Corpus
Modo: Corpus Pro

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. NO ESTÁ IMPEDIDO PARA SANCIONAR CON LA DESTITUCIÓN DE SU ENCARGO A UN SECRETARIO DE ACUERDOS DE LAS SALAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA A QUIEN DESIGNÓ PARA EJERCER PROVISIONALMENTE LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, POR SU ACTUACIÓN COMO JUZGADOR DE APELACIÓN. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS MAGISTRADOS Y JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. EL EXAMEN DE LA "NOTORIA INEPTITUD", COMO CAUSA RELATIVA, TIENE QUE MOSTRAR QUE ACTUARON CON UNA FRANCA E INNEGABLE DESVIACIÓN DE LA LEGALIDAD. RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. DIFERENCIAS ENTRE LA POLÍTICA Y LA ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). SERVIDORES PÚBLICOS JUDICIALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN SUJETOS DE JUICIO POLÍTICO. LO SON ÚNICAMENTE LOS MAGISTRADOS, CONSEJEROS DEL PODER JUDICIAL, JUECES DE PRIMERA INSTANCIA Y JUECES MENORES. MARGEN DE APRECIACIÓN DEL JUZGADOR. DEBE PONDERARSE FRENTE AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, A EFECTO DE QUE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL ENCUENTRE EQUILIBRIO EN LA RESPONSABILIDAD DE AQUÉL, AL DESPLEGAR SU ACTUACIÓN. TEORÍA DE LA ASUNCIÓN JUDICIAL. SUS POSTULADOS SE CUMPLEN CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL REPARA LA TRANSGRESIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES QUE OCASIONÓ ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO JUDICIAL Y CON ELLO EVITA UNA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MEXICANO EN EL PLANO INTERNACIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 126/2013. · Registro digital (IUS): 25479
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-02-13
Promovente: PLENO DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, Pág. 2546.

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. NO ESTÁ IMPEDIDO PARA SANCIONAR CON LA DESTITUCIÓN DE SU ENCARGO A UN SECRETARIO DE ACUERDOS DE LAS SALAS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA A QUIEN DESIGNÓ PARA EJERCER PROVISIONALMENTE LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, POR SU ACTUACIÓN COMO JUZGADOR DE APELACIÓN.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS MAGISTRADOS Y JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. EL EXAMEN DE LA "NOTORIA INEPTITUD", COMO CAUSA RELATIVA, TIENE QUE MOSTRAR QUE ACTUARON CON UNA FRANCA E INNEGABLE DESVIACIÓN DE LA LEGALIDAD.

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. DIFERENCIAS ENTRE LA POLÍTICA Y LA ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).

SERVIDORES PÚBLICOS JUDICIALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN SUJETOS DE JUICIO POLÍTICO. LO SON ÚNICAMENTE LOS MAGISTRADOS, CONSEJEROS DEL PODER JUDICIAL, JUECES DE PRIMERA INSTANCIA Y JUECES MENORES.

AMPARO EN REVISIÓN 126/2013. PLENO DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. 13 DE FEBRERO DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: HUGO SAHUER HERNÁNDEZ. PONENTE: VÍCTORINO ROJAS RIVERA. SECRETARIO: FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁVILA.

CONSIDERANDO:

QUINTO. El análisis de los agravios esgrimidos conduce al resultado siguiente:

Es infundada la disconformidad sintetizada en el apartado 4.1 del considerando precedente, en la cual se arguye que la Jueza a quo procedió contra derecho, por haber analizado los conceptos de violación tendentes a cuestionar la competencia de la autoridad responsable, cuando la quejosa no la controvirtió en la sustanciación de la queja administrativa.

