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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN ADMINISTRATIVA 9/2011. **********, ********** EN EL ESTADO DE **********. 25 DE OCTUBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: ROBERTO RODRÍGUEZ MALDONADO.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 9/2011. · Registro digital (IUS): 80012
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********, ********** EN EL ESTADO DE **********.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Versión electrónica, Pág. 4.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, veinticinco de octubre de dos mil once.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Resolución impugnada. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria celebrada el veintitrés de febrero de dos mil once, emitió resolución en la queja administrativa **********, instaurada, entre otros servidores públicos, en contra de **********, en su desempeño como ********** en el Estado de **********, con residencia en la ciudad de **********, en la cual decretó su suspensión en ese cargo, por el lapso de un año, sin goce de sueldo, a partir del día dieciséis de marzo siguiente, conforme a los puntos resolutivos, que se transcriben en la parte conducente:

"PRIMERO. Es improcedente la queja administrativa formulada por **********, en su carácter de **********, en contra de los licenciados **********, ********** y **********, ********** y **********, respectivamente, del ********** en el Estado de **********, con residencia en la ciudad de **********, de conformidad con las razones expresadas en el considerando quinto de esta resolución. --- SEGUNDO. Es infundada la queja administrativa presentada por el referido promovente, en contra del ********** del órgano jurisdiccional mencionado, por los motivos y fundamentos precisados en el considerando sexto del presente fallo. --- TERCERO. Es fundada la queja administrativa promovida por ********** con la calidad notada, en contra del **********, ********** precisado, en términos del considerando sexto del presente fallo. --- TERCERO. Es fundada la queja administrativa promovida por ********** con la calidad notada, en contra del **********, ********** precisado, en términos del considerando séptimo de esta propia determinación. --- CUARTO. Se impone al citado juzgador federal, por las faltas cometidas, atento a las razones señaladas en el considerando octavo de esta determinación, suspensión del cargo de **********, por el lapso de un año, sin goce de sueldo; dicha sanción surtirá efectos a partir del día dieciséis de marzo de dos mil once. --- ..." (fojas 19 a 55 del recurso de revisión administrativa).

SEGUNDO. Interposición del Recurso de revisión administrativa. En contra de esa resolución, **********, en su carácter de ********** en el Estado de **********, interpuso recurso de revisión administrativa, en escritos de veintidós de marzo de dos mil once, presentados el veintitrés siguiente, en la Oficialía de Partes y Certificación del Edificio Sede, del Consejo de la Judicatura Federal, la cual le asignó el número de registro ********** (fojas 59 a 82 del recurso de revisión administrativa).

Expresó agravios y ofreció pruebas.

TERCERO. Informe del Consejo de la Judicatura Federal. El Magistrado Óscar Vázquez Marín, Consejero de la Judicatura Federal, en ejercicio de la representación prevista en el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con las sesiones plenarias, extraordinaria de tres de enero de dos mil siete y ordinaria de tres de septiembre de dos mil ocho, rindió informe en el cual aceptó la certeza de los actos impugnados, ofreció pruebas y solicitó el desechamiento del recurso de revisión administrativa, por improcedente (fojas 2 a 11 del recurso de revisión administrativa).

CUARTO. Envío del asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El escrito de revisión y sus anexos se recibieron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el treinta y uno de marzo de dos mil once, la cual le asignó el número de registro ********** (foja 11 vuelta del recurso de revisión administrativa).

QUINTO. Trámite del recurso ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En auto de ocho de abril de dos mil once, el Ministro en funciones de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite el recurso de revisión administrativa, con reserva de los motivos de improcedencia que pudieran surgir a criterio del Tribunal Pleno; tuvo rendido en tiempo y forma el informe del Consejo de la Judicatura Federal; admitidas las pruebas exhibidas; y, dio vista al recurrente por el término de tres días, legalmente computados, para que manifestara lo que a su derecho conviniera (fojas 188 a 191 del recurso de revisión administrativa).

