REVISIÓN ADMINISTRATIVA 2/2012. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: ROBERTO RODRÍGUEZ MALDONADO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diez de septiembre de dos mil doce.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Resolución impugnada. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintitrés de noviembre de dos mil once, emitió resolución en la denuncia administrativa **********, por unanimidad de cinco votos, instaurada, entre otros servidores públicos, en contra de **********, en su actuación y desempeño como Juez ********** de Distrito en el Estado de **********, con residencia en **********, que en lo conducente, la declaró fundada y lo destituyó del cargo de Magistrado de Circuito, adscrito al ********** Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la ********** Región, con residencia en **********, **********, que ocupaba en esa fecha, conforme a las consideraciones que a continuación se transcriben en la parte conducente:
"QUINTO. Son fundados los motivos de denuncia que enseguida se enuncian, los cuales se analizarán de manera conjunta, dada su estrecha relación.
Se imputa al licenciado ********** en su actuación como Juez ********** de Distrito en el Estado de **********, con residencia en **********, lo siguiente:
? Que como represalia, porque la licenciada **********, en diligencia de once de enero de dos mil ocho, afirmó que el juzgador, como titular del Juzgado ********** de Distrito en el Estado de **********, con residencia en **********, dejaba hojas firmadas en blanco, para que los secretarios las utilizaran en sus ausencias, inició un incidente de reposición de una acta administrativa que al parecer, no se le había levantado a dicha servidora pública.
El entonces juez federal en su defensa manifestó que no es cierto que haya realizado algún acto en represalia de dicha persona por haber declarado falsamente en su contra; que la iniciación y substanciación del procedimiento de reposición de autos, únicamente obedeció a que así se lo impone la ley, y no derivado de represalia alguna.
Señala que, en principio, no ha faltado a la verdad al afirmar que a dicha persona le fue levantada un acta administrativa el diez de mayo de dos mil siete, dado que incluso ello se acreditó plenamente ante el Juzgado ********** de Distrito en **********, **********, al dictarse sentencia definitiva en la Causa Penal **********, pues en tal fallo se determinó que fue **********, la que sustrajo ilícitamente de su expediente personal la referida actuación.
Asimismo señala que lo manifestado en el dictamen que dio origen a la instauración de la presente denuncia, en cuanto a que, tres días después de que dicha servidora pública declaró en su contra, éste ordenó formular denuncia de hechos; no puede constituir ni siquiera el mínimo indicio de que tal denuncia la formulara por represalias en contra de dicha servidora pública; pues si bien es cierto que fue hasta el catorce de enero de dos mil ocho, en que ordenó denunciar los hechos ante el Agente del Ministerio Público de la Federación; tres días después de que declaró en su contra **********, dado que lo hizo el once del citado mes y año; también lo es, que desde el ocho de enero de dos mil ocho, éste tuvo conocimiento de que el acta administrativa que le fue levantada a ********** el diez de mayo de dos mil siete, había desaparecido del expediente personal, tal y como se advierte de la constancia con que le dio cuenta el licenciado **********, Secretario adscrito al Juzgado ********** de Distrito en **********, **********, y en esa misma fecha dictó un auto en el que ordenó la investigación respectiva para estar en aptitud de determinar lo que en derecho procediera; auto que le fue legalmente notificado a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al citado órgano jurisdiccional federal, en la misma fecha.
Continúa diciendo que obran diversas actuaciones tales como acuerdos y notificaciones practicadas a la Fiscal de la Federación adscrita, inclusive en una de ellas ésta solicitó de su 'propio puño y letra' que se certificara si en el expediente personal de ********** existen indicios de que el acta administrativa había sido glosada y posteriormente sustraída, atendiendo al número de folios y entresellos; lo que se acordó de manera favorable en la misma fecha y ese mismo día, un secretario adscrito al órgano jurisdiccional donde era titular, realizó la certificación solicitada, en la cual también intervino la Agente del Ministerio Público de la Federación, licenciada **********, lo que se puede corroborar en las diversas constancias que obran en el expediente de reposición de autos; actuaciones que sin duda tuvieron lugar días antes de que el denunciado supiera qué es lo que iba a declarar **********en el procedimiento de investigación ********** instruido en su contra; lo cual constituye la prueba fundamental de que la denuncia formulada por éste, misma que dio origen a la causa penal **********, del índice del Juzgado ********** de Distrito en **********, con sede en **********, no obedeció a alguna represalia.
