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Modo: Corpus Pro

PARIDAD DE GÉNERO. EL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN I, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, TRASCIENDE A LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LAS ACCIONES PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN PARITARIA DE UN CONGRESO LOCAL QUE REAJUSTEN LAS LISTAS DE CANDIDATOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON DERECHO A ESCAÑOS POR ESE PRINCIPIO, NO VULNERAN EL DERECHO FUNDAMENTAL A VOTAR. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LAS ACCIONES TENDIENTES A LA PARIDAD DE GÉNERO EN LA ASIGNACIÓN DE CURULES POR ESE PRINCIPIO, NO VULNERAN EL DERECHO FUNDAMENTAL A SER VOTADO EN PERJUICIO DE LOS CANDIDATOS PERDEDORES DE MAYÍA RELATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 275/2015. · Registro digital (IUS): 30055
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo I, Pág. 184.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 275/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 4 DE JUNIO DE 2019. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO NARVÁEZ MEDÉCIGO.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día cuatro de junio de dos mil diecinueve emite la siguiente

Resolución

Mediante la cual se analizan los autos relativos a la contradicción de tesis 275/2015, entre los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

I. Antecedentes

1. Denuncia. El dieciocho de septiembre de dos mil quince María Elena Chapa Hernández, en su carácter de parte en el expediente SUP-JDC-1236/2015 y sus acumulados, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas, y los criterios emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los expedientes SUP-JDC-1236/2015 y sus acumulados, SUP-REC-575/2015 y su acumulado, así como SUP-JRC-693/2015 y sus acumulados.(1)

II. Trámite

2. El veintidós de septiembre de dos mil quince, el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la competencia para conocer de la denuncia correspondía al Tribunal Pleno en razón de que la posible contradicción de tesis se suscitaba entre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como no advirtió causas evidentes que afectaran su procedencia, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis y la registró bajo el número 275/2015.

3. En el mismo auto, el Ministro presidente solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral que remitiera la versión digitalizada de las sentencias de su índice e informara si el criterio sustentado en ellas se encontraba vigente. En caso de que éste se tuviera por superado, la Sala Superior debería además señalar las razones que hubieran justificado su abandono y remitir la versión digitalizada de la resolución que sustentara el nuevo criterio. Por último, el Ministro presidente ordenó turnar el asunto para su estudio al Ministro Juan Silva Meza y, una vez que el expediente estuviera debidamente integrado, enviar los autos a la ponencia respectiva.(2)

4. El treinta de septiembre de dos mil quince, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio cumplimiento al requerimiento mencionado. Por conducto de su Magistrado presidente, la Sala Superior remitió la versión digitalizada de las sentencias recaídas a los expedientes SUP-JDC-1236/2015 y acumulados, SUP-REC-575/2015 y acumulado, así como SUP-JRC-693/2015 y acumulados, e informó, además, que los criterios sustentados en dichas resoluciones se encontraban vigentes.(3) En consecuencia, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por cumplido el requerimiento y consideró que el expediente se encontraba debidamente integrado.(4)

5. El cuatro de enero de dos mil dieciséis el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó returnar el expediente al Ministro Javier Laynez Potisek.(5)

III. Competencia

6. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, con base en lo dispuesto en los artículos 99, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción VIII, y 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 7o., fracción V, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo Plenario Número 5/2013, toda vez que los criterios contendientes han sido sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

IV. Legitimación

7. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada única y exclusivamente por lo que respecta a los criterios denunciados que fueron emitidos en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1236/2015 y sus acumulados. En cambio, la denuncia de contradicción no proviene de parte legitimada y, por tanto, es improcedente en relación con cualquier criterio emanado del recurso de reconsideración SUP-REC-575/2015 y su acumulado, así como con aquellos surgidos del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-693/2015 y sus acumulados, por las razones siguientes:

8. Los artículos 99, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(6) y 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(7) establecen puntualmente quiénes son los sujetos legitimados para denunciar una contradicción de tesis que involucre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este supuesto los únicos órganos constitucionalmente facultados para denunciar una contradicción de criterios son, en primer lugar, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo individual; en segundo lugar, cualquiera de las Salas de la Suprema Corte o del Tribunal Electoral actuando de forma colegiada y, finalmente, aquellos quienes hayan sido parte en los procedimientos de los cuales emanó el criterio en cuestión.

