I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO [ARTÍCULOS 40, 77, FRACCIÓN IV, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y NO HABER SIDO CONDENADA O CONDENADO POR DELITO ALGUNO, SALVO QUE HUBIESE SIDO DE CARÁCTER NO INTENCIONAL O IMPRUDENCIAL", 92, FRACCIÓN V, Y 277, FRACCIÓN V, INCISO C), DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ]. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 6, FRACCIÓN LIII, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VI. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CUANDO SE TRATE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN EL DEBER DE ESTABLECER UNA FASE PREVIA PARA CONSULTAR A LOS REPRESENTANTES DE AQUÉLLOS (ARTÍCULOS 98, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y UNA PERSONA INDÍGENA EN EL CASO DE LAS COMISIONES Y COMITÉS CON POBLACIÓN MAYORITARIAMENTE INDÍGENA", 221, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ASÍ COMO LO RELATIVO A LA INCLUSIÓN DE MIEMBROS DE COMUNIDADES INDÍGENAS POR LO QUE HACE A LOS AYUNTAMIENTOS, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 269 Y 271 DE ESTA LEY", 269 Y 271 DE LA LEY ELECTORAL DE SAN LUIS POTOSÍ). VII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE CUMPLIR, COMO MÍNIMO, LAS FASES PRECONSULTIVA, INFORMATIVA, DE DELIBERACIÓN INTERNA, DE DIÁLOGO Y DE DECISIÓN (ARTÍCULOS 98, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y UNA PERSONA INDÍGENA EN EL CASO DE LAS COMISIONES Y COMITÉS CON POBLACIÓN MAYORITARIAMENTE INDÍGENA", 221, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ASÍ COMO LO RELATIVO A LA INCLUSIÓN DE MIEMBROS DE COMUNIDADES INDÍGENAS POR LO QUE HACE A LOS AYUNTAMIENTOS, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 269, Y 271 DE ESTA LEY", 269 Y 271 DE LA LEY ELECTORAL DE SAN LUIS POTOSÍ). VIII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE REALIZARSE CON INDEPENDENCIA DE QUE LAS MEDIDAS IMPUGNADAS PUDIERAN BENEFICIAR EN ALGÚN GRADO A ESTE SECTOR POBLACIONAL, SI SON SUSCEPTIBLES DE AFECTARLES DIRECTAMENTE (ARTÍCULOS 98 PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y UNA PERSONA INDÍGENA EN EL CASO DE LAS COMISIONES Y COMITÉ CON POBLACIÓN MAYORITARIAMENTE INDÍGENA", 221, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ASÍ COMO LO RELATIVO A LA INCLUSIÓN DE MIEMBROS DE COMUNIDADES INDÍGENAS POR LO QUE HACE A LOS AYUNTAMIENTOS, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 269, Y 271 DE ESTA LEY", 269 Y 271 DE LA LEY ELECTORAL DE SAN LUIS POTOSÍ). IX. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE CUMPLIR LOS PRINCIPIOS RECTORES DE SER PREVIA, CULTURALMENTE ADECUADA, INFORMADA Y DE BUENA FE, ESTABLECIENDO METODOLOGÍAS, PROTOCOLOS O PLANES BASADOS EN ELLOS (ARTÍCULOS 98, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y UNA PERSONA INDÍGENA EN EL CASO DE LAS COMISIONES Y COMITÉS CON POBLACIÓN MAYORITARIAMENTE INDÍGENA", 221, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ASÍ COMO LO RELATIVO A LA INCLUSIÓN DE MIEMBROS DE COMUNIDADES INDÍGENAS POR LO QUE HACE A LOS AYUNTAMIENTOS, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 269, Y 271 DE ESTA LEY", 269 Y 271 DE LA LEY ELECTORAL DE SAN LUIS POTOSÍ). X. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LAS NORMAS LOCALES QUE REFIEREN EXPRESAMENTE A LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE DICHAS COMUNIDADES Y SUS INTEGRANTES SON SUSCEPTIBLES DE AFECTAR DIRECTAMENTE SUS DERECHOS (ARTÍCULOS 98, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y UNA PERSONA INDÍGENA EN EL CASO DE LAS COMISIONES Y COMITÉS CON POBLACIÓN MAYORITARIAMENTE INDÍGENA", 221, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ASÍ COMO LO RELATIVO A LA INCLUSIÓN DE MIEMBROS DE COMUNIDADES INDÍGENAS POR LO QUE HACE A LOS AYUNTAMIENTOS, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 269, Y 271 DE ESTA LEY", 269 Y 271 DE LA LEY ELECTORAL DE SAN LUIS POTOSÍ). XI. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LA EMISIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, SI BIEN CONTÓ CON UNA CONSULTA PREVIA, NO TOMÓ EN CUENTA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR ESTA SUPREMA CORTE, PARTICULARMENTE EN LO QUE RESPECTA A LA REALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 98, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y UNA PERSONA INDÍGENA EN EL CASO DE LAS COMISIONES Y COMITÉS CON POBLACIÓN MAYORITARIAMENTE INDÍGENA", 221, EN SU PORCIÓN