Por otra parte, se atribuye al licenciado **********, hoy Magistrado de Circuito, lo siguiente:
? Que con el afán de perjudicar a ********** el licenciado ********** presentó tres denuncias penales, en una de ellas, aduciendo hechos presumiblemente falsos, la cual dio lugar a una causa penal por la probable responsabilidad de la referida **********, en la comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público.
El servidor público denunciado niega rotundamente que las tres denuncias penales presentadas en contra de ********** hayan sido producto de represalias.
Señala que la primera denuncia que dio origen a la causa penal **********, del índice del Juzgado ********** de Distrito en **********, con sede en **********, por el delito de ejercicio indebido de servicio público, por haber sustraído ilícitamente de su expediente personal que se llevaba en el juzgado a su cargo, el original del acta administrativa que se le levantó; proceso en el que el diecisiete de diciembre de dos mil ocho, se dictó sentencia condenatoria en contra de la acusada **********, al haberse acreditado plenamente los elementos del delito en cita, así como la plena responsabilidad de la misma en su comisión.
La segunda denuncia que dio origen a la averiguación previa **********, por el delito de falsedad de declaraciones, entre otros, ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación en la ciudad de **********, **********; ignorando cuál es el estado procesal de la misma, a la fecha en que rindió el informe solicitado; y la tercera, que dio origen a la averiguación previa **********, de la Agencia del Ministerio Público Investigadora en la ciudad de **********, **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto en el artículo 211, fracción I, de la Ley de Amparo, al haber promovido como quejosa tres juicios de amparo, en los cuales bajo protesta de decir verdad afirmó hechos falsos y omitió otros que le constaban en relación con el amparo; influyendo tales manifestaciones en que los juzgadores que conocieron de dichos juicios dictaran resoluciones en sentidos diversos a los que hubieran dictado de haberse conducido con verdad o sin omitir determinados hechos que eran de suma importancia que los hubiera hecho del conocimiento de los citados juzgadores de control de garantías, averiguación previa de la cual también ignora su estado procesal.
En otro aspecto, se atribuye al licenciado ********** lo siguiente:
? Que para perjudicar a **********, ordenó que ésta compareciera a una diligencia ante el Juzgado ********** de Distrito en el Estado de **********, con residencia en **********, a pesar de que ésta radicaba en el Estado de **********; que además en el citatorio correspondiente no se asentó el motivo de la comparecencia, ni se fundó la determinación, pero se le apercibió que se le tendrían por ciertos los hechos atribuidos (sustracción del acta administrativa de diez de mayo de dos mil siete).
El denunciado señala al respecto que tal citación de ninguna manera puede constituir un indicio de que él quisiera perjudicar a **********, por lo contrario, se le llamó con la finalidad de respetarle su garantía de audiencia tutelada por el artículo 14 de la Constitución Federal; y si bien es cierto que en el citatorio no se le indicaron cuáles eran los hechos que se le atribuían, ello se debió a que, como lo expresó el juez exhortado, el artículo 75 del Código Federal de Procedimientos Penales no lo exige.
Argumenta que los artículos 74 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles no lo obligan ni facultan siquiera a proporcionar en el citatorio la información que pretende la licenciada **********; pues, en todo caso, la misma le sería proporcionada una vez que compareciera en la fecha y hora en que fue citada; y el hecho de que tuviera su residencia en un Estado de la República distinto a donde estaba ubicado el órgano jurisdiccional del cual era titular, no le es atribuible a éste, pues inclusive difirió la audiencia inicialmente programada para que el Juez exhortado tuviera oportunidad de notificarle con la anticipación a que se refiere el artículo 103 del mismo ordenamiento legal; y si bien es cierto que en ese cuerpo de leyes no se prevé la medida de apremio con la cual la apercibió; también lo es que el artículo 41 establece que: 'Los Tribunales dictarán de oficio los trámites y providencias encaminadas a que la justicia sea pronta y expedita...'.
Por tanto, atendiendo a la naturaleza del caso, por tratarse de una reposición de autos, concretamente de un acta administrativa que se le levantó, no sería congruente apercibirla con una multa o un arresto para el caso de incomparecencia, puesto que ello retardaría la tramitación del incidente respectivo; por lo que la providencia decretada encuentra apoyo en dicho numeral y es más efectiva para la pronta y expedita administración de justicia.
