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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER GENERAL [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO F), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO (LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE (LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VIII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. EL HECHO DE QUE CINCO DE LAS SEIS INICIATIVAS PRESENTADAS, PREVIO A SU ACUMULACIÓN, EXCEDIERAN EL PLAZO DE SIETE DÍAS PARA SU TURNO A COMISIONES NO TIENE POTENCIAL INVALIDANTE, YA QUE NO INFLUYÓ NEGATIVAMENTE EN SU APROBACIÓN (LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). IX. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. EL HECHO DE QUE NO SE HAYAN RESPETADO LOS PLAZOS QUE PREVÉN LAS REGLAS DEL LAPSO CON QUE, PREVIAMENTE, DEBE CIRCULARSE EL DICTAMEN Y CONVOCARSE PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN CON POTENCIAL INVALIDANTE (LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). X. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. EL HECHO DE QUE EL DICTAMEN RESPECTIVO SE HAYA PRESENTADO EN LA OFICIALÍA DE PARTES DEL CONGRESO LOCAL FUERA DEL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO EN SU NORMATIVA Y CONSIDERADO PARA SU TRÁMITE EN LA GACETA PARLAMENTARIA PARA INCLUIRLO EN EL ORDEN DEL DÍA SIGUIENTE, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN CON POTENCIAL INVALIDANTE (INVALIDEZ DE LA LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. EL HECHO DE QUE EL DECRETO IMPUGNADO SE HAYA APROBADO EN APROXIMADAMENTE UNA HORA, AUN CUANDO SE TRATARA DE UNA REFORMA DE GRAN CALADO PARA LOS PRÓXIMOS COMICIOS EN LA ENTIDAD FEDERATIVA, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN CON POTENCIAL INVALIDANTE (INVALIDEZ DE LA LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO. EL HECHO DE QUE EL TEXTO DEL DICTAMEN APROBADO POR EL PLENO DEL PODER LEGISLATIVO LOCAL HAYA VARIADO INJUSTIFICADAMENTE AL PUBLICARSE EL DECRETO IMPUGNADO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN CON POTENCIAL INVALIDANTE (LEY QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. POSTERGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ RESPECTIVA A

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 172/2023 Y SUS ACUMULADAS 173/2023, 174/2023 Y 175/2023. · Registro digital (IUS): 32456
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-05-24
Promovente: PARTIDO POLÍTICO MORENA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO POLÍTICO MORENA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Mayo de 2024, Tomo I, Pág.246.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 172/2023 Y SUS ACUMULADAS 173/2023, 174/2023 Y 175/2023. PARTIDO POLÍTICO MORENA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO POLÍTICO MORENA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 7 DE DICIEMBRE DE 2023. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN TINAJERO SÁNCHEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de diciembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 172/2023 y sus acumuladas 173/2023, 174/2023 y 175/2023, promovidas por el Partido Político Morena en el Estado de Querétaro, Partido del Trabajo, Partido Político Morena y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, en contra del Decreto de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", TOMO CLVI, No. 54, el quince de julio de dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de los escritos iniciales de demandas. Las acciones de inconstitucionalidad se depositaron en el buzón judicial y, posteriormente, fueron recibidas por la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal en las fechas siguientes:

Ver fechas 1

2. Autoridades que emitieron y promulgaron la norma general impugnada:

• Autoridad emisora: Poder Legislativo del Estado de Querétaro.

• Autoridad promulgadora: Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

3. Norma general impugnada y medio oficial en que fue publicada. Los partidos políticos accionantes impugnan la totalidad y diversas disposiciones del Decreto de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", TOMO CLVI, No. 54, el quince de julio de dos mil veintitrés, así como particularmente preceptos en él contenidos; todo lo cual quedará precisado más adelante.

