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Modo: Corpus Pro

COMISIÓN DE MAGISTRADOS NOMBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS PARA EJERCER LAS ATRIBUCIONES ANTES ENCOMENDADAS AL EXTINTO CONSEJO DE LA JUDICATURA. ES CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE COMPETENTE PARA TRAMITAR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SOMETIDOS A SU POTESTAD, HASTA LA FECHA EN QUE QUEDÓ INTEGRADA Y ENTRÓ EN FUNCIONES LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PROPIO TRIBUNAL SUPERIOR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2019. · Registro digital (IUS): 29590
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2020-12-11
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, Pág. 777.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS NICOLÁS NAZAR SEVILLA Y ALFREDO CID GARCÍA. DISIDENTE Y PONENTE: GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: ALFREDO CID GARCÍA. SECRETARIA: OLGA LYDIA NÚÑEZ AGÜERO.

CONSIDERANDO:

(1) PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis sustentada entre Tribunales Colegiados de este Circuito y un Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en apoyo a uno de éstos.

(2) Ilustra al respecto, la jurisprudencia que enseguida se inserta:

"Décima Época

"Con número de registro digital: 2008428

"Instancia: Segunda Sala

"Tipo de tesis: Jurisprudencia

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Libro 15, Tomo II, febrero de 2015

"Materias: constitucional y común

"Tesis: 2a./J. 3/2015 (10a.)

"Página: 1656

De título y subtítulo: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el Auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los Tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción.

"Contradicción de tesis 269/2014. Entre las sustentadas por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 26 de noviembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas.

"Tesis y/o criterios contendientes:

"Tesis PC.I.A. 1 K (10a.), de título y subtítulo: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR QUE RESOLVIÓ EN APOYO DE OTRO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA RESOLVER EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.’, aprobada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 11 de julio de 2014 a las 8:25 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, Tomo I, julio de 2014, página 803, y

"El sustentado por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 5/2014.

"Nota: Los Acuerdos Generales 14/2013 y 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal citados, aparecen publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, Tomo 2, junio de 2013, página 1433 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo III, mayo de 2014, página 2421, respectivamente.

"Tesis de jurisprudencia 3/2015 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiuno de enero de dos mil quince.

"Esta tesis se publicó el viernes 13 de febrero de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 de febrero de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013."

(3) SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por la Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos y por la Comisión de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, esta última como parte en los asuntos de donde deriva la presente contradicción; de ahí que, formalmente, se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

(4) TERCERO.—Existencia de la contradicción. Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, debe tenerse presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas del Máximo Tribunal o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.

(5) Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Con número de registro digital: 164120

"Instancia: Pleno

"Tipo de tesis: Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXII, agosto de 2010

"Materia: común

"Tesis: P./J. 72/2010

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.

"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala.

"Contradicción de tesis 34/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 de enero de 2010. Once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Constanza Tort San Román.

"Contradicción de tesis 37/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 de enero de 2010. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Paola Yaber Coronado.

"Contradicción de tesis 45/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 de enero de 2010. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez.

"Contradicción de tesis 6/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 11 de marzo de 2010. Mayoría de nueve votos en relación con los puntos resolutivos de la sentencia respectiva; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Sergio A. Valls Hernández; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco Gorka Migoni Goslinga.

"El Tribunal Pleno, el doce de julio en curso, aprobó, con el número 72/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de julio de dos mil diez.

"Nota: La tesis P./J. 26/2001 y la parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 36/2007-PL citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XIII, abril de 2001, página 76 y XXX, agosto de 2009, página 293, respectivamente."

(6) Asimismo, para estar en condiciones de determinar si hay contradicción de tesis, han de precisarse las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados contendientes.

(7) CUARTO.—Criterios de los tribunales contendientes. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 194/2019, estableció en la parte conducente, lo siguiente:

"(5) Establecido lo anterior, se procede a realizar el estudio que lleva a estimar a este Tribunal Colegiado que la autoridad responsable comisión designada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, carece de competencia para resolver el procedimiento administrativo de responsabilidad instaurado en contra de las aquí recurrentes.

"(6) Así, primeramente es pertinente establecer que la competencia en términos generales debe entenderse como la facultad o capacidad que tienen las autoridades jurisdiccionales para conocer y decidir sobre determinadas materias, así cabe distinguir entre competencia de origen, jurisdiccional y constitucional.

"(7) La competencia de origen, es la facultad legal establecida para llevar a cabo la designación en favor de un funcionario público, que posea los requisitos necesarios impuestos por la ley para desempeñar sus atribuciones; competencia, que no puede ser examinada a través del juicio de amparo, ya que se estima que el Poder Judicial de la Federación, no puede intervenir en una cuestión eminentemente política como es la designación de servidores públicos, en tanto que ello conlleva combatir la legitimación de la designación de las personas físicas de quien o quienes ejecutan los actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, y al discutirse su nombramiento como representantes de la autoridad, implicaría estudiar aspectos vinculados con la competencia de origen, lo cual no está jurídicamente permitido.

