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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 22/2011. **********. 10 DE ABRIL DE 2014. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 22/2011. · Registro digital (IUS): 80100
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Versión electrónica, Pág. 1.

VISTO BUENO

SEÑOR MINISTRO

MINISTRO PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de abril de dos mil catorce.

V I S T O S; Y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Presentación del recurso de revisión administrativa. Mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil once ante la Oficialía de Partes y Certificación del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal, **********, por propio derecho, interpuso recurso de revisión administrativa en contra de la resolución dictada por la mayoría del Pleno de dicho órgano en el expediente de denuncia administrativa **********, en su sesión ordinaria celebrada el seis de julio de dos mil once, en la cual se determinó destituirlo en el cargo de Juez de Distrito.

Los antecedentes de la resolución impugnada fueron los siguientes:

1. El veintisiete de abril de dos mil diez, la Comisión de Disciplina ordenó una visita extraordinaria al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, la cual se registró con el número **********, con el objeto de revisar el correcto funcionamiento del citado órgano jurisdiccional.

2. La visita extraordinaria se desahogó.

3. El siete de julio de dos mil diez, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el dictamen relativo a la visita extraordinaria de inspección que presentó la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, ordenando la apertura del procedimiento administrativo de investigación **********, en el que se ordenó el inicio del expediente de denuncia correspondiente en contra del licenciado **********, y se decretó la suspensión temporal de dicho servidor público.

4. El nueve de agosto de dos mil diez, el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal formó y registró el expediente de denuncia administrativa **********, se ordenó citar al licenciado ********** a la audiencia prevista en el artículo 134, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que rindiera el informe relativo a los hechos que se imputaban, ofreciera pruebas y alegara lo que a su derecho conviniera en relación con las conductas materia de la denuncia contenidas en el dictamen.

5. El treinta y uno de agosto de dos mil diez, se celebró la audiencia, en la que el recurrente rindió su informe, se admitieron las pruebas que ofreció, y en relación a las pruebas testimoniales fue requerido para que ajustara su ofrecimiento, proporcionando el nombre de hasta cinco testigos con la precisión detallada del hecho que quisiera demostrar, apercibiéndolo que en caso de no desahogar el requerimiento, se tendría por no formulado.

6. El uno de octubre de dos mil diez, el recurrente desahogó el requerimiento y por auto de ocho del mismo mes y año, se determinó tener por no ofrecidos los testimonios ni la declaración realizada por el licenciado **********.

7. Por escrito presentado el uno de octubre de dos mil diez en la Oficialía de Partes y Certificación del Consejo de la Judicatura Federal, el recurrente ofreció como pruebas supervinientes la declaración de la licenciada ********** ante notario público, copia certificada de la Circular número 1/2006 correspondiente a la Asamblea General Ordinaria celebrada el veintiocho de febrero de dos mil seis, y copia certificada del "Acta de mi compromiso de trabajo".

Al respecto, mediante proveído de seis de octubre de dos mil diez, el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que no era procedente acordar de conformidad lo solicitado.

8. Integrado el expediente, el nueve de diciembre de dos mil diez, el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó remitirlo a la ponencia del Consejero César Esquinca Muñoa para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

9. En sesión ordinaria de seis de julio de dos mil doce por mayoría de votos se resolvió imponer al recurrente la sanción de destitución del cargo.

SEGUNDO. El dos de agosto de dos mil once, se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el escrito en el que el recurrente expresó sus agravios y el informe que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 124 de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, rindió el Consejo de la Judicatura Federal.1

Recibidos los escritos de referencia y sus anexos, el cinco de agosto de dos mil once, el Presidente en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó admitir el recurso de revisión administrativa y tener por presentado, en tiempo y forma, el informe suscrito por el Consejero Magistrado Óscar Vázquez Marín, como representante designado por el Consejo de la Judicatura Federal para intervenir en el asunto. Asimismo, en el auto de presidencia se proveyó lo que se estimó conducente respecto de las pruebas ofrecidas por el recurrente.2

Por oficio número ********** de veinticuatro de agosto de dos mil once,3 el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitió a este Alto Tribunal diversas pruebas ofrecidas por el recurrente, cuyo envío le había sido solicitado en el auto del Presidente en funciones de esta Suprema Corte de Justicia de cinco de agosto del mismo año.

Mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil once, el Presidente en funciones de esta Suprema Corte ordenó dar vista por el plazo de tres días al promovente con las pruebas a que se ha hecho alusión, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera.4

Por auto de la Presidencia en funciones de este Alto Tribunal de veintinueve de septiembre de dos mil once, se determinó que, habiendo transcurrido el plazo de tres días otorgado al recurrente sin que hubiere comparecido, lo procedente era declarar precluido su derecho para hacerlo.

Además, se acordó que, al no existir trámite pendiente que desahogar, pasaran los autos, para su estudio, al Ministro José Ramón Cossío Díaz, a fin de que elaborara el proyecto de resolución con el que se daría cuenta al Tribunal en Pleno.

TERCERO. El veinticinco de junio de dos mil doce se sometió el proyecto de resolución al Tribunal Pleno y éste fue desechado por lo que se determinó returnarlo a uno de los ministros de la mayoría.

El veintiocho de junio de dos mil doce, el Presidente en funciones de este Alto Tribunal con fundamento en los artículos 11, fracción VIII, en relación con la fracción V y 14, fracción II, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 95 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificado por el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de este Alto Tribunal el dieciséis de enero de dos mil doce, turnó el expediente para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, 123 fracción I, 126 y 128 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y la fracción IX del punto tercero del Acuerdo General Plenario 5/2001, según la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reserva jurisdicción para conocer de los recursos de revisión administrativa que versen sobre la remoción o ratificación de Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito, lo cual acontece en la especie, en virtud de que en el presente recurso de revisión administrativa la resolución objeto de impugnación tiene directa relación con la destitución del recurrente del cargo de Juez de Distrito.

SEGUNDO. Procedencia y legitimación. El artículo 122, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone que la remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, podrá impugnarse ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, mediante el recurso de revisión administrativa, supuesto que en el caso se actualiza, ya que lo que se reclama es una resolución que impuso como sanción administrativa la destitución de un Juez de Distrito.

Por su parte, el artículo 123, fracción II, de la misma Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que el recurso de revisión administrativa podrá interponerse, tratándose de las resoluciones de remoción, por el Juez o Magistrado afectado por la misma, lo cual en la especie se cumple, en tanto que ********** interpuso el presente recurso para inconformarse en contra de la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que determinó que incurrió en una causa de responsabilidad en su actuación como Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, imponiéndole la sanción consistente en destitución en el cargo.

TERCERO. Oportunidad de la revisión. El recurso de revisión administrativa se interpuso dentro del plazo de cinco días que para el efecto establece el artículo 124( de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, contados a partir del siguiente al en que surtió sus efectos la notificación del acto impugnado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3216 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la tramitación del recurso de revisión administrativa, según el criterio del Tribunal Pleno contenido en la tesis P. VIII/99, cuyo rubro es: "REVISIÓN ADMINISTRATIVA. PARA DETERMINAR EL MOMENTO EN QUE SURTIÓ SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA MEDIANTE ESE RECURSO, DEBE APLICARSE EL ARTÍCULO 321 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES".7

En autos obra el acta de la diligencia llevada a cabo el catorce de julio de dos mil once, en la que se notificó al recurrente, por conducto de su defensor y apoderado legal César Alberto Pérez Reveles, la resolución dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el expediente relativo a la denuncia **********, en sesión celebrada el seis de julio de dos mil once.8

Dicha notificación surtió efectos el día hábil siguiente, es decir, el quince de julio de dos mil once. Por tanto, el plazo de cinco días a que alude el artículo 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación transcurrió del uno al cinco de agosto de ese mismo año, descontándose los días dieciséis a treinta y uno de julio, por corresponder al periodo de receso del Consejo de la Judicatura Federal, según se desprende del artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En estas condiciones si el escrito mediante el cual ********* interpuso su recurso de revisión fue presentado el uno de agosto de dos mil once, como consta en el sello de recepción de la Oficialía de Partes y Certificación del edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal,9 se concluye que el mismo se presentó en forma oportuna.

