separarse de su cargo al postularse para un cargo de elección popular, el objetivo es que se concluya el mandato para los cuales fueron electos, al mismo tiempo de garantizar el derecho a ser votado, previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal.

f) Es válido el artículo 29, numeral 1, de la ley, ya que otorga certeza jurídica, al regular que los concejales electos de una elección extraordinaria tomarán posesión de sus cargos, una vez que haya sido calificada como válida por el Consejo Electoral, lo cual no implica que no pueda ser recurrido y, por ello, no se violan los derechos de acceso a una tutela judicial efectiva.

g) Debe declararse como regular el artículo 71, numeral 2, de la ley, al facultar al Congreso Local a nombrar al titular de la Contraloría del Instituto Electoral Local, ya que, al tener encomendada la función de fiscalizar los gastos del referido instituto, no es conveniente que el propio instituto lo nombre, lo cual no implica que éste pierda la autonomía en independencia que garantiza el artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal.

h) Es constitucional el artículo 150, numeral 1, de la ley local, ya que no viola el principio de máxima publicidad, porque garantiza que los observadores electorales presenten sus informes ante el Instituto Electoral sobre su función; tampoco es irregular por el hecho de no dar efectos jurídicos a los informes, toda vez que ello no implica una afectación a las facultades de la autoridad, al ser admisibles como pruebas las documentales privadas y públicas, en términos del artículo 14, numeral 1, incisos a) y b), de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca.

i) Por otra parte, no es inválido que el artículo 150, numerales 1, 3 y 5, fracción III, de la ley no haya previsto que existan observadores electorales en los procesos electorales de las comunidades y pueblos indígenas, toda vez que ello sólo recoge lo previsto en el artículo 2o., apartado A, fracciones I, II y III, de la Constitución Federal, el cual reconoce que éstos cuentan con sus propios sistemas normativos.

j) No es cierto que sea inconstitucional el artículo 24, numeral 1, fracciones III, IV, V y VI, de la ley combatida, ya que no afecta el principio de representación proporcional en los Ayuntamientos, ya que sólo se armoniza con lo previsto en el artículo 115, fracciones I y VIII, de la Constitución Federal, el cual establece que el Ayuntamiento de los Municipios deberá integrarse a partir del referido principio de representación proporcional.

11. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al rendir la opinión solicitada, la referida Sala Superior expuso los razonamientos que se sintetizan a continuación:

a) Respecto a la impugnación del PRD del artículo 300, numeral 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, relativo a las candidaturas comunes, considera que los argumentos son infundados, porque el legislador local tiene facultades para establecer un límite como el combatido, correspondiente a no más del 25% de los Municipios o distritos.

b) Lo anterior, toda vez que la Ley General de Partidos Políticos –ley encargada de regular dicha materia– establece, en su artículo 85, numeral 5, que es facultad de las entidades federativas establecer en sus Constituciones Locales otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos, y de acuerdo a los precedentes de esta Suprema Corte, los Estados tienen esa libertad configurativa cuando sean asociaciones distintas a la coalición, la que sólo se sujeta a los criterios de razonabilidad. En apoyo cita la jurisprudencia P./J. 28/2009, de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. ASPECTOS A LOS QUE ESTÁ CONDICIONADA LA LIBERTAD DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA ESTABLECER LAS MODALIDADES Y FORMAS DE SU PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES LOCALES."

c) Respecto de la restricción del derecho al sufragio por auto de sujeción a proceso, previsto en el artículo 12, numeral 2, fracción IV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, considera que no es materia de opinión de ese tribunal, toda vez que este Pleno de la Suprema Corte ya se pronunció, al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad, entre ellas, la 88/2015, así como sus acumuladas 93/2015 y 95/2015, de las cuales derivó la jurisprudencia P./J. 33/2011, de rubro: "DERECHO AL VOTO. SE SUSPENDE POR EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE VINCULACIÓN A PROCESO, SÓLO CUANDO EL PROCESADO ESTÉ EFECTIVAMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD." (sic)

d) Respecto del tema de la obligación de diputados y regidores independientes de afiliarse a un partido si pretenden ser reelectos por éste, regulado en el artículo 17, numeral 1, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, estima que no existe un vicio de inconstitucionalidad, porque no restringe el derecho que tienen los candidatos independientes a postularse con la misma calidad con la que fueron electos para una reelección, sino que les abre otra opción para contender si afilian a un partido político, que guarda identidad con la racionalidad del artículo 116, fracción II, segundo párrafo, de la Constitución Federal, el cual establece que las Constituciones Locales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las Legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos, y qu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27853-b4994ec5/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-extemporaneidad-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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