9. De las constancias que integran este expediente se advierte claramente que la hoy denunciante María Elena Chapa Hernández fue reconocida por la Sala Superior del Tribunal Electoral como parte actora en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano SUP-JDC-1236/2015 y sus acumulados.(8) Por tanto, indudablemente goza de legitimación para denunciar una posible contradicción entre cualquier criterio sustentado en dicho medio de impugnación y los criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas.

10. No obstante, del análisis de las sentencias dictadas en el resto de los asuntos del índice del Tribunal Electoral que sustentan la presente denuncia de contradicción de tesis –es decir, del recurso de reconsideración SUP-REC-575/2015 y su acumulado(9) y del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-693/2015 y sus acumulados–(10) se desprende claramente que la Sala Superior en ningún momento le reconoció a la hoy denunciante María Elena Chapa Hernández el carácter de parte –actora o tercera interesada– en los medios de impugnación respectivos. Por esta razón debe concluirse que la ciudadana Chapa Hernández carece de legitimación para denunciar una posible contradicción entre los criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas, y los sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral en los expedientes SUP-REC-575/2015 y su acumulado y SUP-JRC-693/2015 y sus acumulados.

11. No es obstáculo para llegar a esta conclusión que la denunciante solicite que "en aras de proteger la seguridad jurídica que debe imperar en materia electoral"(11) consideremos acreditado su interés para denunciar la contradicción de tesis también respecto de los medios de impugnación en los cuales no fue parte formal. Si bien es verdad que el propósito fundamental de los mecanismos de contradicción de tesis en general es generar certeza en relación con la interpretación constitucional y legal que realizan los distintos tribunales de la Federación, ello no significa que cualquier persona que considere que una decisión judicial contradice el criterio de otro tribunal federal se encuentre legitimada para denunciar la posible contradicción. Al contrario, es evidente que en los diversos procedimientos previstos en el orden jurídico mexicano para resolver posibles contradicciones entre los criterios interpretativos de los tribunales de la Federación, la legitimación para denunciar supuestas contradicciones nunca es general y, en cambio, sí se encuentra siempre restringida a sujetos u órganos específicos que guarden especial cercanía con los asuntos resueltos.(12)

12. La materia electoral no es la excepción a esta regla. Específicamente en relación con las posibles contradicciones entre los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aquellos surgidos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Constituyente mexicano únicamente confirió legitimación para formular la respectiva denuncia a los Ministros de la Suprema Corte (en lo individual o de manera colegiada), a las Salas del Tribunal Electoral actuando de manera colegiada y, por último, a aquellas personas físicas o jurídicas que hayan sido parte formal en los asuntos que generaron los criterios que sustentan la denuncia. Éste es el reducido universo de sujetos que el Constituyente estimó conveniente autorizar para mantener cierta uniformidad en la materia electoral ante la posibilidad de que –a raíz de la reforma de noventa y seis–(13) dos órganos jurisdiccionales terminales interpretaran en sentido opuesto una misma disposición constitucional.