CUARTO. Resolución recurrida. El seis de julio de dos mil once el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por mayoría de cinco votos, dictó resolución en el expediente de denuncia **********, decretando la destitución de ********* en el cargo de Juez de Distrito, la cual le fue notificada mediante comparecencia personal de catorce de julio de dos mil once.

Las consideraciones que rigen el sentido de esta última resolución fueron las siguientes:

a) Por acuerdo de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal correspondiente a la sesión ordinaria de veintisiete de abril de dos mil diez, se ordenó la práctica de una visita extraordinaria de inspección al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, con residencia en la ciudad de Guadalajara, con el objeto de revisar el correcto funcionamiento del citado órgano jurisdiccional.

b) En sesión ordinaria de siete de julio de dos mil diez, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el dictamen correspondiente a la visita extraordinaria de inspección **********, en el cual se determinó que el licenciado ********** pudo haber incurrido en diversas causas de responsabilidad administrativa.10

c) Los hechos que se le imputan al servidor público, conforme al considerando cuarto del dictamen de la visita extraordinaria de inspección **********, son los siguientes:

"1) Que ha implementado un horario de trabajo que repercute en perjuicio del personal a su cargo y de las labores del juzgado, porque por lo general, acude a sus labores aproximadamente a las ocho horas de la mañana de lunes a viernes; sin embargo, se retira entre las trece horas quince y las trece treinta horas y no regresa por las tardes.

2) Que probablemente ha tratado en forma indebida y humillante al personal a su cargo.

3) Que implementó una forma de organización en el trabajo que ha repercutido en el desequilibrio en el horario de labores de los trabajadores de dicho órgano jurisdiccional, al permitir a diversos integrantes del juzgado retirarse temprano y no contar con funciones específicas para desempeñar, lo que irroga perjuicio al resto del personal, quienes deben realizar las funciones que, en su caso, los ausentes dejan de cumplir, amén de los privilegios que esto presupone en comparación con los demás trabajadores del Juzgado de Distrito que se inspeccionó, con las consiguientes consecuencias en perjuicio de la función judicial.

4) Que instruyó a la licenciada **********, secretaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional a efecto de que realizara diversos escritos, promociones o recursos, incluso una ampliación de demanda y un escrito de alegatos para contestar un recurso de queja que se había interpuesto por parte de la autoridad responsable en un juicio de amparo promovido por su hermana, la licenciada **********, magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contra un cambio de adscripción que se le había hecho, escrito que iba a presentar ante el Tribunal Colegiado, trabajos que fueron realizados durante horas hábiles e inhábiles en la computadora que dicha secretaria tiene asignada, motivo por el cual la licenciada ********** repartió el trabajo que tenía entre sus compañeros, siendo el caso además que, para esos efectos, también se utilizaron recursos que el juzgado tiene asignados para el desarrollo de las labores jurisdiccionales (entre ellos fotocopiadoras y papelería diversa) para lo cual incluso acudió personal ajeno al órgano jurisdiccional.

5) Que otorgó nombramiento como secretario ejecutivo SPS a la persona que responde al nombre de **********, quien no obstante haber realizado los trámites correspondientes, no acudió a laborar de manera oportuna siendo el caso que quien se presentó fue el hermano del juzgador, de nombre **********, haciéndose pasar por el citado Lara Contreras y desempeñando las funciones propias de dicho nombramiento.

6) Que otorgó diverso nombramiento -de chofer- a **********, sin que esta persona acudiera a realizar las funciones para las que fue contratada y al parecer labora en el domicilio del licenciado **********".

d) Procedía declarar la improcedencia de la denuncia respecto de la sexta de las conductas atribuidas al denunciado. Esto, en atención a que, para realizar las funciones de chofer, no es necesario que la persona que ejerce ése cargo acuda al órgano jurisdiccional, de conformidad con el objetivo establecido en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, el imputado no incurrió en responsabilidad administrativa al enviar a la persona que ostentaba el cargo de chofer a realizar encargos fuera del juzgado, conforme lo manifestó al rendir su informe.

e) En cambio, procedía declarar fundada la denuncia en cuanto a la primera de las irregularidades atribuidas al denunciado, consistente en que implementó un horario de trabajo que repercutió en perjuicio del personal y de las labores del juzgado a su cargo, porque por lo general laboraba aproximadamente de las ocho a las trece horas quince minutos o a las trece horas treinta minutos, y no regresaba por las tardes, según se advertía de los testimonios de treinta y seis personas rendidos ante el Visitador General durante la visita extraordinaria.