Además, en todo caso, compete a los órganos jurisdiccionales determinar si es correcto o no tal apercibimiento o citación; tan es así que ********** promovió amparo indirecto ante el Juez ********** de Distrito en el Estado de **********, reclamando dicha citación, y hasta la fecha se está en espera de que el Tribunal Colegiado del ********** Circuito resuelva el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada por el juez de garantías.
Por otra parte, se atribuye al licenciado **********, entonces juez de Distrito, lo siguiente:
? Que aprovechando su cargo, realizó una investigación para verificar si ********** mantenía comunicación con personal del Juzgado ********** de Distrito en **********, **********; por lo que le solicitó a la compañía **********, información relativa a las llamadas que habían realizado de los radios de las oficiales administrativas ********** y **********, con el de la licenciada **********.
El servidor público denunciado reconoce que efectivamente, se dio a la tarea de investigar quién o quiénes eran los servidores públicos adscritos al juzgado donde él era titular, que podían haber transmitido información confidencial a la licenciada **********, por lo que atendiendo a lo dispuesto en la fracción XVII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, mediante proveído de catorce de julio de dos mil ocho, dictado en el Cuaderno de Varios Administrativo/**********, de ese Juzgado de Distrito, ordenó la investigación respectiva al licenciado **********, para determinar por una parte, la falsedad o verdad con que se condujo **********; y por otra, si había fuga de información, a quién le era atribuible la misma, al menos en grado probable.
Continúa diciendo que el licenciado ********** le dio cuenta con una certificación de catorce de julio de dos mil ocho, en la que informaba que al agotar la investigación ordenada, logró saber que las únicas personas que tenían amistad y mantenían comunicación vía radio con **********, lo eran las oficiales administrativas **********, ********** y **********; de ahí que mediante diverso proveído de catorce de julio de dos mil ocho, dictado en el mismo cuaderno de varios, ordenó girar atento oficio al representante legal de **********, **********, solicitándole informara cuáles fueron las llamadas telefónicas que se hicieron de los números de radio **********, ********** y **********, que corresponden a los de las referidas oficiales administrativas, los días viernes veinticinco y martes veintinueve de enero de dos mil ocho.
Agrega que los resultados de la investigación no fueron favorables, ya que mediante oficio **********, recibido en la Oficialía de Partes del Juzgado de Distrito, el veintidós de julio de dos mil ocho, signado por **********, apoderado de la empresa ********** se le informó que en enero no se 'arrojaron' detalles de llamadas, por lo que al carecer de elementos para determinar si efectivamente alguna de las oficiales administrativas había proporcionado información confidencial de la que tuvo conocimiento con motivo de sus funciones, el denunciado determinó dar por concluida la investigación de referencia, mediante acuerdo de fecha veintidós de julio de dos mil ocho, dictado en el Cuaderno de Varios Administrativo/**********.
Ahora bien, lo fundado de la denuncia que se analiza, en relación a los motivos de queja que han quedado precisados, se actualiza en la especie, por las razones siguientes.
Como puede advertirse, el servidor público denunciado niega categóricamente que el inicio del incidente de reposición de autos, la orden de presentación a la audiencia en dicho incidente de reposición, la presentación de las tres denuncias penales y la solicitud de información a la compañía **********, relativa a las llamadas realizadas de los radios de ********** y ********** con el de **********, hayan sido producto de represalias o con el afán de perjudicar a ésta última; sin embargo, ello resulta irrelevante si tomamos en consideración que de cualquier manera su actuación al respecto, resulta reprobable desde el punto de vista disciplinario.
En efecto, los juzgadores como servidores públicos federales encargados de la impartición de justicia se encuentran investidos del imperio que les confiere la ley, para que a fin de hacer cumplir sus determinaciones, en ejercicio de sus funciones, puedan emplear medidas de apremio o disciplinarias, ya sea para con los justiciables o bien para con sus subordinados.
El ejercicio de esa potestad no puede ser arbitrario o anárquico, pues debe soportarse en la norma legal que los faculte para ello, una vez que ocurra una situación fáctica que lo justifique.
Uno de los requisitos primordiales para la validez de los actos de autoridad es que el juzgador sea competente para emitirlos, ya que esa circunstancia define en primera instancia, la validez de ese acto de autoridad, pues de no ser así, todo lo actuado por autoridad incompetente será nulo, con independencia de que sea o no cierto el hecho atribuido al gobernado o los motivos para hacerlo.
