Sin rubro
RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 6/2014. 8 DE JUNIO DE 2015. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.
México, Distrito Federal, Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ocho de junio de dos mil quince.
V I S T O S; y,
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Resolución impugnada. En sesión celebrada el diecinueve de marzo de dos mil catorce, por unanimidad de cinco votos el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió resolución en el procedimiento de ratificación **********, en la que determinó la no ratificación de ********** en el cargo de juez de distrito.
SEGUNDO. Interposición del recurso de revisión administrativa. Inconforme con la resolución anterior, mediante escrito presentado el cuatro de abril de dos mil catorce en la Oficialía de Partes y Certificación del Edificio Sede del Consejo de la Judicatura Federal, ********** interpuso recurso de revisión administrativa.
TERCERO. Informe justificado. Por oficio presentado el ocho de abril de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el magistrado Guadalupe Tafoya Hernández, Consejero de la Judicatura Federal -en ejercicio de la representación prevista en el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación- remitió el escrito de agravios y rindió el informe correspondiente, en el cual aceptó la certeza del acto impugnado y ofreció las pruebas que estimó pertinentes.
En el referido informe, el consejero señaló lo siguiente.
[...]
Al respecto se manifiesta que es cierto que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió la resolución fechada el diecinueve de marzo de dos mil catorce, en la que determinó NO RATIFICAR a la ahora recurrente en el cargo de Juez de Distrito, por las consideraciones y fundamentos expuestos en la propia resolución, la cual fue aprobada por unanimidad de votos y en su punto resolutivo único establece:
"ÚNICO. NO SE RATIFICA A LA LICENCIADA ********** en el cargo de Juez de Distrito".
Respetuosamente, se expone que en el procedimiento de ratificación y en la resolución con la que culminó, se atendieron puntualmente las disposiciones aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales.
Asimismo, se destaca que dicha resolución fue resultado del estudio pormenorizado y de la valoración a conciencia, de todos los elementos probatorios allegados al procedimiento de ratificación de mérito.
En relación con los agravios, en forma comedida se hace notar que, contrariamente a lo aducido en una parte de ellos, en el caso no opera la figura de ratificación tácita, ello conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable al caso por identidad jurídica sustancial contenido en la tesis aislada: 2ª. CLXVI/2001, visible en la página 705, registro: 188800, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIV, Septiembre, de 2001, Materia(s): Administrativa, del tenor literal siguiente: "MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO administrativo del distrito federal. Improcedencia de su ratificación tácita."(transcribe)
Por otra parte, no deben tomarse en cuenta los agravios en que la recurrente esgrime argumentos encausados a combatir las resoluciones de las quejas administrativas ********** y **********, en las que fue sancionada por faltas que, en las resoluciones respectivas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal calificó como graves. Esto de conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución dictada el ocho de febrero de dos mil diez, en el recurso de revisión administrativa 33/2009, que en la parte conducente señala:
"Así, todos los agravios hechos valer por la recurrente en el sentido de que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal resolvió de modo irregular las denuncias y quejas administrativas instauradas en su contra, simplemente no pueden ser objeto de estudio en esta instancia. Esto, en virtud de que tales procedimientos no culminaron en la destitución de la recurrente, supuesto en el que sí hubiera operado la excepción al principio de inatacabilidad y excepcionalidad de las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal. Hacer lo contrario implicaría hacer procedente, por vía indirecta, a la revisión administrativa respecto de resoluciones que no son impugnables en términos del artículo 100 constitucional.
Así, lo único que este Tribunal Pleno puede revisar es que tales procedimientos de responsabilidad administrativa efectivamente sean valorados y ponderados en la justa proporción a que alude el sentido de cada uno de ellos. Es decir, este Tribunal Pleno sí puede revisar si el Consejo cumplió o no el deber de ponderar en justa medida el resultado de tales procedimientos."