"(8) La competencia jurisdiccional, es la potestad del Estado convertido en autoridad para impartir justicia por medio de los tribunales, regulando los distintos procedimientos que han de sustanciarse ante éstos y que se surten de acuerdo con las circunstancias de materia, lugar, grado, cuantía que rodean al litigio planteado, la cual al no quedar comprendida en forma directa e inmediata en la garantía constitucional, es susceptible dirimirse procesalmente por el tribunal superior.

"(9) Finalmente, la que aquí interesa, la competencia constitucional, es la que deriva directamente de un precepto constitucional federal o local, esto es, la competencia constitucional consiste básicamente en que la autoridad que dicte el mandamiento que lesiona a un particular, debe contar, dentro de la esfera de sus facultades señaladas en la Constitución misma, con la de dictar el mandamiento de que se trata, de manera que una autoridad no pueda hacer uso incorrecto de la fuerza vinculatoria legal o de la fuerza pública del Estado, fuera de la esfera de sus atribuciones, para causar molestias a un particular.

"(10) Establecido lo anterior, en el caso a estudio, se tiene que con fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, se publicó en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, el Decreto número 2589, por el cual se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

"(11) En lo que interesa, en el decreto mencionado se derogó el artículo 92 y reformó el contenido del diverso 92 A, de la Constitución local, lo que dio lugar a la extinción el (sic) Consejo de la Judicatura del Estado, otorgándole al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, entre otras facultades, la de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, fijándose en su disposición transitoria décima tercera, un término máximo de noventa días hábiles, para que el Congreso del Estado de Morelos, expidiera la reforma respectiva a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, para adecuarla a la extinción del Consejo.

"(12) Así, mediante Decreto 2590, publicado con fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, se reformaron y adicionaron, entre otras, diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; específicamente en su disposición transitoria quinta, se estableció que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, debía nombrar una comisión que estaría integrada por el presidente del Tribunal y dos Magistrados, así como un secretario general, a efecto de efectuar las funciones que en forma colegiada venía realizando el extinto Consejo de la Judicatura Estatal, la cual tendría su funcionamiento hasta en tanto que el Congreso realizara las adecuaciones a la citada ley, estableciéndose su vigencia desde el día de su publicación en términos del transitorio primero.

"(13) Por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, nombra la citada comisión para que en forma temporal realizara las atribuciones del Consejo, respecto de las funciones administrativas, de disciplina y vigilancia del propio Poder Judicial.

"(14) Posteriormente, por Decreto 2611, publicado el cuatro de abril de dos mil dieciocho, se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, estableciéndose en su artículo 86,(1) la creación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, quien será ser la encargada de vigilar la disciplina de sus integrantes, así como la administración en general de dicho poder, a excepción del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de los Magistrados del Tribunal Laboral y del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes.

"(15) Asimismo, en el diverso precepto legal 92-A,(2) se prevé que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, se integrará por el presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será de dicha Junta; así como por un Magistrado y un Juez de Primera Instancia; la forma en que serán elegidos cada uno de sus integrantes, el tiempo que durarán en su cargo, sus facultades y competencia.

"(16) De igual forma, en sus disposiciones transitorias segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima,(3) se establece en esencia la derogación las normas legales derivadas de las reformas a la Constitución Política del Estado de Morelos, mediante Decreto número 2589, por lo que a fin de evitar interpretaciones incorrectas del marco jurídico vigente, el legislativo estimó en su artículo quinto transitorio, que las menciones que en otros ordenamientos se hagan del Consejo de la Judicatura y de los consejeros del mismo, se entenderán referidas a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial o a sus integrantes, respectivamente, sin que ello implicara identidad entre dichos órganos ni sustitución alguna.

"(17) Además de prever que las funciones, facultades, derechos y obligaciones a cargo del extinto Consejo, serán asumidos por la citada Junta, así como que los asuntos que se encuentren en proceso continuarán tramitándose en los términos de las leyes aplicables, hasta su conclusión en lo que no contravengan al citado decreto, por parte de la referida Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.

"(18) Reforma que fue publicada el cuatro de abril de dos mil dieciocho y entró en vigor a partir del día siguiente de su publicación, esto es, el cinco de abril de dos mil dieciocho, que si bien es cierto, en su disposición transitoria tercera establece que el Congreso del Estado contará con un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del decreto para realizar las adecuaciones legislativas necesarias, esto no implica que la competencia de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, tuviera que posponerse hasta en tanto el órgano legislativo local, realice las reformas constitucionales.