13. Sin embargo, es evidente que al acompañar la incorporación del órgano jurisdiccional especializado en materia electoral al Poder Judicial de la Federación con un mecanismo de denuncia de contradicciones competencia del Pleno de la Suprema Corte, el Constituyente Mexicano nunca pretendió que la Corte se erigiera en revisor habitual –mucho menos permanente– de la interpretación constitucional que realizara el Tribunal Electoral al resolver los asuntos de su competencia. Tan es así que desde entonces, por un lado, todas las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, incluso, para la propia Suprema Corte(14) y, por el otro, los criterios interpretativos que surjan de las ejecutorias del órgano especializado en materia electoral sólo pueden ser revocados ex post y sin consecuencias para los casos concretos que los generaron.(15) Así, aunque se surta con poca frecuencia en la práctica, el requisito constitucional de legitimación para denunciar una posible contradicción de criterios entre la Suprema Corte y el Tribunal Electoral es ineludible y, por tanto, no puede sortearse apelando –como solicita la denunciante– a la seguridad jurídica que debe imperar en la materia electoral.

14. En consecuencia, en este asunto únicamente es procedente determinar si existe alguna contradicción de criterios entre los sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas y los sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-1236/2015 y sus acumulados.

V. Existencia de la contradicción

15. Como recién señalamos, el procedimiento de denuncia de contradicción de tesis esencialmente persigue otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables mediante la unificación de criterios jurídicos entre los distintos tribunales del Poder Judicial de la Federación. A fin de cumplir más eficazmente con ese objetivo hemos reconocido, por ejemplo, que para que exista una contradicción de tesis basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos órganos jurisdiccionales terminales, sin importar si existe identidad en las situaciones fácticas que los precedieron,(16) ni tampoco si los criterios denunciados constituyen jurisprudencia.(17)

16. Asimismo, el propósito de generar certeza jurídica nos ha llevado a aceptar la existencia de una contradicción de tesis aunque se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las sentencias que sustentaron los criterios denunciados,(18) así como a sostener que el fondo de una contradicción de tesis debe resolverse a pesar de que los criterios contendientes sean erróneos.(19) En suma, la seguridad jurídica como razón guía del procedimiento de resolución de contradicciones de tesis implica concentrarse en los procesos de interpretación y, por tanto, no exagerar la importancia de las diferencias de hecho entre los asuntos que les dieron origen, ni tampoco orientarse por sus resultados concretos.

17. En esta tesitura, como sostuvo recientemente este Tribunal Pleno,(20) por regla general una contradicción de tesis se considerará existente cuando:

A. Los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se hayan visto en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;

B. Los respectivos ejercicios interpretativos tengan un punto de toque, es decir, que entre ellos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación realizada gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico –ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio jurídico, la finalidad de una determinada institución, o cualquier otra cuestión jurídica en general– pero los tribunales contendientes adopten posturas divergentes; y,

C. Sobre el diferendo interpretativo resultante pueda concluirse genuinamente, a través de la formulación de una pregunta específica, que una forma de abordar dicha cuestión jurídica es preferente sobre todas las demás que, como la primera, sean posibles dentro de la variedad de significados que ofrecen las normas interpretadas.

18. No obstante lo anterior, una particularidad de las denuncias de contradicción de criterios entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que únicamente pueden versar sobre cuestiones de constitucionalidad y, por tanto, no permiten dirimir discrepancias interpretativas de legalidad ordinaria. A diferencia de las denuncias de contradicción reguladas por la Ley de Amparo(21) o de las que se suscitan entre las distintas Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,(22) una contradicción de tesis entre los criterios de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral jurídicamente sólo puede existir cuando los criterios contendientes interpreten en sentido diverso un mismo precepto constitucional.(23)

19. Por tanto, el método para analizar la existencia de una contradicción de tesis en estos supuestos necesariamente debe comenzar por verificar que los tribunales contendientes hayan realizado interpretación de una norma del parámetro de regularidad constitucional –es decir, de la Constitución Federal o de los de derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte–(24) en los asuntos que sustentaron los criterios denunciados; pues si de inicio se comprobara que alguno de ellos en realidad no realizó interpretación constitucional y, en cambio, se limitó a dilucidar cuestiones de legalidad ordinaria, la contradicción denunciada sería inexistente. Así, lo conducente es verificar que ambos tribunales hayan realizado un ejercicio interpretativo constitucional en los asuntos que forman la supuesta contradicción de criterios.

