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Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 24/2012. · Registro digital (IUS): 80143
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Versión electrónica, Pág. 16.

RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 24/2012. 20 DE OCTUBRE DE 2014. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA.

México, Distrito Federal. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinte de octubre de dos mil catorce, emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la que se falla el recurso de revisión administrativa 24/2012, interpuesto en contra de una resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de seis de junio de dos mil doce, por medio de la cual se resolvieron la queja administrativa 703/2009 y la denuncia 3/2010 acumulada.

El problema jurídico a resolver por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en analizar, en caso de que se cumplan los requisitos procesales correspondientes, si el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estuvo o no en lo correcto al destituir a un Juez de Distrito por su notorio descuido o falta de profesionalismo, según corresponda, en el trámite y resolución de la causa penal ********** y en la concesión de suspensiones provisionales y/o definitivas en diversos juicios de amparo indirecto.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL RECURSO

1. Antecedentes relevantes. ********** (de ahora en adelante el "quejoso", el "recurrente" o el "Juez de Distrito") se desempeñó durante varios años como Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en la ciudad de Cancún. El veintiocho de octubre de dos mil nueve, en la Oficialía de Partes y Certificación del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal, se recibió una queja administrativa en su contra por supuestas irregularidades en el trámite y resolución de una causa penal, seguida de manera incorrecta en contra de un menor de edad. A este procedimiento se le asignó el número de queja 703/2009 y se le dio el trámite correspondiente.

2. Entre los múltiples antecedentes procesales, se tiene que tras la presentación de la referida queja administrativa y el informe del Juez de Distrito, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por dictamen de veinticuatro de febrero de dos mil diez, ordenó devolver los autos a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina con la finalidad de llamar al procedimiento a dos secretarios encargados del despacho durante la tramitación de la causa penal (********** y **********) y para reclasificar la causa de responsabilidad por una de carácter grave.

3. Derivado de lo anterior, se repuso el procedimiento y se requirió al Juez de Distrito y a los dos secretarios involucrados sus informes y se les citó a la audiencia prevista en el artículo 134, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

4. La audiencia se llevó a cabo el cuatro de mayo de dos mil diez; posteriormente, los servidores públicos presentaron informes, pruebas y alegatos, éstos últimos únicamente por parte del Juez de Distrito mediante escrito de veintiocho de febrero de dos mil once, lo cual se señaló sería valorado al momento de emitirse la resolución correspondiente.

5. No obstante, durante el trámite de dicho procedimiento administrativo, el veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, por acuerdo de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal se ordenó la práctica de una visita extraordinaria de inspección al referido Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo del treinta de noviembre al diez de diciembre de ese mismo año, la cual concluyó con la detención de supuestas irregularidades en diversos juicios de amparo e incidentes de suspensión. Por consiguiente, el diecinueve de mayo de dos mil diez, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó, entre otras cuestiones, iniciar procedimiento disciplinario de denuncia contra el ahora quejoso y de dos secretarios adscritos al juzgado inspeccionado, en su gestión de encargados del despacho por ministerio de ley.

6. Así, al margen de la citada queja administrativa, por acuerdo de presidencia del Consejo de la Judicatura Federal de dos de julio de dos mil diez, se ordenó formar y registrar el expediente de denuncia con el número 3/2010 y, dado que se actualizaba una posible causa grave de responsabilidad, se ordenó citar al quejoso y a los respectivos secretarios a la audiencia prevista en el artículo 134, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para el efecto de que rindieran informe y ofrecieran las pruebas pertinentes, la cual se llevó a cabo el veintiuno de septiembre de ese año.

7. Seguidos los trámites respectivos, el veintitrés de marzo de dos mil once, el citado Juez de Distrito presentó ante el Consejo de la Judicatura un escrito en el que solicitaba se decretara la acumulación de las quejas administrativas 702/2009 y 703/2009, así como de la denuncia 3/2010, todas del índice de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina.

8. Analizada la petición, en cumplimiento a lo ordenado por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura en sesión de doce de abril de dos mil once, el diecinueve de abril siguiente se ordenó la acumulación de la citada denuncia 3/2010 a la queja administrativa 703/2009, al ser la más antigua, de conformidad con el artículo 111, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta el procedimiento de responsabilidad administrativa y el seguimiento de la situación patrimonial. Ello, sin que procediera la acumulación de la queja administrativa 702/2009, al haber sido resuelta el ocho de marzo de dos mil once. En ese sentido, se dio de baja el expediente de la denuncia y se ordenó su remisión conjunta a la Ponencia del Consejero Jorge Moreno Collado a fin de elaborar el proyecto de resolución.

