I. CANDIDATURAS COMUNES. LAS LEGISLATURAS LOCALES SON COMPETENTES PARA REGULARLAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 61, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA). II. SISTEMA ELECTORAL MIXTO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS OBLIGA A LOS ESTADOS A INTEGRAR SUS LEGISLATURAS CON DIPUTADOS ELECTOS POR AMBOS PRINCIPIOS, AUNQUE NO A REGLAMENTAR DE UNA FORMA ESPECÍFICA DICHOS PRINCIPIOS, SIEMPRE QUE ATIENDAN RAZONABLEMENTE A LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA INTEGRAL PREVISTO POR LA LEY FUNDAMENTAL Y A SU FINALIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 61, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA). III. CANDIDATURAS COMUNES. DEFECTOS DEL SISTEMA DE CONTEO DE VOTOS PARA PARTIDOS POLÍTICOS QUE PARTICIPEN EN ESTA MODALIDAD, CONSISTENTE EN QUE LOS VOTOS EN LOS QUE SE HUBIESE MARCADO MÁS DE UNA OPCIÓN SERÁN CONSIDERADOS VÁLIDOS SÓLO PARA EL CANDIDATO POSTULADO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 61, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA). IV. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE PARTIDOS POLÍTICOS. LOS CONGRESOS LOCALES ESTÁN FACULTADOS PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA, AJUSTÁNDOSE A LAS BASES PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS. V. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE PARTIDOS POLÍTICOS. EL ESTABLECIMIENTO DE PORCENTAJES DISTINTOS A LOS PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA SU DISTRIBUCIÓN, VULNERA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 65, APARTADO A, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA). VI. AUTOFINANCIAMIENTO DE PARTIDOS POLÍTICOS. INCLUIR LAS CUOTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE SUS MIEMBROS ACTIVOS Y LAS APORTACIONES DE SUS ORGANIZACIONES ES CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 65, APARTADO B, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA). VII. DERECHO HUMANO A EXPRESAR Y DIFUNDIR LIBREMENTE, POR CUALQUIER MEDIO, IDEAS, OPINIONES E INFORMACIÓN. LA NORMA QUE PREVÉ QUE LA PROPAGANDA QUE CONTRATEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES DEBERÁN CIRCUNSCRIBIRSE A CIERTOS OBJETIVOS NO RESTRINGE AQUÉL (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 69, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA). VIII. DERECHO HUMANO A EXPRESAR Y DIFUNDIR LIBREMENTE, POR CUALQUIER MEDIO, IDEAS, OPINIONES E INFORMACIÓN. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SÓLO PROTEGE A LAS PERSONAS FRENTE A LAS CALUMNIAS Y EXCLUYÓ DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN A LAS INSTITUCIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 69, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "OFENSA, DIFAMACIÓN O … QUE DENIGRE", DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA, E INVALIDEZ, EN VÍA DE CONSECUENCIA, DE LOS ARTÍCULOS 91, FRACCIÓN VI, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SEÑALA "OFENSAS, DIFAMACIÓN … O CUALQUIER EXPRESIÓN QUE DENIGRE", 105, FRACCIÓN VIII, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE REFIERE "OFENSAS, DIFAMACIÓN … O CUALQUIER EXPRESIÓN QUE DENIGRE", 182, FRACCIÓN II, 270, FRACCIÓN X, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ENUNCIA "INFAMIA, INJURIA, DIFAMACIÓN O QUE PUEDA DENIGRAR", 271, FRACCIÓN VII, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE EXPRESA "INFAMIA, INJURIA, DIFAMACIÓN O QUE PUEDA DENIGRAR", 272, FRACCIÓN XIII, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE CITA "INFAMIA, INJURIA, DIFAMACIÓN O QUE PUEDA DENIGRAR", Y 274, FRACCIÓN III, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE APUNTA "OFENSA, DIFAMACIÓN O", DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA). IX. DERECHO HUMANO A EXPRESAR Y DIFUNDIR LIBREMENTE, POR CUALQUIER MEDIO, IDEAS, OPINIONES E INFORMACIÓN. LA DEFINICIÓN DE CALUMNIA REGULADA POR LAS LEGISLATURAS LOCALES DEBE COINCIDIR CON LA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 69, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA). X. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. RESTRICCIÓN TEMPORAL PARA LA DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES POR PARTE DE LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 106, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA). XI. ASIGNACIÓN DE REGIDURÍAS POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA DEFINIR EL NÚMERO Y PORCENTAJE DE REGIDORES (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA). XII. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LA FALTA DE CONCEPTUALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS "VOTACIÓN ESTATAL EMITIDA" O "VOTACIÓN VÁLIDA" O "VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA" PARA DIPUTADOS PO