Finalmente, como se sostuvo en la resolución recurrida, no se encuentran subjúdice las resoluciones de las quejas administrativas que le fueron declaradas fundadas por faltas graves a la licenciada **********, de acuerdo con las razones asentadas en dicha resolución, a las cuales me remito en obvio de repeticiones inútiles.
[...]
CUARTO. Trámite del recurso. Por acuerdo de veintiuno de abril de dos mil catorce, la Presidenta en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso de revisión y ordenó su registro bajo el expediente 6/2014, tuvo por desahogadas las pruebas exhibidas, ordenó requerir al Consejo de la Judicatura Federal para que exhibiera las documentales ofrecidas por la recurrente y tuvo por rendido en tiempo y forma el informe justificado presentado por el consejero Guadalupe Tafoya Hernández.
Asimismo, dejó expedito el derecho de la recurrente para ampliar el recurso de revisión y ordenó turnaran los autos para su estudio a la ponencia del Ministro José Fernando Franco González Salas.
Finalmente, con el informe del Consejo de la Judicatura Federal dio vista a ********** para que manifestara lo que a su derecho conviniera.
QUINTO. Primera ampliación de la demanda. Por escrito presentado el treinta de abril de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ********** formuló ampliación del recurso de revisión, en la que solicitó que en el asunto se ejerciera control ex officio de constitucionalidad y convencionalidad.
Por acuerdo de ocho de mayo de dos mil catorce, la Presidenta en funciones de esta Suprema Corte admitió la primera ampliación de agravios presentada por la recurrente y tuvo por desahogadas las pruebas documentales que la acompañaba; asimismo, solicitó al Consejo de la Judicatura Federal el informe correspondiente y la exhibición de diversas pruebas.
En oficio presentado el dieciséis de mayo de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el consejero Guadalupe Tafoya Hernández rindió informe respecto de la primera ampliación, en el que manifiestó que la recurrente no señalaba nuevos actos.
SEXTO. Segunda ampliación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de mayo de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la recurrente presentó segunda ampliación, en la que señaló que el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil catorce, dictado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vulnera sus derechos de seguridad social pues se le cesó en el cargo cuando gozaba de incapacidad médica.
Por acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil catorce, la Ministra Presidenta en funciones de la Suprema Corte admitió a trámite la segunda ampliación del recurso de revisión administrativa, tuvo por presentado el informe suscrito por el Consejero de la Judicatura Federal respecto de la primera ampliación y por desahogadas las documentales que exhibió, con las cuales dio vista a la recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniera
En oficio presentado el cinco de junio de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el consejero Guadalupe Tafoya Hernández rindió informe respecto de la segunda ampliación, en el que manifestó como cierto el nuevo acto que señaló la recurrente.
Mediante escrito presentado el diez de junio de dos mil catorce, ********** solicitó una prórroga a fin de desahogar la vista ordenada.
SÉPTIMO. Tercera ampliación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la recurrente presentó tercera ampliación de agravios respecto de las pruebas ofrecidas por el Consejo de la Judicatura Federal.
Por auto de veintitrés de junio de dos mil catorce, la Presidenta en funciones tuvo por presentado en tiempo y forma el informe relativo a la segunda ampliación de agravios, concedió la prórroga de tres días solicitada por la recurrente, admitió la tercera ampliación de este recurso de revisión administrativa y, por tanto, solicitó al Consejo de la Judicatura Federal el informe correspondiente.
Mediante acuerdo de cuatro de agosto de dos mil catorce, la Presidenta en funciones tuvo por presentado en tiempo y forma el informe relativo a la tercera ampliación de agravios, con el que dio vista a la recurrente para que dentro del plazo de tres días manifestara lo que en su derecho conviniera.
En acuerdo de uno de septiembre de dos mil catorce, la Presidenta en funciones declaró precluido el derecho de la recurrente para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto del informe relativo a la tercera ampliación; asimismo, ordenó turnar el expediente para su estudio al Ministro José Fernando Franco González Salas.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el recurso de revisión, con fundamento en los artículos 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, fracción VIII y IX, 122 y 123, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo, fracción X, del Acuerdo General Plenario 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, publicado el veintiuno siguiente en el Diario Oficial de la Federación, ya que se interpone en contra de una resolución del Consejo de la Judicatura Federal, que determinó la no ratificación de la recurrente como juez de distrito.