SEXTO. El recurrente, en escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil once, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrado con el número ********** desahogó la vista ordenada, hizo manifestaciones y ofreció pruebas (fojas 208 a 220 del recurso de revisión administrativa).

SÉPTIMO. El Ministro en funciones de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de once de mayo de dos mil once, admitió la ampliación de los agravios, con reserva de los motivos de improcedencia que pudieran surgir a criterio de la Sala correspondiente y requirió al Consejo de la Judicatura Federal para que dentro del plazo de tres días, legalmente computados, rindiera respecto de dicha ampliación el informe previsto en la parte final del artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (fojas 225 a 231 del recurso de revisión administrativa).

OCTAVO. El Magistrado Óscar Vázquez Marín, Consejero de la Judicatura Federal, en ejercicio de la representación prevista en el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, rindió informe respecto de la ampliación, en el cual aceptó la certeza de los actos impugnados y ofreció pruebas (fojas 294 a 299 del recurso de revisión administrativa).

NOVENO. El Ministro en funciones de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de veintiséis de mayo de dos mil once, tuvo rendido el informe respecto de la ampliación del recurso de revisión administrativa y dio vista al recurrente por el plazo de tres días, legalmente computados, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, también desestimó la petición del recurrente de que esta revisión administrativa 9/2011 y la diversa **********, se resolvieran simultáneamente y que un mismo Ministro Ponente diera cuenta con ellas (fojas 309 a 311 del recurso de revisión administrativa).

DÉCIMO. El recurrente, en escrito de tres de junio de dos mil once, presentado el seis siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrado con el número ********** desahogó la vista ordenada, hizo manifestaciones y ofreció pruebas (fojas 319 a 325 del recurso de revisión administrativa).

DÉCIMO PRIMERO. El Ministro en funciones de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de ocho de junio de dos mil once, dio vista al recurrente por el plazo de tres días, legalmente computados, para que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto de las pruebas exhibidas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (fojas 327 a 329 del recurso de revisión administrativa).

DÉCIMO SEGUNDO. El recurrente, en escrito de catorce de junio de dos mil once, presentado el quince siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrado con el número ********** desahogó la vista ordenada, hizo manifestaciones y solicitó que en su oportunidad se formulara proyecto de resolución (fojas 336 a 341 del recurso de revisión administrativa).

DÉCIMO TERCERO. El Ministro en funciones de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de seis de julio de dos mil once, decretó que no existen trámites por desahogar; que el asunto pasara al Señor Ministro JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS para su estudio y que se enviaran los autos a la Segunda Sala, de su adscripción, para que su Presidente proveyera el trámite (fojas 344 y 345 del recurso de revisión administrativa).

DÉCIMO CUARTO. Radicación en la Segunda Sala. En auto de diez de agosto de dos mil once, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el avocamiento de ésta al conocimiento del asunto y ordenó remitir los autos a la Ponencia del Señor Ministro JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, para lo procedente en derecho (foja 353 del recurso de revisión administrativa).

DÉCIMO QUINTO. Envío y radicación en el Tribunal Pleno. En sesión pública de siete de septiembre de dos mil once, se dio cuenta con el asunto en la Segunda Sala, la que acordó enviarlo al Tribunal Pleno (foja 376 del recurso de revisión administrativa).

Previo el trámite respectivo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de nueve de septiembre de dos mil once, decretó el avocamiento del Tribunal Pleno al conocimiento del asunto y ordenó devolver los autos a la Ponencia del Señor Ministro JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, para que dé cuenta con el proyecto de resolución (foja 381 del recurso de revisión administrativa).

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer y resolver el recurso de revisión administrativa, con fundamento en los artículos 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 122, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos TERCERO, fracciones IX, por analogía y XI y NOVENO, del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno.

SEGUNDO. En atención al sentido de esta resolución, es innecesario analizar la oportunidad del recurso de revisión administrativa y de su ampliación, así como la legitimidad del recurrente, porque es improcedente y debe ser desechado.