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 64/2015 Y SUS ACUMULADAS 65/2015, 66/2015, 68/2015 Y 70/2015. PARTIDOS POLÍTICOS NUEVA ALIANZA, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, SINALOENSE, MOVIMIENTO CIUDADANO Y MORENA. 15 DE OCTUBRE DE 2015. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIOS: LAURA PATRICIA ROJAS ZAMUDIO, RAÚL MANUEL MEJÍA GARZA Y GABINO GONZÁLEZ SANTOS.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de octubre de dos mil quince, por el que se emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelven las presentes acciones de inconstitucionalidad, promovidas por los partidos políticos: Nueva Alianza (64/2015), de la Revolución Democrática (65/2015), Sinaloense (66/2015), Movimiento Ciudadano (68/2015) y Morena (70/2015), respectivamente, en contra del Decreto 364, por el que se expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el quince de julio de dos mil quince, así como de diversos artículos de la referida norma electoral.
I. Trámite
1. Presentación de los escritos, autoridades (emisoras y promulgadoras) y normas impugnadas. Las presentes acciones de inconstitucionalidad se presentaron de la siguiente manera:
Ver manera en que se presentaron las acciones de inconstitucionalidad
2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas impugnadas: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa.
3. Normas generales impugnadas. En las acciones de inconstitucionalidad se impugnaron las siguientes normas generales:
Ver normas generales
4. Conceptos de invalidez. Los promoventes, en sus conceptos de invalidez, manifestaron, en síntesis, que:
I. Partido Nueva Alianza (acción 64/2015). Señala como artículos constitucionales violados 14, 16, 35, fracciones II y III, 41, base I, párrafo cuarto; 41, base II, incisos a), b) y c); 41, base III, apartado A, inciso e); y 54, fracciones II, III y IV), y elabora un único concepto de invalidez.
Tema. Sistema de conteo de votos para partidos políticos que participen en candidatura común. Se impugna el artículo 61, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. El artículo 61, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa genera una afectación al principio de igualdad del voto ciudadano, al otorgar a la votación obtenida por los partidos políticos que contienden en la modalidad de candidatura común menores atributos y efectos que a la votación obtenida por los partidos políticos que contienden en lo individual.
La norma impugnada restringe los efectos del voto ciudadano emitido a favor de los partidos políticos que decidan participar en candidatura común, porque se impide que los votos en los que se hubiese marcado más de una opción de los partidos postulantes de un candidato común, puedan surtir efectos plenos, ya que sólo "serán considerados válidos únicamente para el candidato postulado", sin que se puedan considerar para la asignación de representación proporcional y otras prerrogativas, tales como el acceso a tiempos en radio y televisión, el otorgamiento de financiamiento público y el mantenimiento del registro o acreditación como partido político nacional en la entidad federativa.
Así entonces, la norma impugnada genera una desigualdad entre los efectos previos que se le reconocen a los votos emitidos a favor de los partidos políticos que contiendan en lo individual y los efectos limitados que se otorguen a los votos emitidos en favor de los partidos políticos que contiendan en candidatura común. Esto violenta no sólo el principio de igualdad del voto ciudadano, sino que trasciende a un ámbito diverso, como imposibilitar a los partidos políticos el cumplimiento de sus fines.
Adicionalmente, señala que la norma impugnada genera una antinomia normativa con el artículo 237, fracción IX, de la misma legislación, porque establece en forma absoluta una negativa para que los votos emitidos a favor de los partidos políticos que postulen un candidato común surtan sus efectos plenos, al no ser considerados para las diversas prerrogativas, no obstante que en las reglas de escrutinio y cómputo de los votos en las mesas directivas de casilla sí se prevé el supuesto en el que se registren en el apartado respectivo de cada partido político y se repartan equitativamente entre éstos los votos emitidos con la marca de dos o más emblemas de partidos políticos que hayan postulado a un candidato común.
