I. PARIDAD DE GÉNERO. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE EN LAS REGLAS DE POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATOS PARA LEGISLADORES FEDERALES Y LOCALES, MAS NO PARA LA SUSTITUCIÓN, EN CASO DE VACANTE ABSOLUTA, DE LOS MIEMBROS DE UNA LEGISLATURA (ARTÍCULO 52 BIS, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO). II. SUSTITUCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE EN CASO DE SUSTITUCIÓN DE ALGÚN MIEMBRO DE UNA LEGISLATURA LOCAL ELECTO POR AQUEL PRINCIPIO, SEA CUBIERTO POR EL INTEGRANTE DE LA LISTA REGISTRADA POR EL MISMO PARTIDO POLÍTICO BAJO EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, QUE SIGA EN EL ORDEN DE PRELACIÓN, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 52 BIS, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO). III. RESIDENCIA EFECTIVA MÍNIMA. PREVISIÓN DEL REQUISITO DE QUE SEA NO MENOR DE DIEZ AÑOS, INMEDIATAMENTE ANTERIORES AL DÍA DE LA ELECCIÓN, PARA ACCEDER AL CARGO DE GOBERNADOR (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO). IV. AGRUPACIONES POLÍTICAS ESTATALES. SU REGULACIÓN ES COMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES (ARTÍCULO 34, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). V. AGRUPACIONES POLÍTICAS ESTATALES. REQUISITO DE UN MÍNIMO DE ASOCIADOS PARA OBTENER SU REGISTRO, EN UN NÚMERO MAYOR A LOS DE UN PARTIDO POLÍTICO (ARTÍCULO 34, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). VI. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 135, FRACCIONES III Y IV, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "COALICIÓN", 150, FRACCIÓN XXII, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "COALICIONES", 174, PÁRRAFOS SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "LOS DE LA COALICIÓN", TERCERO Y CUARTO, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "DE COALICIÓN", Y 309, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O COALICIONES", DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). VII. DEBATES PÚBLICOS. OBLIGACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DE ORGANIZAR AL MENOS UNO ENTRE LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES Y PRESIDENTES MUNICIPALES, ADEMÁS DE LOS QUE PUEDAN GENERARSE POR LAS SOLICITUDES DE LOS CANDIDATOS, SIN QUE ÉSTAS SEAN VINCULANTES PARA DICHO CONSEJO (ARTÍCULOS 137, FRACCIÓN XXX, Y 297 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, AL TENOR DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME PROPUESTA). VIII. MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES. EL LEGISLADOR LOCAL CUENTA CON LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA REGULAR EL MECANISMO PARA CUBRIR SUS AUSENCIAS TEMPORALES Y LA FORMA DE SUSTITUIR AL MAGISTRADO PRESIDENTE (ARTÍCULOS 213, PÁRRAFO PRIMERO, 214, EN SU PARTE FINAL, Y 228, FRACCIONES II, V Y IX, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). IX. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES POR ESTE PRINCIPIO PUEDEN REALIZAR ACTOS DE CAMPAÑA A FAVOR DE SU PARTIDO POLÍTICO, SIEMPRE Y CUANDO NO REALICEN NINGÚN GASTO DE CAMPAÑA (ARTÍCULO 276, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). X. PARIDAD DE GÉNERO. ES COMPETENCIA Y OBLIGACIÓN DE LOS CONGRESOS ESTATALES GARANTIZAR ESTE PRINCIPIO EN LA POSTULACIÓN Y REGISTRO DE CANDIDATOS PARA LEGISLADORES LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS TANTO EN ELECCIONES ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS, EN TÉRMINOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, SIN CONSTREÑIRLAS AL DISEÑO FEDERAL, SIEMPRE QUE SE OBSERVEN LOS FINES PREVISTOS EN LAS CITADAS NORMAS (ARTÍCULO 277, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). XI. PARIDAD DE GÉNERO. SANCIÓN DE NEGATIVA DEL REGISTRO DE LA TOTALIDAD DE LAS CANDIDATURAS AL PARTIDO POLÍTICO QUE NO ATIENDA LAS REGLAS, PREVENCIONES Y REQUERIMIENTOS TENDENTES A SALVAGUARDAR ESTE PRINCIPIO (ARTÍCULO 277, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). XII. CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. PREVISIÓN DE QUE, SI PARA UN MISMO CARGO UN PARTIDO POLÍTICO SOLICITA EL REGISTRO DE DIFERENTES CANDIDATOS, SE LE REQUERIRÁ PARA QUE SEÑALE CUÁL SOLICITUD DEBERÁ PREVALECER Y, DE NO ATENDER EL REQUERIMIENTO, SE ENTENDERÁ QUE SE OPTA POR LA ÚLTIMA SOLICITUD PRESENTADA, QUEDANDO SIN EFECTOS LAS ANTERIORES (ARTÍCULO 280, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO). XIII. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 337, FRACCIÓN I, INCISO A), EN LA PORCIÓN NORMATIVA "COALICIÓN"
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 142/2017. MORENA. 5 DE DICIEMBRE DE 2017. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de diciembre de dos mil diecisiete, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 142/2017, promovida por el partido político Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a través de la cual se impugnan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ambas de dicha entidad federativa.