SEGUNDO. Procedencia. El recurso es procedente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100, noveno párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 122 y 123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues se trata de una revisión administrativa interpuesta en contra de la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en la que no se ratificó en el cargo a una juez de distrito, pues esta decisión tiene efectos análogos a la remoción, cuestión que reviste una importancia trascendental para la función jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación.
Lo anterior porque de la interpretación de los artículos 100, noveno párrafo,(1) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11, fracciones VIII y IX, 121, 122 y 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se establece que entre las facultades que se le otorgó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra la de revisar las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal cuando versen, entre otras cuestiones, sobre la ratificación de jueces de distrito o magistrados de circuito.
El término "ratificación" previsto en la Constitución Federal debe ser entendido en el sentido de comprender el supuesto relativo a la no ratificación, pues es desacertada la idea de que la definición del término "ratificación" contenido en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solo se refiere a la resolución mediante la cual se ratifica a un juzgador, ya que no tendría sentido que el legislador hubiera garantizado un mecanismo de defensa solamente para aquellos juzgadores federales que resultaran ratificados en su encargo.
En efecto, la intención del legislador fue que el Pleno de la Suprema Corte determinara si la decisión tomada se dictó con apego a los requisitos formales exigidos en la ley, reglamentos y acuerdos generales expedidos por el propio Consejo de la Judicatura Federal, con lo que se garantiza la continuidad de la adecuada impartición de justicia.
Si bien es cierto que el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(2) no menciona expresamente la ratificación o su negativa entre las resoluciones que están sujetas a control por parte de la Suprema Corte, debe entenderse que sí está incluida pues, en primer lugar, la Constitución es expresa al señalar que las resoluciones que se refieren a la ratificación pueden ser objeto de impugnación en el recurso de revisión administrativa.
En segundo lugar, esta Suprema Corte ha determinado que una resolución de remoción generada con motivo de la no ratificación de un magistrado de circuito o juez de distrito debe considerarse impugnable en el recurso de revisión administrativa, justamente por tener como efecto la remoción en el cargo.(3)
Al respecto, este Tribunal Constitucional ha sostenido que el criterio para establecer que las resoluciones de no ratificación pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión administrativa se funda en el principio de que constituyen actos privativos, al dar por terminada la relación existente entre el servidor público y el Poder Judicial de la Federación.
En cuanto al contenido y alcance del recurso, al resolver las revisiones administrativas 95/2010 y 131/2013, se sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad de analizar las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal relativas a la designación, adscripción, remoción y ratificación de magistrados de circuito y jueces de distrito, a partir de dos principios esenciales que rigen este medio de impugnación, los cuales son los siguientes.
1) El respeto a la garantía de audiencia, que solo puede cumplirse cuando el afectado tiene oportunidad de exponer todos los argumentos y razones que considere convenientes en contra de la resolución recurrida, así como de ofrecer y desahogar todas las pruebas que legalmente procedan; y,
2) La seguridad para quien interponga el recurso de que la decisión correspondiente será examinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo fundamental de determinar si se apega a la Constitución y a la ley.
En este sentido, el Consejo de la Judicatura Federal debe desempeñar sus funciones de conformidad con los principios establecidos en la Constitución y en las normas emanadas de ella; por esa razón, sus decisiones están sometidas -como las de cualquier autoridad- al cumplimiento del principio de legalidad, con lo que se descarta cualquier posibilidad de procedimientos discrecionales u oficiosos.
En el caso a estudio, el recurso de revisión administrativa tiene como objeto analizar la legalidad de la resolución de no ratificación impugnada por la recurrente, para verificar si se emitió conforme a los principios de excelencia, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
En consecuencia, el recurso de revisión administrativa es procedente, pues de otra manera se le impediría el acceso a la función, sin ninguna oportunidad de defensa.