4. Preceptos que se estiman violados. Los partidos políticos accionantes señalaron que se violaron los preceptos siguientes:

• Artículos 1, 2 ,14, 16, 17, 35, 39, 40, 41, 73, fracción XXIX–U, 115, 116, 124 y 133 116, fracción IV, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 15 y 30 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

• Artículos 1 y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

• Artículos 1, 2, 9, 23, 24, 27 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Artículos 2, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

• Artículo 21.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

• Artículos I, II y V de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

5. Conceptos de invalidez. Al formular las respectivas demandas, los promoventes hicieron valer los siguientes conceptos de invalidez:

Acción de inconstitucionalidad 172/2023 (Partido Político Morena en el Estado de Querétaro)

a) Primer concepto de invalidez

En primer lugar, el Partido accionante advirtió que la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales únicamente dictaminó la iniciativa presentada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Ello conlleva una violación a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, pues no dio trámite legislativo a las demás iniciativas presentadas (302, 303, 328, 329 y 356).

Además de esto, señaló que, debido a la celeridad del trámite, se configuraron actos que violaron gravemente el procedimiento legislativo, pues se omitieron trámites aun cuando dicho asunto no podía considerarse como urgente.

En segundo lugar, consideró que para la sesión del 15 de julio de 2023 también se cometieron violaciones al proceso que tienen carácter invalidante. Por una parte, la convocatoria para dicha sesión es nula, por no haberse emitido con un día de anticipación. Sin embargo, al no convocarse ni publicarse la orden del día con el tiempo suficiente, las y los diputados no tuvieron conocimiento oportuno de lo que habría de discutirse en dicha sesión y, mucho menos, de la iniciativa presentada.

b) Segundo concepto de invalidez

La accionante señala que, si bien, el día 12 de julio se publicó en el Periódico Oficial del Estado, una convocatoria para participar en la consulta para la implementación de acciones afirmativas en la Ley Electoral, para que dicha convocatoria tuviera efectos legales, debió acordarse en sesión de la Comisión de Gobernación, cuestión que no sucedió.

Por otra parte, destacó que, de acuerdo con estándares nacionales e internacionales, la consulta a personas, pueblos y comunidades indígenas debe cumplir, como mínimo, las siguientes fases: i) preconsultiva, ii) informativa, iii) de deliberación interna, iv) de diálogo y de v) decisión. Aunado a esto, la consulta respecto de personas con discapacidad deberá ser: previa, pública, abierta, regular, estrecha y con participación preferentemente directa, accesible, informada, significativa, con participación efectiva y transparente.

No obstante, en el caso concreto no se realizó una consulta que cumpliera con dichos estándares, aun cuando existía obligación de hacerla. Por esta razón, la norma impugnada debe ser declarada inválida.

c) Tercer concepto de invalidez

La demanda de la accionante argumenta que es inconcuso que el Congreso local no cuenta con atribuciones constitucionales, ni legales para legislar en materias distintas a las que señala la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En ese sentido, los siguientes artículos se legislaron sin contar con la competencia para hacerlo: artículos 62 fracción XV; artículo 79 fracciones I y II; artículo 99 fracción I; artículo 109 fracción IV; artículo 111 fracción IV; artículo 117; artículo 162; artículo 166 Bis; artículo 230; artículo 14 fracción VIII.

Acción de inconstitucionalidad 173/2023 (Partido del Trabajo)

a) Primer concepto de invalidez. Violación al procedimiento legislativo por modificación ilícita del texto del dictamen definitivo y aprobado para su discusión por el Pleno de la legislatura, y sustitución por otro texto ajeno a la discusión y votación

El Partido del Trabajo señala que existió una violación al procedimiento legislativo por una modificación ilícita del texto del dictamen definitivo y aprobado para su discusión por el Pleno de la legislatura, pues este se sustituyó por otro texto ajeno al de la discusión y votación.

Por ello, sostiene que existe una transgresión directa a los principios de legalidad, en su dimensión de correcta fundamentación y motivación, seguridad jurídica en su modalidad de debido procedimiento y acato de la norma; así como tampoco se respetaron los principios de legalidad y seguridad jurídica, deliberación efectiva y democrática y soberanía de la función legislativa. Esto, pues en el procedimiento de discusión y deliberación democrática de la legislación existieron dos normas distintas i) la que se pensó que se discutía conforme a un dictamen previo y ii) aquella que realmente se aprobó y publicó.

