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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ANÁLISIS DE VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO LUGAR A LA EMISIÓN DE LOS DECRETOS NÚMS. 572, 573, 576 Y 578, POR LOS CUALES SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS). V. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CUANDO SE TRATE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN EL DEBER DE ESTABLECER UNA FASE PREVIA PARA CONSULTAR A LOS REPRESENTANTES DE ESOS GRUPOS VULNERABLES. VI. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE CUMPLIR LOS PRINCIPIOS RECTORES DE SER PREVIA, CULTURALMENTE ADECUADA, INFORMADA Y DE BUENA FE, CON METODOLOGÍAS, PROTOCOLOS O PLANES BASADOS EN ELLOS. VII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE CUMPLIR, COMO MÍNIMO, LAS FASES PRECONSULTIVA, INFORMATIVA, DE DELIBERACIÓN INTERNA, DE DIÁLOGO Y DE DECISIÓN (DECRETO NÚM. 576, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VIII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LAS NORMAS LOCALES QUE PREVÉN UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES SON SUSCEPTIBLES DE AFECTAR DIRECTAMENTE SUS DERECHOS, POR LO QUE DEBEN CONTAR CON UNA CONSULTA PREVIA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, ESPECIALMENTE EN CUANTO A CONTAR CON UN PLAZO RAZONABLE PARA EL ANÁLISIS Y LA DELIBERACIÓN DE SU MATERIA (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚM. 576, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS). IX. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LAS NORMAS LOCALES, AL PREVER LA DESAPARICIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES, NO SON SUSCEPTIBLES DE AFECTAR DIRECTAMENTE SUS DERECHOS, POR LO QUE NO DEBIERON CONTAR CON UNA CONSULTA PREVIA (DECRETO NÚM. 578, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS). X. CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CONSTITUYE UN MANDATO CONVENCIONAL EN LA ELABORACIÓN DE LEYES Y OTROS PROCESOS DE ADOPCIÓN DE DECISIONES SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON LA CONDICIÓN DE AQUÉLLAS (ARTÍCULOS 66, FRACCIÓN XIII, Y 207, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO). XI. CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE EL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DARÁ "PREFERENCIA A PERSONAS DE GRUPOS VULNERABLES" EN LA INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES, NO AFECTA DIRECTAMENTE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y, POR TANTO, NO ERA NECESARIO UNA CONSULTA PREVIA (ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO). XII. CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA NORMA QUE REGULA SU PARTICIPACIÓN PARA ACCEDER A DIVERSOS CARGOS PÚBLICOS, ESPECÍFICAMENTE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, ES SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DIRECTAMENTE SUS DERECHOS, POR LO QUE DEBIERON CONTAR CON UNA CONSULTA PREVIA (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚM. 573, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XIII. ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. LOS CONGRESOS LOCALES GOZAN DE LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA DISEÑAR LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE ESOS ORGANISMOS, CON APEGO A LAS BASES CONTENIDAS TANTO EN LA CONSTITUCIÓN

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 192/2023 Y SUS ACUMULADAS 193/2023, 194/2023, 195/2023 Y 196/2023. · Registro digital (IUS): 32457
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-05-24
Promovente: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Mayo de 2024, Tomo I, Pág.92.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 192/2023 Y SUS ACUMULADAS 193/2023, 194/2023, 195/2023 Y 196/2023. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 7 DE DICIEMBRE DE 2023. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: JEANNETTE VELÁZQUEZ DE LA PAZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se publicaron varios decretos mediante los cuales se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del código electoral del Estado de Hidalgo.

Tanto los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista de México, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promueven respectivas acciones de inconstitucionalidad y reclaman la invalidez de los Decretos 576 y 578 en lo general, y de diversas disposiciones, en lo particular.