TERCERO. Oportunidad. El recurso de revisión administrativa se interpuso oportunamente, en los siguientes términos.
De conformidad con el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el recurso de revisión administrativa debe interponerse dentro del plazo de cinco días contados a partir del siguiente al que surta efectos(4) la notificación del acto que se pretende impugnar.
Sin embargo, en el expediente no obra constancia de la notificación de la resolución impugnada realizada a la recurrente, por lo que si afirma en su escrito de revisión administrativa que se le notificó personalmente el veintisiete de marzo de dos mil catorce, debe considerarse como cierta dicha fecha; máxime que en los informes rendidos por el Consejo de la Judicatura Federal no se contrario esa afirmación.
Lo anterior de conformidad con la tesis de rubro "REVISIÓN ADMINISTRATIVA. SI LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL NO SE NOTIFICÓ LEGALMENTE, EL CÓMPUTO PARA DETERMINAR SI SE INTERPUSO EN TIEMPO DEBE HACERSE A PARTIR DE QUE EL RECURRENTE SE OSTENTÓ SABEDOR DE LA MISMA."(5)
En consecuencia, debe considerarse que la resolución impugnada por la recurrente le fue notificada personalmente el veintisiete de marzo de dos mil catorce,(6) por lo que surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el veintiocho de marzo, en consecuencia, el plazo de cinco días transcurrió del lunes treinta y uno al viernes cuatro de abril de dos mil catorce, sin tomarse en cuenta el veintinueve y treinta de marzo por haber sido inhábiles, en términos del artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Si el escrito mediante el cual se interpuso el recurso de revisión administrativa fue presentado el cuatro de abril de dos mil catorce,(7) su interposición fue oportuna.
Oportunidad de la primera ampliación
La primera ampliación del escrito de agravios se presentó en tiempo debido a que el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil catorce, en el que se ordenó dar vista a la recurrente con el informe justificado rendido por el Consejo de la Judicatura Federal, le fue notificado por conducto de su autorizado el veinticuatro de abril de ese mes y año.(8)
Dicha notificación surtió efectos el veinticinco de abril siguiente, por lo que el plazo transcurrió del veintiocho de abril al seis de mayo de dos mil catorce, sin tomarse en cuenta el veintiséis y veintisiete de abril y tres y cuatro de mayo por haber sido inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al igual que el uno y cinco de mayo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2013.
En esa tesitura, si la primera ampliación del recurso de revisión se presentó el treinta de abril de dos mil catorce(9) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, su interposición fue oportuna.
Oportunidad de la segunda ampliación
La segunda ampliación del escrito de agravios se presentó en tiempo, pues el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil catorce, mediante el cual se ordenó dar vista a la recurrente con el informe justificado, le fue notificado por conducto de su autorizado el veinticuatro de abril de dos mil catorce.
La notificación surtió efectos el veinticinco de abril siguiente, por lo que el plazo de cinco días transcurrió del veintiocho de abril al seis de mayo de dos mil catorce, sin tomarse en cuenta el veintiséis y veintisiete de abril, tres y cuatro de mayo por haber sido inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al igual que el uno y cinco de mayo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2013.
Si la segunda ampliación del recurso de revisión se presentó el seis de mayo de dos mil catorce(10) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, resulta que fue oportuna.
Oportunidad de la tercera ampliación
La tercera ampliación del escrito de agravios se presentó en tiempo, debido a que el acuerdo veintinueve de mayo de dos mil catorce, en el que se ordenó dar vista a la recurrente con el informe justificado rendido por el Consejo de la Judicatura Federal, le fue notificado por conducto de su autorizado el cinco de junio de dos mil catorce.(11)
Dicha notificación surtió efectos el seis de junio de dos mil catorce, por lo que el plazo de cinco días transcurrió del nueve al dieciséis de junio de dos mil catorce, sin tomarse en cuenta el siete, ocho, catorce y quince del mismo mes y año por haber sido inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Si la tercera ampliación del recurso de revisión se presentó el dieciséis de junio de dos mil catorce(12) en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, su interposición fue oportuna.