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9. Finalmente, en sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de seis de junio de dos mil doce, se emitió un fallo en el que por mayoría de seis votos, por un lado, se declaró infundada e improcedente la queja administrativa y denuncia de responsabilidad por lo que hace a los secretarios del juzgado y respecto de determinadas causas penales y juicios de amparo y, por otro lado, se tuvo como fundada y procedente tanto la queja administrativa como la denuncia en relación con determinadas causales de responsabilidad atribuidas al Juez de Distrito.

10. Presentación y trámite del recurso. **********, por su propio derecho y por escrito presentado el veintidós de junio de dos mil doce en la Oficialía de Partes y Certificación del Consejo de la Judicatura Federal, interpuso recurso de revisión administrativa en contra de la resolución dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en la que se falló la queja administrativa 703/2009 y la denuncia acumulada 3/2010.

11. El Presidente en funciones de esta Suprema Corte de Justicia, por acuerdo de dos de julio de dos mil doce, tuvo por recibido el oficio del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que remitió el escrito del recurso de revisión administrativa y sus anexos; consecuentemente, ordenó formar y registrar el recurso relativo con el número de expediente 24/2012 y lo admitió con reserva de los motivos de improcedencia que pudieran surgir. Asimismo, requirió al Consejo de la Judicatura Federal para que, dentro del plazo de diez días, remitiera copias autorizadas de diversas documentales a efecto de que obraran como pruebas y designó como ponente al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

12. En el mismo acuerdo, por una parte, el Presidente de la Suprema Corte tuvo por rendido al Consejo de la Judicatura Federa el informe a que se refiere la parte final del artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual fue remitido conjuntamente con el escrito de la revisión administrativa y, por otra parte, respecto a la petición del recurrente en cuanto dar vista del asunto a la Comisión Conjunta para garantizar y fortalecer la autonomía e independencia de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, en seguimiento a su denuncia presentada el trece de febrero de dos mil doce, se señaló que tras la recopilación de las pruebas pertinentes se acordaría lo procedente.(1)

13. Posteriormente, por acuerdo de siete de agosto de dos mil doce, el Presidente en funciones tuvo por cumplido el requerimiento efectuado al Consejo de la Judicatura Federal de dos de julio de dos mil doce; de igual manera, tuvo por exhibidas en original y copias certificadas las pruebas solicitadas a través del citado proveído y las admitió y desahogó en atención a su propia y especial naturaleza. En esa tónica, se ordenó dar vista al recurrente con las constancias exhibidas, por el plazo de tres días para que manifestara lo que a su derecho conviniere.

14. Meses más tarde, mediante acuerdo de seis de diciembre de dos mil doce, la Ministra Presidenta en funciones de esta Suprema Corte ordenó turnar los autos al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en atención a que el Senado de la República lo designó como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, el cual finalizó su mandato constitucional.

15. Agotado el trámite previsto en ley, durante el cual se remitieron diversas pruebas por el Consejo de la Judicatura Federal y otras autoridades, se desahogaron una multiplicidad de requerimientos y se abrió plazo probatorio en términos del artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil trece, la Presidenta en funciones de esta Suprema Corte expresó que, al no existir acción pendiente por desahogar, enviaba los autos del presente asunto y anexos al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para su estudio y elaboración del proyecto correspondiente.

16. Finalmente, mediante acuerdo de cinco de noviembre de dos mil trece, la Presidenta en funciones de esta Suprema Corte tuvo por ofrecidos los alegatos del quejoso presentados mediante escrito de quince de octubre del mismo año, en términos de los artículos 14, fracción II, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles.

II. COMPETENCIA

17. Este Tribunal Pleno es competente para conocer del presente recurso de revisión administrativa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal") y 11, fracciones VIII y IX, y 122, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se impugna una decisión del Consejo de la Judicatura Federal referente a la destitución de un Juez de Distrito.

