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TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PUEDEN INTEGRARSE LEGALMENTE CON UN MAGISTRADO TITULAR Y DOS SECRETARIOS EN FUNCIONES DE MAGISTRADO, AUN CUANDO UNO HAYA SIDO DESIGNADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y OTRO POR EL PROPIO TRIBUNAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 218/2014. · Registro digital (IUS): 25506
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo I, Pág. 169.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 218/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JUAN N. SILVA MEZA; VOTARON EN CONTRA: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día trece de noviembre de dos mil catorce.

VISTOS, para resolver, los autos relativos a la contradicción de tesis 218/2014, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los conflictos competenciales 33/2014 y 43/2014, y 31/2014, respectivamente; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante escrito del veinticuatro de junio de dos mil catorce, presentado ese mismo día en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro José Ramón Cossío Díaz denunció la posible contradicción existente entre el criterio sustentado por la Primera Sala, al resolver los conflictos competenciales 33/2014 y 43/2014, y el emitido por la Segunda Sala, en la resolución recaída al conflicto competencial 31/2014.

SEGUNDO. Por auto del veintiséis de junio de dos mil catorce, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis y ordenó formar y registrar el expediente 218/2014. Asimismo, determinó que se requirieran ciertos informes y documentos a las Secretarías de Acuerdos de las Salas y turnara el asunto al Ministro Sergio A. Valls Hernández.

TERCERO. Una vez que la contradicción de tesis quedó integrada se ordenó remitir los autos al Ministro ponente; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente desde el tres de abril de dos mil trece; y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, del trece de mayo de dos mil trece, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Federal y 227, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Ministro José Ramón Cossío Díaz.

TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la divergencia de criterios denunciada y, en su caso, resolverla, es pertinente tener en cuenta las consideraciones en que se sustentan.

En ese sentido, cabe señalar que la Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver, en sesión del veintiséis de marzo de dos mil catorce, por tres votos a favor (Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio A. Valls Hernández y Luis María Aguilar Morales) y dos en contra (Ministros Alberto Pérez Dayán y José Fernando Franco González Salas), el conflicto competencial 31/2014, bajo la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán, determinó, en lo conducente, lo siguiente:

"SEGUNDO. Existencia del conflicto competencial. De conformidad con el artículo 48 Bis, segundo párrafo, de la abrogada Ley de Amparo, para que pueda presentarse un conflicto competencial entre Tribunales Colegiados de Circuito, se requiere que al conocer de un juicio de amparo, de un recurso de revisión o cualquier otra clase de asunto sometido a su consideración, uno de ellos declare su incompetencia para conocer del tema y, en consecuencia, envíe los autos al órgano jurisdiccional colegiado que, en su opinión, cuente con facultades para resolverlo. En caso de que el tribunal que reciba los autos considere que es igualmente incompetente para atender el asunto, lo comunicará al primeramente declinante, y remitirá los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Empero, resulta menester que los órganos contendientes fijen su postura en razón de su atribución legal para conocer del asunto por corresponder a la materia, grado o territorio. Así lo señala la jurisprudencia 2a./J. 115/2011 emitida por esta Segunda Sala que es del tenor literal siguiente: ‘CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES INEXISTENTE CUANDO DERIVA DE LA APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES QUE REGULAN EL TURNO DE ASUNTOS.’ (se transcribió). En el caso concreto, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, declinó su competencia para conocer del recurso de revisión ********** de su índice, al considerar que el Pleno no se encontraba debidamente integrado, pues únicamente contaba con un Magistrado y dos secretarios del tribunal en funciones -uno designado en suplencia del Magistrado que se encontró impedido para conocer del asunto, y otro autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal en razón de la readscripción temporal de la Magistrada titular, a un Tribunal Unitario de Circuito-, fundamentando su decisión en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que en la parte que interesa señala ‘cuando el impedimento afecte a dos o más de los Magistrados, conocerá del asunto el tribunal más próximo, tomando en consideración la facilidad de las comunicaciones’. En tanto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, no aceptó la competencia declinada a su favor, por estimar que el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito sí se encontraba debidamente integrado, pues si bien contaba con dos secretarios en funciones, lo cierto es que uno de ellos está autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que durante el respectivo periodo, tiene las facultades inherentes en su carácter de sustituto del Magistrado titular. Es decir, cuenta con todas las funciones jurisdiccionales de un Magistrado de Circuito, por lo que, materialmente, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito cuenta con dos Magistrados y un secretario en funciones. En atención a lo anterior, se estima que es existente el conflicto competencial entre los referidos Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien la razón de disenso entre éstos no atiende propiamente a una cuestión de materia, grado o territorio, lo cierto es que el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sí establece qué tribunal es el que debe de conocer de un determinado asunto, y fue precisamente con base en dicho artículo que ambos Tribunales Colegiados se declararon incompetentes para conocer del recurso de revisión planteado, y se atribuyeron mutuamente facultades legales para dirimir el asunto, sin que ninguno de ellos lo aceptara. Así, es clara la existencia de un conflicto competencial que debe ser resuelto por este Alto Tribunal, el cual tendrá por objeto decidir, acorde a lo previsto en el precepto 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuál es el Tribunal Colegiado de Circuito competente para resolver el citado recurso de revisión. TERCERO. Consideraciones y fundamentos. Esta Segunda Sala determina que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito es el competente para conocer y resolver el recurso de revisión de que se trata. Al efecto se debe tener presente, en primer lugar, lo que disponen los artículos el (sic) 33, 34, 35, 36 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: ‘Artículo 33. ... Artículo 34. ... Artículo 35. ... Artículo 36. ... y Artículo 81. ... XXII.’ (se transcribieron). De los anteriores preceptos se desprende, en lo que interesa, que los Tribunales Colegiados de Circuito estarán conformados por tres Magistrados, quienes deberán resolver los asuntos que les sean planteados, ya por unanimidad, ya por mayoría de votos, siendo que no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan excusa o impedimento legal. Al respecto, se precisa que cuando un Magistrado estuviere impedido para conocer de un asunto, falte accidentalmente, se encuentre ausente temporalmente o por un término mayor de un mes, será suplido por el secretario que designe el Tribunal o en su caso el Consejo de la Judicatura Federal. Empero, si el impedimento afecta a dos o más Magistrados, entonces el asunto de que se trata deberá remitirse al Tribunal Colegiado de Circuito más cercano, para su resolución. La última disposición en comento, en cuanto prevé una regla de competencia excepcional que opera ante la imposibilidad de que el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto se integre por cuando menos dos Magistrados de Circuito para resolverlo, resulta aplicable en todos los casos en que se verifica tal imposibilidad, en aras de tutelar el derecho fundamental de impartición de justicia pronta y eficaz. Por tanto, si en el caso que nos ocupa el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito únicamente se encuentra integrado con un Magistrado, ya que uno de los titulares se encuentra impedido para intervenir en el asunto, y otro fue readscrito temporalmente al Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, debe concluirse que debe de conocer del amparo en revisión el tribunal más próximo, que en la especie lo es el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. No resulta óbice a lo anterior, lo sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en el sentido de que aquel órgano jurisdiccional sí se encuentra debidamente integrado ya que uno de los secretarios fue autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que cuenta con todas las funciones inherentes de Magistrado y, por ende, materialmente debe ser considerado como tal. Esto es así, pues como se ha señalado, la finalidad del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación consiste en que al conocer de los asuntos que son de su competencia, los Tribunales Colegiados se encuentren integrados con al menos dos Magistrados de Circuito, posibilitándose así la preservación del derecho humano de acceso a la impartición de justicia que tutela el artículo 17 de la Constitución Federal ..."

Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el siete de mayo de dos mil catorce, por unanimidad de cuatro votos (Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo), ausente el Ministro José Ramón Cossío Díaz, el conflicto competencial 33/2014, bajo la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, decidió, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