En efecto, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se analiza, en primer término, si en este caso se actualiza una causa de improcedencia, con apoyo en la tesis plenaria P. CX/96, de rubro: "REVISIÓN ADMINISTRATIVA CONTRA ACUERDOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE ESE RECURSO DEBE REALIZARLO EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN"(1) , aplicada por analogía.

Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal, al rendir su informe, manifiesta que el recurso de revisión administrativa es improcedente, con fundamento en el artículo 100 constitucional, esencialmente, porque se promueve contra la suspensión en el cargo del recurrente, supuesto que no se relaciona con su designación, adscripción, ratificación o remoción en el puesto de **********, únicas hipótesis en las que este medio de impugnación sería viable.

Para analizar este argumento, conviene precisar que el artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:

"Art. 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.

[...]

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva...".

Del análisis del precepto transcrito se desprende que las resoluciones que emita el Consejo de la Judicatura Federal respecto de jueces y magistrados, podrán ser impugnadas a través del recurso de revisión administrativa, cuando versen sobre su designación, adscripción, ratificación o remoción.

En relación con este último supuesto, este Tribunal Pleno ha sostenido que en el vocablo remoción, deben quedar comprendidas las resoluciones relativas a la destitución de jueces y magistrados, las que determinen su no ratificación y las relativas a su inhabilitación temporal, como lo establecen las siguientes jurisprudencia y tesis:

"No. Registro: 192,851

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa, Constitucional

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

X, Noviembre de 1999

Tesis: P./J. 107/99

Página: 34

REVISIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA REMOCIÓN DE UN MAGISTRADO DE CIRCUITO O DE UN JUEZ DE DISTRITO, POR CUALQUIER CAUSA.

El decreto del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que reformó, entre otros, el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son inatacables, excepto las que se refieran a la designación, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito. Por tanto, como el legislador no limitó la procedencia del recurso a los casos en que expresa y literalmente se utilizaran tales palabras, debe atenderse sólo al significado de esos enunciados o expresiones, pues el señalamiento de ciertos términos no implica exclusión de otros que refieren un hecho idéntico. En consecuencia, si existe una resolución de remoción por no haberse ratificado a uno de los servidores públicos antes mencionados, debe entenderse que sí procede el recurso de revisión administrativa establecido en el referido precepto constitucional."

"No. Registro: 194,627

Tesis aislada

Materia(s): Administrativa, Constitucional

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

IX, Febrero de 1999

Tesis: P. VII/99

Página: 41

REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LA DESTITUCIÓN DEL CARGO DE MAGISTRADO O JUEZ DE DISTRITO SIGNIFICA SU REMOCIÓN, POR LO QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA ES IMPUGNABLE MEDIANTE ESE RECURSO.

Los artículos 100, párrafo octavo, de la Constitución Federal y 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que el recurso de revisión administrativa procede, entre otros casos, en contra de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal que se refieran a la remoción de Magistrados o Jueces de Distrito. De una interpretación gramatical, esto es, atendiendo únicamente al significado, sentido, extensión y connotación de los términos del lenguaje, se llega a la conclusión de que el vocablo "remoción", a que se refieren los citados preceptos, significa deponer o apartar del cargo o empleo. Por otra parte, de una interpretación sistemática de los referidos artículos en relación con el 133, fracción III, 135, fracción V, y 137 de la citada ley orgánica, esto es, analizados en su conjunto y armónicamente todos estos preceptos, se advierte que indistintamente unos aluden a la remoción y otros a la destitución, para identificar en cualquiera de los casos la privación del cargo que detentaba un Magistrado o Juez de Distrito. De lo anterior se concluye que, si la resolución recurrida impone como sanción la "destitución" de Juez de Distrito, debe considerarse que el aludido recurso interpuesto en su contra es procedente de conformidad con las disposiciones legales citadas."