Sin embargo, es necesario acotar que no todos los actos que un juzgador realice tienen la naturaleza de ser actos de autoridad, ya que puede darse el caso de que actúe en el ámbito del derecho privado, en un plano de igualdad donde ha de prescindir justamente de esa facultad o imperio que le confiere el Estado para hacer cumplir sus determinaciones.
Ahora bien, en primer término cabe señalar que según se advierte de los autos de ocho y nueve de enero de dos mil ocho, el entonces Juez Federal ordenó iniciar y tramitar el 'incidente de reposición de autos' relativo al acta administrativa de diez de mayo de dos mil siete, que supuestamente se le levantó a **********, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24, párrafos primero, tercero y cuarto, y 494 del Código Federal de Procedimientos Penales, no obstante que no se trataba de una constancia proveniente de un proceso penal federal; por lo tanto, tales preceptos eran inaplicables para ordenar una reposición de autos en un expediente personal de un servidor público, lo que revela que su propósito fue con el afán de perjudicarla.
Los proveídos antes referidos están contenidos en el ANEXO VII, de la foja 6 a la 9 y se digitalizan a continuación:
**********
El desacierto antes precisado, llevó al entonces juzgador a cometer otro yerro; esto es, a ordenar que ********** compareciera a una diligencia de carácter judicial ante el Juzgado ********** de Distrito en **********, **********, donde él era titular, no obstante que ella radicaba en **********, **********, sin que en el citatorio respectivo asentara el motivo de esa comparecencia, pero apercibiéndola que de no asistir se le tendrían por ciertos los hechos.
Los oficios que dieron origen a la imputación antes referida son como siguen:
**********
De la sola lectura de los oficios antes digitalizados y en atención a lo precisado en párrafos precedentes -por lo que hace a las facultades de imperio del juzgador-, se observa que lejos de ser una 'simple citación' y que tuviera plena libertad para elegir si asistía o no a la práctica de la diligencia a la que se hace referencia en los oficios (siendo la 1ª. citación), en éstos se somete a ********** para que atienda esa actuación, pues el entonces juzgador, haciendo uso de su potestad como agente del Estado, la apercibía con tener por ciertos los hechos atribuidos, para el caso de no asistir.
Es decir, en ejercicio de las facultades inherentes a la relación jerárquica (que ya había desaparecido, pues laboraba en otro órgano jurisdiccional) y aun cuando la denunciante se encontraba fuera de la circunscripción en que el juez ejercía como tal, en el primero de los oficios la cita a comparecer ante él sin darle oportunidad de desahogar la 'diligencia' ante el órgano de su adscripción, no le informa en qué consistirá tal diligencia, le apercibe de tener por ciertos los hechos si no comparecía, sin informarle, además, a qué hechos se refería, todo ello sin citar los fundamentos legales que así se lo permitieron.
Por otra parte, es evidente que las relaciones entre el titular del órgano y sus subordinados, (que en el caso ********** ya no lo era) se rigen por un cuerpo normativo distinto al Código Federal de Procedimientos Penales, que por tanto fue erróneamente invocado por el denunciado, ya que en el segundo oficio, sólo citó algunos preceptos legales, respecto de los datos formales que debe cumplir la citación por cédula, así como el órgano a través del cual habría de citársele.
Esto es, si no se trataba en la especie de un proceso penal en cuya instrumentación se requiriera la presencia de la ahora denunciante **********, sino de actuaciones de naturaleza administrativa, no existe razón legal alguna, para citársele con apoyo en el Código Federal de Procedimientos Penales, ya que el denunciado, entonces Juez Federal, no actuaba como autoridad penal, pues lo único que se pretendía era reponer una actuación administrativa, por lo que, tampoco se justifica el traslado de la citada ********** de un Estado a otro, pues en todo caso bastaba que se desahogara por exhorto.