En ese sentido, el hecho de que no se tuviera certeza del conocimiento real del documento o dictamen que sería votado y discutido se convirtió en un factor de falta de conocimiento de lo que finalmente se resuelve, por lo que se impidió un debate robusto, público y objetivo que, a su vez, imposibilitó la deliberación democrática real, cualitativa y de fondo.

Además, desarrolló algunas de las particularidades del proceso legislativo en el Congreso del Estado:

1. Soberanía de la función legislativa en el Estado de Querétaro y el procedimiento general de aprobación de leyes.

La legislatura del Estado de Querétaro es el órgano deliberativo que puede aprobar las leyes y, para hacerlo, a través de sus comisiones legislativas realizará un dictamen y lo aprobarán, para después ser dado a conocer al Pleno, a fin de que previa discusión se rechace, modifique o apruebe. Así, en caso de ser aprobado se turna al titular del ejecutivo que, de no ejercer el derecho de veto, deberá publicar la norma para que pueda entrar en vigor. En ese sentido, el Ejecutivo no tiene la facultad de modificar arbitrariamente el texto aprobado por el órgano legislativo.

2. De las particularidades del procedimiento de aprobación de leyes.

El artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro prevé que al presentarse una iniciativa debe turnarse por la presidencia de la legislatura a la comisión que corresponda para su dictamen.

Una vez emitido dicho dictamen, no pueden existir modificaciones intermedias entre la Comisión y el Pleno, es decir, nadie puede cambiar, adicionar o eliminar contenidos.

Si bien, un dictamen publicado en la Gaceta Legislativa puede sufrir modificaciones, en dicho caso, la comisión debe notificarlo para que se le haga saber a las diputaciones y al Pleno, de lo contrario serían modificaciones ocultas. Igualmente, tampoco se ignora que una vez que el Pleno haya aprobado el dictamen, este podrá contener variaciones para corregir el uso del lenguaje, gramática, semántica, claridad y congruencia legislativa respecto del marco normativo vigente, sin embargo, no podrá modificarse nunca el contenido sustantivo.

3. De la violación procedimental máxima ocurrida el 15 de julio de 2023.

La Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales aprobó sin discusión real ni convocatoria ciudadana abierta, el dictamen de iniciativa de la Ley que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Querétaro. Posteriormente, por la mañana del 14 de julio de 2023 la hicieron llegar a la presidencia de la Legislatura, se digitalizó y se turnó con la convocatoria para la sesión del Pleno del día siguiente.

El dictamen original presentado por la Comisión a la Presidencia de la Mesa Directiva es idéntico al publicado en la Gaceta Legislativa, es decir, hasta ese momento no existía discrepancia en relación con lo que se discutiría y votaría el 15 de julio de 2023. Ello se puede comprobar pues incluso el día de la sesión las diputaciones que participaron en la tribuna refirieron a lo publicado en la Gaceta.

Así, la discusión se centró en lo aprobado y publicado el 14 de julio y no en los puntos que aparecieron posteriormente publicados el 15 de julio de 2023. Ello implicó que, al someterse a votación en la misma sesión, ni una sola de las diputaciones sabía que el proyecto se había cambiado en puntos medulares, o bien, desconocían que esto ocurría. Lo anterior implica que existieron dos dictámenes: uno que fue conocido por las diputaciones y otro que fue publicado pero nunca se notificó al Pleno. En ese sentido, se discutió un proyecto distinto al publicado, por lo que en realidad no existió un ejercicio democrático participativo.

De esta forma, el Partido accionante señala que dichos cambios impactan en varios artículos de la Ley Electoral, por ejemplo, establece una definición que nunca se discutió ni propuso en iniciativa ("situación de vulnerabilidad" se cambió por "situación de atención prioritaria") e incide en la designación de candidaturas y en derechos humanos.