"No. Registro: 177,159

Tesis aislada

Materia(s): Administrativa

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXII, Septiembre de 2005

Tesis: P. XLVI/2005

Página: 8

REVISIÓN ADMINISTRATIVA. LA INHABILITACIÓN TEMPORAL IMPUESTA A MAGISTRADOS DE CIRCUITO O JUECES DE DISTRITO PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO IMPLICA SU REMOCIÓN, POR LO QUE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA ES IMPUGNABLE MEDIANTE AQUEL RECURSO.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 107/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 34, con el rubro: "REVISIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDE CONTRA LA REMOCIÓN DE UN MAGISTRADO DE CIRCUITO O DE UN JUEZ DE DISTRITO, POR CUALQUIER CAUSA.", sostuvo que para establecer la procedencia de dicho recurso contra las determinaciones que impliquen la remoción del cargo de los funcionarios mencionados, debe atenderse al significado de la palabra "remoción", ya que el legislador no limitó su procedencia a los casos en que expresa y literalmente se utilizara esa palabra. En congruencia con lo anterior se concluye que la resolución que decreta la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público impuesta a Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito es impugnable mediante el recurso de revisión administrativa, ya que aquélla implica que ha sido decretada la remoción del cargo, que se traduce en la separación de éste y la terminación de la relación laboral del servidor público con el Estado, a diferencia de lo que ocurre tratándose de la suspensión temporal, que no constituye un acto privativo sino sólo uno de molestia en la esfera jurídica del sancionado, quien una vez que cumple la suspensión, se reincorpora a su cargo."

El criterio para establecer que las resoluciones de destitución y no ratificación pueden ser impugnadas a través del recurso de revisión administrativa, se funda en el principio de que constituyen actos privativos, a través de los cuales se da por terminada la relación existente entre el servidor público y el Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, la sanción impuesta a jueces y magistrados, consistente en la suspensión temporal del cargo, no tiene el carácter de un acto privativo, sino de molestia, conforme a la tesis plenaria P. LXXI/99 sustentada al resolver el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y ocho, por mayoría de nueve votos, el recurso de revisión administrativa **********, cuyo contenido es el siguiente:

"No. Registro: 192,845

Tesis aislada

Materia(s): Administrativa

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

X, Noviembre de 1999

Tesis: P. LXXI/99

Página: 44

REVISIÓN ADMINISTRATIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SANCIÓN CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL IMPUESTA A MAGISTRADOS Y JUECES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

La sanción consistente en la suspensión temporal impuesta a Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación, no puede equipararse a una remoción o a una destitución, debido a que no conlleva la terminación de la relación laboral; en todo caso, constituye un acto de molestia en su esfera jurídica que no es privativo, porque transcurrido el plazo de la suspensión el sancionado regresa a desempeñar su encargo, por lo que al no ubicarse en los supuestos excepcionales de procedencia del recurso de revisión administrativa que prevé el artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente su improcedencia."

Las consideraciones que sustentaron ese criterio, en la parte relativa, son las siguientes:

"...La procedencia del recurso de revisión administrativa deriva de las disposiciones contenidas en el octavo párrafo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los numerales 122 y 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El artículo 100 del Pacto Supremo, en el texto actual de su octavo párrafo, establece:

(se transcribe)

La iniciativa de reformas de diversos preceptos constitucionales, entre los que se encuentra el numeral transcrito, de fecha cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en lo que al caso interesa, señala:

'EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. -- Adicionalmente a los cambios propuestos en lo concerniente a las competencias judiciales de la Suprema Corte de Justicia, la iniciativa propone que sus atribuciones administrativas sean asignadas a un órgano de nueva creación. Este órgano se integraría por personas designadas por los tres Poderes de la Unión, quienes ejercerían sus funciones por un tiempo limitado y serían sustituidos mediante un sistema de escalonamiento. Con la liberación de las cargas de trabajo administrativo, el Pleno de la Suprema Corte contará en adelante con mayor tiempo para el desahogo de sus funciones jurisdiccionales. -- Este órgano de administración seria responsable de velar por la independencia de los jueces y magistrados, y cuidaría que en todo momento se apliquen estrictamente los principios de la carrera judicial, a fin de garantizar la adecuada calificación de las personas que asuman la función jurisdiccional.... --- ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN... --- De acuerdo con la iniciativa que ahora someto a su consideración, se propone modificar el artículo 100 constitucional a fin de que las funciones administrativa que hasta ahora ejerce la Suprema Corte recaigan en un Consejo de la Judicatura Federal. El mismo estaría integrado por siete miembros, y lo presidiría el ministro que resulte electo para presidir la Suprema Corte. De los seis miembros restantes del Consejo, dos serán designados por la Cámara de Senadores, uno electo por los jueces de Distrito, uno electo por los magistrados de Circuito y dos designados por el Presidente de la República. Salvo en el caso del Presidente de la Suprema Corte, los miembros durarán en su cargo cinco años, llevándose a cabo su renovación de manera escalonada. Debido a la importancia de las funciones que habrán de realizar en lo tocante a la integración, administración y vigilancia de una buena parte de un poder del Estado, se propone modificar los artículos 110 y 111 constitucionales a fin de respectivamente, hacer a los miembros del Consejo de la Judicatura Federal sujetos de juicio político y otorgarles la correspondiente inmunidad procesal. -- Atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal. --- Entre las atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal que deben ser destacadas, se encuentren las relativas al nombramiento, adscripción, promoción y remoción de jueces y magistrados. Es decir, las cuestiones relativas a la carrera judicial. Con el enorme crecimiento del número de órganos del Poder Judicial de la Federación que hubo a comienzos de la década pasada, y que llegó a ser en promedio de veintiún tribunales y juzgados por año, la designación de sus titulares significó un problema y se dio cabida a la improvisación del personal. A fin de que en lo futuro se eleve la calidad profesional de quienes habrán de impartir justicia, mediante esta reforma se pretende elevar a rango constitucional la carrera judicial, de manera que en lo futuro el nombramiento, adscripción y remoción de jueces y magistrados quede sujeta a los criterios generales, objetivos e imparciales que al respecto determinen las leyes. -- De acuerdo con la adición que se propone al artículo 94, al Consejo le corresponderá también la deleitación (sic) territorial de los circuitos y distritos judiciales de todo el país, así como la determinación del número de órganos y las materias que éstos deban conocer. Ello es así, en tanto que estas tareas implican la distribución de las cargas de trabajo y la ubicación geográfica de los órganos, cuestiones que requieren de un conocimiento primordialmente administrativo. -- El Consejo deberá realizar la vigilancia y supervisión de los órganos jurisdiccionales así como de las conductas de sus titulares, en concordancia con la competencia que le corresponde para el nombramiento y remoción de estos funcionarios. Esta última será una de las competencias del Consejo de la Judicatura Federal que mayores beneficios habrá de reportar a la impartición de justicia federal pues facilitará que se detecten las anomalías, los delitos o el cabal cumplimiento de las tareas por parte de los jueces, magistrados y personal...'.

Se obtiene de esta transcripción, que a virtud de las reformas constitucionales, se creó un órgano encargado de las funciones administrativas antaño encargadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que el Máximo Tribunal se avoque exclusivamente a la función jurisdiccional; que dicho órgano de nueva creación, que se denomina Consejo de la Judicatura Federal, será el responsable de velar por la independencia de los jueces y magistrados, y cuidará que en todo momento se apliquen estrictamente los principios de la carrera judicial, a fin de garantizar la adecuada calificación de las personas que asuman la función jurisdiccional; como consecuencia de ello, entre sus atribuciones se encuentran las relativas al nombramiento, adscripción, promoción y remoción de jueces y magistrados; a fin de elevar la calidad profesional de quienes habrán de impartir justicia, y dado que se pretende elevar a rango constitucional la carrera judicial, en lo futuro el nombramiento, adscripción, promoción y remoción de jueces y magistrados quedarán sujetos a los criterios generales, objetivos e imparciales que al respecto determinen las leyes.