Se determina lo anterior, en la medida en que la competencia es un concepto aplicable a todos los órganos del Estado, para indicar la esfera o el ámbito (espacial, material, personal) dentro del cual pueden ejercer válidamente las funciones que les son propias; por tanto, se convierte en un elemento esencial del principio de legalidad previsto por los artículos 14 y 16 constitucionales, el cual exige que toda resolución de autoridad necesariamente debe provenir de quien para ello esté facultado, expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que lo suscribe y la normativa que le otorgue tal legitimación.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 10/94, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:

"COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emite, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria."(27)

De donde deriva que la competencia es un presupuesto de todo proceso válido, ya que el interés que la misma reviste es de orden público; por tanto, para cumplir el mandato expreso de los artículos 14 y 16 constitucionales, los actos de molestia y privativos deben provenir de autoridad competente, para lo cual ésta debe fundarla en los preceptos legales correspondientes.

De suerte que aun cuando la quejosa no manifestara en el procedimiento del cual emerge el acto reclamado, su desacuerdo respecto a la competencia de la autoridad responsable, tal circunstancia no constituía impedimento para que la juzgadora federal analizara los conceptos de violación tendentes a controvertir la competencia de aquélla para sancionarla.

Lo anterior, en virtud de que la competencia de la autoridad responsable para sancionar a la quejosa -cuestión que fue la examinada por la juzgadora federal- constituye un elemento esencial y propio del acto reclamado, dado que al habérsele impuesto en éste la destitución del cargo de secretaria de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, significa que se le sancionó con la privación de un derecho adquirido (el cargo que ostentaba).

Por tanto, la quejosa se encontraba en aptitud de cuestionar, en el juicio de amparo indirecto, la competencia de la autoridad responsable para sancionarla, en ejercicio del derecho fundamental consignado en el artículo 14 constitucional, sobre todo si se tiene en cuenta que el procedimiento del cual emerge el acto reclamado es de naturaleza meramente administrativa, incoado en el ámbito de responsabilidades de los servidores públicos, como más adelante se explicará con mayor detalle.

Habida cuenta que el Máximo Tribunal Judicial del País ha establecido que si el quejoso estima incompetente a la autoridad que lo cita para el trámite del procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra, habrá de esperar a impugnar tal aspecto hasta que se dicte la resolución definitiva de responsabilidad, ya sea a través del recurso ordinario (si es que la legislación secundaria lo prevé), o bien, mediante el juicio de amparo indirecto que se promueva contra esta última; lo anterior, acorde con las razones conducentes que orientan a la jurisprudencia 2a./J. 43/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto."(28)

De suerte que si la legislación secundaria expresamente dispone que son irrecurribles las resoluciones en materia de responsabilidades dictadas por el Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán,(29) es inconcuso que la quejosa, a través del juicio de amparo indirecto -medio de control extraordinario- que promovió, estaba en aptitud de cuestionar la competencia de la autoridad responsable, tanto para incoar el procedimiento administrativo, como para imponerle la sanción y, por ende, no era dable que la resolutora federal estimara inoperantes los conceptos de violación relativos, opuestamente a lo aseverado por la parte aquí recurrente.

Máxime que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, precisamente, el juicio de amparo indirecto como única vía para impugnar las determinaciones del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, dada la inexistencia de algún recurso ordinario.(30)

No se desatiende que la autoridad disconforme apoya su motivo de disenso en las razones que orientan a las jurisprudencias P./J. 20/2003 y 2a./J. 84/2002, sustentadas, respectivamente, por el Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales disponen, en su orden, lo siguiente:

"AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE INTRODUCIR, EN EL JUICIO O EN LA REVISIÓN, EL EXAMEN NOVEDOSO DE LA INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE. Cuando en el juicio ordinario no se hizo valer la incompetencia de la autoridad responsable, es improcedente que en el amparo directo en revisión se introduzca como novedoso tal planteamiento, ni aun en el supuesto de que dicho análisis se efectúe a título de suplencia de la queja deficiente, pues ese examen requiere, necesariamente, de su previo cuestionamiento, vía excepción, en el juicio natural y, en su caso, a través del juicio de amparo indirecto, toda vez que la resolución que considera infundada dicha excepción es de aquellos actos en el juicio que tienen una ejecución de imposible reparación, en virtud de que se emite en atención a la naturaleza del negocio y, consiguientemente, incide en la determinación de la ley aplicable al procedimiento ordinario respectivo; de manera que si aquella resolución no se combate a través del amparo indirecto, el efecto que produciría ese consentimiento sería el de que las partes contendientes continuaran en el litigio ante esa autoridad, y no ante la que se considere competente, la que si bien tiene las mismas funciones, no aplica la misma ley conforme a la cual debe regirse el procedimiento."(31)

"AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE INTRODUCIR EN EL JUICIO EL EXAMEN NOVEDOSO DE LA INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE NI A TÍTULO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, NI BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL ORDENAMIENTO QUE RIGE LA COMPETENCIA HA SIDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. Si no se planteó en el juicio ordinario, es improcedente que en el amparo directo se introduzca como novedoso el estudio de la incompetencia de la autoridad responsable, ni aun en el caso de que dicho análisis se efectúe a título de suplencia de la queja deficiente por considerar que el ordenamiento que rige la competencia ha sido declarado inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ese examen requiere, necesariamente, de su previo cuestionamiento, en vía de excepción, en el juicio natural y, en su caso, a través del juicio de amparo indirecto, toda vez que la resolución mediante la cual se considere infundada dicha excepción, es de aquellas que se consideran de imposible reparación para efectos del juicio de garantías, en virtud de que se emite en atención a la naturaleza del negocio y, consiguientemente, incide en la determinación de la ley aplicable al procedimiento ordinario respectivo, de manera que si aquella resolución no se combate mediante el citado juicio de amparo indirecto, el efecto que produciría ese consentimiento sería el de que las partes contendientes continuaran en el litigio ante esa autoridad, y no ante la que se considere competente, la que, si bien tiene las mismas funciones, no aplica la misma ley conforme a la cual debe regirse el procedimiento."(32)

Sin embargo, tales criterios son inaplicables al caso concreto, acorde con las consideraciones que a continuación se exponen:

La primera, porque en atención al rubro de las citadas jurisprudencias se colige que los criterios de mérito fueron confeccionados para aplicarse en el juicio de amparo directo, mas no en el indirecto, como fue el promovido por la quejosa y del cual deriva la sentencia ahora recurrida.

La segunda, porque el contenido de dichas jurisprudencias corrobora que su aplicación impera exclusivamente tratándose del juicio de amparo directo, en la medida en que tales criterios (acerca de que jurídicamente es improcedente que en el amparo uniinstancial se examine, como cuestión novedosa, el tema relativo a la incompetencia de la autoridad responsable, cuando en el "juicio ordinario" no se planteó ni se hizo valer la incompetencia de aquélla), se basan en una misma premisa: porque en el juicio natural u ordinario aludido -esto es, del cual emerge el acto reclamado en el amparo directo- existen medios de defensa asequibles a las partes para impugnar la competencia de la autoridad responsable, como lo es "vía excepción" -incluso incidental- y que lo que se resuelva al respecto será factible combatirse a través del juicio de amparo indirecto.

Premisa precedente que no se actualiza en el caso concreto, pues el acto reclamado no deriva de un "juicio ordinario" incoado contra la quejosa, sino de un procedimiento administrativo de responsabilidades, por un lado y, por otro, el procedimiento administrativo referido no consigna a la parte quejosa medio de defensa ordinario alguno para impugnar la competencia de la autoridad responsable.

La tercera, porque al margen de que la parte recurrente no arguye que los criterios jurisprudenciales referidos resulten aplicables por analogía, ésta ni siquiera operaría para aplicarlos.

Se explica lo anterior ya que, con independencia de que las jurisprudencias 20/2003 y 84/2002 citadas, están confeccionadas para el juicio de amparo directo, mas no para el indirecto, y que aquellos criterios parten de la premisa -como ya se vio- de que el juicio ordinario -del cual deriva el acto reclamado en el amparo directo- prevé medios de defensa a las partes para impugnar la competencia de la autoridad responsable, también existen diferencias sustanciales entre un juicio ordinario y un procedimiento administrativo, como lo es del que emerge el fallo reclamado en el juicio de amparo indirecto subyacente.