CUARTO. Legitimación. La recurrente se encuentra legitimada para interponer este recurso en términos de lo dispuesto en el artículo 123, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disposición en la que se estableció que el recurso de revisión administrativa podrá interponerse "...tratándose de las resoluciones de remoción, por el juez o magistrado afectado por la misma..."
Lo anterior porque el recurso de revisión administrativa lo interpuso ********** en contra de la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en la que determinó su no ratificación en el cargo de juez de distrito, por lo que al ser la propia funcionaria quien interpone el recurso cuenta con la legitimación necesaria para tal efecto.
Sin que obste que la legislación secundaria no se haya adecuado al texto constitucional para hacer referencia expresa al caso de la no ratificación de un juez de distrito, pues esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el vocablo "ratificación" es de significado igual al de "remoción" o "destitución" que se emplean en la transcrita norma secundaria.
Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro "REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LOS MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO PUEDEN IMPUGNAR LAS RESOLUCIONES EMITIDAS DURANTE EL PERIODO CONSTITUCIONAL DE SU FUNCIÓN JUDICIAL, CUANDO LA INTERPONGAN CONTRA LA NEGATIVA DE SU RATIFICACIÓN."(13)
QUINTO. Antecedentes. Previo al estudio de fondo de los agravios aducidos por el recurrente, es necesario referir los siguientes antecedentes del asunto.
1. ********** ingresó al Poder Judicial de la Federación el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cinco.(14)
Después de ocupar diversos cargos como actuaria de juzgado, secretaria de juzgado y de tribunal, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión del quince de junio de dos mil seis, la nombró juez de distrito al resultar vencedora en el Primer Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito Especializados en Materia Penal y en Materia Administrativa, así como Jueces de Distrito Mixtos.
2.Fungió como juez de distrito en las adscripciones del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua y Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua.
Durante este periodo de su carrera judicial, a la recurrente se le iniciaron los siguientes procedimientos administrativos disciplinarios.(15)
Ver procedimientos administrativos disciplinarios
3. Mediante acuerdo de veintiuno de enero de dos mil trece, el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal ordenó iniciar el procedimiento de ratificación de ********** en el cargo de juez de distrito, el cual quedó registrado bajo el expediente **********.
4. Por oficio ********** se comunicó al entonces consejero Juan Carlos Cruz Razo que, en razón del turno, le correspondía elaborar el proyecto de resolución.
5. Mediante oficio ********** se remitió al mencionado consejero el expediente personal de **********; asimismo, se informó que el seis de febrero de dos mil trece fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el inicio del procedimiento de ratificación y que al día siguiente se colocaron los avisos respectivos en los estrados y lugares mas visibles del órgano jurisdiccional de su actual adscripción, así como en el juzgado al que estuvo adscrita anteriormente.
6. El proyecto correspondiente al procedimiento de ratificación fue listado por primera ocasión el diez de julio de dos mil trece; sin embargo, se aplazó su resolución.
7. El proyecto fue presentado de nueva cuenta en sesión de pleno de veintiocho de agosto de dos mil trece, pero se aplazó su resolución otra vez.
8. Al concluir el periodo por el que fue designado el consejero Juan Carlos Cruz Razo -ponente del proyecto-, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designó como Consejero de la Judicatura Federal al magistrado Guadalupe Tafoya Hernández, quien quedó a cargo formular el proyecto de resolución en el procedimiento de ratificación **********.
9. En sesión ordinaria de diecinueve de marzo de dos mil catorce, el Pleno del Consejo del Judicatura Federal resolvió el procedimiento administrativo ********** por unanimidad de cinco votos, en el sentido de no ratificar a ********** en el cargo de juez de distrito.
Las consideraciones que rigieron esa determinación fueron en esencia las siguientes.