Los accionantes esgrimen argumentos guiados a lograr la invalidez total de los Decretos por violaciones al procedimiento legislativo y por falta de consulta a personas y comunidades indígenas y afromexicanos, así como a personas con discapacidad, en el caso del Decreto 573. Finalmente, también aducen planteamientos para demostrar la inconstitucionalidad de diversas disposiciones en materia de eliminación de consejos municipales del instituto electoral local, violación al principio de paridad de género por la implementación de acciones afirmativas guiadas a proteger a otros grupos vulnerables e históricamente discriminados y, finalmente, sobre los convenios realizados por los partidos políticos para las candidaturas comunes (Decreto 572).

Ver índice temático

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de diciembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 192/2023 y sus acumuladas 193/2023, 194/2023, 195/2023 y 196/2023.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LAS DEMANDAS

1. Presentación de las iniciativas. Diversos diputados del Congreso del Estado de Hidalgo, durante los años dos mil veintiuno, dos mil veintidós y dos mil veintitrés, presentaron varias iniciativas de reforma en materia electoral y de revocación de mandato.

2. En sesión ordinaria de trece de julio de dos mil veintitrés, por instrucciones de la Presidencia de la Directiva del Congreso, fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Hidalgo, presentada por Julio Ramón Menchaca Salazar, en su carácter de gobernador constitucional del Estado de Hidalgo.

3. Las referidas iniciativas fueron dictaminadas en comisiones del poder legislativo local durante el mes de agosto de dos mil veintitrés y en sesión de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, el Pleno del Congreso de Hidalgo aprobó, entre otros, los decretos 572, 573, 574, 576, 577, 578 y 579.

4. Publicación de los decretos. El veintidós de agosto de dos mil veintitrés se publicó en el periódico oficial del Estado de Hidalgo una serie de decretos mediante los que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, el Código Electoral del Estado de Hidalgo, la ley orgánica municipal del Estado de Hidalgo y se emitió la ley de revocación de mandato del Estado de Hidalgo. Las temáticas materia de dichos decretos pueden agruparse como sigue:

Ver temáticas

5. Presentación de los escritos iniciales de demanda. Inconformes con lo anterior, los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista de México, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovieron acciones de inconstitucionalidad en contra del procedimiento legislativo y diversas disposiciones del Código Electoral local.

6. Conceptos de invalidez. Los accionantes formularon los siguientes planteamientos:

a. Acción de inconstitucionalidad 192/2023 (Partido Acción Nacional)

PRIMER CONCEPTO DE INVALDEZ. El partido accionante reclama que se violentó el procedimiento legislativo respecto del decreto número 578 a la luz de dos líneas argumentativas, a saber, (1) la falta de iniciativa para reformar determinados artículos;(1) (2) el dictamen no fue presentado en los términos que la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento exigen; (3) y la indebida motivación para la dispensa de trámites legislativos.

Respecto a la primera línea argumentativa, resalta que la legitimidad de la ley emana del cumplimiento del proceso legislativo. Por tanto, el incumplimiento de las formalidades establecidas en la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Hidalgo y en su Reglamento, relativas al proceso legislativo, conllevan a la invalidez de la norma emitida, tal como aconteció.

En este sentido, afirma que las reformas contenidas en el decreto impugnado violan el procedimiento legislativo establecido en ley. Transgreden las fases determinadas por la constitución respecto al proceso legislativo, a saber, el derecho de iniciativa que tienen el titular del ejecutivo, los integrantes del poder legislativo y la legislatura de los estados; la discusión; la aprobación y expedición por el órgano legislativo; la promulgación o veto por el ejecutivo; y la publicación por parte del Ejecutivo.

Bajo esta línea conductora, considera que dicha violación del proceso se traduce en la transgresión al principio de deliberación parlamentaria. El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local limitó la posibilidad de debate y la exclusión de las minorías del Congreso respecto de los artículos que jamás fueron sometidos a reforma por parte de una iniciativa de ley. Al respecto, se apoya en la tesis de Rubro "PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL."

Por lo que respecta a la segunda línea de razonamiento, se duele de que el dictamen únicamente fue presentado a las Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, excluyendo a la Comisión para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.