Además, sostiene que se violó el principio de soberanía de la legislatura, pues alguien asumió las funciones que le corresponden, al modificar el dictamen; también se vulneró el principio de deliberación efectiva, pues no se pudo realmente conocer ni discutir el proyecto; el principio de publicidad, ya que ni el Pleno ni el público ciudadano pudo conocer cómo es que un tema no discutido arribó a una norma vigente; por último, se violó el principio de representatividad, pues al ser las diputaciones la representación de la voluntad popular, si no se toman o discuten las decisiones, de facto, los partidos y ciudadanía se quedan sin representación.

En conclusión, a su consideración se vulneraron los artículos 1, 14, 16, 39, 40 y 116 de la Constitución Federal.

b) Segundo concepto de invalidez. De la ausencia de consulta de indígenas y de personas con discapacidad

La Legislatura omitió realizar un proceso de consulta efectiva, objetiva, pública, transparente y suficiente a propósito de la ley aprobada, a pesar de que una porción normativa tiene relación con el ejercicio de los derechos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad (aquellos aducidos como "grupos de atención prioritaria") específicamente, con personas con discapacidad y, de modo indirecto, también tiene relación con el ejercicio de derechos de pueblos indígenas.

En el caso concreto, los artículos 5 fracción II, numeral 7, inciso q) en relación con el artículo 162 de la Ley electoral se dirigieron de manera específica a grupos en situación de vulnerabilidad en donde se vuelve necesaria su participación, pues al tener mayor dificultad para poder participar directamente en la toma de decisiones públicas y de participar en la vida democrática.

Las autoridades demandadas no respetaron el principio de parlamento abierto y redujeron sus convocatorias de consulta a una mera simulación, para luego poder explicar particularmente cómo es que este vicio se traduce en una falta de consulta de personas con discapacidad y de personas indígenas que debieron ser consultados.

I. El principio de parlamento abierto y los requisitos de las consultas a los sectores vulnerables

La accionante señala que, la Corte en la acción de inconstitucionalidad 41/2018 que la consulta debe contener ciertos parámetros: a) previa, pública, abierta y regular; b) garantizar la participación de las personas con discapacidad; c) accesible; d) informada; e) significativa; f) perseguir participación efectiva; g) transparente. De esta forma, no puede considerarse que una consulta está bien practicada o colmada solo porque exista una convocatoria o una publicación.

II. ¿Por qué se debían convocar a personas con discapacidad e indígenas?

La accionante señala que, de acuerdo con las acciones de inconstitucionalidad 80/2017 y acumulada 81/2017 y 158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 161/2020, 224/2020 y 227/2020 se debe consultar a personas indígenas y con discapacidad cuando puedan resultar afectados o interesados debido al contenido legislativo en cuestión. En el caso concreto, la norma impugnada tiene relación con las personas indígenas y personas con discapacidad, por los siguientes motivos:

1. La identidad de la ley con personas con discapacidad. Aunque varias porciones de la norma se relacionan con temas de organización del Instituto y con disposiciones de proceso electoral, existe una parte que incide en los derechos de las personas con discapacidad, pues particularmente el artículo 162 refiere a la posibilidad de que personas en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, integren al menos una fórmula de las planillas.

2. La identidad de la ley con pueblos indígenas y comunidades afromexicanas. La norma genera un impacto significativo entorno a los intereses de las personas y comunidades debido a que i) personas de "grupos de atención prioritaria" podrán integrar fórmulas de ayuntamiento y diputaciones en todos los municipios y en al menos un distrito, si bien, en la definición del mencionado concepto se mencionan diversos grupos en situación de vulnerabilidad, no se mencionan pueblos y comunidades indígenas, entonces estaríamos frente a una legislación electoral que invisibiliza la condición de este grupo. Además, realizar esta distinción sin razonar o explicar, también implica una falta de motivación y justificación de la norma; ii) la redacción de la norma publicada difiere de la inicial y su contenido introduce elementos que permiten a otros grupos de atención prioritaria tener mejor representación que a las y los indígenas. Es decir, la legislación otorga beneficios a otros grupos, pues a las personas indígenas no se les considera grupo de atención prioritaria y, además, la única concesión que tienen es que en un solo municipio se les pueda considerar en una fórmula, a diferencia de los otros grupos que pueden ser considerados en uno de los 18 ayuntamientos y en, al menos, una fórmula a diputación plurinominal.

