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Modo: Corpus Pro

MODO HONESTO DE VIVIR. LAS AUTORIDADES NO PUEDEN EXIGIR A LAS PERSONAS CUMPLIR CON ESE REQUISITO LEGAL A FIN DE ACCEDER A UN CARGO PÚBLICO, COMO TAMPOCO PUEDEN SANCIONARLAS DETERMINANDO QUE CARECEN DE ESE MODO DE VIVIR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 228/2022. · Registro digital (IUS): 31627
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Julio de 2023, Tomo I, Pág.5.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 228/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 7 DE MARZO DE 2023. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: RAMÓN EDUARDO LÓPEZ SALDAÑA Y PAULO ABRAHAM ORDAZ QUINTERO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos. En el presente asunto se plantea que existe una contradicción de criterios entre los sustentados por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 107/2016, y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador electoral SUP-REP-362/2022 y sus acumulados.

Un primer problema jurídico del caso consiste en determinar si existe o no la contradicción de criterios, teniendo en cuenta que ambos tribunales se pronunciaron en torno a si es exigible el requisito relativo a contar con un "modo honesto de vivir" como condición de elegibilidad para ocupar un cargo público. Una segunda cuestión es determinar qué criterio debe prevalecer teniendo en cuenta que, tal como se detalla en la sentencia, ambos tribunales llegaron a conclusiones opuestas en torno al mismo problema jurídico.

Ver índice temático

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al siete de marzo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios entre los sustentados por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 107/2016, y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador electoral SUP-REP-362/2022 y sus acumulados.

El problema jurídico del caso consiste en determinar si el requisito relativo a contar con un "modo honesto de vivir" es exigible como condición de elegibilidad para ocupar un cargo público.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Denuncia de la contradicción. El veinticinco de julio de dos mil veintidós, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México denunció la posible contradicción entre el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 107/2016, y el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia del recurso SUP-REP-362/2022 y sus acumulados.

2. Trámite de la denuncia. Por medio de un acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó registrar el expediente con el número 228/2022 y turnó el asunto a la señora Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para su estudio.

3. En el mismo acuerdo, el Ministro presidente ordenó solicitar a la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una copia certificada de la resolución respectiva y que informara si su criterio se encuentra vigente. Al respecto, el veinticinco de agosto del propio año, la Sala Superior manifestó que su criterio se mantenía en vigor.

4. Integración. Por medio del acuerdo de fecha treinta de septiembre de dos mil veintidós, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el expediente se encuentra debidamente integrado, por lo que ordenó su envío a la Ministra ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

5. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente asunto, pues se plantea una presunta contradicción entre los criterios sustentados por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación (al resolver la acción de inconstitucionalidad 107/2016) y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador electoral SUP-REP-362/2022 y sus acumulados).

6. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) y 10, fracción VI,(2) y 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(3) así como en el punto Segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los asuntos de competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.(4)

II. LEGITIMACIÓN Y REPRESENTACIÓN

7. De conformidad con los artículos 99, párrafo séptimo, de la Constitución Política del país y 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, son sujetos legitimados para promover la contradicción de criterios, entre otros, las partes que intervinieron en los juicios correspondientes en los cuales se sostuvieron las presuntas posturas divergentes.

8. En el caso, uno de los criterios respecto de los cuales se plantea la contradicción es el que emitió por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador electoral SUP-REP-362/2022 y sus acumulados. En dicho asunto, una de las partes recurrentes fue la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, específicamente en el recurso SUP-REP-363/2022.

9. Por tal motivo, si la hoy denunciante también fue la parte recurrente en uno de los casos cuyos criterios presuntamente son contradictorios y cuya presunta divergencia ahora se plantea, se concluye que la citada Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México está legitimada en el presente asunto.

10. Asimismo, se concluye que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México acude al presente asunto por conducto de un funcionario que legalmente está facultado para representarla.

11. La denuncia de contradicción está firmada por Adrián Chávez Dozal, quien se ostenta como titular de la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, y representante legal para la defensa de los intereses de la administración pública del Gobierno de la Ciudad de México y de su titular.

12. Dicha persona acredita tener el carácter con el que se ostenta mediante una copia certificada de su nombramiento, expedido por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, de la revisión de los artículos 7,(5) 8,(6) 16, facción XIX,(7) y 18, párrafos primero y segundo(8) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en relación con los diversos 7, fracción XIX, inciso b),(9) y 230, fracciones I y II,(10) del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México se desprende que le corresponde a la Dirección General de Servicios Legales representar a la administración pública en los juicios en que ésta sea parte.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

13. En este apartado se analizan los aspectos relevantes de los asuntos denunciados, a fin de contar con los elementos necesarios para, posteriormente, determinar si existe o no contradicción de criterios.

Criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 107/2016.

14. Hechos. El miércoles nueve de noviembre de dos mil dieciséis se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el Decreto Número 930 mediante el cual se reformó el artículo 64 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de la referida entidad federativa. El referido artículo 64 establece los requisitos para acceder al cargo de jefatura de manzana en los Municipios de Veracruz.(11)

15. De acuerdo con el artículo 65 de dicha ley, la persona que ocupa la jefatura de manzana es un auxiliar del Ayuntamiento, que se designa por éste, a propuesta de la presidencia municipal. La jefatura de manzana tiene, entre otros, los deberes siguientes:(12)

• Ejecutar las resoluciones y acuerdos que le instruya el Ayuntamiento, dentro de la circunscripción territorial correspondiente a su nombramiento.

• Informar a la presidencia municipal de todos los asuntos relacionados con su cargo.

• Promover la vigilancia del orden público.

• Promover el establecimiento de servicios públicos.

• Colaborar en las campañas de alfabetización emprendidas por las autoridades.

• Expedir, gratuitamente, constancias de residencia y buena conducta para su certificación por el secretario del Ayuntamiento.

16. El nueve de diciembre de dos mil dieciséis, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad (107/2016),m en la que solicitó la invalidez del artículo 64 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la porción normativa "saber leer y escribir y no tener antecedentes penales" de la citada normativa, es violatorio de los artículos 1o., y 18 constitucionales, por discriminar a las personas que no saben leer y escribir; y a las personas con antecedentes penales, por lo que también atenta contra el derecho de reinserción social, por ser una restricción desproporcionada.

17. Decisión. En sesión del veintitrés de enero de dos mil veinte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en suplencia de la queja, y en lo que interesa al presente asunto, declaró la invalidez del mencionado artículo 64, en la porción normativa relativa a tener un "modo honesto de vivir" como requisito para ocupar el cargo de jefe de manzana.(13)

18. En la referida acción de inconstitucionalidad 107/2016, este Pleno de la Suprema Corte determinó que la exigencia referente a tener un "modo honesto de vivir" es un requisito que, si bien está previsto expresamente en el artículo 34, fracción II, de la Constitución Política del país como condición para el ejercicio de los derechos derivados de la ciudadanía,(14) su ponderación resulta sumamente subjetiva, además de que dicha expresión es ambigua y de difícil apreciación.(15)

19. Para el Tribunal Pleno la aplicación de dicha regla generaría discriminación, ya que la evaluación del referido requisito de elegibilidad quedaría al arbitrio de las personas encargadas de designar al servidor público, a partir de un juicio valorativo y de orden discrecional basado en la concepción de lo que cada uno entienda como un sistema de vida honesto.

20. Si el requisito mencionado se reproducía como una exigencia de orden legal, ésta resultaría inconstitucional, tal como ocurrió en el caso de la referida acción de inconstitucionalidad, en la que se invalidó la exigencia referente a tener un "modo honesto de vivir" como condición para ser jefe de manzana.

21. Al respecto, de manera expresa, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló lo siguiente:

Invalidez de la porción normativa "... un modo honesto de vivir ..." contenida en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en suplencia de la deficiencia de la queja. El artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que, al dictar sentencia en las acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá, además de corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados, suplir los conceptos de invalidez planteados en la demanda, de manera que "... podrá fundar su declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial. Igualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá fundar su declaración de invalidez en la violación de los derechos humanos consagrados en cualquier tratado internacional del que México sea parte, haya o no sido invocado en el escrito inicial."

Con base en lo anterior, este Tribunal Pleno encuentra que la condición exigida en el artículo 64 reclamado, consistente en tener "... un modo honesto de vivir ...", constituye un requisito que, si bien está constitucionalizado como condición para ejercer los derechos derivados de la ciudadanía, de cualquier forma su ponderación resulta sumamente subjetiva, porque depende de lo que cada quien opine, practique o quiera entender, sobre cuáles son los componentes éticos en la vida personal, de modo tal que, dicha expresión, por su ambigüedad y dificultad en su uniforme apreciación, también se traduce en una forma de discriminación en el asunto que se analiza, ya que la designación de los jefes de manzana y comisarios municipales, podría quedar subordinada a la plena voluntad del juicio valorativo y de orden discrecional de quienes los designan, pues dependerá de lo que, en su conciencia, supongan acerca de cómo se concibe un sistema de vida honesto, y si los interesados califican o no satisfactoriamente sus expectativas morales sobre esa forma de vivir ejemplarmente, lo cual podría llevar al extremo de negar el acceso al cargo tan sólo por prejuicios de orden religioso, condición social, preferencia sexual, estado civil, etcétera.