Derivado del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, se desprende que el turno de las iniciativas a determinadas comisiones no se trata de un asunto potestativo, sino que la competencia se encuentra directamente vinculada a la denominación de cada una de ellas. Así, cuando se deban analizar iniciativas relacionadas con dos o más comisiones, se debe resolver de forma conjunta por las mimas. A la luz de ello, establece que el artículo 77 de la misma ley refiere que las Comisiones de Legislación, Puntos Constitucionales y para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas se tratan de comisiones permanentes, por lo que estaban en aptitud de conocer de la iniciativa. Sustenta el estudio por la Comisión de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas en que la reforma electoral impacta directamente a estos grupos minoritarios. Equipara el paso por dicha Comisión a una suerte de garantía de audiencia, pues considera que es una manera de hacerlos partícipes activos en las propuestas de reforma y no así, limitados a ser escuchados.

Como una tercera línea argumentativa, pero estrechamente relacionada con las anteriores, el partido actor señala que las dispensas de trámite en el procedimiento legislativo se llevaron a cabo sin una debida fundamentación. En su lugar, la omisión de los trámites legislativos se determinó de forma unilateral e infundada, lo que acarrea un efecto invalidante de la norma. Sirviéndose de apoyo de la tesis jurisprudencial de rubro "DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS POR URGENCIA.LA INDEBIDA MOTIVACIÓN DE LA APROBADA EN LA SESIÓN QUE ORIGINÓ AL DECRETO NO.169 DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, QUE ESTABLECE EL IMPUESTO ESSTATAL A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, PRODUCE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE PROVOCA SU INVALIDEZ, AL TRASTOCAR LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS."

SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ. El Partido político actor se duele de la desaparición de los Consejos Municipales Electorales en las elecciones locales de Hidalgo contenida en el Decreto 578. Considera que con ello se vulneran los principios de autonomía, certeza, imparcialidad, legalidad y objetividad.

La reforma decreta la desaparición de los Consejos Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral, facultando a los Consejos Distritales para que se encarguen del desarrollo de la elección de los Ayuntamientos. A decir del Partido político actor, dicha determinación deja de asegurar la autonomía e independencia del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, ya que afecta su funcionamiento y trastoca los principios fundamentales de la función electoral.

Manifiesta que los Consejos municipales se encontraban encargados de realizar, entre otras funciones, el cómputo de la elección de ediles de un ayuntamiento, la declaración de validez y entrega de constancias de mayoría, por mencionar algunas. Así, el traspaso de dichas facultades al Consejo Distrital hará que éstos se encuentren rebasados formal y materialmente para hacerse de las labores correspondientes. Manifiesta que en Hidalgo existen 18 distritos locales donde se erigirán en el mismo proceso electoral a 18 diputaciones de mayoría relativa, pero también cuenta con 84 municipios donde se elegirán a 84 ayuntamientos. Aunado a ello, toma en cuenta el contexto político de la entidad y la violencia que ha permeado a la entidad para resaltar que, si se concentra la preparación y desarrollo del proceso electoral en una única sede, se pondrían en riesgo los resultados de todo un distrito electoral y los municipios que pertenecen al mismo.

Por otro lado, considera que se violentan los principios de certeza e inmediatez pues no hay seguridad respecto a cuál será la cadena de custodia de la paquetería electoral, cómo se resguardará el material electoral, la fecha cierta en que deben terminar los cómputos municipales y distritales. Con ello se otorga una facultad subjetiva al Consejo General del Instituto Estatal Electoral para que pueda determinar el procedimiento para realizar los cómputos municipales.

Asimismo, manifiesta que también se dificulta el trámite de las impugnaciones previsto en el Código Electoral porque se tiene que trasladar a un consejo donde se centralizan las casillas de más de dos distritos uninominales, causando cuello de botella en el desahogo.

Además, se duelen que las medidas adoptadas restan importancia al municipio libre como base de organización política. Se relega hacia un lugar distante de la cabecera de cada municipio la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral municipal. Ello se traduce en vulnerar el derecho de los ciudadanos para conocer y ser partícipes de las diversas etapas del proceso electoral.