"SEGUNDO. Materia del presente conflicto. Como se advierte de las constancias que integran el presente conflicto, existe la negativa de los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, para conocer del amparo en revisión penal identificado bajo los números ********** y **********, respectivamente, en virtud de que el primero de los citados considera que no se encuentra debidamente integrado para resolver el recurso. Para determinar si el presente asunto en realidad reúne las condiciones para ser considerado, en estricto sentido, como un conflicto competencial, es menester tomar en cuenta lo siguiente: En el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece se publicó el decreto por el que se emitió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en cuyo artículo primero transitorio se estableció que la citada norma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por su parte, el artículo tercero transitorio se estableció (sic) que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio. En ese contexto, toda vez que la demanda de amparo indirecto que generó el conflicto competencial, se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, el veintiocho de mayo de dos mil trece, el presente asunto se debe resolver de conformidad con la ley en vigor. En esas circunstancias, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce del presente asunto en atención a que fue remitido para su resolución por el órgano que declinó su competencia, en términos del tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo en vigor. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 antes referido, para que se presente un conflicto competencial entre Tribunales Colegiados de Circuito que deba resolver este Alto Tribunal, es menester que se encuentren satisfechos los siguientes elementos: a) Que un Tribunal Colegiado de Circuito se declare legalmente incompetente para conocer de un juicio de amparo o de un recurso en materia de amparo sometido a su consideración y remita los autos al que, en su concepto, lo sea, y; b) Que éste no acepte la competencia declinada a su favor, ordene comunicar dicha determinación al Tribunal Colegiado que se hubiere declarado incompetente y remita los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el presente asunto, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito declinó su competencia para conocer del amparo en revisión **********, en sesión de doce de diciembre de dos mil trece, y las razones que expuso son, a saber: a) Los autos fueron turnados al secretario de Tribunal en funciones de Magistrado para la formulación del proyecto de resolución correspondiente; b) Que se declaró legal el impedimento planteado por la Magistrada Xóchitl Guido Guzmán para conocer del citado recurso; c) Por tanto, el impedimento afecta a dos o más personas de los Magistrados que integran el Pleno, de ahí que no se encuentra debidamente integrado, pues únicamente fungen un Magistrado titular y dos secretarios en funciones de Magistrados. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, declinó su competencia al tribunal más próximo, esto es, al Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Vigésimo Primer Circuito, no aceptó la competencia planteada para conocer del amparo en revisión antes referido (mismo que identificó con el número **********), por lo siguiente: a) Los secretarios de Tribunales Colegiados designados por el Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar funciones de Magistrados, se convierten en verdaderos titulares de los órganos jurisdiccionales respectivos, durante el lapso que duren en funciones; y, b) El artículo 36 de la Ley de Amparo dispone que cuando un Magistrado está impedido para conocer de un asunto, será suplido por el secretario que designe el tribunal. De ahí que en estos casos no puede considerarse que el tribunal queda integrado por dos secretarios. c) Por tanto, en la especie no tiene aplicación lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En lo así considerado por los tribunales contendientes se advierte que en este caso no existe un conflicto propiamente competencial, pues éste se suscita por cuestión de materia, territorio o grado, tal como lo ha explicado este Alto Tribunal en los siguientes términos: ‘Materia. Es el criterio que se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o por razón de la naturaleza de la causa, es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso, de modo que es la que se atribuye de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo, pues debido a la creciente necesidad de especialización por parte del juzgador, la tarea judicial se reparte con base en este criterio, por lo que establecen órganos juzgadores que conocen de materia civil, familiar, laboral, penal, agraria, fiscal, constitucional, etcétera. Territorio. Éste es el ámbito espacial, dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, al que se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales, y en este punto no sobra mencionar que dentro del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el órgano jurisdiccional que tiene competencia en todo el territorio nacional, de modo que sus resoluciones son válidas sin ningún criterio territorial que las cuestione y su jurisdicción abarca a cada entidad federativa. Grado. Se refiere a cada cognición del litigio por un juzgador, siendo las leyes procesales las que establecen la posibilidad de que la primera decisión sobre el litigio sea sometida a una revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin de que determine si dicha decisión fue dictada con apego o no a derecho y saber si debe o no convalidarse.’