En efecto, el juicio ordinario -al que aluden aquellos criterios jurisprudenciales- es el instado por una parte denominada actora, en ejercicio de su derecho de acción, contra otra llamada demandada, a quien le asiste el derecho de contradicción, a la que aquélla exige el cumplimiento de una obligación o el reconocimiento de un derecho; juicio ordinario que es sometido ante la potestad de un tribunal del Estado, por considerarlo apto para el ejercicio del deber jurisdiccional. Derechos de acción y contradicción, así como el deber jurisdiccional paralelo, que están insertos en los dos primeros párrafos del artículo 17 constitucional.(33)

A su vez, el procedimiento del que emerge el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto subyacente, no tiene aquellas características, pues no existe una confrontación entre partes, ni su conocimiento correspondió a un tribunal del Estado(34) en ejercicio de su deber jurisdiccional.

Por el contrario, aquel procedimiento tiene una finalidad disciplinaria-sancionadora de naturaleza eminentemente administrativa, cuyo inicio, aun cuando tuvo su origen en el ejercicio del derecho del gobernado a presentar una queja-denuncia contra las anomalías del servidor público judicial, lo cierto es que su sustanciación y resolución correspondieron a un órgano administrativo de orden estatal en su ámbito fiscalizador de responsabilidades, el cual "... no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate ..."(35)

De ahí que, aun cuando el órgano estatal fiscalizador pudo haber desplegado cierta actividad materialmente jurisdiccional, ésta no se concretó dentro del deber jurisdiccional (resolver las controversias suscitadas entre particulares o entre alguno de éstos y la administración pública), sino que emergió dentro del marco de su potestad formalmente administrativa,(36) como son el control y vigilancia en el ámbito de las responsabilidades de los servidores públicos judiciales; es decir, vigilar y sancionar a éstos por eventuales infracciones a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones.

Todo lo cual lleva a sostener que al existir diferencias sustanciales entre la concepción de un juicio ordinario y el procedimiento administrativo del cual derivó el acto reclamado en el juicio de amparo subyacente, por un lado y, por el otro, que el acto reclamado en un juicio de amparo directo tiene características divergentes del que constituye el reclamado en un juicio de amparo indirecto, lo que lleva a establecer que ni siquiera resultaran aplicables, por analogía, los criterios jurisprudenciales invocados por la parte aquí recurrente.

Por otra parte, se analizarán en conjunto las disconformidades sintetizadas en los apartados 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5 y 4.2.6 del considerando precedente, pues todas ellas están encaminadas a controvertir la conclusión de la resolutora a quo en torno a que la secretaria de Acuerdos, autorizada por el Consejo del Poder Judicial del Estado para fallar asuntos jurisdiccionales, es el centro de imputación de derechos y obligaciones que corresponden al titular del cargo.

En principio, son inoperantes las disidencias esgrimidas en torno a que el Consejo Poder Judicial del Estado no a la quejosa como Magistrada, basadas en que es facultad exclusiva del Congreso del Estado nombrar a los Magistrados, quienes además deben cumplir con la protesta solemne del cargo, acorde con los numerales 77 y 158 de la Constitución del Estado de Michoacán.

La inoperancia de mérito radica en que la recurrente parte de una premisa inexacta, ya que la juzgadora a quo no consideró que el mencionado consejo hubiera nombrado o designado constitucionalmente a la quejosa como Magistrada.

En efecto, la estructura del fallo recurrido revela que lo considerado fue que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado prevé un régimen para suplir las ausencias de los servidores públicos, entre ellos, las de los Magistrados en términos del artículo 137 de la ley citada; que conforme a este precepto, ante la ausencia de un Magistrado, el consejo mencionado tiene la facultad de autorizar al secretario de Acuerdos de la Sala respectiva para fallar en definitiva o de manera interlocutoria o incidental los asuntos, y que, en el caso concreto, el citado consejo había autorizado a la quejosa (secretaria de Acuerdos) para que, en cuanto encargada del despacho por ministerio de ley, pudiera fallar en definitiva o de manera interlocutoria o incidental los asuntos que se tramitaban en la Sala, en términos del mencionado numeral 137.