Por último, manifiesta que al suprimirse los consejos municipales, materialmente se le está imponiendo al organizador de las elecciones en el estado la forma en que debe realizar su función, sin dotarlos de las herramientas necesarias para cumplir con dicho fin. Resalta que inclusive, la realización de las elecciones puede resultar más caro por la sobrecarga impuesta a los Consejos Distritales.

Todo ello se hace en contravención a los artículos 14 y 16 constitucional pues no se sustentan detalladamente razones para decretar la desaparición de los consejos municipales electorales. Resalta que ni siquiera hay una opinión técnica jurídica y de impacto económico social del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo. En este sentido, señala que el deber de cumplimiento de dichos principios se fortalece si se toma en consideración que se trata de un acto de molestia.

TERCER CONCEPTO DE INVALIDEZ. Solicita la invalidez del decreto número 576, relativo a la reforma indígena al no cumplirse con los estándares fijados constitucional y convencionalmente para llevar a cabo una consulta indígena previa.

La reforma electoral impacta de manera directa a las comunidades indígenas del Estado, afirma. Por tanto, resultaba imperativo que se realizara una consulta indígena con los requisitos previstos constitucionalmente. Sin embargo, expone que la consulta realizada se llevó a cabo de manera deficiente y la califica de una consulta de escritorio.

En primer lugar, expone que la consulta no se llevó a cabo con los sujetos que debieron ser consultados, esto es, con los pueblos y comunidades indígenas asentadas en territorio del Estado en territorio del Estado de Hidalgo a través de sus autoridades y órganos representativos, tales como:

• Autoridades municipales

• Autoridades comunitarias

• Autoridades tradicionales

• Representantes de sociedades de producción: como artesanos, artistas, campesinos, pescadores, productores.

• Representantes de organizaciones sociales: asociaciones y ciudadanos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.

Tampoco se establecieron mecanismos para la participación e inclusión de minorías y grupos en situación de vulnerabilidad y exclusión, como población indígena migrante, desplazada o con discapacidad, previo acuerdo con las autoridades representativas de la población consultada. Al respecto, manifiesta que no se integró una comisión representativa de mujeres para que participen en el proceso de consulta, ni se llevaron a cabo acciones para su participación como invitaciones a asociaciones y grupos de mujeres.

Además, se duele de que no se consultaron a las comunidades los temas sujetos a la consulta, por lo que se trató de una consulta de mera simulación. En tercer lugar, señala que la iniciativa que derivó de los resultados de la consulta carece de transparencia pues no hay antecedentes de cómo se publicaron los resultados. Estos debieron constar en el periódico oficial del Estado.

Así, determina que el protocolo de la consulta indígena no fue aprobado por las comunidades que se consultaron y los artículos reformados no fueron sometidos a cada una de las fases de la consulta y mucho menos estas derivaron de propuestas de las comunidades indígenas.

Bajo este tenor, señala que incluso ya existía una determinación previa emitida por esta Suprema Corte, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 118/2019; y la Acción 116/2019 y su acumulada 117/2019, en la ordenaba a la Legislatura del Estado de Hidalgo a "actuar para subsanar el vicio de inconstitucionalidad detectado, observando como mínimo los lineamientos del protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con los estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, elaborado por la otrora Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas" a la luz de la reforma al código electoral.

CUARTO CONCEPTO DE INVALIDEZ. El partido actor solicita la invalidez de la fracción II, incisos b, e, f y g –de esté último, en la porción normativa adicionada– del párrafo quinto y párrafos noveno y duodécimo del artículo 38 Bis, publicado en el Decreto 572.

De la fracción II, reclama que no se establece un límite para las candidaturas comunes de diputados y ayuntamientos lo que genera inequidad en la contienda electoral. Considera que debió establecerse en la misma proporción que la coalición parcial o flexible.

Ahora, por lo que hace a los incisos b y g, basa la invalidez en el hecho de que en un solo recuadro estén todos los partidos coaligados. No permite distinguir cuál es la voluntad del elector y en ese sentido, considera que se transfieren votos a determinado partido político. Ello genera inequidad en la contienda electoral, además de resultar violatorio de los principios del voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Asimismo, considera que se debe declarar la invalidez del párrafo que establece que los votos se computarán a favor del candidato común y que la distribución del porcentaje de votación se hará conforme al convenio de candidatura común registrado ante la autoridad electoral. Reflexiona que ello resulta contrario al principio de equidad electoral, dado que se trata de transferencia de votos sin que deje clara la intención del elector.