III. OPORTUNIDAD

18. La notificación de la resolución impugnada se llevó a cabo el catorce de junio de dos mil doce, según consta en un acuerdo de esa misma fecha signado por el Consejero Presidente, el compareciente, el Secretario Ejecutivo de Disciplina y la Secretaria Técnica de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal;(2) por lo que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para la interposición del recurso transcurrió del dieciocho al veintidós de junio de ese mismo año, debiéndose descontar los días dieciséis y diecisiete, por ser sábados y domingos, en términos del artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

19. En consecuencia, el presente recurso resulta oportuno, toda vez que se presentó el día veintidós de junio de dos mil doce en la Oficialía de Partes del Consejo de la Judicatura Federal.

IV. LEGITIMACIÓN Y PROCEDENCIA

20. Al ser de orden público y de estudio preferente, se procede al análisis de la procedencia y la legitimación del quejoso para interponer el recurso que ahora nos ocupa. Al respecto, los artículos 123, fracción II, y 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación disponen:

Artículo 123.- El recurso de revisión administrativa podrá interponerse:

II. Tratándose de las resoluciones de remoción, por el juez o magistrado afectado por la misma".

Artículo 140.- Las resoluciones por las que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal imponga sanciones administrativas consistentes en la destitución del cargo de magistrados de circuito y juez de distrito, podrán ser impugnadas por el servidor público ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia mediante el recurso de revisión administrativa".

21. En el presente caso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de su resolución dictada en sesión ordinaria de seis de junio de dos mil doce, recaída en la queja administrativa 703/2009 y denuncia 3/2010 acumulada, impuso a ********** la sanción de destitución en su cargo de Juez de Distrito.

22. Por tanto, al ser el propio funcionario sancionado el que interpone el respectivo recurso, se deduce que cuenta con la legitimación necesaria para tal efecto de acuerdo a lo previsto en los artículos transcritos; asimismo, la revisión administrativa es procedente, pues se interpone ante una resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura en la que se establece la destitución o remoción del funcionario público como Juez de Distrito.(3)

V. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER

23. Para estar en posición de dar una respuesta a la materia del presente asunto, resulta imprescindible hacer referencia a las consideraciones de la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en la que se impuso la destitución y a los agravios del escrito de revisión administrativa.

24. Razonamientos del Consejo de la Judicatura Federal. Los argumentos de la resolución sancionatoria se pueden sintetizar en tres diversos apartados.

25. En el primero se abordó el tema de la responsabilidad de los secretarios del juzgado en la queja administrativa 703/2009. Así, por una parte, se señaló que la queja era improcedente en relación con la responsabilidad imputada a uno de los secretarios, pues no era su obligación tomar las medidas pertinentes en la causa penal ********** a fin de comprobar la edad de la persona procesada (el deber de allegarse de todos los medios probatorios necesarios para dilucidar tal situación corresponde al juzgador); además, tampoco le era atribuible la omisión de remitir a la autoridad correspondiente un oficio en el que se informara sobre el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil siete en el que se admitió la pericial de edad clínica del procesado y se solicitó la designación de un perito, dado que en ese momento tal secretario actuaba en substitución del Juez de Distrito y dicha función le era atribuible al secretario en turno.

26. Por otra parte, se afirmó que también era improcedente la queja imputada a otro secretario que fungió como titular del juzgado por ministerio de ley, dado que la omisión de tomar las medidas pertinentes para verificar la mayoría o minoría de edad del procesado en la causa penal 48/2007 se configuró a partir de su primer conocimiento, el cual se dio al tomarse la declaración preparatoria por parte del juzgador que en ese momento era el ahora recurrente, así como cuando se exhibió la ficha signalética y al ratificarse la pericial médica de edad clínica probable ofrecida por el defensor del procesado. En todas esas diligencias, el promovente de la presente revisión administrativa había actuado como juez.

27. En el siguiente apartado de la resolución, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal analizó la responsabilidad del ahora recurrente en la queja administrativa 703/2009 y la declaró como fundada. Para la mayoría de los miembros del consejo, el juzgador en ese momento incurrió en un notorio descuido que actualizó el supuesto previsto en la fracción III del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) ya que no se allegó de las pruebas conducentes para dilucidar si la persona inculpada en el proceso penal 48/2007 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo era o no un menor de edad.

28. La problemática giró en torno a lo sucedido en dicho proceso penal. El proceso inició el dos de mayo de dos mil siete, una vez que el Ministerio Público ejerció la acción penal por la probable comisión del delito contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína con fines de venta.