La norma impugnada afecta el principio constitucional de certeza en la emisión y cómputo del voto ciudadano, toda vez que contiene una regla contraria al procedimiento legalmente establecido para computar y otorgar efectos plenos al voto ciudadano, ya que priva al voto de sus efectos para la asignación de representación proporcional y demás derechos y prerrogativas que le asisten a los partidos políticos, lo cual, además, resulta incompatible con lo establecido en la fracción IX del artículo 237 de la misma ley, disposición que en forma expresa indica que los votos en los que se marcan los emblemas de los partidos que postulan un candidato común, contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos tanto en la Constitución Federal, como en la Constitución Local y en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado.
II. Partido de la Revolución Democrática (acción 65/2015). Señala como artículos constitucionales violados el 1o., 14, 16, 41, 116, fracción IV, incisos g) y h), y 133, así como el artículo segundo transitorio, fracción I, inciso a), del decreto de reformas a la Constitución Federal, publicado el diez de febrero de dos mil catorce.
Tema 1. Distribución del financiamiento público a los partidos políticos. Se impugna el artículo 65, apartado A, segundo párrafo, inciso a), numerales 1 y 2, e inciso b), numerales 1, 2 y 3, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. Este precepto legal es contrario al principio de equidad establecido en el artículo 41 de la Constitución Federal, porque establece una distribución del financiamiento público entre los partidos políticos a razón del veinte por ciento dividido por igual entre todos los partidos políticos y ochenta por ciento dividido conforme a la votación obtenida por cada partido político en la última elección de diputaciones por el principio de representación proporcional.
El artículo 41, fracción II, de la Constitución Federal prevé una regla de reparto del financiamiento público de manera equitativa, a razón del treinta por ciento de la cantidad a distribuir entre los partidos políticos en forma igualitaria y setenta por ciento de acuerdo al porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.
El artículo 116, fracción IV, inciso g), constitucional establece que las leyes generales en la materia, las Constituciones y las leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que los partidos políticos reciban en forma equitativa financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales.
El artículo segundo transitorio, fracción I, inciso a), del decreto de reformas a la Constitución Federal, publicado el diez de febrero de dos mil catorce, establece que la Ley General de Partidos Políticos, que regula tanto a los partidos políticos nacionales, como locales, debe contemplar las normas, plazos y requisitos para su registro legal y su intervención en los procesos electorales federales y locales, siendo el financiamiento público uno de los elementos y condiciones de participación en los procesos electorales locales.
Así, la Ley General de Partidos Políticos, en sus artículos 23, párrafo 1, inciso d), 26, párrafo 1, inciso b), 50, párrafo 1 y 51, establece las reglas para el establecimiento y distribución del financiamiento público de los partidos políticos, reglas que indican, esencialmente, que deberá distribuirse en la forma que establece el inciso a) de la base II del artículo 41 de la Constitución Federal, es decir, a razón del treinta por ciento igualitario y setenta por ciento de manera proporcional a la votación obtenida por los partidos políticos en la elección de diputados inmediatamente anterior.
Las reglas de distribución del financiamiento público, previstas en la norma impugnada, no son acordes ni al artículo 41 de la Constitución Federal, ni a la Ley General de Partidos Políticos, lo que también resulta violatorio del artículo 133 de la Constitución Federal, asimismo, al dejar de atender la base constitucional, y de la ley general se viola el principio de equidad.
La regla de distribución equitativa del financiamiento público tiene el propósito de asegurar que los partidos políticos cuenten con las mismas oportunidades y condiciones para la realización de sus actividades ordinarias y de participación en los procesos electorales, por lo que reducir de treinta por ciento a veinte por ciento la distribución igualitaria y ampliar el porcentaje de distribución proporcional de setenta por ciento a ochenta por ciento, aumenta la disparidad y mismas oportunidades de los partidos políticos para la realización de sus actividades ordinarias y de campaña.