. De esta forma, para estimar si existe un conflicto de competencia legal entre Tribunales Colegiados de Circuito que deba ser resuelto por este Alto Tribunal, es necesario que los referidos órganos colegiados se nieguen a conocer de un asunto en materia de amparo al considerar que carecen de competencia para ello, por razón de grado, de territorio o de materia. En lo hasta aquí relacionado se advierte que, en el caso concreto, no se suscita propiamente un conflicto competencial, pues si bien existe negación por parte de ambos tribunales para conocer del asunto, no se actualiza alguno de los supuestos previstos para ello, es decir, no existe motivo para negarse a conocer por razón de materia, territorio o grado, por el cual uno de los tribunales contendientes haya declinado competencia a favor del diverso órgano jurisdiccional. Ahora bien, lo que sí consta es el planteamiento del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consistente en no poder emitir una resolución de fondo en el recurso de revisión promovido por **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, por sí y a través de su autorizada, en el amparo indirecto **********, del índice el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, bajo el argumento de que no se encuentra integrado por el número suficiente de Magistrados de Circuito. En este sentido, el Tribunal Colegido no manifestó que careciera de competencia para conocer por razón de la materia, de territorio o de grado, pues inclusive ordenó enviar el asunto a otro tribunal de la misma materia y circuito. Por eso, esta Primera Sala estima que este preciso asunto no constituye un verdadero conflicto de competencia que sólo puede sustentarse por razón de grado, de territorio o de materia. Sin embargo, lo cierto es que sí subsiste una controversia suscitada ante la negativa del Primer y del Segundo Tribunales Colegiados para conocer del recurso de revisión que se ha sometido a su conocimiento. Bajo esa tesitura y en atención a los principios procesales de economía y celeridad se estima necesario resolver cuál es el órgano jurisdiccional que ha de resolver el recurso de revisión penal materia de la controversia. Al respecto, si bien la ley no contempla un procedimiento para los conflictos originados por motivos de diversa índole entre Tribunales Colegiados, lo definitivo es que la carga a las partes para promover incidentes innominados u otros análogos llevaría a una dilación que resultaría ociosa y sólo retardaría la decisión que sobre el particular debe emitirse, máxime cuando, como en el caso, resulta que la competencia se surte a favor de uno de los Tribunales Colegiados en controversia, por ello se procede a resolver por analogía como si se tratara de un conflicto competencial, esto, sobre la base de los criterios que ha sostenido este Alto Tribunal en las tesis con los rubros: ‘COMPETENCIA NEGATIVA, CORRESPONDE CONOCER A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DEL CASO EN QUE, SIN PLANTEARSE FORMALMENTE UN CONFLICTO COMPETENCIAL, DOS TRIBUNALES SE NIEGUEN A CONOCER DE UN ASUNTO.’ y ‘COMPETENCIA, CONFLICTO DE. ARBITRIO DEL TRIBUNAL QUE LO RESUELVE.’. Idéntico criterio de solución adoptó esta Primera Sala al resolver un asunto con una problemática similar, esto es, el conflicto competencial 111/2013, fallado por unanimidad de votos el día cinco de junio de dos mil trece, bajo la ponencia del señor Ministro José Ramón Cossío Díaz. TERCERO. Estudio de fondo. Corresponde determinar cuál de los dos Tribunales Colegiados contendientes debe conocer del amparo en revisión penal promovido por **********, **********, **********, **********, **********, ********** y ********** en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, promovido por sí y por medio de su autorizada. Conforme al artículo 81, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, procede el recurso de revisión en amparo indirecto contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional y son competentes para resolverlo los Tribunales Colegiados de Circuito, en el entendido de que sólo queda reservada la competencia para la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando en la demanda de amparo se plantea la inconstitucionalidad de una norma general o bien, en la propia sentencia se establece la interpretación directa de un precepto de la Constitución, en los términos y condiciones previstos en los artículos 83 y 84 de la Ley de Amparo, y punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora bien, cuando en un mismo circuito existan varios Tribunales Colegiados, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal establecer las reglas para la distribución de los asuntos. En relación a esto, el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone lo siguiente: ‘Artículo 39." (se transcribió). En las circunstancias apuntadas, un recurso de revisión competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, será turnado indistintamente a cualquiera de ellos cuando éstos no sean especializados, según el orden de recepción. En ese contexto, corresponde conocer al Tribunal Colegiado de Circuito que tenga jurisdicción y competencia territorial sobre el Juez de amparo, atendiendo, además, al Acuerdo General 57/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divida