A. Ejercicio interpretativo constitucional

20. Consideramos que se surte ese primer requisito, pues tanto (1) el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas, como (2) la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-1236/2015 y sus acumulados, realizaron interpretación constitucional para resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas.

1. Acción de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas.(25)

21. Antecedentes. El treinta de junio de dos mil catorce se reformó el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal para implementar la paridad de género en la postulación de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional. Por un lado, el artículo 292 introdujo la alternancia de género en la integración de cada una de las dos listas provisionales de candidatos a diputados –lista "A" y lista "B"– que por dicho principio electivo debía postular cada partido político.(26) Por su parte, el artículo 293 estableció que la lista definitiva de candidatos con la que cada partido político finalmente participaría en la asignación de diputaciones de representación proporcional sería el resultado de intercalar su lista "A" con su lista "B".(27)

22. Antes de estas reformas, la lista "A" se elaboraba libremente por el partido político y la lista "B" –también llamada "lista de mejores perdedores"– se integraba con aquellos candidatos a diputados de mayoría relativa que, sin haber ganado su distrito, hubieran representado el mayor porcentaje de votos para ese partido. Una vez transcurrida la jornada electoral las listas "A" y "B" se intercalaban para integrar la lista definitiva de candidatos de representación proporcional de cada partido.(28) A raíz de las modificaciones al código, en cambio, la lista "A" de candidatos se integraría por trece fórmulas seleccionadas libremente por el partido, pero ahora alternando los géneros. La lista "B", por su parte, comenzaría como antes con el "mejor perdedor", pero continuaría ahora con el "mejor perdedor" del género opuesto, intercalándose así los géneros hasta completar también trece fórmulas de candidatos. Finalmente, al igual que ocurría antes de las reformas, las listas "A" y "B" se intercalarían para formar la lista definitiva de candidatos de cada partido por el principio de representación proporcional.

23. Impugnación. En julio de ese mismo año varios partidos políticos nacionales promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación diversas acciones de inconstitucionalidad en contra del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. Todas ellas fueron acumuladas a la acción de inconstitucionalidad 45/2014.

23.1. Específicamente contra el artículo 292, fracción II, se alegó que al hacer depender la integración de la lista "B" en mayor medida del género de los candidatos que de los votos obtenidos por ellos, el precepto indebidamente otorgaba más peso al género que a la voluntad de los electores y, por tanto, vulneraba el derecho de los candidatos a ser votados previsto en la fracción II del artículo 35 constitucional, así como la libre expresión de la voluntad de los electores consagrada en el artículo 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.(29) Se argumentó, además, que dicho precepto local transgredía la igualdad entre hombre y mujer consagrada en el artículo 4o. constitucional, pues establecía una acción afirmativa de género que generaba más desigualdad de la que pretendía eliminar, así como los principios rectores del proceso electoral –certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad– previstos en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, pues sometía a la autoridad electoral a la disyuntiva de acatar la decisión del electorado o aplicar la regla del código.(30) Por último, se alegó que el precepto local representaba una interpretación excesiva del artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal, porque el principio de paridad de género se agotaba en la postulación de candidaturas por los partidos políticos y, por tanto, cesaba sus efectos antes del inicio de las campañas electorales.(31)

23.2. Por su parte, respecto del artículo 293, fracción VI, numeral 1, se argumentó que, al establecer que la lista definitiva se integraría simplemente intercalando la lista "A" con la lista "B", el precepto no garantizaba materialmente la paridad de género en la postulación de candidaturas de diputados por el principio de representación proporcional y, por tanto, vulneraba el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal.(32) Concretamente, se dijo que para cumplir con el mandamiento constitucional de paridad de género no era suficiente que existiera la misma cantidad de integrantes de ambos géneros en la lista definitiva, sino que además éstos debían estar intercalados de forma tal que ambos géneros tuvieran las mismas condiciones de ser sujetos de asignación, tal como lo establecía la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Así, la paridad únicamente quedaría garantizada si el género por el que comenzaba la lista "B" era siempre distinto al género por el que comenzaba la lista "A"; en pocas palabras, si se alternaban los géneros también al integrarse la lista definitiva de candidatos de representación proporcional.(33)