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 141/2022 Y SU ACUMULADA 152/2022. PARTIDO POLÍTICO CONCIENCIA POPULAR Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 11 DE JULIO DE 2023. PONENTE: MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: CARLOS GUSTAVO PONCE NUÑEZ.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al once de julio de dos mil veintitrés la siguiente:
SENTENCIA
Por la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada 152/2022, promovidas por el partido político Conciencia Popular y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, en contra del Decreto 0392 por el que se expide la Ley Electoral, se reforman la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se reforma y deroga la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, se reforma y adiciona la Ley de Justicia Electoral y se adiciona el Arancel de Notarios, todos del Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LAS ACCIONES
1. Presentación del escrito inicial por el partido político Conciencia Popular. Por escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Oscar Carlos Vera Fabregat, en su carácter de presidente del Comité Directivo Estatal del partido político Conciencia Popular, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez del Decreto 0392, por el que se expide la Ley Electoral, se reforman la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se reforma y deroga la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, se reforma y adiciona la Ley de Justicia Electoral y se adiciona el Arancel de Notarios, todos del Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós.
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, el partido político Conciencia Popular expuso los siguientes conceptos de invalidez:
a. Primer concepto de invalidez. Falta de consulta a pueblos y comunidades indígenas
El cinco de octubre de dos mil veinte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 164/2020, en la que declaró la invalidez del Decreto 0703, por el que se expidió la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial el treinta de junio de dos mil veinte, ordenando al Congreso Estatal la realización de la consulta y la emisión de la legislación respectiva, a más tardar, dentro del año siguiente a la conclusión del proceso electoral local, cuya jornada se celebraría el seis de junio de dos mil veintiuno.
En cumplimiento a dicha sentencia, el Congreso del Estado llevó a cabo una consulta que no cumple, sin embargo, con los estándares establecidos por la Suprema Corte en diversos precedentes,(1) al no haberse efectuado de manera informada, culturalmente adecuada –mediante representantes o autoridades tradicionales– y de buena fe, ni con las disposiciones de la Ley Estatal de Consulta Indígena, atento a lo siguiente:
• No se acordó con los pueblos y comunidades indígenas del Estado la fecha conveniente para su realización, con la anticipación de, por lo menos, treinta días, que establece la normativa local; no se emitió un diagnóstico adecuado de los puntos a consultar, ni se tomaron en consideración fuentes y métodos científicos, racionales y objetivos para ello; los integrantes del grupo técnico operativo que se estableció no tenían el perfil requerido, no demostraron hablar o entender alguna de las lenguas de los pueblos y comunidades a los que se consultaría, ni contaron con información previa (trabajo preoperativo con comunidades muestra) para el desarrollo de su función.