Asimismo, se indica que en varios casos los secretarios se encontraban autorizados para remitir oficios sin la firma del juez, para lo cual se citan fragmentos de las declaraciones hechas por veintisiete personas ante el Visitador General del Consejo. En específico, se citan sus respuestas cuando se les cuestionó respecto de si el juez autorizaba a los secretarios la remisión de oficios sin su firma en el acuerdo relativo.

Igualmente, se señala que también constituye prueba de la irregularidad en comento la diligencia desahogada por el Visitador General del Consejo de la Judicatura Federal, durante la visita extraordinaria, consistente en la verificación de los registros vehiculares de acceso al estacionamiento del edificio en el que se encuentra el órgano jurisdiccional visitado. De la resolución combatida se desprende que el referido Visitador revisó, en compañía de un Secretario Técnico, tanto los registros vehiculares de acceso al edificio como las bitácoras de control de entradas y salidas correspondientes a los meses de enero a abril de dos mil diez.

De estos materiales se desprende en la resolución impugnada que el vehículo registrado a nombre del imputado ingresó "sólo en días hábiles por la mañana", con un promedio de entrada que fluctúa entre las ocho horas con diez minutos y las ocho horas con treinta y siete minutos.

En el mismo pasaje de la resolución se afirma que el vehículo del hoy recurrente salió, en promedio, entre las trece horas con treinta y cuatro minutos, y las trece horas con cincuenta y dos minutos. El órgano resolutor sustenta las afirmaciones anteriores en copias certificadas de los controles de entrada y salida vehicular del estacionamiento del edificio, por el periodo del dieciséis de marzo de dos mil nueve al treinta de abril de dos mil diez, y con el informe que precisa cuál fue el vehículo registrado a nombre del hoy recurrente.

Para tales efectos, la mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, estimó que contaba con la "más alta libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas".11 En consecuencia, determinó que éstas fueron:

"(...) aptas para demostrar que el servidor público se retiraba del órgano jurisdiccional visitado antes de que concluyera el horario normal de labores de los tribunales federales, con lo cual dejaba de desempeñar las funciones que tenía a su cargo como Juez de Distrito, cuando su obligación es desarrollarlas durante todo el lapso que comprende el horario normal de labores del órgano jurisdiccional visitado y por lo mismo, desatendía los asuntos a su cargo, lo cual repercutía en las actividades del juzgado al autorizar a sus secretarios para que ante su ausencia, en los asuntos urgentes se remitieran oficios, se certificaran constancias y se realizaran notificaciones, sin que previamente se hubiera firmado el acuerdo, sobre todo en los casos de las quejas de veinticuatro horas, ya que el servidor público lo firmaba al día siguiente; con el consiguiente riesgo de que se pudieran alterar o falsificar las mencionadas constancias por el personal o de que se realizaran certificaciones inexactas, de manera que debe concluirse que en el caso, no existió cumplimiento efectivo de la labor jurisdiccional por parte del aludido imputado, si se atiende a que en realidad, el trabajo lo delegaba en sus subordinados".12

Con base en las anteriores afirmaciones, la mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal concluye que el actuar del imputado actualizó la causa de responsabilidad prevista en el artículo 131, fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.13 En específico, el órgano resolutor señala que se actualizó el supuesto relativo a dejar de desempeñar las funciones que tenga a su cargo. Esto, en atención a que de las constancias se desprende que el licenciado ********** se retiraba del juzgado de su adscripción antes de que concluyera el horario normal de labores, que es el comprendido entre las nueve y las catorce horas con treinta minutos, por lo que "lógicamente dejaba de realizar las funciones que tenía encomendadas como titular del propio juzgado".14

f) Procedía declarar fundada la segunda de las irregularidades que se le imputaron al hoy recurrente, consistente en que probablemente trató en forma indebida y humillante al personal a su cargo, con base en las declaraciones rendidas ante el Visitador General de diez miembros del personal que laboraba en el órgano jurisdiccional del que era titular. Ello, en atención a que dichas personas "fueron coincidentes en referir que el denunciado les grita y les habla en forma prepotente e intimidatoria y con una actitud déspota".15