III. La simulación de la consulta de la Ley Electoral que implicó un vicio procedimental por parte de la Comisión

Pese a que previo a la aprobación el dictamen definitivo de la Ley Electoral por parte de la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, existió una supuesta consulta, esta no colmó los requisitos mínimos para considerarse suficiente. Dicho ejercicio constituyó una simulación que trastoca el principio constitucional local de parlamento abierto que debió seguir el cuerpo legislativo y terminó por evadir materialmente una participación real de la ciudadanía y de los grupos mencionados.

El 12 de abril de 2023 emitieron una convocatoria que solo permitía participar el 13 de julio y parte del 14 de julio de 2023 en horarios restringidos. Materialmente, no existió una oportunidad de consulta. En este sentido, dicha consulta no cumple con los requerimientos de ser previa, pública, abierta, no hubo participación directa de los grupos específicos, no fue accesible, no fue informada, no fue significativa y no persiguió una participación efectiva ni fue transparente.

c) Tercer concepto de invalidez. Incongruencia y falta de completitud de la norma (inseguridad jurídica) del artículo único

La actora sostiene que, debido a que el Pleno no pudo discutir de manera informada el dictamen que se aprobó, el artículo único presenta diversas incongruencias que genera una violación al principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 14 constitucional. Así las incongruencias mencionadas son las siguientes:

1. Dispone la adición de las fracciones VII y VIII al artículo 170, no obstante, esto resulta contrario al dictamen original aprobado que ordenó la reforma de las fracciones VI y VII de dicho artículo.

2. Dispone la reforma y adición al artículo 211 de las fracciones VII y VIII, pero resulta incongruente con el dictamen de iniciativa aprobado por el Pleno, que ordenó solamente la reforma del segundo párrafo del citado artículo.

3. Dispone la reforma y adición del inciso q) del artículo 5 de la fracción I de la Ley Electoral por ser incongruente con el dictamen de iniciativa aprobado que ordenó solamente la reforma al inicio p) del citado artículo, es decir, de manera incongruente se incluyó un inciso que no se consideraba en el dictamen original.

4. No considera la adición al sexto párrafo del artículo 78 de la Ley Electoral, empero el dictamen original aprobado sí aludía a esa reforma.

5. Dispone la adición de una fracción IX al artículo 170 así como al tercer párrafo del artículo 175, cuando ni una de estas se contempló en el dictamen aprobado por el Pleno.

d) Cuarto concepto de invalidez. La indebida adición del inciso q) a la fracción II del artículo 5 en relación con la modificación al artículo 162 de la Ley Electoral

En el escrito de demanda se señala que, además de ser una violación relativa a los vicios al procedimiento, también configura una violación de fondo. Esto es así pues, según la accionante, la adición al artículo 5 sirve para limitar el contenido del artículo 162 y, con ello, limitar la inclusión de personas y comunidades indígenas.

El problema concreto de dicha adición recae en que el precepto determina arbitrariamente quienes serán considerados grupos de atención prioritaria y tampoco permite una ponderación para hacer prelación de personas al momento de su inclusión en las fórmulas, lo cual deriva en que no exista una regla clara de inclusión ya que no queda claro quiénes son grupos más desaventajados respecto de otros. Lo anterior podría derivar en que, al no haber prelación de grupos, cualquier partido cubra dicha cuota de inclusión promoviendo, por ejemplo, personas de 18 a 24 años de edad. De esta forma, al resultar en un concepto tan vago y amplio, podría generar en que en realidad no estén representadas las personas que formen parte de grupos en situación de vulnerabilidad, tal es el caso de las personas pertenecientes a la diversidad sexual en Querétaro.