I. Antecedentes y trámite de la demanda
1. Demandas. Por escrito presentado el veintiuno de octubre dos mil diecisiete en el domicilio del autorizado para recibir promociones fuera del horario de labores de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el representante del partido político nacional Morena interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de los Decretos 096, 097 y 100, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, mediante los cuales se reformaron, adicionaron y derogaron varios preceptos, tanto de la Constitución Local como de las citadas Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
2. Conceptos de invalidez. Al respecto, tras detallar los antecedentes aplicables, se plantearon los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:
a) Primero. El artículo 27, primer párrafo, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Quintana Roo transgrede los artículos 1o., 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 116, fracción IV, inciso b) y 133 de la Constitución General, así como los numerales 1.1., 2, 24, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
b) Para la asociación política accionante, el que dicha norma establezca que cuando se omitan algunos de los requisitos de los medios de impugnación, el tribunal o, en su caso, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral Local deberá prevenir al promovente para que, en un plazo no mayor a veinticuatro horas, según se señale en el acuerdo respectivo, de cumplimiento a los requisitos omitidos, ocasiona una afectación a las garantías de seguridad jurídica, fundamentación, motivación legislativa, igualdad de las partes y acceso a la justicia.
c) Primero, se incumple con la legalidad electoral porque el legislador delegó en el órgano competente la determinación del plazo de cumplimiento de requerimiento, al disponer que será en un "plazo no mayor a veinticuatro horas", sin fijar parámetros o reglas específicas para su aplicación a casos concretos, lo que puede traducirse en decisiones arbitrarias o caprichosas. Segundo, no hay una correcta fundamentación y motivación legislativa, ya que si bien es cierto que el plazo de veinticuatro horas implica la posibilidad de implementación de plazos menores a veinticuatro horas, opción deseada por el legislador, el problema es que se otorga al órgano competente una amplia discrecionalidad, delegando una función que debe ejercerse directamente y con certeza la autoridad legislativa, fijando parámetros de justificación para especificar el plazo respectivo de cumplimiento. Por su parte, se genera incertidumbre jurídica, pues al disponer que el plazo de cumplimiento del requerimiento será señalado en el acuerdo respectivo, la autoridad competente podrá incurrir en absoluta falta de imparcialidad y dar un trato distinto a unos promoventes respecto de otros.
d) Se señala que, en todo caso, existe una antinomia entre lo regulado en la norma reclamada y el artículo 36, fracción II, de la propia Ley Estatal de Medios de Impugnación, ya que este último dispone que el plazo para cumplir un requerimiento será de veinticuatro horas, diferente a la hipótesis de un plazo no mayor a veinticuatro horas. De igual manera, se sostiene que el artículo 35, fracción V, apartado c), de la misma ley prevé el deber de la autoridad u órgano partidista señalado como responsable de remitir al órgano resolutor del medio de impugnación un informe que, entre otras cosas, debe establecer el reconocimiento o no de la personalidad del promovente, por lo que en ese caso se debe concluir que la legislación presupone la legitimación y que no será necesario o válido prevenir ni apercibir por ese único requisito a partir de una interpretación sistemática y conforme.