Al respecto, se sostiene en la resolución del Consejo que los testimonios citados eran suficientes para acreditar plenamente el proceder constitutivo de responsabilidad, pues si bien las manifestaciones en las que se basaba podían considerarse obscuras, vagas e imprecisas, al no precisar fechas, horas y lugares en los que se dieron las conductas, sin embargo, debido a la naturaleza de la conducta que implica cierta dificultad para su demostración, era preciso analizar las declaraciones conjuntamente y no de forma aislada. De esta forma, para tener por acreditada la conducta en comento, la mayoría del Consejo indica que cabía valerse de cualquier medio útil para generar convicción.

Además, en relación con la misma conducta la mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, señala que los testigos fueron uniformes al manifestar el trato que recibieron. El referido órgano señala que un testimonio citado individualmente es un indicio, pero que es preciso el análisis de varios testimonios en forma conjunta para tener por demostrada la conducta que se le imputó al denunciado. Esta libertad para determinar el valor de las pruebas, según el órgano resolutor, deriva del contenido del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es supletorio al procedimiento disciplinario.

Posteriormente, el órgano resolutor concluye que las declaraciones citadas son idóneas para demostrar "el comportamiento o la forma (humillante, ofensiva y despótica) como se conduce el juez imputado, dada la coincidencia de los declarantes en cuanto a las actitudes que asume y las palabras que utiliza para dirigirse a sus subalternos".16 Además, el Consejo señala que, como los testimonios citados no estuvieron dirigidos a demostrar un hecho en particular, no era necesario que éstos precisaran las circunstancias de tiempo modo y lugar en que sucedieron los hechos, aunque algunos sí lo hicieron.

Según el referido órgano colegiado, las declaraciones estaban dirigidas a demostrar la conducta del juez implicado durante cierto periodo de tiempo. Por tanto, al estimarse medularmente coincidentes, debía reconocerse como suficientes para demostrar que el imputado:

"dejó de preservar el decoro y respeto que debe existir entre los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (...); sin que hubiese acreditado haberse encontrado en alguna situación de excepción que pudiera explicar esa inexplicable conducta -indebido comportamiento- que le excluyera de responsabilidad".17

Además, la mayoría del Pleno del Consejo considera que la conducta irregular se confirma con la copia certificada de la circular número ********** de uno de septiembre de dos mil nueve, mediante la cual el imputado prohibió a su personal vestir pantalones de mezclilla y calzar zapatos tenis, y con las ampliaciones de declaración de tres personas que fueron coincidentes en que el titular del juzgado en el que laboraban trató el tema de la jubilación con ellas. Esta situación se interpretó en conjunto con la declaración de otra persona de la que se desprendía -a juicio del órgano resolutor- que el imputado presionó a algunos miembros de su personal para que se jubilaran.

Adicionalmente, la mayoría del Consejo, afirman que las declaraciones anteriores se robustecen con el contenido del escrito de catorce de mayo de dos mil diez recibido por el Visitador General durante el desarrollo de la visita extraordinaria de inspección, en el que veinticuatro servidores públicos adscritos al órgano jurisdiccional inspeccionado solicitan que "cesen las amenazas y el acoso laboral que venían sufriendo".18

Según la mayoría del Pleno del Consejo, de este documento se desprende que los denunciantes tenían el temor fundado de que el titular del juzgado en el que laboraban tomara represalias en su contra, por lo cual resultaba clara la razón por la que varios de los deponentes no reiteraron algunos de sus señalamientos cuando tuvieron la oportunidad de ampliar sus declaraciones.