Tema 2. Autofinanciamiento. Se impugnan los párrafos primero y segundo del apartado B del artículo 65 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. Las normas impugnadas no son conformes con los artículos 41, inciso a), fracción II, 116, fracción IV, incisos g) y h), y 133, así como el artículo segundo transitorio, fracción I, inciso a), del decreto de reformas a la Constitución Federal, publicado el diez de febrero de dos mil catorce, y también son contrarias a los artículos 53, 54 y 56 de la Ley General de Partidos Políticos, que establecen las reglas del financiamiento público de los partidos políticos.
Las normas impugnadas contemplan como parte del autofinanciamiento de los partidos políticos a las cuotas ordinarias y extraordinarias de los miembros activos de los partidos políticos y a las aportaciones de sus organizaciones, respecto de lo cual, indica que serán determinadas libremente por cada partido político y establece como límite del monto de dicho financiamiento el cuarenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político.
Conforme a la Constitución Federal y a la Ley General de Partidos Políticos, las cuotas ordinarias y extraordinarias de los miembros activos de los partidos políticos constituyen una modalidad de financiamiento privado diferente al autofinanciamiento, con reglas, límites y condiciones distintas.
Además, los partidos políticos no pueden recibir financiamiento de cualquier tipo de persona moral, y también se prohíbe la afiliación colectiva, al ser contraria de la voluntad individual y libre, por lo que los partidos políticos están impedidos para contar con organizaciones distintas al propio partido político y aun con mayor razón a recibir financiamiento de las mismas.
Además, las normas impugnadas permiten que este tipo de aportaciones sean determinadas libremente por cada partido político y establecen como límite a este "autofinanciamiento", el cuarenta por ciento del financiamiento que le corresponde a cada partido político, esto es, establece un límite distinto al previsto por la ley general y diferenciado respecto de cada partido político, por lo que también resulta contrario a la equidad constitucional.
Tema 3. Propaganda. Se impugna el artículo 69, párrafos primero y segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. Los párrafos primero y segundo del artículo 69 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado violan los artículos 1o., 6o., 7o., 41, fracción III, apartado C y 133 de la Constitución Federal, porque son contrarios al derecho humano de expresar y difundir libremente, por cualquier medio, ideas, opiniones e información, al establecer condiciones y supuestos distintos al supuesto de calumnia, que constituye la única causa de limitación al ejercicio del citado derecho previsto en materia electoral.
Las normas impugnadas restringen el referido derecho constitucional, al sujetar la propaganda que contraten los partidos políticos y coaliciones a que deba "circunscribirse" a la promoción del voto, a difundir los principios ideológicos de los partidos, las plataformas electorales y propuestas específicas de los candidatos, sin dar oportunidad al debate de ideas, de crítica al adversario, es decir, a la maximización de la libertad de expresión e información en el contexto del debate político.
También establecen restricciones a la libertad de expresar y difundir libremente, por cualquier medio, ideas, opiniones e información, al establecer que los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes en la propaganda electoral que difundan a través de los medios masivos de comunicación, eviten cualquier ofensa o difamación que denigre a candidatos y terceros, lo cual es contrario al derecho establecido en los artículos 6o., 7o. y 41, fracción III, apartado C, de la Constitución Federal.
Asimismo, las normas impugnadas no guardan conformidad con lo dispuesto en el apartado C, fracción III, del artículo 41 de la Constitución Federal, ni con el decreto de reformas a la misma, publicado el diez de febrero de dos mil catorce, puesto que se suprimió la denigración y se conservó como única figura prohibida la calumnia dentro del debate político, con el propósito de maximizar y ampliar el libre debate político. Cita en apoyo la tesis II/2008, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO."
III. Partido Sinaloense (acción 66/2015). Señala como artículos constitucionales violados el 73, fracción XXIX-U, 41, base II, 116, fracción IV, inciso g), 124 y 133 de la Constitución Federal.