• La convocatoria no se dio a conocer a las asambleas de cada pueblo y comunidad a consultar de forma escrita y a través de los medios generalmente utilizados para difundir comunicados, ni fue publicada en algún medio de comunicación oral o escrito del lugar, tanto en la lengua que se habla predominantemente en ellos como en idioma español; tampoco se les entregaron con, cuando menos, treinta días de anticipación los elementos de análisis necesarios para que tuvieran claridad sobre el objeto y alcance de la consulta y participaran activamente en ésta.
No se les informó sobre los ejes temáticos de la reforma electoral ni las propuestas presentadas susceptibles de afectar sus derechos e intereses, como las relacionadas con la conformación de distritos electorales indígenas y las acciones afirmativas para el acceso a cargos de elección popular.
Tal es el caso del artículo 272 (sic),(2) párrafo segundo, de la Ley Electoral Local, el cual dispone que el Consejo Estatal Electoral determinará de forma aleatoria en cada proceso electoral el distrito en el que los partidos, coaliciones y candidatos independientes postularán a personas indígenas; sin prever el mecanismo para tal efecto, ni si los distritos deben contar o no con población predominantemente indígena.
Al margen de la existencia de distritos electorales mayoritariamente indígenas (XIII, XIV y XV), debe garantizarse su integración a las comisiones distritales y comités municipales, su postulación como precandidatos o candidatos y su acceso a los distintos cargos de elección, como los de diputados y miembros de los Ayuntamientos; así también, la forma de ejercer su voto –a través de boletas en su lengua– y de acceder directamente a los medios de impugnación en materia electoral.
• No hubo intérpretes ni documentos en las lenguas de cada comunidad, con lo cual se les indujo a través de preguntas hechas en idioma español; se utilizaron elementos técnicos o académicos que no favorecieron el conocimiento, entendimiento, finalidades y alcances de la consulta; no se observaron normas, procedimientos y prácticas tradicionales, ni participaron efectivamente autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno que dieran fe o aval de los acuerdos adoptados en cada comunidad.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los pueblos y comunidades indígenas representan más del diez por ciento de la población total del Estado, destacando los nahuas, los teének o huastecos, los xi oi o pames y los wirrarika o huicholes; sin que se reconocieran sus particularidades –al haberse empleado un mecanismo uniforme para todos ellos– y sin que fuera suficiente la realización de foros no vinculantes, la instalación de mesas, la entrega de folletos informativos, la convocatoria a grupos no representativos o la presencia de diputados locales e invitados especiales que poco o nada saben de las costumbres y tradiciones de estos pueblos y comunidades.
• No solamente se manipularon cifras, sino que se distorsionaron los resultados de la consulta, pues en realidad, no se tuvo como finalidad llegar a un acuerdo, obteniendo el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y comunidades indígenas, ya que no se tomaron en cuenta sus aportaciones y cuestionamientos, ni se incorporó alguna de sus propuestas; incluso no se les compartió el dictamen emitido en comisiones y aprobado con modificaciones por el Pleno del Congreso Local, el cual contiene medidas que no fueron materia de la consulta, como la contemplada en el artículo 272 (sic), párrafo segundo, de la Ley Electoral Local, antes citado.
b. Segundo concepto de invalidez. Falta de consulta a personas con discapacidad
Según el partido accionante, el Congreso del Estado de San Luis Potosí llevó a cabo una consulta a las personas con discapacidad que, al igual que la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, no cumple con los estándares establecidos por la Suprema Corte en diversos precedentes, al haberse efectuado de manera apresurada y sin una metodología, atento a lo siguiente:
• El veintidós de agosto de dos mil veintidós, se publicó en el Periódico Oficial la convocatoria a las personas con discapacidad y las organizaciones de y para personas con discapacidad, a fin de que emitieran opiniones y propuestas en relación con la educación inclusiva y la iniciativa de Ley Electoral Estatal. Sin embargo, no se garantizó su participación plena y efectiva, al haberse aprobado el dictamen en Comisiones el veintitrés de septiembre siguiente, es decir, un mes después, tras haberse circulado 48 horas antes de esta última fecha, por disposición legal. Así, los plazos y términos no fueron razonables, lo cual ocasionó que la consulta no fuera accesible ni se tuviera el suficiente conocimiento y convocatoria de la misma.