Con base en lo anterior, la mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal declara que existen pruebas suficientes para establecer que el actuar del imputado se ubica exactamente en la causa de responsabilidad prevista en la fracción XI del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.19 Esto, en relación con el numeral 8, fracciones VI y XXIV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.20

g) Procedía declarar fundada la tercera de las irregularidades imputada al ahora recurrente, consistente en que implementó una forma de organización del trabajo que repercutió en el desequilibrio del horario de labores de los trabajadores. El órgano resolutor señala que el referido desequilibrio se dio "al permitir a diversos integrantes del juzgado retirarse temprano y no contar con funciones específicas para desempeñar, lo que irroga perjuicio al resto del personal, quienes deben realizar las funciones que en su caso, los ausentes dejan de cumplir".21

El Pleno del Consejo admite que "los juzgadores federales están facultados para decidir sobre la administración y organización interna de los recursos humanos, materiales e informáticos con que cuentan los órganos jurisdiccionales";22 pero sostiene que esta facultad "no puede llevarse al extremo de permitir a algunas personas adscritas al órgano jurisdiccional de su titularidad, no cumplan con el horario oficial de labores del mismo".23

El órgano resolutor señala también que la facultad en comento no comprende el hecho de autorizar que ciertos empleados no tengan una función específica. Todo esto, en atención a que las situaciones anteriormente descritas propician el desequilibrio en las labores del resto del personal, y en consecuencia, constituyen causa de responsabilidad administrativa.

Para sustentar las afirmaciones anteriores, el Consejo refiere una lista de veintiséis nombres de personas que declararon que tres oficiales judiciales recibían un trato preferente por parte del juez imputado, ya que "no se les exigía laboralmente lo mismo que al resto del personal".24 Esto en atención a que se retiraban temprano, no regresaban a laborar por las tardes y no tenían funciones específicas. La mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal establece que "ese sólo señalamiento, por sí mismo, es apto para estimar comprobada la imputación realizada",25 ya que al haber empleados que no cuentan con funciones específicas, se incrementa indefectiblemente el trabajo ordinario y es claro que otros tendrán que realizar las funciones. Esta situación, según el órgano resolutor, inconcusamente perjudicó la función jurisdiccional, sin que resulte válido justificar la situación señalando que el "personal afectado laborara en días y horas inhábiles",26 debido a que los deponentes en la visita extraordinaria no señalaron que esto hubiera sucedido. Posteriormente, el órgano resolutor establece los hechos que desprende las declaraciones hechas durante la visita extraordinaria, con relación a las labores desarrolladas por los referidos oficiales administrativos. Entonces, la responsabilidad del imputado deriva de no distribuir el trabajo de forma equitativa, ya que esto afecta los derechos de los trabajadores.

De lo anterior, el Pleno del Consejo concluye que el hoy recurrente actualizó las causas de responsabilidad previstas en el numeral 8, fracciones I y IX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.27

h) Procedía declarar fundada la denuncia en cuanto a la cuarta de las irregularidades que se le atribuyeron al hoy recurrente, consistente en que instruyó a la licenciada ********** a efecto de que realizara diversos escritos, promociones o recursos, incluso una ampliación de demanda y un escrito de alegatos para contestar un recurso de queja que se había interpuesto por parte de la autoridad responsable en un juicio de amparo promovido por su hermana, la licenciada **********, magistrada de la Primera Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; trabajos que fueron realizados en la computadora que dicha secretaria tiene asignada, motivo por el cual la licenciada ********** repartió el trabajo que tenía entre sus compañeros, siendo el caso además que, para esos efectos, también se utilizaron recursos que el juzgado tiene asignados para el desarrollo de las labores jurisdiccionales (entre ellos fotocopiadoras y papelería diversa) para lo cual incluso acudió personal ajeno al órgano jurisdiccional.

Sobre el particular, el órgano resolutor estima que la forma de actuar del hoy recurrente actualizó la causa de responsabilidad prevista en el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,28 en relación con el numeral 8, fracción III de la referida Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.29

Para sustentar lo anterior, el Pleno del Consejo destaca los testimonios de dieciséis personas rendidos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80100-76d11da6/recurso-de-revision-administrativa-22-2011-10-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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