e) Segundo. El artículo 36, fracción III, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral viola lo dispuesto en los artículos 14, párrafo segundo, 16, primer párrafo, 17, segundo párrafo, 116, fracción IV, incisos b) y l), y 133 de la Constitución General que regulan los principios de certeza y legalidad electorales y las garantías de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación, toda vez que confiere al Magistrado instructor del Tribunal Electoral la atribución de dictar, en un plazo no mayor de tres días, un auto de desechamiento o admisión si no se reúnen los requisitos del medio de defensa, a pesar de que esa decisión le corresponde al Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo.
f) A decir del partido accionante, en atención a lo previsto en los citados artículos constitucionales y a lo regulado en los artículos 1, numerales 2 y 3, y 106, numerales 1 y 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral jurisdiccional está integrada por un número impar de Magistrados, quienes deben de actuar en forma colegiada, al ser los responsables para resolver los medios de impugnación interpuestos en contra de todos los actos y resoluciones electorales locales; siendo una obligación de las entidades federativas garantizar, entre otras cosas, el diseño de un sistema de medios de impugnación local para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.
g) En ese sentido, se dice que si bien el legislador concedió a los Magistrados electorales, en lo individual, la atribución de llevar a cabo las actuaciones necesarias para instruir los medios de impugnación, tal facultad es sólo para ponerlos en condiciones, jurídica y materialmente, de que el órgano jurisdiccional los resuelva colegiadamente; por tanto, no es viable constitucionalmente que se permita a un solo Magistrado la emisión de una resolución de gran importancia que pone fin al procedimiento, implicando la negativa de acceso a la justicia. Tal decisión debe ser plenaria.
h) Tercero. El artículo 34, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, al exigir que las agrupaciones políticas estatales deben de contar con un mínimo de 0.8 por ciento del padrón electoral para su reconocimiento, vulnera el principio de legalidad electoral y restringe excesivamente la libertad de asociación en materia política de los quintanarroenses, contradiciendo frontalmente lo dispuesto por los artículos 9o., 35, fracción III, 41, base I, y 133 de la Constitución General, en relación con los artículos 16.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos.
i) Se destaca que, a diferencia de las agrupaciones políticas, a los partidos políticos sólo se les exige el 0.26 por ciento del padrón electoral para que se les reconozca el derecho para constituirse como un partido; por ello, se alega que, aunque las agrupaciones y los partidos tienen objetivos distintos, es totalmente absurdo que podría existir una agrupación con más miembros que un partido y; sin embargo, tener que celebrar acuerdos de participación con alguno de éstos si se quiere ejercer la prerrogativa de participación en los procesos electorales. No se justifica así la desigualdad y discriminación entre el número de afiliados para el reconocimiento de registro de partidos y agrupaciones.
j) Cuarto. Los artículos 135, fracciones III y IV, 150, fracción XXII, 174, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 309 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en las porciones que aluden a "coalición" o "coaliciones", resultan contrarios a los artículos 1o., 14, segundo párrafo, 16, primero párrafo, 116, fracción IV, incisos b) y c), punto 1o., y 133 de la Constitución General, en relación con los numerales 1, 2, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A juicio del partido político, ni el Texto Constitucional ni las disposiciones aplicables de la Ley General de Partidos Políticos (artículo 90.1.) contempla la figura de representantes de las coaliciones ante los órganos electorales. Por el contrario, constitucionalmente sólo se reconoció en el órgano superior de dirección del Instituto Electoral y en los órganos electorales locales un representante por cada partido político y la legislación general prevé que, en caso de coaliciones, independientemente de la elección para la que se realice, cada partido político conservará su propia representación en los consejos del Instituto Nacional Electoral a fin de que se duplique la representación de los partidos. Lo cual no se ve afectado ni por lo dispuesto en los artículos 23.1., inciso f) y 91, numeral 1, inciso f), de la citada ley general, pues en éstos sólo se reconoce el derecho de los partidos a formar coaliciones y a que los medios de impugnación sean interpuestos por quien ostente la representación de la coalición, hipótesis normativas distintas al derecho de la coalición a contar con una representación distinta a la de los partidos que la integran. Aunado a lo anterior, se argumenta que los preceptos reclamados invaden la esfera de competencias del Congreso de la Unión, al regular la prerrogativa de representación de las coaliciones.