"(19) Ello, en virtud de que a partir del cinco de abril de dos mil dieciocho, con la entrada en vigor del Decreto 2611, se había incorporado al Texto Constitucional Estatal la figura jurídica de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, otorgándole competencia constitucional para conocer y resolver, como en el caso a estudio, del procedimiento de responsabilidad administrativa, puesto que su competencia, integración e inicio de funciones, no se condicionó a la entrada en vigor de la adecuación de la ley orgánica por parte de (sic) poder legislativo, sino que fue desde el momento mismo de la entrada en vigor del decreto que la creó, que quedó investida de competencia constitucional para ejercer las facultades y atribuciones que establece el artículo 92-A, de la propia Constitución local.

"(20) Lo anterior es así, puesto que el Congreso del Estado definió un régimen transitorio para que con la entrada en vigor de las reformas constitucionales contenidas en el Decreto 2611, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, fuera la que tuviera competencia para conocer y resolver sobre los asuntos –procedimientos administrativos–, que se encuentren en proceso, en términos de las leyes aplicables hasta su conclusión.

"(21) De lo que se concluye, que si bien es cierto el procedimiento de responsabilidad inició y se desahogó en sus etapas procesales cuando el extinto Consejo de la Judicatura Federal se encontraba en funciones, también lo cierto es, que a la fecha del dictado de la resolución reclamada, la que tenía la competencia constitucional para resolver el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de las recurrentes ********** y **********, lo era la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

"(22) En consecuencia, al carecer la Comisión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de competencia para resolver respecto de los procedimientos de disciplina y vigilancia de los integrantes del Poder Judicial Estatal, a partir de la entrada en vigor del Decreto 2611, la resolución reclamada de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho por la cual se declara la existencia de responsabilidad administrativa en contra de las recurrentes, resulta violatoria del derecho humano de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 de la Constitución Federal.

"Resulta aplicable la Jurisprudencia del Pleno de (sic) Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente:

"‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.—Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria.’"(4)

(8) Anterior criterio que, en esencia, reiteró en las ejecutorias relativas a los amparos en revisión 202/2019 y 189/2019, fallados en sesiones de dieciocho y treinta y uno de octubre, ambas de dos mil diecinueve, respectivamente, cuyas transcripciones se obvian por resultar innecesarias.

(9) Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, al resolver el amparo en revisión 42/2019 (expediente auxiliar 218/2019 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito), en sesión de veintisiete de junio de dos mil diecinueve sostuvo en la parte conducente, lo siguiente:

"Resultan infundados los conceptos de violación en los que se alega que incorrectamente el Juzgado de Distrito determinó que la comisión era el órgano competente para emitir la resolución sancionadora que impugnó, toda vez que a quien correspondía el dictado era a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

"Ahora, en el Decreto Dos Mil Quinientos Noventa, publicado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ de Morelos, en su edición 5579, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y se abrogó la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia para Adolescentes y Juzgados Especializados, en cuya disposición transitoria quinta prevé lo siguiente:

"‘Quinta. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia nombrará una comisión que estará integrada por el presidente del Tribunal y dos Magistrados, así como un secretario general, este último quien dará fe de sus actos, será designado por el presidente del Tribunal, a efecto de realizar las funciones que en forma colegiada venía realizando el extinto Consejo de la Judicatura, la cual tendrá su funcionamiento hasta en tanto este Congreso realice las adecuaciones a la presente ley respecto de las funciones administrativas, de disciplina y vigilancia del Poder Judicial a que se refieren las disposiciones transitorias tercera y décima tercera de las reformas contenidas en el Decreto Número Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve, por lo que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial «Tierra y Libertad» número 5578, de 15 quince de febrero de 2018, referida en el presente decreto.’

"De la normatividad transcrita se advierte que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia nombrará una comisión que estará integrada por el presidente del Tribunal y dos Magistrados, así como un secretario general, a efecto de realizar las funciones que en forma colegiada venía realizando el extinto Consejo de la Judicatura, la cual iniciaría su funcionamiento hasta en tanto el Congreso realizara las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, respecto de las funciones administrativas, de disciplina y vigilancia.

"En ese contexto, en el Decreto Dos Mil Seiscientos Once, publicado el cuatro de abril de dos mil dieciocho, en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ de Morelos, en su edición 5591, se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos con el propósito de fortalecer al Poder Judicial del Estado, entre ellas el artículo 92-A, para quedar en los términos siguientes:

"‘Artículo 92-A. La Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial es un órgano administrativo que se integrará por el presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será de dicha Junta; así como por un Magistrado y un Juez de Primera Instancia, estos últimos designados por el Pleno del Tribunal a propuesta de las respectivas ternas enviadas por el presidente del mismo.

"‘Para la elección de los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina deberá considerarse a funcionarios que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.

"‘Los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina durarán cuatro años en el cargo, con excepción de su presidente. Ninguno podrá ser designado para un nuevo periodo. Asimismo, serán sujetos de responsabilidad en términos de la ley.

"‘La Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina gozará de independencia de gestión y técnica, así como para emitir sus

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29590-1a6b25dd/comision-de-magistrados-nombrada-por-el-pleno-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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