24. Decisión. El veintinueve de septiembre de dos mil catorce, el Pleno de la Suprema Corte resolvió dichas impugnaciones en el sentido de reconocer la validez de los dos preceptos impugnados. En lo que interesa a la presente denuncia de contradicción de tesis, el Tribunal Pleno emitió diversas consideraciones de índole constitucional para fundamentar su decisión.

24.1 Por una parte, estimó infundados los planteamientos esgrimidos contra la integración de la lista provisional "B" prevista en el artículo 292, fracción II, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, pues consideró que el precepto no vulneraba disposición constitucional alguna al establecer alternancia entre los géneros en la conformación de la lista de "mejores perdedores".

i. En primer lugar, el Pleno dilucidó los alcances del principio constitucional de paridad entre los géneros consagrado en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal.(34) Señaló que la paridad era un principio de igualdad sustantiva en materia electoral y, por tanto, "un mandato de optimización a los poderes públicos para ser realizado en la medida de sus posibilidades."(35) Explicó que su incorporación al Texto Constitucional obedeció a que el aumento en la postulación de mujeres no se había traducido en su acceso efectivo a los órganos de representación política. Por ello, se requería implementar acciones afirmativas de género que favorecieran la integración paritaria de dichos órganos e hicieran efectivos los principios de igualdad previstos en los artículos 1o. y 4o. constitucionales.(36) Estas medidas no sólo eran perfectamente compatibles con el artículo 23, párrafo primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino una forma de cumplir con el artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).(37) En tanto que no fuera desplazada por otro principio constitucional –como por ejemplo un principio rector en materia electoral– la paridad representaba "la medida para garantizar igualdad sustancial entre los géneros, tanto en las candidaturas como en los órganos de representación."(38) Así, contrariamente a lo alegado por uno de los actores, el principio de paridad de género no se agotaba en la postulación de candidatos por parte de los partidos políticos, sino que trascendía a la conformación de los órganos a través de medidas estatales.(39) El Pleno precisó, sin embargo, que la implementación de esas medidas no podía ser arbitraria y estaba sujeta a un examen de razonabilidad por parte de la Suprema Corte.(40)

ii. En segundo lugar, el Pleno consideró que las entidades federativas no estaban obligadas a incorporar el esquema de paridad previsto para las candidaturas de legisladores federales, sino que podían establecer sus propias reglas sobre dicho aspecto, siempre y cuando cumplieran con dicho principio constitucional.(41) Ni el artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal –aplicable en ese entonces a la legislación del Distrito Federal por disposición del artículo 122, apartado C, base primera, fracción III, de ese mismo ordenamiento constitucional– ni tampoco las leyes generales en materia electoral(42) establecían reglas específicas respecto a la forma en que deben integrarse las listas para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional en las entidades federativas.(43) Por tanto, seguía siendo aplicable la jurisprudencia del Pleno(44) en el sentido de que la representación proporcional representa un aspecto sobre cuyo diseño las Legislaturas Locales gozan de libertad de configuración, siempre y cuando respeten el resto del ordenamiento constitucional incluido, desde luego, el principio de paridad de género.(45)