Enfatiza en que la transferencia de votos permite que un partido que no tuvo la suficiente fuerza electoral en las urnas, al asociarse mediante la figura de candidatura común, pueda conservar su registro legal y acceder a la representación ciudadana, lo que vulnera el principio de elecciones auténticas consagrado en el artículo 41 constitucional.

b. Acción de inconstitucionalidad 193/2023 (Movimiento Ciudadano)

PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ. El partido político estima que las reformas realizadas al código electoral del Estado de Hidalgo no cumplieron con el procedimiento que ordena la Constitución de Hidalgo, la ley orgánica del poder legislativo y su reglamento respectivo.

Señala que la SCJN ha establecido en las acciones de inconstitucionalidad 52/2006, 107/2008, 126/2008, 9/2005, 129/2005 y 42/2009 los parámetros mínimos o formalidades esenciales del procedimiento legislativo, que son: a) se debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad; b) debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas y c) la deliberación parlamentaria y las votaciones deben ser públicas.

Expone que los decretos impugnados son inconstitucionales porque en solo seis días, de la dictaminación a la discusión plenaria, se reformaron aproximadamente 200 artículos del código electoral del Estado de Hidalgo. Por ello, estiman que no existió una deliberación efectiva, además de que hubo también una serie de violaciones sistemáticas a la normativa aplicable.

En primer lugar, destaca que no se emitió convocatoria para la sesión extraordinaria de 18 de agosto del 2023 en la cual se aprobaron los decretos y artículos impugnados, lo que violó el artículo 110 de la ley orgánica del poder legislativo del Estado de Hidalgo.(2)

De igual forma, aduce que los decretos impugnados no se analizaron de forma adecuada y correcta con la sociedad y los diputados de las comisiones, lo que viola el espíritu del artículo 141 de la ley orgánica,(3) que incluso, da un plazo de treinta días hábiles para presentar un dictamen.

Señala que no hubo una discusión plural, ni sustantiva, ni equitativa, pues no se distribuyeron los dictámenes con 24 horas de anticipación a los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales. Derivado del poco tiempo que se tuvo para reformar y adicionar los artículos del código electoral del Estado, no se realizaron de forma adecuada las consultas a las dependencias del gobierno involucradas en las reformas decretadas.

En conclusión, el partido político movimiento ciudadano señala que con la premuera de los actos legislativos se vulneraron los derechos de las minorías y no se cumplieron los elementos formales y materiales necesarios para el cumplimiento del debido proceso legislativo y, por lo tanto, los decretos 576 y 578 impugnados son inconstitucionales.

SEGUNDO CONCEPTO DE INVALIDEZ. El partido accionante señala que debe existir una debida fundamentación y motivación en las normas que crea el poder legislativo, consistentes en el respeto a los requerimientos adicionales que hace la ley sobre el procedimiento legislativo, que en el caso implica la consulta a pueblos originarios y a personas con discapacidad.

Lo anterior, ya que considera que los artículos reformados componen un ordenamiento que establece una nueva estructura orgánica administrativa de las representaciones ante los municipios y distritos electorales, por lo que es innegable que se trata de una legislación que les atañe directamente. Recuerda que el Estado de Hidalgo tiene una composición pluricultural de población indígena: casi 50 % de población indígena y 50 % población de 3 años y más con autoadscripción indígena. Además, se tienen reconocidas más de mil poblaciones indígenas y con 34 municipios de un gran total de 81, reconocidos como comunidades indígenas.

Toda vez que con las reformas las personas integrantes de las comunidades indígenas tendrán mayor participación en las diferentes etapas del proceso electoral, es necesario llevar a cabo una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.

Específicamente, el partido considera que se debió de haber consultado sobre la eliminación de los Consejos Municipales, a efecto de que expresaran plenamente si la medida era adecuada para su convivencia.