Tema 1. Incompetencia de las Legislaturas Locales para legislar en materia de financiamiento público. Se impugna el artículo 65, apartado A, "Del financiamiento público", de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. En los Estados Unidos Mexicanos se delegó a la Federación la facultad y competencia para legislar en materia electoral y, específicamente, lo relativo al financiamiento público de los partidos políticos. Así, corresponde legislar en materia de partidos políticos al Congreso de la Unión, emitiendo para ello leyes generales, sin que se trate de una materia concurrente.
En el caso, la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 1, relativo a la distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas, no prevé el tema relativo al financiamiento de los partidos políticos, por lo que éste no es un tema en el cual el legislador federal haya delegado competencia a las entidades federativas. Esto se corrobora en los artículos 7 y 9 del mismo ordenamiento, que distribuyen competencias entre la Federación y los Estados, en materia de partidos políticos, concretamente entre el Instituto Nacional Electoral (órgano perteneciente a la Federación) y los órganos públicos locales (órganos de los Estados), pues "a lo más que llega la distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas es al reconocimiento de los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y de los candidatos a cargos de elección popular, que según corresponda al ámbito federal o al local."
El reconocer el derecho de acceso a las prerrogativas de los partidos políticos no implica, de forma alguna, la competencia del legislador local para diseñar o rediseñar la fórmula de financiamiento público de los partidos políticos. Esto se conforma con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, del que se advierte que el Constituyente Permanente condicionó el financiamiento público a nivel local de los partidos políticos a la decisión del legislador ordinario federal, mediante la expedición de una ley general, ya que el financiamiento público debe apegarse a la Constitución General, a las leyes generales, a las Constituciones y a leyes locales, en ese orden. Luego, si el legislador federal no delegó la competencia al legislador local para decidir la distribución del financiamiento público (en términos de los numerales 1, 7 y 9 de la Ley General de Partidos Políticos), no puede el legislador local, por falta de competencia, fijar financiamiento público a los partidos políticos.
Asimismo, la falta de competencia del Poder Legislativo Local para legislar sobre financiamiento público a los partidos políticos se corrobora de la lectura del título quinto, "Del financiamiento de los partidos políticos", capítulo I, "Del financiamiento público", y sus artículos 50 y 51, párrafo 1, donde se aprecia que el legislador federal se refiere a "partidos políticos" sin hacer distinción entre nacionales o locales. Es decir, el legislador federal, al legislar lo relativo al financiamiento público, no hizo diferencia ni señaló que la fórmula del financiamiento era única y exclusivamente para los partidos políticos con registro nacional o que era para el financiamiento público federal.
Así entonces, mientras el Congreso de la Unión no delegue sus facultades para legislar en lo relativo al financiamiento público de los partidos políticos, de acuerdo con lo que establece el artículo 73, fracción XXXIX-U, constitucional, los Congresos Locales no pueden ejercer esas atribuciones, pues invadirían la esfera de competencia que le corresponde al legislador federal; una interpretación contraria significaría admitir que cualquier Legislatura Local pudiera derogar, de facto, disposiciones de carácter federal emanadas del mismo Congreso de la Unión, lo que transgrediría la supremacía constitucional, prevista en el artículo 133 de la Constitución Federal.
Tema 2. Distribución del financiamiento público para actividades ordinarias y para la obtención del voto (20%-80%). En este tema hace valer la invalidez del artículo 65, apartado A, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, bajo dos argumentos:
a) Suponiendo sin conceder que el Congreso Local pudiera modificar la fórmula del financiamiento público del sesenta y cinco por ciento al setenta y cinco por ciento por el padrón electoral, tal como lo hizo, lo que no podría realizar válidamente es alterar la forma de distribución de dicho financiamiento del "70-30 al 80-20", porque ello implicaría una reducción de los derechos de los partidos políticos a recibir de manera equitativa un porcentaje del referido financiamiento y, por consecuencia, una reducción en las obligaciones del Estado de pagar en dicha forma equitativa el porcentaje del referido financiamiento. Al remitir la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 50, a la Constitución Federal en materia de la fórmula de financiamiento público y distribución del mismo a los partidos políticos, automáticamente dicha fórmula y forma de distribución (setenta por ciento en relación a los votos contenidos y treinta por ciento de forma igualitaria), tiene rango constitucional y, por ende, protección de la misma naturaleza.