En cuanto a las tres denuncias penales que presentó el licenciado **********, ciertamente pudo haberlas efectuado, aquí sí, en cumplimiento a lo que dispone el Código Federal de Procedimientos Penales (artículo 117), siempre y cuando existieran elementos ciertos que hicieran presumir la probable existencia de un ilícito, lo que no aconteció en la especie, pues, según se puede advertir de la ejecutoria de cinco de octubre de dos mil diez, emitida por el ********** Tribunal Colegiado del ********** Circuito en el amparo directo **********, promovido por **********, la cual fue solicitada a la Dirección General de Estadística, se concedió el amparo y protección a ésta por estimarse que no se acreditó ni el primero, ni el segundo de los elementos objetivos que integran la descripción típica del delito de ejercicio indebido de servicio público, previsto en el artículo 214, fracción IV del Código Penal Federal, consistente en el caso concreto, en la existencia de un documento público y en la sustracción por el propio activo de dicho documento público al que tuviera acceso por virtud de su empleo, cargo o comisión, por lo que se surtió la excluyente del delito prevista en el artículo 15 fracción II del Código Penal Federal.
En otro orden de ideas, el órgano de impartición de justicia no ha sido creado para investigar conductas o hechos que puedan ser constitutivos de ilícitos penales; por tanto, si las órdenes de investigación sobre las comunicaciones entre unas subordinadas y la aquí denunciante tenían esa finalidad, es claro que son exorbitantes a las atribuciones y esfera de actuación del órgano jurisdiccional, en consecuencia, al no limitarse a hacer del conocimiento de la autoridad investigadora los hechos de que se trataba, sino actuar en función de su comprobación, se extralimitó en sus funciones.
Por otra parte, no pasa inadvertido que los órganos de impartición de justicia están facultados para autorizar la solicitud de este tipo de información a las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones, pero ello se ejerce a petición de las autoridades investigadoras y dentro de actuaciones de naturaleza penal y no administrativa como en la especie quedó en evidencia, pues según se desprende de las actuaciones que enseguida se digitalizan, no actuó en un procedimiento cautelar o precautorio alguno.
**********
Todo lo anterior permite arribar a la conclusión de que la actuación del licenciado **********, respecto a la oficial administrativa **********, analizada de manera integral, actualiza la hipótesis contenida en el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con las inmersas en el numeral 8, fracciones I y VI de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que expresamente señalan:
'Artículo 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:
...
XI. Las previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional;...'
'Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
I. Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;
VI. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste;...'
En efecto, se afirma lo anterior, toda vez que el servidor público denunciado, ejerció indebidamente el cargo de juez de Distrito que en ese entonces ostentaba, al iniciar y tramitar el incidente innominado de reposición de autos, relativo al acta administrativa de diez de mayo de dos mil siete, que supuestamente se le levantó a **********, que se dice ella misma sustrajo de su expediente personal; así como citarla a comparecer a una diligencia de carácter judicial, con apoyo inexplicablemente en el Código Federal de Procedimientos Penales, no obstante que no se trataba de un proceso penal federal, asimismo porque abusó del cargo de juez Federal, porque valiéndose de su posición jerárquica y sin tener facultades para hacerlo, solicitó al representante legal de **********, información confidencial; y finalmente, porque no trató con diligencia e imparcialidad a **********, pues, no obstante que no existían elementos ciertos que hicieran presumir la probable existencia de un ilícito, la denunció penalmente en tres ocasiones.
SEXTO. Por otra parte, es fundada la presente denuncia en relación con la conducta consistente en que probablemente el entonces juez Federal ********** incurrió en la causa de responsabilidad consistente en que al emitir el auto de dieciocho de febrero de dos mil ocho en la causa penal ********** (fojas 82 a 102, del Anexo XV), concedió el beneficio de la libertad bajo caución a **********, no obstante que el delito contra la salud por el que se le decretó formal prisión, se encuentra considerado como grave por el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
El denunciado reconoce que efectivamente concedió el beneficio de la libertad provisional bajo caución en la causa penal **********, no obstante que no procedía conforme a la ley.
Agrega que efectivamente, para que se pueda otorgar el beneficio de libertad provisional bajo caución, se exige por la ley que el delito atribuido al inculpado no sea considerado como grave por el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, lo cual no aconteció en el caso analizado, pues el delito contra la salud, en la modalidad de posesión del estupefaciente denominado clorhidrato de cocaína y del psicotrópico metanfetamina, previsto por el artículo 195 bis del Código Penal Federal, por lo que hace a la metanfetamina tercera línea horizontal y sexta vertical, del Apéndice I, Tabla 2, de dicho código; y en cuanto al clorhidrato de cocaína, contemplado en la primera línea horizontal, quinta vertical, del apéndice I, tabla 1, tablas a las que remite el artículo 195 bis del Código Penal Federal, relacionado con los numerales 234 y 245 de la Ley General; por el que se decretó formal prisión a **********, sí se encuentra considerado como grave.