Esto es, en la sentencia recurrida no se estableció que el Consejo del Poder Judicial del Estado hubiera nombrado o designado constitucionalmente a la quejosa como Magistrada, sino que lo considerado fue que aquél la autorizó para fallar los asuntos en términos del artículo 137 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; lo cual se constata cuando en el fallo recurrido se transcribió la autorización de mérito(37) y, luego, se estableció que la sentencia dictada en el toca de apelación ********** -de la cual derivaban las faltas materia de la sanción- había sido pronunciada por la quejosa "... cuando todavía se encontraba autorizada por el Consejo del Poder Judicial del Estado, para resolver en definitiva los negocios de la Segunda Sala del Supremo Tribunal del Estado, esto es, con la investidura de Magistrada."

No es óbice que en la sentencia recurrida se hubiera hecho referencia a que la quejosa había sido investida como Magistrada, mas tal referencia no debe entenderse en el sentido de que la juzgadora federal partiera de la premisa de que el mencionado consejo hubiese nombrado o designado constitucionalmente a la quejosa como Magistrada, pues no obra en la sentencia consideración que así lo revele; por el contrario, simplemente se consideró que la quejosa fue autorizada legalmente para que fallara los asuntos sometidos a la consideración de la Sala respectiva; es decir, para que realizara las funciones jurisdiccionales del Magistrado ausente, lo que se pone de relieve cuando la resolutora a quo concluyó que: "... los secretarios en funciones de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no se encuentran bajo la jurisdicción del Consejo del Poder Judicial del Estado ..."; conclusión que, por el momento, sólo sirve para evidenciar el sentido correcto de la referencia en comento, aunque la legalidad de tal conclusión será objeto de análisis posterior.

En tales condiciones, como la recurrente finca su disidencia en una premisa inexacta (que la juzgadora a quo hubiera considerado que el consejo nombró o designó a la quejosa como Magistrada), es inconcuso que tal motivo de desacuerdo se torna inoperante, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida."(38)

Por otra parte, devienen infundadas las disconformidades esgrimidas, tendentes a rebatir la determinación de la resolutora a quo, en el sentido de que los secretarios autorizados para desempeñar las funciones de Magistrados gozan tanto de los derechos y prerrogativas como de las obligaciones de la función.

Ello es así, pues al margen de que en la sentencia recurrida no se consideró que la quejosa tuviera la "calidad" de Magistrada (aspecto en el que insiste la recurrente), sino que fue autorizada para desempeñar las funciones del Magistrado suplido, por un lado y, por el otro, de que la aquí disconforme no combate en su totalidad las consideraciones sustento de aquella determinación, entre ellas, la Observación General Número Treinta y Dos del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en materia de independencia e imparcialidad de quienes desempeñan la tarea de juzgador, en cuyo contenido se cimentó la afirmación de que no es el nombramiento lo que hace que la persona sea el centro de imputación, sino la función que desempeña, aunque sea transitoria.

Lo cierto es que, como bien estimó la resolutora federal, al prever la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado un régimen para suplir las ausencias de los Magistrados, ello implica que los secretarios que eventualmente lleguen a desempeñar las funciones del Magistrado ausente, por virtud de la autorización a que alude el numeral 137 de la ley citada, serán el centro de imputación tanto de los derechos y prerrogativas, como de las obligaciones que correspondan a la investidura del Magistrado.

En efecto, el artículo 137 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece:

"Artículo 137. Las ausencias accidentales de los Magistrados se suplirán por los secretarios de Acuerdos de las Salas, quienes estarán facultados para continuar la tramitación de los asuntos, no así para resolver cuestiones incidentales o definitivas, salvo los incidentes de libertad provisional bajo caución y cualquier otro trámite que repercuta directamente sobre la libertad del procesado. La misma facultad tendrán los secretarios, tratándose de ausencias temporales de los Magistrados que no excedan de quince días; mientras que- las ausencias definitivas también serán suplidas por los secretarios de Acuerdos de las Salas, en tanto se hace la elección respectiva, pero en este caso, el secretario podrá ser autorizado por el consejo para fallar en definitiva o de manera interlocutoria o incidental.