De llegar a considerar que por una interpretación conforme la norma impugnada sea constitucional, no debe dejarse de lado el principio pro persona contenido en el artículo 1o. constitucional, el cual obliga a maximizar la interpretación que permita la efectividad de los derechos constitucionales frente a una norma. Se debe resolver declarando la invalidez de la forma de repartición del financiamiento público a los partidos políticos establecido por el legislador local, consistente en un ochenta por ciento, de acuerdo a la votación obtenida, y un veinte por ciento de forma igualitaria, declarando constitucionalmente procedente la fórmula prevista en el artículo 41 de la Constitución Federal, por ser un derecho constitucional de los partidos, que se desglosa en un setenta por ciento con base a la votación obtenida y un treinta por ciento de manera igualitaria.
b) El legislador local no sólo modificó la fórmula de distribución del "70-30 para dejarla en 80-20", sino que, además, cambió los factores de la misma y la distribución del financiamiento público para gastos de campaña de la siguiente manera: i) Mientras que la Constitución Federal y la Ley General de Partidos Políticos prevén los factores del número de ciudadanos inscritos en el padrón estatal y el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo correspondiente para determinar el financiamiento público, la ley impugnada establece el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral y el setenta y cinco por ciento del salario mínimo aplicable; ii) La Ley General de Partidos Políticos dispone que el financiamiento de campaña es de un monto equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en el año en que se renueven el Poder Ejecutivo Federal o Local y las dos Cámaras del Congreso de la Unión o la Cámara de alguna entidad federativa, y en el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de Diputados federal o los Congresos de las entidades federativas, a cada partido político nacional o local, respectivamente, se le otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al treinta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año.
En contravención a lo anterior, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado señala que para el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, a los partidos políticos se les otorgará para gastos de campaña un monto igual al del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, y para el caso del año de la elección en que se renueven solamente el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, a los partidos políticos, se les otorgará para gastos de campaña un monto equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias.
Además, mientras que en la ley general el financiamiento público para gastos de campaña simplemente duplica o aumenta treinta por ciento al financiamiento ordinario para cada partido específico, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa dispone que la distribución nuevamente se haga en base al "80-20".
Aunado a lo anterior, el legislador local previó una operación para incrementar el financiamiento público bajo el pretexto de "actualización", que se desprende del apartado A, inciso b), punto 3, del artículo 65 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, supuesto que no se encuentra previsto por el legislador competente en la Ley General de Partidos Políticos.
IV. Partido Movimiento Ciudadano (acción 68/2015). Artículos constitucionales violados 1o., 13, 14, párrafo tercero, 16, párrafo primero, 20, apartado B, fracción I, 22, párrafo primero, 35, fracción II, 41, bases I y V, apartado A, párrafos primero y noveno, 116, fracción IV y 133 de la Constitución Federal.
Tema 1. Vulneración a los principios de supremacía constitucional, audiencia y legalidad. Impugna el Decreto 364, mediante el cual se expidió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, y señala que el incumplimiento a un decreto emanado de la Constitución o de una ley que surge de ella, incurre en desacato al principio de supremacía constitucional.
Tema 2. Sistema de conteo de votos para partidos políticos que participen en candidatura común. Impugna el artículo 61, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. La norma impugnada es inconstitucional, porque desconoce el valor del sufragio y por su falta de certeza, proporción y medida, al excluir el sufragio efectivo realizado por los ciudadanos a favor de los partidos políticos que contiendan bajo la figura de candidatura común.
El artículo impugnado desvirtúa la forma en que se contabiliza el voto emitido por los ciudadanos en favor de las candidaturas comunes, al establecer que tales votos sólo cuentan a favor del candidato y no para la asignación de la representación proporcional y otras prerrogativas.