Concretamente, la norma impugnada es un mecanismo que instrumenta un discurso de inclusión que no se hace obligatorio incluir. Al contrario, las personas indígenas fueron segregadas y, en esa línea, el artículo 162 limita la integración de sus candidaturas frente a grupos no ponderados, lo que resulta una la disminución de la participación indígena.

e) Quinto concepto de invalidez. Violación al principio de tipicidad

De acuerdo con la accionante, dicha vulneración se debe a que la redacción final del artículo 14 fracción VIII de la Ley Electoral se exceden su consideración sobre la existencia de delitos, pues incluye una causal de inelegibilidad con la comisión de un delito que no existe en las normas penales. Por ello, trastoca los artículos 1, 14, 16, 20 de la Constitución Federal.

Lo anterior se debe a que el artículo 14 de la Ley impugnada prevé como uno de los requisitos para poder ser postulado a una candidatura el "no haber sido condenado por sentencia firme por el delito de violencia política, violencia política contra las mujeres en razón de género".

De acuerdo con la demandante, a partir de la lectura de la fracción se puede entender que se establece como causal de inelegibilidad el hecho de que una persona hubiere sido: i) sentenciada de forma definitiva y ii) por la comisión de un delito. Además, la Ley General en Materia de Delitos Electorales no prevé ningún tipo penal sobre "delito de violencia política".

Así, argumenta que considerar como causa de inelegibilidad la comisión de un delito que no existe genera una discrepancia normativa y una interpretación adversa que afecta el derecho político de las personas. En ese sentido, la autoridad legislativa trastoca el principio de certeza, seguridad y previsión jurídica, pues propicia interpretaciones ilegítimas y sin fundamento objetivo, lo cual propicia e incentiva litigios innecesarios e injustificados. Además, se constituye como un obstáculo o restricción injustificada y subjetiva al derecho de la ciudadanía de ser votada.

f) Sexto concepto de invalidez. Incongruencia Interna (antinomia) y violación a la seguridad jurídica por discrepancia de causales de inelegibilidad

De acuerdo con la demanda del partido accionante, el artículo 170 fracción VIII de la Ley Electoral genera una antinomia pues se contradice con las reglas de la propia legislación, ya que el artículo 14 fracción VIII de la Ley ya establece los requisitos formales para el registro de una candidatura.

Dicho artículo señala que es un requisito de elegibilidad el "no haber sido condenado por sentencia firma por el delito de ...". De esta forma, parece que se impone un requisito adicional en donde, además, no se establece el concepto de delito, por lo que podrían incluso incluir resoluciones administrativas por violencia política en razón de género en contra de las mujeres. Tal situación únicamente muestra la existencia de un problema de interpretación y falta de tipicidad.

Concretamente, debe declararse la inconstitucionalidad de dicho artículo, pues este pide colmar un requisito inusitado e innecesario, puesto que la ratio legis del artículo 170 fracción VIII es colmar el requisito de elegibilidad, pero no así imponer uno nuevo que sea incongruente con la totalidad del texto legislativo y que por su naturaleza podría afectar el ejercicio de un derecho político.

Acción de inconstitucionalidad 174/2023 (Partido político Morena)

a) Primer concepto de invalidez

El partido político accionante controvierte la reforma a la fracción II del artículo 5 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, pues sostiene que violenta lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Federal. Esto, pues la definición de "calumnia" agregó condición objetiva de punibilidad consistente en "a sabiendas de su falsedad", dicha adición imposibilita la operación de dicha fracción en detrimento de quien resienta esa clase de actos, en tanto que impone desproporcionadamente un deber hacia la persona que denuncia, ya que lo obliga a probar dicha cuestión. Además, esto se hace en medio de un proceso electoral en donde rigen los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia y equidad en la contienda, por lo que cuando se imponen cargas desmedidas para la actualización de las infracciones que fueron implementadas para evitar o disuadir la lesión a tales principios, en realidad se está apartando del Pacto Federal.