iii. En tercer lugar, el Pleno estimó que con la conformación de la lista "B" no se violaba en vertiente alguna el derecho al voto previsto en las dos primeras fracciones del artículo 35 constitucional. Por un lado, reiterando su jurisprudencia sobre el artículo 116, fracción II, de la Constitución Federal, señaló que los ciudadanos votaban únicamente por los candidatos de mayoría relativa y, en el momento en que se hacía la asignación de diputaciones a quienes hubieran obtenido el mayor número de sufragios, terminaba la elección por ese principio, sin que existiera un derecho de los candidatos de mayoría relativa perdedores a ser reacomodados o a que esto se hiciera en un orden determinado.(46) Por el otro lado, el Pleno detalló que el sistema de representación proporcional tenía la finalidad de garantizar la pluralidad de los espacios deliberativos y, en consecuencia, que en representación proporcional no se votaba por personas en lo particular, sino por los partidos políticos. No era necesario, por tanto, que se respetaran los porcentajes de votación obtenidos por los candidatos de mayoría perdedores. La voluntad ciudadana era respetada en la medida en que a cada partido le fueran asignadas curules atendiendo a su representatividad.(47)

iv. Por último, el Tribunal Pleno consideró que con la integración de la lista "B" tampoco se violaban los principios rectores de los procesos y la función electoral (certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad) previstos en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal –aplicables en ese entonces a la legislación del Distrito Federal por virtud del artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), del mismo ordenamiento constitucional– porque las autoridades electorales locales tenían facultades expresas para la integración de las listas y los participantes en el proceso electoral las conocían con claridad. El método de integración de la lista "B" introducido por la reforma no autorizaba irregularidades ni desviaciones que llevaran a favorecer a determinado partido. Por el contrario, se trataba de reglas claras que en principio no daban lugar a un supuesto de aplicación conflictivo.(48)

24.2 Por su parte, en relación con la impugnación de la integración de la lista definitiva de candidaturas de un partido político a diputaciones por el principio de representación proporcional prevista en el artículo 293, fracción VI, numeral 1, del referido código local, el Pleno estimó fundado el argumento relativo a que el precepto legal no garantizaba la paridad de género en la postulación de candidatos por los partidos políticos y, por tanto, vulneraba el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal. No obstante, decidió establecer una interpretación del precepto local que fuera conforme con el principio constitucional de paridad de género.

i. En primer lugar, se consideró que como la lista definitiva de cada partido político para participar en la asignación de curules de representación proporcional se integraba simplemente alternando su lista "A" con su lista "B" sin algún otro tipo de regla, existía la posibilidad de que se produjeran listas definitivas de candidatos integradas por mayorías de un solo género. En otras palabras, era muy factible que se dieran escenarios en donde simplemente alternar la lista "A" con la lista "B" desembocara en una lista definitiva con segmentos de candidaturas de un mismo género. Ello rompía con el mandato constitucional al legislador local de diseñar sistemas de candidaturas bajo la regla de paridad.(49)

ii. En segundo lugar, dado que la referida violación constitucional podía desembocar en inequidad en la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que se aproximaban las elecciones en esa entidad federativa, el Tribunal Pleno estimó necesario llevar a cabo una interpretación del precepto legal impugnado que fuera conforme con la Constitución Federal, es decir, optar por la interpretación del código local que garantizara la paridad de género en la integración de la lista definitiva de cada partido político. Así, el Pleno consideró que la legislación electoral del Distrito Federal debía interpretarse en el sentido de que la integración de la lista "B" prevista en la fracción II del artículo 292 siempre debía comenzar con la fórmula que hubiera obtenido el porcentaje mayor de votación efectiva –es decir, el "mejor perdedor" – de género distinto al primer lugar de la lista "A". Luego, el segundo lugar de la lista "B" sería ocupado siempre por la fórmula que hubiera obtenido el mayor porcentaje de votación efectiva que fuere de género igual al primer lugar de la lista "A" y así se irían intercalando los géneros hasta concluir la integración de la lista "B". El Pleno estimó que solamente dicha interpretación de la legislación local garantizaba que la lista definitiva de candidatos a diputados de representación proporcional postulados por cada partido político se integrara paritariamente y, por tanto, que se cumpliera con el orden constitucional.(50)

25. Finalmente, en atención a estas consideraciones, el Tribunal Pleno –por mayoría de seis votos– reconoció la validez constitucional de los artículos 292, frac

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30055-59736a2c/paridad-de-genero-el-principio-previsto-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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