Lo dispuesto en el artículo impugnado va más allá del Texto Constitucional y da lugar a un manejo injustificado del voto ciudadano, al desvirtuar la voluntad de los electores y desnaturalizar el objeto y fin de la manifestación del sufragio consagrado en el artículo 35, fracciones I, II y III, de la Constitución Federal. Asimismo, viola el derecho de asociación, previsto en el artículo 9o. de la Ley Fundamental, en relación con el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La objetividad del voto se pierde o disminuye en perjuicio del electorado y se atenta contra la libertad de asociación, al establecer en la ley secundaria, que los partidos políticos libremente convengan su participación política en una elección, pero imponiendo límites, prohibiciones y modalidades que van en contra del derecho fundamental de participación, asociación política y expresión del voto, trastocando los principios de seguridad jurídica y de certeza en materia electoral.
Se contraviene el principio de certeza en materia electoral y se desnaturaliza la figura de las candidaturas comunes, por distorsionar los efectos jurídicos que debe producir la emisión del voto por parte del elector, cuando en la boleta aparecen por separado los partidos políticos que postulan a determinado candidato. Cita en apoyo a sus argumentos lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014.
Tema 3. Sanción por registro extemporáneo de representantes de candidaturas independientes. Impugna el artículo 106, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. La disposición impugnada carece de idoneidad, proporcionalidad y razonabilidad, porque las fechas límite para los registros de la representación de candidatos ciudadanos ante los órganos del Instituto Electoral Sinaloense, durante el proceso electoral, son un requisito de carácter formal que nada tiene que ver con la definitividad de alguna etapa del proceso electoral, por lo que el incumplimiento del registro en tales fechas, no acarrea ningún tipo de cuestión que afecte a terceros y pueda atrofiar o impedir el desarrollo del proceso.
El no permitir el registro por una cuestión formal genera implicaciones que transgreden principios constitucionales, siendo, incluso, una pena excesiva, contraria al artículo 22, párrafo primero, de la Constitución Federal.
Asimismo, el artículo impugnado es contrario a lo previsto por el artículo 41 de la Constitución Federal, toda vez que por una falta de carácter formal se transgrede el derecho de los candidatos ciudadanos, al impedirles contar con los elementos necesarios para llevar a cabo sus actividades, en cuanto a la representación ante los órganos electorales de la entidad durante los procesos electorales, considerando que el derecho de tener representantes ante las autoridades administrativas electorales no es meramente instrumental, sino que tiene como uno de sus fines la vigilancia efectiva del desarrollo del proceso electoral y de las decisiones que puedan afectar la esfera jurídica del partido o del candidato ciudadano.
Cita en apoyo a sus argumentaciones la resolución recaída en el expediente SUP-REC-52/2015, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que declaró excesivas y contrarias a los principios constitucionales que establece el artículo 41 de la Constitución Federal, todas aquellas medidas de la autoridad electoral que tengan como consecuencia la privación de la representación partidista y, por extensión, la relativa a los candidatos ciudadanos ante sus órganos.
El artículo impugnado establece una restricción que es ajena al fin legítimo de participación ciudadana, pues de manera absoluta hace nugatoria su participación en los órganos correspondientes durante lo que reste del proceso electoral local. Además, no se advierte de qué manera se violentaría el desarrollo del proceso electoral local o que pudiera conducir a la obstrucción del ejercicio de los derechos y libertades de los demás, o que vaya en contra del interés general y sobre la equidad.
La opción adoptada por el legislador no es adecuada para lograr el objetivo buscado, ya que, al establecer la cancelación de la representación, se provoca un daño mayor al proceso electoral, en lugar de reparar las consecuencias de la omisión de los candidatos independientes, lo que genera la imposibilidad de que los órganos se integren adecuadamente, por la falta de la representación de alguno o algunos de los candidatos independientes registrados. Por ello es que dicha medida no es idónea al fin pretendido.
V. Partido Morena (acción 70/2015). Señala como artículos constitucionales violados 1o., 4o., 9o., 35, fracciones I, II y III, 39, 40, 41, 54, fracción V, 116, fracción IV, incisos a), b), c), d), g), h), i) y j), y 133. Así como 1, 2 y 4, en relación con el 17, párrafo segundo, 35, fracciones I y II, 41, base I, segundo párrafo y base VI, y 133 de la Constitución Federal, asimismo, los artículos 1, 2, 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2, 3, 14, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; I, II y III de la Convención sobre los Derech
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26191-edab2355/i-candidaturas-comunes-las-legislaturas-locales-son-competentes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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