Ahora, por lo que hace a la consulta a personas con discapacidad, el partido político accionante impugna de manera destacada el artículo 66, fracción XIII, del código electoral por falta de consulta a este grupo. Lo anterior lo fundamenta en los artículos 4, 5, 29, 30 y 33 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Señala que estos procesos de consulta se han realizado durante 2021, 2022 y 2023 por los OPLEs de Jalisco y San Luis Potosí para las acciones afirmativas dirigidas a personas con discapacidad. De igual manera, destaca que en los JDC 92, 102 y 103/2022, la Sala Superior del TEPJF mandató al Congreso de la Unión legislar en materia de inclusión político-electoral para personas con discapacidad durante el proceso electoral.

TERCER CONCEPTO DE INVALIDEZ. El partido accionante impugna de manera destacada la fracción XLV Bis del artículo 66 del código electoral local, adicionado mediante Decreto 576, que establece la obligación del Consejo General de vigilar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de los indígenas y afromexicanos "a petición de parte".

Estima que limitar esta facultad "a petición de parte" resulta violatorio del artículo 1o. constitucional, toda vez que todas las autoridades deben garantizar los derechos humanos, sin que quede explícito que sea de oficio o que medie petición. La forma en que está redactada la norma cierra la posibilidad de que el consejo general actúe de oficio para garantizar derechos políticos.

CUARTO CONCEPTO DE INVALIDEZ. El accionante señala que uno de los aspectos más importantes de las reformas al código electoral del Estado de Hidalgo fue la desaparición de los 84 Consejos Municipales para centralizar sus funciones en 18 consejos distritales electorales. Además, señala que se designan nuevas figuras representativas y los cómputos y declaraciones de validez de las elecciones de los ayuntamientos que hubieren obtenido el triunfo ahora serán realizados por los Consejos Distritales Electorales.

Considera que esta reforma resulta violatoria de los principios de seguridad jurídica en su vertiente de confianza legítima, del buen gasto público y del voto activo y pasivo. El partido impugna de manera destacada los siguientes preceptos: artículo 50, inciso b), artículo 200, fracción I, inciso b), fracción II, inciso a), inciso b), fracción III, inciso a), fracción IV, inciso a) y b), artículo 201, artículo 202, artículo 203, 214, 223, fracción III, artículo 244, fracción IV, artículo 249, fracción I, inciso c), fracción II, inciso b), artículo 256, 257, 261, fracción II, artículo 263, fracción II, 296, 320, 384, fracción VI, 392, fracción I, II y III, 421, 423 y 425.

Expone que el principio de seguridad jurídica en su vertiente de confianza legítima establece que existe una expectativa de un actuar estable y persistente por parte de la autoridad al acortar de forma dramática las elecciones y afectar la composición de los Consejos Municipales en la reforma constitucional, se hacen cambios dramáticos que la contravienen.

Estima que la violación a este principio se da al reducir el tiempo con el que cuenta el Instituto Estatal Electoral para preparar las elecciones, pues crea una incertidumbre sobre si se podrán llegar a cabo los procesos y afecta la situación jurídica de quienes busquen ser candidatos y además de la de los votantes en el Estado de Hidalgo.

Adicionalmente, observa que los cambios introducidos provocan un cambio intempestivo en el derecho y la práctica electoral: se da una acumulación de atribuciones en los consejos distritales, lo que trae consigo grandes dificultades técnicas y operativas, pues no se garantiza que el mismo número de funcionarios que desarrollan las actividades en un órgano distrital puedan cubrir la de los consejos municipales que se encuentran en la demarcación.

Nota que los consejos distritales realizaban máximo 3 cómputos y los municipales 2, en un promedio de 3 a 5 días en forma ininterrumpida. Bajo este esquema, calcula de que los consejos distritales realizarán en promedio 11 cómputos. También señala que existe un aumento significativo del volumen de trabajo en la jornada electoral y en la sesión de cómputos.