29. El tres de mayo de ese mismo año, el Juez Cuarto de Distrito -ahora recurrente- le tomó la declaración preparatoria al inculpado, quien manifestó en ese momento tener diecisiete años. A pesar de tal declaración, al día siguiente, el juzgador dictó un auto de formal (impugnado vía amparo).

30. El siete de mayo sucesivo, el perito en dactiloscopia adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo remitió al juzgador la ficha signalética del inculpado, en la que se afirmó que tenía diecisiete años al ser su fecha de nacimiento el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa, documental que fue agregada al expediente.

31. Posteriormente, el dieciocho de septiembre de dos mil siete, el defensor público ofreció la pericial médica de edad clínica probable del inculpado, la cual fue admitida por el Secretario Encargado del Despacho. El veinte de diciembre del mismo año, se agregó a autos el dictamen emitido por el médico legista nombrado por la procuraduría, en el que también se señaló que el inculpado tenía una edad clínica probable de ser mayo de diecisiete y menor de dieciocho años.

32. Un año más tarde, el veintinueve de septiembre de dos mil ocho, el defensor público promovió un incidente de incompetencia. El juez ordenó su tramitación vía incidental y, por resolución de quince de octubre de ese año, declaró la minoría de edad del procesado; por consiguiente, una vez que causó estado dicha determinación, se declaró incompetente para seguir conociendo de los hechos y declinó la competencia a favor del Juez para Adolescentes con sede en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo.

33. Con base en estas consideraciones, el Pleno del Consejo de la Judicatura estimó que si bien el juzgador no había demostrado una notoria ineptitud en el trámite del proceso penal, incurrió en un notorio descuido en sus funciones jurisdiccionales. En primer lugar, porque fue omiso en allegar oficiosamente al proceso penal las pruebas conducentes para dilucidar sobre la minoría de edad del inculpado, máxime si no estaba fehacientemente acreditada.

34. A diferencia de la notoria ineptitud, el notorio descuido se actualiza por una sola conducta o conjunto de actos, derivados de una acción u omisión del servidor público que revelen negligencia o falta de cuidado al tramitar o resolver un asunto contra el texto expreso de la ley, de alguna disposición administrativa de carácter obligatoria, de la jurisprudencia o de las constancias de autos, cuyo naturaleza del error que propicia el descuido sea formidable o extraordinaria, al grado de afectar trascendentemente la substanciación del .juicio o procedimiento, sea relevante para el sentido del fallo o impacte en la organización del juzgado o tribunal.

35. En esa tónica, el consejo interpretó que el juzgador desatendió el texto expreso de los artículos 146 y 180, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales, en los cuales se establece la obligación del juez para imponerse de las circunstancias peculiares del inculpado, entre ellas el deber de recopilar los datos y pruebas necesarias para conocer la edad del procesado, ya que afecta invariablemente la competencia del juzgador. Sobre este punto, se destacó la siguiente tesis de la Primera Sala Suprema Corte: "INCULPADO. CORRESPONDE AL JUEZ DEL PROCESO ALLEGARSE DE LOS MEDIOS DE PRUEBA PARA COMPROBAR SU EDAD CUANDO NO ESTÉ SUFICIENTEMENTE ACREDITADA Y EXISTA POSIBILIDAD DE QUE SEA MENOR".

36. Aunque es cierto que en autos constaba el acta circunstanciada de cateo y la declaración ministerial del inculpado, en la que manifestó tener dieciocho años, y el dictamen de integridad física y edad clínica ministerial que informaba que la edad probable era de dieciocho años, el Pleno del Consejo de la Judicatura sostuvo que la mención del inculpado en su declaración preparatoria sobre su minoría de edad era suficiente para que el juzgador a lo largo del proceso obtuviera los medios de prueba idóneos para acreditar ese extremo o desvirtuarlo y, en dado caso, lo obligaba a emitir una determinación fundada y motivada en el que se pronunciara sobre tal aspecto.

37. Además, al margen de dicha determinación, se argumentó que cuando de las constancias de autos exista la posibilidad de que algún indiciado o procesado sea menor de edad, como sucedió en el caso concreto, el juez de la causa tenía la obligación de allegarse oficiosamente de los medios de prueba para dilucidar tal situación y así estar en posibilidad de acreditar su competencia o incompetencia.