También se destaca en la iniciativa que se comenta, que el Consejo deberá realizar la vigilancia y supervisión de los órganos jurisdiccionales así como de las conductas de sus titulares, en concordancia con la competencia que le corresponde para el nombramiento y remoción de estos funcionarios, atribución ésta que se consideró la que mayores beneficios reportará a la impartición de justicia, en virtud de que facilitará que se detecten las anomalías, los delitos o el cabal cumplimiento de las tareas por parte de los jueces, magistrados y personal.

Atendiendo a las anteriores consideraciones, la iniciativa en cuestión propuso la reforma del octavo párrafo del artículo 100 constitucional, en el sentido de que 'Las decisiones del Consejo serían definitivas e inatacables'.

Sin embargo, en la sesión celebrada en la Cámara de Senadores el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, relativa a la segunda lectura del Dictamen suscrito por las Comisiones Unidas de Justicia, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera Sección, obra lo siguiente:

'El C. Secretario Varela Flores: Se modifica el penúltimo párrafo del Artículo 100, para quedar como sigue:--- -'Las decisiones del consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a designación, adscripción, remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la Ley Orgánica respectiva'. -- -La suscriben los Senadores Amador Rodríguez Lozano, José Trinidad Lanz Cárdenas, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Gabriel Jiménez Remus y Salvador Rocha Díaz. -- -En votación económica, se consulta a la Asamblea, si se acepta la modificación propuesta. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. -- (La asamblea asiente). -- -Aprobada, señor Presidente...'.

El Dictamen correspondiente fue aprobado por la Cámara de Diputados, en la sesión celebrada el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

Por su parte, los artículos 122 y 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en vigor al día siguiente, en su orden, disponen:

'ARTÍCULO 122. Las decisiones dictadas por el Consejo de la Judicatura Federal serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieren al nombramiento, adscripción, cambio de adscripción y remoción de Magistrado de Circuito y Jueces de Distrito, las cuales podrán impugnarse ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, mediante el recurso de revisión administrativa. El recurso de revisión administrativa tendrá como único objeto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determine si el Consejo de la Judicatura Federal nombró, adscribió o removió a un Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, con estricto apego a los requisitos formales previstos en esta ley o en los reglamentos interiores y acuerdos generales expedidos por el propio Consejo de la Judicatura Federal. -- ARTÍCULO 140. Las resoluciones por las que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal imponga sanciones administrativas consistentes en la destitución del cargo de magistrado de circuito y juez de distrito, podrán ser impugnadas por el servidor público ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia mediante el recurso de revisión administrativa...'.

La iniciativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de fecha diez de abril de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el tema que nos ocupa, dice:

'...Los cambios recientes a la Constitución en materia de impartición de justicia no sólo afectaron a las cuestiones de carácter jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia o las relativas a la designación de sus integrantes. Adicionalmente a esos cambios, se contempló que las atribuciones administrativas con que originalmente contaba la Suprema Corte de Justicia fueran asignadas a un nuevo órgano de carácter exclusivamente administrativo, denominado Consejo de la Judicatura Federal.... --- DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES. -- Como se indicó, y como consecuencia de las reformas constitucionales, un buen número de las atribuciones administrativas y disciplinarias que ejercitaba la Suprema Corte de Justicia fueron conferidas al Consejo de la Judicatura Federal.... Las modificaciones constitucionales al régimen de competencias de la Suprema Corte de Justicia hacen necesario que en la Ley Orgánica se recoja un nuevo marco normativo que le permita, por un lado, cumplir con sus nuevas funciones de máximo tribunal jurisdiccional y, por el otro, dejar de ser el órgano de gobierno de todo el Poder Judicial de la Federación... En materia jurisdiccional, y atendiendo también a lo dispuesto en el nuevo artículo 100 de la Constitución, se confiere al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la delicada atribución de revisar las decisiones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal en materia de nombramiento, adscripción y remoción de magistrados de circuito y jueces de distrito. En atención a las características de este recurso, se esta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80012-48e92385/revision-administrativa-9-2011-en-el-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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