• El único medio de publicidad de la consulta fue el Periódico Oficial del Estado, el cual sólo tiene como versión de consulta su página institucional de Internet y su medio impreso con número limitado de ejemplares; ambos sin que cuenten con algún medio de accesibilidad para personas con discapacidad.
• La consulta no fue realizada de buena fe, sino con el mero objetivo de cumplir con el requerimiento. Lo anterior, en menos de un mes, a las prisas, sin presupuesto, sin equipo técnico y especializado en la materia, sin publicidad y sin objetivos. No basta que la responsable alegue haber realizado cinco foros regionales en cinco de los cincuenta y dos Municipios del Estado, que tiene 63,375 personas con discapacidad.
Según el partido accionante, todo ello genera que este Alto Tribunal declare la inconstitucionalidad del decreto legislativo impugnado, señalando, en particular, lo dispuesto en los artículos 265 y 268 de la Ley Electoral, legislación que "no es incluyente".
Así también, del escrito inicial deriva que si bien el partido accionante no refirió expresamente otros artículos que involucren derechos de las personas con discapacidad, sí hizo referencia a otros contenidos normativos que establecen "privilegiar que casillas se instalen en lugares que no obstaculicen el ingreso a las personas con discapacidad o adultos mayores; implementación de planillas en braille para personas con discapacidad visual; o la instalación de mamparas para personas en silla de ruedas".(3) De una lectura integral del decreto impugnado, se advierte que estos corresponden a los artículos 131, 308 y 347 de la citada Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.
c. Tercer concepto de invalidez. Respecto de diversas porciones normativas de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y de la Ley de Justicia Electoral del Estado de San Luis Potosí
• 3.1 Sobre la asignación de diputados y diputadas por el principio de representación proporcional
- 3.1.1. Invasión a la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para aumentar el porcentaje mínimo requerido para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional
El artículo 393, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí vulnera los principios establecidos en la Constitución General, concretamente los artículos 40, 41, 73, fracción XXIX-U, 116, fracción IV y 124 que establecen que las Legislaturas de los Estados en materia electoral deberán regirse de conformidad con las bases establecidas en la Constitución y las leyes generales en la materia.
Lo anterior, pues al modificar el porcentaje de la votación válida emitida a partir del cual los partidos políticos pueden acceder a la asignación de un curul de diputaciones por el principio de representación proporcional de 3.0 % a 3.7 %, el legislador local transgredió la facultad exclusiva reservada en favor del Congreso de la Unión para legislar en la materia, la cual se encuentra reconocida en el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Federal. Esto, toda vez que el Congreso de la Unión se reservó, en los diversos 28, numeral 2, incisos a) y b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 9, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos, establecer que la asignación de diputados locales de representación proporcional se realizará a favor de los partidos políticos que obtengan el tres por ciento de la votación válida emitida en las respectivas elecciones.
- 3.1.2. El aumento del porcentaje resulta irracional y violatorio de los derechos político-electorales de las minorías
El partido accionante alegó que el aumento del porcentaje de la votación válida requerido para que los partidos políticos puedan participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, del 3 % al 3.7 %, es irracional, arbitrario, regresivo y violatorio de los derechos político-electorales de las minorías, en virtud de que las excluye de acceder al Congreso del Estado de San Luis Potosí y ser escuchadas a través de sus representantes.