"Para las ausencias temporales de los Magistrados que excedan de quince días el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, acordará la distribución de los asuntos entre los Magistrados del ramo."

El precepto transcrito dispone el mecanismo para suplir las ausencias de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, estableciendo que esas ausencias recaerán en los secretarios de Acuerdos de las Salas respectivas; suplencia que, en lo que interesa, revela dos alcances jurídicos, a saber:

• Un alcance restringido, tratándose de la ausencia accidental o no mayor a quince días por parte del Magistrado; pues en tales supuestos el secretario de Acuerdos sólo estará facultado, por disposición legal, para continuar la tramitación de los asuntos, no así para resolver cuestiones incidentales o definitivas, salvo los incidentes de libertad provisional bajo caución y cualquier otro trámite que repercuta directamente sobre la libertad del procesado; y,

• Un alcance amplio, en los casos de las ausencias definitivas de los Magistrados, supuesto en el que los secretarios de Acuerdos de las Salas, de llegar a ser autorizados por el consejo, tendrán facultades de fallar en definitiva o de manera interlocutoria o incidental los asuntos sometidos ante la Sala respectiva, hasta en tanto se haga la elección definitiva.

Esto es, el mecanismo para suplir a los Magistrados se distingue por el tipo de ausencia de éstos, en tanto el alcance de la suplencia se determina por la circunstancia de que el Consejo del Poder Judicial del Estado autorice o no a los secretarios de Acuerdos de las Salas para fallar asuntos.

Importa el segundo supuesto detallado, esto es, cuando existe autorización, pues -en el caso concreto- está fuera de controversia que el Consejo del Poder Judicial del Estado, ante la ausencia del Magistrado adscrito a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, otorgó autorización a la quejosa para que fallara los asuntos correspondientes a la Sala de su adscripción, en términos del mencionado artículo 137 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Al respecto, cabe señalar que la autorización de mérito no constituye una designación o nombramiento formal de Magistrado, sino simplemente es el acto administrativo a través del cual se permite, de manera transitoria, el traslado de las funciones jurisdiccionales del Magistrado ausente a otra persona, toda vez que la redacción del numeral 137 revela y concreta la intención del legislador ordinario de establecer un mecanismo para hacer frente a las ausencias definitivas de los Magistrados y, con ello, evitar el retraso en la labor jurisdiccional que los justiciables demandan, ya que el trámite de los asuntos y el dictado de las sentencias no deben depender de aquellas eventualidades que inciden en las ausencias definitivas de los Magistrados.

De manera que, conforme a las atribuciones previstas en el artículo 137, parte final del primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y, sobre todo, en observancia a la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el artículo 17, segundo párrafo, constitucional, el secretario autorizado por el Consejo del Poder Judicial del Estado, en términos de la disposición citada, queda facultado para ejercer en modo amplio las funciones jurisdiccionales que corresponden al Magistrado ausente respectivo; esto es, para fallar en dictar las sentencias definitivas o interlocutorias de los asuntos turnados a la Sala correspondiente, a fin de preservar el normal funcionamiento del órgano jurisdiccional.

En tal virtud, si ante la ausencia definitiva de un Magistrado se extiende la autorización por parte del Consejo del Poder Judicial a un secretario de Acuerdos, éste será el centro de imputación tanto de los derechos y prerrogativas, como de las obligaciones que correspondan a la investidura del Magistrado ausente.

Lo anterior se corrobora, precisamente, con los autos del procedimiento de queja incoado contra la peticionaria del amparo, pues las conductas materia de la imputación fueron desplegadas al concretar las funciones jurisdiccionales para las cuales se le autorizó por parte del Consejo del Poder Judicial del Estado; es decir, al emitir la sentencia en el toca apelación **********.

Sin que resulte válido lo argumentado por la recurrente, en cuanto a que las tesis CXLIV/97 y CXLII/97 del Pleno de la Suprema Corte d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25479-bb41bc94/consejo-del-poder-judicial-del-estado-de-michoacan · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.