El partido político también aduce una violación a los derechos de votar y ser votado. Señala que es probable que los actos de violencia que ocurren en los comités municipales se trasladen a las sedes distritales. Expone que anteriormente fueron al menos seis las elecciones afectadas y que ese número podría elevarse al centralizarse en los consejos distritales.

Asimismo, señala que existe un peligro de fraude, pues las cadenas de custodia se ponen en riesgo, pues ahora se generarían mecanismos de recolección y trabajos de traslado forzados, en horarios y condiciones adversas y los mecanismos que prevén las reformas, como lo son las bolsas a prueba de ruptura resultan insuficientes.

Señala que, al mediar una mayor distancia entre los consejos distritales y casillas, se disminuye la capacidad de respuesta para solucionar problemas que surjan durante la jornada, así como la revisión de las medidas de seguridad en la boleta y documentación electorales. Asimismo, los riesgos que se corren con el traslado elevan las potenciales nulidades en casilla.

Por otro lado, considera que se violenta el derecho a ser votado porque se dificulta que los candidatos puedan dar seguimiento a la votación de las casillas, pues ahora se tendría que vigilar el traslado de miles de paquetes electorales, lo que solo puede hacerse de forma efectiva por los partidos políticos con mayor presupuesto.

Finalmente, también aduce una violación al principio del buen gasto público, establecido en el artículo 134 de la CPEUM. Señala que la supresión de la figura de los consejos municipales busca un aparente ahorro económico, pues el iniciador (el gobernador) pronostica un ahorro de más de 40 millones de pesos que presuntamente se dedicarían a programas sociales. Sin embargo, nota que el trabajo de esos consejos no se suprime con ellos, sino que se traslada a los consejos distritales, quienes para poder realizarlos deberán incrementar significativamente sus gastos de personal y operativo.

Así, concluye que la reforma impugnada no es eficaz, toda vez que el cambio realizado obstruye las metas propias de la función electoral; que tampoco es eficiente, pues el cambio que realiza no resulta en un ahorro, ni es económica, pues el ahorro realizado para programas sociales resulta en un menoscabo de derechos políticos.

En virtud de los argumentos expuestos, el accionante pide que se declare la inconstitucionalidad de los preceptos que impugna.

c. Acción de inconstitucionalidad 194/2023 (Partido Revolucionario Institucional)

El poder actor se duele de la inconstitucionalidad del decreto número 578 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del código electoral del Estado de Hidalgo a partir de las siguientes líneas argumentativas, planteadas en sus conceptos de invalidez.

PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ. El partido se duele de la falta de que se llevara a cabo una consulta indígena para llevar a cabo la reforma electoral que elimina los Consejos municipales. Establece que dicha reforma afecta de manera directa la organización y los derechos políticos de los pueblos originarios pues algunos de los municipios en los que desaparecerán los Consejos Municipales son compuestos por población originaria casi en su totalidad.

Al respecto, manifiesta que los Consejos Municipales Electorales son órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo que tienen entre sus funciones intervenir en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en los municipios. A la luz de ello, presenta datos duros que dan cuenta de esta conformación municipal. Rescata el acuerdo del Consejo General del INE, identificado como INE/CG869/2022 por el cual se aprueba la demarcación territorial de los Distritos electorales uninominales locales del Estado de Hidalgo, en el cual se establece un total de 6 distritos considerados indígenas, en donde se aglutinan 43 municipios. Además, señala que en más del 50 % de los municipios del Estado de Hidalgo tienen población indígena que participa en las elecciones del proceso electoral 2023-2024 para la renovación de ayuntamientos.

Así, demuestra que la desaparición o extinción de los Consejos Municipales electorales es una medida legislativa que incide directamente en la estructura y organización de las elecciones en localidades que son caso en su totalidad indígenas.

Sirviéndole de criterios para fortalecer su argumento lo resuelto en la controversia constitucional 32/2021 y recientemente en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y acumuladas y en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro "CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE REALIZARSE POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES DE CUALQUIER ORDEN DE GOBIERNO, CUANDO EMITAN ACTOS SUSCPEPTIBLES DE AFECTAR

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32457-1ed08759/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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