A partir de un adecuado test de proporcionalidad, se evidencia que la medida legislativa resulta lesiva para el derecho fundamental consistente en la integración plural de la Cámara Legislativa Local, ya que: no está encaminada a la consecución de la finalidad constitucional de inclusión de las minorías; no es necesaria para incrementar la representatividad, al existir otras medidas para ello, como aumentar el número de integrantes del Congreso del Estado o el número de diputados electos por el principio de representación proporcional; y porque el grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada es mayor al grado de realización del fin perseguido, al excluir a las minorías de ser representadas dentro de Congreso del Estado.
Además, el porcentaje del 3.0 % aplicable a todos los partidos políticos nacionales o estatales, contenido en el párrafo segundo del inciso f) de la fracción V) del artículo 116, así como en el 54, fracción II, de la Constitución Federal, tiene diversas funciones y fundamentos constitucionales que deben ser analizados. En específico, en nuestro país se ha considerado que un partido político es representativo cuando obtiene al menos el 3.0 % del total de la votación, lo cual no es dato menor dado el contexto histórico en el que se origina la figura de la representación proporcional, a partir de la cual un gran número de ciudadanos pudieron verse representados a partir de partidos minoritarios. El legislador local no puede aumentar dicho porcentaje sin más argumento que una simple multiplicación arbitraria.
• 3.2. Requisito de presentar los comprobantes de presentación de las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses
El artículo 277, fracción V (sic),(4) de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí es violatorio a los derechos a ser votado y a la protección de datos e información personal de los particulares reconocidos en los artículos 6o. y 35, fracción II, de la Constitución General, pues impone diversos requisitos de elegibilidad para ser candidatas o candidatos a quienes aspiran a un cargo público, los cuales sólo pueden ser exigidos a los servidores o funcionarios públicos en turno, en virtud de la transparencia y rendición de cuentas.
En la exposición de motivos del decreto impugnado, el Congreso del Estado sostuvo que el requisito de presentar la declaración fiscal, patrimonial y de intereses para el registro de candidatos a cargos de elección popular, contribuye a la independencia de criterio de los posibles representantes populares, a la transparencia de recursos que conformen su patrimonio para la prevención del enriquecimiento ilícito, así como para el control para disolver el tráfico de influencias y la corrupción.
No obstante, de una interpretación sistemática y funcional del artículo 34 de la Constitución General, así como de la jurisprudencia del Tribunal Electoral y la Suprema Corte, se desprende que la expresión "modo honesto de vivir" implica que quien aspire a contender a un cargo de representación debe respetar los principios del sistema democrático. Además, existe una presunción de que éstos se conducen en sociedad con un modo honesto de vivir al aspirar a un cargo, salvo prueba en contrario.
Además, el precepto impugnado de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí no puede prever más requisitos que aquellos señalados por la Constitución del Estado para aspirar al cargo de gobernador, diputados e integrantes de los Ayuntamientos del Estado. Independientemente de que el candidato esté o no al corriente con el pago de impuestos, o presente o no su declaración patrimonial o de conflictos de intereses, esto no los habilita ni les suspende sus derechos político-electorales.
La presentación de las declaraciones "tres de tres" requeridas en el precepto impugnado sólo puede ser exigida a funcionarios y funcionarias públicas en el ejercicio del cargo por cuestiones de transparencia, sin que pueda ser demandada a ciudadanos que participan en las elecciones.
Si bien es cierto que todas las personas que generan un ingreso han de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa de conformidad con el artículo 31 de la Constitución General, también lo es que en atención a la Convención de Derechos Civiles y Políticos y el diverso 35 constitucional, todos los ciudadanos gozarán del derecho a participar en asuntos políticos, votar y ser votados, así como tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país.
En todo caso, el requisito atiende a obligaciones de carácter fiscal que son distintas a las facultades que en todo caso tiene el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para la verificación de los requisitos de elegibilidad.