Además, si se quisiera valorar el requisito en cuestión, debe partirse de la premisa favorable de que toda persona tiene un modo honesto de vivir y, en todo caso, quien afirme lo contrario, tendría que acreditar por qué objeta tan relativo concepto en el ámbito social, por lo que no cabe exigir a quienes aspiran acceder a un cargo público que demuestren lo que, en principio y salvo prueba irrefutable en contrario, es inherente a su persona, ya que a todo individuo le asiste una presunción de su honestidad tan sólo por el hecho de su naturaleza humana.

Por tanto, resulta discriminatorio exigirle a quien pretende acceder a un cargo público acredite no haber incurrido en alguna conducta sociablemente reprobable, es decir, que demuestre que ha llevado a cabo una vida decente, decorosa, razonable y justa, sin siquiera saber cuáles son los criterios morales de las personas que lo calificarán, y peor aún, ignorando si esos valores son compartidos por el propio aspirante o por los demás integrantes de la comunidad en forma mayoritaria y sin prejuicios.

En tal virtud, también debe declararse la invalidez de la porción normativa "... un modo honesto de vivir ..." contenida en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Énfasis añadido).

Criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador electoral SUP-REP-362/2022 y acumulados.

22. Hechos. El cuatro de febrero de dos mil veintidós, el Instituto Nacional Electoral emitió la convocatoria para el proceso de revocación de mandato del actual presidente de la República.

23. Durante el desarrollo de dicho procedimiento, el doce de marzo de dos mil veintidós, las personas titulares de las gubernaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México publicaron en sus perfiles de la red social Twitter el desplegado denominado "Gobernadoras y gobernadores de la 4ta. transformación", en el cual condenaban una resolución del Parlamento Europeo que, a su vez, señalaba que el presidente de México y su Gobierno habían creado las llamadas conferencias matutinas o mañaneras para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa crítica.

24. Además de dicho desplegado, en distintas fechas, los servidores públicos también difundieron un aproximado de cien publicaciones en sus cuentas de Twitter en las que resaltaban logros gubernamentales propios o de la presidencia de la República.

25. El veintitrés de marzo de dos mil veintidós, el Partido Movimiento Ciudadano denunció a las personas titulares de las gubernaturas antes referidas, así como a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México por las publicaciones antes señaladas. Para dicho partido, tales publicaciones acreditaron la presunta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido durante el proceso de revocación de mandato, el uso indebido de recursos públicos, la promoción personalizada y la transgresión al principio de imparcialidad.

26. Dicha denuncia fue presentada ante la Unidad de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y dio origen al procedimiento especial sancionador electoral con clave de expediente SRE-PSC-77/2022 del índice de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (órgano competente para resolver el asunto).

27. Seguidos los trámites correspondientes, el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, la Sala Regional Especializada resolvió que la publicación del día doce de marzo de dos mil veintidós, denominado "Gobernadoras y gobernadores de la 4ta. transformación", sí constituyó promoción personalizada y que vulneró el principio de imparcialidad. Además, que diversas publicaciones individuales en Twitter de las personas titulares de las gubernaturas y la jefa de Gobierno actualizaron una difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido.(16)

28. Como la legislación electoral no prevé la posibilidad de que la Sala Regional Especializada le imponga sanciones de manera directa a las gubernaturas o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, dicha autoridad jurisdiccional remitió su sentencia a las Legislaturas de los Estados correspondientes, para que éstas impusieran la sanción que correspondiera a las personas servidoras públicas mencionadas.

29. Inconformes con la determinación anterior, las personas titulares de las diversas gubernaturas y la jefa de Gobierno denunciadas promovieron, respectivamente, un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador electoral (SUP-REP-362/2022 y acumulados).(17)

30. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conoció del caso y, el ocho de junio de dos mil veintidós confirmó la decisión de la Sala Regional Especializada.

31. Decisión. Derivado de lo anterior, la Sala Superior señaló que, como parte de una política judicial encaminada a hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultó necesario vincular a todas las autoridades jurisdiccionales electorales, federales y locales, para que cuando resolvieran procedimientos especiales sancionatorios evaluaran si, en su caso, procedía declarar que los funcionarios públicos de elección popular infractores podrían o no ser consideradas personas que perdieron su "modo honesto de vivir".(18)

32. Al perder su "modo honesto de vivir" los funcionarios infractores incumplirían uno de los requisitos legales que ordinariamente se exigen para ocupar un nuevo cargo de elección popular, por lo que se generaría temporalmente la inelegibilidad del funcionario.