k) Quinto. Los artículos 137, fracción XXX, y 297 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales contradicen a los artículos 1o., 6o., 7o., 14, 16, 17, 35, 41, 116, fracción IV, incisos b), c) e i), y 133 de la Constitución General, así como lo previsto en el artículo segundo transitorio, fracción II, inciso d), del decreto de reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, en relación con los artículos 1, 2, 13.1., 23.1. y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
l) En principio, se recalca que existe una antinomia legal, pues el primer precepto reclamado otorga el deber de organizar los debates al Consejo General, mientras que el segundo precepto cuestionado señala que dicha atribución le corresponde a la Dirección de Partidos Políticos y a la Junta y Consejo General del Instituto Electoral Local sólo les compete el papel de aprobar la convocatoria respectiva. En términos de la Constitución y del artículo 218, numerales 4 y 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son los Consejos Generales de los Institutos Electorales Locales quienes deben organizar los debates entre los candidatos a gobernador.
m) En segundo lugar, se alude que la primera disposición cuestionada limita el número de debates a gobernador a "al menos un debate", a pesar de que el referido artículo segundo transitorio constitucional y el citado artículo 218, numeral 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales disponen que los consejos generales deberán organizar "debates" (en plural).
n) Por otro lado, el artículo 297 condiciona la realización de los debates a que "existan solicitudes por escrito de cuando menos dos candidatos a un mismo cargo de elección popular", asignándoles el carácter de no vinculantes y limitando el plazo de su presentación a los primeros cinco días del periodo de campañas, con lo cual se excluye a los partidos políticos de esa posibilidad fáctica, desatendiendo la obligación de llevar a cabo debates conforme al Texto Constitucional y a la legislación general. Con lo anterior, también se afecta la garantía de los partidos políticos a acceder a la radio y a la televisión en términos del artículo 41 constitucional y de los principios de máxima publicada y acceso a la información.
o) Sexto. Los artículos 213, primer párrafo, 214, en su parte final, y 228, fracciones II, V y IX, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales provocan una violación a los principios de seguridad, certeza, legalidad, objetividad electorales y a las garantías de ser oído por un Juez competente, imparcial e independiente, previstos en los artículos 1o., 14, párrafo segundo, 16, primer párrafo, 116, fracción IV, incisos b) y c), 124 y 133 de la Constitución General, en relación con los artículos 1.1., 2, 8.1., 23.1., inciso c), 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
p) Por lo que hace a los artículos 213 y 228 impugnados, se argumenta que el legislador emitió un diseño normativo deficiente para cubrir las vacantes temporales y definitivas de Magistrados y del Magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado. Ello, pues permite que el presidente del Tribunal Electoral defina el orden de prelación para ocupar la vacante temporal de Magistrado entre el secretario general de dicho órgano o el secretario de estudio y cuenta de la ponencia de mayor antigüedad en el cargo, sin considerar que la legislación electoral general (artículo 115, numeral 1) exige mayores requisitos para ser nombrado Magistrado que para ser secretario general o secretario de estudio y cuenta (artículos 228 y 251 de la Ley Electoral Local). El cumplimiento de mayores requisitos para ser Magistrado es esencial, no sólo para garantizar al justiciable mayor preparación y conocimientos, sino para salvaguardar la eficacia de los principios de imparcialidad e independencia. Se hace una comparación de cada uno de los requisitos (diferencia entre los requisitos de edad, antigüedad del título profesional y pertenencia partidista).
q) Aunado a la diferencia en los requisitos, se alega que la deficiencia del sistema es mayor cuando el diseño permite que sea el presidente del Tribunal Electoral quien defina, discrecional o arbitrariamente, el orden de prelación para cubrir la vacante temporal, sin sujeción a ponderación o revisión alguna.
r) Respecto a la porción cuestionada del artículo 214, que dice "en caso de renuncia o ausencia que excediere de más de tres meses, se designará a un presidente sustituto para que ocupe el cargo hasta el final del periodo", se sostiene que resulta inválido toda vez que, prima facie, no identifica claramente al órgano designante, aunque por el contexto se puede inferir que es el propio tribunal, lo cual sería contradictorio al artículo 116, fracción IV, inciso c), punto 5o., del Texto Constitucional que dice que los Magistrados electorales serán nombrados previa convocatoria por el Senado de la República.