la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tal virtud, tanto el Primero como el Segundo Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, correspondiente al Estado de Guerrero, son órganos jurisdiccionales legalmente competentes para conocer del recurso de revisión que nos ocupa, esto en razón de los criterios de materia, territorio y grado, pues ambos ejercen jurisdicción y competencia territorial sobre el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero y la materia de la litis del recurso consiste, en revisar una sentencia en la que se concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable deje sin efectos la negativa de girar una orden de aprehensión y emita una nueva determinación bajo los lineamientos que le fueron indicados, por lo que al tratarse de un asunto en materia penal, ambos tribunales son igualmente competentes para determinar lo que en derecho corresponda. Ahora bien, para determinar cuál de los dos Tribunales Colegiados debe conocer del amparo en revisión penal en comentario, es preciso traer a colación el contenido del artículo 24, fracción VIII, último párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, el cual dispone: ‘Artículo 24. ... VIII.’ (se transcribió). Del precepto citado, se observa que en caso de existir varios tribunales legalmente competentes para conocer de un asunto, deberá surtirse la competencia a favor del que haya prevenido en conocimiento, esto es, del tribunal que conoció del recurso en primer orden. En el presente conflicto, si el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito recibió por razón de turno el recurso de revisión, debe concluirse que el conocimiento del asunto le corresponde a dicho tribunal. No son obstáculo para arribar a la conclusión anterior los argumentos que brinda el citado Tribunal Colegiado para no conocer del amparo en revisión objeto del conflicto, por lo siguiente: a. En el caso a estudio no se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues tal como se hace constar en la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito el día diecinueve de diciembre de dos mil trece, sólo la Magistrada Xóchitl Guido Guzmán se declaró impedida para conocer del recurso de revisión, de tal modo que el Tribunal Colegiado sólo calificó de legal un impedimento, no dos o más como lo exige la hipótesis normativa en estudio: ‘Artículo 36.’ (se transcribió). b. En consecuencia, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone que cuando un Magistrado estuviere impedido para conocer de un asunto será suplido por el secretario que designe el tribunal, lo que quiere decir que el secretario va a sustituir o relevar en sus funciones al Magistrado impedido, de ahí que no sea factible sostener que el Tribunal Colegiado no estará debidamente integrado para su funcionamiento y la resolución del recurso de revisión radicado bajo el número **********, del índice del mencionado tribunal. La misma ley ha previsto el supuesto en el que se encuentra el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, para procurar su continuado desempeño y funcionamiento. c. Por lo que respecta al secretario de Tribunal en funciones de Magistrado que también integra el Pleno del referido Tribunal Colegiado, tal como se menciona en la parte final de la resolución de fecha emitida el día diecinueve de diciembre de dos mil trece, dicho servidor público fue designado para ocupar ese cargo por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha uno de octubre de dos mil trece, mediante oficio número CCJ/ST/4852/2013. Los secretarios de Tribunales Colegiados designados por el Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar funciones de Magistrados, se convierten en verdaderos titulares de los órganos jurisdiccionales respectivos, durante el lapso que duren en funciones, tal como se desprende del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: ‘Artículo 81. ... XXII.’ (se transcribió). Así lo ha reconocido esta Primera Sala en la jurisprudencia cuyo rubro y contenido son los siguientes: ‘IMPEDIMENTO. PUEDE CONOCERLO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO INTEGRADO POR UN MAGISTRADO TITULAR, UN SECRETARIO EN FUNCIONES DE MAGISTRADO Y UN SECRETARIO DESIGNADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribió). En atención a las consideraciones expresadas en esta resolución, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el órgano colegiado competente para conocer y resolver del amparo en revisión promovido por los terceros perjudicados en el amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, lo es el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, toda vez que se encuentra legalmente integrado para emitir el fallo correspondiente al citado asunto y, por tanto, es a quien deberán devolverse los autos para el conocimiento del mismo ..."

Y al resolver el veintiuno de mayo de dos mil catorce, por mayoría de cuatro votos (Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo), y uno en contra (Ministro José Ramón Cossío Díaz), el conflicto competencial 43/2014, bajo la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la misma Primera Sala consideró, en lo atinente, lo siguiente:

"SEGUNDO. Ma

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25506-05befc0a/tribunales-colegiados-de-circuito-pueden-integrarse-legalmente-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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