33. La Sala Superior expuso que es deber de las personas servidoras públicas cumplir con los principios y reglas establecidas en la Constitución y no transgredir las disposiciones constitucionales ni la ley.

34. En el apartado denominado "el cumplimiento de la Constitución como requisito para conservar el modo honesto de vivir", indicó que el contar con un "modo honesto de vivir", constituye un requisito de elegibilidad para acceder a cargos públicos de elección popular que está previsto en el artículo 34, fracción II, de la Constitución Política del país.

35. Asimismo, señaló que se trata de una exigencia con una dimensión objetiva, relativa a los actos y hechos en los que interviene una persona, y otra subjetiva, consistente en que estos actos sean acordes con los valores legales y morales rectores del medio social en que ese ciudadano viva.(19) 36. La Sala Superior consideró que el referido concepto tiene un contenido eminentemente ético y social, que atiende a la conducta en sociedad, la cual debe ser ordenada y pacífica, teniendo como sustento la moral, como ingrediente insoslayable de la norma jurídica.

37. Para la Sala Superior, el "modo honesto de vivir", se refiere al comportamiento adecuado para hacer posible la vida civil del pueblo, por el acatamiento de deberes que imponen la condición de ser mexicano.

38. Derivado de lo anterior, la Sala Superior ordenó a todos los Jueces Electorales del país que, en los procedimientos sancionatorios que conocieran, si se acreditaba la existencia de infracciones constitucionales y la responsabilidad de las personas servidoras públicas, debían analizar, de oficio, si se generaba la pérdida del "modo honesto de vivir" como requisito legal de elegibilidad en la materia electoral, esto es, tratándose de cargos de elección popular.

39. Incluso, la Sala Superior estableció los elementos que consideró pertinentes para establecer la pérdida del "modo honesto de vivir" y las consecuencias de esa decisión, en los términos siguientes:

"... En ese sentido, resulta esencial vincular a todas las autoridades jurisdiccionales locales y federales electorales, para que, en la comisión de hechos posteriores a la presente ejecutoria, al resolver los procedimientos sancionadores, analicen si las infracciones a la Constitución, por servidores públicos, pueden afectar el requisito del modo honesto de vivir.

"Así, tomando en cuenta la existencia de un sistema de tribunales locales y la necesidad de mantener la unidad y coherencia del orden jurídico electoral mediante la emisión de parámetros mínimos que, en definitiva, derivan de la presente ejecutoria y, por ende, de una pieza de derecho judicial.

"Para dicho análisis, las referidas autoridades jurisdiccionales deberán tomar en consideración los principios constitucionales, la normatividad que los rige, y los elementos mínimos siguientes:

"a) Identificar con claridad cuáles son las violaciones constitucionales que se acreditan por parte de los servidores públicos, relacionadas con la materia, relacionados con los artículos 35, 41, 99, 116 y 134 de la Constitución, entre otros.

"b) Verificar en el [Catálogo de Sujetos Sancionados] o sistema análogo de registro de personas infractoras si los servidores públicos se encuentran inscritos.

"c) Analizar la reincidencia, gravedad y dolo en la comisión de las infracciones acreditadas, así como la sistematicidad para efectos de la graduación en la afectación del citado requisito de elegibilidad, es decir, si se determina la suspensión del modo honesto de vivir.

"d) Establecer si a partir de la acreditación de las conductas ilícitas a la Constitución, una persona servidora pública, como consecuencia de ello, puede decretar la suspensión de contar con un modo honesto de vivir, para efectos acreditar el requisito de elegibilidad en los subsecuentes procesos electorales.

"e) En caso de determinar la suspensión de la referida presunción, los tribunales deberán evaluar y establecer la temporalidad de esta afectación, respecto del requisito de elegibilidad.

"f) En el mismo sentido, los órganos jurisdiccionales deberán señalar las formas en el que servidor público podría recuperar el modo honesto de vivir o reducir el plazo de afectación, a partir del cumplimiento de medidas o actos que la propia autoridad establezca en cada caso. En el entendido de que sólo los tribunales podrán decretar la recuperación del requisito o la reducción del plazo de afectación a éste, ante la acreditación del cumplimiento de las medidas que la propia autoridad disponga.