Por otra parte, si bien, las entidades federativas cuentan con libertad configurativa para generar su propio marco jurídico, también es cierto que tal atribución no alcanza para poder contradecir lo previsto en una ley general, pues, además, el artículo 133 constitucional estableció un sistema de distribución de competencias que sujeta a las autoridades locales a lo que disponen las leyes generales. En este caso, la definición de la ley de Querétaro no se ajusta a lo determinado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

b) Segundo concepto de invalidez

Se impugna el artículo 14 párrafos primero, fracciones VIII y IX y segundo de la Ley Electoral del Estado de Querétaro que, por una parte, regula en forma deficiente los requisitos para postularse y, en su caso, para permanecer en cualquier cargo de elección popular y, por otra, emplea lenguaje no inclusivo en la porción normativa de dicho precepto legal.

Los requisitos que se impugnan son los siguientes: "No haber sido condenado por sentencia firme por el delito de violencia política, violencia política contra las mujeres en razón de género" y "No tener suspendidos sus derechos políticos electorales en razón de una sentencia firme por alguno de los siguientes supuestos: a) violencia familiar o de género en el ámbito privado o público, b) delitos contra la libertad e inexperiencia sexuales; c) como deudora alimentaria morosa que atenten contra las obligaciones alimentarias".

Sobre esto, el partido promovente sostiene que dichas porciones implican una deficiente regulación pues, por una parte, el no haber sido condenado mediante sentencia firme, deviene atemporal y desproporcionada; por otro lado, las sanciones de inelegibilidad o impedimentos para ser candidata o candidato no deben ser vitalicias ni inusitadas. En ese sentido, el partido invoca como hecho notorio la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 140/2020 y su acumulada 145/2020 en donde este Alto Tribunal concluye que artículos parecidos pueden ser constitucionales siempre que se interpreten en el sentido de que el impedimento relativo a estar condenado por aquellos delitos implica que esta sea una condena definitiva y solo mientras se compurga la pena aplicada. Por ello, también considera que deberá entenderse que la suspensión de derechos solo aplica cuando la condena firme es de tipo penal y no se ha compurgado o solo mientras no ha prescrito la sanción.

Por otro lado, el penúltimo párrafo del artículo 14 señala que "solo podrá ser gobernador constitucional del Estado un ciudadano ...". Sobre esto, la accionante señala que el legislador debió emplear lenguaje inclusivo y regular dicho precepto conforme el "Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en materia de paridad entre géneros", en tanto que cualquier ciudadano o ciudadana que reúna los requisitos puede acceder al cargo en cuestión. Así, en caso de que la porción no pueda entenderse de esta forma, deberá invalidarse.

c) Tercer concepto de invalidez

Se impugna la omisión legislativa relativa a una competencia de ejercicio obligatorio, consistente en el incumplimiento al mandato del Poder Constituyente Permanente, establecido en los artículos tercero y cuarto transitorios del Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre géneros.

En su escrito de demanda, el partido considera que existe dicha omisión debido a las siguientes cuestiones:

i) La resolución de cinco de junio de dos mis veintitrés relativa al expediente del incidente oficioso de cumplimiento de sentencia SUP–RAP–116/2020 y acumulados en donde la Sala Superior del TEPJF estimo que se incumplió con el principio de paridad de género en la elección de la gubernatura del Estado de Querétaro y ordenó al Congreso emitir la regulación correspondiente a fin de garantizar la postulación paritaria de candidaturas. Así, en la verificación de la legislación de dicha entidad, la Sala estimó que a la fecha no se ha cambiado la normativa respectiva pero que aún tiene oportunidad de cumplir con lo ordenado. Ello independientemente de su obligación de acatar el Decreto señalado.

De esta forma, la omisión legislativa en cuestión es inconstitucional debido a la inactividad legislativa en una competencia de ejercicio obligatorio. Por ello, corresponde que este Alto Tribunal ordene al legislador omiso emitir la regulación atinente.

d) Cuarto concepto de invalidez

La accionante impugna el artículo 109 párrafos primero, fracción IV y último, parte final, de la Ley Electoral del Estado de Querétaro que, por una parte, hace depender el orden de aparición o colocación de los emblemas de los partidos políticos en la boleta electoral, según la antigüedad de su acreditación de registro ante Instituto local, no obstante que ese orden debe ser conforme a la antigüedad del registro del partido político nacional ante el INE. Por otra parte, no es adecuad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32456-140ce9d8/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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