s) Además, se aduce que, en todo caso, si se entiende que el presidente sustituto que ocupará el cargo hasta el final del periodo es nombrado por el Senado, el mismo artículo 214 reclamado sólo dice quién suple las faltas temporales del presidente pero no regula quién estará en funciones de Magistrado presidente, de manera provisional, en tanto el Senado nombra al Magistrado que debe completar al tribunal ni define si este último participará o no en la designación del nuevo presidente; por lo cual se genera incertidumbre y se constata la deficiente regulación del diseño normativo.
t) Séptimo. El artículo 276, último párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales es contraria a los principios de legalidad, certeza y objetividad electorales y a las garantías de seguridad, fundamentación y motivación previstas en los artículos 1o., 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 41, base V, apartado B, penúltimo párrafo, 116, fracción IV, inciso b), y 133 de la Constitución General.
u) Lo anterior es así, por una parte, porque los diputados por representación proporcional ya electos no pueden realizar actos de campaña en razón del principio de definitividad y, por otra parte, porque la permisión dada por el legislador de que los diputados por ese principio de elección puedan realizar actos de campaña bajo la condición de no realizar ningún tipo de gasto de campaña, es una simulación o una percepción errónea de este tipo de candidatos. No es posible hacer campaña sin hacer gastos de campaña.
v) Se explica que los referidos apartados del artículo 41 constitucional prevén que la legislación general deberá establecer un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuentan los partidos políticos, coaliciones y candidatos y que existe una presunción constitucional iuris et de iure de que los candidatos que realizan actos de campaña deberán ser fiscalizados. En ese contexto, se argumenta que el legislador quintanarroense (pensando quizá en el supuesto de reelección de diputados por representación proporcional), permite que los diputados elegidos por este principio puedan hacer campaña, pero se aleja de lo evidente y del sentido común, y accede a que algunos candidatos no tengan que hacer reporte de gastos. Si la campaña de los diputados por el principio de representación proporcional se despliega en toda la geografía estatal o en la circunscripción electoral donde se eligen, necesariamente habrá que realizar gastos esenciales como pasajes, combustible, alimentación, etcétera.
w) Octavo. El artículo 277, párrafo cuarto, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que cuando los partidos postulantes no atiendan los requerimientos sobre paridad de género se sancionará con la negativa de registro de la totalidad de las candidaturas correspondientes, implica una sanción desproporcionada y excesiva que vulnera los artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 41, base I, 116, fracción IV, incisos b) y l), y 122 de la Constitución General, en relación con el artículo segundo transitorio, fracción II, inciso h), del decreto de reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce y con los numerales 1, 2, 23.1. y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
x) A juicio del partido, el legislador omite señalar una regulación menos severa y armoniosa con todos los derechos de la totalidad de los candidatos que han sido registrados, pues ante el no cumplimiento de los requerimientos por parte de la autoridad electoral, se cancela la totalidad de las candidaturas. El legislador debió prever un procedimiento sencillo y claro para que el mismo Consejo General se sustituya al partido político omiso y registre las candidaturas respectivas previo ajuste entre los géneros para salvaguardar el derecho de quienes no hayan dado causa a dicha irregularidad.
y) La cancelación del registro son actos privativos que pueden permitirse sólo tras la satisfacción de las formalidades esenciales del procedimiento, aclarándose que la obligación de asegurar el principio de paridad de género no implica destruirlo con la cancelación ante el incumplimiento de los partidos políticos.
z) Noveno. El artículo 280, último párrafo (que en realidad es el penúltimo párrafo), de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales contradice los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales y las garantías de seguridad jurídica, fundamentación y motivación, así como el principio constitucional de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos (en riesgo de violación al derecho a ser votado) previstos en los artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 116, fracción IV, incisos b), e) y l), y 133 de la Constitución General.
aa) Dicha disposición mandata que si para un mismo cargo de elección popular se solicita el registro de diferentes candidatos por un mismo partido político, el presidente o secretario del consejo general lo requerirá a efecto de que en un término de cuarenta y ocho horas señale cuál solicitud debe prevalecer, siendo el caso que de no atender el requerimiento, se entenderá que el partido opta por la última solicitud presentada, quedando sin efecto las anteriores.