1) Temporalidad. ********** cumplió con el requisito de seis años como juzgadora el treinta y uno de julio de dos mil trece, pues si bien fue nombrada a partir del uno de julio de dos mil seis, durante dos periodos no desempeñó su cargo, debido a las suspensiones de seis y siete meses que le fueron impuestas en procedimientos administrativos disciplinarios, por lo que tales periodos no se tomaron en cuenta para efectos del cómputo correspondiente.
2) Desempeño en el ejercicio de la función.
a) Trayectoria dentro del Poder Judicial de la Federación. La recurrente ocupó los cargos de actuaría judicial de juzgado, secretaria de juzgado y de tribunal y juez de distrito.
b) Desahogo de asuntos. En cuanto a la productividad, se encontraba por debajo de la media nacional y respecto del tiempo de resolución se resolvieron oportunamente los asuntos a su cargo.
3) Resultado de las visitas de inspección. En las visitas que se realizaron no se advirtieron irregularidades que pudieran constituir causa de responsabilidad administrativa.
4) Grado académico. Se enlistaron los diversos cursos acreditados por la recurrente, así como su grado académico.
5) Sanciones. Del expediente personal de **********, así como de diversos informes y comunicados firmados por la Secretaria Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal y Contraloría del Poder Judicial de la Federación, se advierte la promoción de diversos procedimientos disciplinarios en su contra, de los cuales las quejas ********** y ********** resultaron fundadas.
6) Otros indicadores. De la revisión realizada a sus declaraciones de situación patrimonial se concluyó que el patrimonio declarado por ********** era congruente con los ingresos y la aplicación de los recursos manifestados, aunado a que no presentó incrementos injustificados.
Con base en lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que en el caso no se cumplieron dos de los requisitos previstos en el 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por las siguientes razones.
[...]
SEXTO. De lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se desprende que el Consejo de la Judicatura Federal debe evaluar, para decidir sobre la ratificación de un Juez de Distrito, independientemente de que cuente con seis años de ejercicio en el cargo, los requisitos previstos en este precepto legal.
Así, cabe señalar que, para la emisión de una decisión de ratificación en el cargo de Juez de Distrito, resulta indispensable que se actualicen dos aspectos positivos de todos y cada uno de los elementos contenidos en las fracciones I a V del precepto legal invocado, a efecto de que se pueda determinar si en todos los ámbitos de su labor, el impartidor de justicia respetó los principios que rigen la carrera judicial; en tanto que, para la emisión de una resolución en la que este Cuerpo Colegiado concluya la no ratificación en el cago de juzgador federal, es suficiente con el hecho de que se actualice el aspecto negativo de uno o más de los elementos que contempla el citado numeral de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Sentada esa premisa, este órgano colegiado estima que en el caso no procede ratificar a la licenciada ********** en el cargo de Juez de Distrito, ya que, conforme al estudio que enseguida se realizará, no se satisfacen dos de tales requisitos, es decir, los previstos en las fracciones IV y I de la referida norma legal, los cuales por razón de método se analizarán en este orden por lo siguiente:
De acuerdo con lo dispuesto en la fracción IV del articulo 121 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para la ratificación de un juez de Distrito es requisito sine qua non "no haber sido sancionado por falta grave con motivo de una queja de carácter administrativo", requisito que no se satisface en la especie.
En relación con el tema que nos atañe, cabe traer a cuenta que, en la resolución de ocho de febrero de dos mil diez, recaída al recurso de revisión administrativa **********, interpuesto por la licenciada **********, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia sostuvo que el hecho de que el servidor público cuente con una falta administrativa grave en el desempeño de su función es suficiente para que no proceda ratificarlo en el cargo de magistrado de circuito o juez de distrito. Al efecto estableció que "la gravedad de una falta es motivo suficiente para considerar que no procede la ratificación de un funcionario".
En el caso, como se anticipó, la licenciada ********** fue sancionada por falta administrativa grave, no solamente en un procedimiento administrativo, sino en dos: la Queja
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80156-bba5d2b6/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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