• 3.3. Destino de los recursos derivados de sanciones económicas por infracciones dentro del régimen sancionador electoral
Es inconstitucional el artículo 40 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, el cual establece que los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral, serán destinados a instituciones educativas públicas estatales encargadas de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.
Lo anterior, pues el legislador local invadió la competencia y facultad constitucional exclusiva del Congreso de la Unión prevista en el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución General, la cual fue ejercida de manera expresa en el diverso 458, numeral 8, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Dicho numeral dispone que los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral previstas en esa ley, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables, cuando sean impuestas por las autoridades federales, y a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación cuando sean impuestas por las autoridades locales.
En ese sentido, el legislador local varió notablemente el destino de los recursos, al establecer que éstos deben ser entregados a instituciones de educación pública, y no a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. En primer lugar, porque las instituciones educativas públicas en el Estado tienen como principal objetivo las relativas al artículo 3o. de la Constitución General, y cuentan con un presupuesto anual aprobado por el legislativo federal y estatal. En segundo lugar, porque el ordenamiento es tan excesivamente general que no garantiza el destino ni la finalidad, por lo que no dota certeza ni seguridad jurídica. Lo anterior permite arbitrariedad e incertidumbre del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana respecto de a quién debe entregarse esos recursos.
En todo caso, en la entidad ya existe un órgano, el COPOCyT, análogo al CONACyT, encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el Estado de San Luis Potosí. En ese sentido, si el legislador federal estableció que los recursos obtenidos a partir de sanciones económicas sean destinados al CONACyT, a nivel local estos recursos deberían estar destinados a su homónimo, que es el COPOCyT. 3. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 141/2022 y turnarlo a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien, mediante acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí para que rindieran sus informes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiere y solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su opinión en relación con este asunto.
4. Presentación del escrito inicial por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad, demandando la invalidez de los artículos 77, fracción IV, en la porción normativa "y no haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial", 92, fracción V y 277, fracción V, inciso c), de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, expedida mediante Decreto 0392, publicado en el Periódico Oficial el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós.
5. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso los siguientes conceptos de invalidez:
• Único. Los artículos impugnados de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí establecen los requisitos para acceder a la titularidad de la Secretaría Ejecutiva y del Órgano Interno de Control, ambos del Consejo Electoral y Ciudadano Local, así como para poder ser registrado como candidata o candidato a cargos de elección popular. Las exigencias coinciden en requerir que las personas interesadas no deberán haber sido condenadas por delito doloso, así como no contar con antecedentes penales, respectivamente, cuyo efecto es excluir injustificadamente a las personas que fueron sancionadas penalmente en algún momento de su vida, pues quienes se encuentran en ese supuesto, si ya cumplieron con la pena impuesta, deben tener la posibilidad de ocupar un empleo en el servicio público en igualdad de circunstancias que las demás personas.
La ley también prevé que para poder ser registrado como candidato a algún cargo de elección popular se deberá manifestar por escrito no estar sujeto a proceso penal por delito doloso, lo que excluye a todas las personas que se encuentren en esa situación, a pesar de que no existe una sentencia que determine su responsabilidad por la comisión de la conducta ilícita e, incluso, si no se encuentran privadas de la libertad, vulnerando el principio de presunción de inocencia.
Así, la CNDH considera que los artículos 77, fracción IV, en la porción "y no haber sido condenada o condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial", 92, fracción V, y 277, fracción V, inciso c), de la Ley Electoral Local transgreden los derechos de igualdad y prohibición de discriminación, de acceso a un cargo en el servicio público y de representación popular, libertad de trabajo, así como el principio de presunción de inocencia.
6. Admisión y trámite. Por acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintidós, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 152/2022 y acumularlo a la acción de inconstitucionalidad 141/2022 –al existir identidad en el decreto impugnado– y turnarlo a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández que, por acuerdo de once de noviembre de dos mil veintidós, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí para que rindieran sus informes, así como a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiere. De igual manera, requirió a la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expresar por escrito su opinión en relación con la acción de inconstitucionalidad, y a la presidencia de la Consejería del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado para que informara la fecha en que inicia el próximo proceso electoral, así como remitiera documentación sobre el partido político Conciencia Popular de dicha entidad.