bb) Desde el punto de vista del partido político, tal norma parte de una ficción legal que presume la voluntad del partido político. No por un mero criterio de temporalidad se puede apreciar la verdad legal e intención del partido político. Esta regulación genera inseguridad jurídica y más bien puede llevar a afectar el derecho a ser votado de la persona que verdaderamente haya sido seleccionado conforme a los estatutos del partido, con independencia de lo declarado por la dirigencia o representación partidista ante la autoridad electoral al momento de presentar la solicitud. Lo correcto para corregir el problema de ausencia de contestación al requerimiento es que sea el partido o los propios interesados, que eventualmente reclamen ser candidatos conforme a estatutos, presenten ante la autoridad electoral sus respectivas evidencias y ésta decida según constancias fehacientes.
cc) Décimo. El artículo 337, fracción I, inciso a), de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la porción normativa que regula cómo aparece el emblema de las coaliciones en la boleta electoral, resulta inválida al transgredir el artículo segundo transitorio, fracción I, inciso f), puntos 1 y 4, del decreto de reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce. El legislador local no tiene competencia para reglamentar la figura de las coaliciones.
dd) Décimo sexto.(1) El artículo 381, fracción I, y el último párrafo de ese mismo precepto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, al condicionar la asignación de regidurías de representación proporcional al hecho de tener que registrar planillas en por lo menos seis Municipios del Estado, provoca una contravención a los artículos 1o., 14, segundo y cuarto párrafos, 16, primer párrafo, 115, bases I y VIII, primera parte, 116, fracción IV, incisos a) y b), y 133 de la Constitución General, en relación con los artículos 1, 2, 16, 23.1., 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
ee) Ello, pues el contenido de la norma reclamada es irracional y excesivo al vulnerar el derecho humano de los ciudadanos a poder votar y a estar debidamente representados en el gobierno municipal según el resultado de la elección, así como el derecho de los candidatos a integrar los órganos de representación municipal, a la igualdad del sufragio, a la libertad de asociación y al derecho de auto determinación y autoorganización de los partidos y los principios de libertad municipal y de régimen democrático, representativo y popular en la integración de cada uno de los Ayuntamientos.
ff) Desde su punto de vista, el requisito para los partidos políticos de contar con por lo menos seis planillas registradas, para efecto de la asignación de regidurías por representación proporcional, es ajeno y nada tiene que ver con la elección popular efectuada en cada Municipio. El artículo 115, bases I y VIII, constitucional es claro al establecer que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente, regidores y síndicos, con la obligación de introducir en dicha elección el principio de representación proporcional. Habla entonces de "cada Municipio" y no de "bloque de al menos tantos Municipios".
gg) La condición aludida carece consecuentemente de toda fundamentación y motivación y priva de efectividad y autenticidad al voto popular, no obstante que la voluntad del pueblo expresada en las urnas es la base de la autoridad del poder público. Además, cumpliéndose con el mínimo de votación válida requerida, debe garantizarse que todas las fuerzas políticas contendientes participen de la asignación de regidurías por su representatividad en la respectiva elección. El voto de un ciudadano emitido en un Municipio por un partido político que no postuló seis o más planillas de candidatos a los Ayuntamientos debe valer igual que el del otro ciudadano emitido en el mismo Municipio por un partido político que haya postulado planillas en ese número de Municipios.
hh) Décimo primero. El artículo 416, párrafo segundo, fracción V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales transgrede los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales y las garantías de justicia pronta, seguridad jurídica, fundamentación y motivación previstas en los artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 17, segundo párrafo, y 116, fracción IV, incisos b) y l), de la Constitución General.