Sin embargo, en su defensa señaló que el once de febrero de dos mil ocho, el Juzgado ********** de Distrito del ********** Circuito, con sede en **********, **********, del cual era titular, inició su guardia, concluyendo ésta el diecisiete del mismo mes y año, en ese lapso, fueron turnadas en materia penal cuarenta y tres consignaciones, setenta y tres demandas de amparo, cuatro solicitudes de orden de cateo, un despacho, tres exhortos, uno de ellos urgente, siendo en total ciento veinticuatro asuntos recibidos a los cuales se les tuvo que dar diariamente el trámite correspondiente.
Señala el juzgador denunciado, que lo anterior se acredita con la certificación expedida por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito en **********, **********, en la que se contiene, entre otros, la relación de asuntos turnados a dicho órgano jurisdiccional, en la semana de turno del once al dieciocho de febrero de dos mil ocho, la cual se acompaña como prueba.
Agrega que al revisar las constancias del proceso penal **********, así como el respectivo proyecto que fue elaborado por la licenciada **********, ésta le dijo que se trataba de un asunto muy similar al de la causa penal **********, y debido al poco tiempo con el que contaba y al cúmulo de trabajo, por un 'error vencible', pasó inadvertido que la reclasificación formulada se refería a la tercera línea horizontal y primera vertical del Apéndice I, de la Tabla 2, a que se refiere el aludido artículo 195 bis del Código Penal Federal; y a diferencia del proceso penal **********, donde la reclasificación se refería a la segunda línea horizontal de la citada Tabla y Apéndice, en la que sí procede conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución, por no estar considerado como grave por el numeral 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Que debido a esa confusión -de que se trataba de asuntos similares- incurrió en el 'error vencible' de conceder también el aludido beneficio, cuando el mismo, en el caso de la causa penal ********** no procedía, por sí estar considerado como grave por el numeral 194 invocado; por lo que al tener ya la resolución glosada en el expediente, toda vez que se trataba de un proyecto que acababa de aprobar y se encontraba firmado por la secretaria del juzgado, lo firmó para que de inmediato lo llevara la actuaria a notificar, pues contaba con muy poco tiempo para ello.
Continúa diciendo que la secretaria, licenciada ********** incurrió en el error de elaborar el proyecto de la causa penal **********, concediendo al inculpado el beneficio de la libertad provisional bajo caución, cuando no procedía el mismo, y además de ello le indicó que era similar al de la diversa causa penal ********** que le había aprobado el día anterior, en el que también se concedió al inculpado el citado beneficio.
Sin embargo, que no le aclaró que la diferencia entre ambos radicaba en que en este último se reclasificó el delito contra la salud, a la hipótesis prevista en el artículo 195 bis, sancionado por la segunda línea horizontal y sexta vertical, del Apéndice I, Tabla 2, del Código Penal Federal, en el que sí procedía la concesión de tal beneficio; y en cambio, que en el de la causa penal **********, por referirse a la tercera línea horizontal y sexta vertical del mismo Apéndice y Tabla, no procedía el mismo; y no obstante ello, en el proyecto que le entregó, también se concedía el beneficio aludido.
Por lo que el error o confusión en que incurrió la secretaria que elaboró el proyecto de la causa penal **********, licenciada **********, lo llevó a cometer el mismo error, dadas las grandes cargas de trabajo. Además, de que fue él quien advirtió el error sin que ninguna autoridad ni el Ministerio Público lo hiciera valer, ordenando inmediatamente la correspondiente orden de reaprehensión.
Finaliza diciendo que era mínima la cantidad de droga asegurada, ya que rebasaba apenas la tercera línea horizontal aludida, por lo que considera que el prófugo no era una persona con alto nivel de peligrosidad e inclusive de haberse dictado sentencia definitiva, era muy factible que se le aplicara la excusa absolutoria prevista por el artículo 199 del Código Penal Federal.
Ahora bien, con el fin de abordar si la conducta que se le atribuye, consistente en haber otorgado la libertad provisional bajo caución, cuando legalmente no procedía, encuadra en alguna de las causas
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80047-e9e0e419/revision-administrativa-2-2012-10-de-septiembre-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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