7. Promoción del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí. Mediante escrito de once de noviembre de dos mil veintidós, el CEEPAC informó que el próximo proceso electoral en la entidad inicia el treinta de octubre de dos mil veintitrés, así como presentó documentación relativa al partido accionante.
8. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por oficio recibido el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por conducto de su presidente, remitió su opinión, en la que consideró inconstitucionales los artículos 277, fracción IV, y 393, fracción I, de la Ley Electoral Local, y que el diverso 40 de dicha ley es conforme a la Constitución. No emitió opinión en relación con los conceptos de violación vinculados con la supuesta transgresión a las reglas de la consulta previa, pues "ello es inherente al proceso legislativo".
9. Informe del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí. Por escrito depositado en la Oficina del Servicio Postal Mexicano en San Luis Potosí el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, el Poder Legislativo del Estado, por conducto de la diputada presidenta de la Directiva, rindió informe, en el que manifestó, en síntesis, lo siguiente:
• En relación con la acción de inconstitucionalidad 141/2022:
Es falso que la consulta a personas indígenas no haya resultado ser culturalmente adecuada, a fin de proteger los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado. De acuerdo con constancias, el procedimiento legislativo se apegó en todo momento a lo ordenado por este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 164/2020, de cuya ejecución deriva el decreto ahora impugnado. Precisa que se llevaron a cabo las diversas etapas de la consulta, relativas a la fase consultiva, fase informativa, fase de deliberación interna, fase de dialogo y fase de decisión.
De igual forma, sostiene que es falso que la consulta a personas con discapacidad se haya realizado de manera apresurada y sin cumplir con una metodología. Ello, toda vez que se llevó a cabo en total apego a los criterios de este Máximo Tribunal.
En respuesta al tercer concepto de invalidez planteado por el partido accionante, refiere que las Legislaturas Estatales tienen la facultad de reglamentar el principio de representación proporcional en sus respectivas entidades federativas. Lo anterior, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 116, fracción II, párrafo tercero, que establece "Las Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes". Ello, también en congruencia con los diversos 42 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí y 10 de la Ley Electoral del mismo Estado.
Por otra parte, tampoco se vulneró el principio de equidad garantizado por el artículo 41 de la Constitución Federal, puesto que no se limitó el derecho que tienen los partidos políticos de participar en las elecciones estatales.
• En relación con la acción de inconstitucionalidad 152/2022:
Sostiene que los artículos 77, fracción IV, y 92, fracción V, y 277, fracción V, inciso c), de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí no violan los derechos a la igualdad y prohibición de discriminación; acceso a un cargo en el servicio público; ser votado; libertad de trabajo y presunción de inocencia. Señaló que es una obligación del legislador velar por el interés social de su población, para lo cual, en uso de su libertad configurativa, estableció requisitos de elección de las candidatas y los candidatos que aspiren a ocupar cargos públicos. Particularmente, el requisito controvertido persigue el objeto de que los servidores públicos electos cuenten con los perfiles idóneos para el adecuado desempeño de sus funciones. Consecuentemente, solicitó que se declare la validez de las normas analizadas.
10. Informes del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí. Por escritos depositados en la Oficina de Correos de México en San Luis Potosí el diecisiete y el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto del consejero jurídico, rindió informes, en los que manifestó, en síntesis, lo siguiente:
• En relación con la acción de inconstitucionalidad 141/2022:
No se advierte que la ley recurrida vulnere derechos fundamentales. Respecto del primer concepto de invalidez. Considera que la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes del Estado de San Luis Potosí fue realizada de forma previa, informada
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32226-966d7f8a/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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