ii) La norma reclamada prevé que cuando se presente una queja o denuncia a fin de iniciar un procedimiento ordinario sancionador, el promovente deberá ofrecer y aportar las pruebas con las que cuente o, en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, acreditando que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y éste no las entregó. A su juicio, tal disposición es deficiente, ya que el legislador reguló únicamente la regla general (acreditar la previa solicitud de la prueba que no ha sido entregada), pero no reguló los casos en los que no está al alcance del promovente obtener determinadas pruebas, por la razón de eventualmente existir un impedimento legal para que le sean proporcionadas por la autoridad que las tiene en sus archivos. Es aplicable por analogía, aunque el criterio deriva del juicio de amparo, la tesis P./J. 40/2007, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA PARTE INTERESADA PUEDE ACUDIR DIRECTAMENTE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE REQUIERA A LOS FUNCIONARIOS O AUTORIDADES EN EL SENTIDO DE QUE EXPIDAN LAS COPIAS O DOCUMENTOS PARA QUE SEAN APORTADOS EN EL JUICIO SIN QUE PREVIAMENTE LOS HAYA SOLICITADO, CUANDO EXISTA UN IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE AQUÉLLOS LOS EXPIDAN." (al tener la misma razonabilidad jurídica). La petición de inconstitucionalidad se hace sin perjuicio de una interpretación conforme.
jj) Décimo segundo. El artículo cuarto transitorio, fracciones II, III y IV, del decreto que expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se establecen fechas del calendario electoral, son contrarias al artículo 41, base V, apartado C, párrafo segundo, inciso c), de la Constitución General y al Acuerdo INE/CG386/2017 del Instituto Nacional Electoral, así como a los principios de supremacía constitucional, certeza, legalidad, objetividad electorales, seguridad jurídica, competencia, fundamentación y motivación.
kk) Se explica que, por acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejerció la facultad de atracción y homologó algunas etapas relevantes de los procesos electorales locales que coinciden con el proceso electoral federal. En ese sentido, haciendo una comparación entre el acuerdo general y las normas cuestionadas, se dice que mientras el primero señala que las precampañas deben concluir el once de febrero de dos mil dieciocho, la citada fracción II indica que el periodo de precampañas será del tres de enero al primero de febrero; por su parte, el Instituto Nacional indició que la fecha límite para la aprobación del registro de candidaturas sería el veinte de abril y en la fracción III cuestionada se indica que podrá ser hasta el trece de mayo; similar situación ocurre respecto a la regla de duración de la campaña electoral.
ll) Décimo tercero. El artículo 52 Bis, párrafo segundo, de la Constitución Local transgrede lo previsto en los artículos 1o., 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 35, fracción II, 41, base I, párrafo segundo, 116, fracción IV, inciso b), y 133 de la Constitución General, en relación con el artículo segundo transitorio, fracción II, inciso h), del decreto de reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce y de los numerales 1.1., 2, 23.1., inciso b), y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
mm) En el precepto reclamado se ordena que la vacante absoluta de una fórmula de diputados por el principio de mayoría relativa será cubierta por quien siga en el orden de prelación de la lista registrada por el mismo partido político, pero al mismo tiempo recomienda que el sustituto sea en "forma preferente" del mismo género. A decir del partido, tal regulación no garantiza la eficacia del principio de paridad de género, pues la norma da una posibilidad de cumplir o no cumplir con el mismo.
nn) Es decir, cuando se dice que la vacante su cubrirá "en el orden de prelación", naturalmente implica que sería de género distinto al último asignado al partido político de esa lista de integrantes, con lo cual se cambiaría un curul de un género a otro, pero si al mismo tiempo se dispone que el sustituto sea "en forma preferente" del mismo género al de la vacante, eso implicaría ajustes pero no necesariamente abonaría a la prevalencia del principio paritario.
oo) Décimo cuarto. El artículo 80, fracción I, de la Constitución Local, que establece que para ser gobernador cuando no se es nativo del Estado o hijo de padre o madre nacido en la entidad se requiere una residencia efectiva no menor de diez años inmediatamente anteriores al día de la elección, transgrede los artículos 1o., 14, párrafos segundo y cuarto, 16, primer párrafo, 35, fracción II, 40, 41, primer párrafo, y 116, párrafo segundo, fracciones I, en su último párrafo, y IV, incisos b) y l), 124 y 133 de la Constitución General, en relación con los artículos 2, 23, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
pp) A decir del partido político accionante, el Texto Constitucional es claro al establecer que para ser gobernador de un Estado se requiere ser nativo del mismo o tener residencia efectiva no menor de cinco años. Dicho requisito de residencia no puede ser modificado a partir de un argumento de libre configuración, por lo que la exigencia en el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28091-506b92dc/i-paridad-de-genero-este-principio-es-aplicable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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