"g) En caso de actualizarse la suspensión del modo honesto de vivir, como requisito de elegibilidad, mediante sentencia firme, el órgano jurisdiccional correspondiente deberá informar a las autoridades respectivas en la materia, a fin de que estas últimas cuenten con elementos objetivos con los cuales verificar el cumplimiento del requisito de elegibilidad, tanto en la etapa de registro de candidaturas como en la declaratoria de validez y entrega de constancia de la elección correspondiente.

"h) Deberán mantener una comunicación constante entre las autoridades involucradas (jurisdiccionales y administrativas-electorales) para informar los cambios de situación del servidor público, respecto a la conclusión del plazo de suspensión del citado requisito." (Énfasis añadido).

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

40. En el presente caso se concluye que sí existe la contradicción de criterios planteada, pues tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunciaron sobre el requisito relativo a contar con un "modo honesto de vivir" y su exigibilidad, pero llegaron a conclusiones divergentes.

Marco normativo aplicable a la contradicción de criterios.

41. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el procedimiento de denuncia de contradicción de criterios persigue, esencialmente, otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables mediante la unificación de criterios jurídicos entre los distintos tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación.

42. A fin de cumplir eficazmente con ese objetivo, se ha reconocido, entre otras cuestiones, que para que exista una contradicción de criterios basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos órganos jurisdiccionales terminales, sin importar si existe identidad en las situaciones fácticas que los precedieron,(20) ni tampoco si los criterios denunciados constituyen jurisprudencia.(21) También puede configurarse la contradicción, aunque alguno de los criterios que contiende sea implícito, siempre que su sentido pueda deducirse indubitablemente de las circunstancias particulares del caso.(22)

43. Asimismo, el propósito de generar certeza jurídica ha llevado a aceptar la existencia de una contradicción de criterios, aunque se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las sentencias que sustentaron los criterios denunciados,(23) así como a sostener que el fondo de una contradicción de criterios debe resolverse, a pesar de que los criterios contendientes sean erróneos.(24)

44. En síntesis, la seguridad jurídica como razón guía del procedimiento de resolución de contradicciones de criterios implica concentrarse en los procesos de interpretación y, por tanto, evitar exagerar la importancia de las diferencias de hecho entre los asuntos que les dieron origen, ni tampoco orientarse por resultados concretos.

45. En esa tesitura, este Tribunal Pleno ha considerado que, por regla general, existirá una contradicción de criterios si se cumplen las condiciones siguientes:(25)

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que sea.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio jurídico, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c) Que la condición anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta específica acerca de si la forma de abordar dicha cuestión jurídica es preferente sobre todas las demás que, como la primera, sean posibles dentro de la variedad de significados que ofrecen las normas interpretadas.

46. Esta metodología ha sido igualmente utilizada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.(26)

47. Adicionalmente, una particularidad de las denuncias de contradicción de criterios entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consiste en que únicamente pueden ser sobre cuestiones de constitucionalidad y, por tanto, está proscrito dirimir discrepancias interpretativas de legalidad ordinaria. Una contradicción entre criterios de este Alto Tribunal y el Tribunal Electoral sólo puede presentarse cuando los criterios contendientes interpreten en sentido divergente un mismo precepto constitucional.(27)

48. En ese orden de ideas, el método para analizar la existencia de una contradicción de criterios en estos supuestos necesariamente debe comenzar por verificar que los tribunales contendientes hayan interpretado una norma integrante del parámetro de control de regularidad constitucional en los asuntos que sustentaron los criterios denunciados.

49. Si de inicio se advirtiera que, en alguno de ellos, en realidad, no se realizó un ejercicio auténtico de interpretación constitucional y, en cambio, se limitó a dilucidar cuestiones de legalidad ordinaria, la contradicción denunciada sería inexistente.

50. Por esa razón, lo conducente es verificar que ambos tribunales hayan realizado un auténtico ejercicio interpretativo constitucional en los asuntos que integran la supuesta contradicción de criterios.(28)

51. En segundo término, esta Suprema Corte considera que lo que configura la existencia de una contradicción de criterios es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango adopten posturas jurídicas discrepantes, en este caso, de naturaleza estrictamente constitucional, sobre un mismo punto de derecho o sobre un problema jurídico central, independientemente de las cuestiones fácticas que rodearon los casos que generaron que esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes y pueden ser adyacentes.(29)

52. Por esa razón, para determinar si existe la contradicción de criterios deben atenderse las consideraciones y razonamientos contenidos en las ejecutorias contendientes, con el propósito de encontrar algún punto de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31627-bca660bb/modo-honesto-de-vivir-las-autoridades-no-pueden · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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