38. Para el Pleno del Consejo de la Judicatura, aunado a la declaración preparatoria, en el expediente obraba la ficha signalética y el dictamen pericial de la defensa en los que se establecía que el inculpado era menor de dieciocho años; sin embargo, tales probanzas no fueron valoradas durante casi la totalidad del proceso por el Juez de Distrito y fue hasta la resolución del incidente de incompetencia que se les otorgó pleno valor probatorio.

39. Adicionalmente, se adujo que el hecho de que el auto de formal prisión haya sido impugnado, no era una razón suficiente para que el juzgador no se pronunciara sobre la edad del inculpado (a fin supuestamente de no dejar sin materia el juicio de amparo), toda vez que se tenía la obligación legal de obtener los medios de prueba conducentes y la sentencia que confirmó el auto de formal prisión se agregó al expediente el siete de agosto de dos mil ocho, siendo que el incidente de incompetencia se promovió hasta el veinticinco de septiembre de dos mil ocho.

40. En esta tónica, el Pleno del Consejo de la Judicatura concluyó que los errores incurridos por el Juez de Distrito fueron de carácter extraordinario, pues el menor de edad estuvo a disposición de un juez procesalmente incompetente más de diecisiete meses, pese a que la determinación de la minoría de edad implicaba una cuestión de orden público y de resolución oficiosa, y consecuentemente se le denegaron al menor los derechos procesales y sustantivos contenidos en los artículos 4° y 18 de la Constitución Federal.

41. Por otro lado, en un tercer apartado de la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura, se analizaron las irregularidades advertidas en la visita extraordinaria de inspección 1/2010, que dio lugar a la denuncia 3/2010 del índice de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo.

42. En principio, se destacó que no constituía materia de dicha resolución las irregularidades advertidas en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1104/2008 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. Ello, debido a que ya habían sido objeto de pronunciamiento en la queja administrativa 481/2009, resuelta el veintitrés de febrero de dos mil once, por medio de la cual se le impuso al ahora recurrente una sanción de suspensión por el plazo de un año como Juez de Distrito.

43. Sentado lo anterior, se señaló que las causas de responsabilidad atribuidas al juzgador consistieron en las siguientes:

a) La audiencia incidental se señaló fuera del término legal en los incidentes de suspensión derivados de los juicios de amparo 1629/2006, 506/2007, 1051/2008, 579/2009, 773/2009, 1169/2009 y 1654/2009.

b) La audiencia constitucional se señaló fuera del término legal en los juicios de amparo 509/2007, 1051/2008, 579/2009, 773/2009 y 1654/2009.

c) Se omitió valorar y motivar con cuáles pruebas se acreditó el interés suspensional en los incidentes de suspensión relativos a los juicios de amparo 509/2007 y 1169/2009.

d) Se concedió la suspensión provisional y/o definitiva por parte del Juez de Distrito y de los Secretarios Encargado del Despacho sin tomar en consideración el contenido de las actas de inspección u órdenes de clausura impugnadas, en relación con los incidentes de suspensión derivados de los juicios de amparo 1629/2006, 509/2007, 1051/2008 y 1654/2009.

e) Se desatendió una jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte al pronunciarse en los incidentes de suspensión derivados de los juicios de amparo 1629/2006, 509/2007 y 1051/2008.

f) Se sostuvieron criterios divergentes sin motivar el cambio de decisión en diferentes incidentes de suspensión relativos a diversos juicios de amparo (773/2009 con el 1169/2009; 1268/2007 con el 1654/2009; 882/2009 con los 1629/2006, 509/2007, 1051/2007 y 1152/2008, y 579/2009 con el 1051/2008).

g) Se concedió la suspensión provisional en el juicio de amparo 1152/2008, a pesar de que el promovente del juicio de amparo no contaba con autorización de cambio de uso de suelo.

h) No resultaban improcedentes desde su inicio los juicios de amparo 509/2007, 1268/2007, 1051/2008, 1152/2008, 579/2009, 773/2009, 882/2009 y 1169/2009, pues la persona que interpuso el juicio se ostentó como extraña al procedimiento, ni tampoco el 1654/2009, en tanto se reclamó la inconstitucionalidad de un reglamento.

44. Sobre estas razones, se adelantó como supuesto general que no se encontraba prescripta la responsabilidad atribuida por la concesión de la suspensión provisional en el incidente de suspensión del juicio de amparo 1629/2006, ya que al tratarse de una conducta grave, el plazo para que operara tal figura era de cinco años, por lo que al momento en que inició el procedimiento disciplinario de denuncia -diecinueve de mayo de dos mil diez- sólo habían pasado poco más de tres años desde el cinco de enero de dos mil siete que se otorgó la suspensión.

45. Ahora bien, por lo que hace al inciso e), se declaró improcedente la causa de responsabilidad, pues la desatención de una tesis sólo es objetable cuando exista absoluto silencio sobre su aplicación y, además, en el caso concreto las partes en los juicios de amparo no la invocaron.

46. En relación con los incisos h) y d), también se declararon como improcedentes las causas de responsabilidad. Por un lado, porque verificar la procedencia o improcedencia de un juicio implica pronunciarse en torno a la validez de un criterio jurídico y, por otro lado, por lo que hace sólo a los Secretarios de Despacho, debido a que la falta de valoración de lo asentado en actas de inspección y órdenes de clausura no se les puede reclamar al tratarse de actos de continuidad en los que no les corresponde tomar una determinación autónoma.

47. Respecto a la causa de responsabilidad identificada bajo el inciso a), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal la consideró como infundada, ya que el hecho de que las audiencias incidentales se llevaran fuera del plazo establecido en el artículo 131 de la Ley de Amparo, no implica la existencia de alguna irregularidad en detrimento de los quejosos, al tener cada caso distintas peculiaridades fácticas como, por ejemplo, que las autoridades eran foráneas.

48. Asimismo, se declaró infundada la causal de responsabilidad referida en el inciso b). La razón primordial radicó en que no hay término fijo ni mínimo para la celebración de las audiencias constitucionales y el señalamiento de sus plazos están sujetos a las eventualidades del procedimiento que pudieran hacer necesaria su extensión y a la obligación de juzgador de no dejar sin defensa a las partes.

49. Por lo que hace al inciso f), se sostuvo que no existe responsabilidad alguna puesto que no son similares los juicios de amparo 773/2009 y 1169/2009 y 1268/2007 con el 1654/2009, por lo que no existía obligación de motivar el cambio de decisión para evitar criterios contradictorios.

50. Sin embargo, respecto a las causas de responsabilidad identificadas en el inciso c), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal señaló que debían declararse como fundadas en los dos juicios de amparo citados.

51. En primer lugar, porque en el juicio de amparo 1169/2009 se concedió la suspensión provisional para que el promovente de la demanda no fuere desposeído del inmueble denominado "**********" (que se dice es el mismo que "**********"), hasta que se resolviera la suspensión definitiva y toda vez que se acreditaba el interés con las constancias exhibidas en el escrito inicial.

52. Sin embargo, el Pleno del Consejo alegó que el juzgador incurrió en una causal de responsabilidad al omitir precisar con cuáles probanzas se acreditaba el interés suspencional del quejoso, máxime que los jueces de amparo deben respetar el mandado constitucional relativo a la fundamentación y motivación.

53. La misma causa de responsabilidad aconteció a juicio del Pleno del Consejo en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 509/2007, pues el Juez de Distrito omitió precisar con cuáles probanzas de las exhibidas en la demanda se acreditó el interés suspensional del quejoso para que se pudiera ordenar que no se ejecutora la orden de clausura temporal o definitiva de la obra denominada "**********" al ser actos futuros e inciertos.

54. Aunado a lo anterior, el Pleno del Consejo también consideró como fundada la causa de responsabilidad del Juez de Distrito descrita en el inciso d), respecto a cuatro incidentes de suspensión de diversos juicios de amparo.

55. En el incidente de suspensión que se originó del juicio de amparo 1654/2009, se sostuvo que existió notorio descuido del juzgador por las razones que siguen:

a) En la demanda de amparo se habían impugnado órdenes de clausura, órdenes de inspección y ejecución y la inconstitucionalidad de diversas normas del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Benito Juárez y la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo.

b) El diecisiete de noviembre de dos mil nueve, el juez otorgó la suspensión provisional para que se procediera de inmediato al levantamiento de la clausura temporal de un casino (determinación que fu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80143-d65d0be5/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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